Sentencia 2006-00782 de Septiembre 17 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 68001-3110-002-2006-00782-01

Magistrado Ponente:

Dr. Arturo Solarte Rodríguez

Bogotá, D.C., diecisiete de septiembre de dos mil trece. (Discutido y aprobado en Sala de 4 de julio de 2013).

EXTRACTOS: «La demanda de casación

Los dos cargos que se formularon en sustento del recurso extraordinario de que se trata, se estudiaran en conjunto, como quiera que unas mismas razones guiaran su resolución.

Cargo primero

1. Con estribo en el motivo inicial previsto en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, se denunció “la violación directa”, por falta de aplicación, de los artículos 4º de la Ley 54 de 1990, reformado por el artículo 2º de la Ley 979 de 2005, 1740, 1741 y 1746 del Código Civil.

2. Luego de excluir de la discusión las circunstancias fácticas del litigio, en particular, si entre los señores Téllez Quintero y Mejía Peralta existió una unión marital de hecho o si el registro civil de matrimonio de ellos es falso, la recurrente señaló que “[l]a sociedad entre compañeros permanentes se declara mediante proceso ordinario, es decir, a través de decisión judicial, de naturaleza declarativa, requisito indispensable para que la sociedad patrimonial adquiera certeza y eficacia jurídica”.

3. Añadió que dicha “declaración se reservó inicialmente al juez, en procura de la protección del interés público familiar y de terceros acreedores”; que es “indispensable para que la sociedad patrimonial cumpla su función económica protectora de la unión marital de hecho”; y que “exige la demostración de que su antecedente, [es] decir, la unión marital, sea cierta en cuanto a los hechos y produzca efectos jurídicos porque cumple con los requisitos previstos en la ley”.

4. En ese orden de ideas, destacó que la “reforma introducida por la Ley 979 de 2005, en el sentido de permitir a los compañeros permanentes declarar por escritura pública o en acta de conciliación la existencia de la sociedad patrimonial, no cambia ni el objeto, ni los medios de prueba, solo invierte la carga probatoria, que deberá asumir quien pretenda invalidar el acto de los compañeros permanentes”.

5. Con tales fundamentos, la impugnante reiteró el quebranto de las normas especificadas al inicio de la acusación y estimó que el fallo combatido es injusto, “por cuanto la parte actora ve frustrados sus derechos herenciales, en su condición de hija del señor José Antonio Téllez”.

Cargo segundo

1. Con fundamento también en la causal primera de casación, se censuró al tribunal por haber violado directamente el artículo 37 de la Ley 962 de 2005.

2. Estimó la recurrente que el juzgador de segunda instancia “aplicó una norma que contempla [la] facultad para disolver y liquidar sociedades patrimoniales entre compañeros permanentes (…), a las sociedades conyugales, que no requieren de la declaración de un hecho preexistente, como lo es la (…) existencia de la sociedad patrimonial”.

3. Reiteró que, por consiguiente, la “aplicación del artículo 37 de la Ley 962 de 2005 sin el cumplimiento de lo ordenado en la norma sustantiva que regula la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, conlleva la violación directa de la norma sustancial por aplicación indebida”.

4. Para terminar, señaló que el ad quem hizo actuar “una norma sustancial del régimen de [n]otariado y registro, como lo es el artículo 37 de la Ley 962 de 2005, que faculta al notario para declarar, disolver y liquidar la sociedad entre compañeros permanentes”, con lo que incurrió en un “error de selección” que lo condujo “a dejar de aplicar” los “artículos 1740 y 1741 del [C]ódigo [C]ivil, que consagra[n] la nulidad del acto jurídico por falta de un requisito exigido por la ley para que el acto de disolución y liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes tenga el valor jurídico que la ley le imprime, estructurales de la nulidad absoluta de los negocios jurídicos y cuya inaplicabilidad condujo al sentenciador a dejar de aplicar en el artículo 1746 sobre los efectos de la nulidad declarados en sentencia”.

Consideraciones

1. Para desestimar la pretensión de nulidad absoluta que elevó la actora en relación con acto de disolución y liquidación de la sociedad conyugal que por mutuo acuerdo celebraron la demandada María Delfina Cristina Mejía Peralta y el señor José Antonio Téllez Quintero, único aspecto cuestionado en casación y al que, por ende, la Corte circunscribirá su estudio, el tribunal, delanteramente, calificó como ciertos los siguientes hechos:

1.1. En primer lugar, que las mencionadas personas estuvieron vinculadas en virtud de una unión marital de hecho, que perduró por espacio superior a treinta (30) años, contados hacia atrás desde cuando falleció el citado compañero permanente, lo que entendió acreditado con la confesión de la señora Mejía Peralta y con las declaraciones de las señoras Luisa Margarita Caicedo Mora, Ángela Vaquero Franco y Yolanda Hernández Díaz (fl. 79, cdno. 6).

1.2. Y, en segundo término, que entre los miembros de la indicada pareja, no existió sociedad conyugal, cuestión que para dicha autoridad “no ofrec[ió] discusión alguna”.

Con tal base fáctica y apoyado en el artículo 1618 del Código Civil, el ad quem interpretó que la verdadera intención de los señores Mejía Peralta y Téllez Quintero al perfeccionar el negocio jurídico que aquí se cuestionó, fue “la de disolver y liquidar la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes” que entre ellos existía, comprensión que lo llevó a considerar, por una parte, que “no era requisito sine qua non la aportación del registro civil de matrimonio” y, por otra, que ese acto cumplió las solemnidades pertinentes, toda vez que se realizó “por escritura pública, lo cual e[ra] admisible conforme lo indicado en el artículo 37 de la Ley 962 de 2005, pese a que dicha ley es posterior a la fecha del negocio jurídico (ene. 23/2003)”.

En suma, el tribunal, luego de concluir que entre los señores Mejía Peralta y Téllez Quintero existió una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, consideró jurídicamente viable entender que ellos, por lo tanto, con el acuerdo que quedó consignado en las escrituras públicas 109 y 141 de 23 y 28 de enero de 2003, otorgadas en la Notaría Primera de Cartagena, optaron por disolverla y liquidarla.

2. Para combatir ese aspecto de la sentencia se propusieron dos cargos, en los que se denunció el quebranto directo, por una parte, de los artículos 2º de la Ley 54 de 1990, modificado por el artículo 2º de la Ley 979 de 2005, 1740, 1741 y 1746 del Código Civil (cargo primero); y, por otra, del artículo 37 de la Ley 962 también de 2005 (cargo segundo).

Es claro, entonces, que la recurrente no controvirtió las bases fácticas sobre las que el tribunal edificó su fallo, esto es, la existencia de una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes conformada por los señores Mejía Peralta y Téllez Quintero; y, correlativamente, la inexistencia de una sociedad conyugal entre ellos, inferencias fácticas del fallador que, así las cosas, se mantienen en pie y que, por lo mismo, son invulnerables para la Corte, pues, como ya se advirtió, las censuras antes relacionadas se circunscribieron, específicamente, a la vulneración recta de la ley sustancial.

En tal orden de ideas, es forzoso colegir que los ataques aducidos en casación estuvieron encaminados a cuestionar la interpretación que el tribunal realizó respecto de la viabilidad jurídica del acuerdo ajustado entre los citados compañeros permanentes, lo que la censura concretó en lo siguiente:

2.1. Mediante el primer cargo, la recurrente, en esencia, reprochó la falta de aplicación del artículo 4º de la Ley 54 de 1990, según su tenor original, esto es, antes de la vigencia del artículo 2º de la Ley 979 de 2005, por cuanto a la luz de dicho precepto, el reconocimiento de toda sociedad patrimonial entre compañeros permanentes tenía que hacerse por sentencia judicial, previa demostración de la existencia de la correspondiente unión marital de hecho, sin que, por lo tanto, resultara jurídicamente admisible que los señores Mejía Peralta y Téllez Quintero, en el año 2003, a través de escritura pública, hubieran procedido a disolver y liquidar la sociedad patrimonial derivada de la unión marital por ellos conformada.

2.2. Y, con la segunda acusación, se cuestionó la aplicación que el Tribunal efectuó del artículo 37 de la Ley 962 de 2005, en tanto que lo hizo actuar respecto de una pretendida sociedad conyugal, cuando la norma lo que contempla es que los notarios tienen facultad para “declarar, disolver y liquidar la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes”.

3. Entendidos así los cargos y teniendo en cuenta, particularmente, que en el presente asunto, por una parte, la acción estuvo encaminada a invalidar la “disolución y liquidación de la sociedad conyugal” que acordaron los señores Mejía Peralta y Téllez Quintero y, por otra, que el tribunal estimó que con dicho acto ellos, en verdad, pusieron fin a la “sociedad patrimonial” que se conformó entre los dos, de lo que se infiere que el litigio versó únicamente sobre el aspecto patrimonial o económico relacionado con las citadas personas, es patente el fracaso de tales acusaciones, como pasa a explicarse:

3.1. Es verdad que en los términos de la Ley 54 de 1990, el reconocimiento de una unión marital de hecho y de la correlativa sociedad patrimonial entre compañeros permanentes estaba reservado a los jueces de familia, previa tramitación del proceso judicial correspondiente, en el que debían acreditarse los elementos estructurales definidos en la misma ley para el efecto, como se desprende de su artículo 4º, que preveía que “[l]a existencia de la unión marital de hecho se establecerá por los medios ordinarios de prueba consagrados en el Código de Procedimiento Civil y será de conocimiento de los jueces de familia en primera instancia”.

3.2. Empero, también es cierto que esa regla fue modificada implícitamente por la Ley 640 de 2001, toda vez que allí se estableció la conciliación extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad “para acudir ante las jurisdicciones civil, contencioso administrativa, laboral y de familia”, en los casos definidos por ese mismo ordenamiento (art. 35).

Es así cómo en su artículo 40 se previó que “la conciliación extrajudicial en derecho en materia de familia deberá intentarse previamente a la iniciación del proceso judicial en los siguientes asuntos: (…) 3. Declaración de la unión marital de hecho, su disolución y la liquidación de la sociedad patrimonial”.

3.3. Significa lo anterior que, a partir de la vigencia de la Ley 640 de 2001, el reconocimiento, disolución y liquidación de las sociedades patrimoniales entre compañeros permanentes, son cuestiones susceptibles de ser definidas por los interesados, a través de mecanismos alternos a la intervención de la jurisdicción ordinaria. Como es propio entenderlo, entonces, de presentarse diferencias entre ellos, están obligados a solucionarlas, primero, por la vía de la conciliación extrajudicial en derecho y, en caso de que ella fracase, utilizando la vía judicial.

Ahora bien, si los miembros de la pareja, frente a la problemática de poner fin a la sociedad patrimonial y de liquidarla, propósito que, en principio, supone un conflicto entre ellos, llegan a un acuerdo que les permite superarlo, en tanto convienen su disolución y la forma como deben repartirse los activos y pasivos sociales, nada les impide que, de consuno y directamente, así lo declaren, sin que, frente a la inexistencia de dificultades para diseñar la fórmula de resolución de su inicial conflicto, estén obligados a agotar el procedimiento de la conciliación extrajudicial prevista en el capítulo IV de la misma Ley 640 de 2001 y, mucho menos, a la intervención de un tercero en condición de conciliador, puesto que, como ya se consignó, desde la vigencia de ese ordenamiento, es regla de principio que las decisiones de disolver y liquidar la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes es privativa de éstos.

Es que como lo contempla el artículo 64 de la Ley 446 de 1998, la conciliación, en su pura esencia, “es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias”, para lo cual, estima la Corte, podrán contar, de requerirlo, “con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador”, que ese mismo precepto contempla.

3.4. Lo precedentemente expuesto conduce a colegir que cuando el tribunal, en el fallo combatido, sobre la base de que entre los señores Mejía Peralta y Téllez Quintero existió una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes -cuestión fáctica que, como se señaló, no fue blanco de ataque en casación y que, por lo mismo, se mantiene enhiesta-, interpretó que la manifestación de voluntad expresada por ellos en las escrituras públicas 109 y 141 de 23 y 28 de enero de 2003, respectivamente, otorgadas en la Notaría Primera de Cartagena, estuvo dirigida a disolver y liquidar la misma, no contravino la ley sustancial, en tanto que, como viene de analizarse, ese razonamiento encuentra sustento en la Ley 640 de 2001.

3.4. La conclusión anterior deja al descubierto la intrascendencia de las acusaciones analizadas, pues así se admitiera que el ad quem dejó de aplicar el artículo 4º de la Ley 54 de 1990 (cargo primero) o hizo actuar indebidamente el artículo 37 de la Ley 962 de 2005 (cargo segundo), la supresión de esos desatinos no conduciría al quiebre del fallo impugnado, en la medida que el criterio del tribunal continuaría soportado en la Ley 640 de 2001.

4. Se concluye, en definitiva, que ninguna de las censuras estudiadas, está llamada a abrirse paso.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República, NO CASA la sentencia de 9 de septiembre de 2010, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Civil-Familia, en el proceso que se dejó plenamente referenciado al inicio de éste proveído.

Costas en casación a cargo de la recurrente. Como agencias en derecho, se fija la suma de $ 6.000.000, por cuanto la demanda fue replicada. Por la secretaría de la Sala, procédase a su liquidación.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al tribunal de origen.»