Sentencia 2006-00798/37623 de julio 19 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 520012331000200600798 01 (37.623)

Actor: Ever Aníbal Pinto Bolaños y otros.

Demandado: Ministerio de Minas y Energía y otros.

Asunto: acción de reparación directa (sentencia)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Bogotá D.C., diecinueve de julio del dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones

La Sala, retomando la problemática jurídica propuesta por la parte actora, precisará el alcance de los conceptos adoptados como ratio decidendi para sustentar su decisión así: 1. Sustento fáctico y objeto del recurso de apelación; 2. El principio constitucional de la “no reformatio in pejus”; 3. Unificación jurisprudencial frente al reconocimiento y liquidación de los perjuicios morales en el caso de lesiones a la integridad psicofísica de las personas, 4. El daño a la vida de relación en la jurisprudencia actual de la sección tercera de la Sala plena de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado - daño a la salud, 5. Lucro cesante y compensatio lucri cum damno,6. Caso concreto.

1. Sustento fáctico y objeto del recurso de apelación.

Ab initio, resulta necesario precisar que el recurso de apelación interpuesto por los demandantes concreta su inconformidad en el reconocimiento de los perjuicios morales a favor de los hermanos de la víctima directa —Ever Aníbal Pinto Bolaños; el reconocimiento de los perjuicios materiales causados a Ever Aníbal Pinto Bolaños; y el reconocimiento del daño a la vida de relación a favor de la compañera permanente e hijos de la víctima— Ever Aníbal Pinto Bolaños.

De manera que la alzada concreta su petición en que se reconozcan los perjuicios denegados en primera instancia.

Dado lo anterior, la Sala quiere precisar que con relación al sustento fáctico y el objeto del recurso de apelación, la jurisprudencia ha considerado:

“para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo”(36), razón por la cual se ha sostenido que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum’”(37).

Lo anterior obliga a destacar que el recurso de apelación se encuentra limitado a los aspectos indicados por la apelante, por lo cual, en principio, los demás asuntos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior, sin perjuicio de los casos previstos o autorizados por la Constitución Política o por la ley, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia(38) de la sentencia como el principio dispositivo(39)(40).

En este sentido la Sala plena de la corporación, en reciente pronunciamiento reiteró que mediante el recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial —en este caso la que contiene una sentencia—, por lo cual corresponde al recurrente confrontar los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, con sus propias consideraciones o apreciaciones, para efectos de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ante la segunda instancia. Lo anterior lo sostuvo de conformidad con lo establecido en la parte inicial del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil(41).

Dicho lo anterior, y teniendo en cuenta que la alzada limitó su inconformidad al reconocimiento de los perjuicios denegados en primera instancia, la Sala limitará su estudio a la valoración del material probatorio sobre el reconocimiento de perjuicios y a los hechos y argumentos que dieron lugar a la negativa del a quo.

2. El principio constitucional de la “no reformatio in pejus”. 

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en lo contencioso administrativo según se deduce del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, también aplicable en razón a la fecha de presentación de la demanda, el recurso de apelación se entiende interpuesto en lo que es desfavorable al apelante y por ésta razón el ad quem no puede hacer más gravosa su situación si fue el único que se alzó contra la decisión.

Esta previsión no es cosa diferente al desarrollo de la garantía prevista en el inciso segundo del artículo 31 constitucional que manda que “el superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”.

En consecuencia, en estos casos, la competencia del superior se encuentra circunscrita a revisar lo que es desfavorece al recurrente y que ha sido materia de su inconformidad, pues el principio de la no reformatio in pejus impide que, por regla general, se haga más gravosa la situación del apelante único, pues, esta garantía constitucional, por cierto, ampara un derecho individual como lo es el de la parte que resultó parcialmente vencida en el proceso, consistente en que, si apela, no puede ser modificado lo que le fue favorable porque la contraparte, al no recurrir, consintió en lo que se decidió en su contra.

Luego, quien consiente en lo desfavorable de un fallo, dispone de su interés al someterse inmediatamente a él, no obstante tener la posibilidad legal de alzarse contra la decisión mediante la interposición del recurso de apelación.

Así que el principio de la reformatio in pejus muestra en el trasfondo la protección de un interés individual que se ampara precisamente porque la otra parte dispuso del suyo al no recurrir lo que le fue desfavorable.

En conclusión, en la no reformatio in pejus las facultades del juez se restringen para proteger el derecho individual del apelante único.

3. Unificación jurisprudencial frente al reconocimiento y liquidación de los perjuicios morales en el caso de lesiones a la integridad psicofísica de las personas.

En sentencias del 28 de agosto de 2014, la Sala de sección tercera unificó su jurisprudencia en cuanto al reconocimiento y tasación de los perjuicios morales, en donde dijo que el concepto del perjuicio moral se encuentra compuesto por el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo.

Ahora bien, con relación a la reparación del perjuicio moral en los casos de lesiones a la integridad psicofísica de las personas, en las mencionadas sentencias del 28 de agosto de 2014, proferidas por la sección tercera del Consejo de Estado(42), se dejó dicho que tal reparación se determina en salarios mínimos mensuales vigentes, a partir de cinco niveles que se configuran teniendo en cuenta el parentesco o la cercanía afectiva existente entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados, así:

Nivel 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno-filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio (100 s.m.l.m.v.).

Nivel 2. Donde se ubica la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio.

Nivel 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio.

Nivel 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio.

Nivel 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio.

En este orden de ideas, para los niveles 1 y 2 se requiere la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros; para los niveles 3 y 4 es indispensable además la prueba de la relación afectiva; y para el nivel 5 sólo se exige la prueba de la relación afectiva.

Asimismo, la unificación dispuso que deba verificarse la gravedad o levedad de la lesión causada a la víctima directa, la que determinará el monto indemnizatorio en salarios mínimos. Para las víctimas indirectas se asigna un porcentaje de acuerdo con el nivel de relación en que éstas se hallen respecto del lesionado.

La gravedad o levedad de la lesión y los correspondientes niveles se determinarán y motivarán de conformidad con lo probado en el proceso y conforme lo recoge la siguiente tabla:

1
 

4. El daño a la vida de relación en la jurisprudencia actual de la sección tercera de la Sala plena de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado - daño a la salud.

La noción de daño a la vida de relación que sirvió al Consejo de Estado para indemnizar los perjuicios inmateriales sufridos por el sujeto, diferentes al moral, ha sido acogida por la jurisprudencia bajo diferentes nomen iuris.

Sin embargo, los últimos avances jurisprudenciales sobre la materia han clasificado el perjuicio inmaterial, diferente del daño moral, dependiendo del interés jurídico vulnerado, así, por ejemplo, cuando el perjuicio deviene de una lesión psicofísica su reconocimiento procede bajo la denominación de daño a la salud, sobre el cual se determinó:

“En los casos de reparación del daño a la salud se reiteran los criterios contenidos en la sentencia de unificación del 14 de septiembre de 2011, Exp. 19.031, proferida por la sección tercera de la Sala de lo contencioso administrativo, y se complementan los términos de acuerdo con la evolución jurisprudencial de la sección tercera.

La indemnización, en los términos del fallo referido está sujeta a lo probado en el proceso, única y exclusivamente para la víctima directa, en cuantía que no podrá exceder de 100 s.m.l.m.v., de acuerdo con la gravedad de la lesión, debidamente motivada y razonada, conforme a la siguiente tabla:

Reparación del daño a la salud
Regla general
Gravedad de la lesiónVíctima directa
 s.m.l.m.v.
Igual o superior al 50%100
Igual o superior al 40% e inferior al 50%80
Igual o superior al 30% e inferior al 40%60
Igual o superior al 20% e inferior al 30%40
Igual o superior al 10% e inferior al 20%20
Igual o superior al 1% e inferior al 10%10

Bajo este propósito, el juez debe determinar el porcentaje de la gravedad o levedad de la afectación corporal o psicofísica, debidamente probada dentro del proceso, relativa a los aspectos o componentes funcionales, biológicos y psíquicos del ser humano.

Para lo anterior el juez deberá considerar las consecuencias de la enfermedad o accidente que reflejen alteraciones al nivel del comportamiento y desempeño de la persona dentro de su entorno social y cultural que agraven la condición de la víctima. Para estos efectos, de acuerdo con el caso, se considerarán las siguientes variables:

— La pérdida o anormalidad de la estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica (temporal o permanente)

— La anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura corporal o mental.

— La exteriorización de un estado patológico que refleje perturbaciones al nivel de un órgano.

— La reversibilidad o irreversibilidad de la patología.

— La restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad normal o rutinaria.

— Excesos en el desempeño y comportamiento dentro de una actividad normal o rutinaria.

— Las limitaciones o impedimentos para el desempeño de un rol determinado.

— Los factores sociales, culturales u ocupacionales.

— La edad.

— El sexo.

— Las que tengan relación con la afectación de bienes placenteros, lúdicos y agradables de la víctima.

— Las demás que se acrediten dentro del proceso.

En casos excepcionales, esto es, cuando existan circunstancias debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño a la salud, podrá otorgarse una indemnización mayor a la señalada en la tabla anterior, sin que en tales casos el monto total de la indemnización por este concepto pueda superar la cuantía equivalente a 400 s.m.l.m.v. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño, con aplicación de las mismas variables referidas. En conclusión, la liquidación del daño a la salud se efectuará conforme a la siguiente tabla:

2
 

Con relación a los parámetros anteriores, se aclara que ellos son excluyentes y no acumulativos, de manera que la indemnización reconocida no podrá superar el límite de 400 s.m.l.m.v.”(43)

Sin embargo, cuando el daño a la vida de relación deviene de la lesión a otros bienes constitucionales, diferentes a la integridad psicofísica de las personas, deberá verificarse su concreción bajo los criterios de la categoría de “alteración grave a los bienes constitucional y convencionalmente amparados” y probarse, plenamente, la afectación que en la demanda se cobija bajo la petición de daño a la vida de relación, además, de la gravedad de la misma.

Así las cosas, en el evento de encontrarse acreditado el daño a la vida de relación reconocido por el a quo, su reconocimiento deberá encuadrarse dentro de los presupuestos establecidos por la jurisprudencia y efectuarse mediante la denominación de “daño a la salud”, toda vez que el en sub judice el daño antijurídico consiste en la lesión del derecho a la integridad psicofísica de Ever Aníbal Pinto Bolaños.

5. Lucro cesante y compensatio lucri cum damno(44). 

En cuanto al lucro cesante esta corporación ha sostenido reiteradamente, que se trata de la ganancia frustrada o del provecho económico que deja de reportarse a consecuencia de la ocurrencia del daño, de manera que, de no producirse el daño, habría ingresado ya o en el futuro al patrimonio de las víctimas.

Asimismo, la corporación ha considerado que como todo perjuicio, para que proceda el reconocimiento y la indemnización por concepto de lucro cesante, éste debe ser cierto y existente(45), es decir, debe probarse que la víctima era laboralmente activo, que devengaba ingresos mensuales y que a consecuencia del daño dejó de percibir el salario con el cual sustentaba su propia subsistencia y la de su familia.

Ahora bien, debe preverse que la finalidad de la indemnización civil es que la víctima quede plenamente reparada, de tal forma que su situación, de ser posible, se conserve como estaba antes del evento dañoso, de allí que el perjudicado sólo debe recibir el equivalente al perjuicio efectivamente sufrido, esto significa que sólo se repara el daño causado y nada más que el daño; por tal razón, en el evento en que el afectado reciba alguna ventaja, lucro o provecho adicional, ésta habrá de tenerse en cuenta al momento de cuantificar la indemnización, a fin de verificar la existencia de una relación directa entre las fuentes del provecho económico y así determinar la viabilidad o no de su acumulación.

De esta manera debe preverse igualmente que el problema jurídico relativo a la posibilidad de acumulación de diferentes compensaciones por un mismo daño, entendido como el derecho a percibir indemnizaciones derivadas de varias fuentes, tales como la plena del responsable del daño y la indemnización a forfait o predeterminada por las leyes laborales, o un seguro privado, remite a lo que en la doctrina se conoce como la compensatio lucri cum damno(46).

Al respecto, vale la pena recurrir a la claridad expresada sobre el tema por la honorable Corte Suprema de Justicia que al respecto ha señalado:

“La concurrencia de indemnizaciones.

Suele ocurrir —y de hecho sucede con cierta frecuencia— que un mismo resultado lesivo sea susceptible de ser resarcido por distintas fuentes, como por ejemplo, cuando la víctima está amparada por un seguro particular que cubre los daños que ha sufrido; o cuando está afiliada al sistema de seguridad social integral o a un régimen especial; o cuando el daño es atribuible a culpa o dolo del empleador o de un tercero; por citar solo unos casos.

Frente a tal situación, surge el problema de si es posible o no acumular tales prestaciones, lo cual genera una disyuntiva inevitable: si no se admite la concurrencia, se enriquece quien deja de pagar o paga menos porque el infortunio de la víctima ya estaba cubierto por otra vía; y si se acepta la acumulación, se enriquece la víctima al ser retribuida en exceso.

El conflicto ha estado presente de tiempo atrás tanto en la jurisprudencia y la doctrina nacionales como extranjeras, sin que hasta el momento pueda decirse que se haya llegado a una solución que satisfaga a todos los sectores o que resuelva de modo definitivo los interrogantes que el tema suscita.

La dificultad tiene su origen en la noción misma de indemnización, que no persigue como fin hacer que el perjudicado se lucre, sino reponer su patrimonio, por lo que es natural que, al comparar el estado que tenía antes y después de producirse el daño, se tomen en cuenta los efectos ventajosos producidos por el mismo hecho en virtud del cual se reclama. A esta operación los autores del derecho común han dado el nombre de compensatio lucri cum damno.(47) Con esta locución suele evocarse el principio, no codificado pero reconocido por la doctrina y la jurisprudencia, en virtud del cual la cuantificación del daño resarcible debe tomar en cuenta las eventuales ventajas que obtiene el lesionado y que tienen su origen directo en el mismo hecho dañoso.

De Cupis define esta figura como “la disminución proporcional que el daño experimenta cuando con él concurre un lucro (ventaja), o en otras palabras, la reducción del montante del daño resarcible por la concurrencia del lucro”.(48)

A fin de establecer una pauta para la procedencia o no de la acumulación, algunos autores han sostenido que la imputación o computación de beneficios —según ha sido denominada la figura— sólo puede hacerse extensiva a las situaciones que se deriven directamente del hecho dañoso, o sea que se acude al criterio de la “causación adecuada”. De conformidad con esta teoría, ha de prescindirse de todos aquellos beneficios que, en un cálculo de probabilidades, sean tan ajenos al suceso dañoso, que no haya más remedio que considerarlos puramente fortuitos.(49)

Tal ha sido el patrón que ha seguido el Tribunal Supremo de España en las sentencias de 15 de diciembre de 1981 y de 8 de mayo de 2008; en la primera de las cuales se indicó que “el perjudicado no podrá recibir más que el equivalente del daño efectivo y que, en su caso, de haber obtenido alguna ventaja ésta deberá de tenerse en cuenta al cuantificar aquel resarcimiento (compensatio lucri cum damno), siempre, por supuesto, que exista relación entre el daño y la ventaja...”, lo que no es más que la aplicación de la doctrina que proscribe el enriquecimiento injusto.

A la luz de este enfoque, la doctrina extranjera acostumbra citar algunos ejemplos clásicos en los que no habría ningún problema en acumular ciertas pretensiones; como que no cabría imputar al monto de la indemnización que se reclama por un incendio, el valor de un tesoro que el propietario del inmueble incendiado descubre entre los escombros durante los trabajos de extinción; ni una donación que una tercera persona haga a la víctima con ocasión del accidente; como tampoco se pueden deducir de la indemnización que se exija por un delito de estafa, los dividendos que la víctima de ese punible haya ganado con la eventual inversión del dinero que recibió de manos del estafador.(50)

Esos ejemplos dan cuenta de los casos en los que es admisible la acumulación de la indemnización con otro tipo de beneficio por emanar de una causa distinta al hecho lesivo. Pero la teoría de la causalidad adecuada no resuelve el problema cuando no obstante existir una conexión causal directa entre el daño y el beneficio se abre paso la discusión sobre la posibilidad de la imputación.

Es decir, que según esta teoría siempre que el daño tenga distinta causa debería ser procedente la acumulación de indemnizaciones, más esa conclusión es, en principio, evidente y no susceptible de reparos. En tanto que el verdadero dilema surge cuando a pesar de que el daño tiene la misma causa adecuada, se pone en duda la prohibición de la acumulación, significando tal evento, de hecho, el centro de la controversia que se viene tratando.

Tal ocurre, por ejemplo, cuando se discute si ha de descontársele al expropiado el beneficio económico que obtiene cuando la parte del inmueble que no le es confiscada incrementa su valor por efecto de la obra para la cual se realiza la expropiación, siendo que tanto la expropiación como la ventaja económica tienen su fuente en la misma causa. O en los seguros personales de lesión o muerte, que no contemplan la posibilidad de restar de la indemnización que se reciba del causante del daño, las cantidades que el lesionado o sus deudos hayan de percibir por el seguro, a pesar de que la relación causal que existe entre el accidente y el pago de la cantidad asegurada no es menos “adecuada” que la que media entre aquél y la indemnización que se reciba de quien ejecuta el acto lesivo.

Mucho menos está sujeta a incertidumbre la concurrencia de la indemnización con la herencia que recibe el heredero a quien se indemniza por la muerte de su causante, siendo que el hecho que da origen al reclamo de ambas prestaciones es el mismo: la muerte. Como más adelante se expondrá, la razón de la acumulación en esta última circunstancia radica en que se trata de beneficios que derivan de títulos distintos, pero esta explicación es diferente de la que se esgrime con base en la teoría de la “causa adecuada”.

Pueden ser, entonces, muchas las situaciones en las que la misma causa adecuada da origen a indemnizaciones o retribuciones de cualquier especie que son compatibles o acumulables. De ahí que esta teoría no sea lo bastante clara para resolver el problema que se examina.

Otro criterio que en ocasiones ha adoptado la jurisprudencia de esta Corte, tiene su origen en el carácter resarcitorio de la indemnización, que permitiría la acumulación sólo con prestaciones que no compartan esa misma condición.

Según autorizada doctrina, el problema se reduce a determinar la naturaleza de las prestaciones que la víctima recibe de terceros con ocasión del hecho dañoso, aun cuando éste constituya la única causa de tales beneficios; de suerte que lo que realmente importa es si lo que se recibe constituye o no una reparación o indemnización del daño irrogado. En caso afirmativo, el cúmulo es inadmisible porque un daño no puede ser reparado dos veces; pero si las prestaciones no tienen ese carácter, es decir si su esencia no es resarcitoria, el cúmulo sería procedente.(51)

Tal ha sido el enfoque adoptado en ciertas ocasiones por la jurisprudencia nacional, como en el fallo proferido por esta Sala el 3 de septiembre de 1991, en el que se rechazó la acumulación de prestaciones en favor de una persona que sufrió lesiones en un accidente de tránsito, por considerar que la asistencia médica y el pago de una incapacidad laboral que recibió del empleador en razón de esas lesiones, tenían carácter indemnizatorio y conferían al patrono la facultad de subrogarse en los derechos del trabajador frente al tercero responsable. En esa sentencia se expresó:

“Ciertamente puede decirse cuando el artículo 2341 del Código Civil prescribe que “el que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización”, se adopta, en armonía con el inciso 2 del artículo 1649 del Código Civil, el principio según el cual la prestación de la obligación resarcitoria llamada indemnización, tiene como límite cuantitativo aquel que, según su función de dejar indemne (sin daño), alcance a reparar directa o indirectamente el perjuicio ocasionado, para el restablecimiento, en sus diferentes formas, de la misma situación patrimonial anterior, lo que a su vez indica, de una parte, que aquélla debe ser completa para que como satisfactoria extinga la obligación correspondiente, y, de la otra, no se constituya el mismo daño como fuente de enriquecimiento para el victimario, pues éste desborda dicha cobertura indemnizatoria. Por lo tanto, un daño sólo puede ser indemnizado una sola vez, sin que sea posible recibir o acumular varias prestaciones con funciones indemnizatorias que excedan la reparación total del daño, en tanto que son admisibles las que carezcan de esta función (v. gr. donaciones).

“Ahora bien, el mismo criterio deberá seguirse cuando de acuerdo con las reglas civiles se pretenda establecer la responsabilidad civil y obligación de un particular de indemnizar a una persona, que, por estar amparada por una relación laboral preexistente con un tercero (distinto del victimario), al momento de ocasionársele el daño, ha obtenido beneficios o ventajas laborales.

En el mismo sentido, la sección tercera de la Sala plena de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado, ha discurrido de manera completa sobre el tema, en el siguiente sentido:

“El tema pone de presente las relaciones de la responsabilidad civil y la seguridad social y si se quiere, del derecho de seguros. Como lo expresa el profesor André Tunc(52), a pesar de sus diferencias filosóficas, técnicas y de sus resultados la responsabilidad y la seguridad social tienen una relación muy fuerte que deriva de un hecho fundamental: todos los daños personales causados a alguien por el hecho de otro son susceptibles de ser cubiertos a la vez por la responsabilidad civil y por la seguridad social. “Ese cúmulo se produce a menos que la cobertura de la seguridad social no sea más que parcial o a menos que la aplicación de la responsabilidad civil no esté excluida”.

“Esta acumulación crea un problema evidente de coordinación: la víctima se puede beneficiar a la vez de dos sistemas de derecho? Si no es así, cuál método se empleará para evitar la acumulación? Estos son problemas muy difíciles y de gran importancia práctica”.

El tratamiento jurisprudencial y legislativo del asunto puede ser abordado desde una doble perspectiva:

i) Cuando el hecho causante del daño es imputable al patrono o empleador y

ii) Cuando éste es imputable a un tercero

Adicionalmente, es posible diferenciar dos períodos a partir de la expedición de la Ley 100 de 1993 y los decretos que la desarrollan, normas éstas que crearon en Colombia el llamado “sistema de seguridad social integral”.

I. El daño es imputable al patrono.

1. Antecedentes

El fallo Cames del Consejo de Estado francés (1895) por primera vez estableció la responsabilidad objetiva o por el riesgo creado (riesgo profesional) del patrono derivada del accidente de trabajo. Tres años más tarde, en 1898 ese criterio fue incorporado a la ley sobre accidentes de trabajo, cuyas orientaciones fueron adoptadas en las diferentes legislaciones del mundo sobre la materia, entre ellas la colombiana.

2. La Ley 6ª de 1945 y el Código Sustantivo del Trabajo

El artículo 12 de la Ley 6ª de 1945 establecía que mientras se organiza el seguro social obligatorio, corresponderían al patrono las indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad profesional. En estos casos cuando se trate de culpa comprobada del patrono el valor de la indemnización se descontaría del monto de la condenación ordinaria de perjuicios.

La Ley 90 de 1946 que creó el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales estableció el seguro social obligatorio de los trabajadores contra los riesgos de invalidez, vejez, accidente de trabajo, enfermedad profesional y muerte.

El Código Sustantivo de Trabajo (1950) dentro de las prestaciones patronales establece la indemnización por accidente de trabajo y enfermedad profesional, las cuales dejarían de estar a cargo del patrono cuando el riesgo de ellas fuera asumido por el ISS (art. 193).

El artículo 216, en términos muy similares a los señalados por la Ley 6ª de 1945, establece que cuando exista culpa suficientemente comprobada del patrono en la ocurrencia del accidente de trabajo o en la enfermedad profesional está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios, pero del monto de ella debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las mismas normas del Código Sustantivo del Trabajo (indemnización predeterminada o a forfait).

El artículo 219 faculta al patrono para asegurar con una compañía de seguros los riesgos por accidente de trabajo y enfermedad profesional de sus trabajadores “pero en todo caso es el patrono quien debe al trabajador o a sus beneficiarios las prestaciones”(53).

El artículo 83 del Decreto 3170 de 1964, mediante el cual se aprobó el acuerdo 155 de 1963 proferido por la junta directiva del Instituto de los Seguros Sociales señala:

“El otorgamiento de las prestaciones establecidas por el presente reglamento por parte del instituto, exonera al patrono de toda otra indemnización según el Código Sustantivo del Trabajo, o según el derecho común por causa del mismo accidente o enfermedad profesional. Pero si el riesgo se hubiere producido por acto intencional o por negligencia o culpa del patrono o sus representantes, o de un tercero, y diere lugar a indemnización común, el instituto procederá a demandar el pago de esa indemnización, la que quedará a su favor hasta el monto calculado de las prestaciones que el instituto acordare por el accidente o enfermedad, debiendo entregar a los beneficiarios el saldo si lo hubiere.

Lo dispuesto en el inciso anterior no es óbice para que la víctima o sus causahabientes instauren las acciones pertinentes de derecho común para obtener la indemnización total y ordinaria por perjuicios, de cuyo monto deberá descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas por el instituto de acuerdo con las normas de este reglamento”.

2.1. La jurisprudencia del Consejo de Estado.

Sobre este punto, la jurisprudencia de la corporación no ha mantenido una posición uniforme, pues ha considerado: a) que si bien el damnificado tiene derecho a la reparación plena del daño, para evitar un enriquecimiento sin causa debe descontarse de la indemnización la suma correspondiente a las prestaciones sociales que hubiera recibido(54); b) que había lugar a esa acumulación sin ningún descuento porque las prestaciones sociales y la indemnización tenían fuentes diversas: las primeras, derivan de la relación jurídico laboral de la víctima y por lo tanto, no tienen carácter indemnizatorio y la segunda tiene su origen en el daño sufrido por la víctima(55) y c) en otras oportunidades se ha negado el derecho a recibir la indemnización por incapacidad laboral temporal cuando la víctima ha recibido la prestación social correspondiente(56).

La Sala plena de la corporación, sostuvo inicialmente que las prestaciones reconocidas a los demandantes en razón del vínculo laboral que tenía la víctima, debían descontarse de la indemnización que se le reconociera en los procesos de responsabilidad extracontractual, con el fin de evitar un enriquecimiento sin causa(57).

No obstante, en sentencia del 7 de febrero de 1995(58), cambió su jurisprudencia y consideró que había lugar a la acumulación de prestaciones sociales e indemnización porque éstas tenían fuentes diferentes, así: las primeras, derivadas de la prestación del servicio y la segunda de la falla del mismo:

“...la Sala estima en este momento que es menester rectificar la jurisprudencia anterior y acoger como nueva doctrina de la corporación la que sostiene la sentencia suplicada, pues es incuestionable que las prestaciones sociales reconocidas a la cónyuge supérstite y demás causahabientes tienen como fuente la relación jurídico laboral del causante con la administración pública, en tanto que la indemnización reconocida en el proceso en cuestión se apoya en la falla del servicio.

De suyo, la relación laboral engendra una serie de derechos autónomos, independientemente de que el funcionario o sus causahabientes, herederos o beneficiarios, según el caso, puedan invocar una indemnización plena y ordinaria de perjuicios en caso de lesión invalidante o de muerte; máxime cuanto este resarcimiento pecuniario nada tiene que ver con esa prestación de servicios subordinados.

Por consiguiente, no existe justificación de ninguna clase para ordenar el descuento del valor de las prestaciones sociales reconocidas a la cónyuge supérstite y demás causahabientes del monto de la misma, pues son obligaciones jurídicas con una fuente distinta, enfrente de las cuales no cabe la compensación que se daría al disponer ese descuento.

La Sala estima conveniente, además, ahondar brevemente en esta distinción, para lo cual son procedentes los siguientes razonamientos:

Las prestaciones sociales (…) tienen su causa en la ley (D. 2063/84), por virtud del vínculo laboral (…) O sea, que a través de ese reconocimiento no se le está otorgando ninguna indemnización (…), sino simplemente pagándoles unas prestaciones sociales a las que tienen vocación por razón del nexo laboral (…)

(…)

O sea, que en el primer supuesto la obligación deviene de la ley y se sustenta en la relación laboral del causante; en el segundo, nace de la responsabilidad que le compete a la administración pública (…). En ese orden de ideas, no es dable el descuento impetrado por la entidad recurrente”.

La jurisprudencia del Consejo de Estado francés, desde el año de 1906 (fallo Pallotin) considera que “cuando un colaborar de la administración en servicio es víctima de un accidente corporal imputable a la persona pública de la cual depende, de modo que ésta esté obligada al pago de una pensión de invalidez se considera excluyente de cualquier otra indemnización. El juez administrativo interpreta dentro de este marco la voluntad presunta del legislador, promotor de tal régimen de pensión, con una particular severidad: poco importa que la indemnización predeterminada por la pensión sea mucho más elevada que la que le corresponda de acuerdo con el derecho común; tampoco importa la gravedad de la culpa imputable a la administración”(59).

(…)

(…) la aportación con que contribuye el funcionario es muy reducida, siendo solamente para aliviar un poco la carga financiera que incumbe al Estado en relación con las pensiones. Pero, cualquiera que sea su volumen, siempre impone al funcionario público un sacrificio económico que condiciona el carácter de la pensión, cuya adquisición no presente el carácter de gratuidad. En consecuencia, concurren plenamente el derecho al resarcimiento y el derecho a la pensión, sin que el resarcimiento pueda sufrir disminución por efecto de la pensión”(60).

(…)””(61)

De esta manera, la compensatio lucri cum damno aplica en aquellos eventos donde el daño y el incremento patrimonial de quien lo padece tienen origen en el mismo hecho causal, y ambos —el daño y el lucro— son consecuencia directa e inmediata de éste(62).

Por tanto, la compensatio lucri cum damno impone determinar o concretar y cuantificar la medida o monto del perjuicio que experimenta el patrimonio del afectado, así como las posibles ventajas o beneficios que surgieron del mismo hecho, pero no para que opere técnicamente una compensación, como modo extintivo de una obligación, sino para tenerla en cuenta al momento de calcular el perjuicio a resarcir, con el fin de establecer, ahora sí de manera concluyente, el menoscabo sufrido en el patrimonio del afectado, como consecuencia del daño.

6. Caso concreto.

6.1. Perjuicios morales en el caso concreto.

En el caso sub examine, la parte actora solicitó por concepto de perjuicio moral, la suma equivalente a 200 s.m.l.m.v. para cada uno de los demandantes, esto es, para Ever Aníbal Pinto Bolaños (víctima), Liliana Buitrón Iles (compañera permanente), Jeimi Viviana, Harnold, Sahirth Mayerly Pinto Buitrón (hijos(63)), Rosa Celia Bolaños Muñoz de Pinto (madre), Leonardo, Jorge Bolívar, Gloria, María Ema, Tancredo, Leonor, Marian y Rodrigo Pinto Bolaños (hermanos).

A su turno, el a quo reconoció para Ever Aníbal Pinto Bolaños y Liliana Buitrón (víctima directa del daño y compañera permanente) el equivalente a 100 s.m.l.m.v., para cada uno, y para Celia Bolaños de Pinto (madre) y Jeimi Viviana Pinto Buitrón, Harnold James Pinto Buitrón y Shaight Nayerly Pinto Buitrón (hijos) un valor equivalente a 50 s.m.l.m.v., para cada uno.

De manera que el reconocimiento de perjuicios morales solicitado para quienes demandaron en calidad de hermanos de la víctima fue denegado en primera instancia y ello dio lugar a la alzada de la parte actora que solicita el reconocimiento de los perjuicios morales para Leonardo, Jorge Bolívar, Gloria, María Ema, Tancredo, Leonor, Marian y Rodrigo Pinto Bolaños.

Al respecto, debe recordarse que con relación al reconocimiento y liquidación del perjuicio moral en los casos de lesiones a la integridad psicofísica de las personas, se dijo que éste tenía lugar siempre que se acreditara la relación de cercanía afectiva entre la víctima directa del daño y los demás demandantes, frente a lo cual se encuentran establecidos diferentes niveles de cercanía afectiva, ubicándose en el nivel 1 las relaciones conyugales y paterno-filiales y en el nivel 2 la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil, cuyos rubros indemnizatorios se sintetizaron en la siguiente tabla:

1
 

Así las cosas, en el caso de autos se encuentran dentro del primer nivel Ever Aníbal Pinto Bolaños (víctima) (64), Liliana Buitrón (compañera permanente), Celia Bolaños de Pinto (madre), Jeimi Viviana Pinto Buitrón(65), Harnold James Pinto Buitrón(66) y Shaight Nayerly Pinto Buitrón(67) (hijos) a quienes de conformidad con la tabla y el porcentaje de gravedad de la lesión, dictaminada por la junta médica laboral en 67,31%, les corresponde una indemnización de 100 s.m.l.m.v., para cada uno de estos demandantes.

Ahora bien, con relación a los demandantes Leonardo(68), Jorge Bolívar(69), Gloria(70), María Ema(71), Tancredo(72), Leonor(73), Marian(74) y Rodrigo(75) Pinto Bolaños, quienes aducen la calidad de hermanos de la víctima, la Sala encuentra probada la calidad aducida con los correspondientes registros civiles de nacimiento, lo cual los ubica en el segundo nivel de cercanía afectiva al que le corresponde una indemnización de 50 s.m.l.m.v., teniendo en cuenta, además, que en los niveles 1 y 2 basta la prueba del estado civil o el parentesco para tener por acreditada la relación de cercanía afectiva.

Así las cosas, la Sala procederá a ajustar a las tablas establecidas por la jurisprudencia, el reconocimiento de los perjuicios morales efectuado a los demandantes, en el siguiente sentido:

DemandanteMonto indemnizatorio
Ever Aníbal Pinto Bolaños (víctima)100 s.m.l.m.v.
Liliana Buitrón Iles (compañera permanente)100 s.m.l.m.v.
Yeimi Viviana Pinto Buitrón(hija)100 s.m.l.m.v.
Arnold James Pinto Buitrón (hijo)100 s.m.l.m.v.
Sahirth Mayerly Pinto Buitrón (hija)100 s.m.l.m.v.
Rosa Celia Bolaños Muñoz de Pinto (madre)100 s.m.l.m.v.
Leonardo Pinto Bolaños (hermano)50 s.m.l.m.v.
Jorge Pinto Bolaños (hermano)50 s.m.l.m.v.
Gloria Pinto Bolaños (hermana)50 s.m.l.m.v.
María Ema Pinto Bolaños (hermana)50 s.m.l.m.v.
Tancredo Pinto Bolaños (hermano)50 s.m.l.m.v.
Leonor Pinto Bolaños (hermana)50 s.m.l.m.v.
Marian Pinto Bolaños (hermana)50 s.m.l.m.v.
Rodrigo Pinto Bolaños (hermano)50 s.m.l.m.v.

Lo anterior teniendo en cuenta, además, que el recurso de apelación se entiende interpuesto en lo desfavorable al apelante único.

6.2. Daño a la salud o afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados en el caso concreto.

Sea lo primero anotar que dentro del plenario se encuentra probado que Ever Aníbal Pinto Bolaños sufrió una lesión en su integridad psicofísica que conllevó una pérdida de capacidad laboral del 67.31%(76) según se acredita con la calificación de la pérdida de la capacidad laboral y determinación de la invalidez dictaminada el 14 de junio de 2004 por la junta regional de calificación de invalidez de Nariño en el que consta:

DescripciónPorcentaje
Deficiencia (amputación ½ ½ de antebrazo derecho, desarticulación de muñeca - amputación y artejo izquierdo) 34.46%
Discapacidad (conducta, comunicación, cuidado de la persona, locomoción, disposición del cuerpo, destreza y situación) 10.10%
Minusvalía (orientación, independencia física, desplazamiento, ocupacional, integración social, autosuficiencia económica y en función de la edad) 22,75%
Total 67.31%

Ahora bien, con relación al reconocimiento del daño a la vida de relación, a la luz de la actual jurisprudencia del Consejo de Estado, la Sala dejó establecido que dependiendo del interés jurídico vulnerado ésta pretensión se clasifica bajo la denominación de daño a la salud, cuando el perjuicio deviene de una lesión psicofísica, o bajo la categoría de afectación o vulneración relevante de bienes constitucional y convencionalmente amparados, cuando la lesión recae sobre otro bien constitucional y convencionalmente protegido, distinto del daño al a salud o integridad psicofísica.

Asimismo, se aclaró que la jurisprudencia de la Sala ha determinado que la indemnización del daño a la salud está sujeta a lo probado en el proceso y su reconocimiento procede, única y exclusivamente, para la víctima directa del daño, en cuantía que no podrá exceder de 100 s.m.l.m.v., de acuerdo con la gravedad de la lesión, así:

Reparación del daño a la salud
Regla general
Gravedad de la lesión Víctima directa
 s.m.l.m.v.
Igual o superior al 50%100
Igual o superior al 40% e inferior al 50%80
Igual o superior al 30% e inferior al 40%60
Igual o superior al 20% e inferior al 30%40
Igual o superior al 10% e inferior al 20%20
Igual o superior al 1% e inferior al 10%10

En el caso concreto, la Sala observa que el daño antijurídico a reparar recae sobre el derecho a la integridad psicofísica de la víctima, lo cual la ubica, necesariamente, en la categoría indemnizable del daño a la salud que, como se dijo, procede únicamente para la víctima directa de la lesión.

Al efecto, el tribunal de primera instancia reconoció “a título de daño a la vida de relación” a favor de Ever Aníbal Pinto Bolaños una suma equivalente a 100 s.m.l.m.v., reconocimiento que la Sala encuentra perfectamente ajustado a los lineamientos trazados por la jurisprudencia, en razón a lo cual habrá de confirmar el reconocimiento efectuado a favor de Ever Aníbal Pinto Bolaños y denegar la petición de hacer extensivo dicho perjuicio a otros demandantes, pese a que estos se encuentren dentro del núcleo familiar más cercano de la víctima.

6.3. Lucro cesante a favor de Ever Aníbal Pinto Bolaños.

A la sazón debe preverse que la demandante solicitó el reconocimiento por concepto de “perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante)” a favor de Ever Aníbal Pinto Bolaños, las sumas de dinero que dejó de percibir como recaudador instalador y promotor comunitario de salud, en razón de las lesiones que padeció y la pérdida de capacidad laboral determinada por la junta de calificación de invalidez de Nariño en un 67.31%.

En respuesta, el a quo consideró que no era procedente el reconocimiento de perjuicios materiales a favor del actor por cuanto éste “percibió una suma económica que devenía de un seguro colectivo contratado por la empresa por valor de $ 25.824.280 por concepto de indemnización por incapacidad permanente”; y actualmente recibe una pensión por invalidez.

Dado lo anterior, la alzada solicitó el reconocimiento del lucro cesante causado a Ever Aníbal Pinto Bolaños, bajo el argumento que la suma de dinero que recibió por concepto de un seguro colectivo suscrito con la empresa y la mesada pensional que percibe por invalidez es diferente al reconocimiento que se debe hacer a título de perjuicios materiales.

Al respecto, la Sala concluyó que la compensatio lucri cum damno impone determinar o concretar y cuantificar la medida o monto del perjuicio que experimenta el patrimonio del afectado, esto es, el lucro cesante, y las ventajas o beneficios que surgieron del mismo hecho, para a la postre determinar cuáles resultan acumulables y cuáles deben descontarse.

Con relación al lucro cesante la Sala encuentra acreditado que para la época de los hechos Ever Aníbal Pinto Bolaños se desempeñaba como “promotor comunitario en salud”(77) y tenía suscrito desde el 2 de abril de 2001 un contrato de trabajo a término indefinido con la empresa Centrales Eléctricas de Nariño “Cedenar” S.A. ESP(78).

Ahora bien, también se encuentra probado dentro del plenario que en desarrollo del mencionado contrato laboral, el 14 de junio de 2004, en el municipio de San Pablo, Nariño, cuando Ever Aníbal Pinto se encontraba realizando una instalación al aire libre, recibió una descarga eléctrica que le ocasionó quemaduras(79).

Es de anotar que en el formato único de reporte del accidente de trabajo consta que Ever Aníbal Pinto llevaba laborando 3 años en la empresa y devengaba la suma de $ 633.333, lo cual es corroborado con el certificado expedido el 18 de agosto de 2004 por las Centrales Eléctricas de Nariño “Cedenar” S.A. ESP en el que consta que “Aníbal Pinto Bolaños (…) labora en esta empresa en el cargo de técnico IV desde hace 4 años, devenga un salario mensual de $ 633.333”(80).

De otra parte, se encuentra acreditado que Ever Aníbal Pinto Bolaños estuvo incapacitado desde el día 31 de octubre de 2004 hasta el día 29 de noviembre de 2004 debido al accidente de trabajo que tuvo el día 14 de junio de 2004(81).

Al respecto, la empresa Centrales Eléctricas de Nariño “Cedenar” S.A. ESP, efectuó la reclamación de indemnización presentada el 13 de julio de 2005 ante La Previsora S.A. por medio de la cual(82):

“De manera respetuosa solicitamos a ustedes se sirvan autorizar el pago indemnizatorio a nuestro trabajador Ever Aníbal Pinto Bolaños, quien se desempeñaba el día 13 de junio del año 2004 como Técnico IV en la localidad de San Pablo, Nariño y aquel día sufrió un accidente de trabajo cuando recogía una línea de 13 KV e hizo contacto con otra línea de 34.5 KV y recibió una descarga eléctrica ocasionándole quemaduras en las extremidades superiores e inferiores y como consecuencia, hubo la necesidad de amputarle el antebrazo derecho y de los dedos anular y meñique izquierdos. Le practicaron remodelación del muñón, injertos y colgajos en mano izquierda. Amputación transmetacarpiana 5º artejo de pie izquierdo.

La calificación de la capacidad laboral y determinación de la invalidez y origen valorada y expedida por la comisión médica interdisciplinaria del seguro social ha establecido como porcentaje de la pérdida de capacidad laboral del 72.80%.

Lo anterior de conformidad al Decreto 917/99 “Manual único para la calificación de invalidez” ha establecido que, en tratándose de la calificación para el caso la pérdida laboral superior al 50%, se cataloga a nuestro funcionario como invalido y por lo tanto, solicitamos el pago indemnizatorio al mismo de conformidad con lo establecido en la póliza vida grupo [1002725] contratada con seguros La Previsora, la suma de 40 sueldos que para el momento de la ocurrencia del siniestro devengaba un salario de seiscientos cuarenta y cinco mil ciento siete pesos moneda corriente ($ 645.107).

(…)”.

En atención a esta solicitud, el 16 de julio de 2005 “La Previsora S.A.” informó a la empresa asegurada —Centrales Eléctricas de Nariño “Cedenar” S.A. ESP— que el valor de la indemnización solicitada a favor de Ever Aníbal Pinto ascendía a la suma de $ 25.804.280(83), la cual fue pagada autorizada el 1º de agosto de 2005 a favor de Ever Aníbal Pinto por concepto de “indemnización por incapacidad permanente”, en virtud de la póliza de seguro 10002725 tomada por las Centrales Eléctricas de Nariño “Cedenar” S.A. ESP(84).

Pago que se hizo efectivo el 1º de agosto de 2005 cuando Ever Aníbal Pinto recibió el cheque por la suma de $ 25.804.280, por concepto de “pago único total y definitivo de indemnización por incapacidad permanente de Ever Aníbal Pinto, póliza 10002725”(85).

Al respecto también obra el recibido de la indemnización suscrito el 1º de agosto de 2005 por Ever Aníbal Pinto en el que consta que recibió a entera satisfacción de la Previsora S.A. la suma de $ 25.804.280 por concepto de “indemnización por incapacidad permanente”; y que la compañía de seguros se encuentra a paz y salvo de las obligaciones generales y particulares de la póliza de seguro de vida Nº 1002725 tomada por las Centrales Eléctricas de Nariño “Cedenar” S.A. ESP(86).

Finalmente, la Sala encuentra acreditado que Ever Aníbal Pinto obtuvo el reconocimiento de la correspondiente pensión de invalidez y que el Instituto de Seguro Social pagó durante los años 2006-2008, las siguientes sumas de dinero, se itera, por concepto de pensión de invalidez(87):

AñoSuma reconocida
2006$ 14.009.521
2007$ 20.725.768
2008$ 1.065.008

Así las cosas, Ever Aníbal Pinto fue retirado del sistema de nómina el 1º de mayo de 2006(88).

Así las cosas la Sala procederá a liquidar el lucro cesante que correspondería a Ever Aníbal Pinto, desde el 1º de mayo de 2006 y hasta la fecha de vida probable de la víctima, esto es, 42.42 años más de vida(89), o en otras palabras 509,04 meses.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el último salario mensual acreditado es la suma de $ 633.333, la Sala liquidará el lucro cesante correspondiente a Ever Aníbal Pinto con base en el salario mínimo actual, por favorabilidad para la víctima, toda vez que éste es mayor que aquél.

La Sala liquidará los periodos consolidados y futuros del lucro cesante, con aplicación de las fórmulas adoptadas por la jurisprudencia, y procederá a sumarla para, finalmente, determinar cuáles factores resultan acumulables y cuáles compensables.

6.3.1. Liquidación del lucro cesante consolidado.

S = RA
 

S = suma calculada

Ra = renta actualizada - salario mínimo legal mensual vigente: $ 737.717.

n = número de meses del período consolidado que va desde la fecha en que cesó el lucro y hasta la fecha de esta providencia, esto es, 01 de mayo de 2006 a 14 de julio de 2017, para un total de 134,04 meses.

i = tasa de interés constante 0,004867

(que corresponde a la tasa mensual del interés puro o legal para fórmulas compuestas, que se obtiene así: (1+ i )1/12 – 1, donde i es la tasa anual de interés legal (6% o 0,06).

2
 

Así las cosas, le corresponde a Ever Aníbal Pinto por concepto de lucro cesante consolidado la suma de $ 139.002.921,25.

6.3.2. Liquidación del lucro cesante futuro.

S = RA I+N-1
 

S = suma calculada

Ra = renta actualizada

i = tasa de interés constante 0,004867

n = número de meses del período, correspondientes al total de vida probable de la víctima (509,04 meses) menos el periodo consolidado (134,04 meses) para un periodo futuro a indemnizar de 375 meses.

1
 

Así las cosas, le corresponde a Ever Aníbal Pinto por concepto de lucro cesante futuro la suma de $ 127.033.334,99.

6.3.3. Lucro cesante - compensación y acumulación.

Vistos los valores arrojados por la liquidación del lucro cesante, en los periodos consolidados y futuros, le corresponden a Ever Aníbal Pinto las siguientes sumas de dinero:

ConceptoValor indemnización
Lucro cesante consolidado.$ 139.002.921,25
lucro cesante futuro$ 127.033.334,99
Total$ 266.036.256,24

Sin embargo, en atención a los conceptos contemplados sobre la compensación de los lucros obtenidos como consecuencia del daño y la probable acumulación de algunos de ellos, la Sala considera compensar el valor pagado por la Previsora S.A. a título de indemnización por el accidente sufrido por la víctima, correspondiente a la suma de $ 25.804.280, previa su correspondiente actualización, con aplicación de la fórmula reconocidas por la jurisprudencia para tal efecto:

Ra = Rh IPC
 

Ra = renta actualizada

Rh = renta histórica, esto es, el valor pagado por la aseguradora: $ 25.804.280.

IPC final = índice de precios al consumidor correspondiente al mes de la liquidación - junio de 2017, esto es, 137,87.

IPC inicial = índice de precios al consumidor que corresponde al mes en que se pagó la póliza de responsabilidad civil - agosto de 2005, esto es, 83,40.

3
 

Conclusión de lo anterior, corresponde a Ever Aníbal Pinto, por concepto de lucro cesante consolidado y futuro la suma de $ 266.036.256,24, de los cuales la Sala descontará el valor de $ 42.657.507 que fueron pagados por La Previsora S.A., por concepto de “indemnización por incapacidad permanente”, en virtud de la póliza de responsabilidad Nº 10002725 tomada por las Centrales Eléctricas de Nariño “Cedenar” S.A. ESP(90).

Lo anterior tiene lugar porque, como puede verse, el pago de la póliza de responsabilidad civil contratada por la entidad demandada tiene la misma naturaleza jurídica del reconocimiento y liquidación del daño que aquí se hace, esto es, indemnizar la incapacidad permanente a que se vio sometido Ever Aníbal Pinto.

Por el contrario, la Sala concluye que no hay lugar a compensar los valores pagados a título de pensión de invalidez, toda vez que esta es una prestación de carácter laboral a la que tiene derecho Ever Aníbal Pinto, en su calidad de trabajador que ha cotizado los aportes al sistema de seguridad social en pensiones y ha cumplido con los demás requisitos que la ley exige para su reconocimiento. De manera que este concepto resulta acumulable con la indemnización del lucro cesante que aquí se efectúa.

En síntesis, la Sala reconocerá a favor de Ever Aníbal Pinto, por concepto de lucro cesante, la siguiente suma de dinero:

ConceptoValor indemnización
Lucro cesante totalizado$ 266.036.256,24
Indemnización compensada$ 42.657.507,00
Total$ 223.378.749,24

6. Costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.

En mérito de lo expuesto, la sección tercera, subsección C de la Sala de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

MODIFICAR la sentencia proferida el 24 de julio de 2009 por el Tribunal Administrativo de Nariño, por los motivos expuestos en esta providencia. Y en su lugar dispone:

1. DECLÁRESE administrativa y patrimonialmente responsable a la empresa Centrales Eléctricas de Nariño S.A. ESP - Cedenar de los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes como consecuencia de las lesiones causadas al señor Ever Anibal Pinto Bolaños a raíz de los hechos ocurridos el 13 de junio de 2004 cuando sufrió electrocutamiento.

2. CONDÉNESE a la empresa Centrales Eléctricas de Nariño S.A. ESP - Cedenar a pagar a los demandantes por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas:

DemandanteMonto indemnizatorio
Ever Aníbal Pinto Bolaños (víctima)100 s.m.l.m.v.
Liliana Buitrón Iles (compañera permanente)100 s.m.l.m.v.
Yeimi Viviana Pinto Buitrón (hija)100 s.m.l.m.v.
Arnold James Pinto Buitrón (hijo)100 s.m.l.m.v.
Sahirth Mayerly Pinto Buitrón (hija)100 s.m.l.m.v.
Rosa Celia Bolaños Muñoz de Pinto (madre)100 s.m.l.m.v.
Leonardo Pinto Bolaños (hermano)50 s.m.l.m.v.
Jorge Pinto Bolaños (hermano)50 s.m.l.m.v.
Gloria Pinto Bolaños (hermana)50 s.m.l.m.v.
María Ema Pinto Bolaños (hermana)50 s.m.l.m.v.
Tancredo Pinto Bolaños (hermano)50 s.m.l.m.v.
Leonor Pinto Bolaños (hermana)50 s.m.l.m.v.
Marian Pinto Bolaños (hermana)50 s.m.l.m.v.
Rodrigo Pinto Bolaños (hermano)50 s.m.l.m.v.

3. CONDÉNESE a la empresa Centrales Eléctricas de Nariño S.A. ESP - Cedenar a pagar a favor de Ever Aníbal Pinto, por concepto de lucro cesante, la suma de $ 223.378.749,24.

4. CONDÉNESE a la empresa Centrales Eléctricas de Nariño S.A. ESP - Cedenar a pagar a favor de Ever Aníbal Pinto, por concepto de daño a la salud, la suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

5. NIÉGUESE las demás pretensiones de la demanda.

6. Sin condena en costas.

7. DEVUÉLVASE inmediatamente el expediente al tribunal de origen una vez ejecutoriada la presente sentencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

36 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, sentencia de 1º de abril de 2009. C.P. Ruth Stella Correa Palacio, Rad. 32.800. “De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, sólo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el numeral 2 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia funcional”.

37 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, sentencia de 10 de febrero de 2010. C.P. Hernán Andrade Rincón, Rad. 16.306. Cfr. Corte Constitucional C-583 de 1997.

38 En relación con la aplicabilidad del principio de congruencia en lo que corresponde a la resolución del recurso de apelación puede consultarse el pronunciamiento efectuado recientemente por la Sala, mediante providencia fechada en abril 1º de 2009, dentro del expediente 32.800, con ponencia de la señora magistrada Ruth Stella Correa Palacio, en la cual se puntualizó: “De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, sólo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el numeral 2 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia funcional”.

39 Dicho principio ha sido definido por la doctrina como: “La facultad exclusiva del individuo de reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin”. O como dice Couture, es el principio procesal que asigna a las partes y no a los órganos de la jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso” “Son características de esta regla las siguientes: “(…). El campo de decisión del juez queda determinado especial y esencialmente por las pretensiones del demandante debido a que el juez no puede decidir sobre objeto diverso a lo en ellas contemplado” (negrillas adicionales). López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2005, p. 106.

40 Consejo de Estado, Sala plena, sección tercera, sentencia de 9 de febrero de 2012, Exp. 21.060.

41 Consejo de Estado, Sala Plana de sección tercera, sentencia de 9 de febrero de 2012, Exp. 21.060.

42 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 31.172. M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

43 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 31.170. M.P. Enrique Gil Botero.

44 Consejo de Estado, sección tercera, subsección C, sentencia de 9 de julio de 2014, Rad. 29.445. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

45 Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, sección tercera, sentencia de 21 de mayo de 2007. C.P. Mauricio Fajardo, Exp. 15.989 y de 1º de marzo de 2006, Exp. 17.256. M.P. María Elena Gómez Giraldo.

46 Consejo de Estado, sección tercera, sentencia de 3 de octubre de 2002, Exp. 14.207. M.P. Ricardo Hoyos Duque.

47 Windscheid. En Von Tuhr, A. Tratado de las Obligaciones. Tomo I. Madrid: Edit. Reus, 1ª ed. 1934, p. 74.

48 De Cupis, Adriano. El daño. Teoría general de la responsabilidad civil. 2ª ed. Barcelona: Bosch, 1970, p. 327.

49 Von Tuhr, A. Tratado de las Obligaciones. Tomo I. Madrid: Reus, 1ª ed. 1934, p. 74.

50 Von Tuhr; Díez-Picazo. En obras citadas.

51 ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo. De la responsabilidad extracontractual en el derecho civil. Tomo II. Santiago de Chile: Imprenta Universal, 1987, p. 583.

52 La Responsabilité Publique. París, Económica, 1989. 2ª Ed, p. 26.

53 El artículo 1100 del Código de Comercio ubicado en el capítulo de seguro de daños, señala que las normas sobre subrogación se aplicarán también al seguro de accidentes de trabajo “si así lo convinieren las partes” (subrogación convencional).

54 Sentencia de Sala plena del 13 de diciembre de 1983, Exp. 10.807.

55 Sentencias de la sección tercera del Consejo de Estado del 10 de abril de 1997, Exp. 11.866; del 24 de abril de 1997, Exp. 9.997 y del 4 de julio de 1997, Exp. 10.182, entre otras.

56 Sentencia de la sección tercera del Consejo de Estado del 6 de noviembre de 1997, Exp. 11.049.

57 Sentencias del 13 de diciembre de 1983, Exp. 10.807 y del 27 de marzo de 1990.

58 Exp. S-247.

59 Michel PAILLET. La responsabilidad administrativa. Bogotá, D.C., Universidad Externado de Colombia, 2001. p. 324.

60 Op. cit., p. 338. Una sentencia del Consejo de Estado francés de 1986 señaló que las prestaciones de la seguridad social no tienen carácter indemnizatorio y por lo tanto, no deben ser deducidas del monto de la indemnización debida a la víctima por el Estado. El Ministro de Justicia consideró que “la acción de las cajas de seguridad social no es favorable a las víctimas de los accidentes con autor conocido, puesto que las priva de acumular las prestaciones dadas por el Seguro Social, a pesar de que las víctimas hayan cotizado, lo cual es una injusticia”. Cfr. Juan Carlos Henao. El daño. Bogotá D.C., Universidad Externado de Colombia, 1998. p. 67.

61 Consejo de Estado, sección tercera, sentencia de 3 de octubre de 2002, Exp. 14.207. M.P. Ricardo Hoyos Duque.

62 Aclaración a la sentencia de 10 de julio de 2011, Rad. 17.858. M.P. Enrique Gil Botero.

63 Actúan a través de su madre, Liliana Buitrón Iles (fl. 1 c.1).

64 Registro civil de nacimiento de Ever Aníbal Pinto Bolaños (víctima) en el que consta que nació el día 23 de junio de 1970 en el municipio de San Pablo - Nariño y que es hijo de Rómulo Pinto Ortiz y Rosa Celia Bolaños (fl. 4 c. 1).

65 Registro civil de nacimiento de Yeimi Viviana Pinto Buitrón (hija) en el que consta que nació el día 12 de abril de 1990 en el municipio de San Pablo - Nariño y que es hija de Ever Aníbal Pinto Bolaños y Betty Esperanza Buitrón Iles (fl. 6 c. 1).

66 Certificado expedido el 26 de noviembre de 2004 por la Notaría Única del Circuito de San Pablo, Nariño en el que se constata que a folio 16458580 obra el registro civil de nacimiento de Arnold James Pinto Buitrón (hijo) en el que consta que nació el día 28 de enero de 1992 en el municipio de San Pablo, Nariño y que es hijo de Ever Aníbal Pinto y Liliana Buitrón Iles (fl. 7 c. 1).

67 Registro civil de nacimiento de Sharith Nayerly Pinto Buitrón (hija) en el que consta que nació el día 25 de junio de 2005 en el municipio de San Pablo - Nariño y que es hija de Ever Aníbal Pinto Bolaños y Liliana Buitrón Iles (fl. 8 c. 1).

68 Registro civil de nacimiento de Leonardo Pinto Bolaños (hermano) en el que consta que nació el 6 de abril de 1951 en el municipio de San Pablo - Nariño y que es hijo de Rómulo Pinto Ortiz y Rosa Celia Bolaños, padres a su vez de la víctima directa (fl. 10 c. 1).

69 Registro civil de nacimiento de Jorge Pinto Bolaños (hermano) en el que consta que nació el 11 de julio de 1953 en el municipio de San Pablo - Nariño y que es hijo de Rómulo Pinto y Rosa Celia Bolaños, padres a su vez de la víctima directa (fl. 11 c. 1).

70 Registro civil de nacimiento de Gloria Pinto Bolaños (hermana) en el que consta que nació el 27 de (ilegible) de 1955 en el municipio de San Pablo - Nariño y que es hija de Rómulo Pinto y Rosa Celia Bolaños, padres a su vez de la víctima directa (fl. 12 c. 1).

71 Registro civil de nacimiento de María Emma Pinto Bolaños (hermana) en el que consta que nació el 2 de agosto de 1959 en el municipio de San Pablo - Nariño y que es hija de Rómulo Pinto y Rosa Celia Bolaños, padres a su vez de la víctima directa (fl. 13 c. 1).

72 Registro civil de nacimiento de Tancredo Pinto Bolaños (hermano) en el que consta que nació el 10 de enero de 1963 en el municipio de San Pablo - Nariño y que es hijo de Rómulo Pinto y Rosa Celia Bolaños, padres a su vez de la víctima directa (fl. 14 c. 1).

73 Registro civil de nacimiento de Leonor Pinto Bolaños (hermana) en el que consta que nació el 13 de diciembre de 1959 en el municipio de San Pablo - Nariño y que es hija de Rómulo Pinto y Rosa Celia Bolaños, padres a su vez de la víctima directa (fl. 15 c. 1).

74 Registro civil de nacimiento de Marian Pinto Bolaños (hermana) en el que consta que nació el 16 de febrero de 1966 en el municipio de San Pablo - Nariño y que es hija de Rómulo Pinto y Rosa Celia Bolaños, padres a su vez de la víctima directa (fl. 17 c. 1).

75 Registro civil de nacimiento de Rodrigo Pinto Bolaños (hermano) en el que consta que nació el 30 de diciembre de 1967 en el municipio de San Pablo - Nariño y que es hijo de Rómulo Pinto y Rosa Celia Bolaños, padres a su vez de la víctima directa (fl. 18 c. 1).

76 Fls. 24-26 c. 1.

77 Certificado expedido el 6 de febrero de 1999 por el Instituto Departamental de Salud de Nariño (fl. 41 c. 1).

78 Fls. 69-70, 300-301, 451-452 c. 1 y 28-29 c. 2.

79 Formato único de reporte de un presunto accidente de trabajo Nº 0445118 proferido el 16 de junio de 2004 por el Seguro Social - protección laboral (fls. 23, 43, 298, 449 c. 1 y 12 c. 2).

80 Fls. 90 c. 1 y 44 c. 2.

81 Certificado de incapacidad expedido el 5 de mayo de 2005 por Coomeva EPS (fls. 475-486 c. 1).

82 Fls. 295-296 y 446-447 c. 1.

83 Fl. 302 c. 1.

84 Orden de pago Nº 1430009195 (fl. 586 c. 1).

85 Fl. 585 c. 1.

86 Fl. 587 c. 1.

87 Certificados del 18 de marzo de 2008 (fls. 746-748, 751-753 y 756-758 c. 1).

88 Oficio de 22 de abril de 2008 suscrito por las Centrales Eléctricas de Nariño S.A. ESP en el que constan los valores pagados al señor Ever Aníbal Pinto Bolaños desde el 13 de junio de 2004 —fecha del accidente, hasta el 1º de mayo de 2006— día en el que fue retirado del sistema de nómina (fls. 80 -84 c. 2).

89 Resolución Superintendencia Bancaría (hoy Superintendencia Financiera).

90 Orden de pago 1430009195 (fl. 586 c. 1).