Sentencia 2006-00803 de octubre 7 de 2007

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Referencia: Rad. 25000-23-27-000-2006-00803-01 (16960)

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Demandante: Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S.A. Vecol S.A.

Demandado: UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Impuesto de renta 2001

Fallo

Bogotá, D.C., siete de octubre dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la UAE DIAN, le corresponde a la Sala decidir si se ajustan a derecho los actos administrativos demandados.

Concretamente, le corresponde analizar si es procedente el costo de ventas que la demandante solicitó por la destrucción de inventarios.

Pues bien, en un caso análogo al que ahora se analiza en el que Sala decidió favorablemente cierta controversia entre las mismas partes, por los mismos presupuestos de derecho que ahora también se invocaron en la demanda; mediante sentencia del 25 de septiembre de 2006(1), la Sección Cuarta consideró que sí era procedente el costo de ventas que la demandante solicitó por la destrucción de inventarios.

En esta oportunidad, la Sala reitera esa posición, habida cuenta de que no hay argumentos nuevos que permitan replantear la sentencia anotada, y en la que se concluyó lo siguiente:

“(...) La Sala considera que si el contribuyente está obligado por disposición legal a establecer el costo de los activos movibles por el sistema de inventarios permanentes, esta sola circunstancia no es suficiente para rechazar los costos generados en la destrucción de inventarios, ya que si la medida tuvo su origen en disposiciones de tipo sanitario, de salubridad pública o por prácticas mercantiles usuales, tal expensa está autorizada de conformidad con el artículo 107 del estatuto tributario, teniendo en cuenta que si bien los bienes se encuentran en el inventario, no pueden ser comercializados.

En el caso, está demostrado que la destrucción de mercancías obedeció a conceptos como vencimiento, deterioro, contaminación u obsolescencia, es decir, que se adoptó en cumplimiento de disposiciones legales o administrativas, razón por la cual constituyen expensas necesarias en la actividad productora de renta de Vecol S.A.

Por tanto, son “expensas” que tienen una relación o vínculo de correspondencia con la actividad que desarrolla el objeto social de la entidad [fabricación, producción, venta y comercialización de productos biológicos, químicos y farmacéuticos para la sanidad humana, animal y vegetal], de manera que los bienes dados de baja dentro del sistema de inventario permanente, representan uno de los conceptos inherentes y necesarios para la entidad en la producción de sus ingresos o renta derivada de tal objeto social, es decir, se involucran en la actividad productora de renta.

En efecto, tratándose de productos para la salud humana, animal y vegetal, su producción, venta y comercialización, está sujeta a controles estatales de gran seriedad para determinar la seguridad y efectividad del bien que será distribuido y utilizado, controles que se realizan por lo general antes de ser lanzados al mercado y que en consecuencia si no son superados, los bienes deben ser destruidos por disposición legal, de lo cual es fácil inferir que su tratamiento debe ser el de “expensa necesaria”, siempre que cumplan las condiciones establecidas en la ley, esto es, que tengan relación de causalidad “con las actividades productoras de renta y que sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada actividad” (E.T., art. 107).

Resulta entonces válido que en casos como el presente, cuando el contribuyente debe acatar órdenes de autoridades encargadas de controlar esta clase de bienes en pro de la seguridad y salubridad públicas o porque es usual su aplicación en el campo comercial, se vea avocado a destruir parte de su inventario y por ende lo refleje en una disminución de la renta a título de costo (expensa).

De otra parte, la apertura económica y la suscripción de tratados comerciales con otros países implica el fortalecimiento de medidas fitosanitarias, de salubridad pública o de cualquier otra índole que obligan a los contribuyentes a dar de baja determinados activos movibles (por vencimiento, deterioro, contaminación, etc.), merecen reconocimiento fiscal de expensa en el denuncio rentístico, pues de lo que se trata es de impulsar la producción y no de restringir tributariamente los incentivos previstos en la ley.

Así las cosas, tratándose de activos movibles que se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios de contribuyente que deban ser destruidos, porque no puedan ser consumidos, ni usados, es decir, que no puedan ser comercializados en ninguna forma, se admite su valor como “expensa necesaria”, siempre y cuando se demuestre que el hecho ocurrió en el respectivo año gravable, que tiene relación causa-efecto con la producción del ingreso y que es indispensable y proporcionada con la actividad, en otras palabras, que acata los presupuestos del artículo 107 del estatuto tributario. En todo caso se advierte que además el contribuyente debe demostrar que tal expensa no ha sido reconocida por otros medio (sic) [deducción].

En consecuencia se reconoce como costo la suma originada en la destrucción de inventarios, por lo que se confirmará en el punto la decisión del tribunal”.

La doctrina judicial que ahora se reitera es suficiente para denegar los argumentos del recurso de apelación de la entidad demandada. A diferencia de lo que alegó la apoderada de la DIAN, la Sala considera que el artículo 107 del estatuto tributario es el fundamento normativo que respalda la actuación del contribuyente. En consecuencia, es irrelevante discutir si la destrucción de los medicamentos por mandamiento de autoridad constituye un hecho de fuerza mayor.

Por las mismas razones, no es pertinente aplicar al caso concreto la sentencia del 29 de septiembre de 2005, proferida dentro del Expediente 13706, con ponencia del doctor Héctor Romero, toda vez que en esa sentencia se analizó si se ajustaba a derecho el Concepto 0161852 del 24 de septiembre de 2002 en cuanto dispuso que “la destrucción de medicamentos vencidos no constituye hecho de fuerza mayor o caso fortuito para efectos de establecer el costo o gasto en el impuesto sobre la renta y complementarios”.

En esa sentencia no se analizó si esos costos constituían expensas deducibles, en los términos del artículo 107 del estatuto tributario, aspecto fundamental que para los casos concretos, como el que ahora se analiza, constituye el fundamento jurídico de la decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(1) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. C.P. María Inés Ortiz Barbosa. Bogotá, D.C., septiembre veinticinco (25) de dos mil seis (2006). Radicación 25000-23-27-000-2003-00434-01(15032). Actor: Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S.A. Vecol S.A. Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Consejero Ponente: Juan Ángel Palado Hincapié, Bogotá, D.C., julio diecinueve (19) de dos mil siete (2007). Radicación 25000-23-27-000-2003-00024-01(15099). Actor: Productos Roche Industria Química y Farmacéutica. Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié. Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil ocho (2008). Radicación 25000-23-27-000-2003-00500-01(15564). Actor: Novartis de Colombia S.A. Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Consejero Ponente: William Giraldo Giraldo. Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil nueve (2009). Radicación 25000-23-27-000-2004-01987-01(16217). Actor: Frost Laboratories Inc. Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Consejero Ponente: Martha Teresa Briceño de Valencia. Bogotá, D.C., once (11) de marzo de dos mil diez (2010). Radicación 25000-23-27-000-200700118-01­17178. Actora: Pharmacia Interamerican Corporation. Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.