Sentencia 2006 00852 de marzo 18 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Referencia: 760012331000200600852 01

Consejero Ponente:

Dr. William Giraldo Giraldo

Referencia: 17653.

Actor: Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A.

Impuesto de industria y comercio

Bogotá, D.C., veintiséis de noviembre de dos mil nueve.

EXTRACTOS:«Consideraciones de la sección

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 5 de septiembre de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que acogió las pretensiones de la demanda.

En el presente caso se controvierte la legalidad del requerimiento especial 37 del 2 de diciembre de 2003, de la liquidación oficial de revisión 573 del 3 de agosto de 2004, y de la resolución por la cual se resuelve el recurso de reconsideración 1401 del 29 de septiembre de 2005, a través de las cuales se modificó la declaración privada del impuesto de industria y comercio, y su complementario de avisos y tableros correspondiente a el año gravable 2002, presentado por la demandante.

En el caso sub examine, la Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A., presentó el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de revisión 573 del 3 de agosto de 2003 el día 4 de octubre de 2004, por lo que de conformidad con el artículo 139 de Decreto 523 de 1999 expedido por el municipio de Santiago de Cali, en concordancia con el artículo 732 del estatuto tributario, debía ser resuelto, y notificado en debida forma, a más tardar el día 4 de octubre de 2005, toda vez que la administración cuenta con el término de un (1) año contado a partir de la interposición del recurso en debida forma. Estas disposiciones señalan(1):

“ART. 732.—Término para resolver los recursos. La administración de impuestos tendrá un (1) año para resolver los recursos de reconsideración o reposición, contado a partir de su interposición en debida forma”.

En tanto que el artículo 139 de Decreto 523 de 1999, expedido por el alcalde del municipio de Santiago de Cali dispone:

“ART. 139.—Término para resolver los recursos. La Subdirección Administrativa de Impuestos, Renta y Catastro Municipal o quien haga sus veces tendrá un (1) año para resolver los recursos de reconsideración o reposición, contado a partir de su interposición en debida forma”.

La expresión “resolver los recursos”(2) ha sido interpretada por la Sala en el sentido de que la decisión de los mismos debe notificarse dentro del término señalado en la Ley, debido a que si el contribuyente no ha tenido conocimiento del acto administrativo, este no produce efectos jurídicos y, por ende, no puede tenerse como fallado el recurso presentado.

El silencio administrativo se configura cuando transcurrido un año después de haberse interpuesto el recurso, este no ha sido resuelto, en cuyo caso se entenderá fallado a favor del recurrente, lo cual la administración ha de declarar de oficio o a petición de parte.

“ART. 734.—Silencio administrativo. Si transcurrido el término señalado en el artículo 732, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el recurso no se ha resuelto, se entenderá fallado a favor del recurrente, en cuyo caso, la administración, de oficio o a petición de parte, así lo declarará”.

En tanto que el artículo 141 de Decreto 523 de 1999, expedido por el alcalde del municipio de Santiago de Cali dispone:

“ART. 141.—Silencio administrativo. Si transcurrido el término señalado en el artículo 139, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el recurso no se ha resuelto, se entenderá fallado a favor del recurrente, en cuyo caso, la administración, de oficio o a petición de parte así lo declarará”.

Para que se entienda resuelto el recurso, no basta que la administración profiera el acto correspondiente, sino que además debe notificarlo al interesado dentro del término previsto en la ley. Si el acto que resuelve el recurso de reconsideración no se notifica dentro del año siguiente a su interposición, se entiende fallado a favor del recurrente.

El conocimiento de los actos administrativos a través de la notificación es una actividad absolutamente reglada, por lo que no admite discrecionalidad por parte de la administración. Tratándose de los actos de la administración tributaria del municipio de Santiago de Cali, el inciso segundo del artículo 11 del Decreto 523 de 1999, en concordancia con los dispuesto en inciso segundo del artículo 565 del estatuto tributario nacional disponen que “Las providencias que decidan recursos se notificarán personalmente, o por edicto si el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no compareciere dentro del término de los diez (10) días siguientes, contados a partir de la fecha de introducción al correo del aviso de citación”.

Del texto transcrito, se infiere que la notificación por edicto en materia tributaria está prevista solamente para notificar de manera subsidiaria las resoluciones que deciden los recursos, cuando el interesado no comparezca a notificarse personalmente dentro de los diez (10) días siguientes a la citación.

La notificación por edito procede cuando a pesar de habérsele enviado al contribuyente la citación a la dirección de ley, para lograr su comparencia, este non se hace presente para llevar a cabo la notificación personal de los actos que deciden los recursos(3).

En cuando a la nulidad de los actos de liquidación de impuestos y resoluciones de recursos, señala el numeral 3º. Del artículo 730 del estatuto tributario, en concordancia con el numeral 3º del artículo 137 del Decreto 523 de 1999, expedido por el municipio de Santiago de Cali que dichos actos son nulos “cuando no se notifiquen dentro del término legal”.

Consta en el expediente y así lo ha reconocido expresamente la entidad demandada que la fijación del respectivo edicto se surtió entre los días 24 de octubre de 2005 y 9 de noviembre de 2005, fecha en la cual fue desfijado y por ende es en aquella que se entiende notificada la Resolución 1401 que desató el recurso de reconsideración.

En el presente asunto, se presentó el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de revisión, el 4 de octubre de 2004, en consecuencia, la administración tenía hasta el 4 de octubre de 2005 para notificar la respuesta del recurso a la contribuyente.

Teniendo en cuenta que el apoderado de la compañía no compareció a recibir notificación personal dentro de los diez siguientes a la introducción del aviso de notificación, la administración procedió a notificar la Resolución 1401 del 29 de septiembre de 2005, a través de edicto, el cual fue desfijado el 9 de noviembre de 2005, fecha a partir de la cual la resolución que resolvió el recurso adquirió obligatoriedad y oponibilidad frente al contribuyente(4).

Como la Resolución 1401 del 29 de septiembre de 2005 no fue notificada dentro del año siguiente a la presentación del recurso de reconsideración, la administración hizo que se configurara el silencio administrativo positivo del artículo 734 del estatuto tributario, y por tanto las peticiones formuladas por el contribuyente en el recurso de reconsideración, se entienden falladas a su favor.

Al sentir de la Sala, de igual forma como lo ha expresado el Ministerio Público, el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, no ataca los argumentos esbozados por el a quo en torno a la extemporaneidad de la resolución que desató el recurso de reconsideración interpuesto contra la liquidación oficial de revisión, siendo este el fundamento de la decisión del tribunal en primera instancia, en consecuencia no hay lugar a la prosperidad de las pretensiones de la recurrente.

De conformidad con lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, toda vez que se configuró el silencio administrativo positivo, respecto de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por la actora contra la liquidación oficial de revisión 573, del 3 de agosto de 2004, que modificó la declaración presentada por la demandante correspondiente al impuesto de industria y comercio, y su complementario de avisos y tableros correspondiente a el año gravable 2002.

De conformidad con las razones expuestas, no prospera el recurso de apelación y la Sala confirmará la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada.

2. RECONÓCESE personería a la abogada Gloria Marina Rivillas Quiroz, como apoderada del municipio de Santiago de Cali.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y publíquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(1) El artículo 59 de la Ley 788 de 2002 señala: “Procedimiento tributario territorial. Los departamentos y municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el estatuto tributario nacional, para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio incluida su imposición, a los impuestos por ellos administrados. Así mismo aplicarán el procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos y demás recursos territoriales. El monto de las sanciones y el término de la aplicación de los procedimientos anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de sus tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de éstas respecto del monto de los impuestos.

(2) Expresión contenida en el artículo 732 del estatuto tributario. 

(3) Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencia del 30 de enero de 2003, Exp. 13096, M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié. 

(4) Consejo de Estado. Sección Cuarta, Sentencia 14315 del 19 de octubre de 2006, C.P. Héctor J. Romero Díaz.