Sentencia 2006-00856/57120 de febrero 7 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad.: 500012333100020060085601

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Expediente: 57120

Actores: Amparo Gómez Castro

Demandados: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Nación - Ministerio del Interior y Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Acción: Reparación Directa

Temas: Responsabilidad del Estado por el hecho de un tercero. Muerte de desmovilizado de grupos de autodefensas a manos de desconocidos. Voluntad de desmovilizarse y entregarse a la potestad del Estado debe ser verificable y permanente. Imposibilidad de retener contra su voluntad a desmovilizados. Culpa de la víctima que abandona voluntariamente el programa de desmovilización y reincorporación a la vida civil.

Bogotá, D.C., siete febrero de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Presupuestos procesales de la acción.

1.1. Jurisdicción y competencia.

Es esta jurisdicción la llamada a resolver la controversia, en atención al carácter público de las demandadas(3).

La Sala es competente para resolver la apelación en razón a la vocación de doble instancia del asunto, determinada por su cuantía, por cuanto de acuerdo con la estimación realizada en la demanda las pretensiones superan ampliamente los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes(4).

1.2. Acción procedente.

En los términos del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, la acción procedente para deprecar en sede judicial la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado y la correspondiente reparación de perjuicios es la de reparación directa tal como fue promovida por la demandante.

1.3. Legitimación en la causa de los extremos de la litis.

1.3.1. De la parte activa.

El legítimo interés de la demandante, que la habilita para comparecer en esa calidad a la actuación, deviene del vínculo de parentesco con la víctima, pues demostró ser la madre del fallecido señor Rafael Cedeño Gómez (fl. 26, c. 1).

1.3.2. De la parte pasiva.

Frente a la legitimación en la causa por pasiva la sala encuentra que la actora le atribuye responsabilidad a las entidades accionadas presuntas fallas y conductas que la legitiman para acudir como extremo pasivo de la litis. Cosa distinta es el juicio de imputación de responsabilidad que se adelantará, como lo hizo el a quo, al analizar el fondo de la controversia.

Al respecto debe destacarse que según lo planteado en la demanda, el Estado, a través de las demandadas tenía una posición de garante de la seguridad de la víctima, afirmación que sustentan en los cánones legales aplicables a los procesos de desmovilización y reincorporación de actores armados a la vida civil. A juicio de la sala, esa imputación es suficiente para establecer la legitimación de hecho de las demandadas, en tanto se les atribuyen presuntas omisiones en el ejercicio de sus competencias al respecto; de allí nace su legítimo interés para integrar el extremo pasivo de la controversia.

Las consideraciones respecto de su preciso ámbito funcional y demostrada participación activa u omisiva en los hechos materia del debate, serán elementos a tratar al definir el fondo de la controversia, que precisamente involucra la necesidad de establecer si (i) les asistían los deberes que la actora les atribuye y (ii) si incumplieron dicho estándar funcional.

Bajo dicha óptica, la sala considera que todas las demandadas están legitimadas en la causa por pasiva, lo que impone analizar, frente a cada una, su eventual responsabilidad en los hechos materia de la litis, por lo que modificará la sentencia impugnada en cuanto declaró la falta de legitimación pasiva del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y de la Nación - Ministerio del Interior.

1.4. La caducidad de la acción.

En cuanto a las pretensiones que se ventilan a través de la acción de reparación directa, el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo dispone que esta debe promoverse en un término máximo de dos años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de la causa del daño (hecho, omisión, operación administrativa u ocupación temporal o permanente).

En el sub lite se pretende endilgar responsabilidad a la demandada por la muerte del señor Rafael Cedeño Gómez, que tuvo lugar el 9 de julio de 2004, mientras que la demanda se promovió el 10 de julio de 2006, esto es, el último día del plazo legal previsto para ello, por lo que no operó la caducidad de la acción.

2. Problema jurídico.

Para definir la controversia y como quiera que sobre ello discurre el recurso que debe decidirse, analizará la sala si es posible imputarle responsabilidad al Estado por razón del hecho de un tercero y bajo qué circunstancias, de acuerdo con las evidencias aportadas y las particularidades del asunto. Para ello habrá de determinarse cuáles eran las obligaciones estatales respecto de las personas desmovilizadas de grupos armados ilegales en la época de los hechos y si se desconocieron en el sub lite. De igual manera será del caso precisar los procedimientos establecidos para dicha desmovilización y las cargas que estos imponían a quienes optaban por reincorporarse de manera voluntaria a la vida civil.

3. Análisis probatorio

3.1. El 27 de junio de 2004, a las 09.50 horas, se anotó en el libro de población de la Seccional de Policía Judicial de Villavicencio (fl. 271, c. 2):

Entrada reinsertado

A la hora y fecha se hace anotación de la entrada del señor Rafael Cedeño Gómez, 18 años de edad, nacido el 01-sept-85 en v/cio, quien se presentó manifestando pertenecer a las ACC, contraguerrillas leopardos en el municipio de [ilegible] (boy), y dice acogerse al plan de reinserción del gobierno nal ingresa sin novedad.

El 28 de junio del mismo año, a las 07.05 horas, el mismo libro presenta la siguiente anotación: “A la hora informa el señor s.s. Monroy Ávila que el joven Rafael Cedeño Gómez, es autorizado para dirigirse a la residencia de sus familiares, el antes mencionado se encuentra acogido al plan de reinserción s/n” (fl. 269, c. 2).

3.2. Mediante oficio de 7 de septiembre de 2010, el comandante del Departamento de Policía del Meta informó sobre la existencia de las referidas anotaciones en el libro citado y dijo que una vez salió la víctima de la estación, nunca regresó. Agregó que los motivos de su no comparecencia fueron desconocidos para la Policía hasta que se estableció que el referido joven fue asesinado el 9 de julio de 2004 (fl. 272, c. 2).

3.3. El 10 de julio de 2004, el Instituto Nacional de Medicina Legal adelantó diligencia de necropsia sobre el cadáver de Rafael Cedeño Gómez (>fl. 395, c. 2), en el que encontraron cuatro heridas por proyectil de arma de fuego. Indicó:

Se trata de un hombre adulto joven con edad aparente acorde con la cronológica de quien se desconocen antecedentes y que fue herido por sicarios en moto cuando se encontraba en un establecimiento público. durante la necropsia se documentan cuatro heridas por proyectil de arma de fuego, una en cráneo que solo involucra cuero cabelludo, una en cara y dos penetran a cavidades toracoabdominales produciendo la muerte de manera inmediata por hemorragia masiva. No se encuentra enfermedades previas desde el punto de vista macroscópico. No hay sindicados ni sospechosos al momento de la necropsia. El disparo en la cara fue a corta distancia. CONCLUSIÓN. HOMBRE ADULTO QUE FALLECE POR CHOQUE HERORRAGICO (SIC) SECUNDARIO A LACERACIÓN DE ORGANOS (SIC) TORACOABDOMINALES SECUNDARIO A HERIDAS POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO DE CARGA UNICA (SIC) Y LARGO ALCANCE.

Probable manera de muerte: Homicidio.

Causa probable de muerte: Proyectil de arma de fuego.

La defunción del señor Cedeño Gómez se registró el 9 de julio de 2004 en el correspondiente registro civil (fl. 27, c. 1). Por su parte, también consta que nació el 1 de septiembre de 1985 (fl. 26, c. 1) y, en tal virtud, está probado que en el momento de su deceso contaba con 18,86 años de edad.

3.4. La I.T. Sandra Bibiana Hurtado Garzón, quien fungía como jefe del grupo “armados ilegales de la SIJIN del Meta”, declaró ante la justicia penal militar, dentro de las diligencias preliminares que se adelantaron por los referidos hechos:

[M]e enteré en horas de la noche cuando salí a buscar a mi jefe al SS MONRROY quien se encontraba en la guardia de la SIJIN atendiendo a un muchacho de apellido CEDEÑO quien manifestaba pertenecer a un grupo ilegal armado y estaba solicitando información sobre el plan de reinserción a quien mi sargento le dio la información y le pregunto (sic) a qué grupo pertenecía este muchacho estaba acompañado de una señora que manifestaba ser su madre y ella le pidió permiso a mi sargento para presentarlo al día siguiente a las dos de la tarde porque ese día en horas de la mañana tenían una celebración de la hermana del muchacho, pero por sugerencia del SS MONRROY le dijo a la señora que dejara a RAFAEL SEDEÑO (sic) en las instalaciones y al otro día regresara a las 08.00 de la mañana a recogerlo y llevarlo nuevamente a las 02.00 de la tarde y proceder a la entrega formal pero nunca regresaron y como a los tres días yo me encontraba en el centro de la ciudad de Villavicencio cuando me encontré con el señor RAFAEL CEDEÑO nos saludamos y le pregunté que cuando (sic) iba a regresar a la sijin para desmovilizarse se sonrió me dijo que no quería. (…) normalmente a las instalaciones de la SIJIN llegaban muchas personas manifestando ser pertenecer (sic) a grupos armados ilegales a quienes después de realizarle una entrevista informal, donde se les solicitaba información sobre la organización, algunos de ellos nos manifestaban solo lo que se escuchaba en el pueblo y su alrededores; donde terminaban diciendo que estaban mal económicamente y que necesitaban dinero que no pertenecían a ningún grupo al margen de la ley; por tal motivo lo primero que hacíamos era realizar la entrevista informal y según la información suministrada se procedía a realizar el procedimiento establecido, como era la entrevista, el acta de entrega, el acta de buen trato y el oficio presentándolo a la Fiscalía, pero en el caso de CEDEÑO GÓMEZ lo que se hizo fue un procedimiento informativo porque ellos se acercaron a solicitar información y se acordó una entrega formal a las 02.00 de la tarde pero nunca se presentaron como se había acordado (…) no entregó material de guerra, de intendencia ni la información que no era verídica (sic).

3.5. El S.S. Jorge Efredy Monrroy Ávila, narró así lo sucedido en versión libre rendida ante la justicia penal militar:

[C]onocí a un joven que se identificó con ese nombre [Rafael Cedeño Gómez] a mediados del año pasado a las instalaciones de la SIJIN, una noche llegue (sic) de laborar en la calle como a eso de las 7 el suboficial de servicio me manifesto (sic) que habia (sic) llegado un muchacho que decía pertenecer a las autodefensas y que venía a acogerse al plan de reinserción del gobierno nacional, hable (sic) con el muchacho y en eso llego (sic) la señora madre para preguntar en que (sic) condiciones quedaba el joven, se le dijo que en ningún momento estaba capturado se le explicó de que (sic) se trataba el plan de reinserción entonces la señora manifestó que para el día siguiente tenia (sic) el cumpleaños de una hija que le iban a celebrar, entonces que si se odía (sic) llevar el muchacho y regresaban un día después de la celebración, agregó que vivían como a 5 6 cuadras de la SIJIN, en el barrio San Benito, le dije que lo dejara en las instalaciones esa noche y que mejor al otro día hacían eso en un momentico, es decir la celebración, que según la señora a partir una torta y hacer un almuerzo, efectivamente al día siguiente vino la señora a eso de las 8 o 9 de la mañana, a recoger al muchacho y quedaron de estar a las 14.00 horas para iniciar el procedimiento de ley, para mirar a ver si se podía ingresar al muchacho al plan de reinserción, total que se fueron y nunca regresaron, pasado un tiempo supe que al muchacho lo habían matado. (…) no le creí que viniera de un grupo armado, porque se notaba mentiroso, apenas tenía 18 años y decía que era comandante de muchos hombres y que él era el que cargaba la ametralladora M-60, cosa que no hacen los comandante (sic) y le pregunte (sic) que si tenía elementos, es decir, material de guerra o uniformes que mostraran que él sí venía de un grupo armado, dijo que no, le dije que si lo tenia (sic) encaletado que nosotros íbamos y los buscabamos (sic) y dijo que no, también le preguente (sic) si tenia (sic) información para adelantar operativos y ayudarle con lo de la reinserción y dijo que no sabía nada como para convertirla en una operación, total de lo poco que hablamos no le creí mucho, quedamos que al día siguiente a las 14.00 horas profundizaríamos en una entrevista, para tomar las decisiones del caso pero nunca regresó (…) es un acto puramente voluntario, no se les puede obligar ni capturar ni cosa parecida.

El 19 de agosto de 2004, el referido suboficial presentó informe escrito en similares términos (fl. 297, c. 2) dirigido al Defensor del Pueblo - Regional Meta.

3.6. El 15 de julio de 2004, la ahora demandante Amparo Gómez Castro (fl. 389, c. 2) declaró ante la Unidad de Reacción Inmediata de Fiscalía sobre los hechos. Si bien para estas diligencias sus dichos no tienen el carácter de prueba testimonial, en tanto provienen de quien conforma uno de los extremos de la controversia, sí pueden ser valorados en aquello que le resulte desfavorable, en tanto la ley procesal civil admite la confesión provocada y aún la espontánea, como medio de prueba(5), con la precisión de que solo reviste tal carácter respecto de los hechos que resulten adversos al declarante(6), no obstante, ningún hecho constitutivo de confesión se advierte en su narración, pues se limitó a referir que su hijo fue reclutado por paramilitares 19 meses atrás y que luego regresó a la casa y le manifestó su interés de desmovilizarse. También dijo que su hijo se entregó ante la Policía, que allí permaneció durante 3 días y que luego fue asesinado.

3.7. Por su parte, la joven Diana Sofía Sopó Castro (fl. 391, c. 2) declaró conoció a la víctima y fue su novia durante un año, luego del cual no volvió a saber de él durante tres años, pasados los cuales volvió a verlo, momento este último en el que advirtió una actitud indiferente de parte del señor Cedeño: “yo lo llamé y le pregunté que (sic) pasaba y él me dijo que no me quería boletar (sic) con nadie, antes, el día que lo mataron hacia (sic) quince días no me hablaba”. Dijo que él nunca le manifestó a qué grupo armado pertenecía porque no le tenía confianza.

3.8. El 26 de junio de 2006, el Juzgado 192 de Instrucción Penal Militar (fl. 156, c. 2) se abstuvo de abrir investigación contra el referido suboficial, por cuanto no encontró evidencia de una conducta suya tendiente a causar daño. Indicó que en el caso del señor Cedeño Castro no existían elementos para verificar que pertenecía a grupos paramilitares, pues se presentó sin armas, uniformes o insignias, al tiempo que el referido joven nunca regresó a la estación de policía con el fin de acogerse al programa de reinserción.

3.9. El 7 de diciembre de 2005 (fl. 312, c. 2) el Grupo de Control Interno del Comando de Policía del Meta archivó la indagación disciplinaria preliminar que adelantó por los mismos hechos, luego de considerar:

[S]i bien es cierto que la muerte del joven Rafael Cedeño Gomez no deja de ser un evento luctuoso, durante esta investigación se ha desvirtuado y no existe prueba alguna que comprometa al S.S. Monrroy Ávila Jorege, como su autor o coautor, por el solo hecho de haberle concedido el beneficio de participar en un evento familiar, pues como se sentó en precedente no existían bases firmes para ser incluido dentro del programa de reisnerción que le ofrecía el gobierno.

3.10. La Fiscalía investigó el homicidio del señor Cedeño Gómez (c. 4) y se recaudaron diversos testimonios, entre ellos nuevamente el de la ahora demandante (fl. 89, c. 4), quien dijo que a su hijo se lo habían llevado los paramilitares para que hiciera parte del grupo denominado “Los Buitragos”, en el que efectivamente permaneció durante 19 meses. Indicó que la noche que lo mataron estuvo con ella en un billar de su propiedad y salió a visitar a una de sus seis novias. Sobre su retención en las instalaciones de la SIJIN dijo que los policías lo dejaban salir en el día y que en la noche regresaba a dormir a la estación, lo que ocurrió hasta el día que lo mataron (ver numeral 3.6. sobre el valor probatorio de lo declarado por la ahora demandante).

3.10. Un año después de los hechos, el 30 de junio de 2005 (fl. 96, c. 4), la ahora demandante le solicitó a la Procuraduría que investigara las circunstancias de la entrega de su hijo a las autoridades en razón de irregularidades derivadas de que “los miembros de la SIJIN le autorizaban permisos para salir de dichas instalaciones sin ninguna seguridad y/o protección esto ocurrió durante los siguientes 12 días”. Por la misma época le pidió a la Defensoría del Pueblo que adelantara una investigación sobre los mismos hechos.

3.11. La propietaria del establecimiento de comercio en el que fue asesinado el señor Cedeño Gómez declaró (fl. 108, c. 4) que estaba en el lugar cuando escuchó los disparos y se tiró al piso, por lo que no pudo observar nada más. Luego percibió el sonido de una moto y después oyó que a un joven lo habían matado, pero no salió porque tuvo miedo. Un vecino del sector José Edilfredo Barreto (fl. 110, c. 4) también narró haber escuchado los disparos.

3.12. El señor Hugo Alexander Barragán Guarín (fl. 112, c. 4), agente de la SIJIN, manifestó que el día del homicidio del señor Cedeño Gómez estaba de turno y atendió el llamado que se realizó con ocasión de ese delito, llevó a la víctima hasta Saludcoop donde fue atendido y falleció. En similares términos declaró Rafael Barrera Salazar (fl. 114, c. 4) quien estaba de turno junto al primer testigo.

3.13. El padre de Rafael Cedeño Gómez rindió testimonio en los siguientes términos:

[M]i hijo me había comentado que lo habían convidado a trabajar en una finca ganadera ubicada en Casanare, mi hijo en ese tiempo tenía 17 años y yo como padre le dije a él que tuviera mucho cuidado porque los grupos paramilitares o guerrilleros engañaban a la juventud con trabajo para meterlos a las filas, el caso fue que así como se lo advertí yo le salió la cuestión, lo metieron a un grupo paramilitar que lo nombraron los del Casanare, durando 18 meses en las filas de ese grupo. A él se lo llvrson (sic) el 5 de noviembre de 2002, y en junio 10 de 2004 lo dejaron venir aquí a visitar a la familia, que tenía 4 días de permiso para visitar a la familia. Él con la experiencia que tuvo en ese tiempo que estuvo por allá, resolvió no volver a ingresar a ese grupo, y el día 27 de junio de 2004, siendo más o menos las 2 o 3 de la mañana llamó a una patrulla de la Policía diciendo que él quería entregarse que pertenecía a un grupo paramilitar y quería volver a la vida civil según el programa que sacó el Presidente de la República, esa madrugada amaneció en la Permanente Central de Policía, aproximadamente a las 9 o 9.30 de la mañanas (sic) fue trasladado a la SIJIN donde permaneció desde el 27 de junio hasta el primero de julio del 2004. El mismo día 27 de junio de 2004, nosotros los familiares nos enteramos que mi hijo se había entregado a la SIJIN (…) el día primero de julio se le llevó el desayuno, luego a medio día se le fue a llevar el almuerzo, y fue cuando supimos que él ya no estaba ahí que lo habían dejado salir, mi hijo Rafael por la tarde se reportó a la casa es decir, fue a la casa, y el día 2 salió y estuvo visitando familiares y el caso fue que transcurrieron ocho días así, llegando a la casa y visita a los amigos y familia, y el caso fue que el día 9 de julio del 2004 [lo asesinaron].

3.14. El 26 de octubre de 2006 (fl. 521, c. 49) la Fiscalía dictó resolución inhibitoria, en razón de la imposibilidad de identificar a los responsables del homicidio del joven Cedeño Gómez.

3.15. La Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas (fls. 543, c. 4) hizo constar que en sus archivos “no hay registro alguno que indique que el señor Rafael Cedeño Gómez, tenga la calidad de participante del Proceso de Reintegración adelantado por esta Alta Consejería Presidencial o haya obtenido certificación de calidad de desmovilizad[o] de un grupo organizado al margen de la ley”.

3.16. La Fiscalía General de la Nación certificó:

Verificadas las bases de datos se estableció que el señor Rafael Cedeño Gómez a la fecha no ha sido postulado por el Gobierno Nacional al procedimiento de Ley de Justicia y Paz. Por otra parte, es importante mencionar que las Autodefensas Campesinas de Casanare no se desmovilizaron colectivamente, razón por la cual, si el señor Cedeño Gómez desea reincorporarse a la vida civil, lo debe realizar a través de la desmovilización individual que es adelantado por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas - CODA del Ministerio de Defensa.

4. Análisis de la Sala.

La muerte del señor Cedeño Gómez no es un hecho discutido en el plenario y consta que efectivamente su deceso acaeció el 9 de julio de 2004, lo que constituye un daño personal y cierto.

En cuanto a la posibilidad de imputarlo a las demandadas, la sala considera que, aunque se trató de un homicidio perpetrado por desconocidos, ello no excluye por sí mismo la posibilidad de que se configure la responsabilidad del Estado, toda vez que en estos casos aquello que permite atribuírsela es el incumplimiento de sus deberes funcionales; esto es, aunque no exista una conducta activa de la administración, es viable plantear el juicio de imputación jurídica en razón de una omisión.

El fundamento fáctico de la imputación de responsabilidad se construyó en la sentencia impugnada, en sintonía con las alegaciones de la actora, por razón del hecho demostrado según el cual la víctima se presentó ante las autoridades el 27 de junio de 2004, con el fin de reincorporarse a la vida civil. En efecto, estima la sala que ese hecho quedó comprobado en razón de la anotación que en tal sentido reposa en el libro de población de la correspondiente estación de policía y así lo reconocieron los servidores de la demandada que laboraban para esa fecha en la Policía Nacional.

Para efectos de la decisión del recurso corresponde a la sala determinar, de acuerdo con la normatividad vigente para la época de los hechos, cuáles eran los beneficios a los que podía aspirar la víctima en razón de su exteriorizado interés en la desmovilización, así como las cargas que ello le imponía, con el fin de establecer si se encontraba en las condiciones para obtener la protección que, según se reclama, omitieron las accionadas.

La Ley 418 de 1997, “Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia” previó un marco jurídico temporal en virtud del cual el Gobierno Nacional quedó habilitado para adelantar diálogos con organizaciones armadas al margen de la ley a las que se les reconozca carácter político y negociaciones con estas, con la finalidad de obtener soluciones al conflicto armado interno y propender, entre otros objetivos, por la reincorporación a la vida civil de sus integrantes. La vigencia de dicha norma fue prorrogada mediante las leyes 548 de 1999 y 782 de 2002; esta última, abrió además la posibilidad de conceder indultos a los nacionales que, individualmente considerados, abandonen las filas de grupos armados ilegales. Así lo previó:

“ART. 19.—El artículo 50 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 548 de 1999, quedará así:

“ART. 50.—El Gobierno Nacional podrá conceder, en cada caso particular, el beneficio de indulto a los nacionales que hubieren sido condenados mediante sentencia ejecutoriada, por hechos constitutivos de delito político cuando a su juicio, el grupo armado organizado al margen de la ley con el que se adelante un proceso de paz, del cual forme parte el solicitante, haya demostrado su voluntad de reincorporarse a la vida civil.

También se podrá conceder dicho beneficio a los nacionales que, individualmente y por decisión voluntaria, abandonen sus actividades como miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley y así lo soliciten, y hayan además demostrado, a criterio del Gobierno Nacional, su voluntad de reincorporarse a la vida civil.

No se aplicará lo dispuesto en este título a quienes realicen conductas constitutivas de actos atroces de ferocidad o barbarie, terrorismo, secuestro, genocidio, homicidio cometido fuera de combate o colocando a la víctima en estado de indefensión. —Se resalta—.

Esta última norma allanó el camino para que los actores armados, individualmente considerados y con independencia de la posición colectiva de cada organización armada ilegal, pudieran someterse voluntariamente a la jurisdicción del Estado y recibir los beneficios previstos para tales eventos.

El 2003, con el fin de facilitar las condiciones para que los referidos ciudadanos pudieran reincorporarse a la vida civil, reglamentó esa posibilidad, pues se consideró “preciso fijar condiciones, que de manera precisa y clara, permitan establecer competencias, asignar funciones y desarrollar los procedimientos para acceder a los beneficios socioeconómicos, una vez iniciado el proceso de reincorporación a la vida civil como consecuencia de la desmovilización voluntaria”. Para tal efecto, adoptó las siguientes definiciones:

“ART. 2º—Definiciones. Para efectos de la aplicación del presente decreto se adoptan las siguientes definiciones:

Desmovilizado. Aquel que por decisión individual abandone voluntariamente sus actividades como miembro de organizaciones armadas al margen de la ley, esto es, grupos guerrilleros y grupos de autodefensa, y se entregue a las autoridades de la República.

Reincorporado. El desmovilizado certificado por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas, CODA, que se encuentre en el proceso de reincorporación a la vida civil.

Grupo familiar. Para aquellos beneficios, diferentes a salud, que involucren la familia, se entiende como grupo familiar del desmovilizado (a), el (la) cónyuge o el (la) compañero (a) permanente, los hijos y, a falta de cualquiera de los anteriores, los padres.

Cuando se trate de compañeros permanentes su unión debe ser superior a los dos años en los términos de la Ley 54 de 1990.

Beneficios. La ayuda humanitaria y los incentivos económicos, jurídicos y sociales que se otorgan a desmovilizados y reincorporados para su regreso a la vida civil.

CODA. Comité Operativo para la Dejación de las Armas.

Certificación del CODA. Es el documento que expide el Comité Operativo para la Dejación de las Armas, CODA, dando cuenta de la pertenencia del desmovilizado a una organización armada al margen de la ley y de su voluntad de abandonarla. Esta certificación permite el ingreso del desmovilizado al proceso de reincorporación y el otorgamiento a su favor, de los beneficios jurídicos y socioeconómicos de que hablan la ley y este decreto.

También previó que las personas interesadas en desmovilizarse debían presentarse ante las autoridades judiciales, militares, de policía o del Ministerio Público, quienes debían dar aviso inmediato a la Fiscalía y a la guarnición militar más cercana. De igual manera, estableció el derecho a acceder de manera inmediata a la ayuda humanitaria tendiente a la satisfacción de sus necesidades básicas. Así lo previó:

“ART. 3º—Desmovilización. Las personas que pretendan acceder a los beneficios previstos en este Decreto deberán presentarse ante jueces, fiscales, autoridades militares o de policía, representantes del Procurador, representantes del Defensor del Pueblo o autoridades territoriales, quienes informarán inmediatamente a la Fiscalía General de la Nación y a la guarnición militar más cercana al lugar de la entrega.

“ART. 4º—Recepción. Modificado por el art. 2º, Decreto Nacional 395 de 2007. Desde el momento en que la persona se presenta ante las autoridades a que se refiere el artículo anterior, el Ministerio de Defensa Nacional prestará la ayuda humanitaria inmediata que requiera el desmovilizado y su grupo familiar, cubriendo en todo caso sus necesidades básicas como son las de alojamiento, alimentación, vestuario, transporte, atención en salud y realizará la valoración integral del desmovilizado.

Seguidamente, el mencionado reglamento dispuso, a cargo del Ministerio de Defensa Nacional, la consecución de instalaciones especiales para el alojamiento de los desmovilizados a efectos de garantizar su seguridad, por lo que dispuso que “durante este proceso de desmovilización, el Ministerio de Defensa Nacional gestionará la consecución de instalaciones especiales de seguridad para efectos de alojar a los desmovilizados, de manera que se procure su integridad personal y permanencia”.

Conforme a la norma en cita, una vez recibido el desmovilizado por el Ministerio de Defensa, la administración contaba con un término de tres días hábiles para dar aviso de ello al Ministerio del Interior(7) y de 15 más para entregárselo:

Una vez recibido el desmovilizado por parte del Ministerio de Defensa Nacional, deberá dar aviso de tal circunstancia al Ministerio del Interior en el término de tres (3) días hábiles, y procederá a entregárselo en un término no mayor a quince (15) días calendario adicionales.

La entrega física del desmovilizado se hará mediando un acta en la cual constarán los datos iniciales de su individualización, su huella dactilar y las circunstancias de su desmovilización del grupo armado al que pertenecía.

PAR. 1º—Para efectos de adelantar la investigación correspondiente y definir la situación jurídica de las personas beneficiarias del presente decreto, el Ministerio del Interior coordinará con la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura la designación de fiscales y jueces de menores.

PAR. 2º—La Defensoría del Pueblo promoverá la designación de abogados de oficio con dedicación exclusiva para ejercer la defensa del desmovilizado.

El artículo 5º del decreto en cita también previó la obligación estatal de velar por el respeto de los derechos humanos de quienes abandonen en forma voluntaria las armas, para lo cual dotó de competencias al programa presidencial de promoción, respeto y garantía de los Derechos Humanos, que en virtud del Decreto 519 de 2003 se transformó en programa presidencial de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario:

“ART. 5º—Garantía de los derechos humanos. En armonía con lo dispuesto por la letra c) del artículo 12 del Decreto 127 de 2001, el programa presidencial de promoción, respeto y garantía de los Derechos Humanos, velará por el respeto de los derechos humanos de las personas que abandonen voluntariamente las armas y el correcto cumplimiento de los procesos de desmovilización y reincorporación a la vida civil, para lo cual podrá adelantar visitas a las instalaciones de seguridad, o de educación en que se encuentren los desmovilizados, y solicitar a los órganos y entidades que hacen parte de los procesos de desmovilización y reincorporación, toda la documentación e información que requiera, lo mismo que adelantar las demás acciones que considere pertinentes para el cabal desarrollo de su función.

El mismo reglamento previó una serie de beneficios para los desmovilizados en distintos ámbitos, entre ellos el atinente a su seguridad personal. Así lo dispuso:

“ART. 8º—Beneficios de protección y seguridad. El Ministerio de Defensa Nacional o el Ministerio del Interior, según corresponda, coordinarán con el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y la Policía Nacional, las medidas necesarias para brindar seguridad tanto al desmovilizado o reincorporado como a su grupo familiar, en los casos en que esto último fuese necesario. —Se resalta—.

Seguidamente, el Decreto 128 de 2003 previó las condiciones para la reincorporación de los desmovilizados a la vida civil, que imponían la necesidad de que el Comité Operativo para la Dejación de las Armas evaluara la voluntad que en tal sentido exteriorizara el desmovilizado y certificara la pertenencia del desmovilizado a una organización armada y su decisión de abandonarla. La condición de reincorporados abría la puerta a otros beneficios jurídicos y económicos detallados en el aludido reglamento.

Como se ve, la condición de desmovilizado se adquiría bajo dos condiciones, conforme a la definición contenida en el precitado artículo 2º: (i) el abandono de la organización armada ilegal y (ii) la entrega voluntaria a las autoridades de la República. Esta entrega debía surtirse ante cualquiera de las autoridades enlistadas en el artículo 3º, incluidas las autoridades policía, que por ese solo hecho estaban obligadas a informar inmediatamente a la Fiscalía General de la Nación y a la guarnición militar más cercana.

En este caso, como la acreditada presentación voluntaria del señor Cedeño Gómez ante las autoridades tuvo lugar ante una estación de policía, era el Ministerio de Defensa - Policía Nacional el encargado de efectuar la entrega inmediata al ente investigador, lo que está probado omitió. Era el mismo ministerio, a través de la guarnición militar correspondiente, el encargado para entonces de dar aviso al del Interior y de entregarle al desmovilizado en un período de 15 días.

Con fundamento en lo expuesto, podría verificarse, en principio, un criterio de imputación de responsabilidad a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, pues, según lo probado, la víctima se presentó voluntariamente a las instalaciones de la SIJIN y no fue puesta inmediatamente a disposición de la Fiscalía ni de una guarnición militar, como correspondía. Sin embargo, estima la sala, de acuerdo con las normas constitucionales(8) y convencionales(9) que garantizan el derecho a la libertad personal, así como con aquellas que disponen la reserva judicial para la imposición de medidas restrictivas de esa garantía fundamental, que los agentes de policía no estaban facultados para retener contra su voluntad al señor Cedeño Gómez y, en tal virtud, su decisión de desmovilizarse, reflejada en la entrega a las autoridades, incluía la necesaria voluntad de permanecer bajo la custodia de estas mientras se surtían los trámites legales para la reincorporación a la vida civil, bajo el entendido de que no estaba privado de la libertad.

Esto es así por cuanto por virtud de las referidas disposiciones superiores, la privación de la libertad solo puede tener lugar por virtud de orden judicial o eventualmente en ejercicio de la detención preventiva como una herramienta excepcional que impone dejar al capturado cuanto antes a disposición de la autoridad judicial competente, excepción que se acompasa con el mandato del artículo 32 de la Carta, de acuerdo con el cual, quien sea sorprendido en flagrancia puede ser aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona:

“ART. 32.—El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona. Si los agentes de la autoridad lo persiguieren y se refugiare en su propio domicilio, podrán penetrar en él, para el acto de la aprehensión; si se acogiere a domicilio ajeno, deberá preceder requerimiento al morador.

Sobre el particular, la Corte Constitucional, en Sentencia C-237 de 2005, al examinar la constitucionalidad de la norma del Decreto 2700 de 1991 que permitía la captura sin orden, reconoció que, si bien la competencia para ordenar una restricción al mencionado derecho fundamental está reservada a los jueces, los casos de flagrancia en los que la Constitución habilita la captura por cualquier persona constituyen una evidente excepción a dicho principio. Dijo la Corte:

De lo expuesto, es claro que la Constitución establece una reserva judicial que beneficia al derecho fundamental a la libertad personal, debido a la exigencia de los requisitos ya señalados. Así las cosas, solo las autoridades judiciales cuentan con la competencia para privar de la libertad. En consecuencia, las autoridades administrativas no poseen la facultad, motu propio, de privar de la libertad sea directa o indirectamente, al menos que esta decisión provenga de la autoridad judicial competente.

Por ende, dicha reserva judicial, no es sino el resultado de la tridivisión del poder al interior de un Estado democrático, en el cual se excluye la posibilidad que una autoridad administrativa límite el ejercicio de la libertad personal sin el lleno de los parámetros exigidos por la Constitución. Lo anterior, por cuanto la libertad personal es un derecho fundamental esencial al Estado social de derecho como principio fundante del Estado Colombiano.

En resumen, se puede afirmar, que la privación de la libertad, a través de la captura, entendida como el acto material de aprehensión que puede realizarse durante o después de un proceso, encuentra fundamento constitucional en el artículo 28 de la Carta Política que, a su vez, determina las garantías que deben rodearla. Es decir, la detención de una persona solo procede (1) por motivos previamente definidos en la ley, (2) con acatamiento de las formalidades legales y (3) por mandamiento escrito de autoridad judicial competente. Con ello puede concluirse que la Carta establece una estricta reserva judicial en materia de libertad personal.

No obstante, existiendo la reserva judicial mencionada como principio, se presenta la excepción a la exigencia del “mandamiento escrito de autoridad judicial competente”: consistente en la captura en flagrancia regulada por el artículo 32 Constitucional.

(…).

El concepto de flagrancia indica que un actuar se está ejecutando actualmente. Así las cosas, la excepción al principio de reserva judicial basado en la flagrancia, para la privación de la libertad, implica que un delincuente sea aprehendido en el momento en que está ejecutando una conducta punible o cuando es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas, que permita inferir fundadamente que se cometió una conducta punible.

En estos eventos no será indispensable un mandamiento escrito de autoridad judicial competente. Sin embargo, es necesario que la persona capturada en flagrancia sea conducida ante un juez.

Por consiguiente, la posibilidad de captura sin el cumplimiento de la reserva judicial, no puede ir desvinculada de la flagrancia. En este orden de ideas, debe afirmarse que la flagrancia trae consigo la captura inmediata y ante la ausencia de esta no es acertado hablar de flagrancia.

La referida excepción a la captura mediante orden judicial se trasladó a la Ley 906 de 2004, de acuerdo con la cual:

EnlascapturasenflagranciayenaquellasendondelaFiscalíaGeneraldelaNación,existiendomotivosfundados,razonablementecarezcadelaoportunidaddesolicitarelmandamientoescrito, el capturado deberá ponerse a disposición del juez de control de garantías en el menor tiempo posible sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes.

En Sentencia C-730 de 2005, la Corte Constitucional declaró inexequible el aparte subrayado, al considerar que la redacción de la norma otorgaba un margen más amplio a la referida excepción a la reserva judicial para la detención, que aquel que la Constitución otorgó a la captura en flagrancia, pronunciamiento con el que se reafirmó el carácter excepcionalísimo de dicha figura:

Ahora bien, la Corte constata que las expresiones “En las capturas (¿) en donde la Fiscalía General de la Nación, existiendo motivos fundados, razonablemente carezca de la oportunidad de solicitar el mandamiento escrito, el capturado deberá ponerse a disposición del juez de control de garantías en el menor tiempo posible sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes.” dejan un amplísimo margen de interpretación que no se compadece con el carácter excepcional fijado por el Constituyente derivado para la competencia que podría atribuirse a la Fiscalía General de la Nación para efectuar capturas según el Acto Legislativo 3 de 2002. La amplitud e indeterminación de las expresiones “existiendo motivos fundados” y “razonablemente carezca de la oportunidad de solicitar el mandamiento escrito”, al tiempo que contradicen el principio de legalidad (C.P., art. 29) no contienen ningún elemento de excepcionalidad pues aluden simplemente a “motivos fundados” los cuales siempre pueden existir, y a “motivos razonables” que comprenden una amplísima gama de posibilidades y no a las situaciones extremas y de imposibilidad manifiesta de poder acudirse ante el juez de garantías que son las que podrían predicarse de una situación excepcional como a la que aludió el Constituyente derivado.

En este sentido las disposiciones acusadas bien pueden entenderse en el sentido de convertir en regla general lo que para el Constituyente fue claramente una excepción.

Para la Corte no cabe como lo señalan algunos de los intervinientes entender que la indeterminación a que se ha aludido puede superarse concordando las expresiones acusadas con los mandatos contenidos en los artículos 114-7 y 300 de la misma Ley 906 de 2004, pues independientemente de si dichos artículos en sí mismos atienden o no el presupuesto de excepcionalidad exigido por el Constituyente, así como si los mandatos en ellos contenidos respetan o no el principio de legalidad, es claro que las disposiciones acusadas tienen una autonomía normativa que permite que las mismas puedan ser aplicadas sin necesidad de acudir a otras normas de la Ley 906 de 2004.

Desde esta perspectiva y por cuanto como se ha visto con ellas se desvirtúa claramente el mandato superior señalado en el artículo 250-.1, y se vulnera además del artículo 29 superior, las expresiones acusadas “y en aquellas en donde la Fiscalía General de la Nación, existiendo motivos fundados, razonablemente carezca de la oportunidad de solicitar el mandamiento escrito” serán declaradas inexequibles y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.

Así las cosas es preciso concluir que el ordenamiento constitucional solo avala la captura por orden judicial y, de manera excepcionalísima, admite la posibilidad de capturar en flagrancia a quien es sorprendido como presunto infractor de la ley penal(10), detención que solo puede tener como finalidad la de presentarlo ante el funcionario judicial competente dentro del término previsto en la ley.

Para el caso particular (i) no hubo orden judicial de detención, por cuanto la presentación de la víctima ante las autoridades fue voluntaria y (ii) el hecho de haberse identificado como integrante de un grupo armado no puede equipararse a un caso de flagrancia, pues ello conlleva la imperiosa necesidad de que el afectado sea sorprendido en la comisión de una conducta punible o inmediatamente después por voces de auxilio o con objetos o elementos que permitan inferir, fundadamente, su participación en una actividad criminal(11). Como ninguna de tales situaciones se presentó, los policiales no podían retenerlo contra su voluntad, lo que explica que hubieran autorizado su retiro con destino a un evento familiar, bajo el compromiso de presentarse al día siguiente.

La Sala comparte lo afirmado por la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional en el recurso que se decide, al estimar que los policiales hubieran comprometido inclusive su responsabilidad personal al impedirle a la víctima su libre movilización cuando no estaba sujeto a medida alguna restrictiva de su libertad, ni se presentaban las condiciones objetivas previstas en el ordenamiento jurídico que permitieran retenerlo contra su voluntad(12).

Ahora bien, no hay prueba de lo afirmado por el padre de la víctima respecto de que el joven regresó y era autorizado diariamente para retirarse de la estación de Policía(13). Las actas del libro de población no registran nuevas entradas de la víctima luego de su retiro voluntario ocurrido el 28 de junio de 2004; nótese cómo los padres de la víctima reconocen en sus declaraciones trasladadas a este expediente que vieron a su hijo en los días posteriores transitando por la ciudad de Villavicencio, pese a lo cual tampoco regresó ante la autoridad de policía con el fin de que se surtiera en su totalidad el proceso de desmovilización y reincorporación a la vida civil. De igual manera sus dichos son contradictorios, pues la ahora demandante sostuvo que el hijo sí abandonó definitivamente las instalaciones de la Policía, mientras que su padre afirma que pernoctó allí hasta el día de su muerte.

Así las cosas, lo probado es que la víctima, conocedor de los riesgos que entrañaba su situación, abandonó en forma voluntaria las instalaciones de policía, en las que podía beneficiarse de un estándar de seguridad adecuado, con lo que se expuso de manera imprudente a un riesgo para su seguridad personal, el que finalmente se materializó luego de 12 días de su salida voluntaria, dentro de los que cesaron sus actuaciones tendientes a mantenerse en el proceso de desmovilización.

Aunque la condición de desmovilizado la adquirió la víctima con su entrega a la autoridad de policía, lo cierto es que al abandonar el procedimiento tendiente a la materialización de los beneficios que la ley le otorgaba cesó dicha condición, que, se insiste, imponía una conducta permanente tendiente a exteriorizar la voluntad de sometimiento a la potestad del Estado.

Nótese que aunque existen deberes de protección por parte del Estado a los desmovilizados, que son exigibles desde el mismo momento de la entrega a las autoridades, estos deben ejecutarse de cara a cada caso concreto, esto es, previo análisis de las condiciones particulares de cada ciudadano; para el caso del accionante no hay evidencia de que hubiera puesto de presente alguna situación de amenaza contra su integridad, ni esta aparecía evidente al momento de su presentación de las autoridades, menos aún 12 días después cuando fue asesinado.

Con todo, si bien la condición de desmovilizado generaba algún escenario de previsibilidad respecto de los posibles riesgos que entrañaba su seguridad personal, fue su propia conducta de abandonar el proceso de desmovilización y reincorporación a la vida civil la que resultó relevante en el ataque que se produjo en su contra, perpetrado cuando la víctima permanecía en un establecimiento comercial abierto al público, desprovisto de la protección que podía encontrar en manos de las autoridades, de las que voluntariamente se alejó, con lo que también dejaron de ser exigibles a las autoridades los beneficios que la desmovilización otorga.

En tal virtud, no resultaría razonable ni proporcionado señalar que el Estado tenía la carga de disponer medidas de protección personal respecto de quien había manifestado que se dedicaba a actividades ilegales y abandonó el proceso de reincorporación a la vida civil. Alejada la víctima, por decisión propia, de la protección estatal, se materializó el riesgo que se cernía sobre su seguridad personal, producto de su pertenencia previa a un grupo armado ilegal, por lo que se configuró la culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad del Estado, lo que impone revocar la sentencia impugnada que condenó a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional.

Ahora bien, pese a que para la época de los hechos el Ministerio de Interior tenía competencias en el proceso de desmovilización de integrantes de grupos armados ilegales(14), la víctima nunca fue puesta a su disposición y, en tal virtud, no comprometió en modo alguno su responsabilidad, por lo que será exonerado. Por su parte, las competencias de la Presidencia, a través del programa de derechos humanos y DIH se debían ejercer mediante visitas y verificación de las instalaciones de seguridad y educación dispuestas para la permanencia temporal de los desmovilizados; sin embargo, como la víctima nunca llegó a uno de tales establecimientos, no es posible imputarle responsabilidad al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en tanto no hubo oportunidad para que su conducta fuera relevante respecto de la particular situación de la víctima, por lo que también es preciso absolverlas de responsabilidad.

Bajo tales consideraciones queda relevada la sala de adentrarse en el análisis del recurso adhesivo, concerniente a la cuantía de la indemnización.

5. Costas.

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria o de mala fe atribuible a los extremos procesales, como lo exige el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —Subsección B—, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia de 10 de septiembre de 2015, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Descongestión, acogió parcialmente las pretensiones de la demanda. En su lugar se dispone:

1. NEGAR las pretensiones de la demanda.

2. Sin costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

3 Código Contencioso Administrativo, artículo 82. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la constitución y la ley.

4 Además de los daños materiales, tasados como mínimo en $ 10.000.000, se pidieron 1.000 SMLMV como indemnización por daño moral, estimación con fundamento en la cual la Sección Tercera del Consejo de Estado, al conocer el recurso de súplica contra la providencia que rechazó el recurso de apelación en contra del auto que había terminado el proceso por perención, determinó que el asunto es de doble instancia y, en tal virtud, dio trámite a la alzada.

5 Código de Procedimiento Civil, artículo 194. Confesión judicial. “Confesión judicial es la que se hace a un juez, en ejercicio de sus funciones; las demás son extrajudiciales. La confesión judicial puede ser provocada o espontánea. Es provocada la que hace una parte en virtud de interrogatorio de otra parte o del juez, con las formalidades establecidas en la ley, y espontánea la que se hace en la demanda y su contestación o en cualquier otro acto del proceso sin previo interrogatorio”.

6 Ibídem, artículo 195. Requisitos de la confesión. La confesión requiere:

1. Que el confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado.

2. Que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria.

3. Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba.

4. Que sea expresa, consciente y libre.

5. Que verse sobre hechos personales del confesante o de que tenga conocimiento.

6. Que se encuentre debidamente probada, si fuere extrajudicial o judicial trasladada. —Se resalta—.

7 Mediante el Decreto 1391 de 2011 se atribuyó dicha competencia de la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas; sin embargo, se cita la norma original, conforme a su contenido vigente en la época de los hechos.

8 Constitución Política de Colombia, artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que este adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.

En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”.

9 Artículo 7º. “Derecho a la libertad personal.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. (…)”.

10 En Sentencia C-176 de 2007, la Corte Constitucional declaró inexequible la norma del Código Nacional de Policía que permitía la captura administrativa en casos de infracción a las normas policivas.

11 De acuerdo con el Código de Procedimiento Penal vigente en la época de los hechos, Ley 600 de 2000, la flagrancia se configura en los siguientes eventos:

“ART. 345.—Flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando:

1. La persona es sorprendida y aprehendida al momento de cometer una conducta punible.

2. La persona es sorprendida e identificada o individualizada al momento de cometer la conducta punible y aprehendida inmediatamente después por persecución o voces de auxilio de quien presencie el hecho.

3. Es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas, de los cuales aparezca fundadamente que momentos antes ha cometido una conducta punible o participado en ella”.

12 Ley 599 de 2000. “ART. 174.—Privación ilegal de libertad. El servidor público que abusando de sus funciones, prive a otro de su libertad, incurrirá en prisión de tres (3) a cinco (5) años.

“ART. 175.—Prolongación ilícita de privación de la libertad. El servidor público que prolongue ilícitamente la privación de libertad de una persona, incurrirá en prisión de tres (3) a cinco (5) años y pérdida del empleo o cargo público.

“ART. 176.—Detención arbitraria especial. El servidor público que sin el cumplimiento de los requisitos legales reciba a una persona para privarla de libertad o mantenerla bajo medida de seguridad, incurrirá en prisión de tres (3) años a cinco (5) años y pérdida del empleo o cargo público”.

13 Lo anterior aunado a las circunstancias de sospecha que rodean su declaración en razón de su vínculo de parentesco con la víctima y afectivo con la ahora demandante, lo que impone un análisis más estricto de sus declaraciones.

14 Las que a partir de 2011 fueron transferidas a la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos alzados en armas, en virtud del Decreto 1391 de dicho año.