Sentencia 2006-00878 de septiembre 16 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 47001-23-31-000-2006-00878-02(17771)

Consejera ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodriguez

Actor: Empresa Colombiana de Petróleos Ecopetrol

Demandado: Municipio de zona bananera

Bogotá, D.C., dieciséis de septiembre de 2011.

EXTRACTOS:«Consideraciones de la Sala

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 11 de marzo de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena que declaró la nulidad de los acuerdos 011 de 2003 y 005 de 2004.

El tribunal declaró la nulidad al considerar que los acuerdos fueron expedidos sin ajustarse a norma superior, toda vez que en ellos se determinaron los elementos del impuesto de alumbrado público, teniendo como consideración para la imposición del tributo situaciones diversas tales como el estrato, la actividad económica, el sector, etc., lo que viola los principios constitucionales de la igualdad y equidad del derecho tributario y porque la Ley 97 de 1913, en que se sustentaron, ha perdido aplicabilidad toda vez que carece de las exigencias previstas en la Constitución Política.

El municipio controvierte la decisión porque considera que la sentencia viola el principio de congruencia pues no es concordante con las peticiones de las partes; considera que los acuerdos demandados se ajustan a la legalidad pues se limitaron a aplicar las leyes 97 de 1913 y 84 de 1915. Así mismo, manifiesta que ni el Código de Petróleos ni las normas enunciadas por el demandante contienen un tratamiento tributario preferencial en relación con el impuesto sobre el servicio de alumbrado público.

Se precisa:

Por tratarse de un asunto que incide directamente en la decisión que habrá de proferirse, la Sala se refiere en primer lugar a la decisión adoptada por la Sección en la sentencia del 23 de junio de 2011, Expediente 17526, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, en la que se pronunció en los siguientes términos:

“(...).

En primer lugar, la Sala advierte que en cumplimiento del auto del 8 de julio de 2010 el Tribunal Administrativo del Magdalena remitió copia auténtica del fallo del 30 de septiembre de 2009 mediante el cual esa corporación declaró la nulidad de los acuerdos 11 de 2003 y 5 de 2004 del concejo municipal de zona bananera.

Providencia que fue notificada por edicto fijado el 8 de octubre de 2009, sin que las partes la hubieran apelado y quedó ejecutoriada el 16 de octubre del 2009, según consta al respaldo del folio 331 y lo informó el tribunal en el oficio remisorio.

Ejecutoriada la decisión anulatoria de los acuerdos 11 de 2003 y 5 de 2004 del concejo municipal de zona bananera, surte el efecto jurídico previsto en el inciso primero del artículo 175 del Código Contencioso Administrativo, que impide pronunciamiento adicional, pues declarada la nulidad de tales acuerdos tiene fuerza de cosa juzgada erga omnes.

(...)”.

El fenómeno de la cosa juzgada opera cuando por razón de una decisión de fondo, debidamente ejecutoriada, la jurisdicción ha tenido la posibilidad de pronunciarse sobre la causa petendi juzgada en un proceso anterior.

La Sala precisa que aún cuando las partes no hubieren alegado la excepción de “cosa juzgada” el fallador debe dar aplicación al artículo 306 del Código de Procedimiento Civil que dispone que “cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción, deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia”.

Esta figura jurídica imposibilita que se emitan pronunciamientos futuros sobre el mismo asunto, dada su definición previa a través de providencias en firme, en defensa de la seguridad jurídica.

Por su parte, el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo estableció:

“La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes.

La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada.

La sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de reparación directa y cumplimiento, producirá cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes; la proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quien hubiere intervenido en el proceso y obtenido esta declaración a su favor.

Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo intendencial, comisarial, distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente los decretos reglamentarios.

De esta forma quedó consagrada la cosa juzgada en las acciones de nulidad simple; de modo que si la decisión es anulatoria, el efecto será erga omnes con carácter absoluto y la sentencia será oponible a cualquier demandante que pretenda por los mismos motivos, iniciar el debate judicial.

De lo anterior se observa que anulados los acuerdos 011 de 2003 y 005 de 2004, objeto de la presente acción, por el Tribunal Administrativo del Magdalena a través de la sentencia del 30 de septiembre de 2009, dentro del Proceso 47-001-2331-003-2008-0024-00, como se precisó, se configuró la figura jurídica de la cosa juzgada erga omnes, lo que impide a la Sala proferir un nuevo fallo de fondo sobre la pretensión de nulidad de los citados acuerdos, por lo que habrá de estarse a lo dispuesto por la sentencia mencionada.

“Lo anterior, por cuanto la “cosa juzgada” opera sin limitación alguna, de tal suerte que, una vez declarada la nulidad de una norma, esta desaparece del escenario jurídico y no puede ser motivo de una nueva impugnación, a fin de mantener la certeza en las relaciones jurídicas, toda vez que sin la fuerza obligatoria de las sentencias no se pondría fin a las controversias que se suscitan, ni se le daría eficacia a las decisiones, lo que entrañaría un estado de indefensión, incertidumbre e inseguridad jurídica y deslegitimaría el ejercicio de la función jurisdiccional”(13).

Por lo anterior, se revocará la sentencia aquí apelada y, en su lugar, frente a las pretensiones de nulidad de los acuerdos 011 de 2003 y 005 de 2004, del concejo municipal de zona bananera y las pretensiones subsidiarias que formuló el demandante, se ordenará estarse a lo dispuesto por el Tribunal Administrativo del Magdalena en la sentencia del 30 de septiembre de 2009 mencionada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 11 de marzo de 2009. En su lugar,

1. DECLÁRASE probada de oficio la excepción de cosa juzgada respecto de los acuerdos 011 de 2003 y 005 de 2004 expedidos por el Concejo Municipal de Zona Bananera - Magdalena, de conformidad con la parte motiva de esta providencia; en consecuencia, estése a lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Administrativo del Magdalena del 30 de septiembre de 2009, M.P. María Victoria Quiñones Triana, Radicado 47-001-2331-003-2008-0024-00.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(13) Sentencia del 30 de mayo de 2011, Expediente 17821-18257, consejero ponente William Giraldo Giraldo.