Sentencia 2006-00882 de marzo 18 de 2010

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: 170012331000200600882 01

Número interno 17685

Consejera Ponente (e):

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Lubrillantas Dorada LTDA. Contra la DIAN

Bogotá, D.C., dieciocho de marzo del dos mil diez

Fallo

EXTRACTOS:«Consideraciones

En los términos de la apelación, la Sala determina si se ajustan a derecho los actos por los cuales la DIAN modificó la declaración de renta de la actora del 2001. En concreto, analiza si la sanción por no informar que se impuso en los actos de determinación oficial podía graduarse en el 1% del valor de la información entregada extemporáneamente, o si debía imponerse la sanción máxima del 5%. En caso de que proceda la graduación debe precisarse si tal decisión viola el principio de congruencia de la sentencia.

El artículo 651 del estatuto tributario establece una sanción para los contribuyentes obligados a suministrar información tributaria y para aquellos a los que la administración les solicitó informaciones o pruebas, cuando no entregan la información dentro del plazo que debían hacerlo, cuando la entregan con errores y cuando suministran información distinta de la que se les pidió.

Conforme a dicha norma, una de las sanciones es la multa que se aplica bajo los siguientes criterios:

1. Hasta el 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, se suministró en forma errónea o se hizo extemporáneamente.

2. Hasta el 0.5% de los ingresos netos, cuando no sea posible establecer la base para tasarla, o la información no tuviere cuantía. Si no existieren ingresos, hasta el 0.5% del patrimonio bruto del contribuyente o declarante, correspondiente al año inmediatamente anterior o última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio.

La Sala ha reiterado que “es evidente que cuando el artículo 651 del estatuto tributario utiliza la expresión ‘hasta el 5%’, se le está otorgando a la administración un margen para graduar la sanción, pero esta facultad no puede ser utilizada de forma arbitraria”, por tanto corresponde al funcionario fundamentar su decisión de imponer el tope máximo con argumentos que deben atender no solo los criterios de justicia y equidad, como ya se mencionó, sino también los de razonabilidad y proporcionalidad de la sanción, tal y como fue expuesto por la Corte Constitucional en Sentencia C-160 de 1998(1).

De otra parte, el artículo en comentario dispone que la sanción puede reducirse al 10% de su valor, si la omisión que la genera se subsana antes de notificarse el acto sancionatorio, o al 20%, si es subsanada dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación. En ambos casos se requiere que el obligado presente un memorial de aceptación de la sanción reducida, en el cual acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la misma.

Así las cosas, una es la facultad de la administración para graduar la sanción con base en los principios de justicia, equidad, razonabilidad y proporcionalidad, que se analizan en cada caso. Y, otra, la reducción de la sanción en los porcentajes expresamente permitidos por el legislador, siempre que se cumplan los requisitos previstos por este.

En este caso, se encuentran probados los siguientes hechos:

• El 5 de mayo de 2003, la DIAN envió a la actora requerimiento ordinario de información en relación con la declaración de renta de 2001(2), para lo cual dio un plazo de quince días. El correo que se envió para notificar dicho requerimiento fue devuelto el 23 de mayo de 2003, de modo que el 24 de octubre de 2003 se publicó en el diario “La República” (fls. 3-9, cdno. 2).

• El 26 de enero de 2004, la DIAN envió a la demandante otro requerimiento de información respecto de la misma declaración de renta(3), para lo cual le dio un plazo de quince días. El correo que se envió para notificar este requerimiento también fue devuelto el 28 de enero de 2004, por lo que el 20 de febrero del mismo año se publicó por aviso en el periódico “El Tiempo” (fls. 38-45, cdno. 2). La información no se entregó.

• El 18 de marzo de 2004, la DIAN expidió el Requerimiento Especial 100762004000037 (fls. 49-58, cdno. 2). En este se propuso imponer sanción por no informar de $ 242.857.000, equivalente al 5% del valor respecto del cual no se suministró la información ($ 4.857.149.000). Además, se propuso el rechazo de deducciones por pérdida de inventarios y por provisión de cartera, y el desconocimiento de pasivos y gastos financieros.

• El 22 de junio de 2004, la actora respondió el requerimiento especial y anexó los documentos que se le solicitaron en el requerimiento ordinario de 26 de enero de 2004 (fls. 77 y ss., cdno. 2; 135-147, cdno. 3). En la respuesta, la demandante pidió que se le graduara la sanción teniendo en cuenta las circunstancias que justificaban la presunta omisión y el presunto perjuicio causado. También solicitó que se redujera la sanción.

• Por Liquidación Oficial de Revisión 100642004000075 de 1º de diciembre de 2004, la DIAN mantuvo las glosas del requerimiento. Aclaró que el valor de la sanción propuesta en el requerimiento especial no se podía reducir porque la contribuyente no acreditó el pago ni el acuerdo de pago de la misma.

• La demandante recurrió la anterior decisión en reconsideración. Señaló que la no entrega de información obedeció a una causa justa, dada la devolución del correo requerimiento ordinario que la pedía. Además, alegó que la información se anexó a la respuesta del requerimiento especial, de modo que no había renuencia (fls. 284-291, cdno. 3): A su vez, adjuntó las fotocopias de los pagares que respaldaban los pasivos del periodo y de los comprobantes de egreso en los que constaba el pago de los intereses (fls. 292-340, cdno. 3).

• Por Resolución 10-077-2005-000039 de 22 de diciembre de 2005, la DIAN modificó la liquidación oficial, pues aceptó algunos pasivos y la deducción por provisión de cartera. Además, mantuvo la sanción por no enviar información (fls. 412-434, cdno. 3).

Así pues, sobre la base de que los requerimientos ordinarios fueron notificados en debida forma, aspecto que no controvirtió la actora, es evidente que esta no suministro la información solicitada por la DIAN dentro del plazo que se le concedió para el efecto. En consecuencia, procedía la sanción del artículo 651 del estatuto tributario.

No obstante, como la información solicitada en el requerimiento ordinario de 26 de enero de 2004 fue suministrada con la respuesta al requerimiento especial y el recurso de reconsideración, y tenía que ver con la declaración de renta de 2001, que era la que se estaba revisando por la DIAN, la sanción debía graduarse en el 1%.

Lo anterior, porque no se obstaculizó totalmente la facultad de fiscalización de la DIAN, aunque sí se hizo más difícil, dado que fue necesario requerir varias veces al contribuyente para que colaborara con la entrega de la información para la correcta determinación de los tributos a su cargo.

En consecuencia, por razones de justicia y equidad no podía sancionarse a la actora con la máxima sanción permitida en la ley, para la cual podía ejercerse el mecanismo de graduación que efectivamente utilizó el a quo.

En cuanto al principio de congruencia de la sentencia, observa la Sala:

Los artículos 170 del Código Contencioso Administrativo y 305 del Código de Procedimiento Civil prevén la armonía que debe existir entre la parte motiva y la resolutiva de los fallos, lo que se denomina congruencia interna de la sentencia. Y, la concordancia que debe existir entre estos y lo pedido por las partes, tanto en la demanda, como en la contestación, lo que se conoce como congruencia externa(4).

El respeto al principio de congruencia persigue no solo la protección del derecho de las partes a obtener una decisión judicial que dé certeza sobre el asunto que se ha puesto a consideración del juez, sino salvaguardar el debido proceso y el derecho de defensa de la contraparte, quien dirige su actuación procesal a controvertir los argumentos y hechos expuestos en la demanda.

Según el apelante, el a quo violó el principio de congruencia externa, por cuanto redujo la sanción al 1% sin que se hubiera demostrado el pago o acuerdo de pago de la sanción reducida.

El argumento del apelante está llamado a desestimarse. El tribunal no redujo la sanción en los términos del inciso quinto del artículo 651 del estatuto tributario(5).

Lo que dispuso el a quo, se repite, fue graduar la multa con base en la facultad del literal a) de dicha norma. Lo anterior, teniendo en cuenta que uno de los aspectos que cuestionó la demanda fue la falta de dosificación de la sanción y consiguiente violación del debido proceso, en cuanto aquella se liquidó con el máximo legal sin valorar el daño que produjo el no envió de información.

Así pues, la sentencia impugnada en cuanto graduó la sanción concuerda con las pretensiones de la actora y respeta el principio de congruencia.

Conforme a lo explicado, se confirmará la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia de 22 de enero de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de Lubrillantas Dorada LTDA. Contra la DIAN.

2. Reconócese personería para actuar como apoderado de la DIAN al abogado Carlos Javier Ortiz Montero, conforme al poder del folio 235 del cuaderno principal.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase.

Esta providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(1) Sentencias de 20 de abril de 2001, Expediente 11658, consejera ponente Ligia López Díaz; de 20 de febrero y 4 de abril de 2003, expedientes 12736 y 12897, 15 de junio de 2006, Expediente 2003-00453-01, consejera ponente María Inés Barbosa y 26 de marzo de 2009, Expediente 16169, consejera ponente Héctor J. Romero Díaz.

(2) Este requerimiento tenía por objeto que el contribuyente informará a los beneficiarios de los pagos o abonos en cuenta que constituyan costo o deducción de la declaración de renta de 2001, con la indicación del valor, concepto y retención en la fuente practicada (fl. 2, cdno. 2).

(3) Con este requerimiento se solicitó la entrega de los estados financieros de 2001, con sus respectivas notas; las relaciones de cuentas en entidades bancarias, de cuentas por cobrar, activos fijos, deudas, compras e importaciones, conceptos constitutivos de costos y deducciones, con excepción de salarios y otros pagos laborales, aportes parafiscales y retenciones en la fuente; la discriminación de ingresos por todo concepto, de los conceptos que justifican la diferencia en la comparación patrimonial, y de las devoluciones, descuentos y rebajas; los certificados de acciones, aportes, dividendos y participaciones no gravados, del valor de los bienes excluidos de la base de renta presuntiva, y de las bases y depuración utilizadas para depurarla; fotocopias de los soportes de las rentas exentas, descuentos tributarios e ingresos no constitutivos de renta ni ganancias ocasionales; y anexos explicativos de cálculo de los ajustes integrales por inflación y de las conciliaciones de diferencias contables y fiscales que se presentaron (fls. 35-37, cdno. 2).

(4) Sentencia de 29 de octubre de 2009, Expediente 17003, C.P. Héctor J. Romero Díaz, entre otras.

(5) “La sanción a que se refiere el presente artículo, se reducirá al diez por ciento (10%) de la suma determinada según lo previsto en el literal a), si la omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción; o al veinte por ciento (20%) de tal suma, si la omisión es subsanada dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción. Para tal efecto, en uno y otro caso, se deberá presentar ante la oficina que está conociendo de la investigación un memorial de aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de la misma”.