Sentencia 2006-00890 de noviembre 15 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Rad.: 700012331000200600890-03

Num. Int.: 18107

Asunto: Acción de nulidad contra el Acuerdo 88 del 26 de diciembre de 2003, expedido por el Concejo Municipal de Santiago de Tolú.

Demandante: Promigás S.A. ESP.

Demandado: Municipio de Santiago de Tolú.

Bogotá, D.C., quince de noviembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «2. Consideraciones de la Sala

La Sala decidirá el recurso de apelación interpuesto por el municipio de Santiago de Tolú contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Sucre, que declaró la nulidad de los artículos 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 y 183 del Acuerdo 8 de 2003, expedido por el Concejo de ese municipio.

En los términos del recurso de apelación, la Sala resolverá los siguientes problemas jurídicos: i) Si el tribunal omitió pronunciarse frente a la excepción de indebida acción; ii) Si el tribunal era competente para conocer de la demanda que culminó con la sentencia apelada; iii) Si el municipio de Santiago de Tolú tenía la facultad para adoptar el tributo de alumbrado público en su jurisdicción y, iv) Si los artículos acusados violaron las disposiciones invocadas por la partes actora.

I. De si el tribunal omitió pronunciarse sobre la excepción de indebida acción.

El apoderado del municipio de Santiago de Tolú indicó que el tribunal no se pronunció sobre la excepción de inepta demanda por indebida acción. Insistió en que la acción que presentó la parte actora no es de nulidad simple sino de nulidad y restablecimiento del derecho, pues buscó el restablecimiento de derechos subjetivos, propio de esta última.

Al respecto, la Sala no encuentra procedente el cargo, pues, según se desprende del fallo apelado, el tribunal, al resolver sobre la excepción, consideró que tal asunto había quedado “zanjado en la ocasión de la providencia dictada por el superior, al solucionar el recurso de apelación instruido por la P. demandante contra el auto, de esta misma Sala, que preliminarmente había rechazado la demanda por caducidad de la acción con una perspectiva coincidente con la que ahora insiste la demandada; así, acordó el tribunal de cierre, “...que el acuerdo acusado no es el que directamente genera la violación del derecho particular y concreto al que hace referencia la Sociedad demandante en los hechos de la demanda; pues, dicho Acuerdo, no contiene una decisión directa y concreta frente a la actora, ni frente a personas determinadas. Por el contrario, son las liquidaciones oficiales expedidas por el alcalde del municipio de Santiago de Tolú, en las que se ordena a la Sociedad actora la cancelación del tributo por los meses... y que se expidieron en desarrollo del Acuerdo demandado, las que de manera directa y concreta determinaron el impuesto a cargo de la demandante y que dicho sea de paso, no fueron demandadas en el sub judice”.

El tribunal rechazó la excepción a partir de lo dicho por el Consejo de Estado con ocasión del recurso interpuesto por la parte actora contra el auto que rechazó la demanda, en el sentido de que la demanda interpuesta por Promigás correspondía a la de nulidad de un acto de contenido general. Este argumento le sirvió al Tribunal para desestimar las demás excepciones.

II. De si el tribunal era el competente para conocer de la demanda que culminó con la sentencia apelada.

El municipio de Santiago de Tolú estimó que el tribunal de Sucre se debió inhibir de pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, pues el competente para conocer las demandas contra los actos de los concejos municipales eran los jueces administrativos.

Para la Sala, por el contrario, el competente para conocer la demanda de nulidad contra el Acuerdo 8 del 26 de diciembre de 2003, expedido por el concejo municipal de Santiago de Tolú, era el Tribunal Administrativo de Sucre, pues, de conformidad con el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, los Tribunales Administrativos conocen en primera instancia de la “nulidad de los actos administrativos proferidos por funcionarios u organismos del orden departamental, distrital y municipal, (...)”, entre otros.

En consecuencia, no se acoge el argumento del municipio demandado.

III. De si el municipio de Santiago de Tolú tenía la facultad para adoptar el tributo de alumbrado público en su jurisdicción.

El Municipio apelante indicó que el Concejo Municipal de Tolú, por virtud del artículo 338 de la Constitución Política y de las Leyes 97 de 1913 y 84 de 1915, está facultado para regular en su jurisdicción los elementos del impuesto de alumbrado público, mediante el acuerdo que es objeto de demanda.

Para el tribunal, el Concejo Municipal de Santiago de Tolú no tenía competencia para crear el impuesto de alumbrado público en esa jurisdicción, y, mucho menos, para definir los elementos del mismo, pues el legislador no lo facultó para el efecto. Para el tribunal, “el gravamen creado no puede identificarse con el previsto en el literal d) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913, salvo por el hecho que utilizan la misma —o similar— denominación, pero éste no es un factor que permita establecer sus elementos”.

Para la Sala, el cargo de apelación está llamado a prosperar por las siguientes razones:

Mediante la sentencia del 9 de julio de 2009(1) la Sala modificó la posición que hasta el momento había acogido frente a la facultad impositiva de los concejos municipales.

La citada providencia se expidió con ocasión del análisis de legalidad de un acuerdo que, en desarrollo de la Ley 97 de 1913, estableció los elementos del impuesto “sobre telégrafos y teléfonos urbanos, sobre empresas de luz eléctrica, de gas y analógicas”.

A partir del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional(2), la Sala retomó los planteamientos generales sobre la potestad impositiva de las entidades territoriales expuestos en la sentencia de 15 de octubre de 1999(3), expediente 9456, C.P. Julio E. Correa Restrepo. En esta última sentencia se consideró que “(...) en virtud del denominado principio de “predeterminación”, el señalamiento de los elementos objetivos de la obligación tributaria debe hacerse exclusivamente por parte de los organismos de representación popular, en la forma consagrada en el artículo 338 de la Constitución, que asignó de manera excluyente y directa a la ley, la ordenanza o el acuerdo la definición y regulación de los elementos estructurales de la obligación impositiva, al conferirles la función indelegable de señalar “directamente” en sus actos: los sujetos activos y pasivos, los hechos generadores, las bases gravables y las tarifas de los impuestos.

Asimismo, la Sala acogió el criterio, según el cual (...) creado el tributo o autorizada su implantación por parte de la ley, en el evento de que ésta no se haya ocupado de definir todos los presupuestos objetivos del gravamen y por ende del señalamiento de los elementos esenciales de identificación y cuantificación, corresponde directamente a las respectivas corporaciones de elección popular, efectuar las previsiones sobre el particular”.

También retomó que (...) Teniendo en cuenta que la obligación tributaria tiene como finalidad el pago de una suma de dinero, esta debe ser fijada en referencia a una dimensión ínsita en el hecho imponible, que se derive de él, o que se relacione con este”(4)(negrilla fuera de texto).

En el caso del impuesto de alumbrado público, la Ley 97 de 1913 autorizó al Concejo de Bogotá para crear, entre otros, el impuesto sobre el servicio de alumbrado público(5) y para “organizar su cobro y darle el destino que juzgue más conveniente para atender a los servicios municipales, sin necesidad de previa autorización de la asamblea departamental”. Esta facultad fue extendida posteriormente a los demás municipios mediante la Ley 84 de 1915.

La Sala(6), con fundamento en los parámetros fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-713 de 2008, concluyó que el tributo que se deriva del impuesto de alumbrado público es un impuesto, más no una tasa, por las siguientes razones:

— Conforme con la definición de servicio de alumbrado público, señalada en el artículo 1º de la Resolución CREG 043 de 1995(7), todos los habitantes de una jurisdicción territorial gozan del servicio, quieran o no acceder al mismo, teniendo en cuenta que cualquiera puede beneficiarse de la iluminación de las vías públicas, de los parques públicos y demás espacios de libre circulación proporcionados a su favor. Ese servicio da visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades de los habitantes de un determinado lugar.

Por tanto, el tributo que se genera por la prestación del servicio de alumbrado público se cobra indiscriminadamente a todo aquel que se beneficie del mismo, sin que pueda afirmarse que recae sobre un grupo social, profesional o económico determinado.

— El contribuyente puede o no beneficiarse con el servicio de alumbrado público, pero no porque pueda optar por gozar del mismo, sino porque, por las condiciones en que se presta el servicio, un individuo cualquiera, quiéralo o no, puede beneficiarse del mismo en algún momento. Por tanto, no es posible derivar una relación directa entre el tributo cobrado y el beneficio al que accede habitual o esporádicamente el contribuyente.

— Del acuerdo demandado no se deriva que el municipio vaya a “destinar lo que se recaude a un servicio público específico, sino a las arcas generales, para atender todos los servicios necesarios de acuerdo a criterios y prioridades que determinen” las autoridades municipales, así como tampoco se deriva “que su pago sea opcional o discrecional”.

— Del acuerdo también se deriva que las tarifas establecidas en los artículos demandados “pretenden tener en cuenta la capacidad de pago del contribuyente, pero no “con el ánimo de regular la oferta y la demanda del servicio público ofrecido”, el que se presta en todo momento y de manera indiscriminada, sino para “graduar el aporte social de cada ciudadano de acuerdo a su disponibilidad”.

— Así como el servicio público de alumbrado público es general, el tributo que se pretende recaudar también es general en la medida en que se cobra sin distinción de las personas que habitual u ocasionalmente se beneficien del servicio y, por tanto, su naturaleza jurídica corresponde a la de un impuesto más no a la de una tasa (ver ahora L. 1150/2007, art. 29).

— Como la carga impositiva que se deriva del hecho generador “servicio de alumbrado público” es propiamente un impuesto, no es necesario que la ley, ni el acuerdo municipal, fijen la tarifa del impuesto con fundamento en un sistema y un método para definir los costos y beneficios que se derivan de tal servicio, ni mucho menos la forma de hacer su reparto. Aún desde la perspectiva de llamarse contribución, lo cierto es que la exacción funciona como un impuesto.

En ese orden, al aplicar el anterior criterio doctrinal al caso, se tiene que la conclusión a la que llegó el tribunal, en cuanto a que el concejo del municipio de Santiago de Tolú no estaba facultado para adoptar en su jurisdicción el impuesto de alumbrado público, queda desvirtuada.

Por el contrario, en virtud de los principios de autonomía y descentralización territorial, desarrollados en los artículos 313 numeral 4º y 338 de la Constitución Política, los municipios cuentan con autonomía fiscal para regular directamente los elementos del impuesto de alumbrado público, creado por la Ley 97 de 1913, y extendido a los municipios por la Ley 84 de 1915.

En consecuencia, es claro que el Acuerdo 8 de 2003, expedido por el Concejo Municipal de Santiago de Tolú no violó los artículos 313 numeral 4º y 338 de la Constitución Política, ni las leyes 97 de 1913 (art. 1º) y 84 de 1915, al regular en el los elementos del impuesto de alumbrado público en esa jurisdicción.

I. De la nulidad de ciertos artículos del Acuerdo 8 de 2003.

1.1. De la nulidad parcial de los artículos 175 y 177 del Acuerdo 8 de 2003.

Los artículos 175 y 177 del Acuerdo 8 de 2003 disponen lo siguiente:

“ART. 175.—Sujeto pasivo. Son sujeto pasivo de la tasa del impuesto por concepto de Alumbrado público el contribuyente o responsable. El contribuyente o responsable del impuesto es la persona natural, jurídica o sociedad de hecho, pública o privada, y sus asimiladas como los patrimonios autónomos, beneficiados directa o indirectamente con el servicio de alumbrado público prestado en la Jurisdicción del municipio de Santiago de Tolú, denominado “Hecho Generador”, así mismo el propietario y/o poseedor y/o arrendatario y/o ocupante y/o usufructuario y/o usuario del bien inmueble que reciba el beneficio directo o indirecto del Servicio de Alumbrado Público o de energía eléctrica prestado en todo el área de jurisdicción del municipio”.

“ART. 177.—Hecho generador. La obligación de cancelar la tasa del impuesto de Alumbrado Público que se origina del beneficio directo o indirecto del servicio de alumbrado público prestado en todo el área de la jurisdicción del municipio”.

Según los anteriores artículos, las personas naturales, las personas jurídicas, las sociedades de hecho públicas o privadas y sus asimiladas como patrimonios autónomos, que se beneficien directa o indirectamente del servicio de alumbrado público en el municipio de Santiago de Tolú, son sujetos pasivos del impuesto de alumbrado público. Igualmente, son sujetos pasivos los propietarios, poseedores, arrendatarios, ocupantes, usufructuarios o usuarios de bienes inmuebles que reciban igualmente el servicio de alumbrado público, directa o indirectamente, o de energía eléctrica, en esa jurisdicción.

Para la parte actora, dada la naturaleza de “tasa” del tributo denominado alumbrado público, el sujeto pasivo del gravamen debe recaer en el contribuyente que recibe, de manera efectiva, el servicio de alumbrado público en el municipio de Santiago de Tolú.

Como se dijo anteriormente, el tributo derivado del servicio de alumbrado público es un impuesto, porque del servicio de alumbrado público gozan todos los habitantes de una jurisdicción territorial, quieran o no acceder al mismo; que se genera por la mera prestación del servicio; que se cobra indiscriminadamente a ciertos beneficiarios que cuentan con capacidad económica para contribuir y, que el contribuyente puede o no beneficiarse con el servicio de acuerdo con las condiciones en que se preste, sin que pueda derivarse una relación directa entre el tributo cobrado y el beneficio al que se accede habitual o esporádicamente.

Para la Sala, es razonable que todo usuario potencial del servicio de alumbrado público sea sujeto del impuesto. Y es usuario potencial todo sujeto que forma parte de una colectividad que reside en determinada jurisdicción territorial. No se requiere que el usuario reciba permanentemente el servicio, porque el servicio de alumbrado público, en general, es un servicio en constante proceso de expansión. El hecho de que potencialmente la colectividad pueda beneficiarse del mismo, justifica que ningún miembro quede excluido de la calidad de sujeto pasivo.

En ese contexto, cuando el artículo 175 del acuerdo acusado señala como sujeto pasivo del impuesto a la persona natural, jurídica o sociedad de hecho, pública o privada, y sus asimiladas como los patrimonios autónomos, beneficiados directa o indirectamente con el servicio de alumbrado público prestado en la jurisdicción del municipio de Santiago de Tolú, no hace otra cosa que representar usuarios potenciales del servicio de alumbrado público en los distintos sectores (residencial, industrial, comercial, de servicios, etc.).

Por lo tanto, las expresiones “beneficiados” e “indirectamente con el servicio público” no violan las leyes 97 de 1913, artículo 1º, y 84 de 1915, pues, como se dijo anteriormente, el disfrute del servicio público de alumbrado público puede ser efectivo o potencial, por parte de todos los habitantes de una jurisdicción territorial, sean personas naturales o jurídicas.

Igualmente ocurre con los propietarios, poseedores o arrendatarios de bienes inmuebles en el municipio, ya que estas calidades representan una forma concreta de uso potencial del servicio de alumbrado público, pues, a fin de cuentas, también son usuarios potenciales de ese servicio en la medida en que se benefician de la iluminación de los predios de los que son poseedores o tenedores.

De allí que la expresión “el propietario y/o poseedor y/o arrendatario y/o ocupante y/o usufructuario y/o usuario del bien inmueble que reciba el beneficio directo o indirecto del servicio de alumbrado público o de energía eléctrica prestado en todo el área de jurisdicción del municipio”, contenida en el artículo 177 del acuerdo acusado, no escape al objeto imponible del impuesto de alumbrado público, máxime si los bienes inmuebles sobre los que se ostentan esas calidades se benefician del servicio de alumbrado público que suministrado por el municipio. Por lo tanto, no violó el artículo 1º de la Ley 97 de 1913 y la Ley 84 de 1915.

De otra parte, como ya lo ha dicho esta Sala(8), el hecho generador del impuesto es el presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo. Es el supuesto de hecho que, por ser indicativo de capacidad económica, ha sido seleccionado por el legislador para vincular a su realización el nacimiento de una obligación de pago de un tributo.

El hecho generador está compuesto necesariamente por un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento objetivo corresponde al hecho en sí mismo considerado y el elemento subjetivo a la conexidad de ese hecho con un sujeto en la medida que lo ejecuta o realiza.

Dentro del elemento objetivo, se ha considerado que es posible diferenciar un aspecto material o cualitativo que aluden al propio hecho que el legislador previó como generador del impuesto.

El aspecto espacial, tiene que ver con la jurisdicción territorial en donde se realiza el hecho; el aspecto temporal, con el momento en que nace la obligación, más conocido como causación y, el aspecto cuantitativo, permite medir “la magnitud cuantitativa del hecho generador”(9).

Tratándose del impuesto de alumbrado público, la Sala ha dicho que el artículo 1º de la Ley 97 de 1913 fijó como objeto imponible el servicio de alumbrado público, y como hecho generador, el ser usuario potencial del servicio.

Con fundamento en lo anterior y para el caso en estudio, la Sala considera que las expresiones “beneficio” e “indirecto del servicio de alumbrado público” del artículo 177 ibídem del acuerdo acusado se ajustaron a las leyes 97 de 1913, artículo 1º, y 84 de 1915, pues fijaron como hecho generador del impuesto de alumbrado público a los usuarios que se beneficien indirectamente del servicio de alumbrado público en el municipio, o, lo que es lo mismo, aquellos usuarios potenciales del servicio. Por tanto, no se declarará su nulidad.

1.2. De la pretensión de nulidad de los apartes subrayados de los artículos 178 y 179 del Acuerdo 8 de 2003

“ART. 178.—Base gravable. Se denomina alternativamente una tarifa mínima y un porcentaje sobre el consumo mensual de energía eléctrica para los sectores residenciales, comerciales, industriales, oficiales, de servicios, para líneas de transmisión y subtransmisión de energía, muelles portuarios, establecimientos bancarios, entidades de créditos y corporaciones para el cual se establecerá un valor fijo dependiendo del nivel de tensión, para las subestaciones de energías (sic) eléctrica de acueducto a la capacidad instalada, para empresas de Gas se establecerá una cuota fija mensual. Exploración o explotación de minas o sus derivados se gravará con una cuota fija mensual, pare (sic) empresas de telefonías fijas o móvil se gravara (sic) con una cuota fija mensual. Empresas con muelles turísticos o portuarios, entidades bancaria (sic) similares con una cuota fija mensual. Estos recursos serán destinados para cubrir el monto total de los costos, gastos e inversión mensuales que requiere el suministro, instalación, reposición, mantenimiento, expansión y administración de la infraestructura de alumbrado público. La tributación de dichos costos, gastos e inversiones se hará de forma mensual entre los sujetos pasivos, teniendo en cuenta sus características, condiciones y estratos”.

“ART. 179.—Esquema tarifario del impuesto. El impuesto de Alumbrado Público se cobra mensualmente para todos los sectores y estratos teniendo en cuenta los siguientes esquemas tarifarios:

(...).

Empresas de gas natural de alta presión o baja: Empresas cuyo sistema de transporte y/o distribución de gas natural de alta o baja presión que este (sic) situada en la jurisdicción del municipio, están obligadas al pago del impuesto de alumbrado publico (sic) con una tarifa única mensual de $3.000.000.

PAR.—Los valores que se establezcan se reajustarán de acuerdo al índice de precios al consumidor IPC certificado por el DANE a partir del año 2003”. 

La parte actora adujo que las expresiones acusadas violaron el principio de legalidad, pues a las empresas de gas se les liquida el tributo sobre una base gravable ajena al servicio de alumbrado público. Dijo que la inclusión del ejercicio de la propiedad o posesión de sistemas de transporte o distribución de gas natural no se relaciona con el hecho imponible del impuesto de alumbrado público señalado en la Ley 97 de 1913.

Asimismo, dijo que se violaron los principios de igualdad, equidad y progresividad, derivados de los artículos 13 y 363 de la Constitución Política, pues el artículo 179 fijó una tarifa del impuesto de alumbrado público para las empresas transportadoras y distribuidoras de gas natural, por el sólo hecho de realizar una actividad económica determinada y sin tener en cuenta si son o no usuarias del servicio de alumbrado público en el municipio.

Agregó que los citados artículos 178 y 179 vulneraron los artículos 16 del Código de Petróleos y 1º del Decreto Reglamentario 850 de 1965, que prohíben gravar con impuestos municipales la actividad de distribución y transporte de petróleo y sus derivados.

Como lo ha dicho la Sala, la tarifa o elemento de medición de la base gravable, o si se quiere, de liquidación particular, puede ser fija o variable, ya sea que se exprese en una determinada suma de dinero, o que éste comprenda entre un máximo y un mínimo ajustado a la magnitud de la base gravable. Las tarifa puede expresarse en porcentajes fijos, proporcionales, o progresivos. En el caso del impuesto de alumbrado público, “la tarifa debe referir a una dimensión ínsita en el hecho imponible, que se derive de él, o se relacionen con este”(10).

Así, dado que el servicio de alumbrado público es el hecho imponible, el costo real de la prestación de este servicio, o aspecto cuantitativo, debe determinarse de conformidad con la metodología que la Comisión de Regulación de Energía y Gas establezca para la determinación de los costos máximos que deben aplicar los municipios o distritos, para remunerar a los prestadores del servicio, así como el uso de los activos vinculados al sistema de alumbrado público, en cumplimiento de lo dispuesto en los literales c) y e) del artículo 23 de la Ley 143 de 1994(11).

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, mediante la Resolución 43 de 1995, reguló el recaudo del impuesto y previó cierta limitación, al señalar que “El municipio no podría recuperar más de los usuarios que lo que paga por el servicio incluyendo expansión y mantenimiento”(12).

En consecuencia, en tanto sea razonable y proporcional la tarifa del impuesto, frente al costo que demanda prestar el servicio a la comunidad, no se vulnera el artículo 338 de la Carta Política.

Para la Sala, es claro que el artículo 178 y el numeral octavo del artículo 179 del Acuerdo acusado no fijaron una base gravable ni una tarifa del impuesto de alumbrado público, sino que regularon un impuesto fijo tasado en $3.000.000.

No obstante, a pesar de que el acuerdo no suministró una explicación técnica que fundamentara la cuantía, la parte actora tampoco suministró argumentos para considerar que esa tarifa no consultaba la capacidad económica de los sujetos pasivos a los que se les impuso la medida.

En consecuencia, la Sala no advierte motivo alguno para declarar la nulidad de las anteriores disposiciones, por violación del artículo 338 ó del numeral 4º del artículo 313 de la Constitución Política.

Ahora bien, la parte actora cuestionó el hecho de que no existió una relación ínsita con el servicio de alumbrado público al gravar con el impuesto a las empresas transportadoras o distribuidoras de gas natural, por el sólo hecho de poseer infraestructura que atraviesa la jurisdicción del municipio de Santiago de Tolú.

Sin embargo, la conexión del impuesto de alumbrado público con los lugares donde se desarrollan las actividades económicas no es ajena a las fórmulas que se utilizan para regular el impuesto, pero es claro que se ha supeditado a que en esos lugares también se preste el servicio de energía eléctrica.

El aspecto espacial del hecho generador del impuesto está determinado por la jurisdicción del municipio donde se presta el servicio a la colectividad residente, porque los demás serían receptores ocasionales.

Para el caso, debe entenderse que los artículos 178 y 179 (viñeta 8ª) del acuerdo acusado, al fijar la base gravable y la tarifa del impuesto para las empresas de gas, se refirieron a las empresas transportadoras o distribuidoras de gas, cuyos oleoductos o infraestructura atraviesan la jurisdicción del municipio de Santiago de Tolú, pero que, además, residen en esa localidad. En ese entendido, la norma no vulnera el artículo 338 de la Carta Política.

Se reitera que los sujetos pasivos del impuesto de alumbrado público pueden ser efectivos o potenciales, es decir, que se beneficien o no del servicio, sin importar la actividad económica que desarrollen, de tal manera que las empresas de gas pueden estar gravadas con el impuesto de alumbrado público, reciban o no el servicio.

Finalmente, la Sala considera que los apartes acusados de los artículos 178 y 179 del Acuerdo acusado no vulneraron el artículo 16 del Código de Petróleos (D. 1056/53), ni el 1º del Decreto Reglamentario 850 de 1965, por las siguientes razones:

El artículo 16 del Código de Petróleos señaló taxativamente los bienes y actividades que se encuentran exentos de impuestos. Al efecto dispone:

ART. 16.—La exploración y explotación del petróleo, el petróleo que se obtenga, sus derivados y su transporte, las maquinarias y demás elementos que se necesitaren para su beneficio y para la construcción y conservación de refinerías y oleoductos, quedan exentos de toda clase de impuestos departamentales y municipales, directos, o indirectos, lo mismo que del impuesto fluvial.

El petróleo crudo y sus derivados obtenidos de las explotaciones establecidas de acuerdo con las leyes 37 de 1931, Ley 160 de 1936 y del presente código, quedan exentos de todo impuesto de exportación durante los primeros treinta (30) años de la respectiva explotación. El petróleo crudo colombiano quedará también exento, durante el mismo plazo de los primeros treinta (30) años de cada explotación, de cualquier impuesto de carácter especial que grave; ese producto exclusivamente.

Las exportaciones de petróleo no requerirán permiso escrito de la oficina de registro de cambios, ni será obligatorio reintegrar al país la moneda extranjera proveniente de tales exportaciones; pero el gobierno podrá exigir, cuando así lo aconsejare la situación de la balanza de pagos, que se integre al país hasta la cuarta parte del producto de dichas exportaciones, reintegro que no tendrá gravamen alguno, siendo entendido que el reembolso al exterior de las sumas así integradas se autorizará por la oficina de registro de cambios, exento del pago de todo impuesto, de acuerdo con lo establecido en este artículo.

La exención prevista en la anterior disposición, como lo precisó la Corte Constitucional(13), tiene como fin esclarecer que sobre la explotación de recursos naturales no renovables se causan regalías cuyo beneficiario es el Estado por ser el propietario del subsuelo. Por eso, las entidades territoriales no pueden imponer otros gravámenes sobre esa actividad, sin perjuicio de la participación que la Constitución previó a favor de las entidades territoriales sobre parte de las regalías.

Así mismo, respecto de las otras actividades, como también lo precisó la Corte, la exención no se inmiscuye en los tributos propios de los municipios. Por eso, la regulación de impuestos sobre la propiedad de las empresas que ejecutan la actividad de explotación no vulnera ni la exención, ni la prohibición.

En aplicación del anterior criterio, se concluye que los apartes acusados de los artículos 178 y 179 del Acuerdo 8 de 2003, que fijaron la base gravable y la tarifa del impuesto de alumbrado público para las empresas cuyo sistema de transporte y/o distribución de gas natural de alta o baja presión atraviesa la jurisdicción territorial del municipio de Santiago de Tolú, no violaron el artículo 16 del Decreto 1056 de 1953, porque el referente a los “sistemas de transporte” no tiene como fin gravar la actividad de transporte y/o distribución de petróleo, sino hacer determinable el sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público. Es decir, no gravaron ninguna de las actividades o bienes a que se refiere el artículo 16 del Código de Petróleos.

En atención a las anteriores consideraciones, la Sala revocará el numeral primero de la sentencia apelada. En su lugar, se negará la pretensión de nulidad del Acuerdo 8 del 26 de diciembre de 2003 y de las expresiones “beneficiados” e “indirectamente con el servicio de alumbrado” del artículo 175; “beneficio” e “indirecto del servicio de alumbrado público” del artículo 177; “para empresas de gas se establecerá una cuota fija mensual” del artículo 178 y, la viñeta octava del artículo 179 del Acuerdo 008 del 26 de diciembre de 2003. Asimismo, se denegará la nulidad de la expresión “así mismo el propietario y/o poseedor y/o arrendatario y/o ocupante y/o usufructuario y/o usuario del bien inmueble que reciba el beneficio directo o indirecto del servicio de alumbrado público o de energía eléctrica prestado en todo el área de jurisdicción del municipio”, del artículo 175 del Acuerdo acusado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE el numeral primero de la sentencia apelada por las razones esgrimidas en la parte considerativa de esta providencia. En su lugar:

1. NIÉGASE la pretensión de nulidad del Acuerdo 8 del 26 de diciembre de 2003, expedido por el Concejo Municipal de Santiago de Tolú.

2. NIÉGASE la pretensión de nulidad de las expresiones “beneficiados” e “indirectamente con el servicio de alumbrado” del artículo 175; “beneficio” e “indirecto del servicio de alumbrado público” del artículo 177; “para empresas de gas se establecerá una cuota fija mensual” del artículo 178 y, la viñeta octava del artículo 179 del Acuerdo 8 del 26 de diciembre de 2003, expedido por el Concejo Municipal de Santiago de Tolú.

3. NIÉGASE la pretensión de nulidad de la expresión “así mismo el propietario y/o poseedor y/o arrendatario y/o ocupante y/o usufructuario y/o usuario del bien inmueble que reciba el beneficio directo o indirecto del servicio de alumbrado público o de energía eléctrica prestado en todo el área de jurisdicción del municipio”, del artículo 175 del Acuerdo 8 del 26 de diciembre de 2003, expedido por el Concejo Municipal de Santiago de Tolú.

2. En lo demás, CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(1) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Bogotá, D.C., 9 de julio de 2009. Radicación 17001-23-31-000-2006-00404-02 (16544).

(2) Sentencia C-504 de 2002.

(3) Pie de página original de la sentencia del 9 de julio de 2009: “Si bien en esta sentencia se declaró la nulidad del acuerdo demandado, ello obedeció a que a través del acto acusado se creaba el impuesto de telefonía móvil celular cuando la ley hace referencia a telefonía urbana, por lo que se concluyó que el concejo municipal carecía de facultades para ello”.

(4) En el mismo sentido se acogen los argumentos de la doctora María Inés Ortiz Barbosa en los diferentes salvamentos de voto que sobre el tema expuso en su oportunidad. Ver sentencias de diciembre 9 del 2004, expediente 14453, C.P. Ligia López Díaz y de marzo 5 y 11 del 2004 Exps. 13584 y 13576, respectivamente, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.

(5) Artículo 1º literal d).

(6) Sentencia del 6 de agosto de 2009, expediente 080012331000200100569-01 (16315), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(7) Servicio de alumbrado público. Es el servicio público consistente en la iluminación de las vías públicas, parques públicos, y demás espacios de libre circulación que no se encuentren a cargo de ninguna persona natural o jurídica de derecho privado o público, diferente del municipio, con el objeto de proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades tanto vehiculares como peatonales. También se incluirán los sistemas de semaforización y relojes electrónicos instalados por el municipio. Por vías públicas se entienden los senderos peatonales y públicos, calles y avenidas de tránsito vehicular.

(8) Sentencia del 11 de marzo de 2010, expediente 540012331000200401079-00 (16667), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(9) Mauricio Marín Elizalde. La estructura jurídica del tributo. En Curso de Derecho Fiscal. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2010, págs. 303 a 332.

(10) Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 10 de marzo de 2011, expediente 18141, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

(11) Decreto 2424 de 2006, artículo 10.

(12) Artículo 9º, parágrafo segundo.

(13) Sentencia C-537 de 1998.