Sentencia 2006-00933/42858 de marzo 1º de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

Consejero ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Bogotá, primero de marzo de dos mil dieciocho.

Rad. 68001233100020060093301 (42.858).

Actores: Carmelina Páez Quiroz y otros.

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.

Asunto: Reparación directa.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala.

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación formulado por la parte actora contra la sentencia del 28 de julio de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, con ocasión de la muerte del señor Gilberto Rivas Rincón, en un proceso con vocación de doble instancia, toda vez que éstas ascienden a $ 4.192’800.000 (fls. 80 a 82, c. 1).

Al respecto, es menester indicar que el recurso de apelación fue interpuesto en vigencia de la Ley 1395 de 2010, “por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial” (fls. 581 a 594, c. ppal.), cuyo artículo 3 modificó el numeral 2 del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil y dispuso que la cuantía del proceso se determina “por el valor de la suma de todas las pretensiones acumuladas al momento de presentación de la demanda”.

Según la Ley 446 de 1998, los Tribunales conocen, en primera instancia y el Consejo de Estado, en segunda instancia, de los procesos de reparación directa cuya cuantía exceda, al momento de presentación de la demanda, de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como ocurre en este caso(2).

2.2. Oportunidad de la acción.

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos(3), la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena, por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

Está acreditado que el señor Gilberto Rivas Rincón falleció el 20 de junio de 2004 (fl. 6, c. 1) y la demanda fue presentada el 1 de febrero de 2006 (fl. 94, respaldo, c. 1), esto es, dentro del término que contemplaba el ordenamiento legal de entonces.

2.3. Prueba trasladada.

Además de las pruebas aportadas al plenario, la parte actora pidió el traslado de los procesos penal y disciplinario seguidos contra el soldado profesional Pedro Pedraza Niño, conductor del vehículo oficial involucrado en el accidente (fls. 91 y 92, c. 1); por su parte, la demandada coadyuvó la solicitud de traslado del proceso disciplinario (fls. 103 y 104, c. 1).

Por auto del 11 de octubre de 2006, el Tribunal Administrativo de Santander decretó el traslado de los citados procesos (fls. 163 y 164, c. 1) y, mediante oficios 340 y 4975 del 7 y el 17 de noviembre de 2006, respectivamente, la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional los allegaron al proceso (fls. 479 y 482, c. 1).

En cuanto al traslado de pruebas, esta Sección ha expresado que aquéllas que no cumplan con los requisitos previstos por el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil o que no hubieren sido solicitadas en el proceso contencioso administrativo por la parte contra la cual se aducen o no hubieren sido practicadas con audiencia de aquélla no podrán ser valoradas en dicho proceso(4).

También ha dicho la Sala que, en eventos en que el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, aquéllas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio pero que, de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión.

De no cumplirse ninguno de los mencionados requisitos, la posibilidad de apreciar tales pruebas dependerá de si en el proceso al cual se trasladan se atienden las formalidades que la ley ha establecido respecto de cada una de éstas, asunto ya precisado por la Sala en los siguientes términos(5):

“… El artículo 229 del mismo código dispone:

‘Sólo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos:

‘1. Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior.

‘2. Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 298 y 299.

‘Se prescindirá de la ratificación cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considera necesaria.

‘Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior’.

“Conforme a lo anterior, se tiene que los testimonios practicados en un proceso diferente de aquél en el que se pretende su valoración sólo pueden ser tenidos en cuenta por el juzgador (…) siempre que hayan sido practicados con audiencia de la parte contra la cual se aducen, o cuando, sin cumplir este último requisito, son ratificados en el nuevo proceso, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 229 del C. de P. C. Si no se dan estas condiciones, las pruebas aludidas no podrán apreciarse válidamente (se resalta).

(…)

En cuanto a los documentos, públicos o privados autenticados, podrán ser valorados en el proceso contencioso administrativo al cual son trasladados, siempre que se haya cumplido el trámite previsto en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, una vez allegado el documento, deberá expedirse un auto que ordene tenerlo como prueba; la parte contra la cual se aduce podrá tacharlo de falso dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Debe tenerse en cuenta que, según lo dispuesto en la misma norma, no se admitirá la tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia en la decisión, o se trate de un documento privado no firmado ni manuscrito por la parte a quien perjudica.

Sobre los informes técnicos y peritaciones de entidades y dependencias oficiales, el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil establece que deberán ponerse en conocimiento de las partes por el término de tres días, para que puedan pedir su complementación o aclaración, de manera que, una vez trasladados a un proceso administrativo, deberá surtirse este trámite para garantizar el derecho de contradicción de la parte contra la que se pretenden hacer valer.

Finalmente, las inspecciones judiciales y los dictámenes periciales no pueden trasladarse a procesos distintos de aquéllos en los que fueron practicados, cuando ello no se hizo a petición o con audiencia de la parte contra la cual se aducen. En efecto, para garantizar el derecho de contradicción, estas pruebas deben practicarse, en todo caso, dando oportunidad a las partes de estar presentes, según se desprende de lo dispuesto en los artículos 237 y 246 del Código de Procedimiento Civil, lo que, obviamente, no podrá lograrse con el simple traslado posterior del acta o del informe respectivos. Por lo anterior, la inspección o el peritazgo deberán practicarse nuevamente en el nuevo proceso”.

Aplicando estos criterios al asunto sub examine, encuentra la Sala que la prueba testimonial que milita en el proceso penal no puede valorarse, por cuanto, como se dijo atrás, la demandada no solicitó dicho traslado y tampoco coadyuvó la solicitud formulada por los actores.

Ahora bien, en cuanto se refiere específicamente a la prueba documental y a los informes técnicos de dependencias oficiales que obran en el citado proceso penal, si bien no se agotaron las formalidades del traslado que cada medio de prueba exige, pues no se expidió providencia alguna que los incorporara formalmente al proceso ni se surtió el traslado de los mismos, para garantizar el derecho de contradicción de la parte contra la cual se aducen, dicha irregularidad quedó saneada, en aplicación del parágrafo del artículo 140 del C.P.C., aplicable al sub examine, según el cual: “Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que este Código establece”.

En efecto, la prueba documental y los informes técnicos de dependencias oficiales permanecieron a disposición de las partes a lo largo del proceso y nadie dijo nada, razón por la cual éstos serán apreciados con el valor legal que les corresponde; adicionalmente, el traslado del citado proceso penal fue decretado por el Tribunal, mediante auto del 11 de octubre de 2006 (fls. 162 a 169, c. 1), de modo que las partes sabían que aquellas pruebas iban a ser incorporadas al proceso, como en efecto ocurrió; además, los documentos allegados por la Fiscalía son públicos y, por tanto, a términos del artículo 252 del C. de P.C., se presumen auténticos.

Sobre el particular, esta Subsección ha sostenido:

“Para el específico caso de la prueba documental, la Sala ha señalado que la omisión del referido traslado no configura vicio de nulidad alguno a la luz del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual resulta procedente dar aplicación a lo dispuesto en el parágrafo de dicho artículo, según el cual las irregularidades no constitutivas de nulidad procesal ‘se tendrán por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que este Código establece’”(6).

2.4. Caso concreto y análisis.

Está acreditado en el plenario que el señor Gilberto Rivas Rincón falleció el 20 de junio de 2004. Así lo muestran su registro civil de defunción (folio 6, c. 1) y la necropsia practicada por el Instituto Nacional de Medicina Legal, Seccional Santander, según la cual aquél falleció debido a un “trauma craneoencefálico contundente compatible con evento de tránsito - ciclista” (fl. 289, c. 1).

De esta manera, se encuentra acreditado el daño que los demandantes alegan haber sufrido.

Según la demanda, el accidente que le costó la vida al citado señor se debió a la imprudencia del conductor del vehículo oficial, quien adelantó en curva e invadió el carril contrario, provocando la colisión.

La accionada y el Ministerio Público sostuvieron que el accidente se debió a la culpa exclusiva de la víctima, ya que fue ésta la que invadió el carril por el que se desplazaba el vehículo oficial, criterio que fue acogido por el Tribunal Administrativo de Santander, para negar las pretensiones de la demanda.

Pues bien, de conformidad con el material probatorio que milita en el expediente, la Sala procederá a establecer qué provocó el accidente en el que perdió la vida el señor Gilberto Rivas Rincón, quien se movilizaba en una bicicleta y colisionó con el furgón de placas BVM 011, de propiedad del Ejército Nacional, el cual era conducido por el soldado profesional Pedro Pedraza Niño.

Consta en el plenario que, el 20 de junio de 2004, a eso de las 9:15 a.m., en la carretera que de Bucaramanga conduce a Cúcuta, se produjo una colisión entre el citado automotor y la bicicleta en la que se movilizaba el señor Rivas Rincón, quien resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital Ramón González Valencia, de Bucaramanga, donde falleció (fl. 116, c. 1).

En cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos, el soldado profesional Pedro Pedraza Niño, en declaración rendida el 20 de junio de 2004, en el curso del proceso disciplinario seguido en su contra, sostuvo que iba subiendo despacio por su vía, porque había ciclistas practicando deporte. Dijo que, llegando a la curva, observó bajar a dos ellos a “toda velocidad” y que el que iba atrás invadió su carril, “se vino hacia mí” y colisionó con la parte de atrás del camión. Sostuvo que, apenas sintió el impacto, detuvo inmediatamente el automotor y que el ciclista que iba con el accidentado lo llevó al hospital (fls. 128 y 129, c. 1).

El señor Marlon Fabián Otero Aponte, en declaración rendida el 21 de junio de 2004, en el curso del citado proceso disciplinario, sostuvo que ese día estaba montando bicicleta con sus hermanos, su padre y un amigo de éste. Afirmó que él iba de último y observó que un ciclista bajaba a mucha velocidad y frenó con la llanta trasera, lo que provocó que la bicicleta se deslizara y colisionara con “la llanta trasera izquierda del camion (sic)”.

Cuando se le interrogó acerca de si el vehículo oficial “iba a demasiada velocidad”, el testigo respondió que no, que iba “normal” y, además, sostuvo que, cuando el conductor del automotor observó que el ciclista se resbaló y se dirigía hacia él, trató de esquivarlo girando el carro hacia el lado derecho, al punto que casi se lleva a Orlando Laguado, quien subía en su bicicleta por el mismo carril del vehículo (fls. 125 y 126, c. 1).

A su turno, Orlando Laguado Delgado, quien el día de los hechos montaba bicicleta con el testigo acabado de citar, aseguró que la víctima bajaba rápido, se resbaló y “se fue contra el carro”. Sostuvo que había neblina en la vía y que la carretera estaba húmeda(7).

Por su parte, Edinson Alexis Otero Aponte, quien marchaba detrás del automotor oficial, sostuvo que éste subía por la orilla a una velocidad aproximada de 20 kilómetros por hora y que había “mucha neblina y el pavimento se encontraba húmedo(8)”.

El testigo José Antonio Rodríguez manifestó que se encontraba en su puesto de trabajo, el cual está ubicado al costado derecho de la vía que conduce a Cúcuta (kilómetro 9) y observó que 2 muchachos bajaban en bicicleta a alta velocidad y que uno de ellos tomó la curva muy abierta y, al tratar de frenar, su bicicleta se deslizó y se fue debajo de un camión que subía por el carril contrario. Aseguró que el automotor se desplazaba por su respectivo carril, ya que “iba bien pegado (…) al costado derecho” y a una “velocidad normal(9)”.

El señor Jairo Humberto Otero Pinzón ratificó lo dicho por las personas acabadas de citar, esto es, que la víctima bajaba rápido y tomó la curva muy abierta y, cuando frenó, su bicicleta se deslizó —ya que la vía estaba húmeda— y colisionó con la llanta trasera izquierda del automotor que subía por el carril contrario(10).

Pues bien, de conformidad con este grupo de testigos, el accidente en el que perdió la vida el señor Gilberto Rivas Rincón se debió a la imprudencia de éste, ya que bajaba rápido en su bicicleta, la cual se resbaló al frenar y, por ello, invadió el carril contrario en la curva, con tan mala fortuna que colisionó con el costado izquierdo del automotor oficial que subía por su carril, esto es, por el que invadió la bicicleta.

El señor Jorge Mauricio Ramírez Velásquez, quien el día de los hechos montaba bicicleta con la víctima, en declaración rendida el 24 de octubre de 2006 ante el Tribunal Administrativo de Santander(11), sostuvo que no vio el accidente, por cuanto marchaba adelante; sin embargo, dijo que, cuando bajaba, observó 3 o más personas que subían en bicicletas todoterreno por el carril contrario y “por el borde derecho de la curva”, al igual que un camión, el cual “percibí que (…) iba rápido o muy rápido”. Relató que sintió temor por su amigo y que, al terminar la curva, escuchó un gran estruendo, “como el de un accidente de tránsito”.

Sostuvo que el camión fue el que produjo la colisión y que, además, escuchó a la gente decir que el automotor fue movido unos metros del lugar de los hechos. Precisó que la curva donde ocurrió el accidente es la más peligrosa de la vía y que “ese sector tiene muy poca visibilidad”, puesto que existe una casa al costado derecho “que dificulta la visibilidad” y que, el día de los hechos, él y la víctima se desplazaban a unos 30 o 35 kilómetros por hora. Por último, dijo que el croquis del accidente no correspondía a la realidad, por cuanto (se transcribe textualmente):

“el camión está perfectamente pegado a la línea blanca a la línea de subida cosa que nunca fue así puesto que había ciclistas subiendo, el camión en el momento del accidente quedó atravesado en la vía, y posteriormente corrido metros adelante, muy cerca de la entrada de la finca vecina, en el sentido de la subida” (fl. 202, c. 1).

La señora Lucila Serrano de Díaz, quien dijo ser testigo presencial de los hechos, en declaración rendida el 24 de octubre de 2006 ante el Tribunal Administrativo de Santander, aseveró escuetamente que vio bajar al ciclista por la derecha, “pero no supe si el camión se mandó”, aunque éste iba rápido (fls. 191 a 193, c. 1).

Por su parte, la señora Elsa Estévez de Antolinez, quien rindió declaración el 14 de noviembre de 2006 ante el Tribunal Administrativo de Santander, dijo (se transcribe textualmente):

“Nosotros subíamos con mi esposo, como a las 9 de la mañana, como en el Km 4, nos encontramos que iba el camión adelante de estacas, blanco, íbamos detrás del camión, el iba rápido y en el km 8, vimos que bajaba el ciclista orillado, en toda la curva y como tratando de frenar, el camión se abrió un poco y el ciclista voltió y las llantas del camión lo cogieron con las llantas de atrás” (fl. 236, c. 1).

La señora Dolores Rojas Suárez sostuvo que observó cuando el ciclista bajaba por su carril y que, si bien no vio el impacto, “sintió como que la cicla se resbaló”. Señaló que la víctima quedó sobre el carril derecho y que el piso estaba seco, pues no había llovido y, además, dijo que en la curva en la que ocurrieron los hechos se presentaban muchos accidentes, ya que era muy peligrosa(12).

Pues bien, de este segundo grupo de testigos, el señor Jorge Mauricio Ramírez Velásquez, quien dijo que no presenció la colisión, porque marchaba adelante de la víctima, fue el único que aseguró enfáticamente que el conductor del vehículo oficial fue el responsable del accidente, aunque no precisó porqué, pues, como se ve en su declaración, se limitó a señalar que percibió que el camión iba muy rápido y nada más; sin embargo, nótese que jamás dijo que éste invadió el carril por el cual bajaba el ciclista (fls. 197 a 204, c. 1).

La testigo Lucila Serrano de Díaz se limitó a señalar que el ciclista bajaba por su carril y que el camión “iba rápido”; pero, al igual que el testigo anterior, nada dijo en torno a que el automotor oficial hubiera invadido el carril contrario (fls. 191 a 193, c. 1).

En cuanto al testimonio de la señora Elsa Estévez de Antolinez nótese que, si bien manifestó que el camión “se abrió un poco”, no dijo que éste hubiera invadido el carril contrario y que, por tanto, fuera el causante del accidente.

Como puede verse, a diferencia del primer grupo de testigos, citados en las páginas 10 y 11 de este fallo —quienes fueron claros y precisos en señalar que la víctima bajaba a gran velocidad, tomó la curva muy abierta, invadió el carril contrario y, al frenar, su bicicleta se deslizó y fue a parar contra el costado izquierdo del camión—, el segundo grupo no fue preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos.

Ahora, si bien en el recurso de apelación los actores alegaron que el conductor del automotor oficial fue el causante del accidente, por cuanto adelantó en curva a unos ciclistas e invadió el carril por el cual bajaba la víctima en su bicicleta, lo cierto es que ninguno de los testigos que afirmó que el vehículo iba rápido sostuvo que éste hubiera realizado dichas maniobras, a lo cual se suma que no obra prueba alguna en el expediente que respalde lo afirmado por los recurrentes; en cambio, existe prueba en el plenario que demuestra que el conductor del automotor oficial adelantó a los ciclistas antes de llegar la curva, pues así lo aseguró el señor Jairo Humberto Otero Pinzón, citado en las páginas 11 y 12 de este fallo, quien afirmó: “en ese momento el camión nos paso (sic) precisamente al tener visibilidad en el plan” (fl. 134, c. 1).

En cuanto a la supuesta velocidad del automotor, habría que anotar que éste iba subiendo y, además, iba cargado con víveres (fl. 128, c. 1) y, por tanto, es poco probable que fuera rápido, a pesar de que así lo indicaron algunos de los testigos citados; al respecto, recuérdese que, según el señor Edinson Alexis Otero Aponte, quien se movilizaba en su bicicleta detrás del vehículo oficial, éste transitaba a 20 kilómetros por hora, aproximadamente (fl. 144, c. 1).

En torno a las condiciones de la vía el día de los hechos, si bien los actores manifestaron en el recurso de apelación que el piso se encontraba seco (fls. 581 a 594, c. principal), afirmación que fue respaldada por la señora Dolores Rojas Suárez (fl. 1195, c. 1), lo cierto es que los testigos citados cinco párrafos atrás sostuvieron lo contrario, esto es, que estaba húmedo, lo cual consta en el informe de accidentes 24-032778 (fl. 120, c. 1).

Descartados, pues, el exceso de velocidad, el adelantamiento en curva y la invasión del carril contrario por parte del automotor oficial como factores que desencadenaron el accidente en el que perdió la vida el señor Rivas Rincón, queda por establecer si la conducta de éste fue determinante en los hechos en los que perdió la vida, pues tanto la demandada como el Ministerio Público alegaron la culpa exclusiva de la víctima como causal excluyente de responsabilidad, aspecto éste que fue tenido en cuenta por el Tribunal Administrativo de Santander, para negar las pretensiones de la demanda.

Es menester recordar que la eximente de responsabilidad denominada culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación de las obligaciones a las que están sujetos los administrados, puede conducir a la exoneración total o parcial de la responsabilidad administrativa, dependiendo de la trascendencia y del grado de participación de los afectados en la producción del daño.

Por lo tanto, no toda conducta asumida por la víctima constituye un factor que rompa el nexo de causalidad entre el hecho y el daño, toda vez que, para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, debe acreditarse una relación de causalidad entre ella y el daño. Si el hecho del afectado fue la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total; por el contrario, si tal hecho no tuvo incidencia en la producción de aquél, debe declararse la responsabilidad estatal. Ahora bien, si la actuación de la víctima concurre con otra causa para la producción del daño, se produce una liberación parcial, por aplicación del principio de concausalidad y de reducción en la apreciación del daño, de acuerdo con lo previsto por el artículo 2357 del Código Civil(13).

Está acreditado, según los testimonios de Marlon Fabián Otero Aponte, Orlando Laguado Delgado, José Antonio Rodríguez y Jairo Humberto Otero Pinzón (fls. 125, 126, 131, 132, 134 y 135, 137 y 138, c. 1), que el ciclista bajaba rápido e invadió el carril contrario, pues, cuando frenó, se resbaló, ya que la vía estaba húmeda y colisionó con el costado izquierdo posterior del automotor oficial.

Al respecto, el señor Jorge Mauricio Ramírez Velásquez, quien, como se dijo atrás, acompañaba a la víctima cuando ocurrió el accidente, dijo que ese día bajaban a una velocidad de entre 30 y 35 k/h y que la curva en la que se produjo la colisión era la más peligrosa de la vía. Cuando se le interrogó acerca de qué ocurriría si un ciclista frenaba con el piso húmedo, el testigo respondió que podía deslizarse, puesto que una curva no era un lugar seguro y agregó que, “si se hace a 10 km por hora (sic) puedo frenar y no pasa nada” (fl. 203, c. 1).

En torno a la velocidad a la que se debe transitar en la curva en la que ocurrieron los hechos, el ciclista profesional Hernán Buenahora Gutiérrez, amigo personal de la víctima, en declaración rendida el 25 de octubre de 2006, ante el Tribunal Administrativo de Santander, sostuvo: “Conociendo bien esa curva, lo máximo de velocidad que se puede maniobrar bien una bicicleta es de 25 y 30 (sic) por hora (sic) por ser una curva pronunciada” (fl. 206, c. 1).

Sobre el particular, el señor Luis Ernesto Méndez Farías, representante legal del club de ciclismo “Bici mont”, del cual hacía parte la víctima, dijo que la curva en la que se produjo el accidente es muy cerrada y ofrece muchas dificultades, particularmente para el que baja, “porque la curva marca más de 180 grados” y hay que hacerla con mucha prudencia. Agregó que la experiencia en el ciclismo le indicaba que dicha curva debía tomarse, en condiciones normales, “de 10 a 15 kilómetros por hora”(14).

Pues bien, como puede verse, mientras el ciclista profesional Hernán Buenahora sostuvo que dicha curva podía tomarse como máximo entre 25 y 30 kilómetros por hora, el señor Méndez Farías dijo que entre 10 y 15 kilómetros por hora, en condiciones normales; no obstante, la víctima transitaba entre 30 y 35 k/h por una vía que, para entonces, se encontraba húmeda, lo cual denota impericia, máxime teniendo en cuenta que el hoy occiso no sólo no era un ciclista profesional, pues se dedicaba al ciclismo recreativo, sino que, además, “era muy malo bajando”, según lo afirmó el señor Rafael Eduardo Caballero, quien compartía con la víctima la afición por el ciclismo recreativo(15).

De conformidad con lo antes expuesto, no hay duda de que el comportamiento asumido por la víctima el día de los hechos fue determinante en el accidente en el que perdió la vida, pues: i) temerariamente descendió por una carretera húmeda, a una velocidad cercana a los 30 a 35 k/h, ii) tomó la curva muy abierta, no obstante que, según lo dicho por el señor Ramírez Velázquez, era la más peligrosa de la vía, iii) invadió el carril contrario y iv) frenó, lo cual produjo que su bicicleta se deslizara y colisionara con el costado izquierdo trasero del automotor conducido por el soldado profesional Pedraza Niño, quien no pudo hacer nada para evitar el accidente. A esto se agrega no se demostró que el soldado condujera en estado de embriaguez o bajo el influjo de sustancias prohibidas; de hecho, el dictamen de embriaguez practicado por el Centro de Salud Rosario, por solicitud de las autoridades de tránsito, dio resultado negativo (fl. 119, c. 1).

A propósito de los procesos penal y disciplinario seguidos contra el referido uniformado: 1) la Fiscalía 33 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bucaramanga, mediante providencia del 30 de septiembre de 2005, precluyó la investigación a su favor, por cuanto “no se demuestra que infringió el deber de cuidado que le era exigible en ese momento respecto de la actividad de la conducción que realizaba”, decisión que fue confirmada por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bucaramanga, mediante providencia del 13 de julio de 2006 (fls. 422 a 427, c. 1 y 2) a su turno, el Batallón de Infantería 14 “Capitán Antonio Ricaurte”, con sede en Bucaramanga, mediante providencia del 11 de marzo de 2005, dispuso el archivo definitivo del proceso disciplinario, en atención a que se demostró “que el conductor del vehículo no infringió norma alguna, situación de la que dan fe las pruebas testimoniales y documentales” (fls. 151 a 157, c. 1).

Finalmente, si bien los actores y el señor Jorge Mauricio Ramírez Velásquez cuestionaron el croquis de tránsito, por cuanto éste no reflejaba la realidad de los hechos, ya que el camión fue movido del lugar, lo cierto es que dicha situación no cambia para nada las conclusiones a las que acaba de llegar la Sala en torno a la culpabilidad del ciclista en el accidente en el que perdió la vida, pues la abundante prueba testimonial valorada no deja duda sobre las verdaderas causas que lo provocaron. En todo caso, habría que decir que fue la policía de carreteras la que ordenó que dicho vehículo fuera movido del lugar de los hechos, a lo cual se suma que, a pesar de que las autoridades de tránsito llegaron minutos después de ocurrido el accidente, el croquis lo elaboraron con fundamento en las declaraciones de los testigos presenciales de los hechos (fl. 233, c. 1).

Por último, los demandantes aseguraron que si el ciclista hubiera invadido el carril contrario, las lesiones las hubiera sufrido en el lado izquierdo de su cuerpo, no en el derecho; al respecto, la Sala encuentra que, contrario a lo dicho por ellos, la víctima sufrió lesiones no sólo en el lado derecho de su cuerpo, sino también en el izquierdo y, además, en la cabeza, como lo muestran claramente el acta de levantamiento del cadáver y la necropsia practicada por el Instituto Nacional de Medicina Legal, Seccional Santander (fls. 242, 283 a 289, c. 1).

Así, para la Sala es claro que en la producción del daño solo hubo culpa de la víctima y de nadie más, lo cual rompe el nexo de causalidad entre el hecho dañoso y el daño sufrido por los actores y, de paso, libera de responsabilidad a la accionada.

2.5. Decisión sobre costas.

Teniendo en cuenta que, en el asunto sub examine, no se dan los supuestos previstos por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, ya que no se demostró que alguna de las partes hubiera actuado temerariamente, la Sala se abstendrá de imponer costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la Sentencia del 28 de julio de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

2. ABSTIÉNESE de condenar en costas.

3. Una vez en firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Para el año de presentación de la demanda (2006), 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes equivalían a $ 204’000.000.

(3) Decreto 2304 de 1989.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 21 de febrero de 2002 (exp. 12.789).

(5) Sentencia de 13 de abril de 2000 (expediente 11.898).

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 8 de febrero de 2012 (exp. 22.943).

(7) Declaración rendida el 21 de junio de 2004 (fls. 136 a 138, c. 1).

(8) Declaración rendida el 22 de junio de 2004 (fls. 144 y 145, c. 1).

(9) Declaración rendida el 21 de junio de 2004 (fls. 130 a 132, c. 1).

(10) Declaración rendida el 21 de junio de 2004 (fls. 133 a 135, c. 1).

(11) Fls. 197 a 204, c. 1.

(12) Declaración rendida el 24 de octubre de 2006, ante el Tribunal Administrativo de Santander (fls. 194 a 196, c. 1).

(13) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 2 de mayo de 2002 (exp. 12.262).

(14) Declaración rendida el 25 de octubre de 2006, ante el Tribunal Administrativo de Santander (fls. 212 a 214, c. 1).

(15) Declaración rendida el 25 de octubre de 2006, ante el Tribunal Administrativo de Santander (fls. 208 a 211, c. 1).