Sentencia 2006-00946 de enero 19 de 2011 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 760011102000200600946 01/1804 F

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Aprobado según Acta 2 de la misma fecha

Bogotá, D.C., diecinueve de enero de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

De acuerdo con las atribuciones conferidas por los artículos 256.3 de la Constitución Política y 112, numeral 4º de la Ley 270 de 1996, esta Colegiatura es competente para conocer y desatar el recurso de apelación, de la sentencia sancionatoria emitida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, en contra de la doctora Gloria Teresa García Varela, en calidad de Jueza 25 Civil Municipal de Cali.

En desarrollo de la competencia antes mencionada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen al tema a debatir y teniendo en cuenta los argumentos expuestos por la funcionaria sancionada en la sustentación de su recurso de alzada, comoquiera que, en tratándose de apelación, el alcance de la órbita de competencia del juez de segunda instancia, le impone emitir pronunciamiento únicamente en relación con los aspectos impugnados, toda vez que presume el Legislador que aquellos que no son objeto de sustentación, es porque no suscitan inconformidad en el sujeto procesal que hace uso de la apelación, quien de ese modo, implícitamente, devela su asentimiento, claro está que esa competencia se puede extender a asuntos no censurados, siempre y cuando resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación.

2. Sobre la solicitud de nulidad de lo actuado.

Antes de entrar a analizar el fondo del asunto, se ocupará la Sala de estudiar la solicitud de nulidad de lo actuado, como quiera que, de prosperar las pretensiones de la memorialista, tal circunstancia inhibiría a la Sala de adentrarse en el estudio de las demás líneas argumentales de la alzada.

Tal pedimento de nulidad se sustenta en dos argumentos, a saber: i) Que el A Quo se negó a decretar la certificación del Registrador Municipal de Yumbo, certificación que finalmente obtuvo por sus propios medios y aportó con su escrito de alegatos; y, ii) Que igualmente se incurrió en la causal de nulidad al practicar la prueba testimonial del señor Juan Carlos Mosquera, testimonio del cual había desistido, como quiera que para la fecha en que fue llamado, guardaba profunda animadversión la funcionaria disciplinable, debiendo nulitarse dicha prueba, pidiendo por ello a la segunda instancia declarar tal prueba como inexistente por haberse practicado sin el lleno de la formalidades sustanciales o con desconocimiento de los derechos fundamentales de la investigado.

Al respecto, y en punto al primer argumento, debe recordarse que el artículo 143 de la Ley 734 de 2002 son causales de nulidad las siguientes:

a. “La falta de competencia del funcionario para proferir el fallo.

b. La violación del derecho de defensa del investigado.

c. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso”.

Ahora bien, la memorialista solicita la nulidad de lo actuado en la medida en que el a quo denegó el decreto de la prueba consistente en obtener nueva certificación del Registrador Municipal de Yumbo, valle, sobre el desempeño de la jueza como escrutadora en las elecciones de marzo de 2010, dada la inconsistencia advertida entre las constancias expedidas el 4 de abril y el 16 de agosto de 2006. Sin embargo, esa sola circunstancia en modo alguno puede considerarse violatoria del derecho de defensa o del debido proceso, puesto que, de un lado, contra la providencia que niega el decreto y práctica de pruebas proceden los recursos de reposición y apelación, según lo prevén los artículos 113 y 115 de la Ley 734 de 2002, y del recuento de la actuación procesal efectuado en esta providencia, fácilmente puede concluirse que la disciplinable no impugnó el proveído mediante el cual se resolvió la petición de pruebas, lo cual significa que la encartada aceptó la decisión adoptada por el a quo sobre ese puntual aspecto, convalidándose así cualquier irregularidad —que en todo caso no es sustancial— a este respecto.

Pero, por otra parte, no puede dejarse de lado el hecho de que en el momento procesal correspondiente —según se desprende de una simple lectura del recuento procesal precedentemente consignado en este proveído— la doctora García Varela presentó solicitud de nulidad por esta misma razón, la cual fue despachada en forma adversa a sus pretensiones, sin que formulara reparo, como lo autoriza el artículo 113 de la Ley 734 de 2002, canon que prevé la admisibilidad del recurso de reposición contra la decisión que niega la nulidad.

En ese orden de ideas, mal puede ahora la disciplinable pretender que se acceda a la declaratoria de nulidad de lo actuado, cuando ni se trata de una irregularidad sustancial que amerite la adopción de la extrema medida de saneamiento de lo actuado, ni la investigada agotó en su momento los recursos legales que tenía para expresar su disenso sobre la negativa, tanto de la prueba como de la nulidad. A ello deberá sumarse el hecho de que, en cuanto concierne a la prueba echada de menos, la inconsistencia entre las dos constancias expedidas en abril y agosto de 2006 ninguna incidencia tenía en los hechos materia de averiguación disciplinaria, conforme se expondrá más adelante.

No debe olvidarse a este respecto que el proceso disciplinario ordinario establecido en la Ley 734 de 2002, señala en su artículo 168 el momento procesal para la solicitud, decreto y práctica de pruebas, etapa durante la cual los sujetos procesales pueden intervenir no sólo pidiendo que se decreten las probanzas que estimen conducentes, pertinentes y necesarias, sino también controvirtiendo las que se alleguen al expediente y ejerciendo control sobre la actividad probatoria, pudiendo impugnar el auto que niegue el decreto y/o práctica de aquellas frente a las cuales exista discrepancia sobre su conducencia, pertinencia o necesidad.

Es, entonces, en aquella etapa procesal donde debe hacerse uso de los recursos legales para arrimar los medios de convicción sobre los cuales habrá de edificarse la defensa, pues no prevé la ley la posibilidad de reabrir el debate probatorio, mediante la incorporación de nuevo material, en la segunda instancia. Por tanto, no puede ahora la disciplinable que no hizo uso de tales recursos —contrariando el principio de lealtad procesal— venir a plantear una discusión que en su momento procesal no propuso.

Otra tanto habrá de decirse respecto de la segunda “causal” de nulidad invocada, consistente en que el juzgador de primer grado procedió a practicar la prueba testimonial del señor Juan Carlos Mosquera, testimonio del cual había desistido, como quiera que para la fecha en que fue llamado, guardaba profunda animadversión la funcionaria disciplinable. Pues bien, sobre este aspecto, baste decir, en primer lugar, que conforme puede apreciarse en el memorial que obra al folio 143 del c.o., la prueba testimonial de la cual desistió la encartada no fue la de este testigo, sino la de Víctor Manuel Sánchez Ramírez, lo cual sería suficiente para desvirtuar lo dicho por la memorialista; pero, aún si se aceptara en gracia de discusión que también había desistido del testimonio del señor Mosquera, la sola circunstancia de haberse practicado la prueba no puede viciar toda la actuación, ni siquiera la prueba misma, pues teniendo el funcionario conductor del proceso la facultad oficiosa para decretar pruebas, bien podía haberlo hecho aún mediando el desistimiento de la disciplinable. Cosa distinta es que, al momento de valoración de la prueba, advertida la circunstancia que podría tornar sospechosa la veracidad del dicho del deponente, se llame la atención del juzgador para que, en el marco de la sana crítica, tenga en cuenta dicha circunstancia al momento de ponderar y valorar en su conjunto el material probatorio recaudado.

Basten las anteriores consideraciones para concluir que la Sala despachará en forma adversa a las pretensiones de la memorialista la petición de nulidad de lo actuado, no sin antes reiterar que, por las mismas razones que acaban de exponerse, tampoco habrá lugar a declarar la ilegalidad de la prueba testimonial impugnada por la disciplinable.

En consecuencia, procede ahora el análisis de fondo del asunto.

3. Cuestión de fondo.

La falta disciplinaria de la cual el a quo encontró responsable a la servidora judicial es el incumplimiento de los deberes contemplados en los numerales 7º y 15 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la administración de justicia), realizando objetivamente y de manera dolosa una conducta tipificada como delito en la ley penal (prevaricato por omisión).

Se sustentó dicha imputación sobre la base de que la funcionaria disciplinable había sido comisionada por el Juzgado Noveno de Familia de Cali en el proceso ya referenciado, para efectuar el secuestro de un inmueble desde el año 2004, y la comisión sólo vino a cumplirse en el año 2008, cuando la encartada subcomisionó —sin facultades para ello— a la Alcaldía Municipal de Cali. Se resaltó el hecho de que la diligencia había sido programada en dos oportunidades en el año 2006, sin que se llevara a cabo y sin que mediara una justificación atendible para ello.

Sobre la realización objetiva de la conducta, ninguna objeción hace la disciplinable, como quiera que sus argumentos defensivos a lo largo de la actuación disciplinaria y en el escrito de apelación, se centran en tratar de configurar una causal eximente de responsabilidad disciplinaria (consistente en la prelación al cumplimiento de un deber constitucional, de fungir como escrutadora en la zona dos del municipio de Yumbo, Valle, en las elecciones de marzo de 2006; y en la fuerza mayor, sustentada en la congestión judicial del despacho a su cargo).

Así, pues, como el elemento objetivo de la falta ha quedado plenamente demostrado, puesto que, efectivamente el despacho comisorio 36, librado por el Juzgado Noveno de Familia de Cali, para la práctica de la diligencia de secuestro en el proceso ejecutivo arriba singularizado, pasó al despacho de la doctora Gloria Teresa García Varela el 15 de diciembre de 2004 (fl. 60, c.o.); pero en la misma fecha la funcionaria profirió auto devolviendo el comisorio al juzgado comitente para que fuera remitido a los jueces civiles municipales de descongestión “o en su defecto se insista ante este despacho, con la advertencia de que la programación en este se hará para el año 2006” (fl. 60), sin exponer ninguna razón atendible ni para devolver el comisorio, ni para anunciar que sólo realizaría la diligencia pasado más de un año.

Ante tal circunstancia, el juzgado comitente dispuso devolver la comisión al estrado del que es titular la aquí disciplinable, mediante auto datado el 9 de febrero de 2005 (fl. 61); pasando nuevamente al despacho de la encartada el 4 de marzo siguiente, fijándose por ésta la diligencia tan sólo para el día 22 de marzo de 2006; es decir, un año y 18 días después (fl. 63). Y si bien es cierto que en esta fecha no se realizó la diligencia por encontrarse la funcionaria en los escrutinios electorales de la localidad de Yumbo, según constancia que se dejó en el expediente (fl. 65); la servidora judicial decidió señalar como segunda fecha para el efecto, el día 17 de julio de 2006, pero tampoco en esta data se llevó a cabo la diligencia por no haber concurrido el secuestre. Con sustento en ello, la servidora judicial ordenó devolver el expediente al Juzgado 9º de Familia de Cali (fl. 69); razón por la cual este último estrado dispuso nueva comisión al Juzgado 25 Civil Municipal de Cali, pasando el asunto nuevamente al despacho de la encartada el 26 de octubre de 2006, quien señaló para la diligencia la fecha del 27 de abril de 2007, data en que tampoco se finiquitó el comisorio aduciendo para ello el paro judicial promovido por Asonal Judicial, señalándose como nueva fecha el 25 de febrero de 2008; pero el día 22 de los últimos mes y año, la funcionaria comisionada —sin estar debidamente facultada para ello por el despacho comitente— decidió subcomisionar a las inspecciones de policía de Cali, invocando para ello la Circular 139 del 5 de septiembre de 2007, emanada del Consejo Superior de la Judicatura.

Este recuento permite evidenciar la materialidad de la falta desde el punto de vista objetivo, pues desde el primer momento en que la funcionaria recibió la comisión, fue notorio su desgano para dar cumplimiento a ese deber legal. Se repite que sobre este aspecto objetivo, ningún reparo hace la disciplinable.

Procede, en consecuencia, el análisis del aspecto subjetivo de la misma, como quiera que en nuestro ordenamiento está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva (L. 734/2002, art. 13).

En tal sentido, corresponde analizar los razonamientos expuestos por la apelante en la sustentación del recurso de alzada, el primero de los cuales consiste en afirmar que no obró con dolo, sino que su proceder obedeció, en primer lugar, a la necesidad de darle prelación a un deber constitucional, cual era el desempeño como escrutadora en la localidad de Yumbo; y, en segundo término, a la fuerza mayor, consistente en la congestión judicial de su despacho.

Pues bien, sobre el primer aspecto, habrá de decirse que el reproche disciplinario no se limitó a la no realización de la diligencia el día 22 de marzo de 2006; o a la imposibilidad de llevar a cabo la diligencia en la segunda fecha señalada por la funcionaria; sino que el pliego de cargos se estructuró sobre la base de que la jueza obró de manera dolosa para dilatar una diligencia que por la naturaleza del asunto de que trataba (el secuestro de una parte en un bien inmueble, como medida cautelar adoptada en un proceso ejecutivo), al punto de no efectuarla, sub comisionando a un inspector de policía, cuando ni siquiera había sido facultada para ello por parte del funcionario comitente, que lo era el Juez Noveno de Familia de Cali.

De tal manera que, aun aceptando como válidas las razones para no haber realizado la diligencia en las tres oportunidades en que la servidora comisionada había señalado fecha para el efecto, ello en nada disculpa el proceder doloso evidenciado desde el mismo momento en que recibió por primera vez el despacho comisorio, devolviéndolo sin diligenciar y advirtiendo que, de regresar el asunto, sólo lo evacuaría en el año 2006 —más de un año después de recibido—. Y, posteriormente, omitiendo la realización de la diligencia para, en su lugar, sub comisionar a la inspección de policía, a sabiendas de no contar con expresa autorización del funcionario comitente para ello.

Finalmente, no pueden ser de recibo las exculpaciones de la servidora judicial, en punto a la necesidad de verificar si se presentó o no una afectación del deber sustancial, de conformidad con lo contemplado en el artículo 5º de la Ley 734 de 2002. Sobre este aspecto, debe recordarse que, dentro de los principios rectores del Código Disciplinario Único, se destaca el de la ilicitud sustancial, definido en el artículo 5º de la Ley 734 de 2002 en términos de que “La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna” lo cual significa que el incumplimiento de los deberes funcionales constituye el fundamento de la responsabilidad disciplinaria.

Sobre este principio rector, enseña la Corte Constitucional lo siguiente:

“La ley disciplinaria tiene como finalidad específica la prevención y buena marcha de la gestión pública, así como la garantía del cumplimiento de los fines y funciones del Estado en relación con las conductas de los servidores públicos que los afecten o pongan en peligro.

Cabe recordar en ese sentido que constituye elemento básico de la organización estatal y de la realización efectiva de los fines esenciales del Estado social de derecho, la potestad del mismo de desplegar un control disciplinario sobre sus servidores, dada la especial sujeción de éstos al Estado, en razón de la relación jurídica surgida por la atribución de una función pública; de manera que, el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades se efectúe dentro de una ética del servicio público y con sujeción a los principios de moralidad, eficacia y eficiencia que caracterizan la actuación administrativa y el cabal desarrollo de la función pública.

En el cumplimiento de esos cometidos estatales y durante el ejercicio de las correspondientes funciones o cargos públicos, los servidores públicos no pueden distanciarse del objetivo principal para el cual fueron instituidos, como es el de servir al Estado y a la comunidad en la forma establecida en la Constitución, la ley y el reglamento; por lo tanto, pueden verse sometidos a una responsabilidad pública de índole disciplinaria, cuando en su desempeño vulneran el ordenamiento superior y legal vigente, así como por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones (C.P., arts. 6º y 123, Ibídem. Sent. C-708/99, M.P. Álvaro Tafur Galvis).

En ese contexto la Corte ha precisado que el derecho disciplinario pretende garantizar "la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo (Sent. C-341/96); cometido éste que se vincula de manera íntima al artículo 209 de la Carta Política porque sin un sistema punitivo dirigido a sancionar la conducta de los servidores públicos, resultaría imposible al Estado garantizar que la administración pública cumpliese los principios de “igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad” a que hace referencia la norma constitucional.

La Corte ha precisado igualmente que en materia disciplinaria, la ley debe orientarse a asegurar el cumplimiento de los deberes funcionales que le asisten al servidor público o al particular que cumple funciones públicas pues las faltas le interesan al derecho disciplinario en cuanto interfieran tales funcione. En reiterados pronunciamientos esta corporación ha resaltado que la órbita de injerencia del derecho disciplinario se circunscribe al comportamiento de los servidores públicos en ejercicio de sus cargos. Por ello se ha expuesto que “El derecho disciplinario comprende el conjunto de normas, sustanciales y procesales, en virtud de las cuales el Estado asegura la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo” (C. Const., Sent. C-341-96, M.P. Antonio Barrera Carbonell). En el mismo sentido, se ha indicado que “El Código Disciplinario Único comprende el conjunto de normas sustanciales y procesales, con las que el legislador pretende asegurar la obediencia, la disciplina, la eficiencia y el adecuado comportamiento de los servidores públicos en el ejercicio de sus cargos” (C. Const., Sent. C-712.01, M.P. Jaime Córdoba Triviño). De allí que el derecho disciplinario valore la inobservancia de normas positivas en cuanto ella implique el quebrantamiento del deber funcional, esto es, el desconocimiento de la función social que le incumbe al servidor público o al particular que cumple funciones públicas (Ver Sent. C-373/2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño. SPV de los magistrados Rodrigo Escobar Gil y Eduardo Montealegre Lynett).

En este sentido también ha dicho la Corte que si los presupuestos de una correcta administración pública son la diligencia, el cuidado y la corrección en el desempeño de las funciones asignadas a los servidores del Estado, la consecuencia jurídica de tal principio no podría ser otra que la necesidad de castigo de las conductas que atentan contra tales presupuestos, conductas que —por contrapartida lógica— son entre otras, la negligencia, la imprudencia, la falta de cuidado y la impericia. En términos generales, la infracción a un deber de cuidado o diligencia (Ver Sent. C-181/2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra SPVI de los magistrados Jaime Córdoba Triviño, Eduardo Montealegre Lynett y Álvaro Tafur Galvis)”(2) (negrilla no original).

Atendiendo a tales lineamientos jurisprudenciales, habrá de concluirse que acertó la colegiatura de instancia al imponer sanción disciplinaria a la servidora judicial García Varela, pues lo cierto es que la grave omisión en dar cumplimiento a la comisión para llevar a feliz término una diligencia tan sencilla-simbólica, incluso si se tiene en cuenta que el secuestro sólo recaía sobre un 6.82% de un bien inmueble- configura la realización objetiva y dolosa de la conducta tipificada en la ley penal como delito de prevaricato por omisión, lo cual permite concluir, sin hesitación alguna, que la funcionaria llamada a juicio disciplinario adecuó inequívocamente su conducta al tipo disciplinario previsto en el artículo 48.1 de la Ley 724 de 2002 como falta gravísima.

Sin embargo, como quiera que en el pliego de cargos también se le había endilgado a la funcionaria judicial la incursión en las faltas a los deberes previstos en los numerales 7º y 15 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, el primero de los cuales alude a la estricta observancia de los términos fijados para atender los asuntos y diligencias; y el segundo, relativo a la resolución de los asuntos sometidos a su consideración dentro de los términos previstos en la ley; estima la Sala que mantener tales imputaciones no sería otra cosa que fracturar el principio de non bis in idem, en la medida en que, en realidad, para el caso de ocupación, se evidencia un concurso aparente, puesto que el sustento fáctico de estas dos trasgresiones es exactamente el mismo, a saber, la omisión dolosa en el cumplimiento de una función propia del cargo, que, como se dejó visto, se adecúa a la falta gravísima por la que se encontró responsable a la funcionaria, lo cual impone la necesidad de absolver a la disciplinable de los cargos referentes al incumplimiento del deber señalado en el numeral 15 de la Ley 270 de 1996, salvaguardando así el principio que acaba de mencionarse. Consecuentemente, solo se confirmará lo atinente a la falta gravísima contemplada en el artículo 48.1 de la Ley 734 de 2002, por incumplimiento del deber previsto en el artículo 153.7 de la Ley 270 de 1996, al haber realizado objetivamente la conducta que el código sustantivo penal contempla como prevaricato por omisión.

Sin embargo, y a pesar de que la Sala absolverá a la doctora Gloria Teresa García Varela de los cargos imputados por el incumplimiento del deber contemplado en el numeral 15 de la Ley 270 de 1996; en cuanto atañe a la sanción impuesta por el a quo, la misma habrá de confirmarse, como quiera que responde al mandato contenido en el artículo 44.1 del CDU, el cual prevé la destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas. Y, en cuanto al término de la inhabilidad general, el de diez años impuesto por el a quo se aviene a lo normado en el canon 46, inciso primero del mismo estatuto, pues éste indica que la inhabilidad general no será inferior a diez años ni superior a veinte.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. NO DECRETAR la nulidad deprecada por la apelante, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

2. MODIFICAR la sentencia apelada, en el siguiente sentido:

A. ABSOLVER a la doctora Gloria Teresa García Varela, en calidad de Jueza 25 Civil Municipal de Cali, de los cargos que se le habían imputado por el posible incumplimiento del deber previsto en el numeral 15 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

B. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, el 4 de agosto de 2010, en cuanto SANCIONÓ a la doctora Gloria Teresa García Varela, en calidad de Jueza 25 Civil Municipal de Cali, consistente en destitución del cargo e inhabilidad por diez (10) años, como autora responsable de haber incumplido el deber previsto en el artículo 153.7 de la Ley 270 de 1996, incurriendo en la falta gravísima descrita en el artículo 48.1 de la Ley 734 de 2002, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3. NOTIFÍQUESE la presente decisión a la funcionaria sancionada, personalmente o por edicto conforme a lo previsto en el artículo 201 del Código Disciplinario Único. Háganse las anotaciones del caso y ejecútese la sanción conforme a lo previsto en los artículos 220 y 221 ibídem.

Notifíquese y cúmplase».

(2) Corte Constitucional, Sentencia C-948 de 2002, expedientes D-3937 y D-3944, M.P. Álvaro Tafur Galvis, 6 de noviembre de 2002.