Sentencia 2006-00984 de junio 22 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Enrique Rodríguez Navas

Radicación número: 25000-23-26-000-2006-00984-01 (38082)

Actor: Javier Torres Varón

Demandado: Nación–Rama Judicial

Referencia: Acción de reparación directa (01/84)

Tema: Falla en el servicio

Subtema 1: Error judicial

Subtema 2: En proceso laboral

Sentencia

Sentencia confirma

Bogotá, D.C., veintidós de junio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones

3.1. Presupuestos de la sentencia de mérito

La Sala es competente para resolver el presente caso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en razón a la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y determinó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los tribunales administrativos, y en segunda instancia en el Consejo de Estado, sin que sea relevante lo relacionado con la cuantía(9).

La acción de reparación directa estaba vigente al momento de presentación de la demanda, pues de conformidad con las pruebas arrimadas al plenario, se encuentra acreditado que la sentencia de casación proferida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia quedó ejecutoriada el 26 de abril del 2004, y la demanda se presentó el 6 de abril del 2006, es decir dentro del término de dos años previsto en el artículo 136 del C.C.A.

El señor Javier Torres Barón se encuentra legitimado en la causa por activa, por ser el afectado directo con el error judicial que pretende demostrar.

En relación con la legitimación en la causa por pasiva, se pone de presente que en el caso de autos el hecho reputado como generador del daño por la parte actora fue el error judicial comentado en el proceso laboral iniciado por el señor Javier Torres Varón, por lo que se concluye que la Nación-Rama Judicial se encuentra legitimada en la causa por pasiva, por cuanto los órganos que adelantaron el proceso judicial de donde deviene el hecho generador del daño alegado en la demanda, forman parte de la entidad demandada.

3.2. Sobre la prueba de la responsabilidad

A partir de la preceptiva del artículo 90 de la Constitución, dos son los elementos constitutivos de la responsabilidad de la administración, a saber, que haya un daño antijurídico y que este sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública.

La parte demandante, dentro del relato que ofrece en el libelo introductorio como sustento fáctico de sus pretensiones, hace relación a estos dos elementos, para presentar, de un lado, el daño sufrido, su extensión, intensidad y modalidades, y de otro, las actuaciones u omisiones que endilga a la entidad demandada y en cuya virtud le imputa la responsabilidad que pide sea declarada en esta sentencia. En torno a estos dos elementos gravita la carga probatoria, y por tanto, el estudio de los hechos probados se hará en dos grandes apartes, a saber: hechos relativos al daño y hechos relativos a la imputación.

3.2.1. De la prueba de los hechos

El actor hizo consistir daño, entendido como el atentado material contra una cosa o persona, en la pérdida de los derechos económicos causados, a su manera de ver, dentro del marco de una relación laboral, y en la afectación moral que habría sufrido, aquella y ésta, a consecuencia del resultado desfavorable que tuvo el litigio laboral que inició ante la jurisdicción ordinaria, efecto éste que señaló como imputable a la demandada por causa de error judicial.

Para acreditar la fundamentación fáctica de sus pretensiones, aportó y obtuvo la práctica dentro del proceso, de los medios de convicción referidos en las notas de pie de página registradas con relación a cada uno de los siguientes hechos:

• El 1º de octubre de 1997, el señor Javier Torres Varón presentó demanda laboral ante los Jueces Laborales del Circuito de Bogotá, con el fin de que se declarara la relación laboral con las sociedades Uniconic S.A., Conigravas S.A., Miss Mundo Colombia Ltda., Conic S.A. y solidariamente el señor Edgar Botero Henao; y se ordenara el pago de indemnización laboral, salarios adeudados, primas, vacaciones, cesantías e intereses moratorios(10).

• El 27 de octubre de 1997, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito profirió auto admisorio de la demanda, en el que especificó que el reparto fue recibido con 7 folios. El Juzgado ordenó la notificación a las sociedades demandadas Uniconic S.A., Conigravas S.A., Miss Mundo Colombia Ltda., Conic S.A. y solidariamente al señor Edgar Botero Henao(11).

• Teniendo en cuenta que una vez emitido el edicto emplazatorio, la parte demandada no compareció al proceso, el Juzgado procedió a designar un curador ad litem para continuar con el trámite de la actuación procesal(12).

• El 25 de junio de 1998, la curadora ad litem designada contestó la demanda, se opuso a las pretensiones y manifestó que se atenía a los que resulten demostrados en el proceso.

• El 17 de febrero de 1999, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá, en audiencia pública, escuchó al apoderado de la parte actora, quien concretó los puntos que serían materia de inspección judicial(13) y ofició a la parte demandada para que allegara copia de los documentos necesarios para la evacuación de la diligencia de inspección judicial.

• Teniendo en cuenta la falta de respuesta de la parte demandada a los oficios emitidos por el Juzgado con el fin de que remitiera la documentación necesaria para adelantar la diligencia de inspección judicial, el 31 de octubre del 2000, la parte actora solicitó al despacho la práctica de la inspección en las instalaciones de la demandada. El Juzgado atendió la solicitud y fijó fecha para la diligencia(14).

• El 27 de febrero del 2002, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá escuchó en audiencia al apoderado de la parte actora, quien manifestó que aportaba copia de los oficios enviados a la parte demandante con sellos de recibido. Además, el juzgado manifestó que, ante la inasistencia de los representantes legales de las sociedades demandadas al interrogatorio convocado, no resultaba posible aplicar los artículos 209 y 210 del CPC., en lo referente a la confesión, por cuanto las demandadas se encontraban representadas en el proceso por curador ad litem. Por lo anterior, suspendió la audiencia y fijó fecha para realizar la visita a las instalaciones de la parte demandada, con el fin de surtir la diligencia de inspección judicial(15).

• El 12 de abril del 2002, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá se trasladó a “la sede de la demandada Uniconic S.A., Conigravas S.A. y Miss Mundo Colombia Ltda. y Conic S.A., incluyendo el doctor Édgar Botero Henao”, donde fueron atendidos por quien afirmó ser el representante de las demandadas, doctor Luis Fernando Mejía Rivera, quien manifestó:

[L]e solicito al despacho el término de ocho días para allegar al Despacho los documentos solicitados, a los cuales se incluirá contrato de transacción de las pretensiones de la demanda, copia que se anexa en el acto.

En atención a la anterior solicitud el Juzgado se pronunció de la siguiente manera:

[A]tiéndase favorablemente la solicitud formulada por el señor Mejía Rivera quien se anuncia como representante de las demandadas, salvo con respecto al doctor Edgar Botero Henao, en el entendido que deberá poner a disposición la referida documentación, so pena de dar aplicación al artículo 56 del C. de P. L., que refiere al tema de la renuencia y la declaratoria de confeso(16).

• El 26 de abril del 2002, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá declaró renuente a la parte demandada, debido a que no presentó los documentos requeridos para evacuar la diligencia de inspección judicial. Por lo anterior, el Juzgado afirmó: “Deberá entonces declararse confesa a la empleadora conforme los términos y alcance del temario de Inspección judicial concretado por la parte actora”. En la misma audiencia atendió positivamente la solicitud de cierre del debate probatorio elevada por la parte actora y fijó fecha para la audiencia de juzgamiento(17).

• El 9 de septiembre del 2002, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá celebró audiencia de juzgamiento, en la que decidió absolver a la parte demandada de las pretensiones formuladas por el señor Javier Torres Varón, debido a que no logró probar los extremos de la relación laboral que las soportaban, como tampoco la remuneración laboral, ni las circunstancias que rodearon la terminación del vínculo laboral. El Juzgado consideró que el demandante incumplió con la carga probatoria que le impone el artículo 177 del CPC y que la declaratoria de confeso no surtió ningún efecto, debido a la falta de técnica al momento de concretar el tema de inspección judicial. Lo anterior fue fundado en la sentencia 7618 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, proferida el 11 de septiembre de 1995 en la que se indicó: “[S]on presupuestos para la renuencia, que la parte que la solicita haya concretado los hechos cuya demostración pretende con la inspección y que estos sean susceptibles de prueba de confesión”(18).

• La parte actora interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia(19). Afirmó que, debido a la renuencia de la parte demandada a facilitar la información requerida para la práctica de la inspección judicial decretada, el juez de instancia debió darle aplicación al artículo 56 del Código de Procedimiento Laboral y tener por ciertos los hechos alegados en la demanda. Sobre la consideración del a quo manifestó:

[L]a negatoria a la declaratoria de confeso por falta de técnica al momento de concretar el tema de inspección judicial a que se refiere el señor juez en la sentencia no es igualmente clara, puesto que la aplicación estricta de la norma no requiere de técnica diferente a su cumplimiento.

• El 31 de enero del 2003, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá resolvió el recurso de apelación interpuesto y profirió sentencia confirmatoria. Para arribar a dicha decisión realizó las siguientes consideraciones: i) no es jurídicamente procedente la confesión ficta respecto de quienes está representados por curador ad litem, por cuanto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 del CPC, el curador ad litem no puede disponer del derecho en litigio; ii) la copia simple del contrato de transacción allegada al expediente no puede ser valorada, por cuanto no fue decretada como prueba; iii) si bien el juez, declaró la renuencia que refiere el artículo 56 del Código de Procedimiento Laboral “como paso previo a la aplicación de la aludida disposición”, en la audiencia de juzgamiento estableció que “los puntos materia de inspección judicial no ayudan a dilucidar lo pretendido”, puesto que el “cuestionario propuesto no refleja ni representa con exactitud” las fechas de ingreso y egreso, sueldo devengado y demás puntos objeto de la controversia; iv) en el proceso no existen otros elementos de prueba que acrediten las fechas de inicio y terminación del contrato de trabajo, ni de las acreencias reclamadas por el actor(20).

• El 20 de agosto del 2003, la parte actora presentó recurso extraordinario de casación y formuló los siguientes cargos: i) violación a la ley sustancial por cuanto el Tribunal desconoció el contenido de una providencia que por mandato legal quedó debidamente ejecutoriada y que declaró la renuencia de las sociedades demandadas, con los efectos de confesión ficta que esto implica; ii) violación a la ley sustancial por falta de apreciación de la prueba puesto que el tribunal no debió negar la declaración de confesas de las sociedades demandadas por encontrarse representadas por curador ad litem, debido a que en la audiencia del 12 de abril del 2002, acudió en doctor Mejía Rivera como representante de las mismas; iii) violación a la ley sustancial por no apreciar que en la demanda se consignaron los datos que permitían conocer los puntos que debían concretarse mediante la inspección judicial; iv) violación de la ley sustancial por omitir evacuar en debida forma las pruebas solicitadas y decretadas en el proceso(21).

• El 16 de abril del 2004, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia decidió no casar la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. La Corte consideró que las acusaciones incoadas en el recurso extraordinario de casación no cumplen con las exigencias para su procedencia, puesto que contienen deficiencias técnicas. En primer lugar, expuso que la parte actora no manifestó debidamente cuáles eran los desaciertos fácticos en los que incurrió el juez laboral, lo cual resulta de vital importancia para verificar si estos se materializaron. En segundo lugar, afirmó que las actas de las audiencias no constituyen pruebas de los cargos formulados en contra del juez, pues se trata de constancias escritas de lo actuado oralmente, por lo que para demostrar los cargos invocados, los elementos probatorios idóneos en sede de casación se limitan a la confesión judicial, inspección judicial y documentos. Por último, anotó que los aspectos que discute el recurrente son de carácter procesal, como la procedencia de la confesión ficta o la falta de práctica de algunas pruebas, lo cual debido hacerse por la vía directa, relacionando los motivos por los cuales se considera un error de derecho(22).

De acuerdo con los anteriores elementos probatorios, la Sala procederá a comprobar la existencia de un error judicial, con base en lo alegado tanto en la demanda como en el recurso de apelación por la parte actora.

3.3. Problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial de la Nación por el daño alegado por el actor, atinente a la desestimación de sus pretensiones en un proceso laboral, como consecuencia de las omisiones en que habría incurrido el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá.

3.4. Análisis de la Sala sobre la configuración del error judicial

La Ley 270 de 1996 desarrolla la responsabilidad del Estado por error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad. En cuanto al error jurisdiccional, el artículo 66 de dicho estatuto indica que es aquel cometido por una autoridad investida de facultades jurisdiccionales, en su carácter de tal, durante el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.

Además, el artículo 67 establece como presupuestos del error jurisdiccional los siguientes:

i) Que el afectado haya interpuesto los recursos legales, pues si no agota los medios de defensa judicial que tiene a su alcance, el perjuicio sería ocasionado por su negligencia y no por el error judicial, por lo que se presentaría una causal eximente de responsabilidad del Estado consistente en la culpa exclusiva de la víctima. Los recursos de ley que menciona la referida normativa, deben entenderse como los medios ordinarios de impugnación, y no los recursos extraordinarios que requieren unas causales estrictas para su procedencia.

i)(sic) Que la providencia contentiva del error se encuentre en firme, es decir, que de manera normal o anormal le ponga fin al proceso, sin embargo, la providencia no debe ser analizada de manera aislada, sino en relación con los demás actos procesales. Además, si bien el error judicial debe estar contenido en una providencia judicial, en dicho error pueden incurrir otros agentes del Estado que, sin pertenecer a la rama judicial, cumplan la función de administrar justicia o desempeñen funciones judiciales.

iii) Que la providencia sea contraria a derecho. Puede incurrirse en un error judicial en providencias por medio de las cuales se interpreta, se declara o se hace efectivo un derecho subjetivo; el error puede ser de hecho o derecho, por interpretación errónea, falta de aplicación de la norma o indebida aplicación de la misma. Además, deben entenderse incluidas en la definición de error jurisdiccional las providencias contrarias a la Constitución.

El concepto de error judicial puede estar vinculado a alguna de las llamadas por la Corte Constitucional “causales de procedibilidad”, esto es, a un defecto sustantivo, orgánico o procedimental, un defecto fáctico, un error inducido, un fallo sin motivación, un desconocimiento del precedente o una violación directa de la Constitución.

Por su parte, esta corporación ha desarrollado amplios criterios jurisprudenciales sobre el contenido y alcance del error jurisdiccional. Al respecto se estipuló:

[D]eterminar la existencia de un error judicial comporta en muchos casos un juicio difícil, pues si bien el parámetro para definir el error es la norma jurídica aplicable al caso, no siempre ésta arroja resultados hermenéuticos unificados, con lo cual distintos operadores jurídicos pueden aplicar la misma norma a partir de entendimientos diferentes, con resultados igualmente dispares. Y ello podría trivializar la idea de que existan errores judiciales, para decir que lo constatable son simplemente interpretaciones normativas o de hechos, de modo diferentes, merced a distintos y válidos entendimientos de lo jurídico.

Este asunto de la banalización del error judicial adquiere un carácter superlativo si se tienen en cuenta no solo los distintos métodos de interpretación jurídica existentes –que llevan a juicios concretos distintos–, sino también la variedad de concepciones del derecho que circulan en el mundo académico y que tienen gran incidencia en cuestiones prácticas como las judiciales. Si según alguna versión del realismo jurídico el derecho es lo que diga el juez y para el iuspositivismo existen varias respuestas correctas en derecho, entonces la pregunta por el error judicial puede quedar en entredicho, pues en el primer caso no sería posible juzgar a quien estipula el derecho y en el segundo el intérprete siempre quedaría justificado porque básicamente escogió una de las posibilidades hermenéuticas de las varias que ofrece la norma.

Para darle sentido y justificación a una norma como el artículo 65 de la Ley 270 de 1996 que ve materializado el error judicial “a través de una providencia contraria a la ley”, la concepción del derecho que mejor explica el fenómeno es el iusnaturalismo en su versión moderna iusracionalista que apuesta por la corrección de las decisiones jurídicas sobre la base de una argumentación razonada. Como es sabido, la tesis de la única respuesta correcta desarrollada por la concepción iusracionalista del derecho, con Dworkin a la cabeza(23), tiene como su variante más influyente la propuesta de Alexy sobre la respuesta correcta como idea regulativa, la que a su turno es un desarrollo de su tesis filosófica sobre moral correcta(24).(25)

En cuanto al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, el artículo 69 de la Ley 270 de 1996 establece: “Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”.

En el presente caso, la parte actora alegó la configuración de errores, tanto en el funcionamiento del trámite procesal del asunto laboral que adelantó ante la jurisdicción ordinaria, como en las decisiones judiciales que se adoptaron en su interior. Por tanto, la Sala procederá a determinar la existencia de cada uno de los errores alegados.

3.4.1. Errores constitutivos de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia

3.4.1.1. Sobre la indebida notificación del auto admisorio de la demanda laboral

En el presente asunto, la parte actora considera que la notificación del auto admisorio de la demanda se realizó de manera indebida, por cuanto el señor Edgar de Jesús Botero Henao fue notificado como representante legal de las sociedades demandadas, pero no como persona natural demandada. Afirmó que, como consecuencia de lo anterior, el curador ad litem que fue nombrado no representó a la persona natural demandada, por cuanto este no fue vinculado al proceso, debido a que no fue mencionado como demandado en el edicto emplazatorio mediante el cual se surtió la notificación. Así mismo, afirmó que no fue posible practicar el interrogatorio de parte, debido a que el señor Botero Henao no fue vinculado al proceso.

Esta subsección encuentra que, de acuerdo con lo consignado en el auto de 27 de octubre de 1997, mediante el cual el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá admitió la demanda, la notificación de esta fue ordenada tanto a las sociedades Uniconic S.A., Conigravas S.A., Miss Mundo Colombia Ltda., Conic S.A., como al señor Edgar Botero Henao en calidad de persona natural demandada solidariamente. Así mismo, en el aviso judicial que se observa a folio 33 del cuaderno 6 del expediente se mencionó al señor Botero Henao como demandado, en calidad de persona natural.

Más adelante, obran en el expediente las constancias de los edictos emplazatorios fijados el 9 de marzo y 13 de abril de 1998(26), en los cuales se advierte que no se emplazó al señor Edgar Botero Henao como persona natural, sino como representante legal de las sociedades demandadas. Lo anterior indica que el Juzgado Laboral incurrió en una falla, debido a que la notificación para la vinculación del señor Botero Henao al proceso no se realizó en debida forma.

No obstante lo anterior, La Sala reprocha la negligencia de la parte demandante dentro del proceso laboral, pues, ante la falta de vinculación de uno de los sujetos allí demandados, debió advertirlo oportunamente para que se corrigiera la falencia. El silencio que allí observó, impide la configuración del defecto como supuesto de la pretensión de reparación. Máxime cuando fue la misma parte demandante la que diligenció la publicación del edicto emplazatorio, sin advertir la falla cometida(27).

3.4.1.2. Sobre los errores en el envío de oficios a las sociedades demandadas

También alega la parte actora que los oficios enviados por el juzgado, solicitados en la demanda para requerir a la parte demandada la documentación necesaria para adelantar la diligencia de inspección judicial, fueron dirigidos solo a una de las tres sociedades demandadas, lo que impidió que los documentos requeridos fueran enviados en debida forma.

Al respecto, la Sala advierte que le asiste razón a la parte demandante, puesto que los oficios enviados el 6 de octubre de 1998, 25 de febrero y 29 de noviembre de 1999, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito(28), fueron dirigidos solamente a la sociedad demandada denominada Uniconic S.A., tal como se advierte en el encabezado de cada uno de ellos.

Sin embargo, no se observa que a lo largo del proceso, la parte demandante hubiera manifestado su inconformidad con el envío de los oficios, cuando tenía la oportunidad de oponerse a que estos se enviaran de manera incorrecta o solicitar que se enviaran en debida forma. Lo anterior exime a la Rama Judicial de responsabilidad por esta falla, debido a la configuración del hecho de la víctima.

3.4.2. Errores contenidos en decisiones judiciales constitutivos de error jurisdiccional

3.4.2.1. Sobre la falta de evacuación de las pruebas decretadas en el proceso

El demandante arguyó que el juez laboral no adelantó las acciones necesarias para evacuar todas las pruebas decretadas en el proceso. Sin embargo, advierte la Sala que, en la tercera audiencia de trámite, el Juzgado resolvió las solicitudes incoadas por la parte actora, correspondientes a i) declarar la renuencia conforme a lo estipulado en el artículo 56 del C. de P.L., debido a que el representante legal de las sociedades demandadas incumplió con el plazo solicitado para aportar los documentos requeridos para surtir la inspección judicial, y ii) al cierre el cierre de la etapa probatoria.

De lo anterior se desprende que el cierre del debate probatorio fue solicitado por la parte actora, por lo que la falta de recaudo de pruebas no es atribuible al juez, pues la solicitud expresa de finalización del debate probatorio implica una declinación respecto de la recaudación de las pruebas que habiendo sido decretadas, restaren aún por practicar al momento de la petición de cierre de la etapa procesal dispuesta para ese fin.

3.4.2.2. Sobre la falta de valoración del contrato de transacción

En cuanto a la valoración de la copia del contrato de transacción aportada por la parte demandada durante la audiencia de inspección judicial, la Sala considera que, tal como lo afirmó el a quo, dicho documento no podría ser valorado, por cuanto fue allegado al proceso laboral de manera ilegal.

Lo anterior se evidencia en el acta de la audiencia pública celebrada el 12 de abril del 2002, en la que se consignó que la diligencia fue atendida por el señor Luis Fernando Mejía Rivera, quien aportó “contrato de transacción de las pretensiones de la demanda” y se anunció como representante legal de las demandadas. Sin embargo, el señor Mejía Rivera no aportó durante la audiencia ningún documento que demostrara su legitimación para actuar como representante de las sociedades vinculadas, máxime cuando desde la presentación de la demanda se dijo que la representación de estas era ejercida por el señor Edgar de Jesús Botero Henao.

Por otro lado, llama la atención de la Sala que la fórmula que usó el juez laboral para incorporar al proceso el documento aportado fuera “A título meramente informativo se ordena incorporar el anunciado documento al proceso”. De lo que se colige que el contrato de transacción solamente fue recibido en audiencia, pero no recibió el tratamiento de una prueba, actitud que la Sala encuentra explicable e consideración a su irregular aportación.

Finalmente, cabe señalar que, en caso de que el juez laboral hubiera tenido en cuenta el documento recibido, la valoración integral del mismo hubiera conllevado a la terminación del proceso, en vista de que el documento aportado daba cuenta de un acuerdo entre las partes que resolvía las pretensiones de la demanda.

3.4.2.3. Sobre la falta de aplicación de la confesión ficta o presunta

La parte actora consideró que la falta de aplicación, por parte del juez laboral, de lo dispuesto en el artículo 210 del CPC., sobre la confesión ficta, constituyó un error judicial.

Al respecto, la Sala advierte que, si bien en el recurso de apelación, la parte actora alegó que el juez laboral no declaró la confesión ficta porque los demandados estaban siendo representados por curador ad litem, de acuerdo con lo consignado en el acta de la audiencia de juzgamiento, el motivo por el cual el juez laboral negó la configuración de la confesión ficta o presunta fue la falta de técnica en la formulación de los puntos a demostrar en la inspección judicial, lo que impidió tener por probados los hechos que sustentaban las pretensiones de la demanda.

Sobre la confesión ficta o presunta, el artículo 210 del CPC. establece:

La no comparecencia del citado a la audiencia, la renuencia a responder y las respuestas evasivas, se hará constar en el acta y hará presumir ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión sobre los cuales versen las preguntas asertivas admisibles, contenidas en el interrogatorio escrito.

La misma presunción se deducirá, respecto de los hechos de la demanda y de las excepciones de mérito, o de sus contestaciones, cuando no habiendo interrogatorio escrito el citado no comparezca.

En ambos casos, el juez hará constar en el acta cuáles son los hechos susceptibles de confesión contenidos en el interrogatorio escrito, en la demanda, las excepciones de mérito, o sus contestaciones, que se presumen ciertos.

Si las preguntas no fueren asertivas o el hecho no admitiere prueba de confesión, la no comparecencia, la respuesta evasiva o la negativa a responder, se apreciarán como indicio grave en contra de la parte citada.

La Sala observa que, en la audiencia del 26 de abril del 2002, el juez laboral declaró la renuencia de la parte demandada, debido al incumplimiento del plazo solicitado para allegar los documentos requeridos para adelantar la diligencia de inspección judicial, por tanto, se presumirían como ciertos los hechos susceptibles de confesión. Seguidamente, en atención al mandato normativo citado, el juez señaló que los hechos susceptibles de prueba de confesión estarían dados por el alcance del contenido del temario formulado para la inspección judicial.

No obstante, en la audiencia de inspección judicial del 17 de febrero de 1999, el temario formulado por la parte demandante para la diligencia no era de carácter asertivo; más aún, ni siquiera estaba planteado en forma de interrogatorio.

De acuerdo con el artículo 210 del CPC., cuando no haya interrogatorio escrito y el citado no comparezca al proceso, la presunción se deducirá respecto de los hechos de la demanda.

Teniendo en cuenta que el juez laboral no aplicó en debida forma lo establecido en el citado artículo, puesto que no advirtió la ausencia de preguntas asertivas admisibles que permitieran que los hechos fueran susceptibles de confesión y, por tanto, no atendió lo estipulado en el segundo inciso referente a la aplicación de la presunción de ciertos de los hechos de la demanda, en caso de ausencia de interrogatorio, la Sala advierte la configuración de un error en la aplicación de una norma, por parte del juez laboral.

Sobre este tema, la Corte Suprema de Justicia ha establecido que constituye un error, por parte del juez, no fijar de manera concreta los hechos que serían susceptibles de confesión; sin embargo, ha censurado el hecho de que, ante este error en la declaración de renuencia, la parte actora no manifieste su oposición en la oportunidad debida. Así, en la sentencia de 11 de septiembre del 2007, de la Sala de Casación Laboral, radicación 28.347 se expuso:

[S]obre el particular, esta Sala de la Corte, en sentencia de 29 de mayo de 2003, radicación 20222, dijo:

“Ciertamente , en el sub lite el Tribunal no podía hacerle producir efectos al artículo 56 del C.P.L. declarando confeso a la parte que no permitió o no facilitó o no accedió a la celebración de una inspección, pues el juez instructor de la prueba no había calificado la conducta de la demandada como un acto de renuencia y no había señalado las consecuencias que le siguen al desacato, en auto previo a la sentencia; esta declaración judicial es una condición de procedibilidad de la confesión ficta reclamada, la cual es indispensable para garantizar a la parte sancionada por su conducta procesal el derecho pleno de contradicción, como lo ha señalado esta Sala…”.

Sin embargo, sí atina la censura en la otra crítica de orden probatorio que le hace al juez ad quem en cuanto que “pasó por alto la falta de concreción y especificación de los hechos que la parte interesada en la prueba estaba obligada a señalar al juez como director del proceso”.

Se afirma lo anterior porque del texto del acta de la inspección judicial, que se transcribió anteriormente, se infiere que el juez instructor dijo que “se hace aplicable el precepto contenido en el artículo 56 del C.P.L., con respecto aquellos hechos susceptibles de confesión que se permitía demostrar al (Sic) parte demandante, con esta diligencia.”

Esa alusión general e imprecisa a los hechos susceptibles de confesión que pretendía demostrar la parte demandante impide determinar con claridad a cuáles hechos en concreto se refirió el juez de la causa, con lo que se omitieron los requisitos que en torno a la sanción jurídica consagrada en el artículo 56 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social ha fijado la jurisprudencia de esta Sala, que en sentencia del 23 de agosto de 2006, radicado 21060, en la que se reiteraron los criterios expuestos en las del 23 de julio de 1992 radicado 5159 y del 7 de abril de 2005, radicado 24292, sobre este asunto, en lo que es pertinente al caso aquí debatido, precisó:

“Con todo, debe tenerse en cuenta que la que el recurrente aspira se tenga como prueba de confesión presunta no cumple con los requisitos exigidos por la jurisprudencia y por la ley para que se configure esa figura jurídica, de suerte que no sería dable atribuirle al tribunal un desacierto por no haberla considerado.

En efecto, la sanción prevista por el numeral segundo del inciso 7º del artículo 39 de la Ley 712 de 2001, consistente en presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión de la demanda cuando el demandado no comparece a la audiencia de conciliación, se halla concebida en términos similares a las consagradas en los artículos 56 del Código Procesal del Trabajo y 210 del Código de Procedimiento Civil, de tal modo que le resultan aplicables los mismos requerimientos que a estas para que pueda conducir a una confesión presunta. En relación con esas consecuencias ha precisado esta Sala de la Corte que es necesario que el juez deje constancia puntual de los hechos que habrán de presumirse como ciertos, de tal manera que no es válida una alusión general e imprecisa a ellos, como la efectuada en este caso, en que el que el juez de la causa se limitó a consignar en la audiencia celebrada el 8 de marzo de 2004 (folio 67) que “… Se presumirán como ciertos todos aquellos hechos susceptibles de prueba de confesión contenidos en la contestación de la demanda y en las excepciones de mérito propuestas en la misma, pues de no admitir esa prueba, se tendrán entonces como un indicio grave en su contra”, pero sin precisar, como era su deber, cuáles de esos hechos se tendrían como ciertos, ni, por la misma razón, cuáles constituirían indicio grave, prueba que, como es sabido, no es hábil en la casación del trabajo”.

De lo que viene de decirse se concluye que el cargo demuestra el desacierto que le atribuye al fallo.

Sin embargo, en sede de instancia, la Corte arribaría a la misma decisión del tribunal, por las siguientes razones:

[N]i del acta bajo estudio, ni de la foliatura siguiente a ésta, se observa que el apoderado judicial de la parte demandada mostrara su inconformidad con la resolución adoptada por el A quo de declararla renuente y confesa de los “hechos susceptibles de confesión que se permitía demostrar al (Sic) parte demandante, con esta diligencia”, es decir, teniendo la oportunidad para hacerlo, no interpuso recurso alguno tendiente a revocar aquella decisión o a precisar sus consecuencias, lo cual quiere decir que se allanó a la determinación de ese despacho judicial, pues no hizo reparo alguno. Ni siquiera en el recurso de apelación que interpuso en contra de la sentencia de primera instancia mostró inconformidad sobre ese particular, lo cual le impide ahora enjuiciar al Tribunal por haber prohijado del a quo la declaratoria de confesión ficta que hizo. (Aparte resaltado, fuera de texto).

En la sentencia de 7 de febrero de 2001, radicación 15222, respecto de la conducta de una de las partes de no recurrir una decisión de esta naturaleza, en un caso similar al presente, en donde el juez de primer grado se abstuvo de declarar confesa a la parte demandada por no concurrir al interrogatorio de parte, esto dijo la Corte:

“Esta exigencia que se encuentra ínsita en el texto del artículo 210 del C. de P.C., modificado por el decreto 2282 de 1989, como que ahí se contempla que <La no comparecencia del citado a la audiencia o a su continuación, se hará constar en el acta y hará presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión...>, también encuentra fundamento en las razones que inspiran a los derechos de defensa y al debido proceso, pues con ella se le da claridad a la situación en que queda la parte declarada confesa, para que pueda desvirtuar los hechos que de acuerdo con la ley pueden presumirse como ciertos. Además, se le da la oportunidad de impugnar tal pronunciamiento con anterioridad al fallo que dirima el asunto litigioso, evitando así que se apliquen los supuestos de aquella norma cuando ya la parte afectada no pueda controvertir los mismos (resaltado del texto original).

De esta forma, la Sala establece que la indebida aplicación del artículo 210 del CPC., por parte del juez laboral no configura un error jurisdiccional, puesto que la parte actora contaba con la posibilidad de impugnar la decisión sobre el alcance de la confesión ficta o presunta habida cuenta de la falta de una debida precisión sobre cuáles de esos hechos se tendrían como ciertos, ni, cuáles constituirían indicio grave.

La parte demandante, entonces, incurrió en doble omisión: no precisó, al solicitar la práctica de la prueba, las afirmaciones que deberían presumirse como ciertas; y no recurrió la resolución adoptada por el A quo de declarar renuente y confesa a la parte demandada de los hechos susceptibles de confesión que se proponía demostrar el solicitante de la prueba, pues si bien era deber del Juez establecer precisamente estos hechos, su omisión bien pudo ser protestada por el demandante, mediante la interposición de recurso tendiente, bien a revocar aquella decisión, o bien a precisar sus consecuencias.

Así las cosas, teniendo en cuenta que uno de los requisitos para la configuración de la responsabilidad del Estado por error jurisdiccional es que el afectado con la decisión haya interpuesto los recursos legales en su contra, la Sala encuentra que el perjuicio que se hubiera ocasionado con la indebida delimitación de los hechos susceptibles de confesión es atribuible a la negligencia de la parte actora, que debió impugnar dicha decisión durante la audiencia pública en la que fue adoptada.

Más adelante, el artículo 210 del CPC. en comento indica que de no contar en el proceso con un interrogatorio que permita aplicar la presunción de los hechos, la renuencia debe apreciarse como un indicio grave en contra de la parte demandada, disposición que la Sala observa, no fue acatada en la audiencia de juzgamiento por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, quien negó las pretensiones de la demanda, sin tener en cuenta que la renuencia de los demandados debía tenerse como un indicio grave en su contra, omisión que si bien constituye error jurisdiccional derivado de la falta de aplicación de una norma, no resulta ser la causa eficiente del daño que se alega en la demanda, entendido como la pérdida de los derechos materia de las pretensiones en el proceso.

Este indicio, en ausencia de la prueba de los hechos demostrativos de la relación laboral y de los demás hechos en los que se fundaban las pretensiones, resultaba insuficiente al actor para obtener una sentencia favorable. Lamentablemente, éste, en la audiencia del 26 de marzo del 2002, además de solicitar la declaratoria de renuencia, pidió el cierre de la etapa probatoria, desistiendo así de la práctica de las pruebas que se habían decretado en el proceso, a saber:

— Testimonios de Enrique Varón Valencia, Fabiola Esteban, Misael Jiménez, Mario Fernando Buenaventura y Janetth Millán.

— Interrogatorio de parte del representante legal de las sociedades demandadas y del señor Edgar de Jesús Botero Henao.

De esta forma, se presenta un eximente de responsabilidad consistente en el hecho exclusivo de la víctima, puesto que daño alegado en la demanda tuvo por causa al desistimiento que hizo el actor de la práctica de las pruebas decretadas con el fin de demostrar la vinculación laboral alegada, entre ellas los interrogatorios, sin percatarse de que la inexistencia de tales pruebas le impedida al juez tener como ciertos los hechos fundantes de las pretensiones de la demanda.

3.4.2.4. Sobre los errores en las sentencias de segunda instancia y de casación

Ahora bien, en cuanto a la sentencia de segunda instancia, proferida por el Tribunal Superior de Bogotá-Sala Laboral, la parte actora alegó que, en esta, el juez omitió corregir los errores en la notificación y que, además, omitió declarar la confesión ficta o presunta que había sido señalada en audiencia de 26 de abril del 2002.

Al respecto, la Sala considera que al no haber sido objeto de apelación el hecho de que el juez de primera instancia no hubiera aplicado el último inciso del artículo 210 del CPC., para tener como indicio grave la renuencia de la parte demandada, a falta de interrogatorio asertivo que permitiera declarar la confesión ficta o presunta, no podría exigírsele al Tribunal Superior un pronunciamiento al respecto.

Por tanto, que la decisión de la Sala laboral hubiera confirmado la sentencia de primera instancia, por consideraciones distintas a las aquí señaladas, no constituye un error judicial que tenga incidencia en el daño alegado en la demanda, puesto que la pérdida del proceso laboral, como se estableció, obedeció a que desde la primera instancia del proceso la parte actora desistió de la práctica de las pruebas decretadas con el fin de determinar la existencia de la relación laboral que pretendía demostrar.

Finalmente, no se encuentra demostrado en el proceso que los cargos presentados en el recurso extraordinario de casación tuvieran vocación de prosperidad y que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia hubiera cometido algún error en la determinación de no casar la sentencia recurrida.

Así las cosas, la Sala concluye que el daño causado a la parte actora por la pérdida del proceso laboral es atribuible al hecho exclusivo de la víctima.

Teniendo en cuenta que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia denegatoria, la Sala confirmará el fallo por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

3.5. Costas

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: CONFIRMAR la sentencia proferida el 2 de septiembre del 2009, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de acuerdo a las consideraciones expuestas.

Segundo: En firme este fallo DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y EXPEDIR a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 Folios 85, C.1.

2 Folios 88-98, C.1.

3 Folios 176-187, C.1.

4 Folios 187-195, C. Pal.

5 Folios 208-2, C. Pal.

6 Folios 224, C. Pal.

7 Folio 226-234, C. Pal.

8 Folio 235, C. Pal.

9 La Ley 270 de 1996 -vigente para el momento de interposición del recurso de apelación en el caso en estudio- desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad. En relación con la competencia funcional en el juzgamiento de las controversias suscitadas por tales asuntos, determinó que, en primera instancia, conocerían los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado. Para tal efecto, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, expediente 2008-00009, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

10 Demanda a Folios 1-6, C. 6.

11 Actuación a Folio 32, C. 6.

12 Auto a Folios 41-43, C.6.

13 “PRIMERO. Se determine la fecha de ingreso y retiro del trabajador. SEGUNDO. Último sueldo devengado teniendo en cuenta el salario en especie a que se refiere el punto quinto de los hechos de la demanda. TERCERO. Existencia y contenido del contrato de trabajo. CUARTO. Liquidación final de cesantías y demás prestaciones sociales. QUINTO. Si el trabajador fue afiliado al Seguro Social. Fecha de afiliación y desafiliación de dicha entidad. SEXTO. Pago de primas legales y extralegales correspondientes a los últimos tres años de la prestación del servicio. SÉPTIMO. Pago de las vacaciones durante los tres últimos años de la prestación del servicio. OCTAVO. Pago de salarios dejados de pagar correspondientes al último año de prestación del servicio. NOVENO. Si la parte demandada canceló las cuotas de afiliación al Seguro Social. DÉCIMO. Si al trabajador se le canceló el valor de la indemnización por terminación del contrato de trabajo”. Folio 39, C.1.

14 Folio 71, C.1.

15 Folio 87. C. 6.

16 Folio 89, c. 6.

17 Folio 94, c. 6.

18 Folios 95-97, C. 6.

19 Folios 98-103, C. 6.

20 Folios 113-116, C. 6.

21 Folios 7-15, C. 1.

22 Folios 22-36, C. 1.

23 [16] En “Los casos difíciles”, Ronald Dworkin defendió la tesis de la única respuesta correcta, para lo cual creó al juez Hércules capaz de hallarla (en Los derechos en serio, pp. 147 a 208, trad. del inglés de Marta Guastavino, Barcelona, Ariel, 1984).

24 [17]En “validez del derecho”, una vez justificada la relación derecho y moral, Robert Alexy concluye afirmando la moral correcta como una idea regulativa (ver Concepto y validez del derecho, Barcelona, Ariel, 1994).

25 Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección B, sentencia del 28 de mayo del 2015, expediente: 33.356 C.P. Danilo Rojas Betancourth.

26 Folios 36 y 41, c. 6.

27 Folios 45-49, c. 6.

28 Folios 56, 61 y 66, C. 6.