Sentencia 2006-00989 de julio 14 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 080012331000200600989

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actora: Colmares S.A.

Demandado: Ministerios de Transporte y de la Protección Social

Ref.: Naturaleza Jurídica de las Facturas. Caducidad de la acción.

Bogotá, D.C., catorce de julio de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «IX. Consideraciones

Del examen del recurso de apelación la Sala concluye que los problemas jurídicos a resolver son los siguientes: (i) Definir si sobre las pretensiones de la actora operó el fenómeno de caducidad habida cuenta de que se están reviviendo términos al considerar como censurable las facturas y no el Oficio MT-1320-2 del 26 de diciembre de 2005. (ii) Si la prescripción del Código Civil es aplicable al caso. (iii) Establecer si el enriquecimiento sin justa causa es una de las causales que pueden viciar de nulidad un acto administrativo. (iv) Definir el Alcance del Decreto 1678 de 1992 para el asunto bajo examen.

9.1. Caducidad

A efectos de definir si aconteció el fenómeno de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho impetrada por la actora, debe determinarse de manera previa cuáles son los actos censurables según los antecedentes del caso.

9.1.1. Las facturas

9.1.1.1. Posición jurisprudencial

Asegura el apoderado de la actora que son las facturas proferidas durante los años de 1992 y 1993 las pasibles de impugnación judicial. Al respecto, esta corporación ha sostenido que tales documentos pueden llegar a reputarse como actos administrativos siempre que se cumpla con las condiciones que caracterizan este tipo de decisiones, es decir, que corresponda a una manifestación unilateral de la voluntad de la Administración dirigida a producir efectos jurídicos, ya se para crear, modificar o extinguir una situación jurídica.

La Sección Tercera en sentencia del 27 de junio de 2013 en el proceso número 73001 23 31 000 2000 00673 01, recogió todo el criterio jurisprudencial que sobre el particular ha esbozado el Consejo de Estado, veamos:

“La jurisprudencia de la corporación, en repetidas ocasiones, se ha encargado de analizar la naturaleza jurídica de las facturas, considerando que ellas pueden tener el carácter de actos administrativos si se dan los requisitos necesarios para su configuración y negando tal naturaleza en otros eventos; así, en el ámbito de las facturas emitidas por las empresas de servicios públicos, la Sala ha afirmado:

“(…) la Sala observa que la Jurisprudencia ha considerado que los actos de facturación de una empresa de servicios públicos son actos administrativos, en atención a los siguientes criterios:

“1. La facultad de las empresas de servicios públicos de definir controversias frente al usuario, de declarar lo que es un derecho en un momento determinado y de resolver los recursos de reposición presentados en contra de sus decisiones, es en realidad el ejercicio de un poder de autotutela.

“2. Los actos de las empresas de servicios públicos domiciliarios que decidan la negativa a contratar, la suspensión, terminación, corte y facturación, es decir, los actos que niegan o afectan la prestación del servicio o la ejecución del contrato, son administrativos.

“3. El establecimiento por parte de la Ley 142 de 1994, de mecanismos de defensa instituidos tradicionalmente a favor de los sujetos que acuden ante la administración, hace suponer que la ley le ha otorgado a las empresas prestadoras de servicios públicos, las prerrogativas que poseen ordinariamente las autoridades públicas.

“4. Al considerar que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, se ha equiparado su prestación al ejercicio de una función administrativa (arts. 2º, 209 y 365 C.P.)”(9).

(…)

La corporación, en ocasiones anteriores, ya había afirmado que las facturas podían llegar a constituirse en verdaderos actos administrativos; así, en sentencia de 1985 se afirmó:

“Desuertepuesquelasresolucionesqueseproducenenesteprocesoadministrativodesarrolladoentornoalareclamaciónformuladacontralafacturaciónycobrodelosserviciosporlosusuariosdelosmismos,constituyenindudablementeactosadministrativoscreadoresdesituacionesjurídicasindividuales,actosexpedidosenejerciciodelpoderlegaldequeestáinvestidalaEmpresaPuertosdeColombiayconmirasaproducirunefectodederecho. 

Es cierto que esos actos administrativos tuvieron su causa u origen en “actos mercantiles como son las facturas por los servicios prestados según se analizó antes, pero estos actos ciertamente que nada tienen que ver con la declaración que de modo unilateral hace la Empresa Puertos de Colombia en las resoluciones que definen las reclamaciones. Y es que debe dejarse muy claro y en ello participa la Sala de la opinión del señor apoderado de la Flota Mercante Grancolombiana, que la vía gubernativa en el caso presente solamente se inició con el primer pronunciamiento de la Empresa Puertos de Colombia al negar el reclamo formulado contra las facturas que en detalle contenían la prestación de un servicio mercantil, como se ha explicado, pues fue apenas en ese momento cuando la Empresa comenzó a realizar una actividad o función típicamente administrativa, a manifestar su voluntad de modo unilateral en actos administrativos con todos los alcances jurídicos de los mismos y que, luego, una vez culminada o concluida la vía gubernativa con los recursos de ley, eran susceptibles de control jurisdiccional Contencioso Administrativo como el que se ha buscado a través de la acción aquí propuesta por la Flota Mercante Grancolombiana”(10).

En similar dirección y atendiendo el contenido de las disposiciones establecidas en las llamadas “facturas de venta”, la corporación ha afirmado:

Del texto de las facturas descritas, observa la Sala que su naturaleza corresponde a la de un acto administrativo, que aunque se llame “factura de venta” contiene una manifestación de voluntad administrativa con una decisión que produce efectos en derecho, se encuentra suscrita por el Tesorero General del Departamento y es susceptible de control jurisdiccional(11).

“Sin embargo, y como se señaló anteriormente, si bien se trata de un acto administrativo, para que dicho documento preste mérito ejecutivo, debe contener una obligación clara, expresa y actualmente exigible, debe gozar también de carácter ejecutivo y ejecutorio, para que la administración pueda cobrarlo por la vía coactiva”(12).

Por otro lado, la Sección Cuarta de la corporación, en algunas ocasiones, ha considerado que las facturas de cobro no constituyen actos administrativos si ellos no contienen modificación alguna a la situación de un particular; en este sentido, se ha afirmado:

“(…) la Sala considera que las facturas demandadas, en esencia, son actos jurídicos derivados de un contrato de suministro de energía eléctrica y que si bien en esas facturas se evidencia una decisión tomada por Corelca en ejercicio de la función administrativa que asigna la Ley a entidades diferentes a las administradoras del tributo(13), esto no implica que las facturas cambien de naturaleza jurídica y se conviertan en acto administrativo, pues, lo que determina la existencia de un acto administrativo, no es el documento en el que se materialice la decisión sino, la decisión en sí misma de la Administración de crear, modificar o extinguir una situación jurídica concreta, se reitera, independientemente del documento en donde se plasme esa decisión.

“Tan es así que en el caso concreto está probado que Corelca tomó la decisión de liquidar y recaudar la contribución antes de la expedición de las facturas demandadas(14), pero solo enteró a Intercor de esa decisión cuando liquidó efectivamente la contribución en las facturas demandadas y se las comunicó al demandante.

“Por lo tanto, bajo la consideración de que la decisión de liquidar y recaudar la contribución también quedó evidenciada en las facturas y que esa decisión, en cuanto creó una situación jurídica particular para el demandante, era demandable, le asiste razón al a quo cuando precisó que, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho estaba caducada porque si, en efecto, la última liquidación de la contribución se consignó en la factura INTE-E-151 y esta fue comunicada el 2 de julio de 1996, era evidente que al 10 de noviembre de 1997, fecha en que se presentó la demanda, la acción estaba caducada. (art. 136 CCA)”(15).

También se encuentra, admitiendo el carácter de acto administrativo respecto de unas facturas emitidas por la Aeronáutica Civil, el siguiente pronunciamiento de la corporación:

“(…) se tiene que la Resolución 3929 de 16 de octubre de 2001, expedida por el Director General de la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil, vista su motivación y lo dispuesto en ella, no crea, modifica ni extingue situación jurídica alguna, o dicho de otra forma no contiene decisión de fondo ni efecto jurídico directo sobre asunto administrativo alguno, sino que mediante ella la entidad demandada se limita a la mera consolidación o sumatoria del valor de las facturas en mención y los intereses moratorios que las mismas habrían generado, y a ordenar el cobro de su monto; de suerte que las obligaciones a que alude no surgen de la misma, sino de las facturas que allí aparecen relacionadas, por lo cual la verdadera fuente de las obligaciones que se ordenan cobrar y, por ende, las creadoras de la respectiva situación jurídica son esas facturas, que la Sección Quinta de esta Corporación señaló como constitutivas de actos administrativos, y ello explica justamente que la entidad demandada anteriormente hubiera intentado su cobro mediante juicio de jurisdicción coactiva cuyo expediente obra como prueba en este proceso”(16).

De los precedentes jurisprudenciales transcritos se puede afirmar que las facturas no constituyen per se actos administrativos; sin embargo si por su virtud la entidad administrativa crea, modifica o extingue una situación jurídica ostentarán esta calidad y podrán ser objeto de control, ya sea en sede administrativa o en sede jurisdiccional”.

Tal postura ha venido siendo reiterada por esta Jurisdicción, lo cual indica que existe una posición clara, uniforme y pacífica sobre el particular(17), en torno a determinar que las facturas pueden llegar a ser actos administrativos siempre que cumplan las condiciones para definirse como tal. La sentencia del 31 de marzo de 2005 establece los requisitos(18), a saber:

“(…) que para que un acto jurídico constituya acto administrativo debe consistir en una i) declaración unilateral, ii) que se expida en ejercicio de la función administrativa, que lo puede ser por una autoridad estatal de cualquiera de sus ramas u organismos, o incluso por entidades privadas en virtud de autorización legal, a menos que por norma especial de orden Constitucional o legal dicha declaración, no siendo expedida en ejercicio de función administrativa sea demandable en acción contencioso administrativa y iii), que ella produzca efectos jurídicos por sí misma, de manera directa sobre el asunto o la situación jurídica de que se trate y, por ende, vinculante”(19).

Determinado lo anterior, es necesario ahora precisar si las facturas que emitió Colpuertos a Colmares son actos administrativos.

9.1.1.2. Las facturas en el caso concreto

La siguiente es una de las sesenta y dos (62) facturas con base en la cual la actora reclama de Foncolpuertos el pago de lo no debido:

S0098-1
 

De la lectura del anterior documento se desprende que “Puertos de Colombia” expidió Factura número 93007380 el 6 de julio de 1993 al “Usuario Colmares LTDA.”, por la prestación del servicio “EMBARC CARGA/HAST 120” y “CARGA HOOGENEA O MISCE”, por un valor de millón ochocientos dieciséis mil trescientos veinte pesos ($ 1.816.320.oo). También consta que Colmares pagó la anterior suma según el sello de “recibido con pago” impuesto por el Banco Comercial Antioqueño(20).

Visto lo anterior es claro que se trata de la manifestación de voluntad de Colpuertos dirigida a manifestar que Colmares pagó una suma de dinero por concepto de unos servicios prestados, todo lo cual indica que se trata de un acto administrativo, en tanto cumple con los requisitos establecido para esos efectos.

Siendo ello así, es claro para la Sala que las facturas expedidas durante los años 1992 y 1993 por Colpuertos(21), son actos administrativos y que la manera de controvertir su legalidad es impugnándolos a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho por su contenido particular y concreto(22), en tanto determinan una situación jurídica concreta y particular en cabeza del administrado.

9.2. Análisis

A efectos de resolver el caso, resulta útil recapitular los antecedentes en los aspectos pertinentes, a saber:

a. La reclamación surge del pago de unos servicios que nunca prestó Colpuertos a Colmares que se encuentran consignados en las siguientes facturas que datan del año 1993. El cuadro que a continuación se trae a colación contiene la relación de tales documentos:

Factura NºFechaValorTerminal
9300879109/08/1993$ 7.339.213Santa Marta
2300995604/09/1993$ 838.754,00Santa Marta
9300995504/09/1993$ 2.509.378Santa Marta
9300902313/08/1993$ 27.566.462Santa Marta
9300901413/08/1993$ 7.268.850Santa Marta
9311092228/09/1993$ 1.297.707Santa Marta
9300877806/08/1993$ 6.866.020Santa Marta
9300852931/07/1993$ 1.113.794Santa Marta
9300760009/07/1993$ 1.807.510Santa Marta
9300728601/07/1993$ 15.247.110Santa Marta
9300715428/06/1993$ 10.267.615Santa Marta
9300669717/06/1993$ 11.029.926Santa Marta
9300594201/06/1993$ 18.851.539Santa Marta
9300637708/06/1993$ 1.760.691Santa Marta
9300571426/05/1993$ 1.809.945Santa Marta
9300523512/05/1993$ 1.528.141Santa Marta
9300491204/05/1993$ 7.167.349Santa Marta
9300482130/04/1993$ 1.628.269Santa Marta
9300455027/04/1993$ 5.887.638Santa Marta
9300424721/04/1993$ 7.272.688Santa Marta
9300406115/04/1993$17.115.147Santa Marta
9300401114/04/1993$5.349.762Santa Marta
9300373806/04/1993$ 17.864.854Santa Marta
9300348831/03/1993$ 822.215Santa Marta
9300270216/03/1993$ 22.421.295Santa Marta
9300173022/02/1993$ 1.514.018Santa Marta
9300103408/02/1993$ 1.855.171Santa Marta
9300956426/08/1993$ 1.656.723Santa Marta
9300738006/07/1993$ 1.816.320Santa Marta
9300997906/09/1993$ 36.005.281Santa Marta
9300902713/08/1993$ 14.537.047Santa Marta
9201715015/12/1992$ 1.146.320Santa Marta
9201857731/12/1992$ 3.724.553Santa Marta
9201863831/12/1992$ 4.076.534Santa Marta
9300114611/02/1993$ 26.171.542Santa Marta
9301124006/10/1993$ 17.567.311Santa Marta
9301379130/11/1993$ 26.627.242Santa Marta
9301319418/11/1993$ 9.526.065Santa Marta
9301136311/10/1993$ 1.576.759Santa Marta
9301166515/10/1993$ 24.253.143Santa Marta
9332835813/09/1993$ 3.586.534Barranquilla
9333040626/10/1993$ 2.642.054Barranquilla
9332781607/09/1993$ 3.190.856Barranquilla
9333040626/10/1993$ 2.638.970Barranquilla
9332780500/09/1993$ 2.988.447Barranquilla
9332781602/09/1993$ 3.190.865Barranquilla
9332780500/09/1993$ 2.969.795Barranquilla
9333106308/11/1993$ 1.301.713Barranquilla
9332885324/09/1993$ 1.908.034Barranquilla
9332885324/09/1993$ 1.240.417Barranquilla
9332816800/09/1993$ 5.364.375Barranquilla
9332835800/09/1993$ 3.586.534Barranquilla
9332816800/09/1993$ 5.364.375Barranquilla
9332773731/09/1993$ 13.473.717Barranquilla
9332654100/08/1993$ 4.210.521Barranquilla
9332773700/08/1993$ 13.473.717Barranquilla
9333028926/10/1993$ 2.691.764Barranquilla
9333001926/10/1993$ 3.441.607Barranquilla
9332817709/09/1993$ 2.544.461Barranquilla
9332912530/09/1993$ 1.606.186Barranquilla
9332911930/09/1993$ 5.942.036Barranquilla
9332912130/09/1993$ 3.099.792Barranquilla

 

b. Colmares presentó dos demandas, una el 8 de julio de 1999 y la otra en el año 2000(23), contra Colpuertos ante la Jurisdicción Ordinaria reclamando el pago de lo no debido.

c. La primera instancia finalizó con las siguientes providencias:

Sentencia del 30 de abril de 2003 proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Barranquilla por medio de la cual se accedió a las pretensiones de Colmares(24), se adelantó la primera instancia en el proceso 1999-00666.

Fallo del 14 de mayo de 2002 expedido en el proceso 2000-00178 el Juez Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla accedió igualmente a las peticiones de la actora(25).

d. Las dos providencias fueron apeladas y surtieron el trámite de consulta ante el superior.

e. El Tribunal Superior del Distrito de Barranquilla resolvió los recursos de apelación y la consulta a través de Autos del 10 de junio de 2003 y 23 de julio de 2003, respectivamente, en el sentido de declarar la nulidad de todo lo actuado desde el auto admisorio, inclusive, por falta de jurisdicción(26).

f. Colmares retiró las demandas presentadas ante la Jurisdicción Ordinaria.

g. El 10 de noviembre de 2005 Colmares presentó derecho de petición ante Colpuertos con el fin de que le fuesen devueltos los valores pagados por concepto del servicio de estiba y desestiba que nunca prestó.

h. Foncolpuertos respondió la anterior solicitud mediante Oficio MT-1320-2 del 26 de diciembre de 2005 negando la petición.

La última factura pagada por Colmares a Colpuertos data del 30 se septiembre de 1993, lo cual quiere decir que la actora tenía hasta el 31 de enero de 1994(27), para interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra esa decisión.

No obstante, impetró demanda ante los Jueces Civiles del Circuito de Barranquilla seis (6) años después, con el convencimiento de que era la Jurisdicción Ordinaria la competente para conocer de su controversia, y bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 2536 del Código Civil(28) que para entonces establecía la prescripción de la acción ordinaria por veinte (20) años.

Siendo ello así, y habida cuenta de que el régimen de Colpuertos fue modificado con ocasión al proceso liquidatorio al que se sometió y eso redundó en la declaratoria de falta de jurisdicción, es procedente afirmar, bajo el amparo de lo establecido en el artículo 229 Constitucional, que la actora tenía cuatro (4) meses para interponer la acción de que trata el artículo 85 del CCA, luego de notificado el último auto que declaró la falta de jurisdicción en el proceso 1999-00666, es decir, desde el 25 de julio de 2003(29), pues a partir de esa fecha tenía certeza de que el competente era el Tribunal Administrativo del Atlántico, y no la Jurisdicción Ordinaria.

Lo anterior indica que Colmares tenía hasta el 26 de noviembre de 2003 para interponer la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las facturas mediante las cuales pagó a Colpuertos un servicio de cargue y descargue que nunca prestó.

Sin embargo, como solo presentó demanda el 27 de abril de 2006, es claro para la Sala que la demandante acudió de manera extemporánea a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa a resolver la controversia por el pago de lo no debido a Colpuertos, en consideración a que, instauró la acción dispuesta en el artículo 85 del CCA., luego de transcurridos más de dos años después, superando evidentemente el término establecido en el artículo 136 ibídem.

Coincide la Sala con el argumento que en primera y segunda instancia trajo a colación el Ministerio de Transporte en el sentido de indicar que la solicitud del 10 de noviembre de 2005 presentada por Colmares a Foncolpuertos lo que pretendía era revivir términos, pues la situación jurídica que perjudicaba a la demandante ya se encontraba consolidada con la expedición de las facturas, documentos estos que incluso había demandado en la Jurisdicción Ordinaria, y respecto de las cuales ya tenía certeza de cuál era la jurisdicción competente.

Finalmente, resulta imperioso descartar que lo pretendido por el actor constituye un típico evento de enriquecimiento sin causa que conlleva a la interpretación de la acción como de reparación directa, ya que el análisis hecho en líneas anteriores devela que no se cumplen con los requerimientos que la jurisprudencia de esta corporación ha fijado para efectos de ejercer dicha acción.

En efecto, la actio in rem verso solo procede cuando el titular del patrimonio afectado carece de cualquier otra acción, de allí que la Sección Tercera del Consejo de Estado haya dispuesto que “En el enriquecimiento torticero, causa o falta de justificación en el enriquecimiento, se toma en el sentido de que la circunstancia que produjo el desplazamiento de un patrimonio a otro no haya sido generada por un contrato o un cuasicontrato, un delito o un cuasidelito, como tampoco por una disposición expresa en la ley. Para que sea legitimada en la causa la acción in rem verso, se requiere que el demandante, a fin de recuperar el bien, carezca de cualquiera otra acción originada por un contrato, un cuasicontrato, un delito, un cuasidelito, o de las que brotan de los derechos absolutos. Por lo tanto, carece igualmente de la acción el demandante (…) que pos su hecho o por su culpa perdió cualquiera de las otras vías de derecho”(30).

Bajo estas consideraciones resulta evidente para la Sala que, en primer término, el “enriquecimiento” de la administración en este caso tiene causa conocida y amparada en una norma jurídica, esto es, el Estatuto Tarifario para todos los terminales marítimos del país aprobado por Decreto 550 del 6 de marzo de 1981. En segundo término, se ha dejado ver con claridad que el actor contaba con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir las facturas y aún más, podía hacerse parte en el proceso de liquidación de Colpuertos a fin de buscar la devolución de los pagos que consideraba excesivos, todo lo cual desemboca en que no puede, en este caso, entenderse que la acción es la de reparación directa.

La Sala, a partir del análisis hecho, encuentra que el actor no acudió al proceso de liquidación de la entidad para hacer la reclamación de su crédito, acudió a la jurisdicción equivocada para intentar la devolución de lo pagado y dejó caducar la acción contenciosa administrativa (nulidad y restablecimiento del derecho) que podía interponer para controvertir las facturas, lo cual demuestra su falta de diligencia en la protección de sus intereses, siendo ello un argumento adicional para descartar la ocurrencia de un enriquecimiento sin causa en su desmedro y a favor del Estado.

Por lo visto, la Sala encuentra probada la excepción de caducidad y en consecuencia, revocará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, para en su lugar, negar las pretensiones de Colmares, relevando de esta manera del estudio de los demás problemas jurídicos planteados al comienzo de este acápite.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. DECLARAR probada la excepción de la caducidad de la acción de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. REVOCAR la sentencia apelada, y en su lugar, INHIBIRSE de resolver el fondo del asunto.

3. Reconocer personería a la abogada Jennifer Constanza Suaza Sáenz como apoderada del Ministerio de Transporte en los términos y para los fines del poder que obra a folio 68 de este cuaderno.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 30 de junio de 2016».

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de marzo de 2005, Exp. AG-1617, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

10 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 18 de abril de 1985, Exp. 4483, C.P. Samuel Buitrago Hurtado.

11 Cita textual del fallo: En similar sentido, Consejo de Estado, Sección Cuarta, auto del 27 de mayo de 2004, exp. 14235, M.P. Ligia López Díaz.

12 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 16 de agosto de 2007, Exp. 15235, C.P. Ligia López Díaz.

13 Cita textual del fallo: “Mediante Sentencia C-091 de 1997 la Corte Constitucional dio por sentado que constituye una función administrativa asignada por ley, la de liquidación y recaudo del impuesto de registro a cargo de las cámaras de comercio. En sentido análogo es aplicable tal calificativo al caso concreto”.

14 Cita textual del fallo: “En efecto, en el Convenio No. C-450-96, suscrito entre Corelca y la Electrificadora de la Guajira, que obra en los folios 145 y 146 del cuaderno principal se dejó constancia en el No. 5 de los considerandos de ese convenio, que en desarrollo del Contrato No. C-3308-94 y su otrosí, Corelca le cobraría a Intercor, a partir del 1º de enero de 1996, el valor de la contribución especial equivalente al 20% de la factura mensual de venta de energía y potencia de que trata la Ley 143 de 1994. Lo anterior para que de ese porcentaje, que correspondía por derecho en un ciento por ciento a la Electrificadora de la Guajira, Corelca tomara cierto porcentaje para cubrir compromisos de pago que había adquirido la Electrificadora con Corelca”.

15 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 6 de agosto de 2009, Exp. 16045, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

16 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 10 de abril de 2008, Exp. 0583-01, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

17 De la Sección Primera encontramos: Sentencia del 10 de abril de 2008, Proceso 25000 23 24 000 2002 00583 01; Fallo del 20 de junio de 2012, Radicación 76001 23 31 000 2006 00319 01; Providencia del 31 de julio de 2014, Expediente 76001 23 31 000 2007 01234 01.
De la Sección Tercera se pueden consultar, entre otras: Fallo del 8 de febrero de 2001; Proceso número 12383; Fallo del 6 de marzo 2008, Radicación 73001 23 31 000 2003 01550 01 (AG); Providencia del 7 de marzo de 2011, Radicación 23001 23 31 000 2003 00650 02 (AG).
De la Sección Cuarta se encuentran las siguientes: Sentencia del 25 de noviembre de 1994, Radicación 9575; Fallo del 4 de noviembre de 2010, Radicado 25000 23 27 000 2003 00049 03; Fallo del 11 de octubre de 2012, Proceso número 05001 23 31 000 2005 07562 01; Providencia del 18 de junio de 2014, Expediente número 70001 23 31 000 2004 00381 01;
De la Sección Quinta tenemos: Sentencia del 21 de septiembre de 2006, Expediente 11001 00 00 000 2002 02139 01; Fallo del 5 de octubre de 2000, Radicación 1.110.

18 Sección Primera. Radicación 11001 0324 000 1999 02477 01.

19 En Sentencia de 25 de febrero de 1999, Radicación 2074, la Sección Quinta también se refirió a este aspecto: “El sistema colombiano no exige formalidades determinadas para la conformación del acto administrativo, de tal manera que puede ser verbal, escrito y hasta simbólico. Lo único importante es que reúna los requisitos esenciales que la doctrina y la jurisprudencia le han venido indicando, esto es que sea una declaración de la voluntad administrativa con consecuencias jurídicas, de los cuales participa sin la menor duda el que como tal es señalado en la demanda que ha dado vida a este proceso” (subrayas de la Sala).

20 Folio 78 del Cuaderno del Tribunal.

21 Facturas identificadas con los números: 329119, 329121, 328177, 330406, 330019, 326541, 327737, 328168, 325538, 328853, 327805, 331063, 327816, 930010912, 93009956, 93009955, 93009023, 93009014, 93010922, 93008791, 93008778, 93008529, 93007600, 93007286, 93007154, 93006697, 93005942, 93006377, 93005714, 93005235, 93004912, 93004821, 93004550, 93004247, 93004061, 93004011, 93003738, 93003488, 93002702, 93001730, 93001034, 93009564, 93007380, 93009979, 93009027, 92017150, 92018577, 92018638, 93011146, 93011240, 93013791, 93013164, 93011363, 93011665, 93013811 y 93328358.

22 Al respecto es pertinente traer a colación estos dos antecedentes jurisprudenciales: Fallo del 6 de marzo 2008, Radicación número 73001 23 31 000 2003 01550 01 (AG): “Lo anterior no obsta para reconocer que la entidad prestadora del servicio sí actúa en ejercicio de función pública, por disposición expresa de la ley, cuando resuelve la reclamación que le formula el usuario, en relación con esa facturación, decisión contra la cual proceden los recursos de la vía gubernativa ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y que es susceptible de ser demandada en acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante esta jurisdicción. A este respecto, la Corte Constitucional reconoció la calidad de actos administrativos a aquellos en los que se decidan los recursos, quejas y reclamos que presenten los usuarios de los servicios públicos domiciliarios.”
Providencia del 7 de marzo de 2011, Radicación número 23001 23 31 000 2003 00650 02 (AG): “La jurisprudencia de esta Corporación en varias oportunidades ha reiterado que la liquidación de un impuesto constituye una verdadera manifestación unilateral de la voluntad de la administración que afecta situaciones jurídicas concretas. Un acto de carácter definitivo que coloca fin a un procedimiento administrativo tendiente a determinar el impuesto a pagar, frente al cual pueden interponerse los recursos de la vía gubernativa, que en caso de no proceder habilitan el uso de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del CCA En otras oportunidades, se ha puesto de presente el carácter ejecutivo de la liquidación al contener una obligación expresa, clara y exigible que permite demandar por vía coactiva su cumplimiento, como lo dispone el artículo 68 del CCA. También ha sostenido el juez que como acto definitivo que es, surte efectos desde su notificación sin requerir acto confirmatorio alguno”.

23 No existe en el expediente referencia exacta de la fecha de interposición de la demanda. No obstante, del número de radicación del proceso en primera instancia se infiere que fue en el año 2000.

24 Ver folios 405 a 408 del Cuaderno del Tribunal.

25 Ver folios 169 a 193 ibídem.

26 Ver folios 194 a 203 y 409 a 415 ibídem.

27 En consideración a que el 30 de enero de 1994 era un domingo.

28 “ART. 2536.—Prescripción de la acción ejecutiva y ordinaria. Modificado por el art. 8º, Ley 791 de 2002. El nuevo texto es el siguiente: La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por diez (10).
La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y convertida en ordinaria durará solamente otros cinco (5).
Una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a contarse nuevamente el respectivo término”.
“Texto original:
ART. 2536.—La acción ejecutiva se prescribe por diez años, y la ordinaria por veinte.
La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de diez años, y convertida en ordinaria durará solamente otros diez”.

29 Ver folio 414 del Cuaderno del Tribunal en el que consta la fecha de notificación.

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera, Expediente 11895, fallo de 30 de noviembre de 2000, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.