Sentencia 2006-01035 de marzo 30 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCION B

Consejero ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Rad.: 47001-23-31-000-2006-01035-01 (37938)

Actor: Rafael David Barrios Bermúdez

Demandado: Nación-Ministerio de Transporte

Referencia: Acción de Reparación Directa - Sentencia

Bogotá D.C., treinta de marzo de dos mil diecisiete.

Extractos: «Consideraciones:

I. Competencia.

21. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena en un proceso que, por su cuantía, tiene vocación de doble instancia (fl. 7, cdno. 1)(1).

II. Validez de los medios de prueba.

22. Mediante memorial presentado el 10 de julio de 2007, el Ministerio de Transporte, por conducto de la abogada Jacqueline Niño Britto, contestó la demanda mediante escrito en el cual solicitó que se practicaran las siguientes pruebas (fls. 58-62, cdno. 1):

4.1. Documentales Aportadas:

4.1.1. Adjunto copia simple diligencia de indagatoria “Sumarias” con Radicado 26640 en la Fiscalía Tercera de esta ciudad, el día 13 de noviembre de 2001.

4.1.2. Adjunto copia simple Dictamen Pericial 0768CTI-CRI-AUT. Santa Marta, 17 de diciembre de 2001.

4.1.3. Adjunto copia simple Diligencia de Audiencia Fiscalía RAD. 26.640 - S. Santa Marta, 25 de Julio de 2004.

4.2. Documentales Solicitadas:

4.2.1. Solicitar al Ministerio de Transporte área de archivos certificación, de los Bienes recibidos de Foncolpuertos, con el fin de identificar si dentro de ellos estaba el vehículo Mazda 626L Modelo 1986 de placas PB7179.

4.2.2. Solicitar a la Cámara de Comercio de Santa Marta certificación del establecimiento comercial “Taller Coronado” y su registro como tal, en caso positivo enviar certificado que así lo acredite.

4.2.3. Solicitar a la empresa Ferramaco Distribuidora Mundial y Compañía Ltda. Envíe con destino a este proceso, todas las nóminas de los 12 años laborados por el demandante, contrato de trabajo del mismo, pago de aportes parafiscales igualmente.

4.3. Interrogatorio de Partes:

Decretar y hacer comparecer al Demandante Señor Rafael David Barrios Bermúdez, quien se podrá ubicar en la Carrera 17 # 10-25 Barrio los Almendros de Santa Marta, para que absuelvan interrogatorio que presentaré en la diligencia, citada para tal fin.

4.4. Testimonios.

Se cite y se haga comparecer a los señores:

Arnulfo Linero Marulanda Cra. 4 # 26-40 Oficina 401 Santa Marta

David Julia Iglesias Calle 15 # 22-108 Santa Marta

Juan José Villafañe Villa Mercedes Mzna. 2 casa 18 Santa Marta

Harold Iguarán Avda. El Dorado - CAN - Bogotá

Ismael Barrera Rodríguez Calle 11 # 11-61- Santa Marta

Con el fin de que declaren sobre los hechos en materia de la demanda.

23. En el auto del 7 de diciembre de 2007, el Tribunal Administrativo del Magdalena abrió la etapa probatoria del proceso, y se pronunció respecto de la solicitud de la parte demandada, de la siguiente forma (fls. 85-86, cdno. 1):

Parte Demandada.

1º. [Las] acompañadas con la contestación de la demanda en cuanto tengan valor probatorio conforme a la Ley.

2º. Ofíciese, al Ministerio de Transporte, a la Cámara de Comercio y a la empresa Ferremaco Distribuidora Mundial y Compañía Ltda., para que con destino a este proceso, se sirva remitir lo solicitado por el actor a folio 61 numeral 4.2 incisos del 4.2.1 al 4.2.3.

3º Cítese al señor Rafael David Barrio Bermúdez, para que se sirva absolver interrogatorio de parte dentro del presente proceso el día 5 de febrero del hogaño a las 10:00 a.m.

4º Cítese a los señores Arnulfo Linero Marulanda, David Julia Iglesas (sic) y Juan José Villafañe, para que se sirvan rendir declaración dentro del presente proceso el día 6 de febrero del 2008 a las 9:00, 9:30 y 10:00 a.m. respectivamente y a Harold Iguarán [e] Ismael Barrera Rodríguez a las 3:00 y 3:30 p.m. respectivamente.

24. Vencido el periodo probatorio, mediante providencia calendada el 31 de octubre de 2008, el a quo encontró que en el presente caso se había configurado una nulidad por la indebida representación de la parte demandada, teniendo en cuenta que ella había acudido a contestar la demanda mediante una abogada que no estaba facultada para acometer la defensa de la Nación-Ministerio de Transporte. Por ese motivo, resolvió lo siguiente: “Declárase la nulidad parcial del proveído de calenda siete (7) de diciembre del año retropróximo (fls 85 1 86) en virtud del cual se abre el proceso a pruebas, en aquella parte donde se decretan las pruebas solicitadas por el Ministerio de Transporte y se reconoce personería a la Doctora Jacqueline Niño Brito, en consecuencia se Dispone: 1.1.- Téngase por no contestada la demanda interpuesta por Rafael Barrios Bermúdez contra el Ministerio De Transporte” (fls. 162-165, cdno. 1).

25. Al respecto, advierte la Sala que si bien es cierto que la referida providencia quedó en firme, toda vez que no fue censurada mediante los recursos que para el efecto establece la ley procesal, las pruebas que ya fueron debidamente practicadas y respecto de las cuales las partes tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho de contradicción, pueden ser valoradas con el fin de dictar la sentencia de mérito.

26. Efectivamente, de conformidad con el principio de la comunidad o de la adquisición de la prueba que rige en el derecho probatorio colombiano, se tiene que si bien en las partes radica la potestad de pedir las pruebas que consideren pertinentes para acreditar los hechos que sustentan las pretensiones o excepciones invocadas, lo cierto es que una vez estas se decretan y practican dejan de ser consideradas como propiedad suya, pues pasan a ser parte integrante del proceso, de modo que ellas pierden la posibilidad de disponer sobre los medios de convicción. En ese sentido, la doctrina nacional autorizada(2) ha dicho lo siguiente:

No importa quién aporte una prueba o por iniciativa de quién se practique, la prueba es literalmente ‘expropiada para el proceso’ y se pierde cualquier disponibilidad que sobre ella se haya podido tener.

Las partes o los sujetos procesales en términos generales, tienen la tendencia a referirse a las pruebas invocando una supuesta propiedad o disponibilidad; esto no es cierto cuando son aportadas o practicadas en el proceso.

‘Mi prueba’ (término usado por el sujeto correspondiente), se transforma una vez en el proceso en prueba para él.

(…)

En aplicación de este principio no se puede desistir de la prueba practicada; no se puede estar tan solo a lo favorable de la declaración de un testigo, ya que ésta afecta conjuntamente a las partes, tanto en lo favorable como en lo desfavorable. En otras palabras, este principio consiste en sustraer las pruebas de la disposición de las partes, para ser adquiridas objetivamente para el proceso.

27. En el caso concreto, a la luz de dicho principio, el hecho de que por virtud de la configuración de una nulidad se hubiere declarado como no contestada la demanda, no significa, de suyo, que los medios de convicción que ya se hubieren practicado por solicitud de la parte demanda necesariamente pierdan todo valor probatorio, comoquiera que para ese momento ellos ya habían pasado a ser, por decirlo de algún modo, propiedad del proceso, lo que significa que su suerte no estaba para entonces atada a lo que ocurriera con el escrito por virtud del cual fueron solicitados.

28. Es por ese motivo que el artículo 146 del Código de Procedimiento Civil(3) dispuso lo siguiente: “(…) la prueba practicada dentro de dicha actuación [aquella que fue declarada nula] conservará su validez y tendrá eficacia respecto a quienes tuvieron oportunidad de contradecirla”.

29. Pues bien, en el presente caso, la Sala encuentra que todas aquellas pruebas cuya contradicción se surtió con posterioridad al 5 de febrero de 2008, fecha en la cual la Nación-Ministerio de Transporte otorgó un nuevo poder, pueden ser valoradas en contra de cualquiera de las partes, comoquiera que ellas se practicaron con total respecto por las garantías que prevé la ley a favor de las partes.

III. Hechos probados.

30. Según las pruebas incorporadas al expediente, están debidamente acreditados en el proceso los siguientes hechos relevantes para la litis(4):

31. El señor Rafael David Barrios Bermúdez laboraba en la empresa Distribuidora Mundial y Cía. Ltda. como mensajero y cobrador, devengando mensualmente la suma de doscientos ochenta mil pesos ($280 000) (certificado expedido por el gerente de dicha empresa, fl. 13, cdno. 1). Al mismo tiempo, era propietario del establecimiento de comercio Taller Coronado, dedicado a la mecánica automotriz, latonería y pintura (certificado de matrícula del referido establecimiento, fl. 160, cdno. 1).

32. La Empresa de Puertos de Colombia era propietaria de un vehículo Mazda 626, de placas PB 7179, que, aparentemente, fue entregado para su reparación al establecimiento de comercio de propiedad del señor Barrios Bermúdez. Con la liquidación de la empresa Foncolpuertos la propiedad del referido vehículo fue transmitida a la Nación-Ministerio de Transporte (copia del informe general de entrega y recibo de bienes muebles del fondo de pasivo social de la empresa Puertos de Colombia en liquidación al Ministerio de Transporte, Puerto de Santa Marta(5), fls. 121-122, cdno. 1; copia del acta de la diligencia de inspección al vehículo llevada a cabo el 17 de diciembre de 2001, fls. 73-77, cdno. 1).

33. El 26 de octubre de 2001, el señor Manuel Agustín Acosta Palerm, representante judicial de la Nación-Ministerio de Transporte, presentó en contra del señor Barrios Bermúdez una denuncia por el delito de receptación, en los siguientes términos (copia de la denuncia, fl. 24-26, cdno. 1):

(…) procedo a instaurar denuncia penal en contra [del] señor Rafael David Barrios Bermúdez por cometer el delito de Receptación o desvalijamiento del vehículo marca Mazda 626 placas PB-7119, el cual se encuentra en su poder y según información que tengo dicho vehículo está en la siguiente dirección Cra. 17 # 10-25 del Barrio Los Almendros, en donde reside el denunciado, el mencionado automotor según versión del propio señor Barrios Bermúdez ingresó el día 8 de marzo al taller Coronado de su propiedad por autorización dada por funcionarios del Fondo de Pasivos Social de la Empresa Puertos de Colombia Foncolpuertos, con el objeto de que se le efectuara a este vehículo diversos tipos de arreglos y reparaciones tanto en latonería y pintura, por orden verbal dada por el entonces coordinador de la Empresa Foncolpuertos de Santa Marta, doctor David Julio Iglesias. Al liquidarse Foncolpuertos estos bienes pasaron a manos del Ministerio de Transporte y a solicitud del ente central, el doctor Elmer Rincón en compañía del doctor Arnulfo Rafael Linero Marulanda efectuaron una visita a la residencia del señor Rafael Barrios En la dirección antes anotada para constatar el estado del vehículo objeto de este delito, la cual realizaron en compañía del señor Miguel Apresa mecánico de oficio de lo cual el doctor Linero Marulanda mediante memorando MT-0247 de fecha junio 14 de 2001 le informaba al doctor Elmer Rincón para ese entonces Director Territorial Magdalena del Ministerio de Transporte sobre el estado en que se encontraba el vehículo como es el deterioro y sin partes mecánicas como motor, transmisión y caja, tampoco se encontró ningún tipo de tapicería, ni partes eléctricas ni llantas. (…) Preguntado. Qué razones aduce el denunciado como causa del mal estado del vehículo Respuesta. El señor Rafael Barrios exige el pago de $5.929.000.00 por concepto de parqueo, arreglo del motor, trabajo de latonería y pintura, lo que arroga (sic) un gran total de $8.049.000.00, estas cifras aparecen en el oficio del Ministerio de Transporte de parte del señor Rafael Barrios Bermúdez.

34. El 31 de octubre de 2001 el señor Rafael David Barrios Bermúdez fue despedido de la Distribuidora Mundial y Cía. Ltda., mediante la comunicación que a continuación se transcribe (copia de la comunicación respectiva. 12, cdno. 1):

Comedidamente me permito manifestarle que prescindimos de sus servicios que presta en la empresa, ya que nos enteramos que usted tiene una denuncia en la Fiscalía de Santa Marta por el delito de hurto calificado, y como usted sabe que es empleado de manejo y confianza, tomamos esta determinación por las cláusulas puestas en el contrato verbal que hicimos.

Que una de las cláusulas fue que si usted tuviera una queja policiva se daría el contrato por terminado.

35. El 17 de diciembre de 2001, el coordinador de la Sección de Criminalística de la Fiscalía General de la Nación-Seccional Santa Marta realizó una inspección judicial al vehículo Mazda de placas PB-7119, en la carrera 17 # 10-25 de esa ciudad, en la cual encontró lo siguiente (copia del acta de la diligencia, fls. 73-77, cdno. 1):

Observación Física: En este caso se pudo determinar que se trata del automotor a inspeccionar, el cual presenta originales sus sistemas de identificación que porta en su cabina, ya que no porta motor y la señora Zoila Barrios, con CC 36540006 de Santa Marta, quien atendió la diligencia, manifestó que el motor de ese vehículo lo tiene guardado su hermano.

Es de anotar que el automotor se encuentra en un estado regular de conservación y dentro de la terraza de la casa de la carrera 17 # 10-25 barrio Los Almendros de esta ciudad, sin motor ni cojinería.

(…)

Conclusión.

El automotor materia de esta diligencia y detallado en el ítem anterior, una vez practicados los estudios de rigor se dictamina que Queda Plenamente Identificado mediante sus sistemas originales, al momento de este estudio (resaltado del texto).

36. El 25 de agosto de 2004, en el marco del proceso penal adelantado por la Fiscalía Tercera Delegada ante los Jueces Penales Municipales de Santa Marta, la Nación-Ministerio de Transporte y el señor Rafael David Barrios Bermúdez alcanzaron el siguiente acuerdo conciliatorio (copia del acuerdo alcanzado por las partes dentro del rad.o 26640, cdno. 1):

Yo me ratifica formalmente de la conciliación (sic) y quiero hacer entrega formal del vehículo marca Mazda, placa PB-7179, al Ministerio de Transporte como entidad que recibió por mandato los bienes del extinto Foncolpuertos, en el estado en que se encuentra, y se estudie la posibilidad de que se me pague los dineros correspondientes al parqueo y las reparaciones que le fueron hechos por parte del Ministerio de Transporte. En ese estado de la diligencia el señor Fiscal le concede la palabra al Doctor Harold Iguarán Ballesteros, apoderado del Ministerio de Transporte. —Contestó: En mi condición de apoderado de la entidad denunciante, y a la propuesta de conciliación judicial elevada al despacho, con todo respeto y de acuerdo a las directrices del comité de defensa judicial, me permito esbozar que la única manera para que el Ministerio de Transporte entre a estudiar la viabilidad de una supuesta acreencia a favor del ahora denunciado por concepto de pago de los arreglos hechos al vehículo en mención y de igual manera el supuesto parqueo adeudado, es que el denunciado entregue formal y materialmente el vehículo materia del litigio al almacén y posterior ingreso contable del Ministerio de Transporte y una vez efectuado lo anterior, el Ministerio de Transporte mediante cuenta de cobro que eleve al mismo tome la decisión correspondiente en material de las supuestas reparaciones bajo la directriz pericial que el Ministerio tome el ministerio (sic) que apodero como el reconocimiento de las presuntas deudas de parqueo a cargo de la entidad. No de otra manera podría actuarse mediante este proceso como es el inicio formal de las cosas por donde definitivamente han debido comenzar, es entregando el bien a la entidad que por mandato legal le corresponde la tenencia legal del mismo y cobrar extrajudicial o judicialmente el supuesto cobrado a la que se sustrae la diligencia a la que hoy se ha dado trámite. En ese estado de la diligencia el señor Fiscal concede la palabra al señor Barrios Bermúdez —Contestó: Estoy de acuerdo con la propuesta y deseo que el Ministerio de Transporte disponga lo pertinente a raíz de la carta que pasaría a la entidad solicitando que recojan el vehículo y finalizar esta pesadilla, y que el Ministerio me pague lo que me adeuda.

37. Mediante memorial presentado ante el Ministerio de Transporte el 27 de agosto de 2004, el señor Rafael David Barrios Bermúdez solicitó que (i) se comisionara un funcionario de dicha entidad para que se le hiciera entrega formal del vehículo Mazda 626L de placas PB-7179; (ii) se le cancelara lo debido por concepto de la reparación del vehículo y el parqueo; y (iii) se retiraran los cargos que se le imputaron ante la Fiscalía Tercera Local (copia de la comunicación remitida con el respectivo sello de recibido, fls. 17-18, cdno. 1).

38. A través de providencia del 19 de enero de 2005, la Fiscalía Tercera Delegada ante los Jueces Penales Municipales de Santa Marta precluyó la investigación adelantada en contra del señor Barrios Bermúdez, teniendo en cuenta que la Nación-Ministerio de Transporte y el investigado habían alcanzado un acuerdo de conciliación, “(…) consistente en la entrega del vehículo objeto de la presente denuncia por parte del sindicado al querellante; por lo que resulta improcedente continuar con la presente instrucción haciéndose viable la posibilidad de declarar la preclusión de la investigación” (copia de la resolución del 19 de enero de 2005 proferida dentro del radicado 26640, fls. 20-21, cdno. 1).

IV. Problema jurídico.

39. En primer lugar, le corresponde a la Sala determinar si para el 14 de agosto de 2006, fecha en la que se interpuso la demanda de reparación directa, ya había operado el fenómeno de caducidad de la acción, como lo sostuvo el Tribunal a quo, teniendo en cuenta que a pesar de que la denuncia penal se presentó el 26 de octubre de 2001, el proceso penal solo finalizó el 19 de enero de 2005.

40. De encontrarse que la acción no se encuentra caducada, se deberá establecer si le cabe responsabilidad a la entidad demandada por haber interpuesto en contra del señor Rafael David Barrios Bermúdez una denuncia que ocasionó su despido. Para el efecto resulta preciso verificar si dicha denuncia se presentó con base en información falaz, errónea o incompleta y si el daño que sufrió el actor fue antijurídico.

V. Análisis de la Sala.

41. La caducidad de la acción, es una figura que el legislador instituyó para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, en aquellos eventos en los cuales determinadas acciones judiciales no se ejercen en un momento procesal adecuado, en el entendido de que las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley, toda vez que de no hacerlo en tiempo oportuno, pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo el derecho que, alegan, les ha sido conculcado.

42. Por ese motivo es posible afirmar que el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia y el juez debe declararla, en caso de que se verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer la acción judicial correspondiente(6).

43. De conformidad con el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo(7), para ejercer la acción de reparación directa se estableció un término de dos años, contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa, o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público, so pena de que se produzca su caducidad.

44. Para la aplicación de la regla mencionada, resulta suficiente en la mayoría de los casos verificar el día en el cual ocurre cualquiera de los eventos descritos, con el fin de que sea posible contabilizar el plazo señalado a partir del mismo.

45. Sin perjuicio de ello, bajo ciertas circunstancias es posible que el cómputo del término en mención varíe. Así ocurre, por ejemplo, en los eventos en los cuales a pesar de que el hecho acaece en un momento determinado, no es posible establecer, inmediatamente, si el daño que produjo fue antijurídico, en la medida en que para hacer dicha calificación es preciso esperar a que acaezca un evento posterior. En dichos casos, la Sala ha contado la caducidad de la acción a partir de esta última fecha.

46. De este modo, cuando se demanda la privación injusta de la libertad de una persona, comoquiera que en esos eventos para ejercer el derecho de acción es preciso esperar a que se expida la providencia que resuelva de forma definitiva sobre la conducta punible que se le imputaba al afectado, puesto que sólo en ese momento se puede determinar si el hecho de haber estado privado de la libertad constituye un daño que éste tenía el deber de soportar.

47. Por ese motivo, la Sala ha dispuesto que allí el término de caducidad de dos años previsto para la acción de reparación directa principia a contar a partir de la fecha en la que esta providencia queda debidamente ejecutoriada. Al respecto, ha dicho el Consejo de Estado(8) lo siguiente:

La jurisprudencia tiene establecido que la contabilización del término de caducidad empieza a partir de la fecha en que adquiere firmeza la respectiva providencia penal absolutoria que declara la ocurrencia de uno de los supuestos previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, pues

“[s]ólo a partir del momento en que adquiera firmeza la providencia, es posible calificar de injusta la detención. Antes no tiene tal calidad, dado que se desconoce la conclusión a la cual llegará el juez penal. Y sólo puede hablarse de existencia de esa providencia una vez que en relación con ella se han surtido todos los recursos y grados de consulta de que goza.

El daño se consolida no con el simple hecho material de la detención, sino con la calidad de injusta de esa detención, la cual deviene como consecuencia de a (sic) decisión penal que así lo determine.”(9) (resaltado fuera de texto original)

En tales condiciones, en este caso la Sala confirmará la decisión, adoptada por el a quo, de declarar no probada la excepción de caducidad, dado que el término de dos años se comenzó a contar desde el 26 de noviembre de 1993, cuando se ordenó devolver el proceso penal al juez de primera instancia en razón a que se trataba de una decisión no consultable, según lo dispuesto por la Ley 81 de 1993, de manera que la demanda fue presentada en término (el 8 de febrero de 1995) antes de que operara el fenómeno de caducidad (25 de noviembre de 1995) (resaltado del texto).

48. Pues bien, cuando el daño que se demanda deriva de la falsa denuncia interpuesta por una entidad pública, el término de caducidad debe contarse siguiendo el mismo razonamiento anteriormente expuesto, teniendo en cuenta que es indispensable contar con el resultado del proceso penal adelantado a raíz de la denuncia, para efectos de determinar si el demandante tenía el deber jurídico de soportar el daño causado por esta.

49. En efecto, teniendo en cuenta que, como se verá más adelante, denunciar la posible comisión de hechos punibles no es solamente una potestad, sino también un deber de los funcionarios públicos, sólo se compromete la responsabilidad del Estado por los daños causados por esta acción cuando, entre otras cosas, la justicia penal ha mantenido incólume la presunción de inocencia del sindicado, pues es preciso acreditar que la denuncia estuvo motivada en hechos falsos o inexactos para que proceda la reparación.

50. Así, es indispensable para proceder a demandar por este hecho contar con la decisión definitiva de la justicia penal, pues de lo contrario se vería seriamente comprometida la posibilidad de éxito de las pretensiones invocadas. Por eso, exigirle al particular que demande dentro de los dos años siguientes a la interposición de la denuncia sin que se conozcan los resultados del proceso, so pena de rechazarle la acción, atenta invariablemente contra su derecho de acceso a la administración de justicia, consagrado en el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia(10)

51. En el caso concreto, en la sentencia de primera instancia, el tribunal consideró que se había configurado el fenómeno de la caducidad puesto que, en su opinión, con independencia de que el término se contara desde el momento en el que se interpuso la denuncia —el 26 de octubre de 2001— o desde que el señor Barrios Bermúdez fue despedido de la Distribuidora Mundial y Cía. Ltda., donde laboraba —el 31 del mismo mes y año— ya había vencido cabalmente el término de 2 años previsto por la ley para interponer la demanda.

52. Por su parte, en el recurso de apelación, el demandante indicó que dicho fenómeno no se había producido, teniendo en cuenta que los hechos en los que se habían fundado las pretensiones seguían corriendo, comoquiera que el Ministerio de Transporte no había pagado aun lo que le debía por concepto de la reparación del vehículo ni tampoco había acudido a su domicilio a recogerlo.

53. Al respecto, es preciso advertir, en primer lugar, que es falaz el argumento invocado por el actor, teniendo en cuenta que la controversia planteada, de conformidad con el acápite de las pretensiones de la demanda —ver párrafo 1—, no tiene que ver con el presunto incumplimiento en el que incurrió el Estado frente al contrato celebrado para la reparación del automóvil de placas PB 7179, máxime cuando para perseguir la reparación derivada de dicho hecho habría sido preciso ejercer la acción de controversias contractuales. Por el contrario, no hay duda de que con el libelo lo que se pretende es la reparación de los perjuicios que sufrió el señor Rafael David Barrios Bermúdez por la denuncia incoada por un agente del Ministerio de Transporte, circunstancia que ocasionó que fuera despedido de la empresa donde laboraba.

54. En ese sentido, como atinadamente lo señaló el agente del Ministerio Público, el inicio del conteo del término de caducidad de la acción no puede depender del acaecimiento de un hecho por completo ajeno a la litis, el cual, no sobra advertir, tampoco puede ser calificado como un daño continuado que amerite la suspensión del fenómeno procesal.

55. Sin embargo, en los eventos en los cuales el daño que se invoca deriva de una denuncia interpuesta por una autoridad pública, la caducidad no puede contarse desde el momento mismo en el que se produjo el hecho, sino que el término empieza correr a partir de que queda en firme la providencia que da fin al proceso penal que la autoridad inició por virtud de la querella presentada, por las razones expuestas en los párrafos que anteceden —ver párrafos 48 a 50—.

56. Así las cosas, se tiene que en el caso concreto el proceso penal que adelantó la Fiscalía Tercera Delegada ante los Jueces Penales Municipales de Santa Marta culminó el 19 de enero de 2005, mediante la expedición de una resolución que dispuso la preclusión de la investigación. Comoquiera que en el plenario no obra prueba de la constancia de ejecutoria de dicha providencia, se calculará la caducidad a partir del día siguiente a esa fecha, es decir, el 20 de enero de 2005.

57. De este modo, el término de dos años correría hasta el 20 de enero de 2007. Por ese motivo, habida cuenta de que la demanda se presentó el 14 de agosto de 2006, es claro que aquella se interpuso dentro del término que exige el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. En consecuencia, se encuentra que el tribunal erró al declarar la caducidad de acción, cuando lo procedente era conocer de fondo respecto de las pretensiones de la demanda.

58. Aclarado lo anterior, advierte la Sala que en un sentido meramente fenomenológico está acreditado el daño sufrido por el señor Rafael David Barrios Bermúdez, comoquiera que de los elementos de prueba obrantes en el expediente se pudo determinar que a raíz de la denuncia contra él incoada se inició una investigación penal. Al tiempo, está probado que por ese motivo fue despedido de la empresa en la que laboraba —ver párrafos 33, 34 y 38—. Ahora bien, en lo relacionado con su antijuridicidad, que también es un requisito necesario para que se pueda predicar responsabilidad a cargo del Estado, la Sala considera que el demandante no cumplió con la carga de acreditar que el detrimento fue contrario a derecho.

59. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política, “[e]l Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables (…)”, lo que significa que en nuestro sistema normativo se optó por una noción calificada de daño(11), en la que, para que éste sea indemnizable, no basta con demostrar el simple menoscabo, sino que además hay que evidenciar que se trató de una carga injusta que la víctima no estaba obligada a soportar.

60. Ahora bien, en el precepto constitucional citado no se estipularon los criterios que han de tenerse en cuenta para determinar el carácter antijurídico de un daño determinado, lo que ha implicado que sean la doctrina y la jurisprudencia quienes determinen, en aras de concretar los presupuestos para el surgimiento de la responsabilidad, las aristas de dicho carácter, según pasa a indicarse.

61. Así, para que un daño pueda ser considerado antijurídico, es necesario demostrar que es contrario a derecho y que lesiona un interés legítimo protegido por la ley. Efectivamente, es indispensable que se acredite que éste recayó sobre una situación jurídica que estaba amparada por el ordenamiento, puesto que, de lo contrario, se entendería que el daño es una carga que la víctima estaba obligada a soportar, en tanto que la normatividad autoriza la imposición del gravamen del que se deriva el perjuicio. En consonancia con ese criterio, la Corte Constitucional ha manifestado:

(…) la Corte no puede perder de vista que la responsabilidad patrimonial del Estado funda sus bases en el concepto de daño antijurídico. Este, que no halla definición en la Constitución Política y fue adoptado de la legislación foránea y delimitado por la doctrina constitucional(12), ha sido entendido como aquel perjuicio ocasionado por la actividad lícita o ilícita del Estado que afecta patrimonial o extrapatrimonialmente a una persona que no está en la obligación jurídica de soportarlo.

La jurisprudencia constitucional ha tomado como base la del Consejo de Estado para subrayar la idea de que la antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración sino de la soportabilidad del daño por parte de la víctima. En estos términos el Consejo de Estado dijo:

“Esta concepción de daño antijurídico ha sido admitida por la jurisprudencia del Consejo de Estado en nuestro país. Así, en múltiples oportunidades ese tribunal ha definido el daño antijurídico como “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en obligación de soportar”, por lo cual “se ha desplazado la antijuridicidad de la causa del daño al daño mismo”. Por consiguiente, concluye esa Corporación, “el daño antijurídico puede ser el efecto de una causa ilícita, pero también de una causa lícita. Esta doble causa corresponde, en principio, a los regímenes de responsabilidad subjetiva y objetiva”(13).

Así mismo, la Corte ha sostenido que este concepto armoniza sistemáticamente con la regulación constitucional de los derechos individuales, pues se entiende que ante el incremento de la actividad del poder público se impone la necesidad de reforzar los mecanismos de protección de los particulares, “al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades”(14).

De otro lado, la concepción del daño antijurídico a partir de la consideración de que quien lo sufre está obligado a soportarlo constituye otra forma de plantear el principio constitucional según el cual, la igualdad frente a las cargas públicas es sustento de la actividad de la administración pública. En efecto, el régimen de responsabilidad patrimonial conocido como “de daño especial” prescribe que gracias a la vigencia de principios constitucionales como la solidaridad (Art. 1º C.P.) y la igualdad (Art.13 C.P.), la sociedad está obligada a indemnizar el daño excepcional o anormal ocurrido como consecuencia de la actividad lícita del Estado, toda vez que rompería con el principio de equidad que dicha actividad perjudicase sólo a algunos individuos, habiendo sido desplegada en interés de la colectividad(15).

62. De otra parte, el hecho de que el daño, para ser considerado antijurídico, deba ser contrario a derecho, lleva implícita la condición de que la persona afectada por el menoscabo o detrimento demuestre que los intereses lesionados estaban amparados por la normatividad, lo que, en sentido contrario, implica que aquel estado de cosas producido por fuera del ordenamiento jurídico no puede generar responsabilidad a cargo del Estado.

63. De lo anterior se sigue que si el particular incurre en una conducta ilícita y el Estado, en aras de hacer prevalecer el ordenamiento jurídico frente al actuar del administrado, adopta las sanciones correspondientes ante el proceder antijurídico del ciudadano, causándole en consecuencia un detrimento, ello no puede considerarse como un daño antijurídico, puesto que, en ese evento, la administración actúa, precisamente, para restablecer el orden.

64. En el caso concreto, si bien es cierto que el demandante acreditó que la investigación penal adelantada en su contra, con ocasión de la denuncia presentada por el Ministerio de Transporte, fue precluida mediante providencia del 19 de enero de 2005, advierte la Sala que omitió probar que dicha providencia hubiera quedado en firme, en la medida en que no aportó copia de la respectiva constancia de ejecutoria.

65. Así las cosas, resulta imposible conocer el resultado final del proceso penal adelantado en su contra, teniendo en cuenta que a pesar de que en la providencia allegada se mantuvo incólume la presunción de inocencia del señor Rafael David Barrios Bermúdez, es posible que a raíz de la presentación de uno de los recursos ordinarios que prevé la ley, dicha decisión hubiera variado, durante la segunda instancia.

66. Efectivamente, no puede perderse de vista que la Fiscalía Tercera Delegada ante los Jueces Penales Municipales de Santa Marta conoció del proceso como autoridad de primera instancia y que, de conformidad con lo que señala el artículo 191 de la Ley 600 de 2000, Código Penal que se encontraba vigente para la época, “[s]alvo disposición en contrario, el recurso de apelación procede contra la sentencia y las providencias interlocutorias de primera instancia”, dentro de las cuales se encuentra la que ordena la preclusión de la investigación, según lo establece, expresamente, el artículo 193 ibídem.

67. Por ese motivo, resulta imposible determinar si era antijurídico el daño que sufrió el señor Barrios Bermúdez a raíz de la denuncia penal que en su contra incoó el Ministerio de Transporte, teniendo en cuenta que, de haber resultado eventualmente condenado —circunstancia que, se reitera, se desconoce ante la falta de la respectiva constancia de ejecutoria— estaría en la obligación de soportarlo, pues éste no sería cosa distinta que la consecuencia de la conducta ilícita en la que habría incurrido.

68. Ahora bien, en gracia de discusión, incluso aunque se aceptara que la referida decisión se encuentra ejecutoriada, considera la Sala que no se encuentran acreditados los elementos para declarar la responsabilidad de la Administración, teniendo en cuenta que no se evidencia que el Ministerio de Transporte hubiera cometido una falla en la prestación del servicio.

69. En cuanto a la responsabilidad del Estado por la presentación de una denuncia, es preciso indicar, en primer lugar, que en palabras de la Corte Constitucional, “[l]a denuncia en materia penal es una manifestación de conocimiento mediante la cual una persona, ofendida o no con la infracción (…), pone en conocimiento del órgano de investigación un hecho delictivo, con expresión detallada de las circunstancias de tiempo modo y lugar, que le consten”(16).

70. En desarrollo del deber que la Constitución Política de Colombia le impone a la totalidad de las personas de “[c]olaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia”, el artículo 27 de la normativa penal vigente para la época —Ley 600 del 2000— dispuso lo siguiente: “[t]oda persona debe denunciar a la autoridad las conductas punibles de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio”.

71. En ese sentido, y según lo señalado en el artículo 28 ibídem, las personas sólo están exonerados de ejercer dicho deber cuando son ellas quienes han cometido el punible, o cuando lo ha hecho su cónyuge, compañero permanente o su pariente hasta dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil; tampoco deben hacerlo quienes conocieron las conductas punibles con ocasión del ejercicio de actividades que impongan legalmente secreto profesional.

72. Tal es la importancia de dicho deber, que el Código Penal Ley 599 de 2000- ha tipificado su incumplimiento como un delito, en ciertos eventos. Así, el artículo 441 ibídem, dispone lo siguiente: “[e]l que teniendo conocimiento de la comisión de un delito de genocidio, desplazamiento forzado, tortura, desaparición forzada, homicidio, secuestro, secuestro extorsivo o extorsión, narcotráfico, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, terrorismo, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, enriquecimiento ilícito, testaferrato, lavado de activos, cualquiera de las conductas contempladas en el Título II y en el Capítulo IV del Título IV de este libro, en este último caso cuando el sujeto pasivo sea un menor de doce (12) años, omitiere sin justa causa informar de ello en forma inmediata a la autoridad, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años”.

73. Sobre este punto la Corte Constitucional se ha pronunciado, en los siguientes términos:

La tipificación como hecho punible de la omisión de denuncia o noticia a la autoridad competente de la comisión de un delito perseguible de oficio, se aprecia como una medida que impone a las personas un deber que busca hacer conocer de la autoridad los hechos delictuosos con el fin de que se desarrolle la necesaria actuación estatal requerida para su investigación y juzgamiento.

Dicha obligación, tiene su sustento en los deberes constitucionales que tienen los ciudadanos de colaborar con la administración de justicia y obrar conforme al principio de solidaridad (arts. 95-2 y 7). Es obvio, que al deber que tienen las autoridades de proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades, que en gran parte se logra con la investigación y sanción de los delitos que lesionan sus bienes jurídicos y los de la sociedad en general, necesariamente debe corresponder el correlativo deber de dichas personas de colaboración con las autoridades, mediante la oportuna y eficaz denuncia de los hechos delictuosos.

(…)

El deber de las personas de denunciar los delitos, obviamente conlleva la preservación de la garantía constitucional prevista en el artículo 33, en el sentido de que “nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”. En tal virtud, no se tipifica la conducta punible cuando quien tiene conocimiento de un hecho punible se encuentra cobijado por la previsión contenida en la referida norma.

El deber de denunciar un ilícito comporta, además, una carga pública general para todas las personas que han tenido conocimiento de su ocurrencia, que resulta razonable y proporcionada con la finalidad que el mismo persigue. Las personas a quienes se impone el mencionado deber, cuentan con la protección que se deriva de la obligación que se impone a la Fiscalía en el art. 250-4 de “velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso”. De otra parte, la reserva de la entidad del denunciante prevista en el artículo siguiente del Decreto 1901, constituye igualmente un mecanismo para su protección(17).

74. La obligación de denunciar es, con más veras, predicable de los funcionarios públicos, respecto de quienes el precitado artículo 27 del Código Penal dispone lo siguiente: “[e]l servidor público que por cualquier medio conozca de la comisión de una conducta punible que deba investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la investigación si tuviere competencia para ello; en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento de la autoridad competente”.

75. Por ese motivo, el artículo 278 de la Constitución señala que el incumplimiento de dicha obligación constituye una falta disciplinaria que, incluso, puede acarrear la destitución del funcionario público:

Procurador General de la Nación ejercerá directamente las siguientes funciones:

1. Desvincular del cargo, previa audiencia y mediante decisión motivada, al funcionario público que incurra en alguna de las siguientes faltas: infringir de manera manifiesta la Constitución o la ley; derivar evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones; obstaculizar, en forma grave, las investigaciones que realice la Procuraduría o una autoridad administrativa o jurisdiccional; obrar con manifiesta negligencia en la investigación y sanción de las faltas disciplinarias de los empleados de su dependencia, o en la denuncia de los hechos punibles de que tenga conocimiento (se resalta).

76. Adicionalmente, la omisión de dicho deber, como sucede con los particulares, también da lugar a la tipificación de un delito, según lo establece el artículo 417 del Código Penal: “[e]l servidor público que teniendo conocimiento de la comisión de una conducta punible cuya averiguación deba adelantarse de oficio, no dé cuenta a la autoridad, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público. // La pena será de treinta y dos (32) a setenta y dos (72) meses de prisión si la conducta punible que se omitiere denunciar sea de las contempladas en el delito de omisión de denuncia de particular”.

77. Ahora bien, lo anterior no significa que toda denuncia, por el sólo hecho de ser formulada, sea legítima ni, tampoco, que tenga por fin auxiliar a la administración de justicia, pues no se puede desconocer que, en ocasiones, se hace uso de ella con finalidades diferentes a las previstas en la ley, teniendo en cuenta que constituye una herramienta capaz de desencadenar el poder de imperio de la rama judicial.

78. En esos eventos, es claro que se configura el fenómeno del abuso del derecho. Para desincentivar la referida conducta antijurídica, el legislador no solamente exigió que la denuncia debía formularse bajo juramento, sino que, también, instituyó como delitos la falsa denuncia y la falsa denuncia contra persona determinada, en los artículos 435(18) y 436(19) del Código Penal.

79. Como consecuencia de lo señalado, para la Sala es claro que cuando una entidad pública hace un uso indebido de la institución penal de la denuncia, causando un daño antijurídico que el particular no está en el deber de soportar, debe proceder a reparar los perjuicios causados. Para que se configure la responsabilidad del Estado, además de verificar que el proceso penal adelantado con ocasión de la denuncia hubiera culminado favorablemente para el sindicado —pues de lo contrario, como ya se dijo, el daño causado es jurídico—, es preciso que la entidad hubiere incurrido en el incumplimiento de un deber de cuidado que le era exigible, sin que se pueda predicar un régimen de responsabilidad de carácter objetivo, toda vez que, como se señaló, la presentación de la denuncia, más que el ejercicio de un derecho legítimo, es el cumplimiento de un deber de raigambre constitucional.

80. Así, a la parte demandante le corresponde probar que la demandada incurrió en una falla de servicio, circunstancia que puede acontecer cuando esta presenta una denuncia temeraria, es decir, cuando a pesar de conocer la inexistencia de la configuración de un tipo penal procede a hacer una imputación de mala fe ante la justicia penal, pero también cuando funda la denuncia con base en información que carecía de respaldo probatorio sólido y que no había sido adecuada y suficientemente contrastada.

81. Cabe señalar que esta Subsección(20) tuvo la oportunidad de pronunciarse respecto de la responsabilidad que puede caberle a las entidades públicas por las denuncias formuladas, en un caso que aunque guarda algunas diferencias con el presente —en la medida en que allí el denunciado era un funcionario público y que la denuncia también trascendió a los medios de comunicación—, resulta pertinente citar extensamente, por su importancia:

(…) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos enumera un conjunto de criterios de suma utilidad para orientar la decisión en caso de presentarse conflicto entre bienes jurídicamente protegidos, como lo son el derecho a ejercer control sobre la actuación eventualmente delictuosa de servidores públicos y el derecho a preservar el derecho a la honra y/o al buen nombre de estos funcionarios supuestamente implicados en la comisión de delitos que afectan el interés general: i) “principio de distinción de personas públicas en asuntos de interés público y personas y asuntos de interés privado; ii) principio de aplicación del estándar de la ‘real malicia’; iii) “principio de la inversión de la carga de la prueba”.

Respecto del segundo criterio se tiene que, al estar las autoridades públicas sujetas a un mayor y más profundo escrutinio en su gestión, una de las pautas para establecer si se cumple con los requerimientos básicos para denunciar un posible hecho irregular que se les endilgue, es el haber obrado quien denuncia de manera diligente y ausente de dolo. Dicho en otros términos: la denuncia no debe hacerse a la ligera; debe soportarse fáctica y jurídicamente.

El tercer criterio utilizado en la resolución del conflicto que acá se plantea, se relaciona con la necesidad de que el funcionario objeto de las denuncias pruebe la ligereza en que se incurrió cuando la entidad a la cual está vinculado en calidad de servidor público elevó denuncia por hechos que eventualmente pueden afectar su honra y su buen nombre.

(…)

(…) La pregunta que surge a continuación es hasta qué punto la entidad obró con la debida diligencia y ausencia de dolo exigidas al formular su denuncia ante el Juez Seccional de Instrucción Criminal en averiguación por los delitos de peculado, falsedad y prevaricato, situación que afectó los derechos constitucionales fundamentales a la honra y al buen nombre del ciudadano Amaury Guerrero.

Cuando integrantes de una institución pública —para el caso de autos el Senado de la República— detecta posibles actuaciones delictivas realizadas por servidores públicos a ella vinculados o vinculados a otra dependencia estatal, debe poner en marcha los mecanismos que estén a su alcance a fin de determinar la solidez y contundencia de las sospechas. En pocas palabras, las instituciones estatales disponen de la información necesaria para asegurar que las denuncias formuladas por servidores públicos se encuentren suficientemente sustentadas, es decir, cuentan con pruebas contundentes y no se apoyan en meros rumores, chismes o maniobras manipuladoras.

Procurar que ello sea así es su obligación no sólo en atención a la información institucional de que disponen, sino, entre otras cosas, porque bajo tales circunstancias, siempre se debe partir del respeto por el principio de legalidad y por las formas propias de cada juicio, lo que implica también garantizar el principio de presunción de inocencia.

De suerte que si esas exigencias no se observan a cabalidad, de inmediato se activa el criterio de la “real malicia” y fácilmente puede establecerse la responsabilidad estatal por el daño antijurídico causado.

En el caso bajo examen se tiene que la Oficina Jurídica del Senado presentó, en efecto, un informe ante el Congreso de la República el 20 de julio de 1981 —que aparece publicado en los Anales del Congreso el 30 de julio del mismo año—. En dicho informe se da cuenta de las supuestas irregularidades presentadas en relación con el pago de prima de antigüedad (…).

Si bien para la Sala es evidente que el derecho a la honra no puede menoscabar la divulgación de datos de interés general y, por esta vía, quedar sustraído del libre escrutinio público la conducta de funcionarios públicos y personas de la vida nacional sobre cuya conducta recae el interés de la comunidad, en particular, cuando ello tiene que ver con funciones públicas, relacionadas con el ejercicio del poder político, para el efecto la Secretaría General del Senado de la República, no puede pasarse por alto la obligación puesta en cabeza de las entidades estatales de obrar con diligencia y al margen de actuaciones maliciosas o dolosas cuando formulan denuncias de la magnitud de la formulada en contra del señor Amaury Guerrero Agámez.

Como ya se señaló, el informe fue objetado por el actor y fue cuestionado por el propio pagador del Senado de la República mediante informe que presentara antes de elevarse acusación formal ante la Fiscalía el 4 de agosto de 1981. Importa insistir acá nuevamente que las obligaciones de hacer efectiva la presunción de inocencia y de respetar la honra y el buen nombre se agudiza en proporción a la magnitud de las acusaciones —en el sub lite de orden penal—. Esas obligaciones sin embargo no fueron cumplidas por el Senado de la República. Tanto es ello así, que el 30 de marzo de 1994 la Unidad de Delitos contra la administración pública de la Fiscalía General declaró extinguida la acción penal. Sin embargo, el señor Amaury García renunció a la prescripción a la que se acogieron otros demandados, con el propósito de llevar hasta las últimas consecuencias el juicio que debía restablecerlo en su honra y buen nombre. Fue así como la propia Fiscalía precluyó la investigación en su contra (…).

En consecuencia, considera la Sala que en el sub lite existen suficientes elementos de convicción para estimar que se ha configurado el daño consistente en la violación del derecho a la honra y al buen nombre del señor Amaury Guerrero Agámez por parte de la entidad demandada.

En lo que tiene que ver con la denuncia penal, la prueba documental permite inferir que el señor Amaury Guerrero fue vinculado al proceso penal, sindicado por funcionarios de la Oficina Jurídica dentro del marco de la investigación iniciada en razón de la denuncia formulada por la Contraloría General de la República de los delitos de peculado, falsedad y defraudación al tesoro público, dados los cobros en exceso en que habrían incurrido algunos funcionarios del Senado de la República y que, posteriormente, funcionarios vinculados a la oficina jurídica de la alta cámara, quienes fueron comisionados por el Presidente del Senado para investigar el asunto, allegaron a la actuación los informes presentados a la plenaria el 21 de julio de 1981.

Podría sostenerse que prima facie y, en sentido estricto, la sola iniciación de una investigación disciplinaria, penal o fiscal no comporta la violación al derecho al buen nombre o a la honra sino que ese constituye el escenario natural y configura el cumplimiento del deber de adelantar la actuación en la cual el vinculado contará con las oportunidades legales y constitucionales, de ejercer su derecho de defensa(21). No obstante, ya se expuso en párrafos anteriores, cómo la jurisprudencia internacional y nacional coincide en que el límite o frontera de esa actuación imprescindible para garantizar la efectiva materialización del control de la gestión pública y la plena realización del principio democrático se encuentra precisamente en las actuaciones dolosas o culposas de quienes elevan denuncias que adolecen de todo sustento fáctico, cuestión que, como también se explicó, comprende a la prensa escrita, oral o en red, pero se aplica con mayor rigor respecto de las instituciones estatales que elevan denuncias en relación con servidores públicos vinculados a sus dependencias o a otras dependencias estatales.

En el caso concreto lo que se observa es que la entidad estatal demandada denunció un conjunto de irregularidades que, al menos respecto del señor Amaury Guerrero, no estuvo en capacidad de probar, motivo por el cual fue precluida la investigación en el año de 1994 como consta en las pruebas allegadas al expediente. Insiste la Sala en que, tal como se presentaron los hechos en el asunto bajo examen, los derechos al buen nombre y al honor del señor Guerrero fueron desconocidos por actuaciones atribuibles al Senado de la República, generando un daño moral que debe ser reparado.

82. En el sub lite, advierte la Sala que no se encuentra acreditado que la entidad hubiera incumplido algún deber de cuidado al interponer una denuncia contra el señor Rafael David Barrios Bermúdez. Efectivamente, está probado que de forma previa a la presentación del escrito respectivo ante la justicia penal, el Ministerio de Transporte, en cumplimiento de su deber de verificar la existencia y ubicación de los bienes que con anterioridad pertenecían a la empresa Puertos de Colombia, procedió a hacer una diligencia de inspección al domicilio del ahora demandante, donde halló el vehículo Mazda 626, de placas PB 7179— ver párrafo 33—.

83. En la denuncia incoada por el señor Manuel Agustín Acosta Palerm, quien actuaba como apoderado del Ministerio de Transporte, se afirmó que durante la referida diligencia las autoridades administrativas encontraron que al vehículo le faltaban algunas partes, como el motor, la caja de cambios y los elementos de tapicería, y que el señor Barrios Bermúdez se negaba a entregarlo si antes no se le cancelaba la suma de ocho millones cuarenta y nueve mil pesos ($ 8 049 000).

84. Pues bien, en el plenario no obra ni un solo elemento de convicción válido que le permita a la Sala sostener que esta información era falsa ni, mucho menos, afirmar que el Ministerio de Transporte incurrió en un yerro por incoar la denuncia ligeramente, sin verificar con la certeza requerida la configuración del punible.

85. Efectivamente, durante la primera instancia rindió testimonio el señor Eduardo Antonio Barrios Bermúdez, quien respecto de los hechos que tienen que ver con el caso de marras, adujo lo siguiente (fls. 101-102, cdno. 1):

Cuando en Foncolpuertos el Dr. Juliao llevó el vehículo con el chofer al taller, que le valuaron el arreglo del carro a todo costo que ellos mandaban el cincuenta por ciento (50%) al mes y medio, que nunca en momento llegó, nosotros le mandamos un oficio al (sic) oficina, porque no había llegado el cincuenta por ciento del valor del carro, nosotros comenzamos a arreglar el carro con plata que prestamos para , el mantenimiento del motor, latonería, pintura, eléctrico y las sillas que le llevamos al taller Jaramillo para tapizar, en momento las sillas están en taller Jaramillo que nunca se pudo cancelar el arreglo porque no había dinero, después el ministerio de transporte llegó a la casa ha (sic) hacer una inspección judicial del vehículo que está en la cra. 17 # 10-25 los Almendros, luego inspeccionado con un mecánico todo el carro hicieron un proceso del avalúo del carro y por tanto no iban a cancelar, después del tiempo mandaron una citación que el señor Rafael Barrios Bermúdez se había robado el carro el proceso se fue a la Fiscalía vino un funcionario de Bogotá, hicieron un acuerdo o convenio el abogado del Ministerio de Transporte con el señor Rafael Barrios, que le ponían el carro a nombre de Rafael barrios Bermúdez a particular, por la deuda que había por la reparación del vehículo, después de quince días le ponían la tarjeta de propiedad a nombre de Rafael Barrios y después de mes y medio le daban los trece millones y medio (13.500.000) por el parqueo del vehículo, que nunca cumplieron el convenio que hicieron con la Fiscalía tanto verbal como escrito.

86. Sin embargo, dicha prueba no resulta suficiente para calificar de falsos los hechos narrados en la denuncia, comoquiera que lo allí dicho no resulta manifiestamente contradictorio con lo narrado por el apoderado del Ministerio de Transporte ante la justicia penal. Adicionalmente, se encuentra que el declarante es un testigo sospechoso, en los términos del artículo 217 del Código de Procedimiento Civil(22) y que existen algunas contradicciones en su dicho.

87. En cuanto al primer punto, encuentra la Sala que si bien en la audiencia de recepción del testimonio no se interrogó al señor Eduardo Antonio Barrios Bermúdez respecto de su parentesco con el señor Rafael David Barrios Bermúdez, de modo que a pesar de que tienen en común sus dos apellidos no es posible concluir que son hermanos, lo cierto es que ambos mantienen una cercana relación personal y laboral, al punto que el vehículo fue depositado, en palabras del mismo demandante, en la casa de habitación del tercero.

88. Dicha circunstancia, aunque no impide valorar el testimonio, sí obliga al juzgador a tener un especial cuidado con su valoración, de conformidad con las reglas de la sana crítica. Así las cosas, no puede la Sala tener por cierto lo que él afirma, ante la ausencia de otras pruebas que respalden su dicho, teniendo en cuenta que por sus condiciones personales tiene un especial interés en las resultas del proceso.

89. Por otra parte, se encuentra que en algunos puntos de la declaración incurre en serias contradicciones con hechos debidamente acreditados mediante las pruebas documentales obrantes en el expediente. Para esta Subsección es especialmente relevante el hecho de que afirmara que el demandante Barrios Bermúdez y el Ministerio de Transporte habían alcanzado un acuerdo ante la Fiscalía por virtud del cual este último se comprometía a transmitirle la propiedad del vehículo y a pagar la suma de trece millones quinientos mil pesos, cuando el acta de la diligencia de conciliación revela un escenario totalmente diferente, habida cuenta de que allí se dispuso que el actor se comprometía a devolver el vehículo a la entidad demandada, quien después de recibirlo estudiaría la posibilidad de cancelar el dinero que, según alega el señor Barrios Bermúdez, dicha entidad pública le debía —ver párrafo 36—.

90. Esas falencias impiden a la Sala darle al testimonio rendido por el señor Eduardo Antonio Barrios Bermúdez el valor suficiente para construir a partir de él la responsabilidad de la Nación-Ministerio de Transporte, en la medida en que no resulta suficiente para tener por probada la falla de servicio en la que incurrió dicha entidad al presentar la denuncia penal.

91. De otra parte, el demandante indicó que para su declaratoria basta con tener en cuenta la decisión adoptada por la Fiscalía el 19 de enero de 2005, en donde se precluyó la investigación a su favor, declarándolo inocente. Sin embargo, en cuanto a este punto, debe recordarse que el demandante omitió aportar su constancia de ejecutoria, de modo que se desconoce si el sentido de aquella providencia se mantuvo —ver párrafos 63 a 68—.

92. Pero en cualquier caso, como bien lo señaló en su defensa el Ministerio de Transporte, la decisión de precluir la investigación que adoptó el tribunal no se produjo como consecuencia de que hubiera advertido que las afirmaciones que invocó en la denuncia el señor Acosta Palerm, representante del Ministerio de Transporte fueran falsas, sino por virtud de la configuración de una causal de terminación anormal del proceso penal, esto es, la conciliación que alcanzaron las partes, en los términos del artículo 41 de la Ley 600 del 2000(23).

93. Efectivamente, en dicha providencia nada se dijo respecto de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las cuales presuntamente se produjo el punible, ni, mucho menos, calificó la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad de la conducta del señor Rafael David Barrios Bermúdez, de modo que aquella es una prueba que resulta inane para efectos de determinar que la entidad demandada incumplió sus deberes de cuidado, puesto que no contiene ningún elemento que permita establecer la veracidad de las afirmaciones que en la denuncia se realizaron.

94. Por el contrario, es preciso advertir que en la diligencia de inspección del vehículo realizada el 17 de diciembre de 2001, en lugar de corroborarse lo que manifestó por el actor, se encontró que, efectivamente, el vehículo se encontraba en regular estado de conservación, sin motor y sin “cojinería” —ver párrafo 35—, circunstancia que conduce a la Sala a considerar que la denuncia estuvo debidamente fundada en hechos ciertos y verificables.

95. En conclusión, comoquiera que el demandante Rafael David Barrios Bermúdez no acreditó la antijuridicidad del daño que sufrió, ni tampoco que el Ministerio de Transporte hubiera incurrido en una conducta u omisión constitutiva de una falla de servicio al momento de interponer una denuncia en su contra, se impone denegar las pretensiones de la demanda.

VII. Costas.

96. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —Subsección “B”—, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

MODIFICAR la Sentencia de primera instancia proferida el 7 de octubre de 2009 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que quedará así:

1. DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

2. Sin condena en costas.

3. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase».

1. La pretensión mayor, correspondiente a los perjuicios morales causados al señor Rafael David Barrios Bermúdez, fue estimada en la suma de $408 000 000 monto que supera la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en el año de 2006 fuera de doble instancia ($204 000 000). Se aplica en este punto el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998.

2. Parra Quijano, Jairo. “Manual de derecho probatorio”, “La prueba en los procedimientos: civil, penal (ordinario y militar), laboral, canónico, contencioso-administrativo y en el derecho comparado”. Librería Ediciones del Profesional Ltda., decimoséptima edición, Bogotá, D.C. Pág. 69-70.

3. Dicha norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-037 de 19 de febrero de 1998, M.P. Jorge Arango Mejía: “Esta norma tiene una razón de ser que se explica por sí sola: como el fin del proceso es establecer la existencia de unos hechos o actos jurídicos, base del reconocimiento de los derechos reconocidos por la ley sustancial, el tema central es el debate probatorio. Para que una prueba sea válida y eficaz, necesariamente tiene que ser controvertida. De tal manera es fundamental la contradicción de la prueba, que el artículo 29 de la Constitución, relativo especialmente al proceso penal, pero aplicable también a los demás, consagra como un derecho de quien es parte en un proceso, presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra. // Lo anterior explica por qué cuando la prueba en sí ha sido válidamente practicada, conserva su validez y eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de contradecirla. Esta oportunidad garantiza, precisamente, que se ha respetado el derecho de defensa, una de cuyas expresiones principales es la contradicción de la prueba. // La norma atiende, también, al principio de la economía procesal. Se inspira, además, en la primacía del derecho sustancial, pues sobre la contradicción de la prueba se funda la realización del derecho, su declaración en el proceso. // Por lo expuesto, la Corte considera que la norma acusada no quebranta la Constitución, y así lo declarará”.

4. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 168 del Decreto 01 de 1984, en los procesos contencioso administrativos son aplicables las normas del Código de Procedimiento Civil sobre la admisibilidad de los medios de prueba, la forma de practicarlas y los criterios de valoración. La Sala valorará los documentos presentados en copia simple, de acuerdo con lo dispuesto por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en Sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2013, expediente 25022, C.P. Enrique Gil Botero, en la cual se estableció que las copias simples serían valoradas en “(…) los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v.gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho), salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas”.

5. “Se inspeccionó el vehículo mazda 626 de placas BB7829 (sic), el cual está avaluado por $ 1’500.000.00, y se encuentra retenido por el señor Rafael Barrios, quien presenta cuenta de cobro por la suma de $8’040.000.00 por concepto de reparaciones que no fueron autorizadas legalmente por el Fondo de Pasivos de la Empresa Puertos de Colombia en Loquidación(sic)”.

6. Al respecto la Sala ha señalado: “Es por lo anterior que se da aplicación a la máxima latina “contra non volenten agere non currit prescriptio”, es decir que el término de caducidad no puede ser materia de convención, antes de que se cumpla, ni después de transcurrido puede renunciarse.//Dicho de otro modo, el término para accionar no es susceptible de interrupción, ni de renuncia por parte de la Administración. Es, que el término prefijado por la ley, obra independientemente y aún contra voluntad del beneficiario de la acción”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 11 de mayo del 2000, Exp. 12200, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

7. “ART. 136.-…// 8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

8. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 7 de diciembre de 2004, Exp. 14676, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

9. [6] “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto del 2 de febrero de 1996, Exp. 11425, actor Beatriz Elena Monsalve Ríos, Demandada: Nación-Ministerio de Justicia. En el mismo sentido, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Auto de 2 de junio de 1994, Exp. 9357, Actor: Edwin Ascanio y otros, Demandado: Nación-Ministerio de Justicia, allí se señala que ‘el término de caducidad de la acción de reparación directa que pueda caber en caso de falla del servicio judicial, debe contarse a partir de la ejecutoria de la providencia que ponga fin al proceso con tránsito a cosa juzgada’”.

10. “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado”.

11. En los sistemas jurídicos modernos, existen dos vertientes en relación con la forma en que ha definirse el daño indemnizable: una que considera el daño en forma lata, y otra que lo aborda como aquél daño que lesiona un derecho legítimo de la víctima. Al respecto dice el tratadista chileno Enrique Barrios Bourie: “(…) Si bien existe una tendencia hacia la formulación de un concepto general de daño en las codificaciones civiles, el concepto ha adquirido dos concreciones diferentes. En sistemas jurídicos donde sólo el daño antijurídico es objeto general de reparación, por lo general se exige la lesión de un derecho subjetivo para que haya lugar a la indemnización. Por el contrario, en una definición en sentido amplio, que se remonta a las Siete Partidas, el daño ha sido definido como todo “detrimento, perjuicio o menoscabo que se recibe por culpa de otro en la hacienda [patrimonio] de la persona”. “Tratado de Responsabilidad Extracontractual”, Santiago, Chile, 2006 (reimpresión de 2009), pág. 220.

12. [15] “Cfr. Sentencia C-333 de 1996”.

13. [16] “Consejo de Estado. Sentencia del 13 de julio de 1993. Loc-cit”.

14. [17] “Sentencia C-333/96”.

15. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-254 del 25 de marzo de 2003, Exp. LAT-229, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

16. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-1177 de 17 de noviembre de 2005, Exp. D-5730, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

17. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-249 del 21 de abril de 1999, Exp. D-2173, M.P. Fabio Morón Díaz.

18. “El que bajo juramento denuncie ante la autoridad una conducta típica que no se ha cometido, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses y multa de dos punto sesenta y seis (2.66) a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

19. “El que bajo juramento denuncie a una persona como autor o partícipe de una conducta típica que no ha cometido o en cuya comisión no ha tomado parte, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de dos punto sesenta y seis (2.66) a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

20. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, Sentencia del 29 de agosto de 2012, Exp. 1996-02059 (24097), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

21. [26] “Sentencia C-720/06 23 de agosto de 2006. Corte Constitucional. Magistrado Ponente Clara Inés Vargas Hernández”.

22. “Son sospechosas para declarar las personas que en concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes personales u otras causas”.

23. “La conciliación procede en aquellos delitos que admitan desistimiento o indemnización integral. // En la resolución de apertura de instrucción, el funcionario señalará fecha y hora para la celebración de audiencia de conciliación, la que se llevará a cabo dentro de los diez (10) días siguientes. Sin embargo, a solicitud de los sujetos procesales o de oficio, el funcionario judicial podrá disponer en cualquier tiempo la celebración de audiencia de conciliación. // Si alguno de los citados fuere incapaz, concurrirá su representante legal. // Durante la audiencia no se permitirá la intervención directa de los apoderados, únicamente el diálogo con sus poderdantes con el fin de asesorarlos para proponer fórmulas de conciliación. // Si se llegare a un acuerdo, el funcionario judicial lo aprobará cuando lo considere ajustado a la ley. // Obtenida la conciliación, el Fiscal General de la Nación o su delegado o el juez podrá suspender la actuación hasta por un término máximo de sesenta (60) días para el cumplimiento de lo acordado. No se admitirá prórroga del término para cumplir el acuerdo. Verificado el cumplimiento, se proferirá resolución inhibitoria, de preclusión de la instrucción o cesación de procedimiento. // Si no se cumpliere lo pactado, se continuará inmediatamente con la actuación procesal. // No se podrán realizar más de dos (2) audiencias de conciliación durante el proceso. // Hasta antes de proferirse la Sentencia de primera instancia, el funcionario judicial aprobará las conciliaciones que se hubieren celebrado en un centro de conciliación oficialmente reconocido o ante un juez de paz”.