Sentencia 2006-01077 de enero 28 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Expediente: 76001-23-31-000-2006-01077 01 (36.583)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Pedro Ramírez Valencia y otros

Demandado: La Nación-Rama Judicial-Fiscalía General de la Nación y otros

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintiocho de enero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Cumplido el trámite procesal correspondiente, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 31 de octubre de 2008, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia y con el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta corporación el 9 de septiembre de 2008(2), de las acciones de reparación directa relacionados con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los tribunales administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado, sin tener en cuenta la cuantía del proceso.

2. Oportunidad de la acción.

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos, la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

En el presente asunto, se observa que la providencia por medio de la cual el señor Pedro Ramírez Valencia fue exonerado del proceso penal que se adelantó en su contra fue proferida el 23 de noviembre de 2005 y quedó ejecutoriada el 7 de diciembre del mismo año; así y dado que la demanda de reparación directa fue instaurada el 28 de marzo de 2006, no hay duda de que ello ocurrió dentro del término de ley.

3. Valoración de la prueba documental recaudada.

La parte demandante allegó, en copia simple, una parte del proceso penal adelantado por la Fiscalía General de la Nación en contra de Pedro Ramírez Valencia(3) y la sentencia por medio de la cual el Juzgado Primero Penal del Circuito de Buenaventura concluyó que el sindicado no cometió el delito por el cual fue investigado.

Acogiendo la posición mayoritaria de la Sección Tercera, la Sala valorará la prueba documental que obra en el proceso en copia simple, de conformidad con la providencia proferida por la Sala Plena de esta Sección el 28 de agosto de 2013(4), según la cual, “en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas”(5).

Ahora bien, la parte demandante allegó, con la ampliación del recurso de apelación, copia auténtica del proceso penal adelantado en contra de Pedro Ramírez Valencia(6), con el fin de que se le otorgara valor probatorio para demostrar la responsabilidad del Estado. Al respecto, la Sala no puede desconocer que el legislador previó la posibilidad de solicitar pruebas en segunda instancia, dentro del trámite de la apelación de sentencias (art. 214 del CCA); sin embargo, debe aclarar que para ello determinó, de manera muy precisa y restringida, los eventos en los cuales el ad quem puede acceder a tal solicitud, de manera que solo en la medida en que el elemento de prueba se ajuste a alguno de los supuestos contemplados en dicha disposición, puede accederse a su decreto. Dice la norma en cuestión que es posible decretar pruebas en segunda instancia:

“1. Cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió, pero solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento;

“2. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos;

“3. Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito, o por obra de la parte contraria;

“4. Cuando con ellas se trate de desvirtuar los documentos de que trate el numeral anterior”.

De conformidad con lo anterior, la posibilidad de decretar pruebas en segunda instancia se circunscribe, exclusivamente, a aquellos eventos en los cuales no hubiere sido posible su incorporación al proceso por circunstancias ajenas a la actuación o culpa de la parte interesada, esto es, porque decretadas en primera instancia se hubieren dejado de practicar sin culpa de quien las solicitó o porque versen sobre hechos nuevos ocurridos con posterioridad a la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia o porque, tratándose de una prueba documental, no hubiere podido aducirse en la instancia anterior por motivos de fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria, presupuestos a los cuales no se ajusta el expediente penal antes mencionado, tal como ya se había advertido en este proceso mediante auto del 24 de abril de 2009(7), de forma tal que no podrá ser valorado en esta instancia.

Ahora, si bien es cierto que el artículo 228 de la Constitución Política preceptúa la prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental, también lo es que la aplicación de dicho postulado no puede desechar ni sacrificar la garantía del debido proceso, regla de rango también constitucional (art. 29), so pena de violar el derecho de defensa de la parte demandada.

4. Responsabilidad patrimonial de la Nación respecto de las condenas que se profieran en su contra por las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación.

Como cuestión previa, es menester señalar que el artículo 149 del Decreto 1 de 1984 preveía que la representación de la Nación —Rama Judicial— radicaba en el Ministro de Justicia. Con la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996(8) —Estatutaria de la Administración de Justicia—, dicha representación se asignó al director ejecutivo de administración judicial. A su turno, el artículo 49 de la Ley 446 de 1998(9), norma que modificó el artículo 149 del Código Contencioso Administrativo, dispuso que la representación de la Nación, para efectos judiciales por actuaciones de la Fiscalía General de la Nación, le correspondía al Fiscal General de la Nación.

En relación con esto último, la jurisprudencia del Consejo de Estado entendió que el artículo 49 de la Ley 446 de 1998 no contravino lo prescrito por el artículo 99 de la Ley 270 de 1996, de allí que se le haya conferido a dichas disposiciones una interpretación integral, para entender que tanto el director ejecutivo de administración judicial como el Fiscal General de la Nación pueden representar judicialmente a la Nación(10).

La Sala, en reiterada jurisprudencia(11), ha señalado que, si bien la Fiscalía General de la Nación pertenece a la Rama Judicial, ella goza de autonomía administrativa y presupuestal, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Constitución Política. Corolario de esa autonomía es que las condenas que se profieran contra la Nación, por las actuaciones realizadas por la fiscalía, deben ser cumplidas o pagadas con el presupuesto de esta.

5. El régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto.

Previo a analizar los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, es necesario precisar que la demanda de la referencia tiene por objeto la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado, por razón de la privación de la libertad a la cual fue sometido el señor Pedro Ramírez Valencia, entre el 19 de agosto de 2004 y el 23 de noviembre de 2005, de manera tal que se evidencia que los hechos que se someten a conocimiento de la Sala ocurrieron en vigencia de la Ley 270 de 1996(12), que establece:

“ART. 65.—De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

“En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.

“(...).

“ART. 68.—Privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”.

Respecto de las normas transcritas, la Sala ha considerado en varias oportunidades que, a pesar de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad es absuelta por alguna de las circunstancias previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991(13), se configura un evento de detención injusta y, por lo tanto, procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado, en virtud del artículo 90 de la Constitución Política.

Al respecto, en sentencia de 2 de mayo de 2007, precisó:

“Como corolario de lo anterior, ha de entenderse que la hipótesis precisada por el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en la cual procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado por detención injusta, en los términos en que dicho carácter injusto ha sido también concretado por la Corte Constitucional en el aparte de la Sentencia C-036 (sic) de 1996 en el que se analiza la exequibilidad del proyecto del aludido artículo 68 —y que se traduce en una de las diversas modalidades o eventualidades que pueden generar responsabilidad del Estado por falla del servicio de administración de justicia—, esa hipótesis así precisada no excluye la posibilidad de que tenga lugar el reconocimiento de otros casos en los que el Estado deba ser declarado responsable por el hecho de haber dispuesto la privación de la libertad de un individuo dentro del curso de una investigación penal, siempre que en ellos se haya producido un daño antijurídico en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

“Tal es la interpretación a la que conducen no solo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino también una hermenéutica armónica y sistemática de los comentados preceptos de la misma Ley 270 de 1996, así como los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la Sentencia C-036 (sic) de 1997 (sic), mediante la cual los encontró ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los demás supuestos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado que la privación de la libertad ordenada por autoridad competente ha conducido a la producción de daños antijurídicos, con arraigo directamente en el artículo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulación que de este ámbito de la responsabilidad estatal efectúa la ley estatutaria de la administración de justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hipótesis en las cuales la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado —a la que se hizo referencia en apartado precedente— (responsabilidad del Estado por la privación de la libertad de las personas al amparo de la vigencia del artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal) ha determinado que concurren las exigencias del artículo 90 de la Constitución para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la administración de justicia al proferir medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mantienen su aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996(14) (se resalta).

Asimismo, la jurisprudencia ha señalado que las hipótesis establecidas en el artículo 414 antes citado, al margen de su derogatoria, continúan siendo aplicables a hechos ocurridos con posterioridad a su vigencia, sin que ello implique una aplicación ultraactiva del citado precepto legal, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo, pues, en virtud del principio iura novit curia, el juez puede acoger criterios de responsabilidad objetiva o subjetiva para respaldar su decisión(15).

Ahora bien, la Sala, en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas, dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, no ha sostenido un criterio uniforme cuando se ha ocupado de interpretar y aplicar el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal. En efecto, la jurisprudencia se ha desarrollado en distintas direcciones, como en anteriores oportunidades se ha puesto de presente(16).

En torno a la privación injusta de la libertad varias han sido las líneas jurisprudenciales de la Sección Tercera de esta corporación: una primera, que podría calificarse de restrictiva, parte del entendido de que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamenta en el error judicial, que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa valoración, seria y razonada, de las distintas circunstancias del caso. En ese sentido, la responsabilidad del Estado subyace como consecuencia de un error ostensible del juez, que causa perjuicios a sus coasociados(17). Posteriormente, se dice que la investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra una persona sindicada de haberlo cometido, es una carga que todas las personas deben soportar por igual, de manera que la absolución final no es indicativa de que hubo algo indebido en la detención(18).

Una segunda línea entiende que, en los tres eventos previstos en el artículo 414 del CPP —absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible—, la responsabilidad es objetiva, por lo que resulta irrelevante el estudio de la conducta del juez para tratar de definir si este incurrió en dolo o culpa(19). Se consideró que, en tales eventos, la ley presume que se presenta una privación injusta de la libertad y que, en aquellos casos no subsumibles en tales hipótesis normativas, se debe exigir al demandante acreditar el error jurisdiccional derivado no solo del carácter “injusto” sino “injustificado” de la detención(20).

En el marco de esta segunda línea, el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal contenía dos preceptos(21): el primero, previsto en su parte inicial, señalaba que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios”, disposición que vendría a constituir una suerte de cláusula general de responsabilidad del Estado por el hecho de la privación injusta de la libertad, la cual requiere su demostración bien por error o bien por ilegalidad de la detención; el segundo, en cambio, tipificaba los tres precitados supuestos —absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible—, los cuales, una vez acreditados, dan lugar a la aplicación de un régimen de responsabilidad objetiva, evento en el que no es menester demostrar la ocurrencia de error judicial o de ilegalidad en la adopción de la medida privativa de la libertad.

Una tercera tendencia jurisprudencial morigera el criterio absoluto conforme al cual la privación de la libertad es una carga que todas las personas deben soportar por igual, pues ello implica imponer a los ciudadanos una carga desproporcionada; además, amplía, en casos concretos, el espectro de responsabilidad por privación injusta de la libertad, fuera de los tres supuestos de la segunda parte del artículo 414 del citado código y, concretamente, a los eventos en que el sindicado sea exonerado de responsabilidad en aplicación del principio universal del in dubio pro reo(22).

En la actualidad y para aquellos casos en los cuales resulta aplicable el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, por haberse configurado la libertad de una persona bajo los supuestos previstos en dicha norma, la Sala ha venido acogiendo el criterio objetivo, con fundamento en que la responsabilidad del Estado se configura cuando se ha causado un daño antijurídico por la privación de la libertad de una persona a quien se le precluye la investigación o es absuelta porque nada tuvo que ver con el delito investigado, sin que resulte relevante, generalmente, cualificar la conducta o las providencias de las autoridades encargadas de administrar justicia.

Igualmente, la Sala ha precisado que el daño también puede llegar a configurarse en aquellos eventos en los que la persona privada de la libertad es exonerada por razones distintas a las causales previstas por el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal. Así ocurrió, por ejemplo, en sentencia de 20 de febrero de 2008, donde se declaró la responsabilidad de la administración por la privación injusta de la libertad de una persona que fue exonerada en el proceso penal por haberse configurado una causal de justificación de estado de necesidad. Sobre el particular, la providencia aludida señaló:

“(...) Encuentra igualmente acreditado la Sala que dicha detención fue injusta, en consideración a que, como se explicó, al señor Higuita le fue precluida la investigación adelantada en su contra, mediante providencias del 11 de mayo y del 26 de diciembre de 1994. En efecto, (...) respecto de los delitos de omisión de informe y favorecimiento, se afirmó que el acusado actuó bajo una causal eximente de responsabilidad como es el estado de necesidad, que excluye la culpabilidad del acusado, lo que permite concluir que la privación fue injusta y que la víctima debe ser indemnizada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política”(23).

Debe precisarse, en todo caso, que si las razones para la absolución o preclusión de la investigación obedecen a alguna de las tres (3) causales previstas en la parte final del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal o —en la opinión mayoritaria de la Sala— a la aplicación de la figura del in dubio pro reo, se está frente a un daño imputable al Estado, por privación injusta de la libertad, el cual debe ser indemnizado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política; no obstante, si se presenta un evento diferente a estos, deberá analizarse si la medida que afectó la libertad fue impartida “injustamente” (C-037/96), caso en el cual el ciudadano debe ser indemnizado por no estar en el deber jurídico de soportarla.

Lo anterior, sin perjuicio de que el daño haya sido causado por el obrar doloso o gravemente culposo de la propia víctima, o en el evento de que esta no haya interpuesto los recursos de ley, pues en esos casos el Estado quedará exonerado de responsabilidad.

La Sala ha estimado conveniente hacer las anteriores precisiones con miras a establecer si en el presente proceso está demostrada la responsabilidad de las entidades demandadas por los hechos que se les imputan.

Es conveniente resaltar que, desde la propia preceptiva constitucional, es claro que la libertad personal, como valor superior y pilar de nuestro ordenamiento, es un auténtico derecho fundamental que solo admite limitación “en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley” (art. 28, C.P.) y, como certeramente lo anota la doctrina:

“No basta, sin embargo, cualquier norma: es preciso que la norma jurídica que determina los supuestos en que procede la privación de libertad sea una ley. Esta exigencia tiene un fundamento evidente: desde el momento en que la libertad individual es asumida por la sociedad como un principio básico de la organización de su convivencia social, es solo la propia sociedad la que puede determinar los casos que dan lugar a la quiebra de ese principio básico, y esa expresión de la voluntad general de la sociedad tiene lugar a través de la ley. Constitucionalmente, esta exigencia se plasma en otra: la de que sean los representantes del pueblo, libremente elegidos, los que determinen las causas de privación de libertad.

“La determinación previa de las causas de privación de libertad tiene, además, otra razón material, la de otorgar seguridad jurídica a los ciudadanos, esto es, que los ciudadanos sepan de antemano qué conductas pueden suponer la privación de un bien básico como la libertad. Se trata, con ello, de desterrar la arbitrariedad...”(24).

Por lo demás, aunque la detención preventiva emerge como un instrumento válido para el desarrollo del cometido estatal de perseguir los delitos, desde una perspectiva democrática no puede olvidarse que nuestro Estado de derecho reconoce —sin discriminación alguna— la primacía de los derechos inalienables de la persona (art. 5º, C.P.) y, por lo mismo, la Constitución, sin ambages, señala, dentro de los fines del Estado, el de garantizar la efectividad de los derechos, entre ellos el de la libertad, como ámbito de autodeterminación de los individuos (art. 2º, C.P.), en el marco de aplicación del principio universal de presunción de inocencia (art. 29 ejusdem)(25).

Así mismo, sobre el derecho a la libertad, el artículo 28 de la Constitución Política de 1991 señala que:

“Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

“La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que este adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.

“En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”.

Ese mismo derecho está regulado en otras normas jurídicas, así:

— En el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, ratificado mediante la Ley 74 de 1968, se expresa que “Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta...”.

— En la Convención americana de derechos humanos, ratificada por la Ley 16 de 1972, se dice que: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ellas”.

De lo anterior se infiere que la libertad es un derecho fundamental, restringido en eventos precisos y bajo condiciones de orden constitucional o legal, tema respecto del cual la Corte Constitucional ha señalado:

“(...) esa libertad del legislador, perceptible al momento de crear el derecho legislado, tiene su límite en la propia Constitución que, tratándose de la libertad individual, delimita el campo de su privación no solo en el artículo 28, sino también por virtud de los contenidos del preámbulo que consagra la libertad como uno de los bienes que se debe asegurar a los integrantes de la nación; del artículo 2º que en la categoría de fin esencial del Estado contempla el de garantizar la efectividad de los principios, y de los derechos consagrados en la Constitución, a la vez que encarga a las autoridades de su protección y del artículo 29, que dispone que toda persona ‘se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable’ y que quien sea sindicado tiene derecho ‘a un debido proceso público’ sin dilaciones injustificadas”(26).

La presunción de inocencia también es de categoría constitucional, pues, según el inciso cuarto del artículo 29 de la Carta Política, “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable” y, por tanto, las autoridades judiciales competentes tienen el deber de obtener las pruebas que acrediten la responsabilidad del implicado(27).

Según el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado es responsable patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables. En ese orden de ideas, es menester señalar que en aquellos eventos en los que una persona es privada de la libertad como consecuencia de una decisión proferida por la autoridad judicial competente y luego es puesta en libertad en consideración a que se dan los supuestos legales que determinan su desvinculación de una investigación penal, bien porque el hecho imputado no existió o porque el sindicado no lo cometió o porque el hecho no es punible o —en la opinión de la mayoría de la Sala— porque se le favoreció con la aplicación del in dubio pro reo y si, además, prueba la existencia de un daño causado por esa privación de la libertad, no hay duda que tal daño se torna antijurídico y debe serle reparado por el Estado.

Se precisa, igualmente, que no puede tenerse como exoneración de responsabilidad, en estos casos, el argumento según el cual todo ciudadano debe asumir la carga de la investigación penal y someterse a la detención preventiva, pues ello contradice los principios básicos consagrados en la Convención de derechos humanos y en la Constitución Política.

En ese contexto, se concluye que, cuando se produce la exoneración del sindicado, mediante sentencia absolutoria o su equivalente, por alguna de las causales previstas en el citado artículo 414 del CPP —sin que, en cualquier caso, opere como eximente de responsabilidad la culpa de la víctima—, las cuales se aplican a pesar de la derogatoria de la norma, o —en la opinión mayoritaria de la Sala— por virtud del in dubio pro reo, el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que lo hubiere privado del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues, de hallarse inmerso en alguna de tales causales, ningún ciudadano está obligado a soportar dicha carga.

Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar, de acuerdo con el material probatorio válidamente aportado al proceso, si existe responsabilidad por los daños causados al actor, con ocasión de la privación de la libertad de la cual fue objeto.

6. El caso concreto.

La Sala, con fundamento en el material probatorio válidamente recaudado, encuentra acreditado lo siguiente:

1. Con ocasión de la denuncia penal instaurada por el señor Oscar Erazo Erazo, por el “Hurto de un cargamento de urea el cual se transporta en una tractomula VAB 804 de la empresa Trascarga”, la fiscalía, unidad seccional 37 de Buenaventura dio apertura a la investigación correspondiente y, mediante proveído del 18 de agosto de 2004, vinculó a Pedro Ramírez Valencia a dicha indagación y ordenó su captura, por la presunta participación en el delito denunciado (fls. 1 a 2 y 53 a 54, cdno. 3).

2. El 19 de agosto de 2004, la fiscalía llevó a cabo la captura del señor Ramírez Valencia, al sindicársele de hurto agravado y concierto para delinquir. Según oficio 21 de 2004 de la fiscalía 37, el sindicado fue internado en la cárcel del circuito judicial de Buenaventura (fls. 106 y 125, cdno. 3).

3. La unidad seccional 37 de la fiscalía, a través de providencia del 26 de agosto de 2004, resolvió la situación jurídica de Pedro Ramírez Valencia, en el sentido de decretarle medida de aseguramiento consistente en detención preventiva. Dicha decisión fue objeto de recurso de reposición por parte del acá demandante, quien solicitó que se revocara la medida de aseguramiento impuesta y que, en su lugar, se le otorgara la libertad provisional (fls. 178 a 189, 199 a 203, cdno. 3).

4. La fiscalía encargada de resolver dicho recurso, se pronunció al respecto el 16 de septiembre de 2004, negando tanto la revocatoria de la medida de aseguramiento como el beneficio de libertad provisional a favor de Pedro Ramírez Valencia; sin embargo, le otorgó la medida de aseguramiento sustitutiva de detención domiciliaria (fls. 455 a 461, cdno. 4).

5. El 23 de noviembre de 2005, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Buenaventura profirió fallo absolutorio a favor de Pedro Ramírez Valencia, al encontrar que el procesado no había participado en los hechos delictivos investigados por la fiscalía. Al respecto, es preciso trascribir las razones del juez penal que motivaron su decisión (se transcribe tal como obra en el expediente, incluso con errores):

“En lo que respecta a la situación de los procesados Pedro Ramírez Valencia, Gustavo Alvarez y Andres Fernando Oliveros Cuero, esta instancia no encuentra en ellos la certeza de la participación que les involucra en el reato investigado, pues si bien es cierto, que de alguna manera están vinculados por el testimonio de Hernán Rodríguez Ocampo, con se tiene un señalamiento directo que demuestre el interés en estos en sustraer el producto. Veamos, como el señor Ramírez Valencia, ante los hechos optó por prestar toda la colaboración necesaria para lograr desenmascarar a los responsables del delito y como lo dice el mismo Mayor Gilberto Ocampo Zuluaga, jefe de seguridad de Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, para la fecha de esos hechos el señor Pedro Ramírez le acompañó en todo el proceso investigativo y desconoce el hecho por el cual fue vinculado a este proceso y con respecto a su comportamiento para la fecha de los hechos dijo que su actitud como supervisor era la de querer esclarecer los hechos y establecer los autores de dicho ilícito, esto es que prestó la colaboración debida sin que en el transcurso cuando se desempeñó como supervisor y que estuvo bajo su subordinación tuviese alguna queja de él, por el contrario sus actuaciones y su trabajo fue bueno.

“Lo anterior es demostrativo entonces, que el señor Pedro Ramírez Valencia, ninguna participación tuvo en el hecho delictuoso por el que se vinculó a este proceso, debiendo entonces el despacho absolverle de los cargos que se le imputan y así se determinará en la parte resolutiva de este fallo” (se resalta, fls. 7 a 22, cdno. 1).

Se acreditó, entonces, que el 19 de agosto de 2004 el señor Pedro Ramírez Valencia fue capturado, previa orden de la Fiscalía General de la Nación, y que fue vinculado a un proceso penal en cuyo trámite se profirió medida de aseguramiento de detención preventiva en su contra, no obstante lo cual, el Juzgado Primero Penal de Buenaventura, mediante sentencia del 23 de noviembre de 2005, ejecutoriada el 5 de diciembre siguiente(28), lo absolvió de los cargos imputados, en los términos recién transcritos.

La situación descrita, por sí sola, constituye uno de los eventos determinantes de la privación injusta de la libertad, conforme al artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal, cual es que el sindicado no cometió el delito.

Por lo anterior y teniendo en cuenta las circunstancias fácticas descritas, se impone concluir que el actor fue privado injustamente de la libertad y que, por tanto, no estaba en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó y que el mismo debe calificarse como antijurídico, lo cual determina la consecuente obligación para la administración de indemnizar o resarcir los perjuicios causados a los demandantes.

De conformidad con lo anterior, esta corporación insiste en que, en casos como este, no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente, pues fue la Fiscalía General la que determinó que el señor Pedro Ramírez Valencia estuviese privado de su libertad durante 15,6 meses, término al cabo del cual se le absolvió de toda responsabilidad penal, porque se probó que no cometió el delito que se le imputaba. En cambio, es a la parte accionada a quien le corresponde demostrar, mediante pruebas legal y regularmente traídas al proceso, si se ha dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiere entenderse configurada una causal de exoneración, a saber: fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima(29); sin embargo, ninguna de estas eximentes fue acreditada en el plenario.

La Sala considera pertinente precisar, en este punto, que no le asistió razón al Tribunal de primera instancia al negar las pretensiones de la demanda por considerar que se había configurado la culpa exclusiva de la víctima, debido a su omisión en la formulación de recursos en contra de las decisiones judiciales proferidas en el marco del proceso penal.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, en la providencia por medio de la cual la fiscalía vinculó al señor Pedro Ramírez a la investigación penal y libró orden de captura en su contra, se dispuso el inmediato cumplimiento de tales decisiones, sin notificación alguna, de modo que, a la luz del el artículo 189 de la Ley 600 de 2000, no procedía el recurso de reposición, por cuanto en esa norma se dispuso que, “salvo las excepciones legales, el recurso de reposición procede contra las providencias de sustanciación que deban notificarse, contra las interlocutorias de primera o única instancia y contra las que declaran la prescripción de la acción o de la pena en segunda instancia cuando ello no fuere objeto del recurso”.

Además, en lo que se refiere a la resolución interlocutoria por medio de la cual el ente investigador dispuso la detención preventiva en centro carcelario de Pedro Ramírez Valencia, se encuentra que la misma sí era susceptible de reposición —en los términos del artículo recién mencionado— recurso que, en efecto, formuló el señor Ramírez Valencia, en ejercicio de su derecho de defensa. Ahora, si bien el Tribunal a quo manifestó que, una vez se resolvió tal recurso por parte de la fiscalía, el procesado no adelantó ninguna otra diligencia con el ánimo de contradecir las decisiones del órgano de investigación, lo que encuentra la Sala es que, teniendo en cuenta el artículo 190 del Código de Procedimiento Penal, según el cual la providencia que decide la reposición no es susceptible de recurso alguno, el señor Ramírez Valencia, resuelta la reposición presentada en contra de la providencia del 26 de agosto de 2004, no disponía de más herramientas jurídicas para ejercer su derecho de contradicción.

En consecuencia, se revocará la sentencia impugnada y se declarará la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad del señor Pedro Ramírez Valencia.

7. Indemnización de perjuicios.

7.1. Perjuicios morales.

La parte actora acreditó el parentesco entre el señor Pedro Ramírez Valencia (víctima) y Ronnier y Lanny Ramírez Calero (hijos), con los registros civiles de nacimiento de estos últimos(30).

Respecto de la señora Luz Dary Moreno Quintero, quien compareció al proceso en calidad de compañera permanente de la víctima, los testimonios practicados indican (se transcribe tal como obra en el expediente, incluso con errores):

“— Con relación afectiva sé que se separó, él vivía con Milena a raíz del problema se separaron, luego se relacionó con otra persona, con la señora Luz Dary, ella prácticamente lo acogió y con el tiempo la relación terminó, o sea, que también le afectó sentimentalmente (...) Él vivía con la señora Elisabeth Calero que es la mamá de los dos niños, después tuvo relación con la señora Milena con la cual convivía cuando el problema, no tuvieron hijos, luego con la señora Luz Dary y actualmente está solo” (testimonio de Elizabeth Castillo Mosquera, fls. 116 a 117, cdno. 1).

“— Preguntado:... Indíquele al despacho qué personas conforman el hogar del señor Pedro Ramírez Valencia. Contestó... En estos momentos él se encuentra solo, pero tiene 8 hijos de los cuales 2 son menores de edad (...). Preguntado.... Indíquele al despacho cuanto hace que la señora Luz Dary a quien usted se refiere se separó del señor Pedro Ramírez Valencia... Contestó... De ella no sé porque pedro vivía con otra señora de nombre Milena y con ella se separó hace unos tres años, a raíz de que el cayó preso tuvieron problemas y después que salió de la cárcel se separaron” (testimonio de Martha Isabel Angulo Candelo, fls. 114 a 115, cdno. 1).

“— A luz Dary la conozco de vista, ella fue compañera de él unos meses” (testimonio de Ana Ruby Lizalda Mena, fls. 119 a 120, cdno. 1).

Es decir, pese a que la parte actora afirmó que “al momento de la ocurrencia de los hechos materia de esta demanda, el demandante Pedro Ramírez, (sic) hacía vida marital en calidad de compañera (sic) permanente con la señora Luz Dary Moreno Quiñonez (sic)”(31), lo cierto es que las versiones recién transcritas revelan que, en realidad, dicha relación entre el señor Pedro Ramírez Valencia y Luz Dary Moreno se dio después de que aquel recuperó su libertad; de hecho, uno de los testigos manifestó que aquel convivía con “la señora Milena”, no con la acá demandante, cuando fue vinculado al proceso penal; en consecuencia, la Sala negará el resarcimiento del perjuicio moral que Luz Dary Moreno aseguró haber soportado por la privación injusta de la libertad del señor Ramírez Valencia, pues, como es evidente, ella no pudo haberlo padecido.

Así las cosas y comoquiera que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que, en casos de detención domiciliaria o en establecimientos carcelarios, se presume el dolor moral, la angustia y aflicción de la persona que fue privada injustamente de su libertad(32) y de sus seres queridos más cercanos, conforme a las reglas de la experiencia, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades(33), en este asunto reconocerá el perjuicio moral que sufrieron, únicamente, la víctima y sus dos hijos menores, mas no a la señora Luz Dary Moreno Quintero.

En este orden de ideas, teniendo en cuenta que el señor Pedro Ramírez Valencia estuvo privado injustamente de la libertad, durante 15,6 meses y que dicha detención le produjo a él y a sus hijos un profundo dolor y aflicción, el cual debe ser resarcido, se reconocerán, por concepto de perjuicios morales, noventa (90) salarios mínimos mensuales legales vigentes, a favor de cada uno de ellos.

7.2. Perjuicios materiales.

Daño emergente

Con el objeto de acreditar este perjuicio, la parte actora aportó al proceso los siguientes documentos:

1. Constancia del abogado Víctor Manuel Abadía Villegas, quien aseguró haber recibido $ 5.000.000, por parte de Pedro Ramírez Valencia, “por concepto de honorarios profesionales causados en calidad de defensor dentro del proceso penal que por el delito de concierto para delinquir y tentativa de hurto calificado y agravado se tramitó la causa ante el Juzgado 1º Penal del Circuito de Buenaventura, culminando en sentencia absolutoria para el señor Ramírez. Me encuentro a la fecha a paz y salvo por tal concepto” (fl. 23, cdno. 1).

2. Certificado suscrito por el señor Pedro Ramírez Valencia y por el abogado Arlington Agudelo Rentería, quienes manifestaron haber celebrado un contrato de prestación de servicios en el que este se obligó a ejercer la defensa de aquel en el mencionado proceso penal adelantado en su contra, por el valor de $ 5.000.000, “dentro de los cuales se incluía lo que fuese necesario para los procesos y honorarios propios del abogado” (fl. 24, cdno. 1).

Respecto del primer elemento de prueba, la Sala considera que no es suficiente para dar por demostrado el daño emergente, pues, de la totalidad del acervo probatorio, en especial de aquellas piezas correspondientes a la investigación penal, se evidenció que quien realmente ejerció la defensa del señor Ramírez Valencia en el citado proceso no fue el abogado Víctor Manuel Abadía Villegas, sino el señor Arlington Agudelo Rentería(34). Ahora, en torno al segundo documento recién citado, la Sala observa que, aunque en él consta que entre Pedro Ramírez y el abogado Arlington Agudelo Rentería se celebró un contrato de prestación de servicios profesionales por $ 5.000.000, de dicha prueba no se puede inferir que el contratante sufragó la suma acordada.

En consecuencia, se negará el reconocimiento de este perjuicio.

Lucro cesante

La parte demandante solicitó el reconocimiento del lucro cesante a favor de Pedro Ramírez Valencia, por las sumas de dinero que dejó de percibir durante el tiempo que permaneció privado de la libertad.

Sobre el particular, es preciso mencionar que, si bien es cierto de las piezas que obran en el proceso se puede inferir que el señor Ramírez Valencia se encontraba laborando, para la época de los hechos, como supervisor de seguridad en la Sociedad Portuaria de Buenaventura, también es cierto que no existe en el expediente certificado alguno en el que conste el salario que devengaba por su trabajo; sin embargo, ello no obsta para que la Sala acceda a la liquidación del mencionado perjuicio, pues, tal como lo ha hecho en asuntos similares, para ello es posible acudir al valor del salario mínimo mensual vigente a la fecha de la correspondiente sentencia, es decir, en este caso, a la suma de $ 644.350(35), pues esta resulta, en términos de equidad, más beneficiosa para la víctima directa del daño que la que arroja la actualización del salario mínimo vigente para la época en que se produjo su detención ($ 531.912), la cual se deriva de aplicar al salario mínimo de esa época ($ 358.000) la fórmula utilizada para actualizar la renta, así:

S 2006-001077F1
 

El valor del salario mínimo legal vigente será incrementado en un 25% ($ 161.087), por concepto de prestaciones sociales; así, se tomará como base para la liquidación la suma de $ 805.437.

Ahora, el lucro cesante se liquidará teniendo en cuenta el período consolidado, es decir, el tiempo durante el cual el actor estuvo privado de la libertad, esto es, 15,6 meses y el lapso que, según las estadísticas, tarda una persona en Colombia para conseguir trabajo o acondicionarse a una actividad laboral, esto es, 8.75 meses, para un total de 24.35 meses, teniendo en cuenta que, al respecto, la Sala ha sostenido lo siguiente:

“En cuanto al tiempo que, en promedio, suele tomar una persona en edad económicamente activa en encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, la Sala se valdrá de la información ofrecida por el observatorio laboral y ocupacional colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, de acuerdo con la cual dicho período equivale a 35 semanas (8,75 meses)”(36)

Así, pues, la liquidación del lucro cesante para el señor Pedro Ramírez Valencia es:

S 2006-001077F2
 

Donde “S” es el valor a pagar, “Ra” es la renta actualizada (en este caso y como ya se explicó, se toma el salario mínimo mensual legal vigente, incrementado en un 25%), “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses transcurridos desde el 19 de agosto de 2004 hasta el 7 de diciembre de 2005 (15.6 meses), más los referidos 8.75 meses.

S 2006-001077F3
 

S = $ 20.768.289

8. Condena en costas.

En consideración a que no se evidencia temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia de 31 de octubre de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca; en su lugar, se dispone:

1. DECLÁRASE responsable a la Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad de la que fue víctima el señor Pedro Ramírez Valencia.

2. CONDÉNASE a la Fiscalía General de la Nación a pagar, a las personas que a continuación se relacionan, las siguientes sumas de dinero, por concepto de perjuicios morales:

Pedro Ramírez Valencia (víctima) 90 smmlv

Lanny Ramírez Calero (hijo) 90 smmlv

Ronnier Ramírez Calero (hijo) 90 smmlv

3. CONDÉNASE a la Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, a favor del señor Pedro Ramírez Valencia, la suma de veinte millones setecientos sesenta y ocho mil doscientos ochenta y nueve pesos ($ 20.768.289).

4. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

5. Sin condena en costas.

6. Dese cumplimiento a los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; para tal efecto, el Tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del CPC.

7. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

2 Expediente 2008 00009, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

3 C. 3 y fls. 7 a 22, cdno. 1.

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, expediente: 05001-23-31-000-1996-00659-01 (25.022), M.P. Enrique Gil Botero.

5 Aspecto sobre el cual el ponente de la presente providencia salvó el voto, pero acata la decisión de la mayoría y pone de presente que allí se agregó:
“Por consiguiente, el criterio jurisprudencial que se prohíja en esta providencia, (sic) está relacionado específicamente con los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v. gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho), salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas como por ejemplo el artículo 141 del CCA, norma reproducida en el artículo 167 de la Ley 1437 de 2011 —nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo—”.

6 C. 5.

7 Fls. 250 a 252, cdno. ppal.

8 “ART. 99.—Del director ejecutivo de administración judicial: (...) Son funciones del director ejecutivo de administración judicial (...) 8. Representar a la Nación-Rama Judicial en los procesos judiciales para lo cual podrá constituir apoderados especiales”.

9 “ART. 49.—Representación de las personas de derecho público. El artículo 149 del Código Contencioso Administrativo, quedará así: En los procesos contencioso administrativos la Nación estará representada por el ministro, director de departamento administrativo, superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Fiscal General, procurador o contralor o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho”.

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 13 de diciembre de 2001, expediente 12.787.

11 Entre otras, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de junio de 2001, expediente C-736, actor: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de febrero de 2009, expediente 15.769, actor: Jairo Berbeo Medina y otros.

12 La Ley 270 de 1996 entró en vigencia el 7 marzo de 1996.

13 “ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

14 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007, expediente: 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros.

15 En este sentido, la Sección Tercera, Subsección C en sentencia de 19 de octubre 2011, expediente 19.151, precisó: “... no se avala una aplicación ultraactiva del citado precepto legal (art. 414) que se encuentra derogado, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo. No quiere ello significar, entonces, que se estén modificando los efectos en el tiempo de una norma que se encuentra claramente abrogada. Sin embargo, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, por ser una institución donde rige el principio iura novit curia, es posible que el juez adopte o acoja supuestos de responsabilidad objetiva o subjetiva, lo cual dependerá del fundamento en que se soporte la misma...”.

16 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente: 13.168; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente 15.463.

17 Sección Tercera, sentencia de 1º de octubre de 1992, exp. 7058.

18 Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 1994, exp. 8666.

19 Sección Tercera, sentencia de 15 de septiembre de 1994, exp. 9391.

20 Sección Tercera, sentencia de 17 de noviembre de 1995, exp. 10056.

21 Rodríguez Villamizar, Germán. Responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad. Memorias del décimo encuentro de la jurisdicción contencioso administrativa, Consejo de Estado, Riohacha, junio de 2003, pág. 107.

22 Sección Tercera, Sentencia de 18 de septiembre de 1997, exp. 11.754. No obstante, el ponente de la presente sentencia advierte que no comparte la extensión de la responsabilidad del Estado a los casos en que se haya aplicado el principio del in dubio pro reo.

23 Sentencia de 20 de febrero de 2008, expediente: 15.980.

24 García Morillo, Joaquín. Los derechos de libertad (I) la libertad personal, en López Guerra, Luis et al. Derecho Constitucional, Volumen I, 6ª edición, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, Pág. 258.

25 El Tribunal Constitucional Español en la Sentencia STC 341 de 1993 (BOE 295 de 10 de diciembre) que resolvió unos recursos de inconstitucionalidad contra la ley orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana, en sus fundamentos 4, 5 y 6 hizo uno de los más interesantes estudios sobre la libertad personal como derecho fundamental y su relación con la detención preventiva: “debe exigirse una proporcionalidad entre el derecho a la libertad y la restricción de esta libertad, de modo que se excluyan —aun previstas en la ley— privaciones de libertad que, no siendo razonables, rompan el equilibrio entre el derecho y su limitación”. Igualmente, el mismo Tribunal, en sentencia de 29 de diciembre de 1997 (RTC 156, F.D. 4), indicó: “... por tratarse de una institución cuyo contenido material coincide con el de penas privativas de la libertad, pero que recae sobre ciudadanos que gozan de la presunción de inocencia, su configuración y aplicación como medida cautelar ha de partir de la existencia de indicios racionales de la comisión de una acción delictiva, ha de perseguir un fin constitucionalmente legítimo que responda a la necesidad de conjurar ciertos riesgos relevantes para el proceso que parten del imputado, y en su adopción y mantenimiento ha de ser concebida como una medida excepcional, subsidiaria, necesaria y proporcionada a la consecución de dichos fines” (STC 128/1995, fundamento jurídico 3, reiterada en la STC 62/1996).

26 Sentencia C-397 de 1997, de 10 de julio de 1997.

27 Al efecto puede consultarse la Sentencia C-774 de 25 de julio de 2001 de la Corte Constitucional.

28 Fl. 204, cdno. 2.

29 Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009, exp. 17.517, reiterada en sentencia de abril 15 de 2011, expediente 18.284 y en sentencia de 26 de mayo de 2011, exp. 20.299, actor: Jesús David Arciniegas Caselles y otro.

30 Copias simples que obran a folios 4 y 5, cdno. 1.

31 Fl. 34, cdno. 1.

32 Entre otras, sentencia de 14 de marzo de 2002, exp. 12.076.

33 Sentencia de 20 de febrero de 2008, expediente 15.980, por ejemplo.

34 Fls. 195, 196 y 199 a 203, cdno. 3.

35 Salario mínimo legal mensual vigente para el año 2015.

36 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 8 de junio de 2011, Expediente 19.502. Actor: Germán Arcos Gómez y otros. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.