Sentencia 2006-01083 de junio 5 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 470012331000200601083 01

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Recurso de apelación contra la sentencia de 26 de octubre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena

Actor: Dyno Nobel Colombia S.A.

Bogotá, D.C., cinco de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

1. Según la potestad que tiene el ad quem para resolver la alzada, de conformidad con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, la Sala se limitará a conocer solamente de los puntos o cuestiones a los cuales se contrae el recurso de apelación, pues los mismos, en el caso del apelante único, definen el marco de la decisión que ha de adoptarse en esta instancia.

2. Del extenso y repetitivo escrito de apelación, es posible inferir que el recurrente cuestiona la sentencia de primera instancia en torno a dos argumentos fácticos esenciales, de los cuales, deriva los planteamientos de ilegalidad difusamente expuestos contra los actos acusados.

Así, estima el apelante, que el a quo erró al admitir lo siguiente: (i) Que el texto de la resolución de decomiso contiene la obligación de devolver la mercancía a la administración, pues en el sentir del recurrente, aquella tan solo impone la orden de legalizarla; (ii) Que el decomiso es suficiente para exigir la devolución de la mercancía, y estimar tal obligación como incumplida sin la previa emisión de un acto administrativo posterior a aquel, en el que se le indique al administrado dicho deber junto con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que debe proceder a entregar la mercadería decomisada.

Lo anterior, se resume en la inexistencia de una orden expresa en que conste la obligación de devolver a la administración la mercancía decomisada, lo cual, según el texto de la apelación, vicia los actos acusados, en síntesis, por lo siguiente: (i) Falsa motivación, al no existir coincidencia entre la obligación de legalizar la mercancía impuesta en la resolución de decomiso y la consecuencia de hacer efectiva la garantía por otra obligación inexistente, cual era, la no entrega de la mercancía a la DIAN; (ii) Errada interpretación de los artículos 233 del E.A. y 64 del Código Contencioso Administrativo; (iii) No causación del siniestro, lo que a su turno conlleva el que la orden de hacer efectiva la garantía resultaba improcedente; (iv) Violación del derecho de defensa dada la ausencia de oportunidad para controvertir una obligación no impuesta al administrado.

De otro lado, manifiesta que la actuación administrativa vulneró el ámbito de aplicación del artículo 476, sobre régimen sancionatorio, y propone la excepción de inconstitucionalidad de unos conceptos de la DIAN, por esta invocados, al estimar que transgreden el derecho de defensa frente al decomiso de mercancías.

3. Pues bien, debe comenzar la Sala por esclarecer si, en efecto, de la resolución de decomiso de la mercancía no se deriva la obligación de ponerla a disposición de la administración, como para inferir que no existió tal deber para el demandante, y por ende, resultaba improcedente declarar el incumplimiento y hacer efectiva la garantía. Una vez precisado ello, se ha de puntualizar si con posterioridad al acto que declara el decomiso se debe expedir otro acto administrativo en el que se le ordene expresamente al responsable la devolución de la mercadería decomisada, con la indicación de las instrucciones específicas de entrega tal como afirma el apelante.

La constatación de los anteriores supuestos permitirá determinar si se generaron las consecuencias de ilegalidad de los actos acusados aludidas por el recurrente.

4. Es del caso considerar, como punto de partida, que la actuación administrativa se generó en una aprehensión de mercancía a su arribo al territorio aduanero nacional, por cuanto, de acuerdo con la DIAN, el transportador no entregó los documentos de transporte correspondientes, previo a su descargue(2). De este modo, mientras se definía la situación jurídica de la mercancía, el importador constituyó una garantía en reemplazo de la aprehensión, cuyo siniestro, para efectos de hacerla efectiva, estriba en que la administración declare su decomiso y la misma no sea legalizada ni devuelta a la administración.

La norma que regula la materia es el artículo 233 del Decreto 2685 de 1999(3), cuyo tenor literal dispone:

“Garantía en reemplazo de aprehensión. La autoridad aduanera podrá autorizar la entrega de las mercancías aprehendidas, cuando sobre estas no existan restricciones legales o administrativas para su importación, o cuando se acredite el cumplimiento del respectivo requisito, previo el otorgamiento, dentro del término para presentar el documento de objeción a la aprehensión de que trata el artículo 505-1 del presente decreto, de una garantía por el valor en aduana de la misma y el ciento por ciento (100%) de los tributos aduaneros a que hubiere lugar, cuyo objeto será respaldar en debida forma la obligación de poner la mercancía a disposición de la aduana, cuando en el proceso administrativo se determine su decomiso. El término de constitución será fijado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

El reemplazo de la aprehensión de la mercancía por la garantía de que trata el inciso anterior se deberá solicitar en el documento de objeción a la aprehensión anexando la garantía correspondiente, sobre la cual se pronunciará la autoridad competente a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes a su presentación.

Contra la negativa de la solicitud procederá el recurso de reposición que se resolverá dentro de los tres (3) días siguientes a su interposición.

El otorgamiento de la garantía, de acuerdo con lo previsto en el inciso anterior, permite la disposición del bien por parte del declarante”.

La garantía se hará efectiva cuando una vez ordenado el decomiso de la mercancía, esta no pueda colocarse a disposición de la autoridad aduanera, por haber sido consumida, destruida o transformada. Si la mercancía es un bien no perecedero y se ha ordenado su decomiso, deberá presentarse declaración de legalización, en la que se cancele, además de los tributos aduaneros, el rescate en los términos previstos en el artículo 231 del presente decreto, so pena de que se haga efectiva la garantía.

Una vez se haga efectiva la garantía, no procederá la imposición de sanción alguna, sin perjuicio de que la autoridad aduanera pueda hacer efectivo el decomiso, cuando no se hubiere presentado declaración de legalización de mercancías no perecederas.

Cuando en el proceso administrativo se determine que no había lugar a la aprehensión, la garantía no se hará efectiva y se devolverá al interesado.

PAR.—No habrá lugar a la constitución de la garantía en reemplazo de aprehensión, cuando no sea procedente la presentación de la declaración de legalización de las mercancías aprehendidas en los términos previstos en este decreto” (subrayado y resaltado fuera de texto).

De la norma transcrita se evidencia que ante la declaratoria del decomiso, lo procedente en tratándose de mercadería no perecedera, como en el presente caso(4), es la presentación de la declaración de legalización junto con el pago del rescate tal como se señala en la resolución de decomiso(5); empero, si el responsable no observa tal actuación, la administración debe perentoriamente hacer efectiva la garantía, sin perjuicio de ejecutar el decomiso, esto es, de perseguir la mercancía al hallarse respecto de ella una situación de ilegalidad que la ubica bajo la potestad exclusiva del Estado.

Ahora, la posibilidad de legalizar la mercancía decomisada prevista en la norma, no significa que se vea enervada la facultad que sobre ella tiene la administración para perseguirla en razón de la ilegalidad encontrada respecto de la misma, lo cual, naturalmente supone la correlativa obligación del responsable de devolverla a la DIAN, pues precisamente con tal compromiso constituyó la garantía. Es inherente, entonces, a la declaratoria de decomiso la imposibilidad de que el administrado continúe disponiendo de la mercancía al encontrarse, como se anotó, una situación de irregularidad que amerita que la misma pase a órdenes del Estado, y por ende, que el particular perentoriamente deba restituirla.

En efecto, el artículo 1º del Decreto 2685 de 1999 define el decomiso como “... el acto en virtud del cual pasan a poder de la Nación las mercancías, respecto de las cuales no se acredite el cumplimiento de los trámites previstos para su presentación y/o declaración ante las autoridades aduaneras, por presentarse alguna de las causales previstas en el artículo 502 de este decreto” (resaltado fuera de texto).

De lo expuesto se infiere, entonces, que si bien la DIAN puede válidamente ordenar mediante la resolución de decomiso la legalización de la mercancía, ello en modo alguno implica la exclusión de la obligación para el usuario de devolverla, y menos aún que ante la renuencia del importador para proceder a la legalización, la administración no pueda hacer efectiva la garantía, como desatinadamente entiende el recurrente, pues son estas las actuaciones específicamente reguladas en la norma y a las que debe dar estricta aplicación la administración.

Así las cosas, el punto cuestionado por el apelante, referente a que en la resolución de decomiso no se expresa una orden categórica de restitución de la mercancía sino la referente a su legalización, carece del efecto jurídico de viciar los actos acusados por los cuales se declara el incumplimiento y se hace efectiva la garantía, puesto que el no legalizar la mercancía genera la inmediata ejecución de la póliza, y ello obedece, a su turno, a que la mercadería decomisada pertenece a la Nación, y desde luego, a que el particular omitió la obligación inherente al decomiso de devolverla.

No sobra, en todo caso, transcribir los apartes pertinentes de la Resolución 545 de 2005, por la cual se declaró el decomiso, para verificar que de ella se infiere la necesaria devolución de la mercancía, con independencia de la instrucción otorgada al importador para que procediera a su legalización:

“ART. 1º—Declarar a favor de la Nación el decomiso administrativo de la mercancía descrita en el DIIAM 5819000003 de 11-11-04, la cual fue entregada por haberse constituido garantía en reemplazo de aprehensión 48512036 de fecha 11-11-04 de Seguros del Estado S.A. (...) con el objeto de poner la mercancía a disposición de la aduana cuando en el proceso administrativo se determine su decomiso de conformidad con los lineamientos del artículo 233 del Decreto 2685 de 1999, a Dyno Nobel Colombia S.A.”.

(...).

“ART. 3º—Siempre que esta providencia no se encuentre ejecutoriada, y en virtud del inciso tercero del artículo 233 del Decreto 2685 de 1999, según el cual “si la mercancía es un bien no perecedero y se ha ordenado su decomiso, deberá presentarse la declaración de legalización, en la cual se cancelen además de los tributos aduaneros el setenta y cinco por ciento (75%) del valor de la misma por concepto de rescate, de conformidad con lo establecido en el artículo 231 y 228 del Decreto 2685”.

“ART. 4º—Si dentro del término de ejecutoria del acto administrativo el usuario no legaliza, la administración hará efectiva la garantía sin perjuicio de hacer efectivo el decomiso de las mercancías”.

Como se observa, el contenido de la parte resolutiva del acto de decomiso obedece a lo dispuesto en la norma que regula la materia, según se explicó; y por su parte, lo señalado en la Resolución 19 de 8 de septiembre de 2005(6), “por la cual se declara el incumplimiento de una obligación y se ordena hacer efectiva una garantía” concuerda con lo indicado tanto en la resolución de decomiso como en el mencionado artículo 233 al proceder la DIAN de acuerdo con lo allí preceptuado así:

“ART. 1º—Declarar el incumplimiento de la obligación adquirida por el afianzado o tomador Dyno Nobel Colombia S.A. (...); obligación consistente en “Garantizar las disposiciones legales referentes a respaldar en debida forma la obligación de poner la mercancía a disposición de la aduana, cuando en el proceso administrativo se determine su decomiso, de conformidad con lo establecido en el artículo 233 del Decreto 2685 de 1999 y artículo 522 de la Resolución 4240, auto y acta de aprehensión 13 de octubre 26 de 2004, oficio 8019076-3699 de noviembre 9 de 2004 (mediante el cual la división de fiscalización tributaria y aduanera emite favorable para constituir garantía en reemplazo de aprehensión)...”.

Así las cosas, es claro que al no realizarse por parte de Dyno Nobel Colombia S.A., ninguno de los presupuestos previstos en el artículo 233 del E.A., consistentes en la legalización de la mercancía ni en su devolución a la administración, lo procedente indefectiblemente era la ejecución de la garantía. De este modo, la Sala no observa ilegalidad alguna en las órdenes emitidas por la DIAN al administrado en virtud de la actuación administrativa cuestionada por la actora, lo que a su turno permite recalcar en lo desacertado del argumento del apelante referente a que la resolución de decomiso no comportó la obligación de devolver la mercancía dado que tal deber, como se explicó, es ínsito al decomiso por implicar que la mercadería se halló en situación de ilegalidad y pasó, por ende, a la potestad del Estado.

Lo anteriormente expuesto ha sido puntualizado por esta Sección en varios pronunciamientos, de los cuales se destaca la sentencia de 23 de febrero de 2012, Expediente 2001-01326-01, M.P. María Elizabeth García González, la que a su turno alude a otra providencia de la Sala:

“En reemplazo de la mercancía aprehendida podrá otorgar el importador garantías equivalentes al valor aduanero de la misma (100 por ciento - bancaria o de compañía se seguros), cuyo objeto es el de asegurar la obligación de que aquella será puesta a disposición de la aduana cuando en el proceso administrativo se ordene su decomiso o se permita declararla bajo una modalidad de importación; y que en caso de que ocurrido el siniestro (decomiso) no se hubiera restituido la mercancía dentro del término concedido para el efecto, la división de liquidación de la administración de impuestos y aduanas declarará, en un mismo acto, la obligación incumplida y ordenará la efectividad de la garantía constituida. Ello, por cuanto como lo ha señalado la Sección Primera del Consejo de Estado, entre otras, en sentencia de 30 de marzo de 2006 (Exp. 1998-01372 (8864), C.P. Camilo Arciniegas Andrade), una vez en firme la resolución de decomiso, la mercancía pasa a ser de propiedad de la Nación, por lo que se debe poner inmediatamente a disposición de la autoridad, cuyo incumplimiento, como ya se indicó, impone que se disponga la efectividad de la garantía...” (resaltado fuera de texto).

5. Establecido lo anterior, debe ahora la Sala esclarecer si con posterioridad a la resolución de decomiso es menester que la DIAN profiera otro acto administrativo en el que requiera al administrado para que devuelva la mercancía, en los casos en que se ha constituido una garantía en reemplazo de aprehensión.

Pues bien, para la Sala tal actuación procedimental es improcedente y resultaría, además, absolutamente inoficiosa, no solo por no disponerse así en disposición legal alguna, sino además, porque carecería de toda razonabilidad práctica el emitir un acto administrativo repetitivo de otro, esto es, del concerniente al decomiso de la mercancía, el cual, como se señaló, representa el que esta corresponde al dominio del Estado, y como tal debe ser necesariamente restituida por el particular(7), salvo que la legalice según permite el pluricitado artículo 233.

Así las cosas, es evidente que los supuestos fácticos soporte de los argumentos de ilegalidad expuestos por el apelante, son inaceptables y carentes de un sentido de realidad que permita siquiera vislumbrar una eventual prosperidad de alguno de los cargos formulados.

De este modo, es claro, por ejemplo, que no hubo falsa motivación de los actos acusados por los que se declara el incumplimiento y se ordena hacer efectiva la garantía pues, como se indicó, estos obedecen a que ninguno de los presupuestos previstos en el artículo 233 del E.A., fue llevado a cabo por parte de Dyno Nobel Colombia S.A., de forma tal que le resultaba perentorio a la administración proceder a ejecutar la póliza de seguro constituida precisamente para el cumplimiento de lo dispuesto en dicha disposición legal(8). De ahí que sea un contrasentido asumir que no hay coincidencia entre la obligación impuesta por la DIAN y aquella respecto de la cual se declaró el incumplimiento y se generó la efectividad de la garantía, pues esto último responde a que no se legalizó la mercancía ni tampoco le fue restituida a la DIAN en virtud del acto de decomiso, tal como indica la norma.

De otro lado, es claro que no se presenta la supuesta errada interpretación de los artículos 233 del E.A. y 64 del Código Contencioso Administrativo, dado que el acto ejecutable era el de decomiso, precisamente en aplicación de esta última disposición legal, el cual conllevó a ejecutar la garantía ante la renuencia del administrado de obedecer lo dispuesto en dicha resolución.

Por su parte, la no causación del siniestro como presupuesto de ilegalidad de los actos acusados, redunda en un planteamiento sin veracidad alguna, por las mismas razones expuestas anteriormente.

Tampoco es de posible aceptación la violación del debido proceso, pues no se advierte respecto de cuáles actos administrativos estuvo el demandante desprovisto de la oportunidad de ejercer su derecho de contradicción y de defensa. En efecto, el acto de decomiso fue debidamente debatido en la vía gubernativa, y las resoluciones demandadas son el resultado de una actuación administrativa en la que también se surtió el procedimiento gubernativo correspondiente. Ahora, dado que el apelante sustenta tal argumento en la inexistencia de un acto independiente que le ordenara la devolución de la mercancía frente al cual defenderse, se reitera que no le era factible a la administración proceder en ese sentido, al no exigirse ello en la ley, y por tanto, es claro que el administrado ejerció su derecho de defensa contra los actos administrativos que legalmente correspondía expedir a la DIAN a efectos de ejecutar la garantía.

6. De otra parte, el cargo referente a la violación del ámbito de aplicación del artículo 476 del Decreto 2685 de 1999, el cual dispone en su inciso segundo que “para que un hecho u omisión constituya infracción administrativa aduanera, o dé lugar a la aprehensión y decomiso de las mercancías, o a la formulación de una liquidación oficial, deberá estar previsto en la forma en que se establece en el presente título. No procede la aplicación de sanciones por interpretación extensiva de la norma”, tampoco es de recibo para la Sala (resaltado fuera de texto).

Lo anterior, toda vez que, por un lado, la causal de aprehensión y decomiso debió ser debatida por Dyno Nobel Colombia S.A., en las oportunidades procesales correspondientes al acto de decomiso, y no en el presente proceso judicial por recaer este sobre las resoluciones que declaran el incumplimiento y ordenan ejecutar la garantía, las cuales, dicho sea de paso, son consecuencia de las resultas del proceso de definición de la situación jurídica de la mercancía y del incumplimiento de la actora allí advertido; y, por el otro, el objeto de esta litis no versa sobre la aplicación de sanciones administrativas sino que se deriva de la actuación por la cual se decretó un decomiso el cual no constituye un acto sancionatorio, según ha puntualizado esta Sección(9); de forma tal que no es viable discutir la supuesta aplicación extensiva de una sanción dado que ello no responde a la materia bajo estudio.

Así mismo, el planteamiento concerniente a la causación de un daño al Estado no es de susceptible consideración por cuanto el sub lite se refiere a la ejecutividad de una póliza que respaldaba una obligación así garantizada y que al devenir incumplida, ocasionó el que se hiciere efectiva, como era de esperarse, de acuerdo con lo pactado entre el usuario aduanero y la administración en aplicación del artículo 233 del E.A. De este modo, no se observa razonable el que la DIAN debiere adentrarse en valoraciones improcedentes frente a una mercancía hallada ilegal, por tanto decomisada, y ante la consecuente ejecución del respectivo acto mediante la persecución de la mercadería, o la exigencia de su legalización y finalmente, a través de la garantía previamente constituida para el efecto.

Ahora, no sobra agregar que el juicio sobre la generación de un daño al Estado resulta procedente en tratándose de la comisión de faltas administrativas merecedoras de sanción(10), pero no ante la definición de la situación jurídica de la mercancía, al no ser esta de orden sancionatorio, según se anotó, y procurar, además, evitar el que ingresen y circulen mercancías en el país en situación de ilegalidad, lo cual es en sí mismo, perjudicial para el orden económico y social del Estado.

7. En lo que respecta a la excepción de inconstitucionalidad solicitada contra los conceptos 3 de 2003 y 53 de 2004 de la DIAN, conviene recordar que dicho mecanismo legal resulta aplicable en virtud del artículo 4º de la Constitución Política, cuandoquiera que el acto acusado se fundamente en disposiciones legales encontradas inconstitucionales por el juez, y por ende, deba inaplicarlas frente al caso concreto para, en su lugar, hacer prevalecer la regulación consagrada en la Constitución Política. Ello supone que el asunto cuestionado cuente con previsión normativa expresa en la Constitución y que las normas en que se funda el acto acusado resulten contrarias a la regulación superior(11).

Nótese que en el presente caso no nos encontramos frente a ninguno de los supuestos anotados, toda vez que los actos acusados no se apoyan en los conceptos de la DIAN, sino que aquellos hallan su fundamento jurídico, principalmente, en las disposiciones contenidas en los artículos 233 del E.A., y 531 de la Resolución 4240 del 2000. Además, no se observa que la cita a los conceptos mencionados por parte de la DIAN comporte inconstitucionalidad alguna, puesto que lo señalado en ellos no es más que la consecuencia lógica de la ejecutoriedad de los actos administrativos en materia de decomiso de mercancías(12), e incluso, lo dispuesto en el segundo de los conceptos nada tiene que ver con la actuación administrativa llevada a cabo, al referirse al supuesto en el que el usuario entrega la mercadería luego de la firmeza del acto que ordena el decomiso(13). Ahora, el asunto a que aluden los cuestionados conceptos tampoco encuentra una regulación expresa en la Constitución Política como para aceptar la eventual realización de un juicio comparativo entre lo señalado en aquellos y lo previsto en el ordenamiento superior.

Todo lo anterior, hace concluir que la administración actuó en derecho al emitir las resoluciones acusadas, y por tanto, la Sala procederá a confirmar la sentencia apelada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia recurrida en apelación.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

(2) Artículo 502 numeral 1.3.

(3) El texto aplicable en el presente caso es el modificado mediante el Decreto 4431 de 2004, puesto que la resolución de decomiso se expidió con posterioridad a este.

(4) Así se señala en la resolución de decomiso y ello no es discutido en el proceso.

(5) Folios 46 a 52 del cuaderno principal del expediente.

(6) Folios 143 a 146 del cuaderno principal del expediente.

(7) Sobre la inexistencia de dicho requerimiento, léase la sentencia de esta Sección de 4 de marzo de 1999, Expediente 5095, M.P. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, en la que pese a aludir al Decreto 1909 de 1992, anterior al 2685 de 1999, se observa que tal deber no se ha estipulado en la regulación aduanera:

“Si bien es cierto que no existe prueba en el expediente de que la DIAN hubiera requerido a la actora para que entregara de la mercancía so pena de que se hiciera efectiva la garantía constituida para tal efecto, no lo es menos que, de una parte, el artículo 24 de la Resolución 1794 de 1993, expedida por la DIAN, cuyo texto transcribe la actora en la demanda, así como el artículo 79 del Decreto 1909 de 1992, que regula la ‟garantía en reemplazo de la aprehensión”, no aluden a la obligación de la administración de requerir al administrado para que cumpla con el objeto de la garantía; y, de otra parte, tampoco en el expediente obra prueba que demuestre que la actora luego de ejecutoriada la resolución que ordenó el decomiso hubiera puesto a disposición de la DIAN la mercancía para que no se hiciera efectiva la garantía por ella constituida con dicho fin...”.

(8) A folios 72 y 73 del cuaderno de antecedentes administrativos obra la póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones legales, en la que se señala que la misma se constituye para garantizar lo previsto en el artículo 233 del E.A.

(9) En Sentencia de 25 de marzo de 2010, Expediente 1995-09830-01, M.P. Rafael Ostau de Lafont Pianeta, se indicó lo siguiente:

“Frente a esa incorrecta apreciación del a quo se ha de poner de presente que la actuación sub examine no es sancionatoria, puesto que en ella no se valora ninguna conducta humana susceptible de configurar falta administrativa, sino una situación objetiva y concreta, cual es la situación jurídica aduanera de cosas de origen extranjero que configuran mercancías. En efecto, la Sala en reciente providencia, puso de presente que “La jurisprudencia de esta sección ha distinguido entre la actuación para definir la situación jurídica de la mercancía, por un lado y, la actuación para sancionar y multar al autor como consecuencia de la infracción aduanera que resultare de la actuación anterior”. Así mismo y en armonía con lo anterior, que “La Sala en sentencias de 25 de junio de 2004 y 22 de junio de 2006, ha sostenido que el decomiso no constituye una sanción, sino una medida tendiente a definir la situación jurídica de la mercancía, razón por la cual la administración está habilitada en cualquier tiempo para aprehender determinadas mercancías”. Esa circunstancia significa que el artículo aducido por el a quo no es aplicable al presente caso, toda vez que no corresponde al ejercicio de facultad sancionatoria, sino de control de la legalidad aduanera de una mercancía importada...” (resaltado fuera de texto).

(10) Léase la sentencia de esta Sección de 10 de octubre de 2002, Expediente 1999-0758-01, M.P. Olga Inés Navarrete Barrero.

(11) Sobre la excepción de inconstitucionalidad en materia aduanera léase la sentencia de esta Sección de 27 de octubre de 2011, Expediente 2003-01631-02, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno. En esta providencia se señaló lo siguiente en alusión a otro pronunciamiento de esta corporación:

“Para que proceda la inaplicación de una norma jurídica y, consecuencialmente, la aplicación preferente de la norma constitucional, esta debe regular la situación en forma diferente de aquella. Así lo estimó la Sala Plena de esta corporación en sentencia de 8 de abril de 1994 (Exp. 5569, C.P. Diego Younes Moreno)”.

(12) La tesis jurídica del Concepto 3 de 2003 señala: “Las mercancías que hayan sido entregadas al interesado por haber constituido garantía en reemplazo de aprehensión deben ponerse a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en forma inmediata a la firmeza del acto administrativo que declare el decomiso”.

(13) La tesis jurídica del Concepto 53 de 2004 indica: “No es procedente la revocatoria directa de una resolución que declara el incumplimiento y ordena hacer efectiva la garantía en reemplazo de aprehensión, así la mercancía haya sido puesta a disposición de la aduana con posterioridad al acto administrativo que ordena el decomiso”.