Sentencia 2006-01100/39635 de febrero 1 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 25001-23-26-000-2006-01100-01 (39635)

Actor: Héctor Alfonso Castellanos Prieto

Demandado: Dirección ejecutiva de administración judicial

Referencia: Acción de reparación directa

Temas: Error jurisdiccional - requisitos para su configuración / Caducidad - acción de reparación directa derivada del error jurisdiccional / Dictamen pericial - valoración.

Consejera Ponente:

Dra. María Adriana Marín

Bogotá D.C., primero de febrero de dos mil dieciocho.

«EXTRACTOS: Consideraciones

1. Los presupuestos procesales de la acción.

Previo a analizar el fondo del presente asunto, resulta pertinente pronunciarse sobre la competencia de esta Corporación, la procedencia de la acción, la legitimación en la causa y la caducidad.

1.1. Competencia de la Sala.

Por ser la demandada una entidad estatal, el presente asunto es de conocimiento de esta jurisdicción, de acuerdo con el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo. Además, la Sala es competente para resolver el presente caso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en razón a la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y determinó que la competencia para conocer de los mismos, correspondía, en primera instancia a los tribunales administrativos y, en segunda instancia, al Consejo de Estado, sin que sea relevante el aspecto relacionado con la cuantía, de acuerdo con la interpretación realizada por la Sala Plena de la Sección en auto de 9 de septiembre de 2008(1).

1.2. Legitimación en la causa.

El señor Héctor Alfonso Castellanos Prieto se encuentra legitimado en la causa, toda vez que alegó haber sido afectado con las actuaciones y omisiones atribuidas a la entidad pública demandada y esta es una entidad de derecho público.

La Rama Judicial se encuentra legitimada en la causa por pasiva, porque según el demandante, desconoció el dictamen pericial presentado en el curso del proceso de reparación directa, actuación por la que ahora se está solicitando la indemnización de los perjuicios que se le habrían ocasionado al demandante.

1.3. La demanda en tiempo.

Dado que las pretensiones formuladas en ejercicio de la acción de reparación directa están orientadas a obtener la indemnización de los perjuicios sufridos por el demandante como consecuencia del desconocimiento del dictamen pericial presentado en el proceso que se inició por la tardanza en la entrega de un vehículo, considera la Sala que en este caso, el término para presentar la reclamación de reparación por el error judicial empezó a correr el 18 de marzo de 2006, esto es, al día siguiente de la ejecutoria de la sentencia en la cual se dispuso la condena por lucro cesante, dado que dicha sentencia fue proferida el 1º de junio de 2005; contra la misma fue interpuesto recurso de apelación y el Consejo de Estado mediante providencia del 17 de febrero de 2006 decidió no darle trámite al recurso interpuesto y declaró ejecutoriada la sentencia apelada, providencia que fue notificada por estado del 14 de marzo de 2006 cobrando ejecutoria el 17 de marzo siguiente. Por lo tanto, la demanda presentada el 23 de agosto de 2006, lo fue dentro de los dos años previstos en el numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, tal como fue modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998.

2. Problema jurídico.

Debe la Sala decidir si la Nación - Rama Judicial es o no responsable de los daños alegados por el demandante, por haber liquidado el lucro cesante en la acción de reparación directa que aquel adelantó en contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación, con fundamentos probatorios diferentes al dictamen pericial practicado en ese proceso.

3. Sobre el error jurisdiccional como título jurídico de imputación aplicable a daños ocasionados por la actividad jurisdiccional.

3.1. Alcance de ese concepto en la jurisprudencia.

Antes de entrar en el fondo del asunto señalado, considera la Sala relevante referirse al alcance que se le ha dado en la jurisprudencia a ese concepto.

La jurisprudencia de esta Corporación y la ley se encargaron de dotar de sustantividad al régimen de responsabilidad patrimonial del Estado en aquellos casos en los cuales se cuestionaba la ocurrencia de un daño causado por las actuaciones judiciales, bien ya como consecuencia de una decisión errada o en los casos de privación injusta de la libertad o bien en todas aquellas actuaciones materiales, que no se encuentran contenidas en una providencia judicial(2).

De conformidad con los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 270 de 1996, el legislador consagró tres hipótesis para la configuración de la responsabilidad del Estado por la actividad del aparato judicial: i) el error jurisdiccional; ii) la privación injusta de la libertad; y, iii) el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

El artículo 67 de la norma enunciada se ocupa de describir los presupuestos necesarios para que se configure el error judicial así: i) la interposición de los recursos de ley por parte del afectado, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial y; ii) la providencia contentiva de error debe estar en firme.

Respecto de dichos elementos ya esta Corporación ha precisado que el interesado debe agotar los recursos de ley, esto es, los medios de defensa judicial que tiene a su alcance para evitar que el perjuicio se ocasione por su propia negligencia. Tales recursos deben corresponder a los mecanismos idóneos respecto de la decisión cuestionada, es decir “aquellos que no sólo permiten el examen limitado de la decisión con el objeto de corregir los errores de toda clase, tanto de hecho como jurídicos, sino que pueden interponerse sin sujeción a las rígidas causales que operan para los extraordinarios”(3).

En cuanto al segundo elemento la Sala ha señalado que, “la norma exige que el error se encuentre contenido en una providencia judicial que esté en firme, esto es, que haya puesto fin de manera normal o anormal al proceso, lo cual tiene pleno sentido ya que si la misma todavía puede ser impugnada a través de los recursos ordinarios, no se configura el error judicial”(4).

Hay un error judicial cuando la providencia judicial es contraria a derecho, “bien porque surja de una inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), de la falta de aplicación de la norma que corresponde al caso concreto o de la indebida aplicación de la misma (error de derecho)”(5).

Con fundamento en las anteriores consideraciones, procede la Sala a analizar si en el presente caso se configuran los presupuestos necesarios para la procedencia de la declaratoria de responsabilidad del Estado por el supuesto error jurisdiccional alegado en la demanda.

4. El caso concreto.

En el caso concreto, el demandante alega que el Tribunal Administrativo del Meta incurrió en un error judicial porque no atendió el dictamen pericial presentado durante el trámite del proceso de reparación directa iniciado por la mora en la entrega de un vehículo, a pesar de que el mismo se encontraba en firme para el momento de proferir sentencia, dado que la objeción presentada por la entidad demandada no había sido acompañada por un nuevo dictamen ni el juez lo decretó.

En relación con el proceso cuestionado en la demanda, obran en el expediente copias de: la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta el 1º de junio de 2005, el auto proferido por el Consejo de Estado el 17 de febrero de 2006, el dictamen pericial y la objeción presentada en contra de éste (fls. 73-88), documentos en los que consta lo siguiente:

— El señor Héctor Alfonso Castellanos Prieto presentó demanda de reparación directa ante el Tribunal Administrativo del Meta con el fin de que se declarara administrativamente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación de los perjuicios que le había causado esa entidad, con ocasión de la tardanza en la entrega del camión de su propiedad distinguido con las placas XA-1261 (fls. 122-133, cdno. 1).

— Durante el trámite del proceso fue nombrado un perito contador de la lista de auxiliares de la justicia, con el fin de que calculara el lucro dejado de percibir por el demandante durante el tiempo en el que el vehículo había estado retenido.

— El perito presentó el dictamen pericial encomendado y calculó que el lucro cesante por el término comprendido entre 1999 y 2003, era equivalente a $ 283.481.265.

— La Fiscalía General de la Nación objetó dicho dictamen pericial porque: i) se realizó el cálculo del lucro cesante hasta el año 2003, cuando el vehículo había sido entregado a su dueño el 30 de octubre de 2001; ii) era exagerado calcular 8 viajes mensuales para un vehículo modelo 1966.

— El Tribunal Administrativo del Meta profirió sentencia el 1º de junio de 2005 en la cual declaró administrativamente responsable a la Fiscalía General de la Nación con ocasión de la tardanza en la entrega del vehículo de propiedad del demandante y tasó como condena por lucro cesante la suma de $ 15.900.000.

En dicha oportunidad explicó que no atendería el dictamen pericial rendido, decisión que justificó en los siguientes términos:

De otra parte, para efectos de la tasación de los perjuicios materiales la Sala no atenderá el dictamen rendido por el perito, además de ser objetado por la entidad demandada, no se ajusta a la realidad, toda vez que en el mismo se aduce una serie de viajes entre ciudades que un vehículo del mismo modelo y característica no estaría en condiciones de realizar, así como no se allega prueba documental alguna o certificación de ingresos de la empresa a la cual estaba afiliado o de otra que realizara este tipo de viajes.

Así mismo resulta incongruente el cálculo de ingresos que se realiza de los años 2002 y 2003, toda vez que se alejan de la realidad establecida en el presente asunto, así como el hecho de que no se consideró dentro del cálculo de egresos por viaje, la comisión o salario que percibiría el conductor del vehículo.

Sea lo primero destacar que del material probatorio allegado al proceso no se puede determinar la fecha en que fue presentado el dictamen pericial, el término durante el cual se corrió traslado del mismo(6), si el escrito de objeción fue presentado dentro del término legal dispuesto por el numeral 1º del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil y si se le imprimió el trámite correspondiente al numeral 5º de la norma enunciada, situaciones que deben considerarse surtidas dado que en el texto de la sentencia demandada, el juez hace mención a la objeción presentada por la Fiscalía General de la Nación y procede a desarrollar los puntos enunciados en dicho escrito.

Cabe advertir, que el daño en el presente asunto tiene su origen en la providencia proferida el 1º de junio de 2005 por el Tribunal Administrativo del Meta, a través de la cual el juez de conocimiento rechazó el dictamen pericial presentado y realizó el cálculo del lucro cesante con bases diferentes, lo que, según el demandante, le causó un grave detrimento patrimonial.

Para el análisis del daño en el presente caso, no basta la simple constatación probatoria de que se haya producido la cuestionada decisión judicial que la parte demandante considera adversa a sus intereses, la que por si misma no se constituye como un daño antijurídico, a menos de probarse que en esta se incurrió en un error.

No hay duda de que cuando se traba un litigio judicial, habrá vencedores y vencidos pero estos últimos, por ese solo hecho no sufren un daño resarcible. La parte vencida en un proceso judicial está en el deber legal de soportar ese daño, a menos que la decisión judicial se haya proferido contraviniendo el ordenamiento jurídico, porque en tal caso ese error judicial como fuente generadora de daños daría origen al deber del Estado de repararlos.

Como puede apreciarse, tratándose de la responsabilidad edificada en la ocurrencia de un error judicial, el análisis sobre la antijuridicidad del daño presenta una especial connotación, ya que en estos casos no es suficiente con establecer la existencia de una decisión judicial adversa a los intereses del demandante, sino que se hace necesario revisar la existencia de este primer elemento —el daño—, que se reitera, es distinto de dicha decisión.

A la luz de lo anterior, considera la Sala que el daño alegado en el presente caso no es imputable a la demandada, comoquiera que el detrimento patrimonial alegado se deriva del rechazo del dictamen pericial practicado dentro del proceso de reparación directa iniciado como consecuencia de la mora en la entrega de un vehículo automotor de propiedad del demandante, pero esa decisión estuvo debidamente razonada.

El título XIII, capítulo V del Código de Procedimiento Civil regula el tema de la prueba pericial, la cual se define como un medio probatorio que permite verificar los hechos que interesan al proceso y que requieren especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos de auxiliares de la justicia, quienes, a través de experimentos e investigaciones, realizan un examen de las cosas o personas.

Para que el juez pueda apreciar y valorar un dictamen pericial, este debe reunir una serie de requisitos, entre ellos:

Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada “razón de la ciencia del dicho”, en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones. Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a esas conclusiones, el dictamen carecerá de eficacia probatoria y lo mismo será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y (…) puede negarse a adoptarlo como prueba si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable. (…).

Que las conclusiones del dictamen sean claras, firmes y consecuencia lógica de sus fundamentos (…) puede ocurrir también que el juez no se encuentre en condiciones de apreciar sus defectos, en cuyo caso tendrá que aceptarla; pero si considera que las conclusiones de los peritos contrarían normas generales de la experiencia o hechos notorios o una presunción de derecho o una cosa juzgada o reglas elementales de la lógica, o que son contradictorias o evidentemente exageradas o inverosímiles, o que no encuentran respaldo suficiente en los fundamentos del dictamen o que están desvirtuadas por otras pruebas de mayor credibilidad, puede rechazarlo… (…).

Que las conclusiones sean convincentes y no parezcan improbables, absurdas o imposibles (…) no basta que las conclusiones sean claras y firmes, como consecuencia lógica de sus fundamentos o motivaciones, porque el perito puede exponer con claridad, firmeza y lógica, tesis equivocadas. Si a pesar de esa apariencia, el juez considera que los hechos afirmados en las conclusiones son improbables, de acuerdo con las reglas generales de la experiencia y con la crítica lógica del dictamen, este no será convincente, ni podrá otorgarle la certeza indispensable para que lo adopte como fundamento exclusivo de su decisión.

Que no existan otras pruebas que desvirtúen el dictamen o lo hagan dudoso o incierto. Es obvio que si en el proceso aparecen otras pruebas que desvirtúen las conclusiones del dictamen o al menos dejen al juez en situación de incertidumbre sobre el mérito que le merezca, luego de una crítica razonada y de conjunto, aquél no puede tener plena eficacia probatoria(7).

De lo hasta aquí expuesto se puede deducir que las conclusiones del dictamen pericial deben ser claras, firmes y consecuencia lógica de sus fundamentaciones, pero el juez tiene la obligación de valorarlo y, de no encontrarlo convincente, puede desestimarlo y adoptar la decisión con base en pruebas diferentes, tal como se hizo en el presente caso.

Manifiesta el impugnante que el juez incurrió en un error judicial al desechar el dictamen pericial y en su lugar realizar su propia liquidación de lucro cesante, sustenta dicha afirmación en el hecho de que como el escrito de objeción no había sido acompañado con un nuevo dictamen pericial, el juez debió decretarlo y al no hacerlo, la prueba cobró ejecutoria y se convirtió en obligatoria; por tanto, debió tomarse la cifra calculada en este, para fijar la condena.

Tal como se refirió con antelación, con el escaso material probatorio allegado al proceso no es posible determinar si una vez presentada la objeción al dictamen pericial se le dio el trámite dispuesto en el numeral 4º del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, además debe recordarse que el numeral 6 de la norma citada deja claro que la objeción se decide en la sentencia, como se hizo en el presente caso y no durante el trámite del proceso, como lo quiere dar a entender el demandante.

De otro lado, no le asiste razón al impugnante cuando manifiesta que era obligación acompañar el escrito de objeción con un nuevo dictamen, porque el numeral 5º del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil dispone que en el “escrito de objeción se precisará el error y se pedirán las pruebas para demostrarlo”, situación que es opcional dependiendo del criterio del objetante, y al parecer en este específico caso no lo consideró necesario, por este motivo no lo solicitó.

Recuerda la Sala que, en esa oportunidad, la Fiscalía General de la Nación objetó el dictamen pericial porque consideró que no resultaba congruente calcular el lucro cesante por los años 2002 y 2003 cuando el vehículo había sido devuelto a su propietario el 30 de octubre de 2001 y porque no era adecuado realizar el cómputo sobre la base de 8 viajes mensuales teniendo en cuenta que el vehículo era modelo 1966.

En la sentencia, el Tribunal Administrativo del Meta concluyó, con base en las pruebas que obraban en ese expediente, que no atendería el dictamen pericial rendido por el perito por las siguientes razones:

i) Porque no se encontraba justificado en debida forma “toda vez que en el mismo se aduce una serie de viajes entre ciudades que un vehículo del mismo modelo y características no estaría en condiciones de realizar”.

ii) Porque “no se allega prueba documental alguna o certificación de ingresos de la empresa a la cual estaba afiliado o de otra que realizara este tipo de viajes”.

iii) Porque resultaba “incongruente el cálculo de ingresos que se realiza de los años 2002 y 2003, toda vez que se alejan de la realidad establecida en el presente asunto”, lo anterior en consideración a que en la providencia cuestionada había fijado el término para el reconocimiento de los perjuicios materiales entre el 5 de octubre de 1999 y el 21 de noviembre del 2001, teniendo como primera fecha aquella en la cual el “Fiscal que adelantaba la investigación se pronunciara de fondo de acuerdo con la pruebas recolectadas” y la última el día en que fue entregado del vehículo incautado al ahora demandante.

iv) Porque “no se consideró dentro del cálculo de egresos por viaje, la comisión o salario que percibiría el conductor del vehículo”.

Observa la Sala que el Tribunal Administrativo del Meta se limitó a dar cumplimiento a la disposición contenida en el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil, normativa que ordena al juez que al momento de apreciar el dictamen debe tener en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, así como los demás medios probatorios que obren en el proceso.

Conforme con lo anterior no puede desconocerse que era evidente que el tribunal debía entrar a controvertir las conclusiones a las que llegó la experticia, por lo que no resulta acertado considerar que esta tenga carácter vinculante y deba ser admitida por el juez sin que pueda entrar a valorarla, como cualquier otra prueba dentro del plenario.

Es así como el juez una vez encontró que de conformidad con las reglas generales de la experiencia, el dictamen pericial presentado no resultaba convincente, dado que en el proceso reposaban pruebas que infirmaban las conclusiones a las que llegó el perito, tales como, que un vehículo de 33 años de uso pudiera realizar 8 viajes mensuales, que la liquidación había sido realizada por un término mayor, teniendo en cuenta que el automotor había sido entregado a su propietario el 21 de noviembre de 2001 y, finalmente, que toda actividad económica para poderla poner en marcha requiere unos gastos que deben ser descontados del ingreso neto, en el caso concreto el salario del conductor del vehículo.

La parte demandante no demostró el error contenido en la providencia cuestionada. Con lo probado en este proceso no puede afirmarse que las conclusiones a las que arribó el Tribunal Administrativo del Meta no se encontraban fundamentadas en las normas que regulan el tema o en las pruebas que reposaban en el proceso de reparación directa que fue iniciado contra la Nación - Fiscalía General de la Nación por la mora en la entrega del vehículo de propiedad del ahora demandante.

Así las cosas, de las pruebas obrantes en el proceso no se puede llegar a las conclusiones planteadas por la parte demandante en relación a que el juez debió acoger la liquidación realizada en el dictamen pericial y fijar la condena por el concepto de lucro cesante por el monto calculado en el mismo.

Dado que, como se anotó, la providencia censurada, esto es la que impuso la condena, no constituye, por sí misma, un error judicial, puesto que no se probó que el juez haya debido acoger el dictamen pericial presentado durante el trámite del proceso de reparación directa, la Sala confirmará la providencia del tribunal a quo, de conformidad con las precisas consideraciones expuestas en esta oportunidad.

5. Costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1 de 1984, como fuera modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia proferida el 11 de mayo de 2010, por el Tribunal Administrativo del Meta.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase».

(1) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, auto de 9 de septiembre de 2008, exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(2) En similares términos consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30 de agosto de 2017, exp. 42.669.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, exp. 16594, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 24 de julio de 2012, exp. 22581, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30 de agosto de 2017, exp. 42.669.

(6) Artículo 238, numeral 1º del Código de Procedimiento Civil.

(7) DEVIS ECHANDIA, Hernando: “Teoría general de la prueba judicial”, tomo segundo, Temis, Bogotá, 2002, pp. 321- 326.