Sentencia 2006-01111 de mayo 17 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón

Radicación número: 17001-23-31-000-2006-01111 01(1578-09)

Actor: María Libia Cárdenas Otalvaro

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional

Autoridades nacionales

Bogotá, D.C., diecisiete de mayo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Considera

Dado que la apelación limita el ámbito de pronunciamiento del juez, el problema jurídico se contrae a establecer si hay lugar a ordenar el descuento de la indemnización recibida por María Libia Cárdenas Otálvaro, por el fallecimiento de su cónyuge, en virtud del artículo 122 del Decreto 1213 de 1990, como consecuencia del reconocimiento de la pensión de sobreviviente con base en la Ley 100 de 1993.

El Tribunal Administrativo de Caldas ordenó el descuento del monto de la liquidación de lo que recibió la actora por concepto de indemnización por muerte, reconocida por la Resolución 6097 de 17 de mayo de 1995.

La parte demandante en el recurso de apelación solicita se revoque la sentencia de primera instancia en cuanto ordenó el descuento de las sumas percibidas por concepto de indemnización por muerte del causante en “actos del servicio”.

Para efecto de decidir, se tiene lo siguiente:

Mediante Resolución 6097 de 17 de mayo de 1995 el Director General de la Policía Nacional, reconoció a favor de María Libia Cárdenas y sus hijos Luz Adriana y Rubén Darío Dávila Cárdenas la suma de $ 18.838.372,50, por concepto de indemnización por muerte y cesantía, de conformidad con los artículos 100, 103, 122 y 132 del Decreto 1213 de 1990.

En efecto, el Decreto 1213 de 1990 prevé en el artículo 103 que los Agentes de la Policía que se retiren por cualquier causa, tendrán derecho a un auxilio de cesantía y a las indemnizaciones que legalmente correspondan, sumas que se liquidan de conformidad con lo establecido por el artículo 100 del mismo decreto.

Por su parte el artículo 122 ibídem prevé las prestaciones que se causan cuando el fallecimiento de un miembro de un Agente de la Policía Nacional se presenta en actos del servicio, dentro de las cuales prevé una compensación equivalente a tres (3) años y al pago doble de la cesantía correspondiente al tiempo servido por el causante, en los siguientes términos:

ART. 122.—Muerte en actos del servicio. Durante la vigencia del presente estatuto, a la muerte de una Agente de la Policía Nacional en servicio activo, ocurrida en actos del servicio o por causas inherentes al mismo, sus beneficiarios en el orden establecido en el presente decreto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones:

a. A que el Tesoro Público les pague, por una sola vez, una compensación equivalente a tres (3) años de los haberes correspondientes, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 100 de este decreto.

b. Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante.

c. Si el agente hubiere cumplido doce (12) o más años de servicio, a que por el Tesoro Público se les pague una pensión mensual la cual será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, según el tiempo de servicio del causante.

De acuerdo con lo anterior, la indemnización por muerte del agente y las cesantías dobles, no son incompatibles con la pensión de sobrevivientes, pues el derecho a recibir las dos primeras se causa con el hecho del fallecimiento, independientemente de que haya lugar al reconocimiento del segundo (pensión de sobreviviente) para el cual se exige además que el causante haya prestado sus servicios por 12 años.

En esas condiciones, el hecho de que para efectos de reconocer la pensión de sobrevivientes se acuda a las previsiones del Régimen General de Seguridad Social contenido en la Ley 100 de 1993, no es impedimento para reconocer las demás prestaciones que por el deceso del miembro de la fuerza pública se causan, pues lo que se está haciendo es reemplazar la pensión del Decreto 1213 de 1990 por la establecida en la Ley 100 de 1993.

Por lo anterior, la Sala no encuentra justificada la obligación impuesta de restituir las sumas pagadas por concepto de indemnización por muerte del causante, máxime cuando la indemnización objeto de discusión, fue reconocida mediante un acto administrativo, Resolución 6097 de 17 de mayo de 1995, cuya presunción de legalidad no ha sido desvirtuada y por ende conserva plena validez.

En esas condiciones, se confirmará la sentencia del Tribunal Administrativo de Caldas que accedió a las pretensiones de la demanda, y se revocará en cuanto ordenó el descuento de los valores que por concepto de indemnización por muerte del Agente Rodolfo Dávila Valencia, según Resolución 6097 de 17 de mayo de 1995, en su lugar se dispondrá que no hay lugar a descuentos por dicho concepto.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección “A” administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada de 25 de junio de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que accedió a las pretensiones de la demanda.

REVÓCASE en cuanto ordenó el descuento de los valores que por concepto de indemnización por muerte del Agente Rodolfo Dávila Valencia, según Resolución 006097 de 17 de mayo de 1995, en su lugar se dispone que no hay lugar a descuentos por dicho concepto, de conformidad con las razones expuesta en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

Cópiese, notifíquese y ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Discutida y aprobada en sesión celebrada en la fecha».