Sentencia 2006-01214/43064 de julio 19 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 25000-23-26-000-2006-01214-01 (43064)

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Actor: H... C... C...

Demandado: la Nación - Rama Judicial - Dirección ejecutiva de administración judicial - Fiscalía General de la Nación.

Referencia: acción de reparación directa

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

Bogotá, D. C., diecinueve de julio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión, el 23 de septiembre de 2011, que declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Fiscalía General de la Nación y denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa respecto de la Rama Judicial.

Para lo anterior, se verificará la existencia de los presupuestos de procedibilidad de la acción de reparación directa relativos a la competencia y al ejercicio oportuno de la acción.

En caso de que los mencionados presupuestos se encuentren cumplidos, se procederá al análisis de la cuestión de fondo.

1. Presupuestos de procedibilidad de la acción de reparación directa en el caso sub examine.

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2011, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión, habida cuenta de que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso(16).

1.2. El ejercicio oportuno de la acción.

La Sección Tercera del Consejo de Estado, en forma reiterada, ha sostenido que la caducidad se encuentra instituida para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, frente a aquellos eventos en los que determinadas acciones judiciales no se ejercen dentro de un término específico. Así entonces, a las partes les corresponde asumir la carga procesal de impulsar el litigio dentro de ese plazo, el cual es fijado por la ley y, por ello, si no se hace en tiempo pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho(17).

Es de precisar que la referida figura no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto en las leyes 446 de 1998 y 640 de 2001; tampoco admite renuncia y, de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.

El Código Contencioso Administrativo (norma aplicable), en su artículo 136 - 8(18), consagraba un término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento delhechoquedalugaraldañoporelquesedemanda la indemnización, para intentar la acción de reparación directa, período que, una vez vencido, impide solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción.

La Sección Tercera de esta corporación(19) ha establecido que cuando el daño alegado proviene de un error judicial, “... el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que contiene el error judicial(20). Con todo, se ha precisado que, ‘aunque generalmente el plazo bienal de caducidad opera desde la configuración del hecho dañoso, esto es, a partir de la ejecutoria de la providencia constitutiva del error judicial, cuando el afectado no sea parte en la causa donde se comete el yerro, el término sólo puede germinar desde que al perjudicado se le notifique la decisión cuestionada’(21) (negrilla fuera del texto).

1.2.1. Caducidad de la acción de reparación directa en el caso concreto.

En el presente asunto, el demandante solicitó que se declarara a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial patrimonialmente responsables por la inmovilización injustificada del vehículo de servicio público de placas SGJ-186 y, además, por mantener dicha inmovilización por más de 10 años.

Según lo dicho por el señor H... C... C..., esos daños fueron producto del error jurisdiccional en el que habría incurrido la Rama Judicial, consistente en omitir ordenar en el fallo penal de segunda instancia la entrega del vehículo de su propiedad, pese a que en esa decisión fue absuelto del delito que justificaba la retención de dicho bien, esto es, el de hurto calificado y agravado.

Ahora bien, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se tiene que en el proceso penal adelantado contra el señor C... C..., entre otros, por los delitos de hurto calificado y agravado y concierto para delinquir, se surtieron las siguientes actuaciones relacionadas con el bien de su propiedad:

• En diligencia de allanamiento y registro realizada el 2 de marzo de 1994, la policía judicial incautó una “... camioneta Dacia Break, color amarillo servicio público de placas SGJ-186” y, además, capturó al señor H... C... C...(22). Mediante oficio de la misma fecha se dejó a disposición del coordinador de las Unidades Séptima y Octava tanto la persona como los elementos incautados(23).

• Mediante providencia del 7 de marzo de 1994, la Fiscalía 190 de la Unidad Séptima de Patrimonio de la Fiscalía General de la Nación impuso medida de aseguramiento de detención preventiva contra el señor C... C... y los demás sindicados y dispuso, “... los elementos decomisados y que hacen parte de este proceso, pónganse a disposición de la secretaría común de esta unidad para que sean remitidos junto con las presentes diligencias a la Unidad de Investigaciones Especiales”(24).

• En escrito, sin fecha, el apoderado del señor C... C... le solicitó a la Fiscalía 265 de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Fiscalía General la Nación la devolución del vehículo de placas SGJ-186, por cuando, según su dicho, “… el vehículo se debe en su totalidad y sobre el mismo no se ejerce ningún indicio o prueba alguna que lo identifique de haber sido usado en conducta delincuencial alguna o ser producto del mismo, sino antes por el contrario se demuestra la forma de adquisición y pago con entidades legalmente constituidas”(25).

• Por auto del 21 de abril de 1994(26), reiterado el 22 del mismo mes y año(27), la Fiscalía 265 de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Fiscalía General de la Nación señaló que la solicitud de entrega del rodante se resolvería en la resolución calificatoria.

• El 2 de junio de 1994, la Fiscalía 265 de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Fiscalía General de la Nación dictó resolución de acusación contra el señor H... C... C... por los delitos de hurto calificado y agravado y concierto para delinquir y decretó el embargo del vehículo de su propiedad. En esa decisión se expuso “... comoquiera que cursan en el proceso solicitudes de devolución de vehículos de propiedad de H... C... C... y E... Á... P... y estos están afectados con medida de aseguramiento, en la parte pertinente de este proveído se decretará el embargo. En el caso del señor C... C... se embargará la posesión del vehículo”(28).

• Mediante escrito radicado el 10 de marzo de 1995, el señor C... C... le solicitó al Juzgado Treinta y Cinco Penal del Circuito de Bogotá:

“... que se fijen los daños causados con el hecho que se investiga para poder, si es posible cubrir estos lo más pronto posible sin que signifique que soy el autor del delito sino porque la familia mía ha tenido que continuar pagando las cuotas a la empresa a la que se lo adquirí y por eso tienen la reserva de dominio del vehículo marca Dacia de placas SGJ 186, de servicio público el cual para que no se me cause más perjuicios pienso solicitarle luego el desembargo y entregarlo a la empresa vendedora por ser de ellos el automotor”(29).

• En auto del 22 de marzo de 1995, el Juzgado Treinta y Cinco Penal del Circuito de Bogotá fijó en $5’000.000 la caución que debía ser pagada para levantar el embargo sobre el automotor de propiedad del procesado.

• El apoderado del actor interpuso recurso de reposición contra la anterior decisión(30). Mediante auto del 16 de mayo de 1995 el Juzgado de conocimiento resolvió no reponer el auto del 22 de marzo de 1995(31).

• El 12 de mayo de 1995, el demandante le pidió al juzgado de conocimiento la entrega de su bien(32).

• Mediante auto del 16 de mayo de 1995, el Juzgado Treinta y Cinco Penal del Circuito de Bogotá negó la entrega del bien hasta tanto se pagara la caución ordenada(33).

• En fallo del 21 de septiembre de 1995, el Juzgado Treinta y Cinco Penal del Circuito de Bogotá, dispuso:

“(...).

“QUINTO. CONDENAR a H... C... C... (...) a la pena principal de setenta y dos (72) meses de prisión como coautor del delito de concierto para delinquir en concurso con el de hurto calificado y agravado cometido en las circunstancias de modo y lugar ampliamente conocidas en autos.

“(...).

“DÉCIMO TERCERO. CONDENAR a los procesados C... H..., Á… P…, C... C..., B… M…, C… B… y L… R… al pago en concreto e insolidum de los daños y perjuicios materiales ocasionados con el punible de hurto calificado y agravado en la suma de seiscientos gramos oro (600) o su equivalente en moneda nacional y en favor de quien resulte perjudicada con el ilícito.

“DÉCIMO CUARTO. Abstenerse de condenar a los procesados (...) al pago de daño y perjuicio alguno toda vez que con el delito que cometieron [concierto para delinquir] el sujeto pasivo es el Estado, luego no hay lugar a indemnización alguna.

“(...).

“DÉCIMO SÉPTIMO. En relación con los vehículos últimamente relacionados en este proveído(34), dese cumplimiento a lo ordenado en el artículo 58 del C. de P.P. en el momento procesal oportuno. (...)”(35).

• Contra la anterior decisión se interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, el que, en providencia del 14 de diciembre de 1995(36), dispuso:

“(...) Tercero: revocar la sentencia condenatoria por el punible de hurto calificado y agravado, proferida en contra de H... C... C... y en su lugar absolverlo por este delito. (...) Cuarto: modificar igualmente la pena impuesta a H... C... C... la cual queda en cuarenta meses de prisión y para J... J... C... P... y P... S... M... G..., la cual queda en cuarenta un (sic) meses de la misma pena, para cada uno como autores penalmente responsables del delito de concierto para delinquir. (...) Octavo: se confirma la sentencia en cuanto a las demás que [no] fue objeto de impugnación (...)”.

• En escrito radicado el 11 de febrero de 1996, el señor C... C... le solicitó al Tribunal Superior de Bogotá la libertad por haber cumplido la pena impuesta y, además, pidió la entrega de su vehículo, al considerar que “... para la época del presunto ilícito o comisión del hecho yo no había recibido el vehículo por lo tanto ni el vehículo ni yo tenemos nada que ver con el hecho que se me imputó”(37).

• Mediante escrito del 6 de junio de 1996 el demandante le solicitó al Juez Primero de Ejecución de Penas de Bogotá (encargado del cumplimiento de la condena) “... la entrega del vehículo, marca Dacia, taxi de placas SGJ 186, fundamento en los siguientes aspectos, que son: en el delito de CONCIERTO PARA DELINQUIR, carece de daños y perjuicios, no tutelando ningún bien jurídico que menoscabe el patrimonio económico, ni se ha cometido ningún daño moral, ni psicológicos, motivo por el cual no hay que indemnizar a ninguna persona, ni rematar bien alguno de los sindicados, para cancelar daños y perjuicios morales y económicos pues estos no existieron”(38).

• El 9 de julio de 1996, el apoderado del señor C... C... le expuso al Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Bogotá:

“... concurro a su despacho con el propósito de solicitar la DEVOLUCIÓN de la camioneta incautada a mi mandante, con fundamento en el artículo 60 del C.P.P.

“Durante todo el proceso de instrucción y de juzgamiento se acreditó en forma legal la procedencia lícita del bien inmueble así como toda la documentación.

“Es de tener en cuenta señor juez, que el vehículo automotor fue embargado preventivamente en razón al delito de hurto que se le imputaba al señor C... C....

“La sentencia de primera instancia condenó a mi patrocinado judicial por los delitos de hurto calificado y concierto para delinquir pero el honorable tribunal de acuerdo a las pruebas que se vertieron en el proceso, le quitó a mi defendido el delito de hurto calificado y agravado y lo condenó únicamente por el delito de concierto para delinquir.

“Entonces como mi cliente no fue condenado por el delito de hurto calificado y agravado no existe razón para que el automotor siga embargado y por ello su despacho debe ordenar la restitución del mismo”(39).

• El 6 de agosto de 1996 el demandante le solicitó al Juzgado Treinta y Nueve Civil Municipal del Circuito de Bogotá la devolución del vehículo de su propiedad. En esa petición se indicó “... como el embargo fue desde la misma medida de aseguramiento, el fallo final por parte del Tribunal de Bogotá, Sala Penal, en que no tenía nada que ver con el delito de hurto y, por ello, en forma respetuosa y comedida solicito la restitución de mi camioneta. La camioneta no puede ser llevada a remate, porque no tengo nada que ver con el delito de hurto, sino de concierto para delinquir”(40).

• En escrito del 14 de agosto de 1996, el apoderado del señor C... C... le solicitó al Juzgado Treinta y Cinco Penal del Circuito de Bogotá la devolución de su automotor, pues “... no fue condenado por el delito de hurto calificado y agravado como se dijo inicialmente en la providencia de primera instancia”(41).

• Mediante auto del 16 de agosto de 1996, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas, al pronunciarse sobre una solicitud de entrega del rodante, sostuvo: “... se oficiará a la oficina de reparto de los juzgados civiles municipales para que informe de manera URGENTE a qué juzgado de esa especialidad correspondió conocer de las diligencias remitidas por el Juzgado 35 Penal del Circuito. Allegada la información pertinente, por secretaría se ordena desglosar las peticiones presentadas tanto por el interno como por su apoderado para ser remitidas a la autoridad correspondiente para los fines de su competencia”(42).

• El 15 de octubre de 1996 se le solicitó al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá la devolución del automotor(43). Por auto del 16 de octubre de 1996, esa corporación indicó “... la Sala no tiene competencia para resolver el pedimento porque el proceso luego de agotar el trámite de la segunda instancia, fue devuelto al Juzgado Treinta y Cinco Penal del Circuito. Por secretaría se dispone que el escrito vaya al mencionado despacho (sic) el presente memorial a fin de que decida lo que considere pertinente”(44).

• Mediante escrito radicado del 5 de noviembre de 1996, el señor C... C... le solicitó al Juzgado Treinta y Nueve Civil Municipal de Bogotá la entrega de su bien(45). Así mismo, el 22 de noviembre de 1996, igual petición le hizo al Juzgado Treinta y Cinco Penal del Circuito de Bogotá(46).

• En providencia del 13 de diciembre de 1996, el Juzgado Treinta y Cinco Penal del Circuito de Bogotá sostuvo:

“... en cuanto a lo solicitado por el sentenciado H... C... C... se reiteran pronunciamientos anteriores respecto de solicitudes semejantes o sea, que por no ser procedente no se accede a su petición de entrega del taxi que en razón a la condena proferida en su contra, fue embargado en la presente causa, decisión que fue confirmada en segunda instancia y actualmente se encuentra debidamente ejecutoriada”(47).

• Por oficio del 14 de febrero de 1997 el Juzgado Treinta y Nueve Civil Municipal de Bogotá le solicitó al Juzgado Treinta y Cinco Penal del Circuito de Bogotá que informara si la condena impuesta en el numeral 13 del fallo de primera instancia continuaba vigente para el ahora demandante, en favor de qué personas se impuso la condena y si las medidas cautelares que recaían sobre el automotor fueron efectivamente registradas(48). Por lo anterior, el despacho de conocimiento informó que el numeral 13 del fallo de primera instancia permanecía vigente, que dentro de ese proceso no se constituyó parte civil y que no hay constancia de envío de los oficios a las autoridades de tránsito sobre el embargo(49).

• En Oficio 24 de abril de 1997, el Juzgado Treinta y Cinco Penal del Circuito de Bogotá le comunicó a la Secretaría de Tránsito y Transporte que: “... el embargo y secuestro decretados sobre los vehículos de placas SGJ-186 marca Dacia (...) a fin de que protocolice las medidas preventivas enunciadas”(50). Como consecuencia de lo anterior, en oficio del 6 de noviembre de 1997, dicha secretaría le informó al juez de conocimiento que “... se acató la orden de embargo y se registró en pantalla”(51).

• Mediante escrito radicado el 3 de octubre de 2003, el demandante le solicitó al Juzgado Treinta y Cinco Penal del Circuito de Bogotá la entrega definitiva del rodante de placas SGJ-186(52).

• Por auto del 22 de abril de 2004 el Juzgado Treinta y Cinco Penal del Circuito de Bogotá ordenó practicar inspección en la Secretaría de Tránsito de Bogotá para verificar las improntas del vehículo SGJ-186(53). Esa inspección se realizó el 6 mayo de 2004(54).

• Mediante providencia del 7 de mayo de 2004, el Juzgado Treinta y Cinco Penal del Circuito de Bogotá decretó el desembargo del vehículo de servicio público de placas SGJ-186 y ordenó la entrega definitiva al señor C... C...

En esa decisión se expuso:

“En efecto, como clara e inequívocamente se expresó en la sentencia de primera instancia, la condena al pago de perjuicios fue única y exclusivamente por el delito de hurto calificado y agravado, aunque se incurrió en un error al no determinarse a favor de quien o quienes se debe efectuar el pago de los mismos, porque el delito de concierto para delinquir, por el cual también fue procesado y juzgado el señor C... C..., el sujeto pasivo es el conglomerado social, es decir, que no es posible individualizar o determinar a una o unas personas como directas perjudicadas por este ilícito.

“Está probado que el señor C... C... fue absuelto por el delito de hurto calificado y condenado por el punible de concierto para delinquir y aunque el señor juez de segunda instancia omitió referirse a la situación de la condena al pago de perjuicios que se le impuso en primera instancia a este procesado, resulta claro que en ese momento ha debido revocarse esta determinación y ordenar la entrega o devolución del vehículo automotor de propiedad de dicho señor”(55) (negrilla del original).

• El 1º de junio de 2004, el Grupo Antipiratería Terrestre de la Policía Judicial le hizo entrega definitiva del vehículo de placas SGJ-186 al señor H… C… C…(56).

En el presente asunto, como se dijo, son dos los hechos dañosos que imputa el señor H... C... C... a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial. El primero consistió en la inmovilización del automotor de su propiedad y, el segundo, en la prolongación de esa retención por más de 10 años.

Para la Sala, la materialización de estos daños ocurrió cuando se dictó el fallo penal de segunda instancia. Esto por cuanto, según lo planteado por el demandante, al dictar esa providencia se omitió ordenar la entrega del vehículo de servicio público de placas SGJ 186 —incautado desde el 2 de marzo de 1994–, lo que era inevitable y obligatorio al ser consecuencia de la absolución del delito por el cual el mencionado señor había sido condenado al pago de perjuicios en primera instancia, esto es, el de hurto calificado y agravado.

En otras palabras, en el sub lite, la imputación es por el error jurisdiccional en que habría incurrido la Rama Judicial al dictar la providencia de segunda instancia dentro del proceso penal adelantado en contra del señor C... C..., entre otros.

Así las cosas, en observancia de la jurisprudencia de la Sección Tercera que establece que el término de caducidad debe empezar a contabilizarse a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia que contiene el error, concluye la Subsección que, en el presente asunto, se debe iniciar el conteo del término de caducidad, desde la fecha en que quedó ejecutoriada la providencia del 14 de diciembre de 1995, esto es, la decisión en la que el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá revocó la sentencia condenatoria por el delito de hurto calificado y agravado al señor C... C..., pero no ordenó la entrega del rodante que se le incautó para pagar los perjuicios que se hubieran podido causar por esa conducta punible.

Ahora bien, como en el expediente no obra prueba de la constancia de ejecutoria de esa providencia, la Sala considera que se debe aplicar el artículo 197 del De reto 2700 de 1991, norma vigente para la época, que establecía que las providencias que “... deciden la acción de revisión, los recursos de hecho, o de apelación contra las providencias interlocutorios, quedan ejecutoriadas el día en que suscritas por el funcionario correspondiente” (negrilla fuera del texto).

En este orden de ideas, en el sub lite, se debe tener como fecha de ejecutoria de la providencia que contiene el error el día que se suscribió, esto es, el 14 de diciembre de 1995, lo que implica que el término de caducidad de la acción inició a correr el 15 de diciembre de 1995 y se venció el 15 de diciembre de 1997.

Empero, como el señor H... C... C... presentó la demanda el 8 de mayo de 2006(57), debe concluirse que se hizo por fuera del término de dos años que consagra el artículo 136-8 del C.C.A. (norma aplicable) para el ejercicio oportuno de la acción de reparación directa.

Conviene precisar que el Tribunal Administrativo de primera instancia afirmó que el término de caducidad en el sub lite se debía contabilizar desde la “última actuación judicial”, esto es, desde que se ordenó la entrega del automotor incautado –7 de mayo de 2004–.

Sin embargo, para la Sala, este argumento no es de recibo, por cuanto, se insiste, se debe aplicar la jurisprudencia de esta corporación según la cual cuando la imputación es por un error judicial, el conteo del término de caducidad inicia desde la ejecutoria de la providencia que contiene el error y, en el presente asunto, quedó establecido que esa providencia es la dictada el 14 de diciembre de 1995, pues fue en esa decisión que se omitió ordenar la entrega del automotor de propiedad del actor, pese a que los fundamentos jurídicos por los que se mantenía retenido el bien, esto es, el pago de perjuicios derivados de la condena por el punible de hurto calificado y agravado, desaparecieron al ser revocada la condena por ese delito y solo mantener la de concierto para delinquir, conducta en la que el sujeto pasivo es el Estado y, por tanto, no había lugar al pago de perjuicios.

Finalmente, se debe mencionar que es cierto que en la providencia en la que, luego de múltiples peticiones por parte del señor C... C... y su apoderado, se ordenó la entrega del bien, es decir, la del 7 de mayo de 2004, se indicó “... aunque el señor juez de segunda instancia omitió referirse a la situación de la condena al pago de perjuicios que se le impuso en primera instancia a este procesado, resulta claro que en ese momento ha debido revocarse esta determinación y ordenar la entrega o devolución del vehículo automotor de propiedad de dicho señor”.

No obstante, a juicio de la Sala, esta fecha no puede tenerse en cuenta para contabilizar el término de caducidad, habida cuenta de que mucho antes de evidenciar la omisión en que habría incurrido el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, se insiste, desde que se dictó el fallo penal de segunda instancia, se había materializado el daño y el mismo era conocido por el demandante, pues, tal y como se desprende del recuento probatorio realizado, desde el 6 de junio de 1996 se estaba solicitando la entrega del bien con fundamento en lo decidido en el fallo de segunda instancia.

Siendo así, para la Subsección, desde que el señor C… C… advirtió que se omitió un pronunciamiento en relación con la entrega del vehículo de su propiedad, se encontraba habilitado para reclamar por los perjuicios presuntamente causados al no poder disponer de su bien y, por ende, es ese el momento en el que inicia el cómputo del término de caducidad de la acción de reparación directa, pues la entrega del vehículo, ordenada en providencia del 7 de mayo de 2004, solo constituye la cesación del daño.

Ahora bien, si en gracia de discusión se aceptara que la irregularidad causante del daño reclamado por el señor C... C... no es consecuencia del error judicial originado en la omisión en la que habría incurrido el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, al omitir pronunciarse sobre la entrega del vehículo de placas SGJ 186, sino que radica en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por no concretar dicha entrega, para la Subsección, también debe concluirse que la presente acción se encuentra caducada.

Esto por cuanto, según las pruebas relacionadas con anterioridad, desde el 6 de junio de 1996, el señor C... C... tuvo conocimiento de que a pesar de haber sido absuelto por el delito de hurto calificado y agravado, conducta que, a su juicio, era la que sustentaba la retención del rodante, por ser la que daba lugar a un eventual pago de perjuicios a las víctimas, no se materializó la entrega de su bien.

A juicio de la Sala, con claridad meridiana, que para ese momento –6 de junio de 1996–, el demandante ya tenía pleno conocimiento del supuesto daño que ahora alega y, por tanto, se repite, en caso de aceptarse que en el presente asunto se plantea la configuración de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, esa sería la fecha que debe tenerse en cuenta para el conteo de la caducidad, lo que implica que también operó el fenómeno jurídico de la caducidad, pues, se reitera, la demanda se presentó el 8 de mayo de 2006.

Por lo expuesto, esta Sala revocará la decisión de primera instancia y, en su lugar, declarará probada la excepción de caducidad de la acción.

2. Condena en costas.

Dado que, para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revocar la sentencia apelada, proferida el 23 de septiembre de 2011, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión y, en su lugar, declarar probada la excepción de caducidad de la acción.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

16 Consejo de Estado, Sala Plena. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Auto del 9 de septiembre de 2008. Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00.

17 Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. 6 de agosto de 2009. Exp. 36.834 (auto). Reiterado en sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Rad. 250002326000199902635 - 01 (27588). 26 de febrero de 2014.

18 “Artículo 136. Caducidad de las acciones. (...)
8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.
(…)”.

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, C. P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, Rad. 08001-23-31-000-2009-00193-01 (38833) del 26 de noviembre de 2015.

20 Original de la cita: “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2010, Exp. 17493, M. P. (E) Mauricio Fajardo Gómez; Subsecciones A y C, auto del 9 de mayo de 2011, Exp. 40.196, M. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia del 27 de enero de 2012, Exp. 22.205, M. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; autos del 1º de febrero de 2012, Exp. 41.660, M. P. Olga Mélida Valle de De la Hoz; 21 de noviembre de 2012, Exp. 45.094, y del 14 de agosto de 2013, Exp. 46.124, M. P. Mauricio Fajardo Gómez”.

21 Original de la cita: “Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de agosto de 2012, Exp. 24.584, M. P. Stella Conto Díaz del Castillo”.

22 Folio 124 c. 2.

23 Folios 122-123 c. 2.

24 Folios 234-252 c. 3.

25 Folios 277 a 278 c. 3.

26 Folio 206 c. 3.

27 Folio 203 c. 3.

28 Folio 134-159 c. 3.

29 Folio 108 c. 3.

30 Folio 109 c. 3.

31 Folios 227 a 231 c. 3.

32 Folios 232-233 c. 3.

33 Folios 223-226 c. 3.

34 Los vehículos a los que hace alusión ese numeral son los de placas SGJ 186 marca Dacia y Renault 21 de placas ATB 491 (fl. 75 c. 2).

35 Folios 7 a 81 c. 3.

36 Precisa la Sala que al proceso no se allegó la providencia dictada por el Tribunal Superior de Bogotá, sin embargo, obra certificación expedida por el Juzgado Treinta y Cinco Penal del Circuito de Bogotá en la que se transcribió la parte resolutiva del fallo de segunda instancia y, por ello, se tiene conocimiento de la misma (fls. 86 a 89 c. 3).

37 Folio 187 c. 2.

38 Folios 101-102 c. 3.

39 Folio 97 c. 3.

40 Folios 88-89 c. 3.

41 Folios 206 a 208 c. 2.

42 Folios 93-95 c. 3.

43 Folio 121 c. 3.

44 Folio 115 c. 3.

45 Folio 123-124 c. 3.

46 Folio 118-120 c. 3.

47 Folios 127-129 c. 3.

48 Folio 130 c. 3.

49 Folio 33 c. 3.

50 Folio 8 c. 3.

51 Folio 2 4 c. 2.

52 Folios 16-17 c. 3.

53 Folio 1 c. 3.

54 Folio 3 c. 3.

55 Folios 9 a 12 c. 3.

56 Folios 5 c. 2.

57 Folio 2 c. 1.