Sentencia 2006-01232 de mayo 23 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN B

Expediente: 35371

Radicación: 25000 2326000 2006 01232 01

Consejero Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo (E)

Demandante: Agencia de Información de Rusia-Ria Novosti

Demandado: Nación-Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., mayo veintitrés de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. La competencia

10. El Consejo de Estado es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso de apelación interpuesto en vigencia de la Ley 270 de 1996 contra la sentencia proferida en primera instancia por la Sección Tercera —Subsección B— del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro de un proceso de reparación directa derivado de hechos de la administración de justicia(3).

II. Validez de las pruebas

11. En relación con la totalidad de pruebas obrantes en el plenario, al expediente fueron aportados varios medios probatorios documentales que, a pesar de que fueron allegadas en copias que no cumplen con las precisiones dispuestas en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, serán valoradas libremente por la Sala en tanto no fueron tachadas de falsas. Sobre este punto, conviene recordar que la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado(4), en aplicación de los principios de buena fe, lealtad procesal y prevalencia del derecho sustantivo sobre el formal, cambió su posición en cuanto a la valoración de copias simples, para entender procedente su estimación siempre y cuando no se hubieran tachado de falsos a lo largo del proceso en el que se pretenden hacer valer(5).

III. Hechos probados

12. Con base en los medios de prueba aportados por las partes, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

12.1. El 1º de agosto de 1993, la empresa estatal unitaria federal Agencia de Información de Rusia “Ria Novosti”, firmó un contrato de arrendamiento con la sociedad Inversiones Vima y los señores Gustavo Vigoya Valencia y Antonio Jiménez Salazar, del inmueble ubicado en la cra. 7 Nº 14-40, piso 7, edificio Valher, de la ciudad de Bogotá (contrato de arrendamiento, fl. 7, cdno. 2).

12.2. Mediante escrito radicado el 24 de abril de 2000 ante el juez civil municipal reparto, la abogada Adriana Cáceres Lizarazo, en representación de la Agencia de Información de Rusia Vesti Novosti, interpuso demanda de restitución de inmueble arrendado por la mora en el pago de los cánones de arrendamiento, contra la empresa Inversiones Vima Ltda., Gusta Vigoya Valencia y Antonio Jiménez Salazar. Dicho proceso ordinario fue radicado con el número 2000-0687 y correspondió su conocimiento al despacho del Juez Sexto Civil Municipal (fl. 32, cdno. 2 y 194, cdno. pbas. 3).

12.3. Ese despacho intentó notificar personalmente el auto admisorio de la demanda a los demandados, luego de lo cual fijó los avisos judiciales, los edictos en el despacho judicial por el término de 20 días y publicó los edictos emplazatorios en medio de comunicación radial y de prensa, de conformidad con el artículo 318 y 320 del Código de Procedimiento Civil, término al cabo del cual procedió a nombrar curador ad litem para la defensa de sus intereses (fl. 51, 54, 59, 61, 64, 70-76 y 81, cdno. 2 y fl. 225 y ss., cdno. pbas. 3).

12.4. Con fecha del 29 de julio de 2003, el Juzgado 6º Civil Municipal emitió sentencia de fondo, en la que declaró terminado el contrato de arrendamiento suscrito entre la Agencia de Información de Rusia Ria Novosti como arrendadora e Inversiones Vima, Gustavo Vigoya Valencia como persona natural y en calidad de representante legal de aquella y Antonio Jiménez Salazar; ordenó que dentro de los dos días hábiles siguientes a la ejecutoria de la sentencia los demandados procedieran a restituir a la demandante el inmueble objeto del contrato en mención, so pena de que se comisionara al inspector de policía de la zona respectiva mediante despacho comisorio; y concedió a la demandante el derecho de retención sobre los bienes de propiedad de los demandados que se encontraran en el inmueble objeto de la restitución (fl. 82, cdno. 2 y fl. 275, cdno. pbas. 3).

12.5. En memorial del 14 de agosto de 2003, el curador ad litem solicitó al juez de conocimiento declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso a partir del auto admisorio de la demanda y en su lugar inadmitirla, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 7º y 8º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la indebida representación de las partes y la omisión en la práctica en legal forma de la notificación del auto admisorio de la demanda a los demandados (fl. 262, cdno. 1 y 142, cdno. pbas. 3).

12.5.1. En relación con la primera causal de nulidad invocada, señaló que el poder conferido por Alexey Volin contiene varias irregularidades como el hecho de estar dirigido al señor juez del circuito de esta ciudad, quien no es el competente para conocer de este proceso, sino el juez civil municipal, en razón de la cuantía del litigio; quien confiere poder —el señor Volin, presidente del consejo directivo de la Agencia de Información Rusa Vesti (Novosti)— dice actuar en nombre de una persona jurídica que es distinta a quien figura como arrendador en el contrato objeto de la demanda ordinaria civil —Agencia de Información de Rusa Novosti— sin que se haya aportado prueba alguna de que la primera de las sociedades corresponda a la segunda; al tenor del folio 12 de la demanda de restitución de inmueble arrendado, se lee “Ria Vesti, ejerce todos los derechos y deberes que le correspondía a Ria Novosti” y a pesar de ello no se aportó el correspondiente acto de cesión o endoso por parte del arrendador inicial Agencia de Información de Rusia Novosti a favor el actual demandante Agencia de Información de Rusa Novosti, quien actúa como poderdante; es tan confusa la situación que el apoderado dice actuar en nombre de la Agencia de Información de Rusia “Vesti” “Novosti”, sugiriendo que se trata de una misma persona jurídica, lo cual no es el caso o al menos no se encuentra acreditado; además, el cónsul de Rusia en Colombia afirmó mediante una certificación que la Agencia de Prensa de Rusia Ria Novosti ha cambiado de razón social y que su representante para América Latina es el señor Alexander Ignatov, quien no ha conferido ningún poder.

12.5.2. En cuanto a la indebida representación de la sociedad demandada Inversiones Vima, señaló que con la demanda no se allegó el nombre y domicilio del representante legal o apoderado de la sociedad, como lo exige el artículo 75, numeral tercero, del Código de Procedimiento Civil y tampoco se aportó la prueba de la existencia de la persona jurídica, conforme a lo estipulado en el artículo 77, numeral tercero de ese mismo estatuto.

12.5.3. En punto a la indebida notificación de la demandada Inversiones Vima, manifestó que en el informe de notificación se menciona que en el sitio donde se debía llevar a cabo la diligencia no funciona Inversiones Vima, razón por la cual posteriormente el despacho del juez municipal procedió a fijar un edicto emplazando a la citada sociedad de conformidad con el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil, sin indicar el nombre del representante legal.

12.6. El curador ad litem también interpuso de forma subsidiaria recurso de apelación contra la anterior sentencia, a fin de que fuera revocada, por cuanto no se cumplieron los presupuestos procesales respecto de la legitimación en la causa por activa y por pasiva, con lo cual, la acción no debió ser siquiera admitida. En relación con el primer reparo, señaló que no quedó acreditado que el contrato de arrendamiento suscrito por la Agencia de Información Rusia Novosti se haya cedido a favor de a la Agencia de Información Rusia Vesti, y “no existe ninguna claridad respecto de quien es el verdadero arrendador, quien está actualmente legitimado para demandar la restitución del inmueble y quien es el verdadero representante de la entidad arrendadora”. En cuanto al segundo aspecto de su recurso, consideró que la demanda no acompañó el certificado de Cámara de Comercio de Inversiones Vima, en el cual se pudiera corroborar la existencia de esa sociedad y la persona natural que ejerce su representación. Insistió en el hecho de que en el edicto emplazatorio es necesario indicar el nombre del representante legal, requisito que fue omitido por el despacho judicial. Las anteriores irregularidades generan una violación al derecho de defensa de la sociedad que representa el curador (fl. 86, cdno. 2).

12.7. De los anteriores memoriales se corrió traslado a la parte demandante mediante auto del 20 de octubre de 2003 (fl. 266, cdno. 1 y fl. 143, cdno. pbas. 3).

12.8. En providencia del 20 de enero de 2004, el juzgado civil municipal 1) decretó la nulidad de todo lo actuado en el proceso de restitución de inmueble arrendado a partir del auto del 20 de junio de 2000 que admitió la demanda, y 2) procedió a inadmitir la demanda, “para que en el término de 5 días se subsanen las irregularidades aquí advertidas, no sólo en cuanto al líbelo, sino que se aporte con las copias pertinentes el certificado de existencia y representación de Inversiones Vima y un poder dirigido a este juzgado” (fl. 145, cdno. pbas. 3).

12.9. En memorial radicado el 22 de septiembre de 2003, la abogada Adriana Cáceres Lizarazo, quien venía adelantando la representación de la sociedad demandante en el proceso de restitución de inmueble, sustituyó poder a la abogada Blanca Cecilia Henríquez Baquero. En auto del 20 de enero de 2004, se reconoció personería a la segunda (fl. 282 y 285, cdno. pbas. 3).

12.10. El 18 de febrero de 2004, la abogada de la Agencia de Información Rusa interpuso recurso de reposición y en susidio apelación contra la providencia del 20 de enero de 2004 “para que se revoque y en su lugar se permita a la suscrita descorrer el traslado de que trata su auto de septiembre 3 del año 2003”, toda vez que; i) el despacho no advirtió la existencia del memorial en el que la parte demandante solicitó sustituir poder a favor de la abogada Henríquez Baquero, “a pesar de que había sido presentado antes de la irregular notificación y del extraño informe”, evento que le impidió a la abogada pronunciarse respecto del incidente de nulidad; ii) la apoderada de la Agencia de Información de Rusia no tuvo acceso al expediente; iii) la notificación en estado de la decisión objeto de recurso se hizo de forma tardía, en desconocimiento del artículo 321 del Código de Procedimiento Civil según el cual esto se debe realizar pasado un día de la fecha del auto; iv) la providencia se contradice con lo afirmado en la sentencia del 29 de julio de 2003, en la cual el mismo funcionario judicial afirmó que encontraban satisfechos los presupuestos procesales de la acción; v) el curador ad litem respondió dos veces la demanda y nunca puso en evidencia las supuestas irregularidades planteadas en el incidente de nulidad; vi) la nulidad propuesta por quien se había allanado a los hechos de la demanda, y quien actúa de mala fe debió haberse rechazado (fl. 93 y 268, cdno. 2 y 146, cdno. pbas. 3).

12.11. El 18 de agosto de 2004, el juez sexto civil municipal resolvió el recurso de reposición presentado por la parte actora en sentido de denegar los argumentos expuestos por la recurrente, y concedió en efecto suspensivo el recurso de apelación. Consideró que la declaración de nulidad buscó corregir un yerro que no había sido advertido por ese despacho, este es, el cumplimiento de los artículos 1959 y 1960 del Código Civil sobre las formalidades de la cesión. También puso de presente que para septiembre 3 de 2003, fecha en que se surtió el traslado de la nulidad, la abogada Henríquez Baquero no tenía personería, ya que la petición de sustitución se presentó hasta el 22 de septiembre siguiente, “luego no puede decirse que se le privó del medio de defensa como era controvertir el incidente de nulidad”. Aún en el caso de presentarse la situación planteada por la recurrente, según la cual el secretario incurrió en mora ingresando de forma tardía su memorial al despacho, esto no tendría ninguna incidencia en la decisión de decretar la nulidad del proceso (fl. 110 y 272, cdno. 2).

12.12. Mediante memorial del 22 de septiembre de 2004, la abogada Henríquez Baquero, aportó una serie de documentos, dentro de los cuales se resaltan: certificado de cámara de comercio sobre la existencia y representación legal de Inversiones Vima, con fecha de impresión del 3 de septiembre de 2004; estatutos del año 2004 de la empresa estatal unitaria federal Agencia de Información de Rusia “Ria Vesti”; disposición 461 del 4 de septiembre de 1991 “Sobre la constitución de la Agencia de Información de Rusia “Novosti”; y poder de fecha 26 de mayo de 2004, otorgado por Oleg Viacheslavovich Kolesnikov, en calidad de primer director general adjunto de la empresa estatal unitaria federal Agencia de Información de Rusia “Ria Novosti”, a la abogada Blanca Cecilia Henríquez (fl. 126, cdno. pbas. 3).

12.13. En auto del 30 de septiembre de 2004, el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito admitió el recurso de apelación contra la providencia del 20 de enero de 2004, interpuesto por la parte actora en el proceso 2000-0687 (fl. 2 respaldo, cdno. pbas. 3).

12.14. Mediante memorial del 6 de octubre de 2004, la abogada Henríquez Baquero radicó recurso de apelación contra la providencia del 20 de enero de 2004 (fl. 3, cdno. pbas. 3).

12.15. En la decisión de fecha 27 de octubre de 2004(6), el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito, resolvió declarar sin valor ni efecto el proveído de fecha 30 de septiembre, toda vez que el asunto era de mínima cuantía y en consecuencia no era susceptible del recurso de alzada, y en su lugar lo declaró inadmisible (fl. 289 y 292, cdno. 2).

12.16. La abogada Henríquez Baquero interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra dicho auto, y señaló que el recurso de apelación inicial no estaba dirigido contra la sentencia del 29 de julio de 2003, sino contra la decisión que decretó la nulidad de todo lo actuado. El juzgado que profirió la providencia atacada, mediante auto del 2 de diciembre de 2004, aclaró que “los procesos contenciosos de mínima cuantía, como lo es el del caso de autos, no tienen doble instancia, ni respecto de la sentencia, ni de cualquier otra providencia”, y en consecuencia resolvió “1. Mantener en su integridad el auto recurrido, 2. denegar la apelación interpuesta en subsidio, dada su improcedencia”.

12.17. Mediante memorial del 22 de febrero de 2005, la parte demandante en el proceso de restitución de inmueble arrendado procedió a dar cumplimiento al auto del 20 de enero de 2004 que concedió un plazo para subsanar la demanda y solicitó se evaluaran los documentos aportados el día 22 de septiembre de 2004. Reiteró que la Agencia de Información de Rusia, por medio de su órgano competente modificó la razón social, como consta en los estatutos y la solicitud de modificación de la denominación social elevada por Andrei Tchernochtckek y dirigida al Ministerio de Comunicaciones, documentos aportados al plenario. Allegó adicionalmente copia del certificado de tradición y libertad del inmueble objeto de la demanda ordinaria, así como el formulario del registro único tributario expedido por la DIAN, donde consta el nombre de la empresa que representa como propietaria de esas oficinas. En cuanto a la inadmisión de la demanda por el hecho de que el poder esté dirigido al juez del circuito, en vez del juez civil municipal, trajo a colación el artículo 86 y 86 del Código de Procedimiento Civil, y la nota doctrinaria hallada en un código comentado, según la cual “la mala denominación por cualquiera de los litigantes, no es razón valedera para la inadmisión o rechazo de la demanda” (fl. 163, cdno. pbas. 3).

12.17.1. En relación con la irregularidad por la indebida notificación de Inversiones Vima, señaló que esta cambió su lugar de notificación, sin que dicha situación le haya sido comunicada, en desconocimiento del artículo 12 de la Ley 820 de 2003, con lo cual no le es reprochable la necesidad de notificar a la demandada mediante edicto (ib.).

12.18. Mediante auto del 28 de abril de 2005, el Juzgado Sexto Civil Municipal, confirmó la decisión de fecha 20 de enero de 2004 de inadmitir la demanda y requirió a la parte actora para que procediera a cumplir con lo indicado en el numeral 2º de la parte resolutiva de esta última providencia (fl. 51, cdno. pbas. 3).

12.19. El 16 de junio de 2005, ese despacho rechazó la demanda por falta de subsanación, decisión que fue notificada en estado de fecha 21 de junio de 2005 (ib.).

12.20. La abogada Blanca Cecilia Henríquez Baquero, en nombre propio y en representación de la empresa Estatal Federal Unitaria Agencia de Información Internacional Ria Novosti, interpuso una acción de tutela, por los mismos hechos que fundamentaron la acción de reparación directa y solicitó se revocara el auto del 20 de enero de 2004, para que en su lugar se diera cumplimiento a la sentencia del 29 de julio de 2003 y se siguiera adelante con su ejecución (fallo emitido por el Tribunal Superior de Bogotá en sede de tutela, fl. 245, cdno. 2).

12.20.1. Mediante sentencia del 4 de febrero de 2005, el juzgado 20 Civil del Circuito negó el amparo solicitado, pues consideró que el juzgado accionado aplicó el procedimiento legalmente establecido para el decreto de las nulidades. También indicó que la tutela no puede ser utilizada como un instrumento para activar una tercera instancia o como mecanismo residual para restablecer la validez de decisiones proferidas en un trámite judicial idóneo o cuando el fallo contiene las argumentaciones suficientes para respaldar una posición jurídica del juzgador (ib.).

12.20.2. El Tribunal Superior de Bogotá, mediante providencia del 4 de marzo de 2005, confirmó la decisión apelada, y agregó que la señora Henríquez Baquero carecía de poder para interponer la tutela en representación de la empresa Agencia de Información Internacional Ria Novosti, ya que el que fue aportado no reunía los requisitos de un poder general de conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento Civil y tampoco constituía un poder especial para impetrar la acción de amparo constitucional (ib.).

12.21. La Agencia de Información de Rusia solicitó el 5 de marzo de 2004, la vigilancia administrativa del proceso 2000-0687 de restitución de inmueble arrendado, lo cual motivó dos pronunciamientos de orden disciplinario:

12.21.1. Mediante auto radicado 041-04/123, la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura resolvió compulsar copias de la actuación de vigilancia judicial administrativa con destino a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de que se examinara la conducta del funcionario Fermín González Linares, por cuanto: “llama la atención de la magistrada las múltiples irregularidades que hasta la fecha se han presentado en el trámite del proceso que data desde el año 2000, siendo las más notorias la notificación personal efectuada al curador ad litem, que por falta de cuidado del despacho al momento de notificarlo personalmente demoró la actuación y generó gastos mayores a la parte demandante, así como la persistente demora de la secretaría en ingresar dentro de los plazos de ley los memoriales de las partes al despacho para su decisión; la inoportuna atención a lo dispuesto en diferentes autos, y las tardías notificaciones por estado, frente a lo cual ha habido silencio del funcionario que es el director del proceso, con claro detrimento de los intereses de las partes”. También le ordenó al funcionario imprimirle agilidad a los trámites del proceso en cuestión y un mayor control a los términos en los que la secretaría debía adelantar las notificaciones de las distintas actuaciones judiciales (fl. 99 y 312, cdno. 2).

12.21.2. Mediante fallo del 9 de junio de 2006, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura sancionó a Fermín González Linares, en su condición de juez sexto civil municipal, a multa de 11 días de salario devengado para el año 2004, por la falta al deber funcional previsto en el numeral 5º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, según el cual los funcionarios deberán “Realizar personalmente las tareas que les sean confiadas y responder del uso de la autoridad que les haya sido otorgada o de la ejecución de las órdenes que puede impartir, sin que en ningún caso quede exento de la responsabilidad que le incumbe por la que corresponda a sus subordinados”. De acuerdo con esa instancia, el disciplinado emitió de forma tardía la notificación de actuaciones comprendidas entre el 5 de octubre de 2001 y el 20 de enero de 2004, y alegó que la mora era imputable a las omisiones de la secretaría de su despacho, sin que haya puesto en marcha sus poderes de instrucción y ordenación para exigir mediante el apremio de sanciones, que esa dependencia realizara en términos las notificaciones en cuestión. De lo anterior concluyó la Sala Disciplinaria que el funcionario incurrió en culpa grave en el ejercicio de su cargo, dado que “en momento alguno procuró menguar el disciplinado la perturbación del servicio, la naturaleza esencial del servicio encomendado, la falta de consideración para con los administrados y los efectos de la falta, dada la trascendencia social que implica la ineficacia de la administración de justicia” (fl. 354, cdno. pbas. 2)(7).

IV. Problemas jurídicos

13. En primer lugar, y siguiendo el orden de los presupuestos que deben estar acreditados para declarar la responsabilidad del Estado, se deberá revisar si la parte actora sufrió la violación del debido proceso y el derecho de defensa, en relación con el traslado del incidente de nulidad por medio del auto del 20 de octubre de 2003, el cual se surtió cuando, según aquella, aún no se le había reconocido personería jurídica a la abogada sustituta.

13.1. Seguidamente, se procederá a estudiar si la Rama Judicial incurrió en error jurisdiccional en las otras dos providencias demandadas, esto es: i) el auto de fecha 20 de enero de 2004, notificado en estado del 13 de febrero siguiente, mediante el cual el Juzgado 6º Civil Municipal procedió a anular la sentencia de fecha 29 de julio de 2003, que a su vez había fallado favorablemente las pretensiones de la Agencia de Información de Rusia y ii) la decisión de rechazo de la demanda de agosto de 2005 mediante la cual el despacho “desconoció el escrito de subsanación de la demanda y los anexos aportados a tal fin, nuevamente con argumentos caprichosos”.

13.2. Finalmente, el análisis se deberá centrar en resolver si las pretensiones dirigidas a establecer el manejo inadecuado de las fechas en los libros de diario por parte del juez sexto civil municipal, y la “serie de situaciones que me hacen dudar de la honestidad en el manejo del proceso 687 de 2000…”, constituyen una falla por indebido funcionamiento de la administración de justicia.

V. Análisis de la Sala

14. De conformidad con los hechos probados, la Sala tiene por acreditado el daño, consistente en la imposibilidad de la parte actora de acceder a la administración de justicia, toda vez que el proceso de restitución de inmueble arrendado iniciado por esta, fue declarado nulo hasta la fecha de admisión de la demanda, en auto del 20 de enero de 2004, y al radicar la subsanación de la misma, el juez civil procedió a rechazarla, mediante providencia del 16 de junio de 2005.

14.1. En todo caso, dicho daño sólo podrá serle imputado a la demandada si se acredita el error judicial de las providencias atacadas.

14.2. La sociedad actora también alega el daño generado por la violación del debido proceso por el traslado del incidente de nulidad hecho por medio del auto del 20 de octubre de 2003, cuando aún no se le había reconocido personería jurídica, pese a que radicó el escrito de sustitución de poder el 22 de septiembre, evento que también constituyó una “dilación en el manejo del proceso, especialmente cuando se radicó poder de sustitución”.

14.3. Conforme a los hechos probados, se tiene que en efecto la abogada Adriana Cáceres Lizarazo, quien venía adelantando la representación de la sociedad demandante en el proceso de restitución de inmueble, allegó escrito el 22 de septiembre de 2003, sustituyendo poder a la abogada Blanca Cecilia Henríquez Baquero. No obstante, el despacho del juez sexto municipal le reconoció personería a esta última mediante auto del 20 de enero de 2004, misma fecha del auto por medio del cual decretó la nulidad de la actuación.

14.4. Entre las anteriores dos actuaciones, el curador ad litem, en memorial de fecha 14 de agosto de 2003, solicitó al juez de conocimiento declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso, y en subsidio interpuso recurso de apelación, escritos respecto de los cuales el juez corrió traslado a la parte demandante en auto del 20 de octubre de 2003.

14.5. De manera que, es cierto que el juez reconoció personería a la nueva abogada hasta el 20 de enero de 2004, esto es, 4 meses después de la petición elevada en este sentido y en una fecha posterior a la notificación del trámite incidental de nulidad.

14.6. Sin embargo, de conformidad con el artículo 68 del Código de Procedimiento Civil, la sustitución de poder no requiere de un reconocimiento expreso de la personería jurídica para que el nuevo abogado pueda actuar dentro del proceso judicial:

ART. 68.—Sustituciones. Podrá sustituirse el poder siempre que la delegación no esté prohibida expresamente. La actuación del sustituto obliga al mandante.

Para sustituir un poder debe procederse de la misma manera que para constituirlo. Sin embargo, el poder conferido por escritura pública, puede sustituirse para un negocio determinado, por medio de memorial.

Quien sustituye un poder podrá reasumirlo en cualquier momento, con lo cual quedará revocada la sustitución.

14.7. Además, del artículo citado también establece que “La actuación del sustituto obliga al mandante”, es decir, la sustitución no produce la terminación del mandato, por lo que el apoderado principal conserva frente al mandante todas las responsabilidades derivadas del contrato, al punto que puede reasumir el poder en cualquier momento, por lo que la falta de reconocimiento de personería del abogado sustituto no es óbice para que aquel actúe.

14.8. Finalmente, y de forma más relevante, se tiene que Blanca Cecilia Henríquez Baquero tuvo la oportunidad de refutar la decisión que decretó la nulidad, mediante el recurso de reposición interpuesto el 18 de febrero de 2004, con lo cual no se evidencia violación alguna al debido proceso, o a su corolario derecho de defensa.

14.9. Esta pretensión será entonces desechada por ausencia de daño, dado que no hubo una violación del derecho de defensa en tanto no se requería de un reconocimiento expreso de la personería a la abogada sustituta para que esta pudiera actuar, y toda vez que la radicación de sustitución no era un impedimento para que la abogada principal pudiera intervenir durante el término de traslado de la solicitud de nulidad.

15. De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado está obligado a responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que sean causados por las acciones u omisiones de todas las autoridades públicas, incluyendo las judiciales. Con esta disposición se superó definitivamente la posición jurisprudencial según la cual los errores cometidos por los funcionarios judiciales, en desarrollo de su actividad, comprometían la responsabilidad personal del servidor público, bajo el supuesto de que este hubiera actuado con “error inexcusable”, y no la del Estado(8).

15.1. En este sentido la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, reguló ampliamente el tema de la responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento de esta rama del poder público y estableció tres supuestos: el error jurisdiccional (art. 67), el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia (art. 69) y la privación injusta de la libertad (art. 68)(9).

15.2. De acuerdo con estas normas, el error judicial es aquel que se materializa en una providencia proferida por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, mientras que hay defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en todos aquellos eventos en los que los daños cuya indemnización se reclama se derivan de la función jurisdiccional, pero no de lo decidido en providencias judiciales. En ese sentido la Sección Tercera ha sostenido(10):

La doctrina española para diferenciar el error judicial del defectuoso funcionamiento explicó:

“…nos encontramos en el dominio de la responsabilidad por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, siempre y cuando la lesión se haya producido en el ‘giro o tráfico jurisdiccional’, entendido éste como el conjunto de las actuaciones propias de lo que es la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (excluidas las actuaciones de interpretar y aplicar el derecho plasmadas en una resolución judicial que, como se acaba de indicar, caerán en el ámbito del error judicial); a sensu contrario, no entrarían en este concepto aquéllas actividades que produjesen un daño —incluso si éste fuese identificado plenamente como achacable a la actuación de un juez o magistrado— si su actuación no se hubiese realizado en el mencionado ‘giro o tráfico jurisdiccional’, sino en otro tipo de actuaciones distintas.

En definitiva, en el régimen establecido para la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia habrán de incluirse las actuaciones que, no consistiendo en resoluciones judiciales erróneas, se efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho”(11).

Así también lo previó el legislador colombiano cuando dispuso que, fuera de los casos de error jurisdiccional y privación injusta de la libertad, “quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación” (L. 270/96, art. 69)».

15.3. Los presupuestos que deben reunirse en cada caso concreto para que pueda predicarse la existencia de un error jurisdiccional, se encuentran establecidos en el artículo 67 de la Ley 270 de 1996:

ART. 67.—Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:

1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.

2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme.

15.4. En relación con el primer presupuesto, la Sección Tercera de Consejo de Estado ha precisado, de una parte, que el error judicial solo se configura si el interesado ha ejercido los “recursos de ley” pues si no agota los medios de defensa judicial que tiene a su alcance el perjuicio sería ocasionado por su negligencia y no por el error judicial; “en estos eventos se presenta una culpa exclusiva de la víctima que excluye la responsabilidad del Estado”(12). Y de otra parte, que los “recursos de ley” deben entenderse como “los medios ordinarios de impugnación de las providencias, es decir, aquellos que no sólo permiten el examen limitado de la decisión con el objeto de corregir los errores de toda clase, tanto de hecho como jurídicos, sino que pueden interponerse sin sujeción a las rígidas causales que operan para los extraordinarios, los que adicionalmente requieren para su trámite la presentación de una demanda”(13).

15.5. En segundo término, la norma exige que el error se encuentre contenido en una providencia judicial que esté en firme, lo cual tiene pleno sentido ya que si la misma todavía puede ser impugnada a través de los recursos ordinarios, no se configura el error judicial.

15.6. Finalmente, es necesario que la providencia sea contraria a derecho, lo cual no supone que la víctima de un daño causado por un error jurisdiccional tenga que demostrar que la misma es constitutiva de una vía de hecho por ser abiertamente grosera, ilegal o arbitraria. Basta, en estos casos, que la providencia judicial sea contraria a la ley, bien porque surja de una inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), de la falta de aplicación de la norma que corresponde al caso concreto o de la indebida aplicación de la misma (error de derecho)(14).

15.7. Adicionalmente, se deben analizar los argumentos esgrimidos por la parte actora, con el fin de detectar si lo que se cuestiona es, realmente, una actuación contraria a la ley o carente de justificación, o si el propósito del demandante es que se revise la decisión, como si el proceso en sede administrativa pudiera constituirse en una nueva instancia, desconociendo que “el juicio al que conduce el ejercicio de la acción de reparación directa tiene como presupuesto la intangibilidad de la cosa juzgada que reviste a las providencias judiciales a las cuales se endilga la causación de un daño antijurídico (…)”(15).

16. En el caso concreto se tiene que, de acuerdo con el petitum de la demanda, la actora pretende que se declare la responsabilidad de la Rama Judicial por error judicial, respecto de la decisión de fecha 20 de octubre de 2004, mediante la cual se declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso de restitución de inmueble arrendado a partir del auto del 20 de junio de 2000, por cuanto se fundamentó en una indebida notificación, causal que no se encuentra consagrada en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil y toda vez que se trata de una providencia que contiene “argumentos no jurídicos sino caprichosos”.

16.1. Se constata que la parte actora cumplió con los requisitos formales para que proceda el análisis de fondo del error judicial.

16.2. La providencia del 20 de enero de 2004 se encuentra en firme. La parte demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra dicha decisión, el 18 de febrero siguiente. El primer recurso fue resuelto mediante providencia del 18 de agosto de 2004, la cual se fijó en estado Nº 68 de esa misma fecha. El segundo recurso fue despachado en desfavor de la interesada, mediante providencia de fecha 27 de octubre de 2004, por el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito, que declaró sin efecto el proveído mediante el cual ese mismo despacho lo había admitido. Si bien la apelante dirigió otro memorial al juez de segunda instancia insistiendo en que se diera trámite al recurso impetrado, lo cual propició la emisión del auto del 2 de diciembre de ese año, el memorial y su respuesta no tuvieron la entidad de revivir los términos de ejecutoria de la decisión que negó darle curso a la apelación incoada.

16.3. De lo anterior se tiene que, la decisión de nulidad quedó ejecutoriada una vez el auto del 27 de octubre de 2004 quedó en firme. De conformidad con el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil “la notificación de los autos que no deba hacerse personalmente, se cumplirá por medio de anotación en estados que elaborará el secretario. La inserción en el estado se hará pasado un día de la fecha del auto”, y conforme a lo estipulado en el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil “Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas”, de manera que la fijación en estado se debió realizar el jueves 28 de octubre y su desfijación el miércoles 3 de noviembre de 2004, fecha en que habría quedado ejecutoriada.

16.4. En cuanto a los recursos de ley, la sociedad demandante repuso y apeló la providencia del 20 de enero de 2004, como se desprende del memorial de fecha 18 de febrero de 2004, aunque sólo procedía interponer el recurso de reposición, toda vez que el asunto era de mínima cuantía(16).

16.5. En la motivación de su decisión, el juez sexto civil municipal señaló que los artículos 1959 y 1960 del Código Civil ordenan que para que una cesión surta efectos jurídicos se debe notificar a la parte cesionaria y se debe entregar el contrato, y que en el caso en estudio ninguna de las dos cosas tuvo lugar. Así, en tanto la Agencia de Rusia Novosti cedió sus derechos a la Agencia Vesti, y omitió notificar de dicha situación a los arrendatarios demandados, dicha cesión no puede cobrar “los efectos jurídicos pertinentes”. Además, la parte actora aportó un poder que no está dirigido a ese juzgado, y olvidó allegar el certificado de existencia y representación de la sociedad Inversiones Vima, evento que impidió que se le haya notificado en debida forma. Para el juzgador, estas irregularidades, así como lo sugirió el curador ad litem, constituyen las causales de nulidad consagradas en los numerales 7º y 8º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil (fl. 145, cdno. pbas. 3).

16.6. De conformidad con el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil:

ART. 140.—Causales de nulidad. El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

(…).

7. Cuando es indebida la representación de las partes. Tratándose de apoderados judiciales esta causal sólo se configurará por carencia total de poder para el respectivo proceso.

8. Cuando no se practica en legal forma la notificación al demandado o a su representante, o al apoderado de aquél o de éste, según el caso, del auto que admite la demanda o del mandamiento ejecutivo, o su corrección o adición.

16.7. En relación con la causal 7 citada, relativa a la nulidad por indebida representación de las partes, el juez de conocimiento la dedujo de la cesión de los derechos de la Agencia de Información de Rusia Novosti a la Agencia de Información de Rusia Vesti, sin que haya mediado la notificación a la parte demandada de esta circunstancia y el hecho de que la parte actora aportó un poder que no está dirigido a ese juzgado.

16.8. Sin embargo, la Sala no considera que la Agencia de Información de Rusia Novosti haya cedido sus derechos a la Agencia de Información de Rusia Vesti (Novosti), sino que se trató de un cambio de la razón social de la misma persona jurídica.

16.9. En efecto, la parte actora allegó junto con el escrito de la demanda radicada el 24 de abril de 2000, la traducción oficial de la disposición 459 del 18 de mayo de 1998, sobre “Asuntos de la Agencia de Información de Rusia Novosti”, emitido en Moscú por el Gobierno de la Federación Rusa, cuyo único numeral es el siguiente: “1. Transformar la entidad pública Agencia de Información de Rusia “Novosti” en la Agencia de Información de “Rusia Vesti”, denominada en lo sucesivo Ria “Vesti”” (fl. 180, cdno. pbas. 3), y dentro del término de la subsanación de esa demanda aportó la solicitud de modificación de la razón social de “la Agencia registrada” a la Agencia de Información de Rusia “Novosti” (Ria Novosti), elevada por Andrei Tchernochtckek y dirigida al Ministerio de Comunicaciones de Colombia, de fecha 25 de marzo de 1993, así como la carta firmada por el cónsul de la embajada de Rusia en Colombia, dirigida al juez sexto civil municipal, en donde se lee: “La Agencia de Información de Rusia Ria Novosti ha tenido cambio en la denominación de su razón social…” (fl. 199, 202, 209, cdno. pbas. 3)(17), documentos que resultan suficientes para hacer entender que no se trató de una cesión o subrogación de derechos, sino del cambio de la denominación social de una misma persona jurídica.

16.10. En este orden de ideas, no cabe asomo de duda de que quien figura en el contrato de arrendamiento suscrito el 31 de julio de 1993 en calidad de arrendadora —Agencia de Información de Rusia Novosti— es la misma demandante en el proceso de restitución de inmueble arrendado —Agencia de Información de Rusia Vesti Novosti—, evento que impide afirmar que se presentó una indebida representación de las partes.

16.11. El numeral 7º del artículo 140 también contempla la nulidad “por carencia total de poder para el respectivo proceso”, que de conformidad con la doctrina(18):

Esta causal se refiere al aspecto de la representación, tanto de la legal (…) como de la judicial, aun cuando en este caso se configura por carencia total de poder para el respectivo proceso, lo que de entrada ubica la circunstancia como de casi imposible estructuración, dado que se requiere la “carencia total de poder” y si así sucede, simplemente no existe el acto de apoderamiento y la circunstancia se podrá analizar desde la estrecha óptica de la agencia oficiosa.

Dado que la carencia total de poder configura la causal, sería injurídico invalidar la actuación cuando esta ha sido adelantada por abogado que tuvo poder, pero no amplio y suficiente para determinados aspectos, por ejemplo, sólo se les facultó para actuar en primera instancia y lo continuó haciendo en segunda.

16.12. Junto con el escrito de la demanda radicada en el 24 de abril de 2000, la parte actora aportó un poder otorgado en el extranjero y traducido al español, de fecha 8 de diciembre de 1999, dirigido al Juez Civil del Circuito, por Alexey K Volin, en calidad de presidente del Consejo Directivo de la Agencia de Información de Rusia Vesti Novosti, con domicilio en la ciudad de Moscú, a la abogada Adriana Cáceres Lizarazo, “con el fin de que se lleve hasta su terminación proceso de restitución de bien inmueble contra Inversiones Vima, Gustavo Vigoya Valencia y Antonio Jiménez Salazar. Mi apoderada queda facultada con plenas facultades para recibir, transigir pedir y aportar pruebas, denunciar bienes y en general las demás facultades consagradas en el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil” (fl. 167, cdno. pbas. 3).

16.13. El artículo 65 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, exige un solo requisito de fondo respecto de los poderes especiales, y es que en ellos se determine claramente el asunto para el cual se confiere el respectivo mandato, de tal modo que no pueda confundirse con otro. De lo anterior se infiere que, distintas irregularidades a la mencionada en el otorgamiento de un poder especial, se podrían entender como defectos formales.

16.14. El poder concedido por el presidente del consejo directivo de la Agencia de Información de Rusia Vesti Novosti a la abogada Adriana Cáceres Lizarazo, señala que el mandato se hace “con el fin de que se lleve hasta su terminación proceso de restitución de bien inmueble contra Inversiones Vima, Gustavo Vigoya Valencia y Antonio Jiménez Salazar”, con lo cual se cumple con el requisito dispuesto por el artículo en mención.

16.15. Retomando la solicitud de nulidad que elevara el curador ad litem y que fue acogida en la decisión acusada de error, se observa que, en efecto, el poder no se encuentra dirigido al juez civil municipal, quien tenía la competencia del litigio en razón de la cuantía. Sin embargo, para la Sala tal omisión no crea confusión acerca del asunto para el cual se otorgó el mandato ni una “circunstancia como de casi imposible estructuración”, como lo explica la doctrina.

16.16. Si bien el Código Contencioso Administrativo no contempla en forma taxativa como causal de inadmisión de la demanda la insuficiencia de poder, el Código de Procedimiento Civil sí lo hace en el artículo 85, así:

Inadmisión y rechazo de plano de la demanda. El juez declarará inadmisible la demanda:

5. Cuando el poder conferido no sea suficiente.

En estos casos el juez señalará los defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el término de cinco días. Si no lo hiciere rechazará la demanda...

16.17. La indebida representación debe ser aducida como excepción previa(19) y queda saneada por las actuaciones procesales de la parte interesada que no la alegó oportunamente, a menos que se trate de una nulidad insaneable. Así lo ha advertido la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia(20):

De ahí que los artículos 100 y 143 de la misma codificación instrumental prohíban que los hechos que configuran excepciones previas sean alegados como causal de nulidad por el demandante o por el demandado que tuvo la oportunidad de proponerlas y no lo hizo, salvo que el motivo de invalidez sea insaneable (resaltado suplido).

En ese orden de ideas, se debe reparar en que la falta de poder para reclamar la nulidad relativa del contrato de promesa de compraventa que alegó el recurrente no es un concepto que tenga relación con la ineptitud de la demanda, dado que los requisitos formales de ese libelo son los contenidos en los artículos 75 y 76 del Código de Procedimiento Civil y dentro de ellos no se previó la ausencia de dicho anexo (mandato).

4.5. La denunciada irregularidad, atendida su verdadera naturaleza, correspondería a una indebida representación de la sociedad Quimerco S.A. que no fue aducida por los demandados como excepción previa y en tales condiciones, si eventualmente se configurara algún vicio procesal derivado de esa situación, la parte recurrente carece de interés para invocarlo por cuanto de acuerdo con el inciso 3º del artículo 143 ibídem, la nulidad por “indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal forma, sólo podrá alegarse por la persona afectada”.

Si la demandante era la única legitimada para alegar esa deficiencia, que además es saneable, aún en sede de casación (num. 5º, art. 368), eso descarta que pudiera su contraparte aducirlo a través del recurso extraordinario.

16.18. La alta corporación también ha considerado que la ausencia total de poder se da cuando una persona legalmente incapaz actúa en el proceso por sí misma, y no por conducto de su representante legal, o cuando obra en su nombre un representante ilegítimo(21).

Tocante con este motivo de nulidad procesal, esta corporación tiene sentado: “En relación con la indebida representación, que es el supuesto invocado por los recurrentes para fundar la referida causal, es irrefragable el menoscabo de la garantía en cuyo resguardo está establecida, pues quien no ha tenido una representación legítima no ha estado a derecho en el proceso al cual fue vinculado como parte.

“Tal irregularidad, cuando de personas naturales se trata, tiene ocurrencia en aquellos eventos en que un sujeto legalmente incapaz actúa en el proceso por sí mismo, y no por conducto de su representante legal, o cuando obra en su nombre un representante ilegítimo. En tratándose de apoderados judiciales, deviene de la gestión a nombre de otra persona, careciendo por completo de atribución para el efecto”(22).

16.19. Además, en el caso concreto la nulidad alegada por el curador ad litem no tiene el carácter de insaneable. La mención del nombre del juez civil del circuito, en vez del juez civil municipal en el poder otorgado por la parte actora en el proceso de restitución de inmueble arrendado, constituye una insuficiencia parcial del poder que se debía tener por subsanada, al no ser impugnada oportunamente por la parte afectada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 140 y 143 del Código de Procedimiento Civil, pues lo contrario, sería desconocer el derecho que le asiste a toda persona para acceder a la administración de justicia, consagrado en el artículo 229 de la Constitución Política.

16.20. En efecto, la Sala observa que, a pesar de que la irregularidad alegada se originó en el poder que acompañó el libelo introductorio, el curador ad litem no cuestionó nada al respecto, no obstante, sus múltiples intervenciones efectuadas desde la contestación de esa demanda.

16.21. De conformidad con lo anterior, las decisiones del 20 de enero y 18 de agosto de 2004 proferidas por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Bogotá son contrarias a los artículos 140 y 143 del Código de Procedimiento Civil en cuanto declararon una nulidad ya saneada y por lo tanto improcedente.

16.22. La misma situación se presenta en relación con la segunda causal de nulidad invocada por el Juzgado Sexto Civil Municipal, consistente en la irregularidad en la práctica de la notificación a la parte demandada ante la omisión de la actora en aportar el certificado de existencia y representación de la sociedad Inversiones Vima, dado que conforme a los artículos 140 y 143 del Código de Procedimiento Civil debió alegarse oportunamente so pena del saneamiento, como efectivamente ocurrió, si se considera que el curador ad litem omitió alegarla como excepción previa y sólo vino a hacerlo después de múltiples actuaciones suyas en el proceso.

16.23. De conformidad con lo anterior, la Sala considera que le asiste la razón a la parte actora, como quiera que en efecto hay un error judicial en los autos de fecha 20 de enero y 18 de agosto de 2004, mediante los cuales el Juzgado 6º Civil Municipal procedió a anular la sentencia de fecha 29 de julio de 2003, de manera contraria a lo dispuesto en los artículos 140 y 143 del Código de Procedimiento Civil pues ya no se podía invocar por haber quedado saneada en el proceso.

17. Ahora bien, el tribunal a quo consideró que la parte demandante en el proceso de restitución de inmueble arrendado guardó silencio durante el término de traslado de la petición de nulidad, tal como se desprende del auto de fecha 3 de septiembre de 2003, evento que, según esa instancia, se erigió en el hecho de la víctima concurrente con el error judicial contenido en la providencia del 20 de enero de 2004.

17.1. La Sala no comparte dicho planteamiento, toda vez que la omisión en el ejercicio de los recursos de ley se predica, en el caso en estudio, de la providencia atacada, esto es, la que declaró la nulidad de todo el proceso, es decir, el auto del 20 de enero de 2004, y como se manifestó, la parte afectada interpuso el recurso de reposición e incluso, de forma errada, el de apelación, con lo cual habría cumplido con la diligencia que exige el artículo 67 de la Ley 270 de 1996, previo a demandar en error judicial una providencia.

18. La segunda providencia demandada por error judicial, es aquella del 16 de junio de 2005, que rechazó la demanda por falta de subsanación, decisión que fue notificada en estado de fecha 21 de junio de 2005, y en la cual se lee (fl. 57, cdno. pbas. 3):

Revisado el expediente y determinado el paso procesal subsiguiente, no se aprecia en parte alguna que se haya subsanado en legal forma la demanda conforme a lo requerido por el juzgado en auto de fecha 20 de enero de 2004. Veamos:

1. No se aportó poder especial dirigido a este despacho, donde se determine claramente el proceso concreto que nos ocupa.

2. No se allegó documento idóneo que acredite la existencia y representación de la persona jurídica de Inversiones Vima.

3. No se acreditó con documento idóneo la existencia y representación de la demandante, que despeje la duda sobre su nombre, esto es, si la signante del contrato de arrendamiento Agencia de Información de Rusia Novosti cambió su nombre y ahora es Agencia de información de Rusia Vesti, o si se trata de otra persona jurídica.

4. De surgir que la demandante no cambió su nombre, sino que es persona jurídica diferente, la última nombrada no acreditó la cesión del contrato de arrendamiento que la legitime para instaurar la presente acción.

5. Finalmente, los documentos precedentes aportados (fls. 52-56) son copias simples sin ningún valor probatorio que por ende no prueban nada.

18.1. Toda vez que el asunto surtido a instancias del Juzgado Sexto Civil Municipal era de mínima cuantía, no era susceptible del recurso de alzada, razón por la cual se entienden cumplidos los requisitos formales para iniciar el análisis del error judicial.

18.2. En relación con la primera causal de rechazo de la demanda, de acuerdo con la cual la parte demandante no aportó “poder especial dirigido a este despacho, donde se determine claramente el proceso concreto que nos ocupa”, se recuerda lo mencionado anteriormente sobre los casos en los que es procedente establecer la ausencia total de poder, y donde se resalta la posición excesivamente rigurosa del juzgado, contraria al mandamiento del artículo 228 de la Constitución Política, que establece la primacía del derecho sustancial.

18.3. En cuanto a la cuarta causal de rechazo, según la cual la parte actora “no acreditó la cesión del contrato de arrendamiento que la legitime para instaurar la presente acción”, por cuanto, como se afirma en la tercera causal, “la signante del contrato de arrendamiento Agencia de Información de Rusia Novosti cambió su nombre y ahora es Agencia de información de Rusia Vesti”, se estableció anteriormente que, de los documentos aportados junto con la subsanación de la demanda instaurada en abril del año 2000, es claro que se trató de un cambio de denominación de la razón social de la demandada.

18.4. Por lo tanto, la Sala confirmará en este sentido el fallo emitido por el a quo, de acuerdo con el cual el auto de rechazo adoleció de varias irregularidades, ya que se desconocieron abiertamente los elementos probatorios que permitían entrever que no hubo una cesión de derechos, sino que la Agencia de Información de Rusia Novosti fue transformada en la Agencia de Información de Rusia Ria Novosti, y que en consecuencia, la arrendadora y la demandante constituían la misma persona jurídica.

18.5. La misma situación aplica para la causal de rechazo de la demanda con base en que la parte actora “no acreditó la cesión del contrato de arrendamiento que la legitime para instaurar la presente acción”, pues como se estableció anteriormente, de los documentos aportados junto con la subsanación de la demanda instaurada en abril del año 2000, es claro que se trató de un cambio de denominación de la razón social de la empresa.

18.6. La segunda causal de rechazo se dio por la omisión en allegar el “documento idóneo que acredite la existencia y representación de la persona jurídica de Inversiones Vima”.

18.7. En efecto, el artículo 77 del Código de Procedimiento Civil estipula que los anexos de la demanda deben ser, entre otros: “3. La prueba de la existencia de las personas jurídicas que figuren como demandantes o demandados, excepto los municipios, y las entidades públicas de creación constitucional o legal. 4. La prueba de la representación de las personas jurídicas que figuren como demandantes o demandadas, salvo cuando se trata de la Nación, departamentos, municipios, intendencias o comisarías”.

18.8. No obstante, a diferencia de lo afirmado en la decisión que rechazó la demanda, la parte actora sí cumplió con dicho requisito. Una vez el Juzgado Sexto Civil Municipal, mediante auto del 18 de agosto de 2004, resolvió en sentido negativo el recurso de reposición interpuesto por la parte actora contra la decisión del 20 de enero de 2004 que declaró la nulidad de la actuación surtida en el proceso de restitución de inmueble arrendado, esta, en espera de la resolución del recurso de apelación interpuesto de forma subsidiaria, radicó mediante memorial del 22 de septiembre de 2004 una serie de documentos, dentro de los cuales se encuentra el certificado de cámara de comercio sobre la existencia y representación legal de Inversiones Vima Ltda. expedido por la Cámara de Comercio, con fecha de impresión del 3 de septiembre de 2004 (fl. 121, cdno. pbas. 3).

18.9. Si bien la Sala consideró, en sede de análisis del error judicial en el auto del 20 de enero de 2004, que los documentos allegados mediante el memorial del 22 de septiembre de 2004 no pudieron ser tenidos en cuenta por el juez para efectos de controvertir dicha providencia, debido a que fueron aportados con posterioridad a la fecha en que ese despacho ya había resuelto el recurso de reposición (ver supra párr. 12.12 y nota al pie 17), sí debieron ser valorados para efectos de la subsanación de la demanda.

18.10. De manera que, se confirmará en este aspecto la sentencia de primera instancia que evidenció el mismo hecho y reprochó la falta de valoración de los elementos probatorios.

18.11. La tercera causal de rechazo merece mayor atención. Esta se basa en la ausencia del “documento idóneo que pruebe la existencia y representación de la demandante”, y no por la razón que alude el despacho judicial, sobre la imposibilidad de identificar si la persona jurídica signataria del contrato de arrendamiento corresponde a la misma que acude como demandante en la acción de restitución de inmueble arrendado, circunstancia ya resuelta por la Sala, sino en atención a lo dispuesto por el artículo 77 del Código de Procedimiento Civil según el cual dentro de los anexos de la demanda se encuentra “3. La prueba de la existencia de las personas jurídicas que figuren como demandantes o demandados”.

18.12. No sería procedente afirmar, como lo hizo el tribunal a quo, que se trató de una casual de rechazo que no fue puesta de presente en el auto del 20 de enero de 2004 que ordenó subsanar la demanda, toda vez que dicho requisito se encuentra estipulado en la ley y es deber de la parte interesada hacerla cumplir.

18.13. Ahora bien, la duda surge sobre el documento idóneo necesario para probar la existencia y representación de la agencia de prensa Ria Novosti en cuanto a su origen extranjero.

18.14. La Agencia de Información de Rusia allegó en la etapa para subsanar la demanda radicada el 24 de abril de 2000, la Resolución 3887 del 16 de octubre de 1979, “Por la cual se inscribe una agencia de prensa extranjera”, emitida por el Ministerio de Comunicaciones de Colombia, en la cual se lee lo siguiente:

El Ministro de Comunicaciones, en ejercicio de sus facultades legales, y en especial de las que le confiere el Decreto 317 de 1963, y

Considerando que:

Primero: El artículo 1º del Decreto 317 de 1963, establece que “las agencias de prensa extranjeras deberán inscribirse ante la secretaría general del Ministerio de Comunicaciones, acreditando su existencia en legal forma.

Segundo. Por medio de la Resolución 1705 del 23 de mayo de 1978, el Ministerio de Comunicaciones estableció los requisitos necesarios para inscribir las agencias de prensa extranjeras.

Tercero. El señor José Arizala Posso, identificado con la cédula de ciudadanía 2.228.641 de Ibagué, en su calidad de representante legal en Colombia de la Agencia de Prensa Novosti-APN, con sede principal en Moscú-Rusia, solicitó por memorial del 4 de agosto de 1979 la inscripción de dicha agencia para operar en el territorio colombiano, acompañado de los documentos que se relacionan a continuación y que hacían falta en el expediente de dicha agencia.

A) Copia del documento de constitución de la agencia de prensa Novosti APN, autenticada ante notario público en Moscú-Rusia y por el cónsul general de dicha ciudad. B) Certificado de paz y salvo con el tesoro público.

Resuelve: Inscribir en el Ministerio de Comunicaciones, de acuerdo con la Resolución 1795 del 23 de mayo de 1978, la agencia de prensa Novosti-APN-con el fin de que pueda desarrollar sus actividades en el territorio nacional.

18.15. La actora también aportó, como ha quedado establecido, copia de los estatutos de la Agencia de Información de Rusia para los años 1998 y 2004, traducidos por traductor oficial (ver supra párr. 12.12 y nota al pie 17).

18.16. Los estatutos de la Agencia de Información de Rusia inscritos ante el Ministerio de Comunicaciones “con el fin de que pueda desarrollar sus actividades en el territorio nacional”, acreditan su existencia en legal forma y su representación, como se expresó en el acto de inscripción revestido de la presunción de legalidad.

18.17. Finalmente, en relación con la causal de rechazo número cinco del auto del 16 de junio de 2005, según la cual “los documentos precedentes aportados (fls. 52-56) son copias simples sin ningún valor probatorio que por ende no prueban nada,” se considera que no tiene la entidad para generar la consecuencia declarada por el juez civil, ya que, como lo estableció la Sala, los dos poderes allegados en copia simple no se debieron pedir en un principio, toda vez que en el plenario del proceso civil ordinario de mínima cuantía se encontraba el poder debidamente otorgado por la parte actora y que a pesar de encontrarse dirigido al juez civil del circuito reparto, esto sólo constituyó, si acaso, un defecto parcial que se entendió subsanado al no ser oportunamente alegado por la parte afectada (ver supra párr. 16.20).

18.18. De conformidad con el desarrollo que antecede, la Sala declarará igualmente el error judicial contenido en la providencia del 16 de junio de 2005, mediante la cual el Juzgado Sexto Civil Municipal declaró el rechazo de la demanda de restitución de inmueble arrendado promovida por la Agencia de Información de Rusia Ria Novosti, en omisión de los elementos probatorios que se allegaron oportunamente para subsanar los defectos advertidos en la inadmisión.

19. La parte actora también puso de presente el manejo inadecuado de las fechas en los libros de diario, puesto que, para septiembre de 2003 encontró únicamente “la última anotación en el cuaderno 13 del libro radicador, folio 384, el cual aparecía con salida del despacho el 5 de agosto con sentencia. No sabía nada más, si entró al despacho debió haber quedado para registrado en el libro de diario, pero no fue así. Noto entonces una serie de situaciones que me hacen dudar de la honestidad en el manejo del proceso 687 de 2000…”. Agregó que elevó una petición al juzgado con la intención de esclarecer estas irregularidades y ante el silencio del despacho, se vio obligada a acudir a una acción de tutela que conminó al juez sexto civil municipal a dar respuesta.

19.1. Se inicia por indicar que la actora a través de apoderada acudió a la acción de tutela por las mismas razones que la motivaron a iniciar un proceso de reparación directa, pero que, distinto a lo que sostiene, el Juzgado 20 Civil del Circuito negó el emparo solicitado, mediante sentencia del 4 de febrero de 2005, la cual fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá, en providencia del 4 de marzo de 2005 (ver supra párr. 12.20).

19.2. Esta pretensión no tiene vocación de prosperidad; los libros radicadores contienen las anotaciones de la fecha de las providencias, su naturaleza y la fecha de su notificación, y su uso atiende más a una práctica judicial que busca facilitar la información de los procesos judiciales a los usuarios de la justicia, que a una obligación plasmada en la ley. Además, la mora en anotar alguna de esas actuaciones, o la advertencia de tachaduras o enmendaduras en sus páginas, no impide que la parte interesada proceda a pedir el expediente con el propósito de revisar en él directamente las actuaciones.

19.3. No sobra mencionar que las pretensiones de la parte actora se orientan a enjuiciar la conducta del funcionario que fungió como Juez Sexto Civil Municipal, aspecto que escapa a la competencia de esa jurisdicción, pues corresponde a la justicia disciplinaria, y que como quedó consignado en las dos providencias emitidas en el curso de la vigilancia administrativa del proceso 2000-0687 de restitución de inmueble arrendado, iniciado por ella el 5 de marzo de 2004, en efecto merecieron una amonestación de este carácter (ver supra párr. 12.21).

VI. Liquidación de perjuicios

20. En tanto la Sala confirmó el error judicial contenido en i) el auto del 20 de enero de 2004, mediante el cual el Juzgado Sexto Civil Municipal anuló el proceso de restitución de inmueble arrendado, incluida la sentencia de fecha 29 de julio de 2003 y ii) la providencia del 16 de junio de 2005, que rechazó la demanda por falta de subsanación, se evidencia la ocurrencia de una afectación relevante a una garantía constitucional y convencionalmente amparada consistente en el derecho de acceso a la administración de justicia.

20.1. La jurisprudencia de la Sección ha precisado que la reparación de este tipo de perjuicios debe realizarse, siempre que sea posible, a través de medidas de restitución in natura, que restablezcan en lo posible el derecho afectado, en aras de obtener su reparación integral.

20.2. En sentencia de unificación de 14 de septiembre de 2011(23), se sostuvo que las afectaciones a bienes o derechos constitucional o convencionalmente deben ser reconocidos como una tercera categoría de daños inmateriales autónomos. Bajo esta óptica, se sistematizó en su momento de la siguiente manera:

La tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta corporación.

20.3. En una posterior decisión de unificación(24), la Sección Tercera de esta corporación precisó las características del daño a bienes o derecho convencional y constitucionalmente amparados como una nueva categoría autónoma de daño inmaterial.

20.4. En el mismo pronunciamiento precisó la Sección que los objetivos de la reparación de esa categoría autónoma de daño son: el restablecimiento pleno de los derechos de las víctimas, su restitución más aproximada al statuo quo ante, las garantías de no repetición y la búsqueda de la realización efectiva de la igualdad sustancial. También se precisó que frente a la vulneración de este tipo de daños autónomos, se prefieren las medidas no pecuniarias de satisfacción y no repetición, por encima de las relacionadas con compensaciones monetarias. No obstante, estas últimas serían procedente cuando las medidas no patrimoniales carecen de eficacia práctica, casos en los cuales podría reconocerse una indemnización de hasta cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

20.5. En efecto, sería lo ideal poder reparar la transgresión a la garantía constitucional vulnerada mediante medidas de carácter no pecuniario que pudieran derivar en un restablecimiento material del derecho al recurso judicial efectivo del demandante. Sin embargo, ante la inexistencia de alguna medida restaurativa que permita reparar el daño en su forma natural y plena, corresponde reconocer una indemnización pecuniaria en favor de la sociedad actora por violación del derecho de acceso a la administración de justicia, cuyo monto se determinará con aplicación de la metodología del arbitrio judicial.

20.6. Cabe precisar al respecto que lo procedente es que la Sala fije en salarios mínimos la indemnización de perjuicios a favor del peticionario(25), con aplicación de la facultad discrecional que le asiste frente a estos casos(26), la cual está regida por los siguientes parámetros: a) la indemnización del perjuicio se hace a título de compensación, pues “… la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia…”(27), mas no de restitución ni de reparación; b) la tasación debe realizarse con aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; c) la determinación del monto debe estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso y que están relacionados con las características del perjuicio; y d) debe estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad(28).

20.7. Para su cuantificación la Sala tendrá en cuenta casos proferidas por la Subsección B del Consejo de Estado, en los que también se declaró la responsabilidad del Estado por la denegación del acceso a la administración de justicia. En un caso en el que, la Sala consideró que los autos de rechazo de la acción de tutela, emitidos por la Corte Suprema de Justicia, en una demanda de tutela contra la providencia que había resuelto el recurso extraordinario de casación en un asunto laboral, emitida por esa corporación, constituían error judicial, condenó a la entidad demandada a pagar 10 smlmv, por concepto de indemnización de perjuicios por la afectación del derecho de la actora al acceso a la administración de justicia(29). En otro caso, declaró la responsabilidad de la Nación-Rama judicial por la falla en la administración de justicia derivada de la demora injustificada y que resultó en la prescripción de la acción penal, evento que le impidió al actor en reparación directa resarcir el perjuicio sufrido en el curso del proceso civil y condenó a la Rama Judicial a pagar 30 smlmv por concepto perjuicios morales. Se puso de presente que el Juzgado Penal Municipal, había emitido un fallo condenatorio, en sede de primera instancia, en contra de los investigados, y les había ordenado pagar en forma solidaria a favor del sujeto pasivo del delito, una suma de dinero por concepto de perjuicios materiales y morales(30). En otra providencia se condenó a la Fiscalía general de la Nación, por la violación al derecho a una tutela judicial de las dos actoras, madre e hija, quienes se vieron imposibilitadas de acceder a la justicia, con ocasión de la prescripción de la acción penal por el delito de lesiones personales culposas, por el accidente de tránsito en el que resultaron heridas, y se condenó a la demandada a pagarle a cada una, por concepto de perjuicios morales, la suma de 28 smlmv. Para el momento de la prescripción, la Fiscalía había confirmado la resolución de acusación en contra del sindicado(31). En un cuarto evento, se condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagar a la sociedad actora el equivalente a 40 smlmv, como indemnización por el daño producido por la transgresión al derecho de acceso a la administración de justicia, debido a que la acción penal se extinguió por prescripción(32). En esta ocasión, el ente investigador alcanzó a calificar el mérito del sumario y dictó resolución de acusación e imposición de medida de aseguramiento en contra del sindicado.

20.8. De conformidad con lo anterior, la Sala condenará a la entidad demandada a pagar a la sociedad actora el valor equivalente a 30 smlmv por concepto de indemnización de perjuicios por la afectación de su derecho de acceso a la administración de justicia, teniendo en cuenta que el actor logró obtener una sentencia favorable a sus pretensiones en un proceso de única instancia.

21. La sociedad actora solicitó, en el escrito de la demanda, como indemnización de los perjuicios por la falla del servicio de la Rama Judicial, aquellas erogaciones en las que había incurrido con ocasión del incumplimiento de la sociedad Inversiones Vima Ltda. y los señores Gustavo Vigoya Valencia y Antonio Jiménez Salazar, del contrato de arrendamiento suscrito el 1º de agosto de 1993, respecto del inmueble ubicado en la cra. 7 Nº 14-40, piso 7, edificio Valher, de la ciudad de Bogotá, las cuales corresponden al pago de la administración que debió asumir, calculado en la suma de $ 60.000.000 y los dineros que, por concepto de arrendamiento, dejó de percibir, estimados en USD $ 2.000 anuales (párr. 1.1).

21.1. El reconocimiento de dichos perjuicios será denegado; de un lado, no se relacionan con las pretensiones elevadas en el proceso de restitución de inmueble arrendado, sino con un proceso ejecutivo de pago de cánones de arrendamiento.

21.2. Del otro, el actor ni siquiera habría accedido a dichos pagos, aún si, en gracia de discusión, se hubiera dado cumplimiento del fallo emitido por el Juzgado 6º Civil Municipal, de fecha del 29 de julio de 2003, el cual únicamente i) declaró terminado el contrato de arrendamiento suscrito entre la Agencia de Información de Rusia Ria Novosti como arrendadora e Inversiones Vima, Gustavo Vigoya Valencia como persona natural y en calidad de representante legal de aquella y Antonio Jiménez Salazar, ii) ordenó que dentro de los dos días hábiles siguientes a la ejecutoria de la sentencia los demandados procedieran a restituir a la demandante el inmueble objeto del contrato en mención, so pena de que se comisionara al inspector de Policía de la zona respectiva mediante despacho comisorio, y iii) concedió a la demandante el derecho de retención sobre los bienes de propiedad de los demandados que se encontraran en el inmueble objeto de la restitución (párr. 12.4).

21.3. Así mismo, si bien en la declaración de nulidad procesal y finalmente el rechazo de la demanda se privó a la actora de la posibilidad de restituir el inmueble, a partir de la ejecutoria de la sentencia que así lo ordenó el 29 de julio de 2003, situación que se mantuvo hasta cuando se rechazó la demanda, esas decisiones no impidieron que la actora continuara devengando dinero por concepto de cánones de arrendamiento y, en todo caso, en el sub judice no se acreditó lo contrario.

21.4. En consecuencia, los pagos por concepto de gastos de administración que la sociedad actora afirma tuvo que asumir, y los dineros que señala dejó de percibir por concepto de arrendamiento, no serán reconocidos, y en este sentido se confirmará la sentencia apelada.

21.5. El actor también solicitó el pago de los gastos en los que tuvo que incurrir en el curso del proceso de restitución de inmueble arrendado, tales como los honorarios de abogado, por el valor de $ 68.550.000; el traslado de funcionarios desde Rusia a Colombia para los años 2003, 2004 y 2005, así como los tiquetes aéreos más viáticos, lo cual estimó en $ 100.000.000; y “gastos propios de los trámites judiciales”, lo cual calculó en $ 1.500.000.

21.6. Los procesos que se surten ante la jurisdicción ordinaria civil deben ser instaurados y adelantados por un abogado inscrito, de lo cual la Sala puede inferir que la parte actora en un proceso de esa índole tuvo que incurrir en los costos de sus honorarios. El proceso civil de restitución de inmueble arrendado iniciado por la Agencia de Información de Rusia, no fue la excepción, ya que en el mismo concurrió la abogada Adriana Cáceres Lizarazo (párr. 12.2), quien mediante memorial radicado el 22 de septiembre de 2003, sustituyó poder a la abogada Blanca Cecilia Henríquez Baquero (párr. 12.9).

21.7. Toda vez que la parte actora no aportó prueba alguna mediante la cual se demostrara el monto pagado por el mencionado concepto, la Sala tomará como referencia los valores contenidos en la Resolución 2 de 30 de julio de 2002(33), de la Corporación Colegio Nacional de Abogados, “CONALBOS”.

21.8. De acuerdo con la tabla de Conalbos, para los casos de restitución de inmueble arrendado, se reconocerá “Un salario mínimo legal vigente y el 15% sobre el valor de los cánones de arrendamiento, correspondiente a un año” (num. 3.10).

21.9. El salario mínimo legal mensual vigente para el año 2000, era $ 260.100, suma que será actualizada de conformidad con la siguiente fórmula:

qqq
 

Donde:

Vp: Valor presente de la renta:

Vh: capital histórico, o suma que se actualiza: $ 260.100

Índice final certificado por el DANE para abril de 2018: 141,05

Índice inicial certificado por el DANE: para enero de 2000: 57,74

qqq1
 

Vp. = $ 635.385

21.10. En tanto el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2018 —$ 781.242— es superior al valor actualizado, se tomará este monto como parte valor total del perjuicio por concepto de daño emergente por gasto de honorarios de abogado.

21.11. De otro lado, el valor del canon de arrendamiento estipulado en el contrato de arriendo de fecha 1º de agosto de 1993, suscrito entre la empresa estatal unitaria federal Agencia de Información de Rusia “Ria Novosti” y la sociedad Inversiones Vima y los señores Gustavo Vigoya Valencia y Antonio Jiménez Salazar, era de 2.000 dólares anuales (contrato de arrendamiento, fl. 7, cdno. 2). Para agosto de 1993, el dólar costaba $ 804,61 pesos(34), de modo que si se hace el ejercicio de la regla de 3, se tiene que 2.000 dólares equivalían a $ 1.609.220. El 15% de dicho valor anual por concepto de cánones de arrendamiento, arroja la suma de $ 241.383, monto que se actualizará con base en la fórmula anteriormente expuesta, en donde:

Vh: capital histórico, o suma que se actualiza: $ 241.383

Índice final certificado por el DANE a para abril de 2018: 141,70

Índice inicial certificado por el DANE: a la fecha del contrato de —1º de agosto de 1993— 20,37

qqq2
 

Vp. = $ 1.679.134,57

21.12. De modo que, si se suman los valores mencionados, esto es, el salario mínimo mensual vigente —$ 781.242— y el 15% del valor del arriendo anual actualizado —$ 1.679.134,57—, se obtiene el monto de $ 2.460.377, el cual será reconocido por concepto de daño emergente por los costos de honorarios de abogado en lo que tuvo que incurrir la parte actora en el proceso de restitución de inmueble arrendado.

21.13. La parte actora también solicitó el pago del daño emergente por los traslados de funcionarios desde Rusia a Colombia para los años 2003, 2004 y 2005, los tiquetes aéreos más viáticos, y “gastos propios de los trámites judiciales”.

21.14. Frente a los dos primeros ítems se considera que, debido a las particularidades del litigio adelantado ante la jurisdicción ordinaria en el cual una de las partes era una agencia extranjera, y que según la parte actora le representaron las erogaciones mencionadas, le correspondía a esta demostrar los perjuicios alegados, y como quiera que no lo hizo, la Sala no tiene más remedio que denegarlos.

21.15. En cuanto al tercer ítem relativo a los “gastos propios de los trámites judiciales”, el cual correspondería a costos de fotocopias, desplazamientos, parqueadero, etc., hace parte de la gestión adelantada por el profesional del derecho y por ende se encuentra incluido en los gastos por concepto de honorarios de abogado, que ya fue reconocido.

21.16. Finalmente, la Agencia de Información de Rusia afirmó que no pudo recuperar el inmueble objeto de arriendo, circunstancia que la obligó a interponer varias acciones judiciales, e incurrir en gastos de honorarios de abogados en Colombia y Rusia, por un valor de USD $ 500 mensuales para cada profesional.

21.17. Resulta apenas lógica que, en tanto la parte actora no pudo acudir a la justicia mediante el proceso de restitución de inmueble arrendado iniciado el 24 de abril de 2000 (párr. 12.2), seguramente buscó iniciar otro proceso de la misma índole —pues aún no se encontraba prescrita la acción civil—, o a entrabar otra litis que le permitiera recuperar el bien inmueble de su propiedad.

21.18. No obstante, este perjuicio se entiende resarcido con el reconocimiento de perjuicios por la denegación de la justicia, ya que el hecho de que la parte afectada se vea en la necesidad de iniciar nuevos procesos judiciales, si desea obtener el derecho o indemnización buscada en el proceso de origen, hacen también parte de las costas que para ella conlleva la protección de sus derechos en un proceso distinto.

21.19. En cuanto a los gastos de abogado que debió asumir en esos nuevos procesos, se trata de costas judiciales sobre los que corresponde decidir en esos nuevos procesos, y por lo tanto tampoco serán reconocidos en esta oportunidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, del 14 de noviembre de 2007, la cual quedará así:

1. DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación-Rama Judicial por el error judicial contenido en las providencias del 20 de enero de 2004 y 16 de junio de 2005, proferidas por el Juzgado Sexto Civil Municipal.

2. En consecuencia, CONDENAR a la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a pagar a la Agencia de Información de Rusia Ria Novosti, el valor equivalente a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria del fallo, por concepto de indemnización de perjuicios por la afectación de su derecho de acceso a la administración de justicia.

3. CONDENAR a la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a pagar a la Agencia de Información de Rusia Ria Novosti, el valor de $ 2.460.377 por concepto de daño emergente por el costo de los honorarios de abogado.

4. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

5. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

3 La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00.

4 Consejo de Estado, Sala Plena de Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, expediente 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022), actor: Rubén Darío Silva Alzate y otros, C.P. Enrique Gil Botero.

5 “En el caso sub examine, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada por la entidad demandante y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos.//Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas. (…) Lo anterior no significa que se estén aplicando normas derogadas (retroactividad) o cuya vigencia se encuentra diferida en el tiempo (ultractividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo hermenéutico de las normas procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio, para lo cual puede valorar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v.gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad”.

6 Esta segunda decisión respondió al memorial de la abogada Henríquez Baquero dirigido a ese juzgado, en el que señaló que el recurso de apelación no se interponía contra la sentencia del 29 de julio de 2003, sino contra la decisión que decretó la nulidad de todo lo actuado, a lo cual ese juzgado aclaró mediante esta decisión que “los procesos contenciosos de mínima cuantía, como lo es el del caso de autos, no tienen doble instancia, ni respecto de la sentencia, ni de cualquier otra providencia”, y resolvió “1. Mantener en su integridad el auto recurrido, 2. denegar la apelación interpuesta en subsidio, dada su improcedencia.

7 El funcionario sancionado interpuso recurso de apelación de forma extemporánea contra la providencia en mención, el cual fue por ende rechazado (fl. 370, cdno. pbas. 2).

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 14 de febrero de 1980, expediente 2367. Sobre el particular la Sección Tercera, en sentencia de 22 de noviembre de 2001, expediente 13.164, C.P. Ricardo Hoyos Duque, sostuvo: “Antes de la expedición de la Constitución de 1991 la jurisprudencia de la corporación distinguía la falla del servicio judicial del error judicial. La primera se asimiló a las actuaciones administrativas de la jurisdicción y se reservó el segundo concepto para los actos de carácter propiamente jurisdiccional. En relación con el error judicial cabe señalar que en una primera etapa la jurisprudencia de la corporación se negó a admitir la responsabilidad patrimonial del Estado, con fundamento en el principio de la cosa juzgada y por considerar que este era un riesgo a cargo de todos. Esas limitaciones para declarar la responsabilidad del Estado por error jurisdiccional no estaban fundadas en disposiciones constitucionales o legales, porque si bien la Constitución de 1886 no establecía expresamente la obligación a cargo del Estado de responder por los daños que sus acciones u omisiones causaran a los particulares en desarrollo de la función de impartir justicia, el artículo 16 de la Carta que consagraba el deber de todas las autoridades públicas de proteger a los ciudadanos en su vida, honra y bienes y de asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del estado y de los particulares y que se invocaba como fundamento constitucional de la responsabilidad del Estado por la jurisprudencia de esta corporación, permitía incluir en tal concepto a las autoridades encargadas de dicha función. De igual manera la aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos más conocida como “Pacto de San José de Costa Rica”, incorporada al derecho nacional por la Ley 16 de 1972, permitía deducir responsabilidad del Estado por error judicial toda vez que en su artículo 10 prevé que “toda persona tiene derecho a ser indemnizado conforme a la ley en caso de haber sido condenado en sentencia firme por error judicial”. En el mismo sentido ver sentencias de 2 de mayo de 2007 y 14 de agosto de 2008, expediente 1576 y 16594, respectivamente, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

9 «ART. 65.—De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.// En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad. // ART. 66.—Error jurisdiccional. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley. // ART. 67.—Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos. // 1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial. // 2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme.// ART. 69.—Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación. // ART. 70.—Culpa exclusiva de la víctima. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

10 Sección Tercera, sentencia de 22 de noviembre de 2001, expediente 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

11 [5] Cobreros Mendazona, Eduardo. La responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Madrid. Cuadernos Civitas. 1998, pág. 25.

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, expediente 16594, C.P. Mauricio Fajardo. En el mismo sentido, véase sentencia de 22 de noviembre de 2001, expediente 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

13 Ibídem.

14 De cualquier forma será forzoso analizar con cuidado los argumentos esgrimidos por la parte actora, con el fin de detectar si lo que se cuestiona es, realmente, una actuación contraria a la ley o carente de justificación, o si el propósito del demandante es que se revise la decisión, como si el proceso en sede contencioso administrativa pudiera constituirse en una nueva instancia, desconociendo que “el juicio al que conduce el ejercicio de la acción de reparación directa tiene como presupuesto la intangibilidad de la cosa juzgada que reviste a las providencias judiciales a las cuales se endilga la causación de un daño antijurídico (…)”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, expediente 16.594, C.P. Mauricio Fajardo.

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, expediente 16.594, C.P. Mauricio Fajardo.

16 La cuantía de la demanda de restitución radicada el 24 de abril de 2000 era de $ 1.900.000 (escrito de la demanda, fl. 196, cdno. pbas. 3), valor que para ese año equivalía a 7,3 smlmv, si se tiene en cuenta que el salario mínimo legal mensual vigente correspondía a $ 260.100. De conformidad con los artículos 14 y 19 del Código de Procedimiento Civil, los procesos que versen sobre pretensiones patrimoniales inferiores a 15 smlmv —situación que corresponde al caso en concreto— serán de competencia de los jueces municipales en única instancia: “ART. 14.—Competencia de los jueces municipales en única instancia. Los jueces municipales conocen en única instancia de los procesos contenciosos que sean de mínima cuantía, de los de sucesión de mínima cuantía, y de los verbales de que trata el artículo 435” y “ART. 19.—De las cuantías. Cuando la competencia o el trámite se determine por la cuantía de la pretensión los procesos son de mayor, de menor y de mínima cuantía. Son de mínima cuantía los que versen sobre pretensiones patrimoniales inferiores al equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales; son de menor cuantía los que versen sobre pretensiones patrimoniales comprendidas desde los quince (15) salarios mínimos legales mensuales, inclusive, hasta el equivalente a noventa (90) salarios mínimos legales mensuales; son de mayor cuantía los que versen sobre pretensiones patrimoniales superiores a noventa (90) salarios mínimos legales mensuales./ El valor del salario mínimo legal mensual al cual se refiere el presente artículo, será el que rija al momento de la presentación de la demanda”.

17 También allegó como documentos anexos al memorial del 22 de septiembre de 2004, los estatutos del año 2004 de la empresa estatal unitaria federal Agencia de Información de Rusia “Ria Vesti”, según los cuales: “Es sucesora a plenitud de derechos de la empresa federal estatal unitaria Agencia de Información de Rusia “Vesti (empresa subsidiaria de la Compañía Estatal de Radio y Televisión de Rusia)” y la Disposición 461 del 4 de septiembre de 1991 “Sobre la constitución de la Agencia de Información de Rusia “Novosti”, en la cual se lee: “2. Establecer que Ria Novosti, es sucesora de la Agencia de Información “Novosti”. Ria Novosti. Ria Novosti efectuará la gestión de los fondos fijos y de otros bienes, así como de los recursos financieros, económicos e inversiones básicas, de los que a 1º de agosto de 1991 disponía la Agencia de Información “Novosti” (…). 3. El director general de Ria “Novosti” realizará la reorganización de la agencia y lo presentará al Ministerio de Prensa y medios de comunicación masiva para su aprobación”. No obstante, estos documentos fueron allegados antes de la fecha de ejecutoria de la providencia del 20 de enero de 2004, que como se mencionó en el desarrollo de los requisitos formales del error judicial, es el 3 de noviembre de 2004, pero después de que el juzgado resolvió el recurso de reposición interpuesto por la actora, mediante auto del 18 de agosto de 2004, con lo cual no es posible esperar que el juez los tuviera como una prueba oportunamente aportada.

18 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Procedimiento Civil, Dupre editores, Bogotá, 2009, pág. 918.

19 “Artículo 97. Limitaciones de las excepciones previas y oportunidad para proponerlas. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1º de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6º) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1º, numeral 46 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> El demandado, en el proceso ordinario* y en los demás en que expresamente se autorice, dentro del término de traslado de la demanda podrá proponer las siguientes excepciones previas: 5. Incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado”.

20 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 27 de agosto de 2015, SC11331-2015, radicación 11001-31-03-036-2006-00119-01, M.P. Ariel Salazar Ramírez.

21 Sala de Casación Civil, sentencia del 20 de enero de 2017, SC211-2017, radicación 76001-31-03-005-2005-00124-01, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona.

22 9 CSJ. Civil. Sentencia de 11 de agosto de 1997, expediente 5572.

23 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de Sala Plena del 14 de septiembre de 2011, expediente 19031 y 38222, M.P. Enrique Gil Botero.

24 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de Sala Plena de 28 de agosto de 2014, expediente 32.988, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

25 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, radicación 13232-15646, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

26 Dicha facultad discrecional debe ser ejercida de acuerdo con los lineamientos de la jurisprudencia de la Sala, los cuales “… descartan toda fórmula mecánica o matemática y antes ilustran que esa decisión debe considerar las circunstancias que rodean los hechos y enmarcarse por los principios de razonabilidad…” (sent. jun. 16/94, C.P. Juan de Dios Montes Hernández, rad. 7 445. Igualmente puede verse, entre otras, la sent. feb. 11/2009, rad. N.I. 14726, C.P. Myriam Guerrero de Escobar), decisión que constituye uno de los muchos ejemplos de aplicación de la facultad discrecional en la tasación de perjuicios inmateriales.

27 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, radicación 13232, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, radicación 16205, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

29 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2016, expediente 37 344, Danilo Rojas Betancourth.

30 Sentencia del 13 de noviembre de 2014, radicación 33569, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

31 Sentencia del 29 de abril de 2015, radicación 25327, Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.

32 Sentencia del 2 de mayo de 2016, radicación 37111, C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.

33 Se aplicarán las tablas de Conalbos de esta fecha en tanto la demanda de restitución de inmueble arrendado se radicó el 24 de abril de 2000 ante el juez civil municipal reparto (párr. 12.2)

34 Esto de acuerdo con las tablas sobe el histórico del dólar publicadas por el Banco de la República. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jCI0W3YEbGQJ:www.banrep.gov.co/sites/default/files/Serie_empalmada_promedio_meses_y_datos_fin_mes.xls+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=co