Sentencia 2006-01246 de abril 15 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Expediente 250002327000200601246 01(17105)

Magistrado Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Demandante: Gloria Esperanza Rodríguez Díaz

Demandado: UAE DIAN

FALLO

Bogotá, quince de abril de dos mil diez.

EXTRACTOS:«Consideraciones de la Sala

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, corresponde a la Sala determinar si el acto demandado contenía una decisión pasible de demandarse en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Lo primero que conviene precisar es que la Sala se abstendrá de hacer pronunciamientos sobre el fondo del asunto analizado en la sentencia apelada, pues, como se vio, el único argumento propuesto en la apelación tiene que ver con la naturaleza del acto administrativo demandado. En el recurso de apelación no se cuestionaron las razones que dieron lugar a la anulación del acto acusado.

En esa medida, la Sala analizará la naturaleza del acto demandado, pues el a quo concluyó que el oficio 0030-17202338 de 2006 era un acto administrativo definitivo, pasible de discusión en sede jurisdiccional.

Hecha la anterior precisión, en el sub lite, la Sala destaca como hechos relevantes los siguientes:

— El primero de febrero de 2006, la señora Gloria Esperanza Rodríguez Díaz, en calidad de deudora solidaria de la sociedad Papelfa Ltda., presentó derecho de petición ante el jefe de cobranzas de la Administración Especial de Impuestos de Persona Jurídicas de Bogotá, y pidió, en síntesis, lo siguiente(1):

“1. Prescripción de la acción de cobro (sic): Sanción por no enviar información por renta 1996 Nº 900624; liquidación oficial de renta 1996, retención en la fuente 1997 meses 1,3,4,5,6,7 y 9; ventas bimestres 2,5 y 6 obligaciones contenidas en el mandamiento de pago 001270 del 24 de agosto de 2000 proferido en contra de la sociedad Papelfa Ltda. (...).

2. Prescripción de la acción de cobro renta 1995 (sic): El mandamiento de pago Nº 013 227 del 5 de marzo de 1999 por renta 19995, en contra de la sociedad Papelfa Ltda. Notificado a la calle 5 Nº 25 A-82 fue devuelto como consta a folios 132 a 134 por la causal no reside. De donde se predica lo mismo que en el punto 1 del presente escrito y en todo caso así considere su despacho que se interrumpió la prescripción en marzo de 1999, el término corrió nuevamente y prescribió en marzo de 2004, por lo que ruego se decrete la misma.

3. Prescripción de la acción de cobro (sic): Resolución sanción  por no declarar renta 1997 Nº 119 de fecha 27 de septiembre de 2001; liquidación oficial de renta 1997 Nº 21 de fecha 21 de mayo de 20002 (...).

4. Prescripción de la acción de cobro respecto del mandamiento de pago Nº 0188 del 22 de agosto de 2003 en el que se me vincula como deudora solidaria por renta 1996 y del mandamiento de pago Nº 369 del 2 de diciembre de 2003 en el que se me vincula como deudora solidaria por renta 1997 (sic)”.

— Mediante oficio 0030-172-02338 del 16 de marzo de 2006, la división de cobranzas administración especial de personas jurídicas de la DIAN-Bogotá se pronunció sobre la petición elevada por la demandante y, en concreto, dijo(2):

Prescripción de la acción de cobro iniciada con base en la liquidación 900624:Se ordenó la prescripción de las “demás obligaciones diferentes a la renta 1996 contenida en liquidación oficial 30064000000033 contenidas en el mandamiento de pago 001270 del 24 de agosto de 2000”.

Prescripción de la acción de cobro iniciada con el mandamiento de pago 001270 de 2000: Se dispuso que aunque estaba en firme el mandamiento de pago “transcurrieron los términos de prescripción en desfavor (sic) de la administración, por lo que se adelantarán los actos administrativos y las acciones pertinentes en coordinación con el grupo de depuración para acreditar las obligaciones correspondientes a renta 1995” de la sociedad Papelfa Ltda.

Prescripción de la acción de cobro iniciada con la Resolución 119 de 2001: Se decidió que no estaba prescrita la obligación fiscal contenida en la liquidación oficial 300642002000021 de 2002 y que la obligación se hizo efectiva con el mandamiento de pago 0369 de 2003.

Prescripción de la acción de cobro iniciada con los mandamientos de pago 0188 y 0369 de 2003: Se concluyó que no era procedente decretar la prescripción de las obligaciones fiscales de los años 1996 y 1997.

En ese contexto, lo primero que conviene aclarar es que, de conformidad con el artículo 835 del estatuto tributario, en el proceso de cobro administrativo coactivo sólo son demandables ante la jurisdicción las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución. Por su parte, el artículo 833-1 ibídem prevé que las actuaciones administrativas realizadas en el marco de este proceso son de mero trámite y que, por ende, contra éstas no procede ningún recurso, excepto los que en forma expresa se señalen en este procedimiento para las actuaciones definitivas.

Sin embargo, la Sala ha sostenido que el control jurisdiccional se amplía a actuaciones que, sin ser las señaladas por el artículo 835 citado, pueden constituir decisiones diferentes a la simple ejecución de la obligación tributaria, que bien pueden crear una obligación distinta, como es el caso de la liquidación del  crédito o de las costas. Con ello, se ha querido dar protección jurídica a controversias independientes originadas en la aplicación de normas tributarias especiales, recientes, o posteriores a la expedición y notificación de las resoluciones que fallan las excepciones(3).

En el caso particular, se advierte que el acto demandado no se profirió en el trámite del proceso administrativo coactivo, sino que fue el resultado del derecho de petición en el que la demandante solicitó declarar la prescripción de la acción de cobro de una serie de obligaciones que tenía a su cargo, en calidad de deudora solidaria de la sociedad Papelfa Ltda. Esa petición provocó un pronunciamiento de la administración, en el que se resolvió de fondo la situación particular de la demandante y, sin duda, es un acto administrativo pasible de control judicial.

Es cierto que las prescripciones de la acción de cobro, pedidas en el derecho de petición en cuestión, bien podían presentarse como excepciones en los respectivos procesos de cobro, pero también lo es que al resolver dicha petición, la DIAN debió informarle a la actora que esa no era la vía legal para intervenir y, asimismo, debió abstenerse de emitir un pronunciamiento de fondo. Empero, como se pronunció de fondo, se debe concluir que esa respuesta contiene una decisión de fondo que afecta de manera concreta la situación de la demandante y, por lo tanto, es susceptible de demandarse en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

En efecto, contrario a lo señalado por la DIAN, el oficio mencionado responde de fondo y de manera definitiva la situación de la señora Gloria Esperanza Rodríguez, en el sentido de negar la solicitud de prescripción de la acción de cobro. Contra esa decisión, se insiste, se podía instaurar directamente la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción, por tratarse de un acto administrativo de contenido particular, dado que la DIAN no dio la oportunidad de interponer los recursos (CCA, art. 135).

Llama la atención a la Sala que la DIAN en la contestación a la demanda presentó la excepción de inepta demanda por falta de agotamiento de vía gubernativo. Esto es, aceptó que la decisión del oficio demandado contenía una decisión de fondo pasible de control en sede administrativa. Sin embargo, al presentar los alegatos de conclusión de primera instancia y el recurso de apelación se apartó del análisis planteado en la excepción y alegó que el acto administrativo demandado era de mero trámite y que, por ende, no era susceptible de control.

Las anteriores precedentes, son suficientes para confirmar la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia del 13 de febrero de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas.

2. RECONÓCESE personería jurídica a la abogada Flori Elena Fierro Manzano, como apoderada judicial de la DIAN.

Cópiese, notifíquese, y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(1) Folios 39-46.

(2) Folios 49-54.

(3) Autos del primero de julio de 1994, Exp. 5591, M.P. Jaime Abella Zarate y 24 de septiembre de 1994, Exp. 5590, M.P. Delio Gómez Leyva, reiterados entre otros, por auto de 19 de julio de 2002, Exp. 12733, M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié y sentencia de 29 de enero de 2004, Exp. 12498, M.P. Ligia López Díaz y 28 de junio de 2007, Exp. 15391, M.P. María Inés Ortiz Barbosa.