Sentencia 2006-01254/38519 de febrero 29 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 25000-23-26-000-2006-01254-01 (38.519)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz

Actor: Augusto García Pinilla y otros

Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación

Ref.: Apelación Sentencia. Acción de Reparación Directa

Temas: Privación injusta de la libertad – caducidad cuando se interpone recurso de casación – daño especial por in dubio pro reo.

Bogotá D.C., veintinueve de febrero de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones.

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la Nación – Fiscalía General, de conformidad al artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y al auto de 9 de septiembre de 2008, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado(9).

En efecto, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia se ocupó de regular de manera expresa la competencia para conocer y decidir las acciones de reparación directa “derivadas del error jurisdiccional, de la privación injusta de la libertad y del defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia”, y sostiene que “únicamente el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos” son competentes para ello, lo cual significa que el conocimiento de los citados procesos en primera instancia se radica en los Tribunales Administrativos y en segunda instancia en esta Corporación, sin importar la cuantía del proceso.

2. Caducidad.

Previo a realizar un estudio del fondo del asunto, la Sala considera necesario realizar un análisis de caducidad de la acción de reparación directa tanto frente a las pretensiones del señor Mario Germán García Pinilla y su grupo familiar, así como de las invocadas por el señor Augusto García Pinilla y su grupo familiar.

La caducidad es un fenómeno jurídico que se presenta en los eventos en que los personas dejan transcurrir el tiempo sin ejercen su derecho en el término establecido por la ley, y en consecuencia pierde su facultad de accionar ante la jurisdicción. Este término se consagra como uno de los desarrollos del principio de seguridad jurídica, puesto que asegura la existencia de un plazo objetivo para que el ciudadano pueda hacer efectivos sus derechos; tradicionalmente se ha considerado que no puede ser materia de convención antes de su cumplimiento, o de renuncia, una vez cumplido.

Su consagración en el ordenamiento jurídico está orientada a ofrecer certeza jurídica a quienes tienen interés en acudir a la justicia para obtener la protección de sus derechos y también a la colectividad a la cual debe garantizársele la seguridad jurídica, de tal modo que cuando se desconoce el término de caducidad se vulnera el derecho al debido proceso.

Frente al caso concreto, el artículo 136 numeral 8º del Código Contencioso Administrativo es claro en establecer que esta figura jurídica se configura a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa que dio origen al daño reclamado y por vía jurisprudencial se ha señalado que tratándose de privación injusta el término debe contarse a partir del momento en que queda ejecutoriada la decisión absolutoria.

En primer lugar, frente al señor Mario Germán García Pinilla y su grupo familiar, se tiene que mediante decisión del 18 de junio de 1998, la Fiscalía 287 Seccional Delegada de Bogotá decidió abstenerse de dictar medida de aseguramiento en su contra; en providencia del 23 de diciembre de diciembre de 1998, El Fiscal Quinto Delegado ante los Jueces Penales del Circuito precluyó la instrucción en su contra(10), decisión que fue confirmada el 1º de julio de 1999, por la Unidad Delegada ante los Tribunales Superior de Santa Fe de Bogotá DC y Cundinamarca(11).

Así las cosas, la investigación en contra del señor Mario Germán García Pinilla concluyó en 1999 y solamente hasta el año 2006 ejerció la acción de reparación directa. Aunado a lo anterior, el actor adujo que fue retenido en el lapso comprendido entre el 19 y el 29 de junio de 1998, situación que no se encuentra demostrada en el proceso y de estarlo, la solicitud de los daños que esta se derivan, también fueron presentados por fuera del término establecido en la ley procesal.

En consecuencia, le asistió razón al Tribunal de primera instancia al declarar caducada la acción de reparación directa frente al señor Mario Germán García Pinilla.

Ahora bien, respecto al señor Augusto García Pinilla, se tiene que fue condenado penalmente por el Juzgado 25 Penal del Circuito de Bogotá, el 3 de octubre del 2000, sin embargo, la decisión fue revocada el 30 de noviembre de 2000, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Penal y se resolvió absolver al actor de los cargos que habían sido formulados en su contra(12). Dicha providencia quedó ejecutoriada el 2 de abril de 2002(13).

Frente a la anterior decisión, se interpuso recurso de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien decidió no casar la sentencia absolutoria. Dicha decisión fue proferida el 2 de junio de 2004(14) y no obra en el expediente constancia de su ejecutoria, sin embargo, obra notificación personal al demandante el 7 de junio de 2004(15).

Respecto a la interposición del recurso de casación para efectos del conteo del término de caducidad, esta Corporación ha precisado que dicha circunstancia implica para la parte actora una ausencia de certeza sobre la sentencia absolutoria toda vez que en virtud de la decisión de la casación podría revocare la providencia favorable a sus intereses(16).

Al respecto, la Sala pone de presente que la regla general para establecer la caducidad de la acción de reparación directa en los eventos de responsabilidad de la administración de justicia es a partir de la ejecutoria de la providencia que absuelve a la víctima o su equivalente, y en principio, tal como la ha sostenido la subsección en reiteradas ocasiones(17), no es dable computar el término establecido en la ley procesal penal para la interposición del recurso extraordinario de casación, a excepción de los casos en que este se interponga efectivamente y sea admitido por la Corte Suprema de Justicia, puesto que, en esos eventos, no hay certeza respecto a la firmeza de la decisión absolutoria.

En efecto, la decisión que se adopte en virtud del recurso extraordinario de casación, puede modificar la situación jurídica del procesado hasta el punto que puede casarse la decisión absolutoria y en consecuencia, el daño reclamado dejaría de ser antijurídico.

Así las cosas, en el caso concreto, se tiene que la demanda se presentó personalmente ante la Secretaría General del Consejo de Estado, el 2 de junio de 2006 y fue nuevamente presentada y radicada en la Secretaría de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el día 6 del mismo mes y año, tal como consta a folio 88 y a folio 88 vuelto del cuaderno 1.

Sobre la presentación de la demanda, el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil establece que la misma “se considerará presentada el día en que se reciba en el despacho de su destino”, por tanto como la demanda iba dirigida al Tribunal Administrativo de Cundinamarca(18), ente competente en primera instancia para conocer el presente proceso, se tiene como presentada el día 6 de junio de 2006, para efectos de interrupción del término de caducidad de conformidad al artículo 90 ibídem(19).

En consecuencia, como la sentencia fue notificada al señor García Pinilla el 7 de junio de 2004, al momento de la presentación de la demanda no se había configurado el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción.

3. Hechos probados.

De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

3.1. El señor Augusto García Pinilla fue vinculado a una investigación penal por la presunta comisión de los delitos de peculado por apropiación e interés ilícito en la celebración de contratos, como consecuencia de las presuntas irregularidades derivadas de la compraventa de un inmueble entre el actor y la ETB.

3.2. La investigación fue adelantada por la Fiscalía 287 Seccional Delegada ante la Dirección del CTI, quien en providencia del 18 de junio de 1998(20), le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva domiciliaria, decisión que fue confirmada por el superior el 10 de agosto del mismo año(21).

3.3. El señor García Pinilla estuvo en detención domiciliaria hasta el 16 de octubre de 1998, cuando se le concedió libertad provisional al no haberse calificado el mérito del sumario(22). El 23 de diciembre de 1998, se calificó el mérito del sumario en el sentido de declarar extinguida la acción penal y precluida la instrucción(23), sin embargo, el 1º de julio de 1999, la Fiscalía Delegada ante los Tribunales Superiores de Santa Fe de Bogotá modificó parcialmente la anterior decisión y profirió resolución de acusación en contra del actor(24).

3.4. El 3 de octubre de 2000, el Juzgado Veinticinco Penal del Circuito de Bogotá(25) condenó al señor Augusto García Pinilla a la pena principal de 52 meses de prisión, “como cómplice en la comisión del concurso delictual heterogéneo y simultáneo de peculado por apropiación e interés ilícito en la celebración de contratos”; providencia que fue revocada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de noviembre de 2001, con base en el principio del in dubio pro reo al considerar que “no existe prueba que aduzca certeza respecto de la supuesta conducta penalmente típica de peculado por apropiación” y por ende tampoco procedía el cargo imputado de interés ilícito en la celebración de contratos(26).

3.5. El señor Augusto García Pinilla estuvo privado de la libertad en un primer período entre el 18 de junio(27) y el 16 de octubre de 1998. Posteriormente se entregó a la justicia y fue dejado a disposición del Tribunal Superior de Bogotá, el 21 de marzo de 2001, como consta en oficio obrante a folio 9 del cuaderno 7 y fue dejado en libertad el 30 de noviembre de 2001, cuando se profirió sentencia absolutoria a su favor, esto es 11,23 meses.

3.6. Augusto García Pinilla es cónyuge de Carolina Suárez Cárdenas, padre de María José y Camilo Andrés García Suárez, hijo de Irma Pinilla de García y Mario García Lineros —quien falleció el 18 de septiembre de 2000—, y hermano de Luz Eugenia e Irma Patricia García Pinilla, de acuerdo a los registros de matrimonio y nacimiento aportados al proceso(28).

4. De la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad.

En la jurisprudencia de esta corporación, existe unificación(29) acerca del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial del Estado Colombiano, por privación de la libertad del procesado, cuando la sentencia o su equivalente resulta absolutoria, ya porque: (i) el hecho no existió, (ii) el sindicado no lo cometió, (iii) la conducta es atípica, o, iv) cuando resulta absuelto por aplicación del principio de in dubio pro reo.

Las anteriores hipótesis tienen su fundamento en el título de imputación de daño especial al considerarse que la privación de la libertad cumplió con los presupuestos estipulados en la ley pero la víctima no estaba en el deber jurídico de soportarla.

En los demás eventos, también podrá declararse la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, siempre y cuando se encuentre acreditada una falla del servicio de la administración de justicia.

Ahora bien, es necesario resaltar que el juez debe realizar un análisis de las causales eximentes de responsabilidad y en caso de encontrar que se configura alguna de ellas, así deberá declararlo, ora de oficio o a petición de parte, conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996(30).

5. Análisis del caso concreto.

En el presente caso, se tiene acreditado el daño sufrido por la parte actora, consistente en la privación de la libertad del señor Augusto García Pinilla, por un período superior a 11 meses, daño que es imputable a la entidad demandada, Nación – Fiscalía General, por las razones que pasan a exponerse a continuación.

El fundamento de la absolución penal del Augusto García Pinilla consistió en el principio de in dubio pro reo toda vez que a juicio del juez de segunda instancia no era posible concluir que de la actividad desarrollada por el actor surgiera la indebida apropiación de los dineros públicos que se le imputaba.

En efecto, el actor fue investigado, imputado y condenado en primera instancia como cómplice de los delitos de peculado por apropiación e interés ilícito en la celebración de contratos, como consecuencia de un contrato de compraventa suscrito entre la empresa del cual era gerente y socio y la ETB, en la que se pagaron unos dineros adicionales a los pactados en la promesa de compraventa y en la escritura pública, como consecuencia de una financiación por el pago del precio a plazo. Sin embargo, para el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Penal no se logró demostrar que la negociación se hubiera llevado a cabo para perjudicar a la empresa pública o favorecer o enriquecer el patrimonio económico de los procesados.

Al respecto, el Tribunal señaló en la sentencia absolutoria lo siguiente:

“Frente a la multiplicidad de elucubraciones, aflora una situación muy diferente la cual raya abiertamente con la existencia de los requisitos esenciales de condena, no solo porque en cuanto a la existencia de un supuesto perjuicio ilícito derivado del contrato no se estableció de manera cierta, inequívoca e indubitable, monto alguno objeto de apoderamiento, ni mecanismo o procedimiento real o cierto para ello;

No se aceptaron por el a-quo las explicaciones de los procesados Lee Corradine y García Pinilla, en cuanto a la existencia de la tan mentada financiación y aunque ciertamente en un principio no pudieron hacerlo satisfactoriamente, la verdad es que un negocio de la magnitud como el realizado, objeto de investigación, no permite que luego de un año de celebrado, se encuentren frescas ni claras todas las circunstancias que lo envolvieron; sin embargo, ha quedado demostrado que los antecedentes de la promesa de compraventa y de la escritura, si aluden a la mentada financiación incluida dentro del precio cierto.

(…)

Bajo las circunstancias anotadas a lo largo de esta providencia, encuentra la Corporación que si bien Juan Carlos Lee Corradine y Liliana Isabel Olarte Contreras, en su momento cada uno pudo incurrir en omisiones de carácter administrativo, propias del régimen disciplinario respecto de las cuales Augusto García Pinilla era ajeno, como quiera además que, nunca antes había tenido relación contractual alguna con entidades oficiales, lo cierto es que en el proceso no existe prueba que aduzca certeza respecto de la supuesta conducta penalmente típica de peculado por apropiación, mucho menos, en consecuencia, de su responsabilidad penal, como requisitos sine qua non así exigidos por el artículo 247 del Código de Procedimiento Penal vigente a la época de ocurrencia de los hechos, 232 de hoy, como comportamiento derivado de la transacción de los inmuebles tantas veces mencionados, razón por la cual necesariamente se impone la revocatoria de la sentencia impugnada para, en su lugar, absolver a Lee Corradine y García Pinilla de dicho cargo, con base en el principio in dubio pro reo.

(…)”.

Así las cosas, en vista de que la absolución del demandante se produjo en virtud del principio del in dubio pro reo, el título de imputación aplicable al caso debe ser el objetivo de daño especial, quedando acreditado que la privación de la libertad que padeció fue injusta.

Establecido lo anterior, entra la Sala a determinar si la detención preventiva en este caso fue causada por el actuar doloso o gravemente culposo del procesado —aquí demandante—, tal como lo estableció la sentencia apelada, al tenor del citado artículo 70 de la Ley 270 de 1996.

De encontrarse que la detención preventiva no fue causada por el dolo o culpa grave del sindicado, tendrá derecho a la indemnización a que haya lugar.

Sobre el dolo o la culpa grave del procesado en la producción de la medida de aseguramiento, como causal de exoneración de responsabilidad del Estado, esta corporación ha sostenido en recientes pronunciamientos que el análisis de la actuación de la conducta del procesado no constituye una revaloración probatoria del proceso penal ni una afectación a la cosa juzgada formal o material sino que se pretende determinar si la actuación de la actuación previa de la víctima dio lugar a que la autoridad administrativa profiriera la medida de aseguramiento(31).

Establecido lo anterior, la Sala procede a estudiar la conducta desarrollada por el señor Augusto García Pinilla, de cara a establecer si puede considerarse dolosa o gravemente culposa y si fue determinante en la producción del daño, es decir, que se le haya proferido medida restrictiva de su libertad.

Al respecto se tiene establecido a través del extenso material probatorio obrante en el expediente, que si bien en la promesa de compraventa y en la escritura, en cuya elaboración participó el actor, el contrato fue legal, contó con los estudios y avalúos correspondientes por parte de la entidad y el pago de un monto por fuera de lo constado en la promesa y la escritura pública obedeció a la financiación de una parte del valor del inmueble puesto que originalmente se propuso un pago de contado y finalmente este tuvo que someterse a un plazo de 7 meses, con previa entrega del inmueble al comprador.

La Sala resalta que pese a no constar en la promesa y la escritura pública, la financiación fue presentada a la ETB en la oferta de venta y fue acordada libremente por las partes.

De no tenerse en cuenta esta financiación, se estaría generando un perjuicio al vendedor quien ya había dado entrega material del bien y no gozaría de la totalidad del precio, lo cual es inequitativo dentro de un negocio jurídico bilateral, además acuerdos de este tipo son legales y procedentes en contratos como el de compraventa.

Aunado a lo anterior, tal como se hizo constar en la sentencia absolutoria, en el proceso penal se pudo establecer que los intereses pactados por concepto de financiación estuvo dentro de los marcos legales y el hecho que pudiera acordarse un interés inferior, no es atribuible a la víctima, puesto que en un negocio de la naturaleza de la compraventa las partes pueden pactar con libertad las condiciones del precio y su pago mientras no se incumpla con las previsiones del ordenamiento jurídico.

Así las cosas, al no encontrarse configurada la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, se revocará la sentencia apelada y en su lugar se declarará la responsabilidad solidaria de la Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación puesto que ambas entidades decidieron privar de libertad y mantener la medida al señor García Pinilla.

Establecido lo anterior, la Sala procede a la tasación de los perjuicios que se encuentren debidamente demostrados en el expediente.

6. Indemnización de perjuicios.

La parte demandante solicitó por concepto de perjuicios morales, el reconocimiento de 100 SMLMV para el señor García Pinilla, su cónyuge, hijos, madre y hermanas, estas últimas directamente y en su calidad de herederas del padre de la víctima directa junto con Augusto y Mario Germán García Pinilla, quien falleció durante el tiempo que el actor estuvo vinculado al proceso penal y posterior al primer período en que estuvo privado de la libertad(32).

Recientemente, la Sección Tercera unificó sus criterios de indemnización de perjuicios morales en los eventos de privación injusta de la libertad(33). En esta providencia se trazaron unos parámetros para la tasación del daño moral de acuerdo a factores como la duración de la privación de la libertad y el grado de parentesco de los demandantes en relación con la víctima directa; estos derroteros quedaron consignados en el siguiente cuadro:

S0125-1
 

Como quiera que el señor Augusto García Pinilla fue privado de la libertad durante un periodo de 11,23 meses, y está acreditado que es cónyuge de Carolina Suárez Cárdenas, padre de María José y Camilo Andrés García Suárez, hijo de Irma Pinilla de García y Mario García Lineros y hermano de Luz Eugenia e Irma Patricia García Pinilla, de acuerdo a los registros de matrimonio y nacimiento aportados al proceso, se reconocerán los perjuicios morales a favor de todos ellos, los que se tasarán conforme a las pautas de la sentencia de unificación trascrita en apartes precedentes y teniendo en cuenta el vínculo de parentesco y el tiempo de privación, procediendo a decretar las siguientes sumas de dinero:

Para Augusto García Pinilla, Carolina Suárez Cárdenas, María José y Camilo Andrés García Suárez e Irma Pinilla de García, la suma de 80 SMLMV.

Para los herederos de Mario García Lineros, la suma de 35 SMLMV toda vez que únicamente padeció el primer período de privación de la libertad del actor, cuyo lapso fue de 2 meses y 28 días.

Para Luz Eugenia e Irma Patricia García Pinilla, la suma de 40 SMLMV.

En cuanto al daño a la vida de relación, la Sala pone de presente que esta categoría de perjuicio fue recogido por la Sala Plena de esta Corporación a partir de las sentencias de unificación del 14 de septiembre de 2011(34), y en sentencia de unificación del 29 de agosto de 2014, se determinó que en eventos de privación injusta es procedente el reconocimiento de la afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, siempre y cuando se encuentre acreditada dentro del proceso su concreción y se precise su reparación integral, casos en los cuales, se privilegia la compensación a través de medidas reparatorias no indemnizatorias.

En el caso concreto, la Sala no encuentra acreditada una afectación relevante a bienes o derechos constitucional o convencionalmente amparados de la parte actora que den lugar a medidas de reparación integral no pecuniarias.

En cuanto al daño emergente, se solicitó el reconocimiento de lo pagado por el actor para asumir su defensa judicial, al respecto, únicamente obra en el plenario, facturas de venta 0025 de 17 de junio y 029 de 18 de septiembre de 1998(35), por valor de $ 27.840.000, suscrita por el apoderado del señor García Pinilla en el proceso penal, prueba que no da cuenta que dicho valor haya sido cancelado por el actor y en consecuencia, no se encuentra debidamente acreditado este perjuicio, por lo que la Sala lo denegará.

Asimismo se solicitó el pago del valor total de la sociedad Arquitectura, Estudios y Construcciones Limitada, de la cual era socio el señor Augusto García junto con su hermano Mario Germán, la cual a su juicio tuvo que ser liquidada en virtud del proceso penal al cual fueron vinculados. Estimaron dicho perjuicio en $ 4.467´652.157.

Al respecto, obra en el expediente dictamen pericial rendido dentro del proceso con el fin de establecer el valor comercial de la sociedad en 1998 y un análisis financiero de los años siguientes hasta 2002, fecha en que la misma se liquidó.

El dictamen da cuenta que a partir del año 1999, la sociedad comenzó un proceso de deterioro patrimonial y finalmente en insolvencia que llevó a su liquidación. Al respecto cita un informe de gerencia a la junta de social en que se aduce que el estado de la compañía obedece a los problemas legales de los representantes legales como consecuencia del contrato suscrito con la ETB, sin embargo, como dicho informe fue rendido por el actor(36), no puede tener ningún mérito probatorio.

Seguidamente, se realiza un estudio de las pérdidas económicas por cada uno de los proyectos que no pudo seguir ejecutando la sociedad y los honorarios dejados de percibir por los socios por tal hecho así como por los bienes que tuvo que entregar en dación en pago.

Al respecto, la Sala considera que no existe prueba respecto a que la insolvencia de la compañía obedeció al proceso penal surtido contra uno de los socios, teniendo en cuenta que tal como quedó reseñado el señor Mario García Pinilla le fue precluida la investigación en su contra desde el 23 de diciembre de 1998, sino que pudo obedecer a diferentes factores de la economía y el mercado, pues de las mismas diligencias penales se desprende que la compañía tenía dificultades económicas y se encontraba pagando altos intereses bancarios.

Así se expresó en la sentencia absolutoria:

“(…) recuérdese cómo además ETB planteó el hecho de que la transacción no podía superar el tope de los $ 10.486.977.371, ajustándose a dicha cantidad, en la nota aclaratoria hecha por Augusto García, interesado como su hermano en llevar a cabo la negociación vista la situación crítica por la que atravesaban las ventas de inmuebles para entonces”(37).

En cuanto a la pérdida de los bienes personales del actor, tampoco considera la Sala que sea imputable a las entidades demandadas porque no se deriva relación directa con la investigación penal y la privación de la libertad.

En consecuencia, se denegará este perjuicio solicitado.

Ahora bien, en cuanto a la pretensión de lucro cesante, se tiene que en la respuesta al punto 10 del dictamen pericial, se relacionó como ingresó mensual promedio del actor para el año 1998, la suma de $ 3´349.250, conforme a su declaración de renta(38).

Por tanto, será esta la base del ingreso para realizar la liquidación del lucro cesante del actor durante el tiempo que estuvo privado de la libertad, a la cual se le sumará un 25% correspondientes a gastos de seguridad social y prestaciones sociales, para un total de 4´186.562,5.

Está suma será actualizada conforme a la siguiente formula:

Ra = $ 4.183.562.5 Índice final - enero/2016 (127.77)

Índice Inicial – junio/1998 (51.27)

Ra= $ 10´425.858,8

Con base en el ingreso anterior se calculará lo dejado de percibir durante el tiempo de retención, esto es 11.23 meses, a lo cual se sumará el tiempo adicional establecido por vía jurisprudencial, que tarda una persona en edad económicamente activa en encontrar un nuevo puesto de trabajo, por cuanto, como presunción que es, admite prueba en contrario y en este asunto no se enervó tal presunción, por lo que se aplicará en este caso, esto es 8.75 meses.

S= Ra (1 + i) n – 1

i

S= 218´216.523,14

7. Condena en costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma no se efectuará condena en costas alguna.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revocar la sentencia del diez (10) de diciembre de dos mil nueve (2009), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sub Sección B, la cual quedará así:

“1. Declarar probada la excepción de caducidad de la acción respecto al señor Mario Germán García Pinilla y su grupo familiar.

2. Declarar responsable a la Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad que sufrió el señor Augusto García Pinilla.

3. Como consecuencia de lo anterior, reconocer las siguientes sumas de dinero:

Por concepto de perjuicios morales:

Para Augusto García Pinilla, Carolina Suárez Cárdenas, María José y Camilo Andrés García Suárez e Irma Pinilla de García, la suma de 80 SMLMV; para los herederos de Mario García Lineros, la suma de 35 SMLMV; para Luz Eugenia e Irma Patricia García Pinilla, la suma de 40 SMLMV.

Por concepto de lucro cesante consolidado a favor de Augusto García Pinilla, la suma de doscientos dieciocho millones doscientos dieciséis mil quinientos veintitrés pesos y catorce centavos ($ 218.216.523.14).

4. Denegar las demás pretensiones de la demanda”.

2. Sin condena en costas.

3. Dar cumplimiento a los artículos 176 y 177 del CCA y expedir las copias de la sentencia.

Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

9 2008-0009(IJ), MP. Mauricio Fajardo Gómez.

10 Folio 98 a 142, cuaderno 12.

11 Folio 149 a 181, cuaderno 3.

12 Folio 344 a 381, cuaderno 9.

13 Folios 214 y 220, cuaderno de anexo 3.

14 Folio 46 al 79, cuaderno 13.

15 Folio 80, cuaderno 13.

16 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de marzo de 2015, rad. 38.253.

17 Al respecto ver, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 10 de diciembre de 2015, Rad. 36.209, MP. Dr. Guillermo Sánchez Luque.

18 Folio 10, cuaderno 1.

19 Interrupción de la prescripción, inoperancia de la caducidad y constitución en mora. La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto admisorio de aquélla, o el de mandamiento ejecutivo, en su caso, se notifique al demandado dentro de los ciento veinte días siguientes a la notificación al demandante de tales providencias, por estado o personalmente. Pasado este término, los mencionados efectos sólo se producirán con la notificación al demandado.

20 Folios 66 a 89, cuaderno 2.

21 Folios 90 a 101, cuaderno 2.

22 Folio 283, cuaderno 10.

23 Folios 96 a 142, cuaderno 12.

24 Folios 14 al 48, cuaderno anexos.

25 Folios 81 a 150, cuaderno anexo.

26 Folios 171 a 209, cuaderno 9.

27 Folio 213, cuaderno 5.

28 Folios 10, 14, 15, 16, 11, 12 y 13 del cuaderno 1.

29 Sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, Rad. 23354, MP. Mauricio Fajardo Gómez.

30 “El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

31 Sentencia de agosto 29 de 2012, M. P., Dr. Enrique Gil Botero. Radicación interna 25.276.

32 Conforme al registro civil de defunción obrante a folio 22 del cuaderno 2, el señor Mario García Lineros falleció el 18 de septiembre de 2000.

33 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad. 36.149.

34 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, radicado 38222 y 19031, MP. Enrique Gil Botero.

35 Folio 1112, cuaderno 2A y 834 y 835, cuaderno dictamen pericial.

36 Folio 219, cuaderno dictamen pericial.

37 Folio 282, cuaderno 2.

38 Folio 708, cuaderno dictamen pericial; obra declaración de renta del señor Augusto García Pinilla del año 1998.