Sentencia 2006-01276 de febrero 11 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 730012331000200601276 01

Número interno: 18534

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Demandante: Empresa Colombiana de Petróleos - Ecopetrol S.A.

Demandado: municipio de Fresno - Tolima

Asunto: Impuesto de alumbrado público

Bogotá, D.C., once de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación, la Sala decide la legalidad de la Resolución 6 del 13 de octubre de 2005 y sus confirmatorias, las resoluciones 1 del 15 de febrero de 2006 y 132 del 28 de marzo del mismo año, mediante las cuales el municipio de Fresno, Tolima, liquidó el impuesto de alumbrado público a Ecopetrol.

Para tal efecto, la Sala observa que el impuesto de alumbrado público fue regulado, en el municipio demandado, por el Acuerdo 12 del 5 de junio de 1998, así:

Artículo primero: establézcase la tasa de alumbrado público para el municipio de Fresno Tolima, en una cuantía equivalente al 15% del total del consumo de energía eléctrica.

Artículo segundo: la tasa de alumbrado público se aplicará al área urbana y rural del municipio de Fresno Tolima.

Artículo tercero: el presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y sanción”.

Con fundamento en la disposición transcrita, el Secretario de Hacienda del municipio demandado expidió la Resolución 6 del 13 de octubre de 2005, que liquidó, con cargo a la actora, la suma de $ 774.180.833.07 por concepto del gravamen referido.

Contra dicho acto la demandante interpuso los recursos de reposición y apelación conferidos por la Administración, que fueron resueltos mediante las resoluciones 1 del 15 de febrero de 2006 y 132 del 28 de marzo de ese mismo año, confirmando el acto recurrido.

De lo anterior la Sala advierte que la potestad fiscalizadora de la Administración se fundamentó en el Acuerdo 12 del 1998, razón por la que cobra especial relevancia la sentencia proferida por la Sección Primera de esta corporación(1), que en su parte resolutiva dispuso lo siguiente:

“Primero. Revócase el numeral segundo de la sentencia apelada, de 7 de mayo de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, en proceso de nulidad promovido por Ecopetrol contra el municipio de Fresno, Tolima, en cuanto declaró que frente a la Resolución 6 de 13 de octubre de 2005 sobrevino el decaimiento de dicho acto y, en su lugar, declárase probada la excepción de inepta demanda respecto de la misma resolución, “Por medio de la cual se liquida una tasa de alumbrado público”, por las razones expuesta en esta sentencia, e inhíbese de conocer el fondo de la demanda respecto de esa resolución.

Segundo. Confírmase el numeral primero de la referida sentencia, en el cual se declaró la nulidad de los acuerdos 12 de 5 de junio de 1998, del Concejo del municipio de Fresno, “Por medio del cual se regula el cobro del alumbrado público municipal” y 3 de 18 de marzo de 2004, del mismo concejo, “Por medio del cual se regula el cobro del alumbrado público municipal”.

De lo expuesto se evidencian dos circunstancias, a saber: que en el proceso referido la actora también demandó la Resolución 6 del 13 de octubre de 2005, objeto del presente pronunciamiento y que el acuerdo que sirvió de fundamento al cobro del impuesto de alumbrado público, fue declarado nulo por esta corporación.

En el primer caso se inhibió para conocer los argumentos expuestos por la demandante sobre la Resolución 6 del 13 de octubre de 2005, por considerar que se trataba de un acto de carácter particular, no pasible de la acción de nulidad simple; por tanto, al no existir un pronunciamiento de fondo sobre dicho acto, la Sala está facultada para decidir la controversia jurídica planteada.

Ahora bien, la declaratoria de nulidad del acuerdo que reguló el impuesto de alumbrado público en el municipio demandado y que fundamentó la expedición de los actos administrativos demandados, resulta relevante en el sub examine, pues el soporte jurídico de dichos actos desapareció, dando lugar al decaimiento de los mismos.

Al respecto, el numeral 2º del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo dispuso:

“Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo, pero perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos: (...).

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho” (resalta la Sala).

Sobre el decaimiento del acto administrativo, la Corte Constitucional, al estudiar el apego constitucional del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo, transcrito con anterioridad, precisó(2):

El decaimiento de un acto administrativo se produce cuando las disposiciones legales o reglamentarias que le sirven de sustento, desaparecen del escenario jurídico. Cuando se declara la inexequibilidad de una norma legal en que se funda un acto administrativo se produce la extinción y fuerza ejecutoria del mismo, pues si bien es cierto que todos los actos administrativos son obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo, también lo es que la misma norma demandada establece que “salvo norma expresa en contrario”, en forma tal que bien puede prescribirse la pérdida de fuerza ejecutoria frente a la desaparición de un presupuesto de hecho o de derecho indispensable para la vigencia del acto jurídico, que da lugar a que en virtud de la declaratoria de nulidad del acto o de inexequibilidad del precepto en que este se funda, decretado por providencia judicial, no pueda seguir surtiendo efectos hacia el futuro, en razón precisamente de haber desaparecido el fundamento legal o el objeto del mismo” (resalta la Sala).

Sin embargo, cabe anotar que los efectos de la nulidad de un acto de carácter general no son absolutos, pues solo se ven afectadas las situaciones jurídicas que aún se encuentran en discusión, sea en sede administrativa o en sede judicial, excluyendo las circunstancias jurídicamente consolidadas, so pena de violar el principio de seguridad jurídica de las actuaciones administrativas.

Sobre este punto, la corporación expresó(3):

“Teniendo en cuenta lo anterior, y siguiendo la posición fijada por esta Sala los efectos de un fallo de nulidad de un acto de carácter general son ex nunc, respecto de las situaciones jurídicas consolidadas, esto es, no se afecta la situación jurídica. En cuanto a las situaciones jurídicas no consolidadas, es decir, aquellas que se debaten ante las autoridades administrativas o ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el efecto es inmediato, lo que quiere decir que para el sub lite, en el que se define una situación particular y concreta, la norma que debía tenerse en cuenta para el efecto, según el debate aquí planteado, es decir, el literal “b” del parágrafo 2 del artículo 1º del Acuerdo 105 de 2003, expedido por el Concejo de Bogotá, D.C., es inaplicable porque fue declarado nulo” (resalta la Sala).

Pues bien, para efectos del presente caso, es apenas claro que no existe una situación jurídica consolidada respecto de las resoluciones acusadas, pues estas son objeto de control de legalidad por parte de esta corporación.

En consecuencia, la corporación revocará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima que anuló parcialmente los actos administrativos demandados, porque lo procedente es anularlos en su totalidad, por haberse fundamentado en el Acuerdo 12 de 1998 que, a su vez, fue declarado nulo por la jurisdicción, sin que haya lugar a pronunciarse sobre los demás argumentos expuestos en el recurso de apelación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia del 23 de agosto de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, objeto de apelación. En su lugar,

ANÚLANSE las resoluciones 6 del 13 de octubre de 2005, expedidas por el Secretario de Hacienda del municipio de Fresno, Tolima y sus confirmatorias, las resoluciones 1 del 15 de febrero de 2006 y 132 del 28 de marzo del mismo año.

A título de restablecimiento del derecho DECLÁRASE que la Empresa Colombiana de Petróleos - ECOPETROL S.A. no está obligada a pagar las sumas determinadas en los actos administrativos demandados.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase».

(1) Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 6 de mayo de 2010, expediente con radicación 73001-23-31-000-2006-00094-01, C.P. Rafael E. Osteau de Lafont Pianeta.

(2) Corte Constitucional, Sentencia C-069 de 1995, magistrado ponente Hernando Herrera Vergara.

(3) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 31 de mayo de 2012, Expediente 18227, C.P. William Giraldo Giraldo.