Sentencia 2006-01323 de enero 27 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000-23-27-000-2006-01323-01-16890

Consejero Ponente:

Dr. William Giraldo Giraldo

Actor: Termoflores S.A. ESP

C/Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN

Impuesto de renta 2002

Bogotá, D.C., veintisiete de enero de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos de los recursos de apelación de las partes demandante y demandada, la Sala debe decidir sobre la legalidad de la determinación oficial del impuesto sobre la renta y complementarios a cargo de la sociedad Termoflores S.A. ESP por el año gravable de 2002. Concretamente se analizará si son procedentes los costos y deducciones declarados por concepto de los pagos de las contribuciones a la CRA, al Dadima, al Fazni, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y al Ministerio de Minas; si proceden las deducciones solicitadas por la actora que no están respaldadas con facturas, y si procede la sanción por inexactitud reducida.

1. Procedencia de costos y deducciones.

La DIAN controvirtió la decisión del tribunal, que reconoció la procedencia de los conceptos declarados, porque se fundamentó en ciertas sentencias del Consejo de Estado que no podían aplicarse en virtud de que fueron proferidas con posterioridad al año gravable discutido y a la expedición de los actos acusados. Además, porque la DIAN se basó en los conceptos que estaban vigentes para la fecha de la presentación de la declaración tributaria.

Como el asunto que aquí se discute fue analizado por la Sala en un caso idéntico al presente, correspondiente a la misma sociedad por el año gravable 2001(8), la Sala reitera el criterio expuesto en esa oportunidad, toda vez que no existen elementos de juicio diferentes que logren modificar la posición jurisprudencial que ha sido reiterada por la Sección.

En efecto, mediante sentencia del 12 de febrero de 2010, la Sala consideró que los pagos de las contribuciones a las entidades mencionadas hacían parte de las expensas necesarias a manera de deducciones, conforme con lo expuesto por el artículo 107 del estatuto tributario.

La Sala reitera en esta oportunidad que no es válido afirmar que la jurisprudencia citada por el tribunal no es aplicable porque se profirió después de los actos demandados, pues no debe olvidarse que la jurisprudencia del Consejo de Estado como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, es una pauta auxiliar de interpretación de las normas legales, tanto para los jueces administrativos como para las autoridades del Estado, cuando se trata de decidir un asunto sobre el cual el Consejo de Estado ha sentado su criterio en un asunto similar. La alusión a una doctrina judicial en un caso particular depende, no de la fecha de la sentencia, sino de la normatividad que interpretó y que regula el caso que se debe resolver.

Como en este caso las sentencias que citó el tribunal, si bien fueron posteriores a la vigencia discutida y a la fecha de los actos demandados, es esta una circunstancia que no demerita el criterio tenido en cuenta por el a quo sobre la procedencia de la deducción con base en el artículo 107 del estatuto tributario, que fue la norma interpretada por la corporación, cuyo texto y alcance no han variado.

En esos pronunciamientos el Consejo de Estado interpretó el artículo 107 del estatuto tributario y estableció la deducibilidad de las contribuciones pagadas a diferentes entidades de vigilancia y control y a autoridades ambientales(9). Por lo tanto, el tribunal podía acudir a esa jurisprudencia para apoyar su decisión, como en efecto ocurrió.

Ahora bien, la Sala en la sentencia del 27 de octubre de 2005 consideró que los pagos realizados a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico y al Departamento Administrativo del Medio Ambiente del mismo departamento constituían un costo o erogación directamente relacionado con la actividad que desarrollaba la sociedad (generación y comercialización de energía)(10)y, por lo tanto, también cumplían los presupuestos del artículo 107 del estatuto tributario para ser considerados como expensas necesarias. Lo anterior porque tales contribuciones tenían origen en el artículo 45 de la Ley 99 de 1993, reglamentado por el Decreto 1933 del 4 de agosto de 1994(11), cuyos supuestos normativos cumplía la sociedad.

En el presente caso, los pagos efectuados por la actora correspondieron a las tasas retributivas y compensatorias consagradas en los artículos 42 y 66 de la Ley 99 de 1993, y para aceptarlos como deducción se sigue el criterio expuesto. Tales erogaciones tienen por objeto resarcir de algún modo “la utilización directa o indirecta de la atmósfera, el agua y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de servicio, sean o no lucrativas”. También pretenden compensar los gastos de mantenimiento de la renovabilidad de los recursos naturales renovables(12).

La sociedad demandante tiene por objeto social la generación y comercialización de energía eléctrica(13). En consecuencia, los pagos de las tasas en mención encuadran dentro de los presupuestos de las expensas necesarias, según lo previsto en el artículo 107 del estatuto tributario pues están relacionados con el objeto social de la misma y resultan indispensables para la actividad que realiza.

En cuanto a lo que expuso la DIAN en los actos demandados, en el sentido de que no hay nexo causal porque los recursos de las transferencias del sector eléctrico no se utilizan para el beneficio del propio sector sino que entran a formar parte del presupuesto del municipio, hay que decir que para la Sala no es un argumento válido, pues el municipio debe destinar esos recaudos prioritariamente para la sostenibilidad de los recursos renovables, que es precisamente la materia prima de la generación de energía, actividad a la cual se dedica la sociedad, ya que de no compensarse esos gastos de renovación o mantenimiento de los recursos renovables, la actora no podría seguir desarrollando su objeto social.

Igual tratamiento como expensa necesaria se debe dar a la contribución al Fondo de Apoyo Financiero, regulada por el artículo 81 de la Ley 633 de 2000, según el cual por cada kilovatio hora despachado en la Bolsa de Energía Mayorista, el administrador del sistema de intercambios comerciales (ASIC) recaudará un peso ($ 1) m/cte. con destino al Fondo de Apoyo Financiero para la energización de las zonas no interconectadas. Este valor será pagado por los agentes generadores de energía y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2007(14).

El argumento de la demandada respecto de que la sociedad incorrectamente incluyó bajo el concepto de costos los pagos a la CRA, al Dadima y al Fazni, para la Sala es un aspecto que no fue mencionado en la liquidación de revisión, en la cual la DIAN motivó el rechazo de todos los pagos de las contribuciones bajo un solo acápite, en el que se consideró que ninguno cumplía los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario. De manera que sobre este punto la Sala no hará ningún análisis.

Ahora bien, en cuanto a los pagos de las contribuciones a la CREG y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de que trata el artículo 85 de la Ley 142 de 1994(15), la Sala acoge el criterio expuesto en la sentencia del 13 de octubre de 2005, reiterada en varias oportunidades, que analizó la deducibilidad del pago de la contribución a la Superintendencia de Sociedades. La Sala ha considerado que tales contribuciones son aportes parafiscales porque están dirigidos a un grupo o sector socio-económico representado por las sociedades comerciales sometidas a su vigilancia y control, y aunque son tributos obligatorios no participan de las características de las tasas ni de los impuestos. Estas contribuciones están destinadas a brindar servicios o beneficios especiales a las sociedades obligadas al pago, y lo recaudado no entra a engrosar las arcas del presupuesto nacional.

Conforme con el criterio expuesto, las contribuciones parafiscales cumplen los requisitos del artículo 107 del estatuto tributario, como quiera que hacen parte de los egresos que por disposiciones legales son de carácter obligatorio y los deben asumir las personas jurídicas. En consecuencia, forman parte de los gastos por administración de los entes económicos. Si bien no tienen una relación directa con el ingreso obtenido en desarrollo de su actividad, puesto que para obtenerlos no se requiere de su pago, es evidente que sí forman parte de las expensas necesarias que a manera de gasto o deducción deben cumplir los entes económicos(16).

Las anteriores razones permiten concluir que el pago de las contribuciones señaladas guarda relación de causalidad con la actividad productora de renta de la actora, esto es, con el objeto social de la contribuyente como generadora y comercializadora de energía eléctrica, ya que forma parte de las expensas necesarias que a manera de gasto o deducción debe asumir conforme a los artículos 85 de la Ley 142 de 1994; 42 y 66 de la Ley 99 de 1993 y 81 de la Ley 633 de 2000. Es decir, se da la relación entre la causa (gasto) y el efecto (producción del ingreso o de la renta).

Finalmente, la necesidad de gastos, como los que se discuten en este caso, se concreta en que asumirlos es fundamental, no solamente para cumplir con los requerimientos legales mencionados, sino también porque hacen parte de los egresos administrativos que cualquier actividad económica requiere para su normal funcionamiento. En conclusión, procede su reconocimiento como lo decidió el tribunal.

2. Procedencia de otras deducciones que no están respaldadas con facturas.

La DIAN rechazó los pagos a la sociedad Vilor Ltda. por $ 900.000; a la Inmobiliaria Capri por $ 900.000; a Correonet Ltda. por $ 824.300 y al Banco Ganadero por $ 282.463, porque los documentos presentados por la sociedad no cumplían los requisitos de los artículos 615 y 771-2 del estatuto tributario. Además, por cuanto el último de los relacionados no tenía relación de causalidad(17).

En relación con los pagos por arrendamientos, la DIAN señaló la obligación de allegar las facturas porque, conforme con el artículo 6 del Decreto 3050 de 1997, el arrendamiento de bienes se exceptuaba de la obligación de facturar cuando se tratara de activos fijos y el arrendador no tuviera la calidad de comerciante(18). En este caso las sociedades Vilor Ltda. e Inmobiliaria Capri Ltda. eran comerciantes, por lo tanto, la actora debía respaldar las deducciones con las facturas que esas sociedades le expidieran.

El tribunal aceptó las deducciones mencionadas, con base en los documentos aportados, excepto la correspondiente al Banco Ganadero porque eran gastos de viaje del representante legal de la sociedad que no tenían relación de causalidad con su actividad productora de renta.

Para el tribunal, como las cuentas de cobro, los contratos de arrendamiento, los comprobantes de egresos, las órdenes de pago y las facturas electrónicas contenían toda la información que señalaba el artículo 771-2 del estatuto tributario, como nombre del vendedor, identificación, descripción de los bienes o servicios, fecha de operación y valor, se debían aceptar como prueba de las deducciones y, además, porque estaba probada la realidad del pago con los comprobantes de egreso.

Para la Sala el tribunal no debió aceptar estas partidas, porque para la procedencia de los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, el artículo 771-2 del estatuto tributario señala que se requerirá de facturas con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales b), c), d), e), f) y g) del artículo 617 del estatuto tributario. Que cuando no exista la obligación de expedir factura o documento equivalente, el documento que pruebe la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones o impuestos descontables, deberá cumplir los requisitos mínimos que legalmente se establezcan. Los requisitos señalados en los literales b), c), d), e), f) y g) del artículo 617 del estatuto tributario son:

b) Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor, o de quien presta el servicio.

c) Apellidos y nombre o razón social del adquirente de los bienes o servicios, cuando éste exija la discriminación del impuesto pagado, por tratarse de un responsable con derecho al correspondiente descuento(19).

d) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta.

e) Fecha de su expedición.

f) Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados.

g) Valor total de la operación.

Por su parte, el artículo 618 ibídem, modificado por la Ley 488 de 1998, establece la obligación a cargo de los adquirentes de bienes corporales muebles o de servicios, de exigir las facturas o documentos equivalentes y de exhibirlas cuando el fisco las exija.

De acuerdo con los artículos 616-2 ibídem, 2º del Decreto 1001 de 1997 y 6º del Decreto 3050 de 1997, no se requiere la expedición de factura o documento equivalente en los siguientes casos: Operaciones realizadas por bancos, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda y compañías de financiamiento comercial; ventas efectuadas por los responsables del régimen simplificado; enajenaciones y arrendamientos de bienes que constituyan activos fijos para el enajenante o arrendador no comerciante; operaciones realizadas por cooperativas de ahorro y crédito, organismos cooperativos de grado superior, instituciones auxiliares del cooperativismo, cooperativas multiactivas e integrales, y fondos de empleados, en relación con sus actividades financieras; operaciones realizadas por responsables del régimen simplificado; por distribuidores minoristas de combustibles derivados del petróleo y gas natural comprimido, en lo referente a estos productos; por prestadores del servicio de transporte público urbano o metropolitano de pasajeros, en relación con esas actividades; por quienes presten servicios de baños públicos, en relación con esa actividad; por personas naturales vinculadas por una relación laboral o legal y reglamentaria, en relación con esa actividad; y por personas naturales que únicamente vendan bienes excluidos de IVA, o que presten servicios no gravados, siempre y cuando no sobrepasen los topes de ingresos y patrimonio exigidos a los responsables del régimen simplificado.

En estos casos, el artículo 3º del Decreto 3050 de 1997 dispuso que el documento soporte es el expedido por el vendedor o por el adquirente del bien y/o servicio, y que debe contener: apellidos y nombre o razón social y NIT de la persona o entidad beneficiaria del pago o abono; fecha de la transacción; concepto; valor de la operación, y discriminación del impuesto generado en la operación, para el caso del impuesto sobre las ventas descontable. Tales requisitos no se aplican para la procedencia de impuestos descontables correspondientes a la retención asumida en operaciones realizadas con responsables del impuesto sobre las ventas del régimen simplificado.

De acuerdo con las disposiciones citadas y en relación con el requisito de las facturas para la procedencia de los costos y deducciones, la Sala ha considerado que no es una mera formalidad(20). Lo anterior por cuanto esta exigencia tiene como finalidad, no sólo servir de fuente de información para el control del recaudo de los impuestos, sino para establecer, con certeza, la existencia y transparencia de las transacciones económicas que dan lugar a las deducciones. Así lo precisó la Corte Constitucional mediante Sentencia C-733 de 2003, la cual declaró la exequibilidad del artículo 771-2 del estatuto tributario:

— La factura o documento equivalente, en materia impositiva constituye una valiosa fuente de información para el control de la actividad generadora de renta, para el cobro y recaudo de ciertos impuestos, y para evitar, o al menos, disminuir la evasión y el contrabando. Expedir y exigir la factura con los requisitos legales son deberes de colaboración con la administración para hacer efectivos los principios constitucionales de solidaridad y prevalencia del interés general.

En materia tributaria la libertad probatoria no es absoluta, pues en ciertos eventos el legislador puede exigir la presentación de documentos privados, como sucede con la factura, para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta (resalta la Sala).

— La finalidad de esta exigencia consiste en establecer, con certeza, la existencia y transparencia de las transacciones económicas que dan lugar a los descuentos, costos y deducciones, así como a los impuestos descontables, acreditar su legalidad, y fortalecer la lucha contra la evasión. Por lo anterior, trasciende del ámbito meramente formal y se constituye en presupuesto para la configuración de un derecho sustancial. La Corte concluye que no es la simple transacción la que configura el derecho a registrar los costos, deducciones e impuestos descontables, sino el hecho de haberla realizado dentro del marco de la ley y bajo las formalidades por ella exigidas.

De acuerdo con lo anterior, como lo ha considerado la Sala, la norma establece una tarifa legal probatoria, de manera que para la procedencia de los costos y deducciones solicitados por un contribuyente debe presentarse la factura que los respalde(21).

Ahora bien, en virtud del artículo 615 del estatuto tributario, para efectos tributarios, todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales, o presten servicios inherentes a estas o enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera, deben expedir factura, salvo que se encuentren dentro de las excepciones establecidas en el artículo 616-2 ib., o en los decretos reglamentarios correspondientes.

En el presente caso, la DIAN rechazó los pagos correspondientes a los contratos de arrendamientos de la actora con las sociedades Vilor Ltda. e Inmobiliaria Capri Ltda., y los servicios de correo prestados por Correonet Ltda., por falta de facturas, decisión que para la Sala se ajustó a derecho, pues fueron transacciones realizadas con personas obligadas a expedir facturas, por su calidad de comerciantes, hecho que obligaba a la actora a obtenerlas para la procedencia de sus costos o deducciones.

La demandante no aduce ningún argumento ni razón jurídica para demostrar que los beneficiarios de los pagos no estuvieran obligados a facturar, sólo indica que la DIAN reconoció la existencia de esos gastos, pero que los negó por una exigencia de una norma interpretada literalmente, y sin tener en cuenta que la finalidad de los tributos es que los ciudadanos contribuyan con las cargas del Estado.

Para la Sala, la exigencia del cumplimiento del requisito previsto en el artículo 771-2 del estatuto tributario, no significa una interpretación literal de la norma en perjuicio de los contribuyentes, o que una duda probatoria se hubiera resuelto a favor del fisco, pues como lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia mencionada, la exigencia constituye un presupuesto para la configuración de un derecho sustancial y no una mera formalidad. De manera que si la deducción o costo no está respaldado con una factura que reúna los requisitos previstos en la norma, en el caso en que ésta deba expedirse, el contribuyente no tiene derecho a la deducción solicitada, no porque se considere inexistente, sino porque no goza de la prerrogativa para solicitarla.

Así las cosas, los gastos por arrendamientos con las sociedades Vilor Ltda. e Inmobiliaria Capri Ltda., y los gastos de correo con la sociedad Correonet Ltda., no son procedentes porque no se respaldaron en facturas como lo exige el artículo 771-2 del estatuto tributario.

Ahora bien, los gastos relacionados con la sociedad Correonet Ltda., que el tribunal aceptó porque se allegaron copias de las facturas electrónicas, que eran documentos equivalentes a la factura, la Sala estima que tampoco son procedentes, pues tales facturas electrónicas tienen fecha de diciembre de 2001, por servicios prestados en ese mes y, por lo tanto, fueron causadas en ese año gravable, y no son deducibles en el año gravable 2002 conforme con los artículos 104 y 105 del estatuto tributario. De acuerdo con lo anterior, la decisión de la DIAN se ajustó a derecho por lo anotado y también porque el gasto solicitado por el año gravable 2002, estaba respaldado con la cuenta de cobro y con recibos de caja, y no con facturas, conforme con el artículo 771-2 del estatuto tributario.

De acuerdo con lo anterior, como el tribunal no debió acceder a las deducciones mencionadas, en este aspecto se modificará la sentencia de primera instancia.

Respecto del gasto con el Banco Ganadero, cuya deducción negó el tribunal porque no cumplía la relación de causalidad con la actividad productora de renta, para la Sala, las consideraciones del tribunal se ajustaron al sustento de los actos demandados, pues como se advierte a folio 530 del cuaderno de antecedentes 3, la DIAN sí consideró que el gasto no tenía relación de causalidad, aspecto sobre el cual nada dice la sociedad en la demanda. Por esta razón, la actora no desvirtuó el motivo de la Administración para rechazar esa deducción, de manera que sobre este aspecto la decisión del tribunal se ajustó a derecho.

3. Sanción por inexactitud.

El tribunal aceptó la sanción por inexactitud reducida, liquidada por la sociedad, en virtud de que con motivo de la liquidación de revisión la sociedad presentó una corrección a la declaración e incluyó los mayores valores aceptados y calculó proporcionalmente la sanción por inexactitud reducida, conforme con el artículo 713 del estatuto tributario.

Para la DIAN no se debe aceptar la sanción reducida porque la actora incluyó como deducción pagos por impuesto de Industria y Comercio que no fueron respaldados con los documentos respectivos, en la suma de $ 10.166.000, por lo tanto, utilizó datos equivocados en la declaración de renta de 2002, de los que derivó un menor impuesto. Además, no probó que pagara o acordara pagar la sanción reducida, máxime que la declaración de corrección fue presentada sin pago.

Pues bien, el artículo 713 del estatuto tributario establece que si dentro del término para interponer el recurso de reconsideración contra la liquidación de revisión, el contribuyente, responsable o agente retenedor, acepta total o parcialmente los hechos planteados en la liquidación, la sanción por inexactitud se reducirá a la mitad de la sanción inicialmente propuesta por la administración, en relación con los hechos aceptados. Para tal efecto, el contribuyente, responsable o agente retenedor, deberá corregir su liquidación privada, incluyendo los mayores valores aceptados y la sanción por inexactitud reducida, y presentar un memorial ante la correspondiente oficina de recursos tributarios, en el cual consten los hechos aceptados y se adjunte copia o fotocopia de la respectiva corrección y de la prueba del pago o acuerdo de pago de los impuestos, retenciones y sanciones, incluida la de inexactitud reducida.

En el presente caso está demostrado que con ocasión de la liquidación de revisión, la actora corrigió su declaración de renta del año gravable 2002, y el 18 de mayo de 2005 presentó la declaración de corrección, en la cual aceptó el rechazo de la suma de $ 10.166.394 por concepto del pago del impuesto de Industria y Comercio y, por ende, un mayor impuesto de renta de $ 3.558.000. En consecuencia, liquidó una sanción reducida de $ 2.847.000. La explicación de esta aceptación parcial la plasmó en el recurso de reconsideración a folio 650 del cuaderno de antecedentes 3, y a folio 599 del mismo cuaderno obra la declaración de corrección, en la que se evidencian las modificaciones en los renglones de costo de ventas y otras deducciones por el valor aceptado, la sanción por inexactitud por $ 2.847.000 y un menor saldo a favor de $ 13.531.000 (el saldo a favor inicialmente declarado fue de $ 19.936.000).

Conforme con lo anterior, para la Sala la decisión del tribunal se ajustó a derecho, pues la actora con ocasión de la liquidación de revisión y dentro del término para interponer el recurso de reconsideración, aceptó parcialmente los hechos planteados en la liquidación, corrigió la liquidación privada e incluyó los mayores valores aceptados y la sanción reducida, y así lo manifestó a la DIAN.

Si bien la sociedad incluyó inicialmente pagos por impuesto de Industria y Comercio que no fueron respaldados con los documentos respectivos, lo cierto es que aceptó su no procedencia y los retiró de la liquidación privada con ocasión de la corrección. Además, según se advierte en la resolución del recurso de reconsideración, está fue la única partida sobre la cual se liquidó la sanción por inexactitud, sin tener cuenta y ni siquiera mencionar que la sociedad había corregido la declaración en ese sentido.

De otra parte, como la declaración de corrección arrojó un menor saldo a favor, no es procedente rechazar el derecho a la reducción de la sanción con fundamento en la falta de pago de la misma. Así las cosas, en este aspecto se mantendrá la decisión del tribunal.

Así las cosas, se debe practicar una nueva liquidación, pues aunque se mantiene la decisión del tribunal que aceptó los costos y deducciones por pagos de los tributos a diferentes entidades y la sanción reducida, en esta instancia no se aceptan las otras deducciones solicitadas por falta de facturas. La liquidación queda en los siguientes términos:

Concepto
Liquidación privada- Declaración de corrección
Resolución del recurso de reconsideración
Liquidación del Consejo de Estado
Total ingresos netos
178.223.045.000
178.223.045.000
178.223.045.000
Total costos*
116.692.692.000
114.681.651.000
116.692.692.000
Total deducciones**
44.705.214.000
44.634.083.000
44.702.307.000
Renta líquida del ejercicio
16.825.139.000
18.907.311.000
16.828.046.000
Menos compensación por pérdidas
16.814.973.000
16.814.973.000
16.814.973.000
Renta líquida
10.166.000
2.092.338.000
13.073.000
Renta presuntiva
0
0
0
Renta líquida gravable
10.166.000
2.092.338.000
13.073.000
Impuesto sobre la renta gravable
3.558.000
732.318.000
4.576.000
Impuesto neto de renta
3.558.000
732.318.000
4.576.000
Total impuesto neto de renta
3.558.000
732.318.000
4.576.000
Total retenciones año gravable 2002
16.657.000
16.657.000
16.657.000
Menos anticipo año gravable 2002
3.279.000
3.279.000
3.279.000
Más sanciones***
2.847.000
5.693.000
2.847.000
Total saldo a pagar
0
718.075.000

Total saldo a favor
13.531.000

12.513.000

* Se aceptaron costos por $ 2.011.041.000 por pago de tributos.

** Se aceptaron deducciones por $ 68.224.000 por pago de tributos

*** Se aceptó la sanción reducida al 50% de la determinada en la resolución del recurso de reconsideración.

En este orden de ideas, se confirmará el numeral primero de la sentencia apelada que anuló parcialmente los actos demandados y se modificará el numeral segundo, para disponer, a título de restablecimiento del derecho, que el saldo a favor del impuesto de renta de la demandante por el año gravable de 2002 es de $ 12.513.000, conforme a la anterior liquidación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. CONFÍRMASE el numeral primero de la sentencia apelada.

SEGUNDO. MODIFÍCASE el numeral segundo de la sentencia apelada, el cual quedará así:

“2. A título de restablecimiento del derecho, SE FIJA como saldo a favor de la Sociedad Termoflores S.A. ESP por concepto de impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2002 la suma de doce millones quinientos trece mil pesos moneda legal ($ 12.513.000 M.L.)”.

TERCERO. RECONÓCESE personería a la abogada Nidia Amparo Pabón Pérez como apoderada de la parte demandada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.»

(8) Sentencia del 12 de febrero de 2010, expediente 16758, C.P. Dr. William Giraldo Giraldo.

(9) Sentencias de 13 de octubre de 2005, expediente 13631 acumulado al 14122, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié y de 27 de octubre de 2005, expediente 14625, C.P. María Inés Ortiz Barbosa.

(10) Decreto 2649 de 1993, artículo 39. Los costos representan erogaciones y cargos asociados clara y directamente con la adquisición o la producción de los bienes o la prestación de los servicios, de los cuales un ente económico obtuvo sus ingresos.

(11) ART. 1º—Campo de aplicación. El presente decreto ser aplica a todas las empresas, sean públicas, privadas o mixtas, propietarias de plantas de generación de energía hidroeléctrica, cuya potencia nominal instalada total sea superior a 10.000 kw y sobre las ventas brutas por generación propia.(…) ART. 4º—Liquidación y transferencias. Dentro de los diez (10) primeros días de cada mes y sobre la base de las ventas brutas del mes anterior, las empresas a las que se aplica el presente decreto, mediante acto administrativo para el caso de las empresas públicas o mixtas, y mediante comunicación para el caso de las privadas, harán la liquidación de los valores a transferir a la corporación o corporaciones autónomas regionales, municipios o distritos y se les comunicará a los beneficiarios.

(12) El sistema y método para establecer tales gravámenes está previsto en el artículo 42 de la Ley 99 de 1993.

(13) Certificado de la Cámara de Comercio, folio 70, cuaderno principal.

(14) La norma dispone que tal gravamen se indexará anualmente con el índice de precios al productor (IPP) calculado por el Banco de la República y que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) adoptará los ajustes necesarios a la regulación vigente para hacer cumplir este artículo.

(15) ART. 85.—Contribuciones especiales. Con el fin de recuperar los costos del servicio de regulación que preste cada comisión, y los de control y vigilancia que preste el superintendente, las entidades sometidas a su regulación, control y vigilancia, estarán sujetas a dos contribuciones, que se liquidarán y pagarán cada año

(16) Sentencias de 13 de octubre de 2005, expediente 13631 acumulado al 14122, de 25 de octubre y de 6 de diciembre de 2006 expedientes 14796 y 14303 C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié y de 20 de noviembre de 2008, expediente 16312, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(17) Folio 530, c.a. 3.

(18) ART. 6º—Casos en los que no existe la obligación de expedir factura o documento equivalente. Además de los casos contemplados en el artículo 2º del Decreto 1001 de 1997, no existe la obligación de expedir factura o documento equivalente en las enajenaciones y arrendamientos de bienes que constituyan activos fijos, para el enajenante o arrendador, que tenga la calidad de no comerciante.

(19) Redacción de la norma antes de la modificación introducida por el artículo 64 de la Ley 788 de 2002.

(20) Sentencia del 28 de junio de 2010, expediente 16791. C.P. Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

(21) Sentencias del 4 de febrero de 2010, expediente 16446, C.P. Dr. William Giraldo Giraldo y del 28 de junio de 2010, expediente 16791. C.P. Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.