Sentencia 2006-01324 de julio 10 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Rad.: 250002327000200601324-01

Número interno: 18723

Asunto: acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Cóndor S.A. Compañía de Seguros Generales

Demandado: UAE-DIAN

Bogotá, D.C., diez de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «3. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Le corresponde a la Sala decidir si es nula la Resolución 03-064-216-670-5000-00-3128 del 17 de agosto de 2005, por la que se declaró el incumplimiento del régimen de importación temporal a largo plazo leasing autorizado y se ordenó la efectividad de la póliza de cumplimiento, expedida por la Administración Especial de Aduanas de Bogotá —División de Liquidación; la Resolución 03-064-216-656-5000-01-4955 del 28 de diciembre de 2005, por la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución anterior y la Resolución 03-072-193-607-0511 del 24 de abril de 2006, expedida por la División Jurídica Aduanera de la Administración Especial de Aduanas de Bogotá, que confirmó en todas sus partes la Resolución 03-064-216-670-5000-00-3128 del 17 de agosto de 2004.

En concreto, se decidirá si la Administración de Aduanas tenía competencia para hacer efectiva la póliza de cumplimiento 000210015133 del 17 de mayo de 2000, expedida por Cóndor S.A. Compañía de Seguros Generales o si, como lo alegó la aseguradora demandante, carecía de competencia porque ya había prescrito el plazo previsto en el artículo 1081 del Código de Comercio para que dicha autoridad hiciera la respectiva reclamación.

3.1. Hechos probados o no alegados:

A efectos de fijar la litis, la Sala hará un recuento de los hechos probados en el expediente y los no controvertidos por las partes:

1. El 11 de mayo de 2000, la sociedad REFORESTACIÓN Y PARQUES S.A. suscribió con la sociedad EQUINVEST C.V. el contrato de leasing financiero de ciertos bienes de capital. Conforme con la cláusula décimo primera del contrato, la sociedad REFORESTACIÓN Y PARQUES S.A., en calidad de arrendataria, se obligó a pagar 10 cuotas semestrales de cánones de arrendamiento en favor de EQUINVEST C.V. La primera cuota se debía pagar el 20 de enero del año 2001.

2. La Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Bogotá autorizó a la sociedad REFORESTACIÓN Y PARQUES S.A. la importación temporal a largo plazo de la mercancía objeto del contrato de Leasing por el plazo de 5 años(4). La declaración de importación se presentó en bancos el 17 de mayo de 2000.(5)

3. El 17 de mayo de 2000, la sociedad REFORESTACIÓN Y PARQUES S.A. constituyó la póliza de cumplimiento de disposiciones legales 00021015133(6), expedida por Cóndor S.A. Compañía de Seguros Generales ―parte demandante en este proceso― cuya vigencia iba desde el 17 de mayo de 2000 hasta el 17 de agosto de 2005. El valor asegurado ascendió a $637.532.943,00. El objeto de la póliza era “GARANTIZAR LA FINALIZACIÓN DE LA IMPORTACIÓN LEASING EN LOS PLAZOS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 0620644071269-1 (…). Y EL PAGO OPORTUNO DE LOS TRIBUTOS ADUANEROS, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 223 DEL DECRETO 2666, EN CONCORDANCIA CON EL DECRETO 1909/92, Y LAS RESOLUCIONES 408/92, 6517/96 Y 1016/97.”

4. El 28 de diciembre del año 2000, la demandante suscribió el Otrosí número 1 al contrato de leasing internacional, que modificó la cláusula décimo primera en el sentido de reducir el número de cánones de arrendamiento a 8, pagaderos semestralmente, a partir del 30 de julio de 2001.(7)

5. El 3 de julio de 2001, la demandante suscribió el Otrosí número 2 al contrato de leasing internacional, que modificó las cláusulas décima y la décimo primera. La primera cláusula se modificó en el sentido de modificar la fecha de pago de la primera cuota de arrendamiento, que quedó establecida para el día 30 de agosto de 2001, y en el sentido de precisar la fecha máxima de cumplimiento de los cánones de arrendamiento, que quedó prevista para el 15 de marzo de 2005, de conformidad con el anexo financiero hecho para el efecto. La segunda cláusula se modificó en el sentido de precisar la fecha máxima de cumplimiento de los cánones de arrendamiento.(8)

6. El 10 de enero de 2002, la demandante suscribió el Otrosí número 3 al contrato de leasing internacional, que modificó la cláusula décimo primera en el sentido de reducir a 3, las cuotas de cánones de arrendamiento, pagaderas en agosto de 2001, enero de 2002 y enero de 2005.(9)

7. El 22 de marzo de 2005, mediante requerimientos 12498 y 12499(10), el Grupo de Control de Garantías de la División de Comercio Exterior de la Aduana de Bogotá conminó a la sociedad REFORESTACIONES Y PARQUES S.A. y a Seguros Cóndor S.A. para que, en el término de 10 días hábiles siguientes al recibo de la comunicación, acreditaran el pago oportuno de los tributos aduaneros, conforme con el Otrosí número 3 del contrato de leasing internacional. En el expediente no hay prueba de que esos requerimientos se hubieran contestado.

8. El 20 de junio de 2005, mediante los requerimientos 25702 y 25703(11) , el Grupo de Control de Garantías de la División de Comercio Exterior conminó nuevamente a la sociedad Reforestaciones y Parques y a Seguros Cóndor S.A., para que en un plazo de 10 días hábiles siguientes a la comunicación, enviara los documentos en los que acreditara el pago de los tributos aduaneros para la finalización del régimen de importación.

9. El 14 de julio de 2005, la Jefe del Grupo Interno de Trabajo Control de Garantías de la DIAN remitió los antecedentes del caso a la División de Liquidación para lo de su competencia.

10. Mediante oficio del 3 de agosto de 2005, la sociedad REFORESTACIONES Y PARQUES S.A. contestó el requerimiento 25702 en el siguiente sentido:

“1. Como bien se menciona en su comunicación, existen una serie de obligaciones aduaneras que no han podido ser honradas por la compañía que represento. En todo caso, es importante aclarar que la compañía no ha realizado ningún otro giro al exterior con cargo a los contratos de leasing internacional y, por tanto, el plazo para el pago de los tributos aduaneros es el máximo de los 5 años, contados a partir de la fecha de levante de los bienes.

2. En tal virtud, haciendo uso de los beneficios legales consagrados en la Orden Administrativa 0005 del 23 de mayo de 2001, la compañía solicita un acuerdo de pago que le permita hacer uso de los flujos de caja futuros…”

11. Mediante Resolución 03-054-216-670-5000-00-3128 de 17 de agosto de 2005, la jefe de Liquidación de la Aduana de Bogotá: (i) Declaró el incumplimiento del régimen de importación temporal a largo plazo Leasing autorizado a la sociedad REFORESTACIONES Y PARQUES S.A. para la mercancía amparada con la declaración de importación identificada con el autoadhesivo 0620644071269-1, y (ii) Ordenó la efectividad de la póliza de cumplimiento 00021015133 que expidió la aseguradora CÓNDOR S.A., en cuantía de $ 637.532.943.

12. El 16 de septiembre de 2005, la sociedad REFORESTACIONES Y PARQUES S.A. y la aseguradora CÓNDOR S.A., mediante memoriales independientes, interpusieron el recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación contra la Resolución 03-054-216-670-5000-00-3128 de 17 de agosto de 2005.

13. La División de Liquidación de la Aduana de Bogotá, mediante Resolución 03-064-216-656-5000-01-4955 del 28 de diciembre de 2008, resolvió el recurso de reposición, en forma negativa y concedió el recurso de apelación.

14. La División Jurídica de la Aduana de Bogotá, mediante Resolución 03-072-193-607-0511 del 24 de abril de 2006, resolvió el recurso de apelación también en forma negativa.

3.2. Fijación de la litis

Conforme con los hechos narrados, le corresponde a la Sala precisar en qué fecha tuvo ocurrencia el siniestro amparado por la garantía de cumplimiento de obligaciones aduaneras que otorgó la SOCIEDAD REFORESTACIONES Y PARQUES S.A., y que expidió la empresa aseguradora demandante, pues a partir de esa fecha deben contarse los dos años que tiene la DIAN para hacer la reclamación a la entidad aseguradora, de conformidad con el artículo 1018 del Código de Comercio

La aseguradora alegó que el plazo de los dos años debía contarse a partir de la fecha en que la DIAN tuvo conocimiento de la ocurrencia del siniestro, esto es, a partir del 1º de agosto del año 2002.

La DIAN alegó que el plazo de los dos años debía contarse a partir de enero del año 2005, por cuanto de conformidad con el Otrosí número 3 que modificó el contrato de leasing financiero de la mercancía importada temporalmente, el mes de enero del año 2005 fue el plazo máximo que se fijó para que la SOCIEDAD REFORESTACIONES Y PARQUES S.A. pagara los cánones de arrendamiento, y, por ende, hasta ese plazo máximo tenía esa misma empresa para pagar el saldo insoluto de los tributos aduaneros.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 5 de noviembre de 2010, accedió a las pretensiones de la demanda. Sin embargo, consideró que, el plazo de los dos años debía contarse a partir del 30 de julio de 2000. A juicio del a quo, no era pertinente tener en cuenta las modificaciones que se hicieron al contrato de Leasing mediante los otrosí 2 y 3, porque el artículo 223 del Decreto 2666 de 1984 sólo le permitía a la demandante prorrogar por una sola vez el pago de los cánones de arrendamiento y, por ende, por una sola vez se podían redividir las cuotas de los tributos aduaneros.

3.3. Consideraciones de la Sala

La Sala considera que le asiste razón a la DIAN, por las siguientes razones:

El artículo 39 del Decreto 1909 de 1992, disponía que “importación temporal es la importación al territorio nacional, con suspensión de tributos aduaneros, de determinadas mercancías destinadas a la reexportación en un plazo señalado, sin haber experimentado modificación alguna, que de ellas se haga, y con base en la cual su disposición quedará restringida”.

De su parte, el artículo 40, ibídem, establecía que las importaciones temporales podrán ser de corto plazo o de largo plazo.

Respecto de la importación temporal a largo plazo, el artículo citado determinaba que ésta se presentaba cuando se importaban bienes de capital, que podían ser máquinas, equipos, material de transporte y sus accesorios, partes y repuestos que vinieran en el mismo embarque. El plazo máximo de importación establecido era de cinco años.

El artículo 41 del mismo decreto disponía que en la declaración de importación temporal de largo plazo, debían liquidarse los tributos aduaneros en dólares de los Estados Unidos de Norte América, que se distribuían en cuotas semestrales iguales por el término de duración de la importación.

Tratándose de las mercancías importadas mediando un Leasing financiero, el artículo 222 del Decreto 2666 de 1984(12) ―que no fue derogado por el artículo 111 del Decreto 1909 de 1992― precisaba que la liquidación total de los derechos de importación a que hubiera lugar, se dividía en tantas cuotas como cánones de arrendamiento se hubieran pactado, y que el pago debía realizarse quince (15) días antes de remesarse al exterior los cánones de arrendamiento.

El artículo 223 del Decreto 2666 de 1984(13) ―que tampoco fue derogado― disponía que el plazo para la importación de las maquinarias, equipos y elementos referidos en el artículo 222, no podía exceder de 60 meses y que debía corresponder al tiempo que las mercancías estuvieran en arriendo. Sin embargo, ese plazo podía ser superior a los 5 años, caso en el cual, el pago de los tributos aduaneros debía haberse surtido, en todo caso, hasta ese plazo máximo.

El artículo 223 del Decreto 2666 de 1984 también contemplaba la posibilidad de que el contrato de leasing se modificara para adicionar el plazo de importación temporal, si se había optado por un plazo menor a los 5 años, o se repactara el pago de los cánones de arrendamiento. En estos casos, el importador debía pedir a la Aduana que redividiera el total de las cuotas de tributos aduaneros adeudadas, o la prórroga de las cuotas de tributos aduaneros, por una sola vez, sin que el plazo máximo para pagar superara los 5 años. De ahí que la norma prescribía: “Si se acepta lo anterior, los derechos de importación adeudados serán divididos en forma proporcional a los pagos por arrendamiento repactados o al plazo de la prórroga concedida y el beneficiario del régimen cancelará las nuevas cuotas aduaneras en la forma y condiciones que se hayan reliquidado.”

De igual forma, el artículo 42 del Decreto 1909 de 1992 preveía que se debía otorgar una garantía en favor de la Nación, con el objeto de responder por la finalización de la importación temporal en los plazos señalados en la declaración y por el pago oportuno de los tributos aduaneros. También decía la norma que dicha garantía debía constituirse hasta por el 100% del valor de dichos tributos, en las condiciones, modalidades y plazos señalados por la DIAN.

El artículo 18 de la Resolución 1794 de 1993 precisaba que “cuando se trate de mercancías importadas temporalmente a largo plazo, se deberán constituir garantías bancarias o de compañías de seguros, por el 100% del valor de los tributos aduaneros, por el plazo indicado en la declaración de importación temporal.”

Conforme con la legislación reseñada, considera la Sala que, en las importaciones temporales por leasing declaradas en vigencia del Decreto 2666 de 1984, la obligación aduanera de pagar los tributos aduaneros causados estaba cubierta por una póliza de cumplimiento que abarcaba el plazo de permanencia de la mercancía en el territorio nacional, y, en todo caso, un plazo máximo de 5 años, puesto que ese era el plazo máximo fijado para el pago diferido del total de los tributos aduaneros.

En esas circunstancias, y dado que las cuotas de tributos aduaneros podían ser semestrales o de otro tipo de período, dependiendo de los cánones de arrendamiento pactados en el contrato de leasing para aquellas mercancías importadas y precedidas de ese negocio jurídico, el incumplimiento podía ser parcial o total dependiendo de si se pagaban una o varias cuotas o ninguna.

De manera que, bien podía la DIAN iniciar la acción de reclamación a la aseguradora por el no pago de los tributos aduaneros una vez advirtiera el incumplimiento de una cuota o bien al final cuando advertía que definitivamente no se pagó ninguna cuota, pues, en todo caso, la póliza cubría el 100% de los tributos aduaneros.

En ese contexto, se procede a analizar el caso concreto.

3.3.1. Análisis del caso concreto:

De acuerdo con lo que se encuentra probado en el expediente, el 11 de mayo de 2000, la sociedad REFORESTACIÓN Y PARQUES S.A. y EQUINVEST C.V. suscribieron contrato de Leasing Internacional. Conforme con el objeto del contrato, EQUINVEST C.V. le arrendó a la sociedad REFORESTACIÓN Y PARQUES S.A. una Rueda de Chicago (también conocida como Rueda Millenium), para ser destinada a la explotación de actividades propias del objeto social de aquélla(14).

De conformidad con dicho contrato, para pagar el canon, REFORESTACIÓN Y PARQUES S.A. se obligó, en la cláusula décimo primera, “en forma incondicional y sin necesidad de requerimiento alguno a realizar (10) diez pagos cada uno semestralmente, comenzando el primero el día 20 de enero del año 2001, a favor del ARRENDADOR (…)”.

Entonces, conforme con lo inicialmente pactado, el primer canon de arrendamiento debía pagarse el 20 de enero de 2001, y el décimo canon de arrendamiento se debía pagar el 20 de julio de 2005. En consecuencia, las 10 cuotas de tributos aduaneros causadas en la declaración de importación, que presentó la demandante, debían pagarse a favor del erario, 15 días antes de que la SOCIEDAD PARQUES Y REFORESTACIONES S.A. hiciera la remesa al exterior de los cánones de arrendamiento.

Posteriormente, conforme con los hechos narrados, la sociedad REFORESTACIONES Y PARQUES S.A. suscribió 3, Otrosí que modificaron lo inicialmente pactado.

En efecto, de acuerdo con el otrosí número 1, los cánones bajaron de 10 a 8. Y se modificó la fecha de pago del primer canon ―que estaba prevista para enero de 2001― para el 20 de julio del año 2001. De manera que, la modificación implicó que se repactó la cuantía de los cánones de arrendamiento y la fecha a partir de la cual debían empezar a pagarse.

Mediante el Otrosí número 2, se modificó la fecha en que debía empezar a pagarse el primer canon de arrendamiento, pues se fijó para el 30 de agosto de 2001. Y conforme con el Otrosí número 3, se repactaron los 8 pagos por sólo 3, pagaderos conforme con el anexo financiero(15), así:

Agosto200118.395
Enero200218.395
Enero20051.140.500
Totales 1.177.290

Adujo la parte actora que los otrosíes 2 y 3 no deben tenerse en cuenta porque el artículo 223 del Decreto 2666 de 1984 permite que las cuotas de tributos aduaneros se redividan por una sola vez.

El artículo 223 del Decreto 2666 de 1984, modificado por el Decreto 1740 de 1994, dispone lo siguiente:

ART. 223.—Plazo de la importación temporal. El plazo para la importación de las maquinarias, equipos y elementos referidos en el artículo anterior, [se refiere a las mercancías importadas temporalmente en arrendamiento financiero] no podrá exceder de sesenta (60) meses y corresponderá al tiempo que las mercancías estén en arrendamiento. Cuando éste sea mayor de cinco (5) años en la última cuota aceptada por la Aduana se cobrará la diferencia por los derechos, impuestos, gravámenes aún no cancelados. Si se ha autorizado un plazo menor que cinco (5) años o se repactan los pagos por arrendamiento, el interesado podrá, mediante solicitud, pedir a la Aduana que redivida el total de cuotas adeudadas o que éstas sean prorrogadas por una sola vez, sin superar el plazo máximo de cinco (5) años permitido. Si se acepta lo anterior, los derechos de importación adeudados serán divididos en forma proporcional a los pagos por arrendamiento repactados o al plazo de la prórroga concedida y el beneficiario del régimen cancelará las nuevas cuotas aduaneras en la forma y condiciones que se hayan reliquidado.

La Sala considera que la norma citada sí exige que el importador acuda a la DIAN para que autorice redividir o prorrogar las cuotas de tributos aduaneros, y que sólo respecto de la prórroga se impone el límite de que efectúe por una sola vez.

En el caso concreto, como se vio, la importadora REFORESTACIONES Y PARQUES S.A. no convino la prórroga de las 10 cuotas inicialmente pactadas, sino que las repactó, primero en 8 y luego en 3. Por lo tanto, no existía la limitante de que se hiciera por una sola vez.

Ahora bien, aunque en virtud de las modificaciones concertadas, la Sociedad REFORESTACIONES Y PARQUES S.A. debió promover ante la Aduana de Bogotá la redivisión de las cuotas de tributos aduaneros ―como se lo exigía el artículo 223 del Decreto 2666 de 1984― lo cierto es que no hay prueba en el expediente de que hubiera cumplido esa obligación.

La aseguradora CÓNDOR S.A., en los hechos de la demanda, narró que mediante oficio 1042321 de octubre de 2003(16), el Jefe del Grupo de Control de Garantías de la División de Servicio al Comercio Exterior requirió a la compañía importadora por el presunto incumplimiento de pago de las cuotas de tributos aduaneros. Que fue a raíz de ese requerimiento que la DIAN tuvo conocimiento del incumplimiento de la tercera cuota de tributos aduaneros, bajo la consideración de que se habían repactado 8 cuotas a cambio de 10, conforme con el Otrosí número 1.

Visto ese oficio en el expediente, la Sala aprecia que ese requerimiento fue remitido a la misma empresa aseguradora demandante, más no a la empresa importadora. Además, ese requerimiento se hizo por el presunto incumplimiento de pago de tributos aduaneros respecto de varias declaraciones de importación amparadas con pólizas de la empresa, dentro de las cuales no figura la declaración de importación amparada con la póliza de cumplimiento cuya efectividad se ordenó en los actos administrativos ahora demandados.

Adicionalmente, se aprecia que en octubre del año 2003, la empresa REFORESTACIONES Y PARQUES S.A., y el agente de aduanas de esa empresa, respondieron el requerimiento 1042321 de octubre de 2003(17) y pusieron en conocimiento del Grupo Interno de Trabajo Control de Garantías de la Aduana de Bogotá el Otrosí al Convenio de Leasing Internacional.

Para esa fecha, dijo la DIAN y no lo controvirtió la demandante, que la empresa importadora ya había pagado 2 de las 3 cuotas de tributos aduaneros que se habían derivado del repacto de los cánones de arrendamiento. Por lo tanto, era improcedente iniciar la actuación administrativa prevista para declarar el incumplimiento. Y, así mismo, era imposible redividir la última cuota que quedaba pendiente por pagar.

De manera que, conforme con lo expuesto, si en el tercer otrosí se pactó que el último pago por la importación temporal a largo plazo en la modalidad de leasing debía efectuarse en enero del año 2005 y como plazo máximo el 15 de marzo de 2005, y el artículo 222 del Decreto 2666 de 1984 indicaba que los tributos aduaneros debían pagarse en su totalidad quince días antes de que deban remesarse al exterior los cánones de arrendamiento, es a partir del retraso del pago de la última cuota que se configuró el siniestro.

En efecto, en el expediente obra prueba de que mediante oficio radicado el 3 de agosto de 2005, la demandante admitió que no estaba en capacidad de pagar el saldo insoluto de los tributos aduaneros y, por eso, pidió acogerse a un acuerdo de pago.

En consecuencia, la Sala considera que debe tomarse como fecha de ocurrencia del siniestro el 15 de marzo de 2005. Dado que la póliza cubría el riesgo desde el 17 de mayo de 2000 hasta el 17 de agosto de 2005, está probado que el siniestro tuvo ocurrencia estando vigente la póliza. Así mismo, está probado que la DIAN hizo la reclamación dentro del plazo de dos años de prescripción a que alude el artículo 1018 del Código de Comercio, contados a partir de la ocurrencia del siniestro, esto es, antes del 15 de marzo del año 2007, puesto que la Resolución 03-064-216-670-5000-00-3128 se expidió el 17 de agosto de 2005 y quedó ejecutoriada el 3 de mayo de 2006, fecha en que se notificó la Resolución 03-072-193-607 del 24 de abril de 2006, que resolvió el recurso de apelación.

La demandante alegó que el acto administrativo que declaró el incumplimiento de la obligación y ordenó hacer efectiva la garantía constituye, en sí mismo, el siniestro asegurado.

La Sala precisa que esa interpretación es equivocada por las siguientes razones:

Las normas aduaneras no regularon el plazo dentro del cual las autoridades competentes debían declarar el incumplimiento de cualquier obligación inherente al régimen de importación temporal y ordenar la efectividad de la garantía, puesto que el plazo para declarar el incumplimiento de cualquier tipo de garantías de cumplimiento está regulado en el Código de Comercio, concretamente, en el artículo 1081 Código de Comercio, que establece el término de prescripción para las obligaciones derivadas del contrato de seguro, así:

“ART. 1081.—La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.

La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.

La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho.

Estos términos no pueden ser modificados por las partes”.

Mediante Concepto 00015 de enero 27 de 1999, la división de doctrina de la oficina nacional de normativa y doctrina de la UAE-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales precisó que “el acto administrativo que declare el incumplimiento de la obligación asegurada y ordena hacer efectiva la póliza, en seguro de cumplimiento debe dictarse dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que la administración tuvo conocimiento o razonablemente pudo tenerlo, de la existencia del riesgo asegurado”.

Mediante sentencia del 21 de septiembre del año 2000(18), la Sección Primera del Consejo de Estado declaró la nulidad parcial de ese concepto. La sentencia precisó que dentro de los dos años siguientes a la fecha en que la Administración tuvo conocimiento o razonablemente pudo tenerlo de la existencia del riesgo asegurado la DIAN debía expedir el acto administrativo, resolver los recursos y notificar las decisiones pertinentes, de manera que dentro de dicho lapso quedara ejecutoriado.(19)

Ahora bien, en cuanto a lo que debe entenderse por siniestro, el artículo 1072 Código de Comercio define el siniestro como la realización del riesgo asegurado.

En la sentencia del 21 de septiembre de 2000, la Sección Primera del Consejo de Estado dijo que (…) la responsabilidad de la aseguradora (…) se concreta a la ocurrencia del siniestro, que en este caso se configura con el incumplimiento de la obligación garantizada” (Negrilla fuera de texto)

De manera que no es dable confundir el siniestro que se configura por el incumplimiento mismo de la obligación garantizada, con el acto administrativo ejecutoriado mediante el cual se declara el incumplimiento y, en consecuencia, se ordena hacer efectiva la garantía. Lo relevante es que el incumplimiento acontezca en la vigencia de la póliza, y la reclamación se surta dentro del plazo previsto en el artículo 1081 del Código de Comercio.

Por las razones expuestas, prospera el recurso de apelación que propuso la autoridad demandada.

Consecuente con lo anterior, la Sala revocará la sentencia apelada, para disponer, en su lugar, la denegatoria de las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia del 5 de noviembre de 2010, proferida por la Sección Cuarta, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar,

2. DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda interpuesta por la sociedad Cóndor S.A. Compañía de Seguros Generales contra la DIAN, por las razones expuestas.

3. RECONÓCESE personería a Patricia del Pilar Romero Angulo para actuar como apoderada de la DIAN, en los términos del poder conferido a folios 351 y 352 del expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase».

Magistrados: Jorge Octavio Ramírez Ramírez, presidente de la Sala—Jorge Octavio Ramírez Ramírez, ausente con permiso—Hugo Fernando Bastidas BárcenasMartha Teresa Briceño de Valencia—Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

1 Prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguros.

2 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 13 de septiembre de 2007, expediente 25000-23-24-000-2001-00946-01. M.P. Marco Antonio Velilla Moreno.

3 Para corroborar el argumento, el Ministerio Público también citó la sentencia del 10 de febrero de 2011, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, con ponencia de la magistrada María Elizabeth García González, expediente 13001-23-31-000-2003-00073-01.

4 En la casilla número 28 de la declaración de importación 0620644071269-1 consta que el total de cuotas de tributos aduaneros fue de 10 cuotas semestrales, lo que indica que el plazo de la importación temporal se autorizó por cinco años. Folio 66 c.a.

5 En la copia que obra en el folio 66 del c.a.a. no consta fecha ni número de autorización de levante

6 Folios 2 y 3 c.a.a.

7 Folios 32-33 c.a.
“DÉCIMA. PLAZO. EL ARRENDADOR confiere la mera tenencia del bien objeto del presente contrato a LA ARRENDATARIA desde el día de la celebración del mismo 13 de mayo de 2000 y hasta el 29 de julio del año 2001, en un periodo de gracia sin costo, y a partir del día 30 de julio del año 2001, y hasta el día 15 de marzo del año 2005, en un periodo en que habrá de causarse la contraprestación definida en la cláusula décimo primera del presente contrato.
DÉCIMO PRIMERA. RENTA. LA ARRENDATARIA se obliga en forma incondicional y sin necesidad de requerimiento alguno a realizar (8) ocho pagos cada uno semestralmente, comenzando el primero el día 20 de julio del año 2001, a favor del ARRENDADOR, por la cantidad resultante de la siguiente operación: (…)”.

8 Los folios 35 y 36 c.a.a. “DÉCIMA. PLAZO. EL ARRENDADOR confiere la mera tenencia del bien objeto del presente contrato a LA ARRENDATARIA en las siguientes condiciones:

Habrá un periodo de gracia sin costo, desde el día de la celebración del contrato (13 de mayo de 2000) y hasta el 29 de agosto de 2001.
El pago de la contraprestación prevista en la cláusula décima primera del presente contrato, se hará a partir del día 30 de agosto del año 2001, y hasta el día 15 de marzo del año 2005 de acuerdo con el cronograma contenido en el anexo financiero de este contrato.
DÉCIMO PRIMERA. RENTA. LA ARRENDATARIA se obliga en forma incondicional y sin necesidad de requerimiento alguno a realizar (8) ocho pagos hasta el 15 de marzo de 2005. Estos pagos se efectuarán a favor del ARRENDADOR y en forma semestral según consta en el anexo financiero que hace parte del presente “OTROSÍ número 2”. Así mismo el valor de cada canon se encuentra estipulado en el anexo financiero”.

9 Folios 47 a 49 c.a.a. “DÉCIMO PRIMERA. RENTA. LA ARRENDATARIA se obliga en forma incondicional y sin necesidad de requerimiento alguno a realizar (3) tres pagos hasta el 15 de marzo del año 2005. Estos pagos se efectuarán a favor del ARRENDADOR y en la forma que consta en el anexo financiero que hace parte del presente “OTROSÍ número 3”. Así mismo el valor de cada pago se encuentra estipulado en el anexo financiero”.

10 Folios 88 a 91 c.a.a.

11 Folios 99 a 104 c.a.a.

12 Modificado por el Decreto 1740 de 1994.
ART. 222.—Importación temporal de mercancías en arrendamiento. Se podrán importar temporalmente al país las maquinarias, equipos y los repuestos, partes y accesorios que vengan con ellos en un mismo embarque, para desarrollar una actividad económica o social, cuando sean objeto de un contrato de arrendamiento con o sin opción de compra, ingresen por un plazo superior a seis (6) meses y cancelen los derechos de importación, impuesto sobre las ventas y cualquier otro gravamen, vigentes en la fecha de aceptación de la Declaración, en forma proporcional al tiempo de permanencia autorizado.
La liquidación total de los derechos de importación a que haya lugar, se dividirá en tantas cuotas como haya sido pactado el arrendamiento o el "leasing" y su pago se realizará quince días antes de que deban remesarse al extranjero los pagos por arrendamiento.
El valor de las maquinarias, equipos y elementos que se importen bajo los requisitos de este artículo, se determinará según las normas de valor en aduanas, en la fecha de aceptación de la Declaración de Importación Temporal. Si existiere una factura que indique el precio de venta al contado para estas mercancías, se tomará en cuenta ese precio para conformar la base imponible.
Si se hace la reexportación antes del vencimiento del plazo concedido, no existe devolución de los derechos pagados y las mercancías se considerarán extranjeras en el estado en que se encuentran.

13 Modificado por el Decreto 1740 de 1994.
ART. 223.—Plazo de la importación temporal. El plazo para la importación de las maquinarias, equipos y elementos referidos en el artículo anterior, no podrá exceder de sesenta (60) meses y corresponderá al tiempo que las mercancías estén en arrendamiento. Cuando éste sea mayor de cinco (5) años en la última cuota aceptada por la Aduana se cobrará la diferencia por los derechos, impuestos, gravámenes aún no cancelados. Si se ha autorizado un plazo menor que cinco (5) años o se repactan los pagos por arrendamiento, el interesado podrá, mediante solicitud, pedir a la Aduana que redivida el total de cuotas adeudadas o que éstas sean prorrogadas por una sola vez, sin superar el plazo máximo de cinco (5) años permitido. Si se acepta lo anterior, los derechos de importación adeudados serán divididos en forma proporcional a los pagos por arrendamiento repactados o al plazo de la prórroga concedida y el beneficiario del régimen cancelará las nuevas cuotas aduaneras en la forma y condiciones que se hayan reliquidado.

14 Folios 18 a 27 c.a.

15 Folios 47 a 49 c.a.a.

16 Folios 92 y 93 c.a.a.

17 Folios 39 y 40 y 46 del c.a.a.

18 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN PRIMERA. Consejera ponente: OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO. Bogotá, D.C., septiembre veintiuno (21) del año dos mil (2000). Radicación número: 5796. Actor: FABIO ERNESTO CRUZ RUIZ. Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD. Reiterada por la Sección Cuarta, en la sentencia del veintinueve (29) de septiembre de dos mil once (2011). C.P. HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS. Radicación: 76001 23 31 000 2004 05566 01. Número interno: 17518. Demandante: COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A., CONFIANZA. Demandado: UAE-DIAN.

19 Se dijo en la parte resolutiva de esa sentencia: “DECLARASE la nulidad de la expresión “ ...ni quedar debidamente ejecutoriado dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia del siniestro,” contenida en la conclusión del Concepto 000015 de 27 de enero de 1999, emitido por la división de doctrina de la DIAN”.