Sentencia 2006-01336 de septiembre 27 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Rad.: 20001-23-31-000-2006-01336-01

Expediente: 34953

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Actor: William Rincón Cortés y otros.

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otros

Naturaleza: acción de reparación directa

Bogotá, D. C., veintisiete de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Presupuestos procesales de la acción

1. Competencia.

La Sala es competente para resolver el caso sub lite en razón de la naturaleza y materia del asunto, habida cuenta que los artículos 414 del Decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal vigente al momento de los hechos) y 65, 68 y 73 de la Ley 270 de 1996, establecieron la responsabilidad del Estado derivada de la actividad judicial en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y, concretamente, por la privación injusta de la libertad. En efecto, fijaron la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, siendo, por ello, irrelevante algún análisis relacionado a la cuantía(7).

2. De la legitimación activa y pasiva en la causa.

2.1. La legitimación por activa se encuentra acreditada en relación con el demandante el señor William Rincón, ya que tiene un interés directo y real sobre las resultas del proceso por cuanto sufrió un presunto daño antijurídico por el accionar de la Fiscalía General de la Nación, quien en ejercicio de sus competencias en el ámbito penal, lo privó de su libertad entre el 3 de mayo de 2004 hasta el 7 de abril de 2006.

Así mismo, el grupo familiar del señor Rincón Cortés acreditó su filiación y, por consiguiente, la calidad de víctimas indirectas, a efectos de la legitimación por activa, de la siguiente manera: Leira María Trujillo Ríos en calidad de cónyuge (registro civil de matrimonio fl. 6, c. 1); Camilo José, William Andrés y Lina María Rincón Trujillo, en calidad de hijos (registros civiles de nacimiento, fls. 7, 8 y 9 c. 1); y Berenice Cortés de Rincón en calidad de madre de la víctima directa (registro civil de nacimiento, fl. 6 c. 1).

2.2. Frente a la legitimación en la causa por pasiva, la Sala encuentra que el actor, en ejercicio de su derecho a acceder a la administración de justicia, relacionó los hechos que atribuyó a la Nación - Fiscalía General de la Nación, al tiempo que formuló pretensiones indemnizatorias frente aquella, de manera que fue vinculada al proceso y, así mismo, se deberá resolver si es la llamada a responder.

En este punto, vale destacar el carácter unitario del Estado, no así el de su representación, pues esta bien puede recaer en las distintas ramas del poder público, en los órganos de control y aun en diferentes entes que dotados de personería jurídica se vinculan a los procesos de responsabilidad con miras a que, declarada la obligación respondan con su patrimonio por los daños causados(8).

Quiere decir que la múltiple representación de la Nación varía de acuerdo con la naturaleza de la actuación demandada, sin que ello permita desconocer su unidad, independientemente del ente que concurra al proceso a representarla(9).

Por tal razón, en el presente caso la legitimación por pasiva se encuentra radicada en la Fiscalía General de la Nación a fin de determinar la existencia del daño, la imputación y la causalidad.

3. De la caducidad de la acción.

El ordenamiento jurídico consagra la figura de la caducidad como una sanción por el no ejercicio oportuno de las acciones judiciales, para lo cual la ley establece taxativamente unos términos dentro de los cuales el interesado tendrá la carga de promover el litigio a través de demanda. Si el recurso judicial se ejerce por fuera de este lapso temporal, aquel perderá la posibilidad de hacer efectivo el derecho sustancial que intenta deprecar ante la administración de justicia.

En ese orden de ideas, el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, en lo relativo a la acción de reparación directa, instituye un término de dos años para que sea impetrada, contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de la causa del daño (hecho, omisión, operación administrativa u ocupación temporal o permanente), y vencido el cual ya no será posible solicitar que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado.

Ahora bien, en tratándose de los eventos de responsabilidad por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia de esta corporación ha considerado que el término de caducidad de la acción de reparación directa se cuenta a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que absuelve al sindicado y le pone fin al proceso penal(10), ya que el hecho dañoso se configura a partir del momento en que quede ejecutoriada la providencia que califica dicha medida restrictiva como ilegal o injusta(11).

En el caso concreto, se pretende que se declare la responsabilidad de la Nación - Fiscalía General de la Nación - rama judicial, por la privación injusta de la libertad del señor William Rincón Cortés, quien al afrontar un proceso penal por ser presunto coautor de los delitos de celebración indebida de contratos, peculado por apropiación, y determinador de los de falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado, todos en concurso homogéneo y sucesivo, fue condenado el 16 de agosto de 2005, en primera instancia, por el Juzgado Tercero Penal del Circuito del Distrito Judicial de Valledupar a 216 meses de prisión (1-277, c. 5). Posteriormente, el 6 de abril de 2006, la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar, en segunda instancia, absolvió al señor William Rincón Cortés de los delitos imputados (fls. 11-56 c. 2). Empero, el 28 de octubre de 2010, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Conjueces, en sede del recurso extraordinario de casación, confirmó la sentencia de primera instancia en el sentido de condenar al hoy demandante (copia auténtica, cdno. 7).

Ahora bien, como la demanda se instauró el 3 de octubre de 2006 se concluye que no operó el fenómeno de la caducidad, habida cuenta que la sentencia de segunda instancia fue proferida el 6 de abril de 2006, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar. Es preciso señalar que contra el fallo de segundo grado se interpuso recurso extraordinario de casación dentro de los 30 días(12) siguientes a la ejecutoria de la sentencia, el cual fue decidido el 28 de octubre de 2010 por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, durante el curso del presente proceso, dejando en firme la providencia condenatoria del juez a quo.

II. Problema jurídico

Procede la Sala a determinar si en el caso bajo análisis resulta imputable al Estado el presunto daño antijurídico ocasionado al señor William Rincón Cortés por la privación de la libertad a la que fue sometido desde el 3 de mayo de 2004 hasta el 7 de abril de 2006, con ocasión del proceso penal que afrontó por ser coautor de los delitos de celebración indebida de contratos, peculado por apropiación, y determinador de los de falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado, todos en concurso homogéneo y sucesivo, causa en la cual la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, dejó en firme la sentencia condenatoria de primera instancia, al resolver el recurso de casación. Y en caso de declararse la responsabilidad estatal, se procederá a revisar la condena del a quo.

III. Hechos probados

De conformidad con las pruebas incorporadas al expediente, las cuales son susceptibles de valoración probatoria porque fueron aportadas en cumplimiento del debido proceso, los hechos probados que sirven como fundamento fáctico de la presente sentencia son los siguientes:

1. El señor William Rincón Cortés es el cónyuge de Leira María Trujillo Ríos (registro civil de matrimonio fl. 6, c. 1); padre de Camilo José, William Andrés y Lina María Rincón Trujillo (registros civiles de nacimiento, fls. 7, 8 y 9 c. 1); e hijo de Berenice Cortés de Rincón (registro civil de nacimiento, fl. 6 c. 1).

2. El señor William Rincón Cortés fue privado de la libertad por ser presunto coautor de los delitos de celebración indebida de contratos, peculado por apropiación, y determinador de los de falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado, todos en concurso homogéneo y sucesivo, durante el periodo comprendido entre el 3 de mayo de 2004 y el 7 de abril de 2006, esto es, por 1 año, 11 meses y 4 días (constancia suscrita por el director y asesor jurídico del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Valledupar, fl. 77, c. 2).

3. El 16 de agosto de 2005, el Juzgado Tercero Penal del Circuito del Distrito Judicial de Valledupar condenó al señor William Rincón Cortés a 216 meses de prisión al ser declarado coautor de los delitos de celebración indebida de contratos, peculado por apropiación, y determinador de los de falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado, todos en concurso homogéneo y sucesivo (copia auténtica de la providencia, fl. 1-277, c. 5).

4. El 6 de abril de 2006, la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar, en segunda instancia, absolvió al señor William Rincón Cortés de los delitos imputados, decretó su libertad inmediata y canceló las órdenes de captura que pesaban contra él (copia simple de la de la providencia (fls. 11-56 c. 2 y copia auténtica, fls. 82-122, c. 3).

5. Durante el curso del presente proceso en segunda instancia, el 28 de octubre de 2010, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal confirmó la sentencia de primera instancia en el sentido de condenar penalmente al hoy demandante, al resolver el recurso extraordinario de casación (copia auténtica de la providencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, c. 7).

Esta prueba fue aportada a este proceso, en segunda instancia, tras el requerimiento de esta corporación (fl. 643 c. ppal.) a la Corte Suprema de Justicia, al Tribunal Superior de Valledupar y al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Valledupar, en el sentido de remitir copia auténtica de la referida providencia y las actuaciones surtidas con posterioridad a la sentencia del 28 de octubre de 2010, Expediente 28021. En efecto, la providencia de casación fue remitida en copia autentica por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar (fl. 657 del c. ppal.) y puesta a disposición de las partes mediante auto del 21 de octubre de 2011 (fl. 664 c. ppal.) para su eventual tacha o contradicción en los términos del artículo 289 del Código de Procedimiento Civil, sin que ello sucediera.

6. La anterior providencia reposa en el sistema de información sobre antecedentes y anotaciones de la rama judicial en donde consta que el señor William Rincón Cortés, identificado con C.C. 95.355.04 de Ibagué afronta como pena principal 216 meses de prisión y multa de $6.581.417.389, y como pena accesoria la de inhabilitación de derechos y funciones públicas por un lapso de 120 meses (copia auténtica, fl. 279, c. 6).

7. De igual manera, aparece el documento de registro de sanciones penales de la Procuraduría General de la Nación, en donde se observa la anotación por inhabilitación de derechos y funciones públicas por un lapso de 120 meses (10 años) (copia auténtica, fl. 283, c. 6).

IV. Análisis de la Sala

Con el fin de dar respuesta al problema jurídico planteado estima la Sala pertinente señalar ab initio el marco normativo aplicable para fijar los supuestos fácticos de relevancia jurídica(13) a efectos de determinar en el sub lite si es posible, tras el juicio contencioso administrativo, derivar responsabilidad del Estado y, concretamente, condenar a la Fiscalía General de la Nación a la indemnización de los supuestos perjuicios causados con ocasión de la privación de la libertad que padeció el señor William Rincón Cortés.

En ese sentido, las normas aplicables son los artículos 9(14) del Pacto internacional de derechos civiles y políticos(15); 7(16) de la Convención americana sobre derechos humanos(17) (las cuales hacen parte del bloque de constitucionalidad); 28, 90 y 93 de la Constitución Política; y 65 y 68 de la Ley 270 de 1996, los cuales constituyen, entre otros, el fundamento internacional, constitucional y legal de la responsabilidad del Estado por privación de la libertad en el caso sub lite.

En consecuencia, en ejercicio de una interpretación y aplicación armónica de estos artículos, y principalmente de los artículos 90 constitucional y 65 y 68 de la Ley 270 de 1996, para que exista responsabilidad del Estado por privación de la libertad es necesario que el demandante acredite los siguientes supuestos fácticos de relevancia jurídica, esto es, que: i) fue objeto de una detención preventiva y que a causa de ella se le generó un daño antijurídico consistente en la privación de su derecho fundamental de libertad personal y que ii) exista providencia absolutoria o exonerativa de responsabilidad penal a posteriori.

El supuesto daño, la privación de la libertad y la confirmación de la condena de primera instancia por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

De conformidad con los hechos probados, la Sala advierte que está debidamente acreditado que el señor William Rincón Cortés no sufrió un daño antijurídico consistente en la privación de su libertad en el período comprendido entre el 3 de mayo de 2004 y el 7 de abril de 2006, ya que si bien es cierto fue absuelto mediante sentencia de segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar el 6 de abril de 2006 (fls. 11-56 c. 2), no lo es menos que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 28 de octubre de 2010(18), casó la sentencia del juez de segunda instancia y confirmó la sentencia condenatoria del juez a quo.

En efecto, esta providencia reposa como prueba legalmente allegada al proceso, tal como se explicó en el acápite de hechos probados (copia auténtica de la providencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, c. 7). E igualmente, obra en el expediente certificado del sistema de información sobre antecedentes y anotaciones de la rama judicial en donde se observa que el señor William Rincón Cortés, identificado con C.C. 95.355.04 de Ibagué, afronta actualmente una pena principal de 216 meses de prisión, multa de $6.581.417.389, y una pena accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas por un lapso de 120 meses (copia auténtica del certificado del sistema de información sobre antecedentes y anotaciones de la rama judicial de la Nación, fl. 279, c. 6).

En virtud de lo anterior, para la Sala es claro que en el caso sub lite quedó acreditada la inexistencia del daño antijurídico, ya que la privación de la libertad está plenamente justificada, en tanto que el señor William Rincón Cortés fue declarado penalmente responsable de los punibles que se le imputó, en virtud de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia condenatoria de primera instancia.

Así las cosas, encuentra la Sala que la condena del sindicado en primera instancia, su absolución en segunda instancia y la casación de esta última sentencia en el sentido de dejar en firme la providencia condenatoria del a quo, obedeció al análisis de las pruebas para derivar responsabilidad penal del mismo, razón por la cual, el Estado en ejercicio del ius puniendi desvirtuó la garantía constitucional de la presunción de su inocencia, lo cual arroja como colofón que el señor William Rincón Cortés cometió el delito y que, por tanto, fue privado justamente de su derecho fundamental de libertad personal.

En ese orden de ideas, como quiera que el señor William Rincón Cortés fue condenado por ser responsable penalmente al ser coautor de los delitos de celebración indebida de contratos, peculado por apropiación, y determinador de los de falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado, todos en concurso homogéneo y sucesivo, no se encuentra demostrada la responsabilidad de la entidad demandada, dado que uno de los requisitos para que proceda dicha responsabilidad es la existencia de una absolución o exoneración penal a posteriori, debidamente ejecutoriada.

En razón a lo expuesto, ante la inexistencia del daño antijurídico, esta Sala se abstendrá de realizar el juicio de imputación a la entidad demandada, por cuanto no existe daño de cuya atribución se pueda responsabilizar a la administración, y en consecuencia procederá a revocar la sentencia del a quo, a través de la cual se declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación y se accedió parcialmente a las pretensiones indemnizatorias y, en su lugar, se negaran las súplicas de la demanda, no sin antes señalar la importancia y obligación procesal de verificar la ejecutoria de los fallos en materia penal a efectos de derivar responsabilidad estatal en materia de privación injusta de la libertad.

V. Costas

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la constitución y la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia del 15 de noviembre de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, la cual quedará así:

1. Negar las pretensiones de la demanda.

2. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase».

(7) Para tal efecto consultar el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C. P. Mauricio Fajardo Gómez, Expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

(8) Al respecto pueden consultarse las sentencias de 4 de septiembre de 1997, M. P. Ricardo Hoyos Duque, Expediente 10275 y de 11 de mayo de 2006, M. P. Ramiro Saavedra Becerra, Expediente 15626, en las que se coincide que la Nación se constituye en una persona jurídica unitaria, sin perjuicio de la representación a cargo de la rama, dependencia u órgano al que, específicamente se le atribuye el hecho o la omisión y, en general la causa del daño indemnizable. Posición reiterada en sentencia de 27 de febrero de 2013, Expediente 20883-29538, M. P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(9) Ver auto de 19 de febrero de 2004, M. P. María Elena Giraldo, Expediente 25756.

(10) En este sentido ver auto de la Sección Tercera de 3 de marzo de 2010, Expediente 36473, M. P. Ruth Stella Correa Palacio y auto de 9 de mayo de 2011 de la Subsección C, Sección Tercera, Expediente 40324, M. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(11) “En ese contexto, en los eventos en que el perjuicio se deriva de la privación injusta de la libertad, lo cierto es que el conocimiento del daño se evidencia una vez se tiene la plena certeza acerca de la ilegalidad o la falta de fundamento de la medida restrictiva correspondiente; lo anterior, dado que es a partir del momento en que se califica dicha limitación como injusta o ilegal que la persona detenida tiene pleno conocimiento del daño que se le ha ocasionado y, por consiguiente, puede acudir al aparato jurisdiccional en procura de que dicho detrimento sea resarcido. Es posible que en algunos eventos la persona demandante haya obtenido la libertad por una u otra medida jurisdiccional, pero lo cierto es que hasta tanto la decisión que declaró la libertad —y por ende, declaró la ilegalidad de la medida— no haya cobrado fuerza ejecutoria, no se tendrá plena certeza sobre el verdadero acaecimiento del daño y, en consecuencia, no se tendrá certeza acerca de la viabilidad de las pretensiones indemnizatorias”. Auto de 19 de julio de 2007, Radicación 33.918, C. P. Enrique Gil Botero.

(12) Ley 600 de 2000, artículo 210. Ejecutoriada la sentencia, el funcionario de segunda instancia remitirá las copias del expediente al juez de ejecución de penas o quien haga sus veces, para lo de su cargo, y conservará el original para los efectos de la casación.

La demanda de casación deberá presentarse por escrito dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia. Si no se presenta demanda remitirá el original del expediente al juez de ejecución de penas.

Si la demanda se presenta extemporáneamente, el tribunal así lo declarará mediante auto que admite el recurso de reposición.

(13) Según Taruffo al referirse sobre el concepto de relevancia jurídica afirma que: “El objeto de la decisión es el hecho que la norma define y califica como relevante, es decir, como punto de referencia de los efectos que la misma norma prevé. Es la norma, en otros términos, la que funciona como criterio de selección, en el sentido de individualizar entre los infinitos sucesos del mundo real aquellos que asumen relevancia específica para su aplicación. Si, y sólo si, en la concreta situación planteada en juicio, este criterio funciona con resultados positivos, entonces la norma es aplicable a ese hecho y este es objeto de la decisión y, por tanto, objeto de prueba”. Taruffo, Michele. La prueba de los hechos, Madrid, Trotta, págs. 97-98.

(14) 1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta.

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.

5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación.

(15) Entró en vigor en Colombia el 23 de marzo de 1976 mediante la Ley 74 de 1968.

(16) Derecho a la libertad personal. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que este decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que este decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.

7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.

(17) Entró en vigor en Colombia el 18 de julio de 1978 mediante la Ley 16 de 1972.

(18) La parte resolutiva fue del siguiente tenor: “1. Casar de manera parcial el fallo absolutorio impugnado y de manera exclusiva en lo relacionado con el acusado William Rincón Cortés.

2. En su lugar, se confirma la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Valledupar que lo condenó como coautor de los delitos de celebración indebida de contratos, peculado por apropiación, y determinador de los de falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado, todos en concurso homogéneo y sucesivo en los términos allí dispuestos, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

3. En consecuencia y para el cumplimiento de la condena, líbrese la correspondiente boleta de captura en su contra” (negrilla fuera de texto).