Sentencia 2006-01337 de enero 22 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Rad: 73001233100020061337 01 (47.875)

Consejero ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Ministerio De Defensa Nacional – Policía Nacional

Demandado: Fernando Ortiz Hurtado

Referencia: Grado jurisdiccional de consulta

Bogotá, D. C., veintidós de enero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Cumplidos los trámites respectivos, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a su consideración, a través del siguiente derrotero: 1) Aspectos procesales previos 1.1) De la competencia, 1.2) Caducidad de la acción, 1.3) Valor probatorio de los documentos en copia simple, 2) Los hechos probados, 3) Problema jurídico 4) Elementos para la procedencia de la acción de repetición, y 5) Caso concreto.

1. Aspectos procesales previos.

1.1. De la competencia.

La Sala es competente para decidir el grado jurisdiccional de consulta instado de manera oficiosa por el Tribunal Administrativo del Tolima contra la sentencia proferida el 12 de junio de 2013 con fundamento en los artículos 129 y 184(1) del Código Contencioso Administrativo modificados por los artículos 37 y 57 de la Ley 446 de 1998, dado que se trata de una condena impuesta en primera instancia al señor Fernando Ortiz Hurtado, quien estuvo representado dentro del proceso mediante curador ad litem, y adicionalmente el monto de la condena excede los 300 SMMLV(2).

Así las cosas, constatada la competencia de esta Corporación para definir el asunto sometido a consideración, se torna imperativo efectuar la presentación de los elementos de prueba valorables que obran en el expediente para determinar si se cumplen los requisitos señalados por la jurisprudencia para la prosperidad de la acción de repetición.

1.2. Caducidad de la acción.

El artículo 136 del C.C.A., consagra diferentes términos para intentar las acciones y sanciona su inobservancia con el fenómeno de la caducidad. Precisamente, el numeral 9 dispone, sobre el término para intentar la acción de repetición:

“La de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad”.

Disposición que fue declarada condicionalmente exequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-832 de 2001, en la cual se delimitó el momento a partir del cual se inicia el conteo de los dos años para determinar la caducidad de la acción, así se pronunció esa alta corporación:

“(…) Se tiene, pues, que uno de los requisitos de la acción de repetición es el pago de la condena que haya sufrido la administración, y por consiguiente, resulta razonable que se haya fijado el momento en que se realiza ese acto jurídico como punto de partida para computar el término de caducidad.

Por otra parte, contrariamente a lo que afirma el demandante, la entidad no puede, a su arbitrio, determinar el momento definitivo del pago, ya que el cumplimiento de esa obligación se encuentra sujeto a estrictas normas presupuestales.

La propia Constitución señala el procedimiento que debe seguirse para presupuestar gastos. El artículo 346 superior, señala que no podrá incluirse partida en la ley de apropiaciones que no corresponda a un crédito judicialmente reconocido, a un gasto decretado conforme a una ley anterior, a uno propuesto por el Gobierno para atender al funcionamiento de las ramas del poder público, el servicio de la deuda o destinado a dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo.

Por su parte, en desarrollo del mandato constitucional, el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo prevé, que en el evento de ser condenada la Nación, una entidad territorial o una descentralizada al pago de una suma de dinero, el agente del Ministerio Público frente a la respectiva entidad, debe dirigirse a los funcionarios competentes para que incluyan en sus presupuestos, partidas que permitan sufragar las condenas. En concordancia con lo anterior, será causal de mala conducta por parte de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos, pagar las apropiaciones para el cumplimiento de las condenas más lentamente que el resto.

Prevé también el citado artículo que dichas condenas serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho meses después de su ejecutoria, y devengarán intereses moratorios. La Corte, al examinar la constitucionalidad del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo afirmó que "[a] menos que la sentencia que impone la condena señale un plazo para el pago —evento en el cual, dentro del mismo se pagarán intereses comerciales— , los intereses moratorios se causan a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia, sin perjuicio de la aplicación del término de dieciocho meses (18) que el precepto contempla para que la correspondiente condena sea ejecutable ante la justicia ordinaria".

El procedimiento para el pago de las sumas adeudadas es el siguiente: Una vez notificada la sentencia a la entidad condenada, esta, dentro del término de treinta (30) días, procederá a expedir una resolución mediante la cual se adoptan las medidas necesarias para el cumplimiento de la misma; igualmente, deberá enviar copia de la providencia a la subsecretaría del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para la realización del pago. Junto con la sentencia deberá indicarse el nombre, identificación y tarjeta profesional de los representantes de la parte demandada, así como la constancia de notificación (D. 768/93).

Quien fuere beneficiario de la condena, también podrá efectuar la solicitud de pago ante la subsecretaría jurídica del Ministerio de Hacienda. En concordancia con lo anterior, constituirá causal de mala conducta y dará lugar a sanciones disciplinarias, cualquier actuación negligente del servidor público que ocasione perjuicios económicos al Estado, en especial el pago de intereses.

De lo anterior se infiere, que como en razón del principio de legalidad del gasto público (artículos 345 y 346 de la Constitución), el Estado no puede, a diferencia de los particulares, disponer inmediatamente de sus recursos para el cumplimiento de las condenas a su cargo, la ley razonablemente le ha otorgado un plazo de dieciocho meses para realizar los trámites para el pago de las mismas, so pena de sanciones disciplinarias a los funcionarios que no procedan de acuerdo con el trámite anteriormente explicado.

Por lo tanto, el Estado cuenta con un término preciso para efectuar el respectivo trámite presupuestal para efectos de cancelar el monto de la condena judicial por los perjuicios causados a los particulares.

(…) De acuerdo a lo señalado en el punto 4.1, si la entidad condenada, incumpliendo la normatividad anotada, desborda los límites de tiempo señalado para el pago de las citadas condenas, ello no puede afectar el derecho al debido proceso del servidor presuntamente responsable, razón por la cual, la norma será declarada exequible bajo el entendido de que el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4º del Código Contencioso Administrativo(3) (negrilla propia).

La ley y la jurisprudencia consagran entonces, un término de dos años contados a partir del día en que la entidad realice efectivamente el pago de la condena impuesta a la entidad para determinar la caducidad de la acción de repetición, no obstante, este lapso de tiempo con el que cuenta la entidad no puede exceder de 18 meses contados a partir de la ejecutoria de la sentencia que impone la condena.

Así las cosas, en el sub judice tenemos que la sentencia que condenó a la entidad pública quedó ejecutoriada el 18 de marzo de 2004 (fl. 45, cdn. 2), por lo tanto, el término de los 18 meses con que contaba la entidad para cumplir con la condena impuesta vencía el 18 de septiembre de 2005. De los comprobantes de egresos (fls. 49 a 52, cdn. 2) allegados al expediente, se evidencia que se ordenó el pago de dichas sumas de dinero dentro del plazo de 18 meses establecidos por la jurisprudencia, es decir, el 25 de octubre de 2004; por lo tanto, los dos años con que contaba la entidad para interponer la acción de repetición vencían el 25 de octubre de 2006, y la demanda se presentó el 7 de junio de 2006; en consecuencia, la excepción de caducidad propuesta por el curador ad litem de la parte demandada, no está llamada a prosperar

1.3. Valor probatorio de los documentos en copia simple.

El precedente jurisprudencial ha señalado, que por expresa remisión que el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo hace al régimen probatorio previsto en el Código de Procedimiento Civil, los documentos que se aporten a un proceso judicial, podrán allegarse en original o en copia, la cual puede estar constituida por trascripción o por reproducción mecánica, como lo señala el artículo 253 del C.P.C.

Ahora bien, si se trata de copias, debe observarse lo dispuesto en el artículo 254 del C.P.C., esto es:

“ART. 254.—[Modificado por el Decreto-Ley 2282 de 1989, artículo 1º, numeral 117] Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos:

1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada.

2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente.

3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa”.

Resulta pertinente aclarar que la vigencia del artículo 11 de la Ley 446 de 1998 y la del artículo 25 del Decreto 2651 de 1991, según los cuales los documentos presentados en sede judicial se reputan auténticos, en nada modifican el contenido de los artículos 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, pues el primero de ellos se refiere solo a documentos privados y el segundo, como bien lo ha establecido la Corte Constitucional, alude a documentos originales y no a copias(4). Queda claro entonces, que los documentos mediante los cuales se pretende la demostración de los hechos alegados en la demanda, deben aportarse en original o copia auténtica, debido a que las copias simples no son medios de convicción que puedan tener la virtualidad de hacer constar o demostrar los hechos que con las mismas se pretendan hacer valer ante la jurisdicción, en cuanto su estado desprovisto de autenticación impide su valoración probatoria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 254(5) antes citado(6).

Al respecto, ha señalado la jurisprudencia constitucional, que el precepto según el cual las copias, para que tengan el valor probatorio del original, tienen que ser autenticadas, es un principio elemental que siempre ha regido los ordenamientos procesales, considerando, que la certeza de los hechos que se tratan de demostrar con copias de documentos tiene relación directa con la autenticidad de tales copias.

“Tal certeza es el fundamento de la eficacia de la administración de justicia, y en últimas, constituye una garantía de la realización de los derechos reconocidos en la ley sustancial”(7).

Adviértase, entonces, que la honorable Corte Constitucional, en ejercicio de su función guardadora de la supremacía de la Constitución, mediante sentencia en cita, sostuvo que una cosa es la primacía del derecho sustancial, principio contenido en el artículo 228 de la Carta Magna, y otra, la prueba en el proceso de los hechos y actos jurídicos que conllevan el nacimiento, modificación o extinción de los derechos reconocidos en la ley sustancial, de manera que concibió la autenticidad de las copias, para reconocerle el mismo valor jurídico del original, el desarrollo de los derechos sustanciales, por cuanto cumple la finalidad de rodear de garantías de certeza la demostración de los hechos.

“En las actuaciones de la administración de justicia, es decir, de los jueces, "prevalecerá el derecho sustancial". Lo cual significa esto, y solamente esto: que el proceso es un medio y que, por lo mismo, las normas procesales deben aplicarse con un fin, fin consistente en la realización de los derechos reconocidos en la ley sustancial. La exigencia del numeral 2 del artículo 254 es razonable, y no vulnera el artículo 83 de la Constitución, como tampoco el 228. En este caso, la autenticación de la copia para reconocerle "el mismo valor probatorio del original" es un precepto que rige para todas las partes en el proceso, y que no tiene otra finalidad que rodear de garantías de certeza la demostración de los hechos, fundamento del reconocimiento de los derechos. Ninguna de las dos normas acusadas quebranta el artículo 228 de la Constitución. Una cosa es la primacía del derecho sustancial, y otra, la prueba en el proceso de los hechos y actos jurídicos que causan el nacimiento, la modificación o la extinción de los derechos subjetivos, vale decir, de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Pretender que el artículo 228 de la Constitución torna inexequibles las normas relativas a la prueba, o la exigencia misma de esta, es desconocer la finalidad de las pruebas y del proceso en sí”(8).

Del mismo modo, aseveró el máximo Tribunal de lo constitucional que la exigencia de pruebas dentro del proceso judicial no es incompatible con la presunción de buena fe contenida en el artículo 83 superior, por el contrario, encontró que la exigencia de pruebas, presente en todos los ordenamientos jurídicos, son una forma para conseguir la seguridad en las relaciones jurídicas.

No obstante, es igualmente importante prever que la jurisprudencia ha establecido excepciones a las reglas probatorias anteriormente anotadas, las cuales se han circunscrito, principalmente, a las pruebas documentales trasladadas de procesos diferentes al contencioso, a aquellas que provienen de la entidad demandada y las que han obrado a lo largo del plenario o han sido coadyuvadas por la parte contra quien se aducen, por cuanto se presume el pleno conocimiento de la prueba en la parte contraria y la posibilidad de controvertirla o, incluso, de alegarla a su favor. Lo anterior, atendiendo el principio de lealtad procesal.

Al respecto se ha dicho:

“Más evidente aún resulta la carencia de necesidad de que se autentiquen las copias simples aportadas en contra de quien tiene a su disposición los originales o copias auténticas anteriores, o de que estas se cotejen en diligencia de inspección judicial, en aquellos eventos en los que quien tiene bajo su guarda esos originales o copias auténticas y en contra de quien se aducen las copias simples, en vez de tachar estas de falsedad, se remite a las mismas para fundamentar su defensa, con ese comportamiento procesal, ha de entenderse que la parte contra quien se aducen las copias ha verificado su autenticidad y las acepta como pruebas válidas del proceso”(9).

Así, en reciente pronunciamiento la Sala de Subsección C, en aras de respetar el principio constitucional de buena fe y el deber de lealtad procesal(10), reconoció valor probatorio a una prueba documental allegada con el escrito introductorio en copia simple, que obró a lo largo del proceso, en un caso donde la Nación al contestar la demanda admitió tenerla como prueba y aceptó el hecho a que se refería dicho documento, donde, además, una vez surtidas las etapas de contradicción, dicha prueba no fue cuestionada en su veracidad por la entidad demandada(11).

Este pronunciamiento se fundamentó en el citado precedente:

“De conformidad con las manifestaciones de las partes, para la Sala dicho documento que obra en copia simple, tiene en esta oportunidad mérito para ser analizado y valorado, comoquiera que la parte demandada pidió tener esa copia como prueba y valorarla como tal; en otras palabras, la Nación no desconoció dicho documento ni lo tachó de falso, sino que conscientemente manifestó su intención de que el mismo fuese valorado dentro del proceso.

En consideración a lo anterior y a pesar de que no se cumplió con el requisito de autenticación de la copia previsto en el artículo 254 de la ley procesal civil, la Sala considera en esta oportunidad, en aras de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y de la garantía del derecho de acceso a la justicia consagrado en los artículos 228 y 229 de la Constitución Política, que no pueden aplicarse las formas procesales con excesivo rigorismo y en forma restrictiva, con el fin de desconocer lo que las mismas partes no han hecho y ni siquiera han discutido durante el proceso, como lo es la autenticidad del documento aportado por la parte actora en copia simple, admitido como prueba por la Nación que, además, aceptó el hecho aducido con el mismo en la contestación de la demanda”(12).

Al respecto, debe anotarse que el avance jurisprudencial presentado en este sentido obedece, entre otras, a la expedición de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 por la cual se promulgó el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que entró en vigencia el pasado 2 de julio de 2012 y en cuyo artículo 215 estableció una presunción legal con relación al valor probatorio de la copias, según la cual se presume que estas tienen el mismo valor del original siempre que no hayan sido tachadas de falsas.

Con relación a esta codificación, es oportuno señalar que su artículo 308 restringió su aplicación a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a su entrada en vigencia. No obstante, la Sala considera pertinente reiterar que en lo referente a la prueba del estado civil de las personas se seguirá aplicando, preferentemente, lo dispuesto por el Decreto-Ley 1260 de 1970 en cuanto se trata de una lex especialis(13).

Como así se reiteró en reciente pronunciamiento del 28 de agosto de 2013 de la Sala de lo Contencioso Administrativo de esta corporación, al referirse al valor probatorio de los documentos aportados en copia simple, entre otras señaló:

“En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar —de modo significativo e injustificado— el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (C.P., arts. 228 y 229).

Lo anterior no significa que se estén aplicando normas derogadas (retroactividad) o cuya vigencia se encuentra diferida en el tiempo (ultractividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo hermenéutico de las normas procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio, para lo cual puede valorar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v. gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad.

De allí que, no puede el juez actuar con obstinación frente a los nuevos lineamientos del derecho procesal o adjetivo, en los que se privilegia la confianza y la lealtad de las partes, razón por la cual esa es la hermenéutica que la Sección C (sic) de la Sección Tercera ha privilegiado en pluralidad de decisiones, entre ellas vale la pena destacar(14).

Lo anterior, no quiere significar en modo alguno, que la Sala desconozca la existencia de procesos en los cuales, para su admisión y trámite, es totalmente pertinente el original o la copia auténtica del documento respectivo público o privado. En efecto, existirán escenarios —como los procesos ejecutivos— en los cuales será indispensable que el demandante aporte el título ejecutivo con los requisitos establecidos en la ley (v. gr. el original de la factura comercial, el original o la copia auténtica del acta de liquidación bilateral, el título valor, etc.). Por consiguiente, el criterio jurisprudencial que se prohíja en esta providencia, está relacionado específicamente con los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v. gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho), salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas como por ejemplo el artículo 141 del C.C.A., norma reproducida en el artículo 167 de la Ley 1437 de 2011 —nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo—”(15).

En el caso de autos, la parte demandante aportó en copia simple el Consejo Verbal de Guerra adelantado por la Policía Nacional - Departamento de Policía del Tolima de fecha 17 de mayo de 1996, que juzgó la conducta del agente de policía Fernando Ortiz Hurtado, para la época de los hechos; la providencia del 16 de julio de 1996, proferida dentro del proceso de carácter disciplinario, en sede de apelación, adelantado en contra del señor Fernando Ortiz Hurtado; la sentencia del 26 de mayo de 1997 proferida por el Tribunal Superior Militar de las Fuerzas Militares de Colombia, en razón al grado jurisdiccional de consulta que se surtió por la sentencia que dictó el Consejo Verbal de Guerra el 17 de mayo de 1996, mediante la cual se absolvió al agente de la Policía Nacional Fernando Ortiz Hurtado como sindicado del delito de homicidio; la providencia del 3 de febrero de 1998 emitida por la Policía Nacional - Departamento de Policía del Tolima - Consejo Verbal de Guerra, que juzgó la conducta de Fernando Ortiz Hurtado por el delito de homicidio, por segunda vez y la sentencia del 31 de enero de 2000, proferida por el Tribunal Superior Militar de las Fuerzas Militares de Colombia, siendo pertinente indicar, que dichos documentos no fueron desconocidos, ni mucho menos tachados de falsos, sino que conscientemente, se manifestó la intención de que los mismos fuesen valorados dentro del proceso.

De manera que, en concordancia con lo expuesto párrafos atrás, la Sala observa que los medios probatorios así presentados han obrado a lo largo del proceso, sin que hayan sido objeto de tacha por parte de la parte demandada, para quien es pleno su conocimiento de la prueba por cuanto tuvo oportunidad de contradecirla o usarla en su defensa. Por los argumentos expuestos se valorarán los mencionados documentos, conforme a los rigores legales vigentes en la materia.

2. Los hechos probados.

Obran dentro del plenario los siguientes medios de prueba:

1. Copia simple del Consejo Verbal de Guerra adelantado por la Policía Nacional - Departamento de Policía del Tolima de fecha 17 de mayo de 1996, que juzgó la conducta del agente de policía, para la época de los hechos, Fernando Ortiz Hurtado, en el cual se resolvió (fls. 20 a 31 cdn. 1):

“Primero: Acoger el veredicto absolutorio proferido por unanimidad de votos por lo señores Vocales del Consejo Verbal de Guerra en favor del agente de la Policía Nacional para la época de los hechos Fernando Ortiz Hurtado, por el delito de homicidio.

Segundo: Como consecuencia de lo anterior absolver al agente de la Policía Nacional para la época de los hechos Fernando Ortiz Hurtado CC. No. 16.684.231 de Cali (Valle), de condiciones civiles, personales y policiales conocidas en el expediente, por el delito de homicidio, según hechos ocurridos el día veintiséis (26) de diciembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), en el municipio de Murillo, departamento del Tolima.

Tercero: El procesado seguirá gozando de su libertad provisional de conformidad a las obligaciones de la diligencia de compromiso que suscribiera con fecha catorce (14) de mayo del año en curso, debiéndose presentar cada treinta días ante la Auditoría Principal de Guerra (…)”.

2. Copia simple de la providencia del 16 de julio de 1996, proferida dentro del proceso de carácter disciplinario, en sede de apelación, adelantado en contra del señor Fernando Ortiz Hurtado, en la cual se decidió (fls. 59 a 74 cdn. 1):

“(…)

ART. 3º—Confirmar el fallo de primera instancia y destituir de la Policía Nacional al Ag. (r) Ortiz Hurtado Fernando con C.C. 16´684.231 de Cali, al comprobarse que vulneró el Decreto 2584 de 1993, artículo 39, ordinales 15 literal b y 40 literal b, consistente en disparar indiscriminadamente contra los agresores del Ag. Gutiérrez, cuando se hallaba de servicio como comandante de guardia, arrojando como resultado un ciudadano muerto. Hechos ocurridos el 261295 (sic), en Murillo (Tolima).

ART. 4º— Dése (sic) cumplimiento al artículo 55 del Decreto 2584 de 1993, para que obre como antecedente en las hojas de vida, por encontrarse retirados de la Institución el Cs. Cortes Ramírez Juan Carlos y el Ag. Ortiz Hurtado Fernando (…)”.

3. Copia simple de la sentencia del 26 de mayo de 1997 proferida por el Tribunal Superior Militar de las Fuerzas Militares de Colombia, en razón al grado jurisdiccional de consulta que se surtió de la sentencia que dictó el Consejo Verbal de Guerra el 17 de mayo de 1996, mediante la cual se absolvió al agente de la Policía Nacional Fernando Ortiz Hurtado como sindicado del delito de homicidio, la cual en la parte resolutiva señaló (fls. 32 a 47 cdn. 1):

“Revocar en todas sus partes la sentencia de primeria instancia consultada, de fecha 17 de mayo de 1996 dictada en Ibagué por la presidencia de un Consejo Verbal de Guerra, mediante la cual se absuelve a quien fuera agente de la Policía Nacional Fernando Ortiz Hurtado como sindicado del delito de homicidio de que trata este proceso y se adoptan otras determinaciones, de conformidad con las razones señaladas en la parte motiva de esta providencia.

2. Declarar contrario a la evidencia procesal el veredicto que sirviera de fundamento a la sentencia que por a presente (sic) providencia se revoca y disponer, conforme al artículo 680 del Código Penal Militar, la convocatoria y celebración de un nuevo Consejo Verbal de Guerra para juzgar al Ex – agente (sic) Fernando Ortiz Hurtado, acusado del delito de homicidio de que fuera víctima el particular Juan Carlos Forero Páez, consumado en las circunstancias que muestra el expediente examinado (…)”.

4. Copia auténtica de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 7 de julio de 1997, dentro de la reparación directa incoada por Vicente Forero Quiroga y otros por la muerte del señor Juan Carlos Forero Páez, por medio de la cual se accedió a las súplicas de la demanda en los siguientes términos (fls. 7 a 17 cdn. 2):

“Primero. Declárese que la Nación colombiana - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, es administrativamente responsable de la muerte de Juan Carlos Forero Páez, ocurrida el 26 de diciembre de 1995 en el municipio de Murillo Tolima, por falla del servicio.

Segundo. Como consecuencia de lo anterior, condénese a la Nación colombiana - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, a pagar a los demandantes los siguientes perjuicios:

A. Morales. A Vicente Forero Quiroga y Edilma Páez Solano, padres del fallecido, el equivalente a mil gramos de oro fino para cada uno de ellos; Yesid, Néstor Vicente, Martha Yaneth, Nubia Faride, Necty Rocio, Jhon Jairo y Karol Julieth Forero Páez, hermanos del cujus (sic), el equivalente a quinientos gramos de oro fino, al precio que tenga el metal a la fecha de ejecutoria de la sentencia según certificación que expida el Banco de la Republica, para cada uno de ellos.

B. Materiales. A Vicente Forero Quiroga por concepto de daño emergente - gastos funerarios, la suma de $649.638.47, seiscientos cuarenta y nueve mil seiscientos treinta y ocho pesos con cuarenta y siete centavos moneda corriente.

A Vicente Forero Quiroga y Edilma Páez Solano, por concepto de lucro cesante así: Vicente Forero Quiroga $2.181.112.90 y Edilma Páez Solano $2.181.112.89 para un gran total de $4.362.225.79, en la modalidad de consolidada y debida.

Tercero. Deniéganse las demás peticiones de la demanda.

Cuarto. La Nación colombiana - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, deberá dar cumplimiento a esta sentencia dentro del término establecido en el artículo 1766 en concordancia con lo preceptuado en el artículo 177 del C.C.A.

Quinto. Si esta sentencia no fuera apelada, consúltese con el H. Consejo de Estado”.

5. Copia simple de la providencia del 3 de febrero de 1998 emitida por la Policía Nacional - Departamento de Policía del Tolima - Consejo Verbal de Guerra, que juzgó por segunda vez la conducta de Fernando Ortiz Hurtado por el delito de homicidio, en la que se decidió (fls. 48 a 53 cdn. 1):

“Primero: Acoger como en efecto se acoge el veredicto de no responsabilidad que por unanimidad emitieron los señores vocales en el puesto a su consideración.

Segundo: Como consecuencia de la anterior decisión absolver de toda responsabilidad penal al Ex – Agente (sic) de la Policía Nacional Fernando Ortiz Hurtado de condiciones civiles, personales y policiales, por el punible de homicidio de conformidad con la parte motiva de la presente providencia (...)”.

6. Copia simple de la sentencia del 31 de enero de 2000, proferida por el Tribunal Superior Militar de las Fuerzas Militares de Colombia, en la cual se decidió (fls. 54 a 58 cdn. 1):

“1º Confirmar la sentencia de primera instancia consultada, de fecha 3 de febrero de 1998 dictada en Ibagué por la presidencia de un Consejo Verbal de Guerra, mediante la cual se absuelve al exagente (sic) de la Policía Nacional Fernando Ortiz hurtado como acusado del delito de homicidio (…)”.

7. Copia auténtica de la sentencia del 26 de febrero de 2004 del Consejo de Estado - Sección Tercera, dentro de la acción de reparación directa adelantada por el señor Vicente Forero Quiroga y otros, en la cual se decidió (fls. 18 a 42 cdn. 2):

“Primero. Modifícase (sic) los numerales segundo y tercero de la sentencia apelada, esto es, la proferida el día 7 de julio de 1997, por el Tribunal Administrativo del Tolima el cual quedará así:

“Segundo: Como consecuencia de la anterior declaración se condena a la Nación (Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional) a pagar a favor de las personas antes mencionadas las siguientes sumas:

1. A título de perjuicios morales,

a) A Vicente Forero Quiroga: la suma de treinta y cinco millones novecientos ochenta y ocho mil cien pesos ($ 35.988.100).

b) A Edilma Páez Solano: la suma de treinta y cinco millones novecientos ochenta y ocho mil cien pesos ($ 35.988.100).

c) A Yesid Forero Páez: la suma de diecisiete millones novecientos cuarenta y cuatro mil setenta y cinco pesos ($17.944.075).

d) A Néstor Vicente Forero Páez: la suma de diecisiete millones novecientos cuarenta y cuatro mil setenta y cinco pesos ($17.944.075).

e) A Martha Yaneth Forero Páez: la suma de diecisiete millones novecientos cuarenta y cuatro mil setenta y cinco pesos ($17.944.075).

f) A Nubia Faride Forero Páez: la suma de diecisiete millones novecientos cuarenta y cuatro mil setenta y cinco pesos ($17.944.075).

g) A Necty Roció Forero Páez: la suma de diecisiete millones novecientos cuarenta y cuatro mil setenta y cinco pesos ($17.944.075).

h) A Jhon Jairo Forero Páez: la suma de diecisiete millones novecientos cuarenta y cuatro mil setenta y cinco pesos ($17.944.075).

i) A Karol Julieth Páez: la suma de diecisiete millones novecientos cuarenta y cuatro mil setenta y cinco pesos ($17.944.075).

2. Por concepto de daño emergente

Condenar a la Nación (Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional) a pagar a título de daño emergente, a favor del señor Vicente Forero Quiroga la suma de un millón siento (sic) setenta mil setecientos sesenta y seis mil (sic) pesos ($1.170.766).

3. Niégase el reconocimiento de indemnización por concepto de lucro cesante a favor de los señores Vicente Forero Quiroga y Edilma Páez Lozano”.

8. Copia auténtica de la Resolución 451 de 12 de octubre de 2004 “Por medio de la cual se da cumplimiento a una sentencia”, la cual señala en la parte resolutiva lo siguiente:

“ART. 1º—Dar cumplimiento a la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera, de fecha 26 de febrero de 2004, ejecutoriada el 10 de junio de 2004, la cual modificó los numerales segundo y tercero del fallo proferido el 07 de julio de 1997, por el Tribunal Administrativo del Tolima y en consecuencia, disponer el pago de la suma de doscientos veinte millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil quinientos cuarenta y tres pesos con noventa centavos ($220,449,543.90), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución, en la siguiente forma:

a) A la doctora Sandra Milena Ocampo Giraldo, identificada con la cédula de ciudadanía número 65.713.068 de Líbano - Tolima y tarjeta profesional número 88.435, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, la suma de sesenta y seis millones ciento treinta y cuatro mil ochocientos sesenta y tres pesos con veintiún centavos ($66,134,863.21), en la cuenta de ahorros número 230-550-88196-5 del Banco Popular.

b) A Yesid Forero Páez, identificado con la cédula de ciudadanía número 93.290.571 de El Líbano (Tolima), Néstor Vicente Forero Páez, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.283.409 de Manizales, Nubia Faride Forero Páez, identificada con la cédula de ciudadanía número 30.330.352 de Manizales (Caldas), Necty Rocío Forero Páez, identificada con la cédula de ciudadanía número 65.714.665 de El Líbano (Tolima), Jhon Jairo Forero Páez identificado con la cédula de ciudadanía número 5.591.063 de Murillo (Tolima), Martha Janeth Forero Páez, identificada con la cédula de ciudadanía número 65.712.421 de El Líbano (Tolima), Edilma Páez Solano identificada con la cédula de ciudadanía número 20.630.235 de Guaduas (Cundinamarca) y Vicente Forero Quiroga, identificado con la cédula de ciudadanía número 2.334.881 de El Líbano (Tolima), quienes a su vez representan legalmente a su hija menor Karol Julieth Forero Páez, la suma de ciento cincuenta y cuatro millones trescientos catorce mil seiscientos ochenta pesos con sesenta y nueve centavos ($154,314,680.69), en la cuenta de ahorros numero (sic) 370-23983-2 del Banco de Bogotá.

ART. 2º—La Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, a través del Área Financiera - Plan Piloto - Cuenta Unica (sic) Nacional, pagará la suma liquidada, previos los descuentos de ley, con cargo al rubro presupuestal de sentencias.

ART. 3º—Contra la presente resolución no procede recurso alguno por vía gubernativa, por tratarse de un acto de ejecución (artículo 49 del Código Contencioso Administrativo) (…)”.

9. Original del comprobante de egresos 20970 de fecha 25 de octubre de 2004, de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, por valor de ciento cincuenta y tres millones setecientos ochenta y tres mil ciento setenta y seis pesos con cuarenta centavos ($153.783.176.40) (fl. 18 cdn. 1).

10. Original del comprobante de egreso (sic) 20969 de fecha 25 de octubre de 2004, de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, por valor de setenta y cinco millones novecientos siete mil setenta y cinco pesos con sesenta y cinco centavos ($75.907.075,65) (fl. 19 cdn. 1).

11. Copia auténtica de documento donde se indica un abono hecho a la cuenta de ahorros de la señora Edilma Páez Solano, por valor de ciento cincuenta y tres millones setecientos ochenta y tres mil ciento setenta y seis pesos con cuarenta centavos m/cte ($153.783.176,40), por concepto de pago sentencia según la Resolución 451 (fl. 50 cdn. 2).

12. Copia auténtica de documento donde se indica un abono hecho a la cuenta de ahorros de la señora Sandra Milena Ocampo Giraldo, por valor de sesenta y cinco millones novecientos siete mil setenta y cinco pesos con sesenta y cinco centavos m/cte ($65.907.075,65), por concepto de pago sentencia según la Resolución 451 (fl. 51 cdn. 2).

13. Original del Oficio 278 del 15 de febrero de 2008, expedido por la Policía Nacional - Dirección Administrativa y Financiera - Tesorería General en el que se informa que (fl .48 cdn. 2):

“En atención a su solicitud #3322 de fecha 18 de diciembre, remitida a la coordinación grupo de sentencia y reenviado mediante Oficio 35 del 17 de enero de 2008 a esta tesorería, me permito enviar comprobante del pago de egreso (sic) 20969 a quien se le consignó al Banco Popular la suma de $65.907.075.65 a nombre de Sandra Milena Ocampo Giraldo y comprobante de pago y comprobante de egreso #20970 quien se le consignó al Banco de Bogotá por la suma de $153.783.176.40 a nombre de Edilma Páez Solano mediante el cual se dio cumplimiento a la Resolución 451 del 121004 (sic)”.

3. Problema jurídico.

El problema jurídico que se plantea la Sala consiste en determinar si el señor Fernando Ortiz Hurtado, es patrimonialmente responsable ante el Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional por la muerte causada al señor Juan Carlos Forero Páez y ocurrida en horas de la madrugada del 26 de diciembre de 1995 en el municipio de Murillo (Tolima).

4. Elementos para la procedencia de la acción de repetición.

La Sección Tercera ha explicado en abundantes providencias(16) los elementos que determinan la prosperidad de las pretensiones de repetición que formula el Estado contra sus agentes. Ha considerado que los tres primeros requisitos son de carácter objetivo y están sometidos a las normas procesales vigentes al momento de la presentación de la demanda; en tanto que el último de ellos, es de carácter subjetivo y está sometido a la normativa vigente al momento de la ocurrencia de la acción u omisión determinante de la responsabilidad del Estado que generó el pago a su cargo y por cuya recuperación se adelanta la acción de repetición(17).

Los elementos necesarios y concurrentes definidos para la declaratoria de repetición son los siguientes:

i) La calidad de agente del Estado y su conducta determinante en la condena.

La calidad y la actuación u omisión de los agentes del Estado debe ser materia de prueba, con el fin de brindar certeza sobre la calidad de funcionario o ex funcionario del demandado y de su participación en la expedición del acto o en la acción u omisión dañina, determinante de la responsabilidad del Estado.

ii) La existencia de una condena judicial, una conciliación(18), una transacción o de cualquier otra forma de terminación de conflictos que genere la obligación de pagar una suma de dinero a cargo del Estado.

La entidad pública debe probar la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de la condena judicial impuesta en su contra, en sentencia debidamente ejecutoriada, o de una conciliación o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto(19).

iii) El pago efectivo realizado por el Estado.

La entidad pública tiene que acreditar el pago efectivo que hubiere realizado respecto de la suma dineraria que le hubiere sido impuesta por una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación, a través de una prueba que, en caso de ser documental, generalmente(20) suele constituirse por el acto mediante el cual se reconoce y ordena el pago en favor del beneficiario y/o su apoderado y por el recibo de pago o consignación y/o paz y salvo que deben estar suscritos por el beneficiario.

iv) La cualificación de la conducta del agente determinante del daño reparado por el Estado, como dolosa o gravemente culposa.

La entidad demandante debe probar que la conducta del agente o ex agente del Estado fue dolosa o gravemente culposa conforme a las normas que para el momento de los hechos sean aplicables.

De acuerdo con lo dicho, la Sala procederá a analizar si en el sub judice la parte demandante logró acreditar cada uno de los elementos señalados por la jurisprudencia de esta corporación, para la prosperidad de la acción.

5. Caso concreto.

Procede la Sala a analizar si en el presente caso hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del señor Fernando Ortiz Hurtado por la muerte de Juan Carlos Forero Páez, acaecida el 26 de diciembre de 1995, para lo cual se estudiará si, de acuerdo con el material probatorio allegado al expediente, se logró acreditar por la parte demandante, el cumplimiento de los elementos que ha señalado la jurisprudencia de esta corporación, para la prosperidad de la acción de repetición.

Ahora bien, respecto del primer requisito, (calidad del agente o ex agente del Estado) encuentra la Sala que el señor Fernando Ortiz Hurtado, se encontraba vinculado como miembro de la Policía Nacional para el 26 de diciembre de 1995, fecha de ocurrencia de los hechos, es así como, de acuerdo con las pruebas arrimadas al expediente se concluye que este tenía la calidad de agente del Estado, lo anterior, con base en los siguientes documentos:

a) Copia simple del Consejo Verbal de Guerra adelantado por la Policía Nacional - Departamento de Policía del Tolima de fecha 17 de mayo de 1996, que juzgó la conducta del agente de policía, Fernando Ortiz Hurtado, por medio de la cual se acogió el veredicto absolutorio por el delito de homicidio del señor Ortiz Hurtado (fls. 20 a 31 cdn. 1).

b) Copia simple de la providencia del 16 de julio de 1996, proferida dentro del proceso de carácter disciplinario, en sede de apelación, adelantado en contra del señor Fernando Ortiz Hurtado, en la cual se decidió confirmar el fallo de primera instancia y destituir a Ortiz Hurtado de la Policía Nacional (fls. 59 a 74 cdn. 1).

c) Copia simple de la sentencia del 26 de mayo de 1997 proferida por el Tribunal Superior Militar de las Fuerzas Militares de Colombia, en razón al grado jurisdiccional de consulta que se surtió por la sentencia que dictó el Consejo Verbal de Guerra el 17 de mayo de 1996, mediante la cual se absolvió al agente de la Policía Nacional Fernando Ortiz Hurtado del delito de homicidio (fls. 32 a 47 cdn. 1).

d) Copia simple de la providencia del 3 de febrero de 1998 emitida por la Policía Nacional - Departamento de Policía del Tolima - Consejo Verbal de Guerra, que juzgó la conducta de Fernando Ortiz Hurtado por el delito de homicidio, por segunda vez, en la que se decidió acoger el veredicto de no responsabilidad del señor Ortiz Hurtado (fls. 48 a 53 cdn. 1).

e) Copia simple de la sentencia del 31 de enero de 2000, proferida por el Tribunal Superior Militar de las Fuerzas Militares de Colombia, en la cual se decidió confirmar la sentencia de primera instancia proferida por Consejo Verbal de Guerra el 3 de febrero de 1998 (fls. 54 a 58 cdn. 1).

Así las cosas, de acuerdo con los documentos señalados, el señor Fernando Ortiz Hurtado fue juzgado y absuelto por el delito de homicidio en la justicia penal militar, de igual manera, fue investigado disciplinariamente, lo que dio como resultado la destitución de su cargo, todo lo anterior, con ocasión a los hechos ocurridos el 26 de diciembre de 1995, cuando resultó muerto Juan Carlos Forero Páez. Por consiguiente, la Sala concluye que Ortiz Hurtado se encontraba vinculado a la Policía Nacional.

No obstante, la Subsección recuerda que la manera de acreditar el primero de los requisitos, es mediante certificación expedida por la entidad en la que conste que para la época de los hechos el demandado se encontraba vinculado a la institución, pero en aras de garantizar el acceso a la administración de justicia la Sala tendrá por acreditado este requisito al valorar en conjunto el material probatorio allegado, donde se evidencia la calidad de agente del Estado de Fernando Ortiz Hurtado en el momento de los hechos.

Para acreditar el segundo de los requisitos (condena, conciliación o cualquier otra forma de terminación de conflictos que genere el pago a cargo del Estado), dentro del proceso obra copia auténtica de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 7 de julio de 1997, dentro de la reparación directa incoada por Vicente Forero Quiroga y otros, por la muerte del señor Juan Carlos Forero Páez, por medio de la cual se declaró a la Nación Colombiana - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, administrativamente responsable por la muerte de Juan Carlos Forero Páez, ocurrida el 26 de diciembre de 1995 en el municipio de Murillo Tolima, al demostrar una falla del servicio (fls. 7 a 17 cdn. 2) y copia auténtica de la sentencia del 26 de febrero de 2004 del Consejo de Estado - Sección Tercera, dentro de la acción de reparación directa adelantada por el señor Vicente Forero Quiroga y otros, en la cual se decidió modificar los numerales segundo y tercero, de la sentencia proferida el 7 de julio de 1997 por el Tribunal Administrativo del Tolima (fls. 18 a 42 cdn. 2). Por lo antes expuesto, la Sala tiene por acreditado el segundo de los requisitos.

Respecto de la tercera exigencia, esto es, el pago efectivo, la entidad demandante allegó copia auténtica de la Resolución 451 de 12 de octubre de 2004 proferida por el Ministerio de Defensa - Policía Nacional, por medio de la cual se da cumplimiento a la sentencia del Consejo de Estado del 26 de febrero de 2004 (fls. 12 a 17 cdn. 1), original del comprobante de egresos 20970 de fecha 25 de octubre de 2004 expedido por la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, por valor de ciento cincuenta y tres millones setecientos ochenta y tres mil ciento setenta y seis pesos con cuarenta centavos ($153.783.176.40) (fl. 18 cdn. 1), original del comprobante de egreso 20969 de fecha 25 de octubre de 2004 expedido por la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, por valor de setenta y cinco millones novecientos siete mil setenta y cinco pesos con sesenta y cinco centavos ($75.907.075,65) (fl. 19 cdn. 1), documentos que no contienen la firma que acredite el pago del dinero a los beneficiarios.

Adicionalmente, reposa en el expediente copia auténtica de documento donde se manifiesta el abono hecho a la cuenta de ahorros de la señora Edilma Páez Solano, por valor de ciento cincuenta y tres millones setecientos ochenta y tres mil ciento setenta y seis pesos con cuarenta centavos m/cte ($153.783.176,40), por concepto de pago sentencia según la Resolución 451 (fl. 50 cdn.2) y copia auténtica de documento donde se manifiesta el abono hecho a la cuenta de ahorros de la señora Sandra Milena Ocampo Giraldo, por valor de sesenta y cinco millones novecientos siete mil setenta y cinco pesos con sesenta y cinco centavos m/cte ($65.907.075,65), por concepto de pago sentencia según la Resolución 451 (fl. 51 cdn. 2), documentos que no cuentan con ningún membrete, firma o similar que acredite la entidad que los expidió. Adicionalmente, y aun en gracia de discusión sobre la idoneidad de los mismos para acreditar el pago, se insiste en que el documento por medio del cual se pretenda acreditar el pago de la obligación debe constar la firma del beneficiario de dichos dineros o existir un paz y salvo donde se manifieste el recibo a satisfacción de la suma reconocida.

Así las cosas, los documentos aportados al plenario no acreditan el pago de la condena impuesta al Ministerio de Defensa - Policía Nacional por la muerte de Juan Carlos Forero Páez mediante sentencia emitida por el Consejo de Estado el 16 de febrero de 2004, pues no dan certeza de que los dineros consignados fueron recibidos a satisfacción por parte de los beneficiarios.

Ahora bien, se ha puntualizado por parte de la Sección Tercera que de acuerdo con el artículo 1625(21) del Código Civil, se establece una enumeración, no taxativa, de los modos de extinción de las obligaciones dado que toda obligación esta llamada a ser cumplida y por lo tanto, a extinguirse a través de la ejecución de la prestación debida(22). Dentro de ese listado previsto en la norma está contemplado el pago(23), modo de extinción de la obligación entendido como la ejecución total de la prestación debida. Es decir, para que exista el pago es menester la preexistencia de una obligación entendida como el vínculo jurídico existente entre dos sujetos de derecho, en la cual se busca la satisfacción del acreedor y la liberación del deudor a través de la materialización de una prestación(24) de dar, hacer o no hacer (dare, facere y prestare).

Conforme a lo anterior, en los términos del artículo 1626 del Código Civil, el pago es la ejecución de la prestación debida y debe probarlo quien lo alega, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1757(25) ibídem. En consecuencia, no basta que la entidad pública aporte documentos emanados de sus propias dependencias, si en ellos no está la manifestación expresa del acreedor o beneficiario del pago sobre su recibo a entera satisfacción, requisito indispensable que brinda certeza en relación con la extinción de la obligación.

Y tal como lo ha manifestado la Sección,

“En materia probatoria, a pesar de la consagración del principio de libertad probatoria y de apreciación conforme a las reglas de la sana crítica, la prueba por excelencia del pago es, de conformidad con nuestro Código Civil, la carta de pago,(26) y en derecho comercial, el recibo(27), documentos que reflejan que la obligación fue satisfecha.(28) (…)”(29).

Por su parte, en reiterada jurisprudencia de la Sala, se ha indicado que el pago puede acreditarse a través de cualquier medio de prueba, lo esencial es que el elemento de convicción, permita inferir que la obligación ha sido efectivamente satisfecha, esto es, que no exista duda alguna en relación con el hecho de que el beneficiario de la condena ha recibido lo adeudado y, a tal efecto, el interesado puede, bien allegar el documento pertinente suscrito por quien recibió el pago en el cual conste tal circunstancia o bien el paz y salvo expedido por el beneficiario o la declaración de este en el mismo sentido.

A este respecto la Sala ha precisado(30):

“(…) Lo anterior, por cuanto quien alega haber efectuado un pago, debe probar plenamente que así fue (C.C., art. 1626 y 1757)(31), siendo insuficiente su sola afirmación en tal sentido; conforme lo dispone el C.P.C. (art. 232), en principio la prueba de los pagos realizados debe constar por escrito(32), pero en casos como el presente, no basta que la entidad pública, parte demandante en el proceso, interesada en obtener la condena del demandado, aporte documentos emanados de sus propias dependencias, tales como el acto administrativo de reconocimiento de la obligación, la liquidación de la misma y la orden de pago al acreedor o beneficiario, si en ellos no consta la manifestación expresa de este sobre su recibo a entera satisfacción, requisito indispensable que brinda certeza sobre el cumplimiento de la obligación.

“En las anteriores circunstancias, y ante la ausencia de la prueba del pago efectivo de la indemnización a la que fue judicialmente condenada la entidad demandante, requisito que es fundamental para la prosperidad de las pretensiones, como que es el que habilita a la administración para repetir en contra de sus funcionarios o ex funcionarios, resulta imposible acceder a las mismas (…)”(33) (subrayado por la Sala).

En el mismo sentido se pronunció la Sala en reciente sentencia del 8 de julio de 2009(34):

“(…) En relación con el caso concreto es necesario resaltar, tal y como se expuso en sentencia proferida por la Sala el 1º de octubre de 2008(35), que si la responsabilidad cuya declaratoria se pretende se deriva directamente del pago de una condena judicial por parte la entidad pública por razón de la actuación dolosa o gravemente culposa de los demandados, lo mínimo que se debe acreditar es la realización efectiva de dicho pago, para lo cual se requiere una constancia de la cancelación de la indemnización que hubiere emanado de la beneficiaria y/o acreedora que hubiere recibido dicho pago, (…) pues dicha prueba constituye el elemento determinante para la procedencia de esta clase de acciones, dado que el pago concreta el daño que da origen a la acción”.

Empero en el sub lite, la entidad demandante no podía pretender acreditar el pago solamente con la copia auténtica de la Resolución 451 de 12 de octubre de 2004 proferida por el Ministerio de Defensa - Policía Nacional, por medio de la cual se da cumplimiento a la sentencia del Consejo de Estado del 26 de febrero de 2004 (fls. 12 a 17 cdn. 1), original del comprobante de egresos 20970 de fecha 25 de octubre de 2004 expedido por la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, por valor de ciento cincuenta y tres millones setecientos ochenta y tres mil ciento setenta y seis pesos con cuarenta centavos ($153.783.176.40) (fl. 18 cdn. 1), con el original del comprobante de egreso 20969 de fecha 25 de octubre de 2004 expedido por la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, por valor de setenta y cinco millones novecientos siete mil setenta y cinco pesos con sesenta y cinco centavos ($75.907.075,65) (fl. 19 cdn. 1), documentos que no cuentan con la firma del acreedor de dichos dineros, tampoco reposa documento en el que manifieste que la entidad se encuentra a paz y salvo, por lo que no hay certeza sobre si ingresaron o no al patrimonio de los beneficiarios.

Adicionalmente, la copia auténtica del documento donde consta el abono hecho a la cuenta de ahorros de la señora Edilma Páez Solano, por valor de ciento cincuenta y tres millones setecientos ochenta y tres mil ciento setenta y seis pesos con cuarenta centavos m/cte ($153.783.176,40), por concepto de pago sentencia según la Resolución 451 (fl. 50 cdn. 2), la copia auténtica del documento donde consta el abono hecho a la cuenta de ahorros de la señora Sandra Milena Ocampo Giraldo, por valor de sesenta y cinco millones novecientos siete mil setenta y cinco pesos con sesenta y cinco centavos m/cte ($65.907.075,65), por concepto de pago sentencia según la Resolución 451 (fl. 51 cdn. 2) y el original del Oficio 278 del 15 de febrero de 2008, expedido por la Policía Nacional - Dirección Administrativa y Financiera – Tesorería General en el que se informa el pago de sesenta y cinco millones novecientos siete mil setenta y cinco (sic) con sesenta y seis centavos ($65.907.075.65) y ciento cincuenta y tres millones setecientos ochenta y tres mil ciento setenta y seis (sic) con cuarenta centavos ($153.783.176.40), a nombre de las señoras Sandra Milena Ocampo Giraldo y Edilma Páez Solano, respectivamente (fl. 48 cdn. 2), tampoco dan certeza sobre el pago de los dineros en favor de los acreedores, ya que en ellos no se observa en primera medida, quién expidió tal documento, y en segundo lugar, si la persona que allí se menciona como beneficiaria efectivamente recibió la suma de dinero que se señala, situación que no le permite a la Sala tener por acreditado el pago de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo del Tolima y el Consejo de Estado al Ministerio de Defensa - Policía Nacional por la muerte de Juan Carlos Forero Páez el 26 de diciembre de 1995 en el municipio de Murillo (Tolima).

Así las cosas, los citados documentos no dan cuenta que se haya producido el pago efectivo de la condena, pues no acreditan que verdaderamente la obligación hubiese sido extinguida con la entrega real y efectiva del dinero al acreedor; resulta entonces necesario que el acreedor originario dé cuenta del pago, para que opere el pago como modo de extinción de las obligaciones.

Es decir, la mera certificación, constancia o manifestación que expide el deudor aseverando que realizó el pago, no es prueba idónea y suficiente del mismo, dado que en esos eventos se carece de la constancia de recibo, consignación, paz y salvo, comprobante de egreso o cualquier documento que demuestre que el beneficiario de la indemnización recibió efectivamente su valor, o la declaración o manifestación de este respecto de que realmente le fue cancelado el valor de la misma(36).

De todo lo anterior, se concluye que la parte demandante dejó completamente huérfana de prueba, el tercero de los requisitos para la prosperidad de la acción de repetición, incumpliendo así la carga procesal de acreditar los supuestos de hecho de la demanda referidos al pago, por consiguiente, debe soportar los efectos jurídicos de la omisión en tal sentido.

Finalmente, la Sala considera oportuno efectuar un severo llamado de atención a las entidades públicas, por la falta vigilancia y control de la actividad procesal como actores en la interposición de la denominada acción de repetición, la cual tiene como objetivo primordial establecer la responsabilidad de sus agentes y la recuperación de los dineros de naturaleza pública. Lo anterior, teniendo en cuenta la manera descuidada y poco diligente, que se observa en la presentación de este tipo de demandas, en las cuales no se acredita cabalmente el cumplimiento de los requisitos esenciales para la prosperidad de dicha acción, esto es, la calidad del agente, la condena, conciliación o cualquier otra forma de terminación de conflictos, el pago efectivo y por último, el dolo o culpa grave del servidor público, a pesar de la reiterada jurisprudencia de esta corporación en la materia.

6. Condena en costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-sección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

REVÓQUESE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 12 de junio de 2013 y, en su lugar se dispóngase:

Primero. NO PROSPERA la excepción de caducidad propuesta por el curador Ad litem del demandado y NIÉGUENSE las súplicas de la demanda.

Segundo. Sin condena en costas.

Tercero. En firme esta providencia devuélvase el expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Artículo 184: Las sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instancia a cargo de cualquier entidad pública que exceda de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales o que hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no fueren apeladas. Las sentencias que impongan condena en abstracto solo serán consultables junto con el auto que las liquide, en los eventos del inciso anterior. En los asuntos contenciosos de carácter laboral, solamente se consultarán las sentencias dictadas en primera instancia que impongan condena a cargo de la entidad pública, cuando de la respectiva actuación se deduzca que la demandada no ejerció defensa alguna de sus intereses. La consulta se tramitará y decidirá previo traslado común por cinco (5) días para que las partes presenten sus alegatos por escrito y se entenderá siempre interpuesta a favor de las mencionadas entidades o del representado por curador ad litem. El agente del Ministerio Público, antes del vencimiento del término aquí previsto podrá solicitar traslado especial que se concederá, sin necesidad de auto que así lo disponga, por el término de cinco (5) días, contados a partir de la entrega del expediente que se efectuará una vez concluido el traslado común. La providencia sujeta a consulta no quedará ejecutoriada mientras no se surta el mencionado grado.

(2) La condena impuesta por el Tribunal Administrativo del Tolima al señor Fernando Ortiz Hurtado en la sentencia del 12 de junio de 2013, fue de $220.449.543,90 pesos, lo que excede los 300 SMMLV ($176.850.000) establecidos en el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo.

(3) Corte Constitucional. Sentencia C-832 de 2001. M. P. Rodrigo Escobar Gil.

(4) Consejo de Estado - Sección Tercera, sentencia de 6 de marzo de 2008, Exp. 26.225.

(5) “(…) la exigencia del numeral 2 del artículo 254 es razonable, y no vulnera el artículo 83 de la Constitución, como tampoco el 228. En este caso, la autenticación de la copia para reconocerle ´el mismo valor probatorio del original´ es un precepto que rige para todas las partes en el proceso, y que no tiene otra finalidad que rodear de garantías de certeza la demostración de los hechos, fundamento del reconocimiento de los derechos (…)”. Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-023 de 11 de febrero de 1998, M. P. Jorge Arango Mejía.

(6) “(…) la exigencia del numeral 2 del artículo 254 es razonable, y no vulnera el artículo 83 de la Constitución, como tampoco el 228. En este caso, la autenticación de la copia para reconocerle ´el mismo valor probatorio del original´ es un precepto que rige para todas las partes en el proceso, y que no tiene otra finalidad que rodear de garantías de certeza la demostración de los hechos, fundamento del reconocimiento de los derechos (…)”. Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-023 de 11 de febrero de 1998, M. P. Jorge Arango Mejía.

(7) Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad 023 de 11 de febrero de 1998.

(8) Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad 023 de 11 de febrero de 1998.

(9) Consejo de Estado, sentencia del 18 de enero de 2012, M. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Rad. 1999-01250.

(10) “(…) La actividad probatoria es esencial dentro del desarrollo de cualquier tipo de proceso, pues mediante ella las partes procuran acreditar la exactitud de sus alegaciones, y el órgano jurisdiccional intenta alcanzar el convencimiento sobre los hechos litigiosos en aras de ofrecer la tutela más justa. Por ello, dada la relevancia práctica de esta actividad, el legislador realiza una regulación de la prueba en la que se pretende evitar que la actuación maliciosa de cualquiera de los litigantes pueda desplegar algún tipo de eficacia. La infracción del principio de la buena fe procesal en el desarrollo de la actividad probatoria suele estar relacionado, por un lado, con conductas de las partes, el engaño, la mentira, el error; y, por otro, con el uso de los medios probatorios para dilatar o complicar el desarrollo normal del proceso.

La intervención de buena fe de las partes en materia probatoria comporta, en primer lugar, que limiten su proposición de prueba a aquellas que sean pertinentes, útiles y licitas, y lo efectúen en el momento procesal adecuado, que varía en función del tipo de prueba. Y, en segundo lugar, una vez admitida la prueba, que realicen toda la actividad tendente a su práctica, salvo que renuncien a ella de forma expresa. En ningún caso es posible que una vez practicada la prueba, la parte proponente pueda renunciar a la misma, ya que en función del resultado obtenido podría sustraerse maliciosamente del proceso un material de enjuiciamiento del todo imprescindible para la más justa resolución del caso, a la vez que se eliminaría un elemento de defensa de la parte contraria. Además, ello supondría la vulneración del principio chiovendano de adquisición procesal, que si bien no ha sido expresamente recogido en la LEC 1/2000, ha sido reiteradamente admitido por la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo. (…) de igual modo, las reglas de buena fe inciden en materia de carga de la prueba, especialmente en aquellas situaciones fácticas cuya prueba es fácil para una de las partes; en estos casos, la buena fe en su actuar debería comportarle la carga de probar los citados hechos. Así en los modernos ordenamientos procesales —como destaca recientemente Berizonce— la debida colaboración de las partes en materia probatoria ha dado lugar a la denominada carga de la prueba dinámica, lo que comporta la imposición de la carga de aportación a la parte que, según las circunstancias del caso y la relación o situación jurídica base del conflicto, se encuentre en condiciones técnicas, profesionales o fácticas para suministrarla, con prescindencia de la calidad de actor o demandado en el proceso (…) En materia de prueba documental, la buena fe de los litigantes se concreta muy especialmente en tres momentos: a) en primer lugar, en la exigencia de aportar los documentos en que se fundamenten sus pretensiones con los escritos iniciales de alegaciones, al objeto de garantizar plenamente el derecho a la defensa de la contraparte. Por ello, el art. 269.1 LEC prevé la preclusión de la aportación de documentos, y el art. 270.2 LEC recoge expresamente la mala fe procesal como motivo para imponer una multa de hasta 1200 euros para cuando se pretenda vulnerar dicha preclusión sin causa justificada. Además, por otro lado, no pueden esconderse los documentos decisivos, ni aportarlos de forma manipulada en orden a falsear la realidad de los hechos que recoja. En este caso, al margen de la correspondiente responsabilidad penal en la que se podrá incurrir, se justificará la nulidad de la sentencia firme civil y su posterior revisión. b) En segundo lugar, en la necesidad de pronunciarse sobre la autenticidad de los documentos en el acto de la audiencia previa, a fin de evitar innecesarias actuaciones probatorias posteriores. c) Y, en tercer lugar, en la obligación de aportar, a instancia de la parte contraria, los documentos que sean requeridos por el juez, para así protegerle en su derecho fundamental a la prueba (…)”. Joan Pico I Junoy. El Principio de la Buena Fe Procesal. Ed. J. M. Bosch. Págs. 152 a 157.

(11) Consejo de Estado, sentencia de 18 de julio de 2012, Exp. 22417, M. P. Enrique Gil Botero.

(12) Consejo de Estado, sentencia del 18 de enero de 2012, M. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Rad. 1999-01250.

(13) Debe entenderse que aunque exista una norma posterior en materia de prueba del estado civil de las personas aplica el criterio de especialidad como una regla de aplicación dirigida a las autoridades judiciales y administrativas, para dirimir las posibles antinomias que se susciten con otras normas de carácter general. En tal sentido el criterio lex especialis supone dar un tratamiento distinto (especial y preferente) a una categoría distinta (especial y preferente) de sujetos o situaciones, en razón de las diferencias que presentan con respecto a la categoría general.

(14) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 18 de enero de 2012. M. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Rad. 1999-01250. Oportunidad en la que se precisó: “De conformidad con las manifestaciones de las partes, para la Sala dicho documento que obra en copia simple, tiene en esta oportunidad mérito para ser analizado y valorado, comoquiera que la parte demandada pidió tener esa copia como prueba y valorarla como tal; en otras palabras, la Nación no desconoció dicho documento ni lo tachó de falso, sino que conscientemente manifestó su intención de que el mismo fuese valorado dentro del proceso.

“En consideración a lo anterior y a pesar de que no se cumplió con el requisito de autenticación de la copia previsto en el artículo 254 de la ley procesal civil, la Sala considera en esta oportunidad, en aras de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y de la garantía del derecho de acceso a la justicia consagrado en los artículos 228 y 229 de la Constitución Política, que no pueden aplicarse las formas procesales con excesivo rigorismo y en forma restrictiva, con el fin de desconocer lo que las mismas partes no han hecho y ni siquiera han discutido durante el proceso, como lo es la autenticidad del documento aportado por la parte actora en copia simple, admitido como prueba por la Nación que, además, aceptó el hecho aducido con el mismo en la contestación de la demanda”.

De igual forma, se pueden consultar la sentencia de 7 de marzo de 2011, Exp. 20171, M. P. Enrique Gil Botero, oportunidad en la que se precisó: “Lo primero que advierte la Sala es que el proceso penal fue aportado en copia simple por la parte actora desde la presentación de la demanda, circunstancia que, prima facie, haría invalorable los medios de convicción que allí reposan. No obstante, de conformidad con los lineamientos jurisprudenciales recientes, se reconocerá valor probatorio a la prueba documental que si bien se encuentra en fotocopia, ha obrado en el proceso desde el mismo instante de presentación del libelo demandatorio y que, por consiguiente, ha surtido el principio de contradicción.

“En efecto, los lineamientos procesales modernos tienden a valorar la conducta de las sujetos procesales en aras de ponderar su actitud y, de manera especial, la buena fe y lealtad con que se obra a lo largo de las diferentes etapas que integran el procedimiento judicial.

“En el caso sub examine, por ejemplo, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue acompañada con la demanda y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se entregó como anexo de la misma, circunstancia que no acaeció, tanto así que los motivos de inconformidad y que motivaron la apelación de la providencia de primera instancia por parte de las demandadas no se relacionan con el grado de validez de las pruebas que integran el plenario sino con aspectos sustanciales de fondo que tienen que ver con la imputación del daño y con la forma de establecer la eventual participación en la producción del mismo.

“Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor probatorio a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

“El anterior paradigma fue recogido de manera reciente en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —que entra a regir el 2 de julio de 2012— en el artículo 215 determina que se presumirá, salvo prueba en contrario, que las copias tienen el mismo valor del original cuando no hayan sido tachadas de falsas; entonces, si bien la mencionada disposición no se aplica al caso concreto, lo cierto es que con la anterior o la nueva regulación, no es posible que el juez desconozca el principio de buena fe y la regla de lealtad que se desprende del mismo, máxime si, se insiste, las partes no han cuestionado la veracidad y autenticidad de los documentos que fueron allegados al proceso”.

(15) Consejo de Estado. Sentencia del 28 de agosto de 2013. Rad. 25022. M. P. Enrique Gil Botero.

(16) Sobre el tema pueden consultarse las siguientes sentencias: 27 de noviembre de 2006, expediente 22099; 6 de diciembre de 2006, expediente 22056; 3 de octubre de 2007, expediente 24844; 26 de febrero de 2009, expediente 30329; 13 de mayo de 2009, expediente 25694; 28 de abril de 2011, expediente 33407, entre otras.

(17) Sentencia de 28 de abril de 2001, expediente 33407.

(18) La Ley 678 de 2001 agregó que la obligación de pago también puede surgir de una conciliación aprobada legalmente.

(19) Al respecto puede consultarse la sentencia del 8 de noviembre de 2007, expediente 30327.

(20) El artículo 232 del Código de Procedimiento Civil dispone que en los eventos en que se trate de probar el pago, la falta de documento o de un principio de prueba por escrito será apreciado como un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto, a menos que por las circunstancias especiales en que tuvo lugar el mismo, haya sido imposible obtenerlo, o que su valor y la calidad de las partes justifiquen tal omisión, situación que no es común debido a la prudencia y diligencia que todas las personas acostumbran observar en sus relaciones jurídicas.

(21) Artículo 1625. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula.

Las obligaciones se extinguen además en todo o parte: 1) Por la solución o pago efectivo. 2) Por la novación. 3) Por la transacción. 4) Por la remisión. 5) Por la compensación. 6) Por la confusión. 7) Por la pérdida de la cosa que se debe. 8) Por la declaración de nulidad o por la rescisión. 9) Por el evento de la condición resolutoria. 10) Por la prescripción.

(22) Entendiéndose que la ejecución de la prestación debida —pago— no es la única forma de extinción de la obligación pero sí es la que encierra una mayor relevancia, dado que existen otros modos que tienen como finalidad finiquitar la obligación como la novación, la transacción, la remisión, etc.

(23) Artículo 1626 del Código Civil. El pago efectivo es la prestación de lo que se debe.

(24) Hinestrosa, Fernando. Tratado de las Obligaciones. Universidad Externado de Colombia. Primera Edición. Bogotá, 2002.

(25) Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta.

(26) Artículos 1628, 1653, 1654 y 1669 del Código Civil.

(27) Artículos 877 y 1163 del Código de Comercio.

(28) El inciso segundo del artículo 232 del Código de Procedimiento Civil, señala que “Cuando se trate de probar obligaciones originadas en contrato o convención, o el correspondiente pago, la falta de documento o de un principio de prueba por escrito, se apreciará por el juez como un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto, a menos que por las circunstancias en que tuvo lugar haya sido imposible obtenerlo, o que su valor y la calidad de las partes justifiquen tal omisión.”

(29) Sentencia de 2 de mayo de 2007, expediente 18621.

(30) Sentencia del 11 de febrero de 2010, expediente 16458.

(31) Art. 1626: “El pago efectivo es la prestación de lo que se debe”.

Art. 1757: “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta”.

(32) Art. 232: “(…) Cuando se trate de probar obligaciones originadas en contrato o convención, o el correspondiente pago, la falta de documento o de un principio de prueba por escrito, se apreciará por el juez como un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto, a menos que por las circunstancias en que tuvo lugar haya sido imposible obtenerlo, o que su valor y la calidad de las partes justifiquen tal omisión”

(33) Sentencia de 27 de noviembre de 2006, expediente 29002.

(34) Sentencia del 8 de julio de 2009, expediente 22120.

(35) Sentencia del 1º de octubre de 2008, expediente 22613.

(36) A juicio de la Sala, los documentos provenientes del propio deudor afirmando haber realizado el pago, no constituyen prueba suficiente para acreditarlo, máxime si se tiene en consideración la trascendencia que reviste el pago efectivo y total —no solo como presupuesto material de la sentencia estimatoria, sino, incluso, para los efectos mismos de computar el término de caducidad—, cuando se trata de instaurar una acción de repetición, buscando real y seriamente la prosperidad de las pretensiones esgrimidas en la demanda”. Sentencia de 4 de diciembre de 2006, expediente 16887.

Salvamento de voto

Con el acostumbrado respeto por la corporación, procedo a señalar los motivos por los cuales, no comparto la decisión adoptada el 22 de enero del año en curso, en el proceso de la referencia.

1. Argumentos sobre los cuales recae el presente salvamento parcial de voto.

En la providencia señalada, se revocó la sentencia proferida el 12 de junio de 2013, por el Tribunal Administrativo del Tolima, en la que se accedió a las súplicas de la demanda.

En relación con la prueba del pago de la condena, se concluyó:

“Respecto de la tercera exigencia, esto es, el pago efectivo, la entidad demandante allegó copia auténtica de la Resolución 451 de 12 de octubre de 2004 proferida por el Ministerio de Defensa - Policía Nacional, por medio de la cual se da cumplimiento a la sentencia del Consejo de Estado del 26 de febrero de 2004 (fls. 12 a 17 cdn. 1), original del comprobante de egresos 20970 de fecha 25 de octubre de 2004 expedido por la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, por valor de ciento cincuenta y tres millones setecientos ochenta y tres mil ciento setenta y seis pesos con cuarenta centavos ($153.783.176.40) (fl. 18 cdn. 1), original del comprobante de egreso 20969 de fecha 25 de octubre de 2004 expedido por la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, por valor de setenta y cinco millones novecientos siete mil setenta y cinco pesos con sesenta y cinco centavos ($75.907.075,65) (fl. 19 cdn. 1), documentos que no contienen la firma que acredite el pago del dinero a los beneficiarios.

“Adicionalmente, reposa en el expediente copia auténtica de documento donde se manifiesta el abono hecho a la cuenta de ahorros de la señora Edilma Páez Solano, por valor de ciento cincuenta y tres millones setecientos ochenta y tres mil ciento setenta y seis pesos con cuarenta centavos m/cte ($153.783.176,40), por concepto de pago sentencia según la Resolución 451 (fl. 50 cdn. 2) y copia auténtica de documento donde se manifiesta el abono hecho a la cuenta de ahorros de la señora Sandra Milena Ocampo Giraldo, por valor de sesenta y cinco millones novecientos siete mil setenta y cinco pesos con sesenta y cinco centavos m/cte ($65.907.075,65), por concepto de pago sentencia según la Resolución 451 (fl. 51 cdn. 2), documentos que no cuentan con ningún membrete, firma o similar que acredite la entidad que los expidió. Adicionalmente, y aun en gracia de discusión sobre la idoneidad de los mismos para acreditar el pago, se insiste en que el documento por medio del cual se pretenda acreditar el pago de la obligación debe constar la firma del beneficiario de dichos dineros o existir un paz y salvo donde se manifieste el recibo a satisfacción de la suma reconocida.

“Así las cosas, los documentos aportados al plenario no acreditan el pago de la condena impuesta al Ministerio de Defensa - Policía Nacional por la muerte de Juan Carlos Forero Páez mediante sentencia emitida por el Consejo de Estado el 16 de febrero de 2004, pues no dan certeza de que los dineros consignados fueron recibidos a satisfacción por parte de los beneficiarios.

“Ahora bien, se ha puntualizado por parte de la Sección Tercera que de acuerdo con el artículo 1625(1) del Código Civil, se establece una enumeración, no taxativa, de los modos de extinción de las obligaciones dado que toda obligación esta llamada a ser cumplida y por lo tanto, a extinguirse a través de la ejecución de la prestación debida(2). Dentro de ese listado previsto en la norma está contemplado el pago(3), modo de extinción de la obligación entendido como la ejecución total de la prestación debida. Es decir, para que exista el pago es menester la preexistencia de una obligación entendida como el vínculo jurídico existente entre dos sujetos de derecho, en la cual se busca la satisfacción del acreedor y la liberación del deudor a través de la materialización de una prestación(4) de dar, hacer o no hacer (dare, facere y prestare).

“Conforme a lo anterior, en los términos del artículo 1626 del Código Civil, el pago es la ejecución de la prestación debida y debe probarlo quien lo alega, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1757(5) ibídem. En consecuencia, no basta que la entidad pública aporte documentos emanados de sus propias dependencias, si en ellos no está la manifestación expresa del acreedor o beneficiario del pago sobre su recibo a entera satisfacción, requisito indispensable que brinda certeza en relación con la extinción de la obligación.

“Y tal como lo ha manifestado la Sección,

“En materia probatoria, a pesar de la consagración del principio de libertad probatoria y de apreciación conforme a las reglas de la sana crítica, la prueba por excelencia del pago es, de conformidad con nuestro Código Civil, la carta de pago(6), y en derecho comercial, el recibo(7), documentos que reflejan que la obligación fue satisfecha(8) (…)”(9).

“Por su parte, en reiterada jurisprudencia de la Sala, se ha indicado que el pago puede acreditarse a través de cualquier medio de prueba, lo esencial es que el elemento de convicción, permita inferir que la obligación ha sido efectivamente satisfecha, esto es, que no exista duda alguna en relación con el hecho de que el beneficiario de la condena ha recibido lo adeudado y, a tal efecto, el interesado puede, bien allegar el documento pertinente suscrito por quien recibió el pago en el cual conste tal circunstancia o bien el paz y salvo expedido por el beneficiario o la declaración de este en el mismo sentido.

“A este respecto la Sala ha precisado(10):

“(…) Lo anterior, por cuanto quien alega haber efectuado un pago, debe probar plenamente que así fue (C.C., art. 1626 y 1757)(11), siendo insuficiente su sola afirmación en tal sentido, conforme lo dispone el C.P.C. (art. 232), en principio la prueba de los pagos realizados debe constar por escrito(12), pero en casos como el presente, no basta que la entidad pública, parte demandante en el proceso, interesada en obtener la condena del demandado, aporte documentos emanados de sus propias dependencias, tales como el acto administrativo de reconocimiento de la obligación, la liquidación de la misma y la orden de pago al acreedor o beneficiario, si en ellos no consta la manifestación expresa de este sobre su recibo a entera satisfacción, requisito indispensable que brinda certeza sobre el cumplimiento de la obligación.

“En las anteriores circunstancias, y ante la ausencia de la prueba del pago efectivo de la indemnización a la que fue judicialmente condenada la entidad demandante, requisito que es fundamental para la prosperidad de las pretensiones, como que es el que habilita a la administración para repetir en contra de sus funcionarios o ex funcionarios, resulta imposible acceder a las mismas (…)(13) (subrayado por la Sala).

“En el mismo sentido se pronunció la Sala en reciente sentencia del 8 de julio de 2009(14):

“(…) En relación con el caso concreto es necesario resaltar, tal y como se expuso en sentencia proferida por la Sala el 1º de octubre de 2008(15), que si la responsabilidad cuya declaratoria se pretende se deriva directamente del pago de una condena judicial por parte de la entidad pública por razón de la actuación dolosa o gravemente culposa de los demandados, lo mínimo que se debe acreditar es la realización efectiva de dicho pago, para lo cual se requiere una constancia de la cancelación de la indemnización que hubiere emanado de la beneficiaria y/o acreedora que hubiere recibido dicho pago, (…) pues dicha prueba constituye el elemento determinante para la procedencia de esta clase de acciones, dado que el pago concreta el daño que da origen a la acción”.

“Empero en el sub lite, la entidad demandante no podía pretender acreditar el pago solamente con la copia auténtica de la Resolución 451 de 12 de octubre de 2004 proferida por el Ministerio de Defensa - Policía Nacional, por medio de la cual se da cumplimiento a la sentencia del Consejo de Estado del 26 de febrero de 2004 (fls. 12 a 17 cdn. 1), original del comprobante de egresos 20970 de fecha 25 de octubre de 2004 expedido por la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, por valor de ciento cincuenta y tres millones setecientos ochenta y tres mil ciento setenta y seis pesos con cuarenta centavos ($153.783.176.40) (fl. 18 cdn. 1), con el original del comprobante de egreso 20969 de fecha 25 de octubre de 2004 expedido por la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, por valor de setenta y cinco millones novecientos siete mil setenta y cinco pesos con sesenta y cinco centavos ($75.907.075,65) (fl. 19 cdn. 1), documentos que no cuentan con la firma el acreedor de dichos dineros, tampoco reposa documento en el que manifieste que la entidad se encuentra a paz y salvo, por lo que no hay certeza sobre si ingresaron o no al patrimonio de los beneficiarios.

“adicionalmente, la copia auténtica del documento donde consta el abono hecho a la cuenta de ahorros de la señora Edilma Pérez Solano, por valor de ciento cincuenta y tres millones setecientos ochenta y tres mil ciento setenta y seis pesos con cuarenta centavos m/cte ($153.783.176,40), por concepto de pago de sentencia según la resolución 451 (fl. 50 cdn. 2), la copia auténtica del documento donde consta el abono hecho a la cuenta de ahorros de la señora Sandra Milena Ocampo Giraldo, por valor de setenta y cinco millones novecientos siete mil setenta y cinco pesos con sesenta y cinco centavos m/cte ($65.907.057,65), por concepto de pago de sentencia según la Resolución 451 (fl. 51 cdn. 2) y el original del Oficio 278 del 15 de febrero de 2008, expedido por la Policía Nacional – Dirección Administrativa y Financiera – Tesorería General en el que se informa el pago de sesenta y cinco millones novecientos siete mil setenta y cinco (sic) con sesenta y seis centavos ($65.907.075,65) y ciento cincuenta y tres millones setecientos ochenta y tres mil ciento setenta y seis (sic) con cuarenta centavos ($153.783.176,40), a nombre de las señoras Sandra Milena Ocampo y Edilma Páez Solano, respectivamente (fl 48. Cdn. 2), tampoco dan certeza sobre el pago de los dineros en favor de los acreedores, ya que en ellos no se observa en primera medida, quién expidió tal documento, y en segundo lugar, si la persona que allí se menciona como beneficiaria efectivamente recibió la suma de dinero que se señala, situación que no le permite a la Sala tener por acreditado el pago de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Tolima y el Consejo de Estado al Ministerio de defensa – Policía Nacional por la muerte de Juan Carlos Forero Páez el 26 de diciembre de 1995 en el municipio de Murillo (Tolima).

“Así las cosas, los citados documentos no dan cuenta que se haya producido el pago efectivo de la condena, pues no acreditan que verdaderamente la obligación hubiese sido extinguida con la entrega real y efectiva del dinero al acreedor; resulta entonces necesario que el acreedor originario dé cuenta del pago, para que opere el pago como modo de extinción de obligaciones.

“Es decir, la mera certificación, constancia o manifestación que expide el deudor aseverando que realizó el pago, no es prueba idónea y suficiente del mismo, dado que en esos eventos se carece de la constancia de recibo, consignación, paz y salvo, comprobante de egreso o cualquier documento que demuestre que el beneficiario de la indemnización recibió efectivamente su valor, o la declaración o manifestación de este respecto de que realmente le fue cancelado el valor de la misma(16).

“De todo lo anterior, se concluye que la parte demandante dejó completamente huérfana de prueba, el tercero de los requisitos para la prosperidad de la acción de repetición, incumpliendo así la carga procesal de acreditar los supuestos de hecho de la demanda referidos al pago, por consiguiente, debe soportar los efectos jurídicos de la omisión en tal sentido”.

“(…)” (subrayado y cursiva en el original) (págs. 29 a 34 de la providencia.

2. Fundamento del salvamento de voto:

En mi criterio se encuentra establecido el pago de la obligación, comoquiera que los documentos allegados por la entidad demandante —comprobante de egreso expedido por la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional y constancia del abono realizado a la cuenta de ahorros de la beneficiaria de la condena—, constituyen documentos públicos, vinculantes, que contienen y reflejan la propia manifestación de voluntad de la entidad condenada (Policía Nacional), en el sentido de hacer constar el cumplimiento de la condena.

Los mencionados documentos, en la medida en que provienen de funcionarios de la entidad demandante, ostentan la condición de documentos públicos, en los términos del artículo 251 del C.P.C., al señalar que “documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención”.

De otro lado, el numeral 2 del artículo 262 del C.P.C.(17) refuerza la condición del comprobante de egreso y de la constancia de abono en cuenta, aun cuando la norma en su literalidad haga referencia a los “directores de otras oficinas públicas”, toda vez que si se interpreta la disposición en concordancia con el artículo 251 ibídem, es claro que las certificaciones suscritas por otros funcionarios del nivel directivo de las entidades u oficinas públicas —sin que necesariamente tenga que ser el director, presidente o gerente de la misma—, revisten la condición de documento público y, en consecuencia, devienen perfectamente apreciables a lo largo del proceso en la forma y alcance precisados en el artículo 264 de la misma codificación procesal civil, cuando expresamente señala:

“Los documentos públicos hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza”(18).

Como se desprende de lo anterior, resulta incuestionable la fuerza probatoria, en cuanto al pago de la condena se refiere, de las órdenes suscritas por el ordenador del gasto, el secretario, el director y el jefe de presupuesto de la entidad. Lo anterior, máxime si el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto, de conformidad con sus funciones, se encuentran a cargo de las finanzas de la entidad, concretamente, del recaudo y pago de los derechos y obligaciones de la misma.

En esa perspectiva, en el caso concreto resulta admisible las pruebas referidas (sic), en tanto que valoradas en conjunto con las resoluciones que ordenan el pago de la condena, configuran una unidad probatoria indicativa de la existencia de la cancelación de la obligación.

Aunado a lo anterior, en el caso sub lite, a diferencia de lo que podría suceder en una relación jurídica entre particulares, en la que ninguna de las partes puede proferir actos unilaterales o certificaciones donde conste la materialización del pago —puesto que la autonomía de la voluntad no las habilita para ello—, lo cierto es que tratándose de entidades públicas en las cuales el comprobante de pago reviste la condición de certificado, expedido por el funcionario con competencia para ello, independientemente al hecho de que no sea el director de la respectiva entidad, es innegable la condición de documento público puesto que a través del mismo un servidor público, en ejercido de su cargo, hace constar la satisfacción de la prestación.

Al respecto, la Sección Tercera de esta corporación, ha sostenido:

“El artículo 1625(19) del Código Civil establece una enumeración, no taxativa, de los modos de extinción de las obligaciones dado que toda obligación esta (sic) llamada a ser cumplida y por lo tanto a extinguirse a través de la ejecución de la prestación debida(20). Dentro de ese listado previsto en la norma está contemplado el pago(21), modo de extinción de la obligación entendido como la ejecución total de la prestación debida. Es decir, para que exista el pago es menester la preexistencia de una obligación entendida como el vínculo jurídico existente entre dos sujetos de derecho, en la cual se busca la satisfacción del acreedor y la liberación del deudor a través de la materialización de una prestación(22) de dar, hacer o no hacer.

“Y, respecto de ésta relación jurídica y de su extinción, el artículo 1757 del Código Civil señala que “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta”. O sea, que el acreedor deberá probar la existencia de la prestación con miras a hacerla valer ante su deudor y contrario sensu, el deudor debe probar la extinción de la misma, es decir, su liberación como sujeto pasivo dentro de la relación obligacional.

“En otras palabras, el acreedor debe demostrar el surgimiento de la obligación con la prueba del hecho jurídico generador de la misma y el deudor debe demostrar la ocurrencia del hecho extintivo, lo que aplicado en el caso en concreto, para efectos del cumplimiento de los requisitos de la acción de repetición se materializa en el deber, por parte de una entidad pública de probar el pago efectivo de la indemnización contenida en una sentencia a la víctima.

“Por consiguiente, al analizar el artículo 1626 del Código Civil “(…) el pago efectivo es la prestación de lo que se debe (…)” con lo cual se extingue la obligación, en consonancia con el artículo 1757 ibídem en el que se señala que incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta; se concluye que corresponde a la entidad demostrar el pago, y en virtud de esa carga aducir, dentro de las oportunidades legales, los elementos de convicción al proceso, que permitan al juez llegar a la veracidad de la ocurrencia de este acto por parte del Estado, en este caso por una conciliación aprobada judicialmente.

“En materia probatoria, a pesar de la consagración del principio de libertad probatoria y de apreciación conforme a las reglas de la sana crítica, la prueba por excelencia del pago es, de conformidad con nuestro Código Civil, la carta de pago(23), y en derecho comercial, el recibo(24), documentos que reflejan que la obligación fue satisfecha(25)(26).

Es así como desde la perspectiva del derecho privado, resultaría inadmisible y sin lógica alguna que la parte deudora elaborara un documento en el cual certificara la existencia del pago por ella efectuado a favor del deudor, ya que, tal y como se desprende de los postulados desarrollados, este carecería de todo valor probatorio, en la medida en que el mencionado documento no tendría los efectos de un documento público y, adicionalmente, no emana de la persona idónea (el acreedor) para demostrar que la obligación fue saldada.

Ahora bien, no sucede lo propio con las certificaciones proferidas por una entidad pública, a través de un funcionario competente para ello, puesto que son otorgadas por él, en ejercicio de su cargo o con su intervención y, por lo tanto, dan fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que las autoriza.

Así las cosas, al margen de la discusión acerca de la textura abierta de la norma contenida en el numeral 2 del artículo 262 del C.P.C., existe suficiente basamento en los artículos 251 y 264 ibídem, para arribar a la conclusión de que la certificación de pago, elaborada y suscrita por los funcionarios públicos que tienen a su cargo el manejo financiero y contable de la entidad, es prueba suficiente de que la obligación fue satisfecha y, por ende, se encuentra extinta(27).

Ahora bien, en relación con la acreditación del pago, no existe en el ordenamiento jurídico una disposición legal que establezca para su prueba, un requisito ad sustantiam actus (ad solemnitatem) o ad probationen, motivo por el que se cuenta, en principio, con plena libertad probatoria para acreditar su efectivo cumplimiento, salvo la limitación que establece el artículo 232 del C.P.C., esto es, que 2cuando se trate de probar obligaciones originadas en contrato o convención, o el correspondiente pago, la falta de documento o de un principio de prueba por escrito, se apreciará como un indicio de la inexistencia del respectivo acto (…)”.

No obstante, en el caso decidido por la Sala, se reitera, existen documentos públicos —comprobante de egreso y constancia de abono en cuenta—, que son indicativos de la demostración del pago, comoquiera que la acción de repetición no define una relación entre acreedor y deudor en los términos fijados en el artículo 1757 del Código Civil(28), sino que propende por el restablecimiento del patrimonio público cuando ha sido afectado a causa de una condena originada en una conducta ejecutada con dolo o culpa grave por parte de un funcionario, ex servidor público o agente estatal(29), motivo por el cual los parámetros probatorios y la rigurosidad para la demostración del pago en asuntos de naturaleza civil o comercial, no pueden hacerse extensivos a una acción que, al margen de los aspectos técnicos de la prueba del pago, permite la recomposición del patrimonio estatal cuando ha sido afectado por una condena u otra forma de terminación de un conflicto que originó una erogación del tesoro público.

En ese orden de ideas, frente a la prueba del pago operan plenamente los sistemas de libertad probatoria y sana crítica, por lo que será cada juez quien establezca, con fundamento en la lógica de lo razonable, si de los medios de convicción que obran en el proceso de repetición se desprende la demostración de la extinción de la obligación principal(30).

Además, no debe perderse de vista que el respectivo servidor público que se alejara de la realidad y certificara el incumplimiento en el pago, sin que previamente se hubiera surtido, incurriría en varios de los tipos penales establecidos en el Código Penal, razón que refuerza aún más la seriedad del documento que se expide bajo las señaladas condiciones. En ese sentido, el artículo 289 del C.P.C., se erige como la norma habilitante para que las partes interesadas, en ejercicio del derecho de contradicción, puedan tachar de falso el documento allegado que se pretenda hacer valer, y que no corresponda a la realidad fáctica y jurídica.

Así las cosas, en el caso sub examine, la sala debía estudiar a fondo el asunto, toda vez que era posible dar por acreditado el pago de la condena con los documentos que obraban en el expediente, pues estos demostraban plenamente que la entidad canceló a la afectada, las sumas de dinero impuestas en la condena proferida por la jurisdicción contenciosa administrativa.

En los anteriores términos dejo planteada mi posición.

Fecha ut supra.

Enrique Gil Botero. 

(1) Artículo 1625. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula.

Las obligaciones se extinguen además en todo o parte: 1) Por la solución o pago efectivo. 2) Por la novación. 3) Por la transacción. 4) Por la remisión. 5) Por la compensación. 6) Por la confusión. 7) Por la pérdida de la cosa que se debe. 8) Por la declaración de nulidad o por la rescisión. 9) Por el evento de la condición resolutoria. 10) Por la prescripción.

(2) Entendiéndose que la ejecución de la prestación debida —pago— no es la única forma de extinción de la obligación pero si es la que encierra una mayor relevancia) dado que existen otros modos que tienen como finalidad finiquitar la obligación como la novación, la transacción, la remisión etc.

(3) Artículo 1626 del Código Civil. El pago efectivo es la prestación de lo que se debe.

(4) Hinestrosa, Fernando. Tratado de las Obligaciones. Universidad Externado de Colombia. Primera Edición. Bogotá, 2002.

(5) Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta.

(6) Artículos 1628, 1653, 1654 y 1669 del Código Civil.

(7) Artículos 877 y 1163 del Código de Comercio.

(8) El inciso segundo del artículo 232 del Código de Procedimiento Civil, señala que “Cuando se trate de probar obligaciones originadas en contrato o convención, o el correspondiente pago, la falta de documento o de un principio de prueba por escrito; se apreciará por el juez como un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto, a menos que por las circunstancias en que tuvo lugar haya sido imposible obtenerlo, o que su valor y la calidad de las partes justifiquen tal omisión”.

(9) Sentencia de 2 de mayo de 2007, expediente 18621.

(10) Sentencia del 11 de febrero de 2010, expediente 16458.

(11) Art. 1626: “El pago efectivo es la prestación de lo que se debe”.

Art. 1757: “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta”.

(12) Art. 232: “(…) Cuando se trate de probar obligaciones originadas en contrato o convención, o el correspondiente pago, la falta de documento o de un principio e prueba por escrito, se apreciará por el juez como un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto, a menos que por las circunstancias en que tuvo lugar haya sido imposible obtenerlo, o que su valor y la calidad de las partes justifiquen tal omisión”.

(13) Sentencia de 27 de noviembre de 2006, expediente 29002.

(14) Sentencia del 8 de julio de 2009, expediente 22120.

(15) Sentencia 10 de octubre de 2008, expediente 22613

(16) A juicio de la Sala, los documentos provenientes del propio deudor afirmando haber realizado el pago, no constituyen prueba suficiente para acreditarlo, máxime si se tiene en consideración la trascendencia que reviste el pago efectivo y total —no sólo como presupuesto material de la sentencia estimatoria, sino, incluso, para los efectos mismos de computar el término de caducidad—, cuando se trata de instaurar una acción de repetición, buscando real y seriamente la prosperidad de las pretensiones esgrimidas en la demanda”. Sentencia de 4 de diciembre de 2006, expediente 16887.

(17) Art. 262.—Certificaciones. Tienen el carácter de documentos públicos:

“(...) 2. Las certificaciones que expidan los directores de otras oficinas públicas, sobre la existencia o estado de actuaciones o procesos administrativos.

“(…)”.

(18) Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia ha puntualizado: “Precisamente, debe recordarse que de conformidad con el artículo 264 del C. de P. C., los documentos públicos, sean estos escrituras públicas u otros instrumentos provenientes de funcionarios del Estado en ejercicio de sus funciones, como certificaciones o actuaciones judiciales o administrativas, gozan de valor probatorio con fuerza suficiente para dar certeza en cuanto al hecho de haber sido otorgados, su fecha, el lugar donde se celebraron o elaboraron, quiénes intervinieron en el acto, su contenido y las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, sentencia de 5 de diciembre de 2005, exp. 1995-0170, M. P. Edgardo Villamil Portilla.

(19) Artículo 1625. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula.

Las obligaciones se extinguen además en todo o parte:

1) Por la solución o pago efectivo (…)”.

(20) Entendiéndose que la ejecución de la prestación debida —pago— no es la única forma de extinción de la obligación pero sí es la que encierra una mayor relevancia, dado que existen otros modos que tienen como finalidad finiquitar la obligación como la novación, la transacción, la remisión, etc.

(21) Artículo 1626 del Código Civil. El pago efectivo es la prestación de lo que se debe.

(22) Hinestrosa, Fernando. Tratado de las Obligaciones. Universidad Externado de Colombia. Primera Edición. Bogotá, 2002.

(23) Artículos 1628, 1653, 1654 y 1669 del Código Civil.

(24) Artículos 877 y 1163 del Código de Comercio.

(25) El inciso segundo del artículo 232 del Código de Procedimiento Civil, señala que “Cuando se trate de probar obligaciones originadas en contrato o convención, o el correspondiente pago, la falta de documento o de un principio de prueba por escrito, se apreciará por el juez como un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto, a menos que por las circunstancias en que tuvo lugar haya sido imposible obtenerlo, o que su valor y la calidad de las partes justifiquen tal omisión”.

(26) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de diciembre de 2006, exp. 28238, M. P. Ruth Stella Correa Palacio.

(27) “La evidencia, más que la abundancia de los datos probatorios, se produce por la intimidad del nexo que los reúne y por la facilidad de aprehensión de la vinculación, en forma que permita valorar el hecho en modo rápido y seguro, y casi dominarlo (…) La prueba evidente, manifiesta, podría calificarse de prueba intuitiva, porque una prueba semejante permite a aquel que la debe valorar, captar la verdad con rapidez, con inmediata percepción y juicio y, por tanto, sin esfuerzo, sin vacilación, condensando en un solo acto de pensamiento el procedimiento que se desarrolla a través de un gran número de nexos intermedios, aunque la demostración particularizada de la verdad tenga lugar más tarde”. Brichetti, Giovanni “La evidencia en el derecho procesal penal”, Ed. Ediciones Jurídicas Europa - América, Buenos Aires, Págs. 42 y 61.

(28) “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o estas”.

(29) “pero las pruebas, como exactamente se ha señalado, en su origen y en su esencia íntima dependen más de la lógica que de la ley (…) No solo deben ser valorados en su conjunto los datos probatorios singulares, sino que debe evitarse el error de aceptar por verdaderas las conclusiones que se derivan de una sola fuente probatoria, descuidando tomar en examen y valorar las otras fuentes (…)”. Brichetti, Giovanni. Ob. cit., págs. 7 y 42.

(30) Dentro de este sistema [el de sana crítica] el calificador es también juez, pero ya no movido por su conciencia, por su convicción moral, simplemente, sino por si discernimiento, su raciocinio, su análisis crítico, su apoyo en la ciencia y en la técnica, en la lógica dialéctica, en las reglas de la experiencia. Entra, pues, en juego su capacidad razonadora, su personalidad, su ilustración general. Está obligado a motivas sus decisiones, a fundamentarlas racionalmente, y por ello entran en juego todos esos factores”. Rodríguez, Gustavo Humberto. “Curso de Derecho Probatorio”, Ed. Ediciones Librería del Profesional, Bogotá, D. C., pág. 97.