Sentencia 2006-01342 de abril 29 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000-23-27-000-2006-01342-01(16812)

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Actor: Corporación Club Los Lagartos

Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano, IDU

Bogotá, D.C., veintinueve de abril de dos mil diez.

EXTRACTOS: «2. Consideraciones de la Sala.

A le corresponde decidir acerca de la legalidad de 2148 del 6 de junio de 2006, por medio de la cual el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, reconoció y ordenó un pago por valor de $ 2.786’840.300, a favor de la Corporación Club Los Lagartos, por concepto de devolución de saldos crédito generados en el pago de la contribución de valorización asignada en 5100 de 1998.

La controversia se concreta en establecer si es o no correcta la liquidación del saldo a favor que el IDU reconoció a la demandante en el acto acusado. Para el efecto, se abordarán los siguientes aspectos:

1. Si era procedente que el IDU liquidara intereses de mora a cargo de la demandante, la forma de su cuantificación y el período de liquidación, para establecer el saldo crédito insoluto a favor de la demandante.

2. Si es procedente reconocer intereses e indexación sobre el saldo crédito que resulte a favor de la demandante.

Para resolver el problema jurídico propuesto, se destacan los siguientes hechos probados, a efectos de delimitar la litis:

— El IDU, mediante 5100 del 20 de octubre de 1998, asignó la contribución de valorización por beneficio local a 3 predios de propiedad de Los Lagartos, por un valor de $ 1.263’774.496.

— Mediante 170 del 8 de febrero de 1999, el IDU confirmó 5100, con ocasión del recurso de reposición que la demandante interpuso contra esa resolución.

— El 1º de octubre de 1999, la demandante desistió del recurso de apelación que interpuso contra 5100.

— Mediante 1164 del 1º de octubre de 1999, notificada por edicto fijado el 3 de noviembre y desfijado el 17 de noviembre de 1999, el IDU resolvió el recurso de apelación y modificó la contribución de valorización y la determinó en $ 3.538’568.561.

— La anterior resolución fue objeto de aclaración mediante 1440 del 30 de noviembre de 1999. El valor de la contribución se mantuvo.

— El 8 de marzo de 2000, el IDU expidió 398, por medio de la cual se aceptó el desistimiento al recurso de apelación, y revocó las resoluciones 1164 y 1440.

— Mediante 234 del 13 de marzo de 2000, el IDU reliquidó la contribución asignada en 5100 y revocó 170. Fijó la contribución por un valor de $ 3.538’568.591.

— La anterior resolución fue confirmada en las resoluciones 2591 del 27 de junio de 2000 y 1822 del 11 de octubre de 2000, en virtud de los recursos de reposición y apelación que interpuso la demandante.

— El 8 de mayo de 2001, la actora suscribió un acuerdo de pago con el IDU para pagar el valor de la contribución determinada en 234 del 13 de marzo de 2000, por $ 3.538’568.591, más intereses de mora por valor de $ 387’827.118, para un total de $ 3.926’395.709. Sobre esa suma, la demandante pagó una cuota inicial equivalente al 25%, es decir, $ 951’599.000 y se le concedió un plazo de 5 años para pagar el saldo en 60 cuotas mensuales a partir del mes de junio de 2001.

— En el acuerdo de pago se establecieron, entre otras, las siguientes condiciones de pago:

“2. Sobre el saldo insoluto de capital, se cobrará durante el plazo un interés de financiación equivalente al interés bancario corriente, certificado por la Superintendencia Bancaria.

(...).

7. En caso de mora se liquidarán intereses a la tasa establecida por el IDU mediante Resolución.

Observaciones adicionales

Las partes que suscriben este acuerdo de pago, dejan constancia de la existencia de acciones legales ejercidas ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca respecto de la actuación administrativa que liquidó el monto de la contribución de valorización por beneficio local correspondiente a este predio en relación con las obras para el desarrollo vial del occidente (zona eje 5 - Avenida Ciudad de Cali).

La suscripción de este acuerdo de pago, no significa ni implica que la corporación club los lagartos acepte deber el valor objeto de este acuerdo, el cual queda sujeto al fallo que de manera definitiva se profiera en las acciones legales interpuestas. Si con motivo de la decisión judicial definitiva se determina que la obligación fiscal por concepto de contribución de valorización correspondiente a este predio es inferior a las sumas ya canceladas por concepto de capital e intereses, el IDU procederá a hacer la devolución de la mayor suma recibida (...)”.

— El Consejo de Estado, en la sentencia del 23 de noviembre de 2005, declaró la nulidad de las resoluciones 1164 del 1º de octubre de 1999, 1440 del 30 de noviembre de 1999, 398 del 8 de marzo del 2000, 234 del 13 de marzo del 2000, 2591 del 27 de junio de 2000 y 1822 de título de restablecimiento del derecho, el Consejo de Estado declaró que la demandante solo estaba obligada a pagar la contribución de valorización asignada en 5100 de 1998, confirmada por 170 de 1999, es decir, $ 1.263’774.496.

— El 28 de abril de 2006, el IDU expidió 1806, por medio de la cual cumplió el fallo del Consejo de Estado. Luego, mediante Resolución 2148 del 6 de junio de 2006, el IDU reconoció y ordenó devolver a la demandante $ 2.786.840.300, como saldo crédito a su favor.

— Posteriormente, mediante 7549 del 29 de diciembre de 2006, el IDU ordenó reconocer y pagar a la demandante $ 415’934.942, por concepto de indexación y reconocimiento de intereses.

Con fundamento en los hechos expuestos, se procede a resolver el fondo del asunto.

i) De si era procedente que el IDU liquidara intereses moratorios a cargo de la demandante

El artículo 90 del Acuerdo 7 de 1987, expedido por el Concejo de Bogotá, dispone que “La contribución de valorización se hace exigible una vez ejecutoriada la resolución administrativa que la asigna”.

Los artículos 96 del Acuerdo 7 de 1987 definen las formas de pago y los diferentes intereses que se pueden generar cuando el Distrito Capital asigna y liquida contribuciones de valorización.

El artículo 93, modificado por el artículo 4º del Acuerdo Distrital 8 de 2000(7), señala como formas de pago de la contribución de valorización las siguientes:

a) De contado: puede realizarse en dinero o con bienes muebles dentro de los tres (3) primeros meses a partir de la fecha en quede legalmente ejecutoriada la resolución de asignación, concediéndose unos descuentos, así: el equivalente al quince por ciento (15%) del valor de la contribución, si se paga dentro del primer mes; el equivalente al diez por ciento (10%), del valor de la contribución, si se paga dentro del segundo mes; si el pago se efectúa en el tercer mes, no hay lugar a descuento.

b) Por cuotas: que puede realizarse en los plazos que apruebe para cada liquidación el IDU, de acuerdo con el valor de cada contribución y con las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios, sin que excedan de 60 meses.

Los artículos 95 y 96 del Acuerdo(8), modificados por los artículos 1º y 2º del Acuerdo Distrital 8 de 2000, respectivamente, establecen la causación de intereses de financiación y de intereses moratorios a cargo del contribuyente, en las siguientes condiciones:

a) Intereses de financiación: se liquidan a cargo del contribuyente para los casos en que la contribución de valorización no se paga de contado. La tasa y forma de liquidación serán determinados por el director general del IDU para cada obra o conjunto de obras. La tasa que se fije no podrá superar la de interés bancario corriente certificada por (hoy Superintendencia Financiera). Los intereses de financiación se generarán hasta cuando el contribuyente incumpla y se encuentre en mora, momento en el que empezarán a correr los intereses de mora.

b) Intereses moratorios: se causan sobre los plazos expirados o sobre las cuotas causadas y no pagadas si el plazo se encuentra vigente. El interés se liquida sobre el saldo insoluto de la contribución y se cobra en forma exclusiva por el tiempo en que el contribuyente se encuentre en mora en el pago de su obligación, a la tasa de interés vigente en el momento respectivo del pago. El interés en ningún caso podrá ser superior al doble del interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Bancaria.

Para el caso de los intereses moratorios, objeto de discusión, si bien de conformidad con el artículo 90 del Acuerdo 7 de 1987 la contribución de valorización es exigible una vez ejecutoriada la resolución que la asigna, en armonía con el artículo 93 del mismo acuerdo, la exigibilidad, en estricto sentido, solo surge cuando se vencen los plazos que se conceden para el pago de contado de la contribución, que es de 3 meses siguientes a la fecha de ejecutoria de la resolución de asignación. A partir de ese momento, se causan los intereses de mora.

En consecuencia, es claro que el IDU puede liquidar intereses de mora; solo que, para determinar cómo se cuantifican y el período de liquidación, deberá analizarse cada caso en particular.

a) Fecha a partir de la cual era exigible la contribución de valorización para efectos de liquidar intereses de mora a cargo de la demandante

Para efectos de determinar el período de liquidación de los intereses de mora, lo primero que debe resolver es a partir de qué momento se entiende exigible la obligación a cargo de la demandante.

La actora consideró que la contribución de valorización que le fue asignada inicialmente en 5100 de 1998 se hizo exigible el día 1º de octubre de 1999, momento en que desistió del recurso de apelación que interpuso contra la misma.

Por el contrario, el IDU consideró que la contribución de valorización que le fue asignada a la demandante se hizo exigible el día 25 de febrero de 1999, momento en que quedó ejecutoriada 170 del 8 de febrero de 1999, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra 5100.

Para , la contribución de valorización por beneficio local asignada a la demandante en 5100 del 20 de octubre de 1998, por $ 1.263’774.496, se hizo exigible el día 17 de febrero del año 2000, por las siguientes razones.

El artículo 62 del Código Contencioso Administrativo dispone que los actos administrativos quedan en firme cuando los recursos interpuestos se hayan decidido. Cuando contra un acto administrativo proceden los recursos de reposición y de apelación, el acto adquiere firmeza cuando estos recursos se deciden.

Cuando la administración decide los recursos puede confirmar, modificar o revocar la decisión que adoptó en el acto administrativo que se impugna. Si con ocasión de los recursos interpuestos, la administración adopta una decisión más gravosa a la prevista en el acto administrativo impugnado, crea una nueva situación jurídica particular y concreta. En ese contexto, la decisión inicial se entiende revocada y, por eso, proceden nuevamente los recursos en la vía gubernativa.

El artículo 138 del Código Contencioso Administrativo precisa que cuando se demande la nulidad del acto, si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deben demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen, pero si fue revocado, solo procede demandar esta última decisión.

Las reglas del artículo 138 del Código Contencioso Administrativo permiten limitar la litis al análisis del acto administrativo que creó la nueva situación jurídica nueva y obviar la discusión respecto de las decisiones revocadas. Ello no significa que los actos previos sirvan de fundamento de hecho para invocar la nulidad de los actos que contienen la decisión definitiva.

En el caso está probado que IDU profirió 5100, mediante la cual determinó la contribución que debía pagar la demandante. Así mismo, está probado que esa resolución fue confirmada por 170 de 1999, pero que, a su vez, estas dos resoluciones fueron revocadas por 1164 de 1999, porque en esta resolución el IDU decidió modificar la decisión que adoptó en 5100, para incrementar el monto de la contribución.

También está probado que la demandante pretendió enervar esa decisión y renunció al recurso de apelación. Habida cuenta de este hecho, el IDU, mediante 398 de 2000 decidió aceptar el desistimiento del recurso de apelación, revocó 170 de 1999 y, mediante Resolución 234 de 2000, decidió nuevamente reliquidar la contribución de valorización para fijarla en el mismo monto que había establecido en 1164 de 1999. En consecuencia, creó una nueva situación jurídica que se concretó en 234 de 2000, confirmada por las Resoluciones 2591 y 1822 de 2000.

En ese contexto, y toda vez que la demandante demandó todos los actos administrativos citados, incluyendo los revocados, esta corporación, en sentencia del 23 de noviembre de 2005, decidió declarar que la demandante estaba obligada al pago de la contribución de valorización que el IDU asignó en 5100 de 1998 y que confirmó mediante 170 de 1999.

Adicionalmente, la sentencia negó la prosperidad de la excepción de inepta demanda por falta de agotamiento de la vía gubernativa que propuso el IDU, respecto de 5100 de 1999. Esta decisión se fundamentó en el hecho de que a la fecha en que se profirió 398, esto es, el 8 de marzo de 2000, el IDU ya había notificado 1164 de 1999, mediante la cual resolvió el recurso de apelación contra 5100 de 1998(9).

En ese orden de ideas, independientemente de que las resoluciones 5100 de 1998, 170 y 1164 de 1999, que fijaron la contribución por valorización, ya no estaban produciendo efectos jurídicos a instancia de que fueron revocadas por 398 de 2000; la sentencia proferida el 23 de noviembre de 2005 debe acatarse en dos sentidos. El primero, en cuanto denegó la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa y, el segundo, en cuanto declaró que la demandante solo estaba obligada al pago de la contribución de valorización asignada en 5100 de 1998 y 170 de 1999.

Si en la sentencia del 23 de noviembre de 2005 se decidió admitir la demanda contra la Resolución 5100 de 1998, porque respecto de esta se entendió debidamente agotada la vía gubernativa con 1164 de 1999, pero la contribución de valorización que la corporación declaró válida fue la que el IDU determinó en la Resolución 5100 de 1998; independientemente de la declaratoria de nulidad de la Resolución 1164 de 1999, es un hecho ya definido, con carácter de cosa juzgada, que la Resolución 5100 de 1998 quedó en firme y adquirió ejecutoria con la notificación de la Resolución 1164, porque mediante esa resolución, el IDU decidió el recurso de apelación.

Ahora bien, como la Resolución 1164 de 1998 fue notificada por edicto desfijado el 17 de noviembre de 1999, a partir de esta fecha se deben contar los tres meses que el artículo 93 del Acuerdo 7 de 1987 establece como plazo máximo para efectuar el pago de la contribución de contado.

En ese orden de ideas, se reitera, para la contribución por valorización que el IDU fijó mediante Resolución 5100 de 1998 es exigible a partir del 17 de febrero de 2000.

b) Fecha límite de causación de los intereses de mora

Precisado lo anterior, se procede a definir hasta cuándo se deben liquidar los intereses de mora. Para el efecto, debe tenerse en cuenta que la demandante, en virtud del acuerdo de pago número 110050454016, se comprometió a pagar la deuda tributaria en 60 cuotas el valor de $ 3.538’568.591, cifra que por concepto de contribución de valorización fijó el IDU en 1164 de 1999. Así mismo, se comprometió a pagar $ 387’827.118, por concepto de intereses moratorios y una cuota inicial de $ 981’599.000.

Adicionalmente, las partes acordaron que el valor objeto del acuerdo de pago estaba sujeto a lo que se decidiera en las acciones legales que fueron ejercidas ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Y, que en caso de resultar menor el valor de la contribución, el IDU debía devolver los mayores valores recibidos con ocasión del acuerdo de pago.

Como el Consejo de Estado, en sentencia del 23 de noviembre de título de restablecimiento del derecho declaró que la demandante solo estaba obligada al pago de la contribución de valorización asignada en 5100 de 1998, corresponde definir si el acuerdo de pago que suscribieron las partes perdió eficacia con ocasión de la decisión de y, en consecuencia, si los intereses de mora a favor del IDU deben liquidarse sin consideración a ese acuerdo.

La Sala considera que si bien el fundamento del acuerdo de pago fueron las resoluciones que declaró nulas mediante sentencia del 23 de noviembre de 2005, el acuerdo perdió eficacia parcialmente únicamente sobre el monto adicional que fijó el IDU por contribución de valorización y que fue declarado contrario a derecho en la sentencia citada.

En efecto, no es pertinente desconocer que, por una parte, el acuerdo de pago se condicionó a la decisión de esta corporación y que en esos términos lo suscribió el IDU. Así mismo, tampoco es dable desconocer que la demandante efectivamente pagó parte de la deuda.

En ese contexto, lo primero que se debe tener en cuenta es que el acuerdo de pago se suscribió el día 5 de agosto de 2001. Por tanto, esa es la fecha límite de liquidación de los intereses de mora a cargo de la actora, sobre los $ 1.263’774.496 que el Consejo de Estado, mediante sentencia del 25 de noviembre de 2005, declaró como contribución de valorización. Y, esa es la fecha límite, porque a partir de ese momento la demandante adquirió con el IDU el compromiso de pago de la contribución de valorización por cuotas, al tenor del artículo 93 del Acuerdo 7 de 1987.

c) La tasa de interés moratorio

Respecto de la tasa de interés, la demandante no cuestionó, en concreto, la que el IDU tomó para la liquidación.

En efecto, precisó que la liquidación de intereses se hizo a la tasa de interés moratorio del 2,43556%. En consecuencia, esa es la tasa que se tomará para liquidar los intereses de mora.

Para efectos de liquidar los intereses de mora, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

B: Base de la contribución: 1.263’774.496

P: Período de liquidación de intereses de mora: 17 de febrero de 5 de agosto de 2001 (17 meses, 19 días).

T: Tasa de interés: 2,43556%.

I: Total intereses: (P) (T)

Fórmula: (B) (I).

d) Determinación del saldo crédito a favor de la demandante

En 2148 del 6 de junio de 2006 se precisa “Que una vez efectuada la aplicación en el sistema por parte de la subdirección técnica jurídica y de ejecuciones fiscales, de la resolución1806 de abril 28 de 2006 sobre las contribuciones antes mencionadas, se generaron los siguientes saldos crédito en los respectivos estados de cuenta:

NumeralCódigo direcciónDirecciónSaldo crédito
15439613103000610080000Dg. 103 61-80$ 1,277,258,700.00
154397131030006100800000Dg. 103 61-80, int. 1 $ 1,373,645,500.00
454016940100000000004000Pte. Elprado F Sn. Jorge lte. 1$ 135,935,100.00
Total saldo crédito$ 2,786,840,300.00

En el expediente no figura la operación detallada de la cual se derivan las anteriores cifras. De tal forma que para determinar el saldo crédito a favor de la demandante, considera que se debe tomar como referente los pagos que hizo la demandante. Aunque esos pagos fueron certificados por contadora pública, según certificación suscrita el 4 de octubre de 2006, y que esa certificación se incorporó al proceso como prueba con la demanda (anexo 6(10)), para efectos de la liquidación, la demandante deberá acreditar los comprobantes de pago respectivos.

En consecuencia, para determinar el saldo crédito a favor de la demandante deberá tenerse en cuenta la siguiente fórmula:

Saldo crédito = PA - (B + I)

Donde (PA) corresponde a los pagos efectuados por la demandante, debidamente acreditados y (B) equivale a la base de la contribución ($ 1.263’774.496) e (I) representa el total de intereses de mora a cargo de la actora.

ii) De si procede el reconocimiento de intereses y la indexación sobre el saldo crédito a favor de la demandante

Sobre este aspecto, resalta que mediante Resolución 7549 del 29 de diciembre de 2006, el director técnico de apoyo corporativo del IDU puso de presente que la demandante, a través del oficio IDU 079965 de octubre 5 de 2006, solicitó “(...) se ajuste el pago realizado y se reconozca el saldo correspondiente a favor del Club Los lagartos (...)” y así mismo, “pretende que se mantenga el equilibro en las relaciones con la administración exigiendo que el uso del dinero de su propiedad por parte de la entidad distrital tenga una correspondiente y justa retribución (...)”.

El IDU evaluó la petición y dejó constancia de que “(...) en la reunión sostenida el día 30 de noviembre de 2006 en la subdirección general corporativa, la cual contó con la asistencia de la dirección técnica legal, la subdirección técnica de procesos judiciales, la subdirección técnica de jurídica y de ejecuciones fiscales, la subdirección técnica de operaciones y la dirección técnica financiera, el cumplimiento de lo preceptuado en el código contencioso administrativo artículos 177 y 178. Lo anterior lo consideró procedente.

16. Que por lo anterior el director técnico financiero a través del memorando STOP -7200-55541 del 12 de diciembre de 2006, realizó el cálculo de la actualización del valor devuelto, desde agosto 16 de 2002 fecha en que se genera el saldo crédito, hasta la fecha de ejecutoria del fallo 17 de enero de 2006, así como de los intereses moratorios liquidados a partir de la fecha de ejecutoria hasta la fecha del giro junio 7 de 2006. En cuanto al factor de indexación este se calcula a partir de agosto 16 de 2002, y los intereses moratorios se calculan desde la fecha de ejecutoria del fallo 17 de Enero de 2006 hasta la fecha de devolución del saldo crédito junio 7 de 2006. Siendo el resultado el siguiente: (...)

La Sala advierte que, a instancia de la petición que formuló la demandante, un día antes de interponerse la demanda(11) se inició otra actuación administrativa que culminó con 7549 de 2006, acto que no es objeto de demanda en este proceso.

No obstante, teniendo en cuenta las pretensiones de la demanda, que el tribunal a quo se pronunció sobre los intereses y que la apelación cuestionó esa decisión, le corresponde a la Sala precisar si la demandante tiene derecho a que se le reconozcan intereses y la indexación.

a) Reconocimiento de intereses

La demandante adujo que el no reconocimiento de los intereses riñe con los principios de equidad e igualdad.

El IDU, conforme se aprecia en 7549 de 2006, reconoció intereses de mora que liquidó a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia del 23 de noviembre de 2005 y “hasta la fecha del giro junio 7 de .

La Sala considera que la demandante tiene derecho a que se le reconozcan los intereses legales del 6% anual a que hace alusión el artículo 1617 del Código Civil, por cuanto el Acuerdo 179 del 28 de septiembre de 2005 no reguló el reconocimiento de interés alguno a favor de los contribuyentes de la valorización, por la devolución o compensación de saldos a favor originados en pagos en exceso.

Ante la ausencia de norma expresa que determine los intereses que proceden y la forma cómo se deben liquidar, en materia de devolución de pagos en exceso por contribución de valorización se deberá aplicar la norma general que regula el tema, esto es, el artículo 1617 del Código Civil.

En las sentencias del 23 de julio y del 13 de agosto de 2009, precisó que “El pago indebido de tributos genera una desvalorización monetaria, que debe ser resarcida con la respectiva actualización, que por originarse en sumas de dinero se presume en el 6% anual, de conformidad con el artículo 1617 del Código Civil”(12).

En ese orden de ideas, se ordenará el reconocimiento de esos intereses y para el efecto se deberán en cuenta los siguientes parámetros para la liquidación:

• Base de liquidación: la base corresponde al saldo crédito debido por el IDU. Se debe tener en cuenta que este saldo crédito se generó en los pagos parciales hechos por la actora.

• Período de liquidación:

a) Fecha de inicio: para el primer pago determinado en exceso, la fecha en que se efectuó. Para las cuotas subsiguientes, las fechas en que se hicieron los pagos correspondientes a cada una. Para el efecto, se deberá tener en cuenta la tabla fisible en el folio 83 y 84 del cuaderno principal.

b) Fecha de finalización: se deberá tener en cuenta la fecha de devolución de los $ 2.786.840.300 que hizo el IDU con ocasión de la expedición de 2148 del 6 de junio de 2006, hasta la concurrencia de ese valor. Para el saldo insoluto, se tendrá como fecha, el momento efectivo de la devolución de ese saldo.

• Tasa: 6% anual.

Para la liquidación de los intereses se deberá aplicar la siguiente fórmula:

I = Vh x N x 0.5%

Donde Vh corresponde al saldo crédito a devolver y N es el período de liquidación.

b) Reconocimiento de indexación

Con fundamento en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, la parte actora solicitó la indexación de la suma que se fije en esta sentencia, “desde la fecha en que se debió haber hecho el cumplimiento de la sentencia (jun. 6/2006) hasta la fecha de pago efectivo de dicha suma”.

El artículo 178 del Código Contencioso Administrativo dispone que “[L]a liquidación de las condenas que se resuelvan mediante sentencia de la jurisdicción en lo contencioso administrativo deberá efectuarse en todos los casos, mediante sumas líquidas de moneda de curso legal en Colombia y cualquier ajuste de dichas condenas solo podrá determinarse tomando como base el índice de precios al consumidor, o al por mayor”.

En el sub lite es claro que la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 23 de noviembre de 2005, que declaró que la demandante estaba obligada al pago de la contribución de valorización asignada en 5100 del 26 de octubre de 1998, no es una sentencia de condena, y así lo reconoce la demandante. Se trata de una sentencia declarativa, mediante la cual se declaró la nulidad de unos actos, porque no se ajustaron a derecho. A título de restablecimiento del derecho no se condenó a la entidad a pagar suma alguna de dinero.

Por lo tanto, no es procedente aplicar el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo a una sentencia declarativa, pero sí a la de condena, como la que en esta instancia y oportunidad se profiere y solo hasta cuando se haga efectiva.

3. Condena en abstracto.

Para efectos de determinar el monto de la condena a cargo del IDU, conforme a los parámetros establecidos, la cual comprende la devolución del saldo crédito generado en las contribuciones de valorización por beneficio local asignadas por el Acuerdo 25 de 1995, junto con los respectivos intereses legales, la demandante deberá promover ante el tribunal a quo el correspondiente incidente de liquidación, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria del auto de obedecimiento al superior. El escrito que presente la demandante para promover el incidente deberá contener la liquidación motivada y específica de la cuantía (CCA, art. 172, CPC, art. 137).

Por último, ordenará que la liquidación que resulte del trámite incidental se compense con los valores que el IDU reconoció deber y ordenó pagar mediante las resoluciones 2148 de junio 6 de 2006 y 7549 del 29 de diciembre de 2006.

4. Condena en costas.

Habida cuenta de que sobre la decisión que tomó el tribunal a quo sobre la condena en costas no fue apelada por la demandante, se confirmará la decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia apelada. En su lugar se dispone:

Primero: DECLÁRESE la nulidad parcial de la resolución 2148 del 6 de junio de 2006, en cuanto reconoció y ordenó el pago por valor de dos mil setecientos ochenta y seis millones ochocientos cuarenta mil trescientos pesos m/cte. ($ 2,786,840,300.00), correspondiente a la devolución de los saldos crédito generados en las contribuciones de valorización beneficio local por Acuerdo 25 de 1995.

Segundo: CONDÉNASE en abstracto al Instituto de Desarrollo Urbano IDU y, en consecuencia, ORDÉNASE al IDU que, a título de restablecimiento del derecho, RECONOZCA Y ORDENE la devolución del saldo crédito generado en las contribuciones de valorización beneficio local por Acuerdo 25 de 1995, de conformidad con la liquidación que resulte del trámite incidental. Así mismo, ORDÉNASE al IDU reconocer y ordenar el pago de los intereses legales, conforme con la liquidación que resulte del trámite incidental.

El valor que resulte de la liquidación efectuada mediante trámite incidental se deberá actualizar a valor presente con base en el índice de precios al consumidor, como lo dispone el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo y cuando se haga efectiva la sentencia condenatoria.

Tercero: ORDÉNASE COMPENSAR el monto que resulte de la liquidación de la condena en abstracto impuesta con los pagos que el IDU reconoció y ordenó pagar mediante Resolución 7549 del 29 de diciembre de 2006.

Cuarto: En lo demás, CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Quinto: RECONÓCESE personería para actuar, en representación del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, a la doctora Martha Nayibe Zambrano Salamanca, en los términos del poder allegado al expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunalde origen. Cúmplase.

Esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(7) El texto anterior del artículo 93 disponía lo siguiente:

“El pago de la contribución de valorización podrá hacerse de contado en dinero o en bienes inmuebles o por cuotas. De contado en los tres (3) primeros meses a partir de la fecha en que quede legalmente ejecutoriada la resolución de asignación, concediéndose un descuento equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la contribución. Por cuotas, en los plazos que se aprueben para cada liquidación, las cuotas se fijarán por la junta directiva del instituto, de acuerdo con el valor de cada contribución y con las condiciones socioeconómicas de los beneficiados, sin que excedan de sesenta (60) meses.

Por compensación en los términos del artículo 117 de este texto. No obstante, para predios destinados a vivienda, la cuota mensual no podrá exceder el cinco por ciento (5%) del salario mínimo mensual vigente para Bogotá, si están ubicados en los estratos 3, en cuyo caso se puede ampliar el plazo”.

(8) El texto anterior de los artículos 95 y 96, disponía lo siguiente:

“ART. 95.—Las contribuciones de valorización que no se pagaren de contado, se recargarán con intereses de financiación, de acuerdo con la tasa y forma de liquidación que determine la junta directiva del Instituto de Desarrollo Urbano para cada obra o conjunto de obras, los cuales en ningún caso serán superiores al interés bancario autorizado legalmente.

“ART. 96.—El interés por mora se liquidará sobre el saldo insoluto de la contribución, si han expirado los plazos o sobre las cuotas causadas y no pagadas si el plazo se encuentra vigente, a la tasa del uno y medio por ciento (1.5%) mensual durante el primer año de mora y del dos por ciento (2%) mensual de ahí en adelante.

El interés por mora se liquidará sobre el saldo insoluto de la contribución y se cobrará en forma adicional al interés de financiación que corresponda, según la tasa determinada para cada obra y por el tiempo que transcurra hasta la cancelación total de la deuda”.

(9) La notificación se había surtido el 17 de noviembre de 1999, tal como se dejó constancia en la sentencia.

(10) Folios 83 y 84 del c.a.

(11) La demanda se presentó el 5 de octubre de 2006.

(12) Consejo de Estado, Sección Cuarta. C.P. William Giraldo Giraldo, expedientes 16785 y 16418, respectivamente.