Sentencia 2006-01360 de marzo 16 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicado número: 250002327000200601360 01

Referencia: 18002

Consejero Ponente:

Dr. William Giraldo Giraldo

Actor: Nidia Stella Niño Carrillo y otros

Excepciones cobro administrativo

Bogotá D.C., dieciséis de marzo de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Se decide en esta instancia sobre la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Administración Especial de Impuestos de las Personas Jurídicas de Bogotá, negó la prosperidad de las excepciones de: “indebida tasación del monto de la deuda y violación del debido proceso y del derecho de defensa”, propuestas por los demandantes dentro del proceso administrativo de cobro coactivo adelantado por impuestos correspondientes al año gravable 1997.

Afirmó la parte actora que en contra de los señores Nidia Stella Niño Carrillo, María Susana Niño Carrillo y Raúl Antonio Niño Carrillo, la DIAN profirió mandamiento de pago, en calidad de deudores solidarios de la sociedad NC Distribuciones LTDA Niño Carrillo Distribuciones LTDA., sin la expedición de una liquidación oficial ejecutoriada en su contra, que ostente la calidad de título ejecutivo.

La Sala precisa que si bien en anteriores oportunidades se ha pronunciado en el sentido de considerar que conforme al artículo 828-1 del estatuto tributario (adicionado por L. 6ª/92, art. 83), se requiere un acto previo al mandamiento de pago(1) para efectuar la vinculación del deudor solidario(2), mediante sentencia del 31 de julio de 2009, Exp. 17103 C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia modificó el anterior criterio, en el sentido de aclarar que a partir de la expedición de la Ley 6ª de 1992, el documento por medio del cual se vincula a los deudores solidarios al proceso de cobro coactivo es el mandamiento de pago expedido a nombre del ejecutado, y debidamente notificado, sin que se requiera para esto acto administrativo adicional anterior ni posterior. Al efecto señaló: “...en ningún caso se hará mediante el título ejecutivo que es el documento preexistente a la iniciación del citado proceso y que da origen al mismo”.

En dicha oportunidad la Sala precisó:

“En los términos analizados se modifica la jurisprudencia de la sección, en el sentido de aclarar que a partir de la expedición de la Ley 6ª de 1992, el documento por medio del cual se vincula a los deudores solidarios al proceso de cobro coactivo es el mandamiento de pago expedido a su nombre y debidamente notificado, sin que se requiera para esto acto administrativo adicional anterior ni posterior y en ningún caso se hará mediante el título ejecutivo que es el documento preexistente a la iniciación del citado proceso y que da origen al mismo.

Existe respaldo a lo hasta aquí plasmado, por parte de la Corte Constitucional en el texto de las sentencias C-210 de marzo 1º de 2000, por la cual se declaró la exequibilidad del artículo 794 y su parágrafo del estatuto tributario, así como la C-1201 de diciembre 9 de 2003 que consideró ajustado a la Constitución Política el artículo 828-1 ibídem como fue adicionado por los artículos 83 de la Ley 6ª de 1992 y 9º de la Ley 788 de 2002. Expone la primera de ellas en relación con la solidaridad en materia tributaria:

“La figura de la solidaridad es de creación legal y también el establecimiento de sus excepciones. Por lo tanto bien puede el legislador introducir la responsabilidad solidaria como un mecanismo tendiente a impedir la práctica de la evasión tributaria”

“La responsabilidad nace de la condición simple y voluntaria de ser socio, independientemente de si se tiene o no la representación o administración del ente social. El hecho del reconocimiento del ente social como una persona distinta de sus socios o miembros, no es obstáculo para que el legislador establezca un tipo especial de responsabilidad fiscal”

Y Concluye: “El legislador en virtud de su libertad de configuración puede señalar los elementos de la obligación tributaria, estableciendo una pluralidad de sujetos que se encuentran comprometidos en la satisfacción de una misma prestación, uno al lado del otro, es decir, los socios al lado de la sociedad y no en lugar de esta”.

Es claro de lo anterior, que la solidaridad de los socios por las deudas de la sociedad se genera per se, por el solo hecho de pertenecer a ella, luego para hacerlos responsables de las mismas no se requiere pronunciamiento adicional alguno.

La segunda de las Sentencias citadas aclara que “No puede confundirse el acto procesal de notificación del mandamiento de pago, con el título ejecutivo, ya que el primero es el medio a través del cual es posible la vinculación del deudor solidario al proceso de cobro, y el segundo la causa material que justifica tal vinculación, es decir el acto contentivo de la obligación clara, expresa y exigible, cuyo cobro se pretende”.

Y continúa: “Sobre este supuesto, es decir, previa comunicación de la actuación administrativa al deudor solidario, no se hace necesario que se profiera un título ejecutivo independiente y adicional contra él, sino que el título ejecutivo contra el deudor principal lo será igualmente contra el deudor solidario, como lo propone el inciso segundo del artículo 828-1”.

Para concluir: “No resulta contrario a la Constitución que el legislador disponga, como lo hace en el inciso primero, que la vinculación del deudor solidario al proceso de ejecución coactiva se haga mediante la notificación del mandamiento de pago” y “No resulta inconstitucional que el título ejecutivo contenido en el acto administrativo con el que concluye dicha actuación le sea oponible, sin que se requiera la constitución de títulos individuales adicionales respecto de él”.

No cabe duda como lo afirma la Corte, que no es dable pretender que el título ejecutivo tenga alguna relación con el medio idóneo para vincular al proceso al deudor solidario, que es únicamente el mandamiento de pago, como tampoco la hay de que basta con un solo título cobrable a nombre del principal para hacer efectivo el cobro a los solidarios, sin que se requiera constituir a nombre de cada uno de ellos un título adicional”.

La Sala reitera el anterior criterio jurisprudencial, y conforme a lo expuesto, encuentra que la administración obró ajustada a la ley, toda vez que establecida la existencia del título ejecutivo válido para el cobro, consistente en la liquidación oficial de aforo relacionada en los actos administrativos demandados por un total de $ 168.981.000, debidamente incorporada al proceso adelantado contra la sociedad NC Distribuciones LTDA Niño Carrillo Distribuciones LTDA., profirió el 7 de junio de 2004 el mandamiento de pago 000311, con el objeto de vincular a dicho proceso a los socios Nidia Stella Niño Carrillo, María Susana Niño Carrillo y Raúl Antonio Niño Carrillo, en los siguientes términos: (fl. 18 cdno. 1)

 

“A) Socio: Nidia Stella Niño Carrillo C.C. 51.880.553 33.4%

NúmeroConceptoPeríodoValor impuesto
300642003000019Liq. oficial renta 2003-05-061997-156.439.654

 

“B) Socio: María Susana Niño Carrillo C.C. 51.965.709 33.3%

NúmeroConceptoPeríodoValor impuesto
300642003000019LIQ. OFICIAL RENTA 2003-05-061997-156.270.673

“C) Socio: Raúl Antonio Niño Carrillo C.C. 79.639.969 33.3%

NúmeroConceptoPeríodoValor impuesto
300642003000019LIQ. Oficial renta 2003-05-061997-156.270.673

El anterior mandamiento de pago estableció, claramente, tanto el porcentaje que le corresponde como socios a los demandantes en la obligación tributaria a cargo de la sociedad, como el monto de la obligación a su cargo, cumpliendo con la vinculación en debida forma, independiente del título ejecutivo (liquidación oficial de aforo) que soporta la aludida obligación.

En consecuencia, por cuanto la notificación del mandamiento de pago es el mecanismo legalmente dispuesto para vincular a los deudores solidarios, no se configura la excepción de falta de título ejecutivo, declarada por el a quo, y, por tanto, es procedente el estudio de los demás cargos propuestos contra los actos que se demandan.

Como lo sostuvo el tribunal, uno de los actos administrativos que se demandan es el mandamiento de pago, por lo que se hace necesario precisar que el mismo es un acto de ejecución, no susceptible de control de legalidad por parte de la jurisdicción contencioso administrativa, razón por la que la Sala confirmará el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia recurrida.

Así las cosas, el estudio de legalidad, que se realiza, versa sobre las resoluciones 00012 del 31 de marzo de 2006; y 00032 del 5 de junio de ese mismo año, por las cuales se resolvieron las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago y se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución inicial, respectivamente, análisis que se fundamenta en las excepciones formuladas contra el mandamiento de pago dentro del proceso coactivo, y no en los cargos que pretende cuestionar el título ejecutivo (liquidación oficial de aforo), que se encuentra en firme.

Tal como se anticipó, el mandamiento de pago se fundamentó en la liquidación oficial de aforo 300642003000019 del 6 de mayo de 2003, acto de culminación del proceso de determinación y discusión del impuesto de renta de la sociedad NC Distribuciones LTDA Niño Carrillo Distribuciones LTDA., correspondiente al período 1997.

Ahora bien, si es cierto que las obligaciones objeto de cobro corresponden al año 1997, también lo es que en el mandamiento de pago la cita que se hace de la Ley 633 de 2000, se refiere al artículo 51, “actualización del valor de las obligaciones tributarias pendientes de pago”, norma que resulta aplicable al proceso de cobro coactivo, dada la independencia de los procesos de determinación y cobro, y al haber sido proferida la ley con anterioridad a la fecha en la que se expidió el mandamiento de pago (jun. 7/2004), eso de manera alguna genera vulneración al debido proceso en los términos planteados en el libelo demandatorio.

De otra parte, aunque existe una irregularidad en la fecha del oficio citatorio del mandamiento de pago, como lo reconoce la demandada, esa anormalidad no constituye una vulneración del derecho al debido proceso, por cuanto dicho oficio no constituyó un acto definitivo, es de simple trámite, y en nada impidió que el contribuyente ejerciera su derecho de defensa.

Tampoco se desconoció este derecho al no decretarse las pruebas solicitadas en el escrito de excepciones (fls. 58 y 59 del cdno. Ppal), pues con las mismas se pretendía controvertir la obligación pecuniaria contenida en la liquidación oficial de aforo, lo cual es ajeno al proceso de cobro coactivo; como también lo es la incompetencia que se predica del funcionario que expidió el título ejecutivo.

Finalmente, en relación con la mayor asignación de porcentaje de participación en la sociedad a la señora Nidia Stella Niño Carrillo, que se efectúo en el mandamiento de pago, en relación con los demás socios deudores solidarios, la interesada no demostró para el período cuya obligación es objeto de cobro, esto es, el año 1997, el aporte o la participación accionaria dentro de la sociedad NC Distribuciones LTDA, Niño Carrillo Distribuciones LTDA., lo que no permite deducir la vulneración al derecho al debido proceso.

En estas condiciones, el fallo impugnado se modificará, para confirmar el numeral primero de su parte resolutiva, y negar las demás pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE la sentencia del 5 de agosto de 2009 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”. En consecuencia:

CONFÍRMASE el numeral primero de la parte resolutiva, y NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. RECONÓCESE personería jurídica a la doctora Lina María Ávila Amézquita de conformidad con el poder que obra a folio 250 del cuaderno principal.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

Esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(1) Estimó la Sala que en vigencia de la Ley 6ª de 1992, se requiere de la constitución del título ejecutivo respecto del deudor solidario, como quiera que las liquidaciones oficiales, privadas y otros títulos ejecutivos lo son frente a los contribuyentes a quienes se les práctica, mas no cobijan automáticamente a los deudores solidarios, por lo que previo a la vinculación del deudor, la administración debe producir un acto administrativo notificado en debida forma, en el cual determine individualmente las circunstancias que configuran la solidaridad, la proporción de la participación del socio, el tiempo de posesión durante el período gravable.

(2) Sentencias del 31 de marzo de 2005, Exp. 14266, C.P. Ligia López Díaz; del 24 de febrero de 2003, Exp. 13109 C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié y del 20 de abril de 2001, Exp. 11150 C.P. Ligia López Díaz, entre otras.