Sentencia 2006-01371 de mayo 24 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 05001-23-31-000-2006-01371-01(48335)

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Sánchez Luque

Actor: Jairo Suárez Ospina y otros

Demandado: Nación - Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación

Referencia: Acción de reparación directa

REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA NACIÓN EN PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD-No la ostenta el Ministerio de Justicia ni la Presidencia de la República. COMPETENCIA DEL SUPERIOR-Se decide sin limitación por apelación de las dos partes. COPIAS SIMPLES-Valor probatorio. PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD-Falla del servicio por ausencia de pruebas de cargo. PERJUICIOS MORALES-Aplicación de criterios de sentencias de unificación. PERJUICIO MORAL-Se infiere del vínculo parental o marital. LUCRO CESANTE DE CONCEJALES-Su periodo antes del Acto Legislativo 2 de 2002 era de 3 años. LUCRO CESANTE DE CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR-Liquidación fuera del periodo del concejal. LUCRO CESANTE-Se liquida con salario mínimo cuando no se acredita monto. DAÑO EMERGENTE-No se acreditaron los gastos en los que se incurrieron. DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN-Cualquiera que sea su denominación se niega por falta de prueba.

Bogotá, D.C., veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal, según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996(2).

Acción procedente

2. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo(3), en este caso por hechos imputables a la administración de justicia (C.N., art. 90 y CCA, art. 86).

Caducidad

3. El término para formular pretensiones, en procesos de reparación directa, de conformidad con el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo es de 2 años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

En los eventos de privación injusta de la libertad, la Sección Tercera ha sostenido que el cómputo de la caducidad inicia a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia absolutoria, pues solo a partir de ese momento la víctima tiene conocimiento de la antijuricidad del daño(4).

La demanda se interpuso en tiempo —7 de diciembre de 2005— porque el demandante tuvo conocimiento de la antijuricidad del daño reclamado desde el 9 de diciembre de 2003, fecha en la que quedó ejecutoriada la providencia que absolvió al demandante [hecho probado 7.5].

Legitimación en la causa

4. Jairo Suárez Ospina, Ledys María Cáceres Moreno y Jairo Alberto, Ledys Liliana y Juan David Suárez Cáceres son las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, ya que el primero es el sujeto pasivo de la investigación penal y los demás conforman su núcleo familiar.

La Nación-Fiscalía General de la Nación-Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial está legitimada en la causa por pasiva, pues fue la entidad encargada de la investigación, acusación y juzgamiento de Jairo Suárez Ospina. La Nación-Ministerio de Justicia y del Derecho y la Nación-Departamento Administrativo de la Presidencia de la República no representan a la Nación, en los eventos en los cuales se demanda responsabilidad por la actuación de las autoridades judiciales(5).

II. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la absolución con fundamento en la ausencia de pruebas de cargo, torna en injusta la privación de la libertad.

III. Análisis de la Sala

5. Como la sentencia fue recurrida por ambas partes, la Sala resolverá sin limitaciones, en los términos del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.

Hechos probados

6. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta corporación, en fallo de unificación(6), consideró que tenían mérito probatorio.

7. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

7.1. El 31 de enero de 2000, miembros de la fuerza pública capturaron a Jairo Suárez Ospina por el delito de concierto para delinquir, según da cuenta copia simple del fallo de primera instancia (fl. 29, cdno. 3).

7.2. El 10 de febrero de 2000, la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Medellín impuso medida de aseguramiento con detención preventiva en contra de Jairo Suárez Ospina por el delito de concierto para delinquir, según da cuenta copia simple de la providencia de la misma fecha (fl. 2-24, cdno. 5).

7.3. El 22 de septiembre de 2000, la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Medellín, Unidad de Derechos Humanos, profirió resolución de acusación en contra de Jairo Suárez Ospina por el delito de concierto para delinquir, según da cuenta copia auténtica de la providencia de la misma fecha (fl. 2-24, cdno. 3).

7.4. El 18 de marzo de 2003, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Antioquia condenó a Jairo Suárez Ospina por el delito de concierto para delinquir, según da cuenta copia auténtica de esa providencia (fl. 25-84, cdno. 3).

7.5. El 9 de diciembre de 2003, el Tribunal Superior de Antioquia absolvió a Jairo Suárez Ospina, según da cuenta copia auténtica de esa providencia (fl. 85-119, cdno. 3). El artículo 197 del Decreto 2700 de 1991 establecía que las providencias que decidían el recurso de apelación quedaban ejecutoriadas el día en que fueran suscritas y como la sentencia absolutoria de segunda instancia es de 9 de diciembre de 2003, se encuentra debidamente ejecutoriada y archivada (fl. 85, cdno. 3).

7.6. El 10 de diciembre de 2003, Jairo Suárez Ospina recuperó su libertad, según da cuenta el oficio 2088 del Juzgado Primero Penal del Circuito de Antioquia del 13 de junio de 2005 (fl. 12, cdno. 1).

7.7. Jairo Suárez Ospina es esposo de Ledys María Cáceres Moreno y padre de Jairo Alberto, Ledys Liliana y Juan David Suárez Cáceres, según da cuenta copia auténtica del certificado del registro civil de matrimonio y de los registros civiles de nacimiento (fl. 7-10, cdno. 1).

La privación de la libertad fue injusta por una falla del servicio

8. El daño antijurídico está demostrado porque Jairo Suárez Ospina estuvo privado de su derecho fundamental a la libertad personal, desde el 31 de enero de 2000 hasta el 10 de diciembre de 2003 [hechos probados 7.1 y 7.6]. Es claro que la lesión al derecho de la libertad personal genera perjuicios que los demandantes no estaban en la obligación de soportar.

9. La privación injusta de la libertad como escenario de responsabilidad está regulada en la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, en el artículo 68 que establece que quien haya sido privado de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.

La jurisprudencia(7) tiene determinado, a partir de una interpretación del artículo 90 de la Constitución Política, que cuando una persona privada de la libertad sea absuelta (i) porque el hecho no existió, (ii) el sindicado no lo cometió, o (iii) la conducta no constituía hecho punible, se configura un evento de detención injusta en virtud del título de imputación de daño especial, por el rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas. A estas hipótesis, la Sala agregó la aplicación del in dubio pro reo(8), con fundamento en la misma cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado del artículo 90 Constitución Nacional(9).

La privación de la libertad en estos casos se da con pleno acatamiento de las exigencias legales, pero la expedición de una providencia absolutoria, pone en evidencia que la medida de aseguramiento fue injusta y la persona no estaba obligada a soportarla.

Si el procesado es exonerado por cualquier causa distinta de las mencionadas, la reparación solo procederá cuando se acredite que existió una falla del servicio al momento de decretarse la medida de aseguramiento, es decir, que no se cumplían los requisitos legales para la restricción de la libertad(10).

La Sala ha sostenido que en todos los casos es posible que el Estado se exonere con la acreditación de que el daño provino de una causa extraña, esto es, que sea imputable al hecho determinante y exclusivo de un tercero o de la propia víctima en los términos del artículo 70 de la Ley 270 de 1996.

10. La Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Judicial de Medellín impuso medida de aseguramiento a Jairo Suárez Ospina con fundamento en una declaración que lo señalaba como fundador del grupo armado ilegal Comandos Populares en la región de Urabá [hecho probado 7.2].

Sin embargo, el Tribunal Superior de Antioquia lo absolvió porque no existía prueba de responsabilidad porque uno de los testigos generaba sospechas y no tenía fuerza probatoria para vincularlo como fundador de un grupo armado ilegal y los otros testimonios eran nulos, porque se recaudaron con violación al debido proceso. Así lo puso de relieve la providencia al indicar: “[…] Por falta de plena prueba sobre su responsabilidad en el delito de concierto para delinquir por el cual se les residenció en juicio criminal, la Sala entonces revocará el fallo de condena impugnado y, en su defecto, absolverá a los dos procesados, en favor de los cuales dispondrá su libertad inmediata e incondicional por razón de este proceso” (fl. 106-118, cdno. 3).

Así las cosas, como la privación de la libertad de Jairo Suárez Ospina se fundamentó en la ausencia de una prueba sólida, el título de imputación aplicable es el de falla del servicio, lo que torna en injusta la privación de la libertad.

En tal virtud, el daño es imputable a la Nación-Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación, pues la Fiscalía ordenó la medida privativa de la libertad del procesado y un juez lo mantuvo privado de la libertad al emitir fallo condenatorio en primera instancia y, por ello, se confirmará la sentencia apelada.

Indemnización de perjuicios

11. La demanda solicitó el reconocimiento de 300 SMLMV para la víctima directa y 1.200 SMLMV para los restantes miembros de su núcleo familiar, por concepto de perjuicios morales. La sentencia de primera instancia reconoció 90 SMLMV para la víctima directa, 60 SMLMV para su esposa y 50 SMLMV para cada uno de sus hijos.

Recientemente, la Sección Tercera unificó sus criterios de indemnización de perjuicios morales en los eventos de privación injusta de la libertad(11). En esta providencia se trazaron unos parámetros de guía para la tasación del daño moral de acuerdo a factores como la duración de la privación de la libertad y el grado de parentesco de los demandantes en relación con la víctima directa. Estos derroteros quedaron consignados en el siguiente cuadro:

 NIVEL 1NIVEL 2NIVEL 3NIVEL 4NIVEL 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral de la privación injusta de la libertadVíctima directa, cónyuge o compañero (a) permanente y parientes en el 1° de consanguinidadParientes en el 2º de consanguinidadParientes en el 3º de consanguinidadParientes en el 4º de consanguinidad y afines hasta el 2ºTerceros damnificados
Término de privación injusta en meses 50% del porcentaje de la víctima directa35% del porcentaje de la víctima directa25% del porcentaje de la víctima directa15% del porcentaje de la víctima directa
 SMLMVSMLMVSMLMVSMLMVSMLMV
Superior a 18 meses10050352515
      
Superior a 12 e inferior a 18904531,522,513,5
      
Superior a 9 e inferior a 128040282012
      
Superior a 6 e inferior a 9703524,517,510,5
      
Superior a 3 e inferior a 6502517,512,57,5
      
Superior a 1 e inferior a 33517,512,258,755,25
      
Igual e inferior a 1157,55,253,752,25

Cuando se demuestra que el demandante es padre, hermano, hijo o cónyuge de la víctima el perjuicio moral se infiere del vínculo parental o marital existente entre los demandantes y la persona víctima del hecho(12).

Jairo Suárez Ospina fue privado de la libertad durante un periodo de 46.3 meses y está acreditado que es esposo de Ledys María Cáceres Moreno y padre de Jairo Alberto, Ledys Liliana y Juan David Suárez Cáceres [hechos probados 7.1, 7.6 y 7.7].

Demostrada la relación de parentesco, con base en los criterios arriba expuestos, el monto de los perjuicios morales será de 100 SMLMV para la víctima directa, su esposa y sus hijos.

12. La demanda solicitó el reconocimiento del lucro cesante a favor de Jairo Suárez Ospina, por los dineros dejados de percibir durante el tiempo de reclusión. La sentencia de primera instancia reconoció $ 34.211.217 correspondientes al monto actualizado de los honorarios que dejó de percibir como concejal del municipio de Apartadó para el periodo que fue elegido. En el recurso de apelación, la parte demandante esgrimió que el perjuicio debía liquidarse por el tiempo que duró la privación y no solamente por el periodo que le faltaba para terminar su periodo constitucional como concejal.

En el expediente obra certificado original suscrito por el presidente del Concejo Municipal de Apartadó (fl. 572-575, cdno. 2), que da cuenta de que Jairo Suárez Ospina, para la época de la privación injusta de la libertad, era concejal de ese municipio, pues fue elegido para el periodo constitucional 1998-2000 y dejó de percibir $ 13.921.903 por honorarios al finalizar su periodo.

La liquidación del lucro cesante se dividirá en dos operaciones, pues está probado que el demandante fue capturado mientras se desempeñaba como concejal del municipio de Apartadó, y como fue capturado el 31 de enero de 2000 [hecho probado 7.1], no pudo terminar el periodo para el que fue elegido. De tal modo que ese rango abarcará la primera operación.

Conforme al texto original del artículo 312 de la Constitución (antes del A.L. 2/2002), vigente para el momento de los hechos, los periodos de concejales tenían una duración de tres años. Como el demandante fue elegido para el periodo 1998-2000 y fue capturado el 31 de enero de 2000, le faltaban 11 meses para cumplir los tres años establecidos en la Constitución.

Al estar demostrado el periodo que le faltaba para terminar su periodo como concejal y también el monto de los honorarios que dejó de percibir por ese lapso y como la sentencia apelada no lo tuvo en cuenta como periodo de indemnización, se liquidará el perjuicio en esta instancia.

El ingreso base de liquidación será el monto que dejó de percibir el último año de su periodo como concejal ($ 13.921.903), suma que será actualizada, de conformidad con la siguiente fórmula:

xxx6
 

Donde:

Vp= Valor presente

Vh= Valor histórico

índice(13) final a la fecha de esta sentencia: 137,87 (jun. /2017)

índice inicial al momento del último salario: 59.06 (feb. /2000)

xxx7
 

VP= $ 32.499.369,57

Para la segunda operación se tendrá en cuenta que la privación de la libertad de Jairo Suárez Ospina se extendió más allá del periodo para el que fue elegido concejal y se encontraba en edad productiva, pues tenía 39 años(14). Al no estar demostrado el ingreso mensual de Suárez Ospina luego de que terminara su periodo de concejal de Apartadó, Antioquia, la Sala tomará el salario mínimo mensual como el ingreso base de liquidación(15): $ 737.717.

Se tomará el salario mínimo mensual legal vigente como ingreso base de liquidación, pues según la jurisprudencia se presume que toda persona en edad productiva y laboralmente activa devenga por lo menos un salario mínimo mensual legal vigente(16).

El segundo período de indemnización será el comprendido entre el 1 de enero de 2001 (día siguiente a la terminación de su periodo como concejal), y el 10 de diciembre de 2003 [hecho probado 7.6], esto es, 35.3 meses, de conformidad con la siguiente fórmula:

xxx8
 

Donde:

Ra= ingreso base de liquidación

i= interés legal

n= periodo de indemnización

xxx9
 

S= $ 28.337.250

Total por lucro cesante para la víctima directa del daño $ 60´836.619

13. La demanda solicitó el pago de $ 100.000.000, por pago de honorarios de abogado, $ 54.000.000 por deudas y $ 40.000.000 como inversión frustrada, en la modalidad de daño emergente. La sentencia de primera instancia negó el reconocimiento por falta de prueba.

En los eventos en los cuales se solicita el pago por honorarios de abogado, debe probarse la defensa en el proceso penal y el pago por los servicios prestados(17). Como no está acreditado el pago de honorarios por parte de alguno de los demandantes, se negará este reconocimiento.

La demanda también solicitó el pago de $ 54.000.000 por deudas que corresponden a (i) un crédito otorgado por el Fondo para la Promoción y Desarrollo de la Economía Solidaria-Fodes y (ii) un crédito hipotecario adquirido por la víctima directa y su esposa en 1996 (fl. 1-2, cdno. 4) que se ejecutó judicialmente un año después de la captura de Jairo Suárez Ospina.

Como los anteriores gastos no se derivan directamente de la privación de la libertad, pues el primero corresponde a un crédito otorgado el 17 de diciembre de 2001 a Ledys María Cáceres Moreno, esto es, durante la privación de la libertad de su esposo, con destinación específica para la distribución y comercialización de medias en el establecimiento de comercio “El palacio de las medias” (fl. 125-133, cdno. 1) y frente al segundo se adquirió antes de la privación de la libertad y no se probó que su pago y cumplimiento fuera exclusivo de la víctima directa, pues el atraso en el pago se dio un año después de la captura de Jairo Suárez Ospina, no se reconocerán.

Por otra parte, la demanda solicitó $ 40.000.000 como inversión realizada en un taller de ebanistería de un centro carcelario donde Suárez Ospina estuvo privado de la libertad. Como no obra prueba que acredite que la víctima directa hubiera realizado la inversión mencionada, pues quien suscribió un contrato de arrendamiento del taller de ebanistería de la Cárcel de Turbo, durante el tiempo de la privación fue el Inpec y la E.A.T. Socames (fl. 20-23, cdno. 1), sin que se demostrara participación de Jairo Suárez Ospina en ese hecho, ni tampoco que haya tenido una pérdida económica derivada por esa situación como consecuencia de la privación de la libertad, no se reconocerá.

14. La demanda solicitó el pago de 1.000 SMLMV para la víctima directa y su núcleo familiar, por daño a la vida de relación y 1.500 SMLMV por daño a la honra y el buen nombre de la víctima directa y su núcleo familiar. La sentencia de primera instancia reconoció 50 SMLMV para la víctima directa y 40 SMLMV para su esposa y cada uno de sus hijos por daño a la vida de relación y negó el daño a la honra, la fama y el buen nombre. En el recurso, la parte demandante pidió que se aumente el monto reconocido por cantidad del daño a la vida de relación y se reconozca el daño a la honra, la fama y el buen nombre.

En sentencias de unificación(18) se recogieron las clasificaciones conceptuales enmarcadas bajo las denominaciones de daño a la vida de relación, alteración a las condiciones de existencia o perjuicios fisiológicos.

En esa oportunidad la Sala sostuvo que podrían indemnizarse los perjuicios ocasionados a bienes jurídicamente tutelados, siempre que tal circunstancia se acreditara en el proceso y no se enmarcaran en las demás tipologías de perjuicios reconocidas por la jurisprudencia(19).

De modo que quienes sufren estos perjuicios tienen derecho a su reparación integral mediante la adopción de medidas no pecuniarias a favor de la víctima directa y sus familiares más cercanos y, excepcionalmente, cuando dicha medida no sea procedente, al reconocimiento de una indemnización de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes exclusivamente a favor de la víctima directa(20).

14.1. Según la demanda, por la privación de la libertad, se alteró el entorno social, familiar y laboral de los demandantes y se les impidió continuar con el libre desarrollo de su personalidad y realizar actividades familiares, académicas, recreativas y profesionales.

Como las declaraciones de Gilberto Antonio Torres, Luis Hernán Correa Miranda, Jesús Enrique Doval Urango, Pedro Pablo Barbosa Díaz, Aurelina Sánchez Torres, William García Víctoria, Manuel Márquez Pérez, Mariana Borja Mena, Oscar de Jesús Sánchez Benítez, Jesús Antonio Cáceres Moreno (fl. 398-419, cdno. 2), Mario de Jesús Agudelo Vásquez (fl. 425-431, cdno. 2) conocidos de la víctima directa, dan cuenta únicamente de los perjuicios morales sufridos por Jairo Suárez Mejía y su núcleo familiar, que ya fueron reconocidos en esta sentencia, pero no acreditan la afectación de otros bienes jurídicamente tutelados, se revocará la sentencia apelada frente al reconocimiento que se hizo de este perjuicio.

14.2. Según los demandantes, la privación de la libertad tuvo una gran connotación social en su entorno porque Jairo Suárez Ospina fue señalado de delincuente, que lesionó su honra y el buen nombre de su familia.

Gilberto Antonio Torres, Luis Hernán Correa Miranda, Jesús Enrique Doval Urango, Pedro Pablo Barbosa Díaz, Aurelina Sánchez Torres, William García Víctoria, Manuel Márquez Pérez, Mariana Borja Mena, Oscar de Jesús Sánchez Benítez, Jesús Antonio Cáceres Moreno (fl. 398-419, cdno. 2), Mario de Jesús Agudelo Vásquez (fl. 425-431, cdno. 2), conocidos de Jairo Suárez Ospina y de su familia, declararon que la estancia en la cárcel alteraron las condiciones de vida de su esposa y sus hijos, porque sufrieron señalamientos y exclusión social y se afectó la carrera política de Suárez Ospina.

Aunque estos testimonios merecen credibilidad, pues en su calidad de amigos y familiares percibieron los señalamientos que sufrieron, únicamente prueban los perjuicios morales sufridos que ya fueron reconocidos en esta sentencia. Como no está acreditada la afectación de otros bienes jurídicamente tutelados que amerite reparación a través de medidas no pecuniarias, el perjuicio no será reconocido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFÍCASE la sentencia del 15 de mayo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, y en su lugar se dispone:

1. DECLÁRASE probada la excepción de indebida representación de la Nación-Ministerio de Justicia y del Derecho, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

2. DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Nación-Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de Jairo Suárez Ospina.

3. CONDÉNASE a la Nación-Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación a pagar, por concepto de perjuicios morales a Jairo Suárez Ospina, Ledys María Cáceres Moreno y a Jairo Alberto, Ledys Liliana y Juan David Suárez Cáceres por concepto de daños morales, la suma equivalente en pesos a cien (100) SLMLMV, para cada uno.

4. CONDÉNASE a la Nación-Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación a pagar a Jairo Suárez Ospina, por concepto de lucro cesante, la suma de sesenta millones ochocientos treinta y seis mil seiscientos diecinueve pesos ($ 60´836.619).

5. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

6. CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

7. En firme este fallo DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias pertinentes conforme a la ley.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

2 El consejero ponente de esta decisión, aunque no lo comparte, sigue el criterio jurisprudencial contenido en el auto del 9 de septiembre de 2008, radicación 34.985, proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con arreglo al cual conforme al artículo 73 de la Ley 270 de 1996 esta corporación conoce siempre en segunda instancia de estos procesos, sin consideración a la cuantía de las pretensiones. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, radiación 36.146.

3 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por actos administrativos. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, radicación 7.303 y del 10 de junio de 2009, radicación 18.139.

4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 2 de febrero de 1996, radicación 11.425. Criterio reiterado en sentencias del 13 de septiembre de 2001, radicación 13.392. y del 14 de febrero de 2002, radicación 13.622.

5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de diciembre de 2004, radicación 14.676.

6 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, radicación 25.022. El magistrado ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad se encuentran consignados en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, radicación 26.984.

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, radicación 15.463.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 diciembre de 2006, radicación 13.168 y sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, radicación 23.354.

9 El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de septiembre de 2015, radicación 36.146.

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril de 2010, radicación 18.960.

11 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, radicación 36.149.

12 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 17 de julio de 1992, radicación 6.750; del 16 de julio de 1998, radicación 10.916 y del 27 de julio de 2000, radicación 12.788 y radicación 12.641.

13 Estos factores corresponden a los índices de precios al consumidor que pueden ser consultados en el Banco de la República: http://www.banrep.gov.co/es/ipc.

14 De conformidad con la copia autentica del registro civil, Jairo Suárez Ospina nació el 9 de mayo de 1960 (fl. 5, cdno. 2).

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de febrero de 1994, radicación 8.576.

16 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de febrero de 1994, radicación 8.576. El magistrado ponente no comparte este criterio jurisprudencial. Sin embargo lo respeta y lo acoge. Los argumentos de la disidencia se encuentran consignados en la aclaración de voto a la sentencia de 14 de marzo de 2016, radicación 40.286.

17 Cfr. Consejo de Estado Sección Tercera las sentencias del 8 de junio de 2011, radicación 19.576, C.P. Ruth Stella Correa y sentencia del 12 de mayo de 2011, radicación 20.569, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

18 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 14 de septiembre de 2011, radicación 19.031 y 38.222.

19 El magistrado ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a la sentencia del 15 de octubre de 2015, radicación 34.952.

20 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, radicación 26251.