SENTENCIA 2006-01379/56950 DE NOVIEMBRE 10 DE 2016

 

Sentencia 2006-01379 de noviembre 10 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 25000-23-26-000-2006-01379-02 (56.950)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Nación - Ministerio de Transporte

Demandado: Compañía Aseguradora de Fianzas, Confianza S.A.

Proceso: Ejecutivo

Asunto: Recurso de apelación

Bogotá, D.C., diez de noviembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

Para resolver lo pertinente, la Sala, retomando la problemática jurídica propuesta por la parte actora, precisará el alcance de los conceptos adoptados como ratio decidendi para sustentar su decisión así: 1) Documentos que se constituyen en un título ejecutivo dentro de las acciones ejecutivas; 2) Excepciones procedentes en los procesos en los cuales el título ejecutivo se encuentra conformado por actos administrativos; 2.1) Excepción de caducidad en los procesos ejecutivos; 2.2. Excepción de inexistencia del título ejecutivo; 3) Excepción de prejudicialidad en los procesos ejecutivos; 4) La solución del caso concreto.

1. Documentos que se constituyen en un título ejecutivo.

Tal como lo disponía el artículo 68 del Código Contencioso Administrativo, y ahora lo dispone el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, prestaran mérito ejecutivo, “siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y exigible”, entre otros, “todo acto administrativo ejecutoriado que imponga… la obligación de pagar una suma líquida de dinero…”; “…Los contratos o los documentos en que constan sus garantías, junto con el acto administrativo que declara el incumplimiento o la caducidad. Igualmente lo serán el acta de liquidación del contrato o cualquier acto administrativo proferido con ocasión de la actividad contractual…” y “las demás garantías que a favor de las entidades públicas, antes indicadas, se presten por cualquier concepto, las cuales se integraran con el actos administrativo ejecutoriado que declare la obligación…”.

Como puede verse, de esta previsión normativa resulta claro que cuando se declara la caducidad o se liquida un contrato estatal y en esos actos administrativos se impone al contratista la obligación de pagar una suma líquida de dinero, el acta presta mérito ejecutivo contra este.

Frente al asegurador garante, el mérito ejecutivo resulta de la póliza de seguro y de los correspondientes actos administrativos, documentos estos que en su conjunto integran el título ejecutivo contra él: Los actos porque son los que contienen la obligación de pagar una suma líquida de dinero a cargo del contratista que es su asegurado; la póliza de seguro porque es en ella en donde consta su posición de garante de las obligaciones del contratista, que es su asegurado, así como los términos y extensión de su garantía.

Luego, son estos documentos y no otros los que en esos casos configuran el título ejecutivo.

Es de precisar en éste punto que el acto por medio del cual se declara la caducidad del contrato celebrado sólo se constituirá en un título ejecutivo junto con el contrato y la póliza de seguro constituida, cuando en éste se le imponga al contratista la obligación de cancelar una suma liquida de dinero.

Luego, si lo que ocurre en un determinado asunto es que por medio de un acto administrativo se declara la caducidad de un contrato que ha sido celebrado con la administración pero no se establece en él una obligación clara, expresa y exigible a cargo del contratista de cancelar una determinada suma líquida de dinero, pero sí se establece así en el acto administrativo por medio del cual se ordena su liquidación, es evidente que es éste último el que integrara el título ejecutivo y por ende será a partir de la fecha de ejecutoria de ese acto que se empezará a contabilizar el término de cinco (5) años previsto en la norma para que opere la caducidad de la acción ejecutiva.

2. Excepciones procedentes en los procesos en los cuales el título ejecutivo se encuentra conformado por actos administrativos.

La oportunidad para excepcionar en un proceso ejecutivo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 509 del Código de Procedimiento Civil y 442 del Nuevo Código General del Proceso, es dentro de los diez días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, de donde se deduce, contrario sensu, que vencido este término el ejecutado no puede proponer excepciones.

En los procesos ejecutivos, por regla general y a diferencia de lo que ocurre en los procesos de conocimiento, el juez de oficio no puede declarar probadas las excepciones de fondo.

En efecto, si bien el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, establece el deber a cargo del juez de reconocer de oficio las excepciones de mérito que encuentre demostradas, lo cierto es que en los procesos de ejecución tal potestad no opera porque en esta clase de asuntos se parte, de un lado, de la certeza del derecho consignada en el título ejecutivo, y, de otro, del mandato contenido en el artículo 507 que le impone al juez el deber de ordenar proseguir con la ejecución si no se presentan excepciones, de donde se infiere entonces que el ejecutado debe proponerlas.

Asimismo, el numeral 2º del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, hoy previsto en el numeral 2º del artículo 442 del Nuevo Código General del Proceso prevé que si el título ejecutivo consiste en una sentencia de condena o cualquier otra providencia que lleve consigo ejecución, “sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia…, la de “pérdida de la cosa debida…” y las nulidades originadas en la indebida representación de las partes o la falta de notificación a las personas que deben ser citadas como partes. En cuanto a los hechos constitutivos de excepciones previas el citado artículo señala ahora que no pueden proponerse “ni aún por la vía de reposición”.

2.1. Excepción de caducidad de la acción en las acciones ejecutivas.

Ni el Nº 2º del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, ni el Nº 2º del artículo 442 del Código General del Proceso establecen la caducidad de la acción como una de las excepciones que pueden proponerse cuando el título ejecutivo es una providencia que lleva consigo ejecución, razón por la cual, en principio y con la sola lectura de ésta norma, se podría concluir que no puede ser considerada y que ha de rechazarse.

Sin embargo, una conclusión de esa naturaleza eventualmente daría lugar a la continuación del proceso ejecutivo cuando en verdad el término de caducidad ha vencido sin que se haya presentado oportunamente la demanda, si esta circunstancia sólo se advierte al momento de dictar la sentencia.

Por supuesto, que la solución jamás sería la aplicación irracional y aislada del precepto para continuar de manera obsecuente y errada el proceso ejecutivo a pesar de la operancia de la caducidad.

La razón por la que el numeral 2º del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil no menciona la caducidad debe estar en que el legislador supone que el juzgador le ha dado estricto cumplimiento al artículo 85 del Código de Procedimiento Civil que impone el deber de rechazar la demanda si de esta o de sus anexos se desprende que el término de caducidad ha vencido.

Pero como es posible que por cualquier razón esa circunstancia no se advierta al momento de decidir sobre el mandamiento de pago, queda abierta la posibilidad para que el juez, de oficio, la declare en la correspondiente sentencia pues el entendimiento contrario conduce irremediablemente al yerro que atrás se mencionó, solución que encuentra pleno respaldo en el inciso segundo del artículo 164 del Código Contencioso Administrativo para este excepcional caso de la caducidad en el proceso ejecutivo cuando el título de recaudo consiste en una providencia que lleva consigo ejecución.

Queda entonces por averiguar, si el ejecutado puede proponer la excepción de caducidad en los procesos ejecutivos en que el título de ejecución consiste en una providencia que lleva consigo ejecución.

Una interpretación sistemática y lógica del artículo 164 del Código Contencioso Administrativo y de los artículos 85 y 509 del Código de Procedimiento Civil, lleva a la Sala a sostener la afirmativa por las siguientes dos razones: La primera, porque en todos los casos el juez tiene el deber de declararla probada de oficio, lo que en últimas se traduce en que en manera alguna el proceso ejecutivo puede continuar si la caducidad ha operado; y, la segunda, porque si el juez no la advierte pero el ejecutado sí, la posibilidad de que este la aduzca, más que satisfacer un interés individual, lo que hace es proteger el interés general que envuelve la defensa de las normas de orden público ya que las que regulan la caducidad tienen esta naturaleza.

Ahora, según lo dispone el Nº 11 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo “La acción ejecutiva derivada de decisiones judiciales proferidas por esta jurisdicción, caducará al cabo de cinco (5) años, contados a partir de la exigibilidad del respectivo derecho (…)”.

Si bien el Código Contencioso Administrativo no señala término de caducidad para las acciones ejecutivas derivadas de los contratos la Sección Tercera de esta corporación(17) ha señalado que el término previsto en el referido Nº 11 resulta aplicable a los “títulos ejecutivos contractuales”, de forma tal que la acción ejecutiva contractual caducará transcurridos 5 años contados a partir del momento en el cual la respectiva obligación se hizo exigible.

En consecuencia, la caducidad de la acción ejecutiva derivada de los contratos estatales es de cinco años y no de dos como equivocadamente lo sostiene la ejecutada.

2.2. Excepción de inexistencia del título ejecutivo.

En ese mismo sentido, si bien ni el Nº 2º del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, ni el Nº 2º del artículo 442 del Código General del proceso establecen la inexistencia del título ejecutivo como una de las excepciones que pueden proponerse cuando el título ejecutivo es una providencia que lleva consigo ejecución, ello no es óbice para que el juez no pueda declararla de oficio, si al analizar el título ejecutivo encuentra que éste no reúne las exigencias o elementos del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil o del artículo 422 del Nuevo Código General del proceso, esto es, que el documento allegado como título ejecutivo no contiene un derecho u obligación expresa, clara y exigible, pues se caería en el absurdo de considerar que se puede continuar con la ejecución en un proceso que carece de título ejecutivo.

Así las cosas, el juez debe pronunciarse sobre el título ejecutivo si al momento de decidir sobre la continuidad de la ejecución hay inquietud sobre su existencia o se percata de la inexistencia o insuficiencia de él, pues el rigor del entendimiento de las normas referidas, no puede conducir al absurdo de proseguir un proceso de ejecución sin que exista un título de recaudo(18).

En conclusión, si bien las excepciones de caducidad y de inexistencia del título ejecutivo no se encuentran enlistadas en el ahora artículo 442 del Nuevo Código General del proceso como aquellas que se pueden proponer en los procesos ejecutivos que tienen como título ejecutivo una providencia que lleva consigo ejecución, el juez contencioso administrativo se encuentra compelido a pronunciarse sobre éstas.

3. Excepción de prejudicialidad en los procesos ejecutivos.

Según lo dispone el artículo 172 del Código de Procedimiento Civil, la suspensión de los procesos por prejudicialidad durará hasta que el juez decrete su reanudación una vez se allegué la copia de la providencia ejecutoriada que puso fin al proceso que le dio origen, sin embargo en aquellos eventos en los cuales dicha copia no se allegue dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha en la que se ordenó la suspensión del proceso, “el juez de oficio o a petición de parte decretará la reanudación del proceso, por auto que se notificará por estado y mediante telegrama dirigido a la dirección denunciada para recibir notificaciones personales”.

De esta forma, sí lo que ocurre en un determinado proceso ejecutivo es que se encuentran en curso unos procesos donde se discute la legalidad de los actos administrativos que conforman el título ejecutivo complejo y por tal razón se decreta la suspensión del proceso pero transcurren más de 3 años sin que se allegue copia de la sentencia ejecutoriada dictada en dicho proceso o se allegan las providencias ejecutoriadas en las que se ha negado la declaratoria de nulidad de dichos actos administrativos, es evidente que en estos casos el juez se encuentra facultado para declarar de oficio la reanudación del proceso.

4. La solución del caso concreto.

En este asunto el título ejecutivo está integrado por el contrato de prestación de servicios profesionales 0010(19) celebrado el 16 de enero de 1998 entre el Ministerio de Transporte y la Sociedad Dragados y Construcciones de Colombia y del Caribe S.A. —Dragacol S.A.—; copia auténtica de las resoluciones 2502 del 10 de abril de 2001, por medio de la cual se declaró la ocurrencia del siniestro relacionado con los salarios y prestaciones sociales y se hizo efectiva la póliza de seguro por la suma equivalente a $ 74´999.999,00(20); la 5710 del 3 de julio de 2001 por medio de la cual al resolver los recursos interpuestos tanto por la Sociedad Dragados S.A. como por la Compañía Aseguradora Confianza S.A. se confirmó la anterior(21); la 2503 del 10 de abril de 2001, mediante la cual se ordenó la liquidación unilateral del contrato 010 de 1998 y en consecuencia se declaró que la Sociedad Dragados S.A. y/o Confianza S.A. en su calidad de garante adeudaban la suma de $ 960´822.901,00 e hizo efectiva la póliza de garantía constituida(22); la 5711 del 3 de julio de 2001 a través de la cual al resolver los recursos interpuestos tanto por la Sociedad Dragados S.A. como por la Compañía Aseguradora Confianza S.A. se confirmó la anterior(23); y la póliza única de seguro de cumplimiento G-U01-0-0664408 expedida por Confianza S.A. el 19 de enero de 1998(24).

Los documentos referidos a la luz del artículo 68 del Código Contencioso Administrativo son los que, se repite, integran en este caso el título ejecutivo complejo, pues de ellos se desprende la obligación clara, expresa y exigible de cancelar la suma equivalente a $ 960´822.901,00, a cargo tanto de la Sociedad de Dragados y Construcciones de Colombia y del Caribe S.A., Dragacol S.A., como de la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., Confianza S.A., en virtud de la póliza G-U01-0-0664408 que da cuenta de que ésta garantiza a favor del Ministerio de Transporte las obligaciones a cargo de la Sociedad de Dragados y Construcciones de Colombia y del Caribe S.A. - Dragacol S.A., con ocasión de la celebración del contrato de prestación de servicios 010 de 1998.

Ahora, si bien el Ministerio de Transporte también allegó las resoluciones 787 del 3 de mayo de 1999, por medio de la cual se declaró la caducidad del contrato y la ocurrencia de los siniestros de cumplimiento y de pago de la suma anticipada(25); y la 1564 del 23 de julio de 1999(26) que confirmó dicha decisión, para la Sala es claro que dichos documentos no contenían una obligación clara, expresa y exigible a cargo de la Sociedad Dragados S.A. y de la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., Confianza S.A.

4.1. En la providencia que ahora se apela el tribunal de primera instancia declaró la caducidad de la acción respecto de la ejecución de las sumas por concepto de los siniestros de cumplimiento y de pago del anticipo al considerar que los 5 años previstos en el numeral 11 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo debían contarse a partir de la fecha de ejecutoria de la Resolución 787 del 3 de mayo de 1999 por medio de la cual se declaró la caducidad y los siniestros de cumplimiento y de pago del anticipo, es decir, desde el 23 de julio de 1999 y que como dicho término vencía el 23 de julio de 2004, para la fecha en la que se presentó la demanda, esto es, el 9 de julio de 2006 ya había operado la caducidad de la acción para ejecutar dichos conceptos.

Pues bien, la Sala estima que contrario a lo que consideró el tribunal en su momento y teniendo en cuenta que por medio de la Resolución 787 del 3 de mayo de 1999 se declaró la caducidad del contrato y se declararon los siniestros de cumplimiento y de pago del anticipo pero en dicho acto no se estableció una obligación clara, expresa y exigible a cargo de la Sociedad Dragados S.A. ni de la Compañía Aseguradora de Fianzas, Confianza S.A., es evidente que el término de caducidad de la acción para ejecutar las sumas por dichos conceptos debía contarse a partir de la fecha de ejecutoria de la Resolución 2503 del 10 de abril de 2001 por medio de la cual se ordenó la liquidación unilateral del contrato 010 de 1998, se declaró que la Sociedad Dragados S.A. y/o Confianza S.A. en su calidad de garante adeudaban la suma de $ 960´822.901,00 y en consecuencia se hizo efectiva la póliza de garantía constituida, pues es dicho acto el que establece una obligación clara, expresa y exigible en favor del Ministerio de Transporte.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la referida Resolución 2503 del 10 de abril de 2001 quedó ejecutoriada el 18 de julio de 2001(27), el término de cinco (5) años para que operara la caducidad de la acción frente a la ejecución de las sumas por concepto de los siniestros de cumplimiento y de pago del anticipo operaría el 18 de julio de 2006; y como la demanda se presentó el 9 de junio de 2006(28), es evidente que para esa fecha aún no había operado el fenómeno de caducidad como equivocadamente lo señaló el tribunal de primera instancia.

De esta forma la Sala declarara como no probada la excepción que la ejecutada denominó prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro por las razones expuestas.

Y como así no lo vio ni lo decidió el tribunal de primera instancia, la sentencia apelada deberá ser revocada en este punto para en su lugar ordenar que se continúe con la ejecución de las sumas por concepto de los siniestros de cumplimiento y de pago del anticipo, así como también de las sumas a ejecutar por concepto del siniestro de salarios y prestaciones sociales.

4.2. En lo relativo a las demás excepciones que la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., Confianza S.A., denominó: i) inexistencia del título ejecutivo por pérdida de fuerza ejecutoria de las resoluciones 787 del 3 de mayo de 1999 y la 1533 del 22 de julio de 1999 que conforman el título ejecutivo complejo; y ii) Inexistencia del título ejecutivo por no existir una obligación clara, expresa y exigible, las cuales fundamenta así

Éstas, las excepciones tercera y cuarta las sustenta básicamente en que teniendo en cuenta que dos de los actos que conforman el título ejecutivo complejo, esto es, las resoluciones 787 del 3 de mayo de 1999 y la 1564 del 23 de julio de 1999 carecen de fuerza ejecutoria, pues transcurridos 5 años después de expedidos la administración no inició las acciones tendientes para ejecutarlos y que los demás actos administrativos se encontraban demandados ante la jurisdicción contencioso administrativa, el título ejecutivo no se encontraba conformado en debida forma, no se cumplían los requisitos exigidos por el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil para promover la acción ejecutiva y de éste no se desprendía una obligación clara, expresa y exigible.

Frente a dichas excepciones la Sala considera que éstas tampoco se encuentran llamadas a prosperar teniendo en cuenta que los actos administrativos que conforman el título ejecutivo complejo se encuentran revestidos de una presunción de legalidad que no ha sido desvirtuada y tampoco se allegó providencia alguna que hubiera ordenado la suspensión provisional de sus efectos, razón por la cual no se puede afirmar que por el sólo hecho de que se encuentren demandados ante la jurisdicción contencioso administrativa no existe el título ejecutivo que ahora allega la entidad ejecutante.

Tampoco puede afirmarse que por el sólo hecho de transcurridos 5 años después de expedidas las resoluciones 787 del 3 de mayo de 1999 y la 1564 del 23 de julio de 1999 y que la administración no haya iniciado las acciones respectivas para ejecutarlos, estos carecen de fuerza ejecutoria y por tal razón no pueden conformar el título ejecutivo complejo, pues tal como lo señaló la ejecutante y como se precisó en líneas anteriores, los documentos que fueron arrimados para conformarlo el contrato de prestación de servicios profesionales 0010(29) celebrado el 16 de enero de 1998 entre el Ministerio de Transporte y la Sociedad Dragados y Construcciones de Colombia y del Caribe S.A., Dragacol S.A.; copia auténtica de las resoluciones 2502 del 10 de abril de 2001, por medio de la cual se declaró la ocurrencia del siniestro relacionado con los salarios y prestaciones sociales y se hizo efectiva la póliza de seguro por la suma equivalente a $ 74´999.999,00(30); la 5710 del 3 de julio de 2001 por medio de la cual al resolver los recursos interpuestos tanto por la Sociedad Dragados S.A. como por la Compañía Aseguradora Confianza S.A. se confirmó la anterior(31); la 2503 del 10 de abril de 2001, mediante la cual se ordenó la liquidación unilateral del contrato 010 de 1998 y en consecuencia se declaró que la Sociedad Dragados S.A. y/o Confianza S.A. en su calidad de garante adeudaban la suma de $ 960´822.901,00 e hizo efectiva la póliza de garantía constituida(32); la 5711 del 3 de julio de 2001 a través de la cual al resolver los recursos interpuestos tanto por la Sociedad Dragados S.A. como por la Compañía Aseguradora Confianza S.A. se confirmó la anterior(33); y la póliza única de seguro de cumplimiento G-U01-0-0664408 expedida por Confianza S.A. el 19 de enero de 1998(34).

De esta forma, en nada tiene que ver que las resoluciones 787 del 3 de mayo de 1999 y la 1564 del 23 de julio de 1999 tengan o no fuerza ejecutoria para que se pueda considerar que en el presente asunto no existe un título ejecutivo complejo, pues dichos documentos no fueron arrimados para conformarlo.

Como puede observarse, ninguna de las excepciones de las dos excepciones propuestas

Se encuentra llamada a prosperar.

4.3. En lo relativo a las demás excepciones que la ejecutada denominó pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos que integran el título ejecutivo e inexigibilidad de la obligación, la Sala encuentra que ninguna de ellas corresponde a alguna de aquellas que, de acuerdo con el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, se pueden esgrimir en un proceso ejecutivo cuando el título de ejecución es una sentencia de condena o una providencia que lleve consigo ejecución, tal como lo son los actos administrativos por medio de los cuales se le impone la obligación al contratista de cancelar unas determinadas sumas líquidas de dinero.

En consecuencia, como del título ejecutivo hacen parte copia de de las resoluciones 2502 del 10 de abril de 2001, por medio de la cual se declaró la ocurrencia del siniestro relacionado con los salarios y prestaciones sociales y se hizo efectiva la póliza de seguro por la suma equivalente a $ 74´999.999,00; la 5710 del 3 de julio de 2001 por medio de la cual al resolver los recursos interpuestos tanto por la Sociedad Dragados S.A. como por la Compañía Aseguradora Confianza S.A. se confirmó la anterior; la 2503 del 10 de abril de 2001, mediante la cual se ordenó la liquidación unilateral del contrato 010 de 1998 y en consecuencia se declaró que la Sociedad Dragados S.A. y/o Confianza S.A. en su calidad de garante adeudaban la suma de $ 960´822.901,00 e hizo efectiva la póliza de garantía constituida y; la 5711 del 3 de julio de 2001 a través de la cual al resolver los recursos interpuestos tanto por la Sociedad Dragados S.A. como por la Compañía Aseguradora Confianza S.A. se confirmó la anterior; y que éstos son actos administrativos que llevan consigo ejecución, es evidente que las excepciones que aquí propuso la ejecutada no pueden prosperar.

De otro lado, y en lo relativo a la excepción de prejudicialidad, encuentra la Sala que ésta tampoco se encuentra llamada a prosperar, pues el tribunal obró conforme a lo que expresamente dispone el artículo 172 del Código de Procedimiento Civil, es decir, ordenó reanudar el proceso teniendo en cuenta que transcurridos 3 años después de la fecha en la que ordenó su suspensión no se allegó la copia de las sentencias ejecutoriadas dentro de los procesos 2000-01903 y 2001-022450; y que se allegó copia de la providencia ejecutoriada proferida el 28 de enero de 2015 dentro del proceso radicado bajo el 25000-23-26-000-2001-02445-01 (29.431) en la que se negaron las pretensiones de nulidad de las resoluciones 2502 del 10 de abril de 2001 y de la 5710 del 3 de julio de 2001(35).

5. En conclusión, en este asunto las excepciones propuestas por la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., Confianza S.A., relacionadas con la caducidad oo(sic) prescripción de la acción ejecutiva y de inexistencia del título ejecutivo no se encuentran llamadas a prosperar por las razones expuestas en ésta providencia.

5.1. Por otro tanto, las demás excepciones propuestas por la ejecutada no pueden prosperar por no corresponder a alguna de las previstas en el numeral 2º del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil.

Y como así lo vio y lo decidió el tribunal de primera instancia, la sentencia apelada deberá ser confirmada en este punto pero por las razones expuestas en esta providencia.

En conclusión la sentencia apelada deberá ser revocada en cuanto declaró la caducidad de la acción frente a la ejecución de las sumas por concepto de los siniestros de cumplimiento y de pago del anticipo pero deberá ser confirmada en lo demás.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR el numeral primero de la sentencia apelada en cuanto declaró la caducidad de la acción respecto de la ejecución de las sumas por concepto de los siniestros de cumplimiento y de pago del anticipo.

2. ORDENAR seguir adelante con la ejecución en contra de la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., Confianza S.A., y a favor del Ministerio de Transporte de las sumas por concepto de los siniestros de cumplimiento, de pago del anticipo y de salarios y prestaciones sociales, las cuales ascienden al valor equivalente a $ 960´822.901 que se encuentra amparado en la póliza única de seguro GU-01-0-664408.

3. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Guillermo Sánchez Luque, Presidente de la Sala de Sección C—Jaime Orlando Santofimio Gamboa, aclaración de voto.

17 Auto del 14 de agosto de 2003 (exp. 15299) y Sentencia del 22 de marzo de 2007, (exp. 28719).

18 Consejo de Estado, Sección Tercera - Subsección C, Sentencias de 7 de febrero de 2011 y 25 de abril de 2012, expedientes 23.886 y 37.966, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

19 Folios 111 a 113, cuaderno 1.

20 Folios 72 a 77, cuaderno 1.

21 Folios 79 a 87, cuaderno 1.

22 Folios 89 a 95, cuaderno 1.

23 Folios 97 a 105, cuaderno 1.

24 Folio 107, cuaderno 1.

25 Folios 37 a 55, cuaderno 1.

26 Folios 56 a 67, cuaderno 1.

27 Así se deriva de la constancia de ejecutoria visible a folio 88, cuaderno 1, en la que se señala que por medio de la Resolución 5711 del 3 de julio de 2001 se resolvieron los recursos de reposición interpuestos en contra de la Resolución 2503 del 10 de abril de 2001 en el sentido de confirmarla en todas y cada una de sus partes y que ésta fue notificada a la apoderada de la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., Confianza S.A., el 18 de julio de 2001.

28 Folios 12 a 29, cuaderno 1.

29 Folios 111 a 113, cuaderno 1.

30 Folios 72 a 77, cuaderno 1.

31 Folios 79 a 87, cuaderno 1.

32 Folios 89 a 95, cuaderno 1.

33 Folios 97 a 105, cuaderno 1.

34 Folio 107, cuaderno 1.

35 Folios 316 a 323, cuaderno 1.