Sentencia 2006-01409 de junio 22 de 2011

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicación: 05001110200020060140901 (3189-10)

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Aprobado según Acta de Sala 61.

Bogotá, D.C., veintidós de junio de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. De la competencia.

Conforme a las atribuciones conferidas por los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política y 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, esta superioridad es competente para conocer en apelación, las providencias proferidas por las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la Judicatura existentes en el país.

2. De la legitimación en causa

Al tenor de lo reglado en el parágrafo del artículo 90 de la Ley 734 de 2002, el investigado está legitimado para apelar la sentencia sancionatoria, disponiendo la referida norma lo siguiente:

“ART. 90.—Facultades de los sujetos procesales. Los sujetos procesales podrán: (…) 2. Interponer los recursos de ley”.

3. De la apelación.

Esta corporación debe precisar que al tenor del parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, cuyo texto legal es el siguiente: “El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación” (resaltado fuera del texto original), sólo se referirá a los aspectos de inconformidad planteados por el disciplinado frente a la sentencia recurrida.

4. De la calidad de funcionario del inculpado.

Se acreditó la calidad de disciplinable del inculpado, mediante el Oficio PT 056 del 31 de mayo de 2008, remitido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, por medio del cual envió copia del acta de nombramiento por traslado y posesión del doctor Hugo de Jesús Morales Meneses, como Juez Penal del Circuito de Puerto Berrío(3).

5. Caso concreto.

Como recuento procesal que interesa para el objeto del pronunciamiento, se tiene que el señor Jorge Eliécer Patiño Londoño, formuló queja con miras a verificar la existencia de falta disciplinaria por la presunta mora en el trámite de seis procesos penales que se cursaban en el Juzgado Penal del Circuito de Berrío, en los que el obraba como inculpado, específicamente se refirió al hecho de dichos procesos llevaban más de un año en el despacho sin que fuera citado a audiencia pública(4).

En vista de lo reseñado con antelación, tuvo origen la presente investigación disciplinaria en la compulsa de copias ordenada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, a efectos de investigar la conducta del Juez en el proceso penal radicado 2002-0045, por los delitos de prevaricato por acción y celebración indebida de contratos.

La suerte del proceso seguido contra el señor Jorge Eliécer Patiño Londoño, fue la siguiente:

— El 23 de abril de 2002, el proceso ingreso al despacho, según constancia secretaria obrante a folio 29 del cuaderno original.

— El Juzgado Penal de Puerto Berrío mediante proveído del 25 de abril de 2002 avocó conocimiento (fl. 29, cdno. 1 instancia).

— Mediante providencia calendada el 16 de mayo de 2002, se designó defensor de oficio del enjuiciado (fl. 31, cdno. 1 instancia).

— En providencia datada el 1 de marzo de 2005, el Juez Penal del Circuito de Puerto Berrío, fijó como fecha para celebrar la audiencia pública el 31 de Marzo de 2005 (fl. 39, cdno. 1 instancia).

— Mediante providencia fechada el 15 de febrero de 2006, se citó nuevamente a los sujetos procesales para celebrar audiencia pública, para lo cual se fijó como fecha el 7 de marzo de 2006 (fl. 40, cdno. 1 instancia).

— Diligencia de audiencia pública, celebrada el 7 de marzo de 2006 (fls. 41 a 46, cdno. 1 instancia).

— Se profirió sentencia condenatoria el 23 de noviembre de 2006 (fls. 47 a 59, cdno. 1 instancia).

Es menester clarificar, en relación al argumento esgrimido por el investigado en su escrito impugnatorio, respecto a la violación al derecho de defensa y al debido proceso que a le asiste, en el cual arguyó que no se decretaron algunas pruebas solicitadas, esta Superioridad informa que en providencia calendada el 1º de octubre de 2009, se resolvió el recurso de apelación impetrado por el aquejado contra la decisión proferida por la Sala de instancia que dispuso negar la práctica de pruebas; por ello y toda vez que los motivos que llevaron a esta colegiatura a confirmar la decisión objeto de alzada ya fueron expuestos, esta Sala no se pronunciara al respecto.

Ahora bien, en relación a la prescripción argüida por el funcionario investigado en el libelo impugnatorio, se estima que el mencionado fenómeno de extinción de la acción disciplinaria no se configura, por cuanto tratándose de una falta de carácter permanente, cual es la mora en el trámite impartido por el funcionario al proceso, el término de prescripción se cuenta a partir de la realización del último acto que en el caso sub judice no es otra que la fecha en la que el funcionario profirió sentencia condenatoria, es decir a partir del 23 de noviembre de 2006, y desde esa fecha no ha transcurrido un tiempo superior a cinco (5) años.

Al respecto, consagra el artículo 29 de la Ley 734 de 2002 como una de las causales de extinción de la acción disciplinaria el de la prescripción. A su vez, el artículo 30 de dicha codificación estipula:

“Términos de prescripción de la acción disciplinaria. La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto…” (resaltado por la Sala).

Ahora, en lo que respecta al período en que la referida causa penal estuvo bajo la responsabilidad del doctor Morales Meneses, debe precisarse que le corresponde a esta colegiatura establecer las circunstancias que rodearon el trámite desde el período en que se avocó el conocimiento del proceso hasta que se dicto sentencia, en ese sentido la mora en comento debe ser considerada desde el 25 de abril de 2002 hasta el 23 de noviembre de 2006.

Así las cosas, de las pruebas obrantes en el plenario, se evidencia que si bien el proceso ingreso al despacho en abril del 2002, se avocó conocimiento de manera oportuna en el mismo mes y año, luego se designó defensor de oficio en agosto del año 2002; se evidencia que a partir de esa data se desatendió el proceso, por cuanto sólo hasta el 1º de marzo de 2005 se señaló fecha y hora para citar a audiencia pública, frente a la cual no obra explicación de porque no se llevó a cabo. Por ello, el 15 de febrero de 2006 se fijó nueva fecha para llevar a cabo la misma, que finalmente se surtió el 7 de marzo de la misma anualidad, y luego trascurridos casi ocho meses a partir de esa fecha se profirió sentencia condenatoria, el 23 de noviembre de 2006.

Aunado lo anterior, es evidente la mora acaecida en el trámite impartido al proceso de marras, por cuanto transcurrieron casi tres años, contados a partir de la fecha en que se avocó el conocimiento del proceso, y fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia pública, no obstante el funcionario contaba con un término perentorio de días para realizar la referida actuación de acuerdo a lo consagrado en el artículo 401 de la Ley 600 de 2000, que establece:

“ART. 401.—Audiencia preparatoria. Finalizado el término de traslado común, y una vez se haya constatado que la competencia no corresponde a una autoridad judicial de mayor jerarquía, el juez citará a los sujetos procesales para la realización de una audiencia dentro de los cinco (5) días siguientes, donde se resolverá sobre nulidades y pruebas a practicar en la audiencia pública, incluyendo la repetición de aquellas que los sujetos procesales no tuvieron posibilidad jurídica de controvertir. El juez podrá decretar pruebas de oficio. Allí mismo se resolverá sobre la práctica de pruebas que por su naturaleza, por requerir de estudios previos o por imposibilidad de las personas de asistir a la audiencia pública, fundadas en razones de fuerza mayor o caso fortuito, deberán realizarse fuera de la sede del juzgado. Se practicaran dentro de los quince (15) días hábiles siguientes. Se fijará fecha y hora para la celebración de la audiencia pública dentro de los diez días hábiles siguientes”.

De igual manera, se estima que el funcionario contaba con quince (15) días hábiles contados a partir de la celebración de la audiencia, es decir desde el 7 de marzo de 2006 para proferir la decisión reclamada, tal como lo estipula el artículo 410 de la Ley 600 de 2000, sin embargo ello no ocurrió en el sub judice, ya que el funcionario profirió sentencia condenatoria el 23 de noviembre de 2006; no obstante lo expuesto con antelación, bajo el postulado de la proscripción de la responsabilidad objetiva, procede esta superioridad a examinar las circunstancias que influyeron en los días hábiles que le fueron exigibles al disciplinado en el trámite del proceso.

Así las cosas, de los cuadros estadísticos allegados al dossier durante el período indagado como mora al funcionario investigado, se concluye que:

1. En el año 2003, inició con 27 procesos, recibió 63, registra un promedio de producción de 0.85 providencias diarias, resultado que deviene de sumar las sentencias (90) y autos interlocutorios (99) y dividirlos por los días hábiles laborados en este año (226).

2. En el año 2004, profirió 89 autos interlocutorios y 90 sentencias, para 226 días laborados, lo cual da un promedio de 0.79 actuaciones por día.

3. En el año 2005, profirió 117 autos interlocutorios y 104 sentencias, para 226 días laborados, lo cual da un promedio de 0.97 actuaciones por día.

4. Para el año 2006, el funcionario encartado profirió 93 autos interlocutorios y 109 sentencias, en 227 días hábiles, lo cual da un promedio de 0.88 actuaciones por día.

Se tiene igualmente que durante el referido lapso de mora, el inculpado asistió a 124 audiencias, profirió 1495 autos de sustanciación, resolvió 82 acciones de tutela; lo cual significa que el disciplinable no puede exculparse en la carga laboral que tenía el despacho, para no haber dado trámite diligente y atendiendo a los términos de ley al asunto puesto en su conocimiento.

Si bien, como se evidenció en el trámite surtido en el proceso radicado 2002-0045, la mora que acaeció no tiene justificación alguna, toda vez que examinada la producción laboral del juez, en los períodos objeto de estudio en el caso sub examine y del análisis del recuadro con la información obrante en el reporte de la unidad de desarrollo y análisis estadístico de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura; esta superioridad encuentra que el promedio de decisiones de fondo que arrojan las estadísticas recaudadas para su valoración es de 0.87, lo cual permite concluir que el funcionario no alcanzó a proferir una providencia diaria, así las cosas tal y como acertadamente lo manifestó al a quo, no se puede amparar al funcionario con causal eximente de responsabilidad, en tanto su producción no es la más acorde a las exigencias de su cargo.

Corolario de lo anterior, no obstante esta Sala ha venido sosteniendo que el sólo vencimiento de los términos legales por parte de los funcionarios judiciales no implica per se la formulación de reproche disciplinario, sino a contrario sensu se requiere que el mismo se muestre injustificado, no evidencia esta colegiatura de las pruebas allegadas al proceso causal de justificación alguna como lo es la excesiva carga laboral, la complejidad de los asuntos o la presencia de caso fortuito o fuerza mayor, que permitan eximir al investigado de responsabilidad disciplinaria.

Véase que en este caso no se probó o alego elemento de irresistibilidad de la situación concreta del funcionario cuestionado, siendo evidente su incursión en la prohibición consagrada en el numeral 3º del artículo 154 de la Ley 270 de 1996, que establece:

“ART. 154.—Prohibiciones. A los funcionarios y empleados de la rama judicial, según el caso, les está prohibido:

(…).

3. Retardar o negar injustificadamente el despacho de los asuntos o la prestación del servicio a que estén obligados. (…)”.

Un aspecto que subyace en el presente asunto, surge frente al análisis cuidadoso de la conducta del funcionario que incurre en mora, en el cual la Corte Constitucional en Sentencia C-713 de 2008 expresó:

“…En la Sentencia C-037 de 1996, al pronunciarse acerca de la constitucionalidad de la disposición contenida en el artículo 4º de la Ley 270 de 1996, esta corporación calificó como parte integrante del derecho al debido proceso y de acceder a la administración de justicia, el “derecho fundamental de las personas a tener un proceso ágil y sin retrasos indebidos”. Sin embargo, aclaró que la labor del juez no puede circunscribirse únicamente a la observancia de los términos procesales, dejando de lado el deber esencial de administrar justicia en forma independiente, autónoma e imparcial. Es, pues, en el fallo en el que se plasma en toda su intensidad la pronta y cumplida justicia, como conclusión de todo un proceso, donde el acatamiento de las formas y los términos, así como la celeridad en el desarrollo del litigio, permitirán a las partes involucradas, a la sociedad y al Estado tener la certeza de que la justicia se ha administrado debidamente como fundamento real del Estado social de derecho. Al respecto expresó:

“Como se anotó anteriormente, el derecho fundamental de acceder a la administración de justicia implica necesariamente que el juez resuelva en forma imparcial, efectiva y prudente las diversas situaciones que las personas someten a su conocimiento. Para lograr lo anterior, es requisito indispensable que el juez propugne la vigencia del principio de la seguridad jurídica, es decir, que asuma el compromiso de resolver en forma diligente y oportuna los conflictos a él sometidos dentro de los plazos que define el legislador. Por ello, esta corporación ha calificado, como parte integrante del derecho al debido proceso y de acceder a la administración de justicia, el “derecho fundamental de las personas a tener un proceso ágil y sin retrasos indebidos”. Lo anterior, por lo demás, resulta especialmente aplicable para el caso de los procesos penales, pues, como la Corte señaló: “Ni el procesado tiene el deber constitucional de esperar indefinidamente que el Estado profiera una sentencia condenatoria o absolutoria, ni la sociedad puede esperar por siempre el señalamiento de los autores o de los inocentes de los delitos que crean zozobra en la comunidad”.

A lo anterior, cabe agregar que la labor del juez no puede jamás circunscribirse únicamente a la sola observancia de los términos procesales, dejando de lado el deber esencial de administrar justicia en forma independiente, autónoma e imparcial. Es, pues, en el fallo en el que se plasma en toda su intensidad la pronta y cumplida justicia, como conclusión de todo un proceso, donde el acatamiento de las formas y los términos, así como la celeridad en el desarrollo del litigio judicial permitirán a las partes involucradas, a la sociedad y al Estado tener la certeza de que la justicia se ha administrado debidamente y es fundamento real del Estado social de derecho.

Consecuencia de los argumentos precedentes, fue la consagración en el artículo 228 superior del deber del juez de observar con diligencia los términos procesales y, principalmente, de sancionar su incumplimiento. Por ello, la norma bajo examen establece que de darse esta situación, el respectivo funcionario podrá ser sancionado con causal de mala conducta. La Corte se aparta así de las intervenciones que cuestionan este precepto, pues, como se vio, él contiene pleno respaldo constitucional. Sin embargo, debe advertirse que la sanción al funcionario judicial que entre en mora respecto del cumplimiento de sus obligaciones procesales, es asunto que debe ser analizado con sumo cuidado. En efecto, el responsable de evaluar la situación deberá estimar si dicho funcionario ha actuado en forma negligente o si, por el contrario, su tardanza se encuentra inmersa dentro de alguna de las causales de justificación de responsabilidad, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable”.

Así, los postulados de una justicia pronta, cumplida y eficaz en la solución de fondo de todos los asuntos que se someten a su conocimiento, armonizan con la Constitución en cuanto se orientan a hacer efectivo el derecho de acceso a la administración de justicia, al punto que dispone que los términos procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales.

Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que, como lo ha considerado esta corporación, “la eficacia de la justicia no debe ser entendida únicamente como la capacidad de los operadores judiciales de producir un alto volumen de decisiones finales en los procesos que tramitan, que es sin lugar a dudas un aspecto importante, sino que es necesario tomar en consideración también otros elementos, y en particular evaluar la aptitud del aparato judicial para efectivamente amparar los derechos y deberes que están involucrados en una demanda de justicia de parte de los ciudadanos.

Las condiciones de celeridad, prontitud y eficacia de la administración de justicia, para todos los procesos que se sometan a su consideración, se fortalecen con la consagración, como causal de mala conducta, de la violación injustificada de los términos procesales, sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar. Medida igualmente aplicable a quienes son titulares de la función disciplinaria, que resulta plenamente justificada y conforme a la Constitución en razón de los derechos fundamentales que se encuentran involucrados. Esta circunstancia hace constitucionalmente legítimo que quienes tienen a cargo dicho ejercicio, asuman el compromiso de resolver los asuntos de naturaleza disciplinaria en forma igualmente pronta, cumplida y eficaz.

Con todo, debe advertirse que la sanción al funcionario judicial que por alguna razón esté incurso en mora en el cumplimiento de sus obligaciones procesales, es asunto que debe ser analizado con sumo cuidado. En efecto, ante una situación excepcional de esta índole, el encargado de evaluar la situación deberá valorar si el funcionario ha actuado en forma negligente o con grave menoscabo de sus deberes, o si, por el contrario, su tardanza se encuentra inmersa dentro de alguna de las causales de justificación tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que, bajo circunstancias excepcionales puedan configurar una causal eximente de responsabilidad…”(5).

En todo caso, la Corte Constitucional ha demostrado con el precedente jurisprudencial que la sola congestión o la excesiva carga laboral, en sí mismas, no se presentan como justificantes de la mora judicial, debiéndose examinar al interior de cada asunto las razones probadas y objetivamente insuperables, o las situaciones imprevisibles e ineludibles que llevan al retardo en la administración de justicia, para lo cual el Tribunal Constitucional se ha esforzado por crear unos parámetros de valoración que debe considerar el juez para determinar la mora judicial y que de ella sea posible hacer un reproche disciplinario, pues existen eventos concretos donde el operador judicial obra justificadamente. Al punto cabe citar la Sentencia de Tutela T-447 de 2009:

“..Implica lo anterior, que la mora judicial que afecta los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y a un proceso sin dilaciones y que admite la procedencia excepcional del amparo constitucional, es aquella que no tiene un origen justificado. De esta manera, un proceso sin dilaciones injustificadas debe entenderse como aquél trámite que se desenvuelve en condiciones de normalidad dentro de los plazos perentorios fijados por el legislador y en el que los intereses litigiosos reciben pronta satisfacción.

La mora judicial, ha dicho la Corte, actúa como barrera ex post para lograr la garantía del derecho a la tutela judicial efectiva al producir una falta de confianza en la justicia para el usuario, lo cual deslegitima la labor de la rama judicial y mucho más en casos en los que el administrado es de aquellos que es titular de especial protección por parte del Estado, ya por su edad, su discapacidad o su debilidad manifiesta(6).

Esta corporación ha señalado sobre este tópico que “la jurisdicción no cumple con la tarea que le es propia, si los procesos se extienden indefinidamente, prolongando de esta manera, la falta de decisión sobre las situaciones que generan el litigio, atentando así, gravemente contra la seguridad jurídica que tienen los ciudadanos”(7).

Uno de los motivos más recurrentes en la jurisprudencia en los cuales se han analizado casos en los que se acusa a un funcionario judicial de haber incurrido en mora, es el de la congestión o exceso de trabajo de los magistrados, jueces y fiscales,(8) respecto del cual la Corte ha precisado que éste no constituye por sí mismo, sin más evaluación, argumento suficiente para justificar la dilación en que se haya incurrido.

A los funcionarios no les basta con aducir exceso de trabajo o una significativa acumulación de procesos para que el incumplimiento de los términos judiciales sea justificado, pues no se puede hacer recaer sobre la persona que acude a la jurisdicción la ineficiencia o ineficacia del Estado(9), desconociendo sus derechos fundamentales(10). Como se afirmó en la Sentencia T-1068 de 2004(11) “no puede aducirse por parte de un juez de la República que se cumplen las funciones a él encargadas para un negocio y se desatienden en otro”.

Para la Corte, en este tipo de casos no se trata únicamente de velar por el cumplimiento de los términos por sí mismos ya que él no se concibe como fin sino como medio para alcanzar los fines de la justicia y la seguridad jurídica, esto es, asegurar que, a través de su observancia, resulten eficazmente protegidos los derechos de los gobernados, muy especialmente los que tienen todas las personas en cuanto a la obtención de una pronta y cumplida justicia(12).

Desde esta perspectiva, ha considerado esta corporación que salvo en el caso que la persona se encuentre ante un perjuicio irremediable, “el mero incumplimiento de los plazos no constituye por sí mismo violación del derecho fundamental indicado, ya que la dilación de los plazos puede estar justificada por razones probadas y objetivamente insuperables que impidan al juez o fiscal adoptar oportunamente la decisión”(13). En otras palabras, “la mora judicial sólo se justificaría en el evento en que, ante la diligencia y celeridad judicial con la que actúe el juez correspondiente, surjan situaciones imprevisibles e ineludibles que no le permitan cumplir con los términos judiciales señalados por la ley”(14).

En síntesis, si bien la administración de justicia debe ser pronta, no todo retardo genera una afectación del derecho a un proceso sin dilaciones, puesto que debe suscitarse un incumplimiento de los términos procesales que tenga un origen “injustificado”(15), es decir, producto de la falta de diligencia de quien administra justicia en el cumplimiento de su función.

No obstante, el funcionario judicial que pretenda justificar la mora debe acreditar que ésta se dio a pesar del cumplimiento oportuno y cabal de sus funciones, y que se generó por razones objetivas insuperables que no pudo prever ni eludir(16). En este sentido, es menester recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la Ley 270 de 1996, dentro de los deberes de los funcionarios judiciales se encuentran: i) respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos(17); ii) desempeñar con celeridad las funciones a su cargo(18); iii) poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar la administración y las iniciativas que se estimen útiles para el mejoramiento del servicio(19) y, iv) resolver los asuntos sometidos a su consideración dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios y garantías que orientan el ejercicio de la función jurisdiccional(20).

La observancia de estos deberes del funcionario judicial ha de ser tenida en cuenta al momento de analizar, en cada caso particular, la posible violación o amenaza del derecho fundamental a un debido proceso sin dilaciones injustificadas, puesto que, como se ha indicado, la mora judicial solo justificaría al magistrado, juez o fiscal si a pesar de haber adoptado todas las medidas para evitar la congestión del despacho judicial, aun así la dilación surge de forma imprevisible e ineludible. Debiéndose en todo caso informarse de esa situación a los administrados, quienes tienen derecho a conocer con precisión y claridad las circunstancias por las que atraviesa el despacho judicial y que impiden una resolución pronta de los procesos. Lo contrario sería asumir como constitucionalmente válido que el administrado deba ser sometido a una espera indefinida en la resolución de su demanda de justicia, situación que repugna al Estado social de derecho dada la garantía material y no meramente formal de los derechos que en él se prohíja…”.

Observemos como esa misma corporación, ha enunciado algunos presupuestos fácticos, que permiten la creación de unas reglas para definir la acción justificada en cuanto a la mora:

“…Es precisamente a partir de ese principio de hermenéutica constitucional en que ha de comprenderse el alcance de los derechos constitucionales fundamentales al acceso a la administración de justicia y a un debido proceso sin dilaciones injustificadas. Con suficiencia la Corte ha diseñado una línea de jurisprudencia según la cual (i) el vencimiento de los términos dentro de un proceso judicial no es per se una razón para considerar que existe una violación al principio de acceso a la administración de justicia; la mora que está justificada en la culpa de un tercero o en situaciones imprevisibles no es violatoria del debido proceso y finalmente (ii ) “la no resolución en forma oportuna de un asunto sometido al conocimiento de un funcionario por parte de este, genera violación al debido proceso siempre y cuando se analicen y tengan en cuenta las circunstancias especiales de cada caso, a saber: (i) el volumen de trabajo y el nivel de congestión de la dependencia, (iii) el cumplimiento de las funciones propias de su cargo por parte del funcionario, (iv) complejidad del caso sometido a su conocimiento y (v) el cumplimiento de las partes de sus deberes en el impulso procesal”(21)(sic).

Véase en igual sentido, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en desarrollo de la Convención Americana en su artículo 8.1(22), estableció “que se deben tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso (i) la complejidad del asunto; (ii) la actividad procesal del interesado, y (iii) la conducta de las autoridades judiciales”(23).

Así mismo, en aplicación de los conceptos elaborados por la Corte Europea de Derechos Humanos, se desarrolló por parte de dicho Tribunal todo un concepto doctrinal denominado el “análisis global del procedimiento”, situación que permite examinar si la causa judicial se sujeto a unos límites temporales, de tal manera que se respetaran las garantías fundamentales de las partes y terceros como actores dentro de los procesos judiciales.

En ese orden de ideas, como quiera que del análisis de los anteriores precedentes se advierte que se configuró una transgresión del ordenamiento jurídico con la actuación del funcionario investigado, y que los argumentos planteados por el investigado, no tienen la entidad de configurar una causal de exclusión de la responsabilidad, las que al tenor del artículo 28 de la Ley 734 de 2002, disponen:

“ART. 28.—Causales de extinción de la responsabilidad disciplinaria. Está exento de responsabilidad disciplinaria quien realice la conducta:

1. Por fuerza mayor o caso fortuito.

2. En estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que le sacrificado.

3. En cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales.

4. Por salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el cumplimiento del deber, en razón de la necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad”.

Ahora, en cuanto a la calificación deducida por el a quo en el pliego de cargos a título de culpa grave, la misma corresponde a lo demostrado en autos, en donde el actuar negligente del inculpado frente a la aplicación de normas de orden constitucional legal, de obligatorio cumplimiento, evidencia un comportamiento ajeno a cualquier finalidad deliberada, como tampoco se aprecia tendencia de manifiesta rebeldía contra el mandato legal, lo apreciable es que tal desprevención frente a su función la llevó a realizar un procedimiento con desconocimiento de las exigencias que debía cumplir, por la violación de los deberes objetivos de cuidado.

Por tal razón, concluye la Sala que su comportamiento se ajustó a los parámetros de culpabilidad culposa, por su omisión en la observancia en el cumplimiento de las normas de orden constitucional y legal como era su deber funcional, y de contera su obligación en el ejercicio de la competencia, pues fue manifiesta su falta de cuidado de tales exigencias frente a un asunto puesto a su consideración.

Tales argumentos son más que suficientes para enrostrarle un comportamiento típico disciplinario al investigado, en razón de la infracción al deber objetivo de cuidado, porque era un resultado que siendo previsible no lo previó, por ello, el hecho de que la mala fe estuvo exenta en su actuar también es tenido en cuenta por este juez colegiado, pues de lo contrario estaríamos en tipo de conducta clausus o cerrado en razón de lo finalístico que sería su comportamiento al pretender “de mala fe” un resultado, connotación dolosa descartada en el comportamiento acá analizado como ya se dijo, pues evidentemente se trata de un caso disciplinario analizado conforme al sistema de numerus apertus, el cual permite al operador disciplinario, a través de lo demostrado establecer si lo ocurrido fue a título de culpa, por la violación al deber objetivo de cuidado

Por tanto, el incumplimiento de esos deberes específicos le marca al sancionador la pauta para determinar la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad de la conducta cuestionada por vía disciplinaria, de allí que no es entonces el desconocimiento simplemente formal de ese deber el origen de la falta disciplinaria, debe ser esa infracción del orden sustancial como lo exige el artículo 5º del actual CDU, incumplimiento de deberes que fue catalogado como falta en la ley disciplinaria que garantiza el cumplimiento de los fines del Estado en relación con la conducta de los servidores públicos.

4. De la sanción.

En cuanto al reproche deducido, lo cierto es que la Sala a quo tuvo en cuenta los parámetros dados por el numeral 1º del artículo 44 de la Ley 734 de 2002, pues para las faltas graves culposas dicha norma consagra como sanción la suspensión e inhabilidad especial, frente a lo cual esta superioridad comparte lo resuelto en razón a la carencia de antecedentes de la investigada; en efecto, dada la gravedad de las conductas en las cuales incurrió, no queda alternativa legal diferente que confirmar la impuesta por el operador judicial de primer grado, consistente en suspensión en el cargo por el término de un (1) mes, como la condigna sanción por el grave proceder antiético del inculpado, dado que ella consulta los criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad previstos en el artículo 47 del Código Disciplinario Único; en consecuencia, deberá conservarse la valoración que hizo al respecto la primera instancia.

Dadas las anteriores consideraciones, la Sala procederá a confirmar integralmente el fallo apelado, toda vez que el mismo consultó con acierto la realidad procesal allegada al dossier, al igual que la responsabilidad de la investigada frente al cargo irrogado.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la decisión proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, que resolvió sancionar al doctor Hugo de Jesús Morales Meneses, “Suspensión en el ejercicio del cargo (…) por un (1) mes para la época de los hechos, años 2002 y 2006, particularmente, entre marzo de 2005 y febrero de 2006 y entre marzo de 2006 y noviembre 2006, dos períodos en que se generó mora en el proceso rdo. 2002-0045 adelantado en contra de Jorge Eliécer Patiño Londoño y con inhabilidad especial por el mismo término” tras hallarlo responsable de la falta contenidas en el numeral 3º del artículo 154 de la Ley 270 de 1996.

2. Por secretaría súrtanse las comunicaciones de ley.

Notifíquese y cúmplase.»

(3) Fls. 94 a 97 y 103, cdno. 1ª instancia.

(4) Folio 4, c.o.

(5) Sentencia C-713 de julio 15 de 2008, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández. Ref.: Expediente P.E. 030.

(6) T-030 de 2005.

(7) Corte Constitucional. Sentencia T-577 de 1998, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(8) Sobre esta usual excusa esgrimida por los funcionarios judiciales para pretender justificar la dilación a que se someten los procesos judiciales pueden estudiarse, entre otras, las Sentencias T-190-95, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-604 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-502 de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara, T-292 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-1227 de 2001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, T-201 y T-256 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(9) Sentencia C-301 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(10) Corte Constitucional. Sentencia T-604 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(11) M.P. Humberto Sierra Porto.

(12) Corte Constitucional. Sentencia T-431 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(13) Corte Constitucional. Sentencia T-190 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(14) Corte Constitucional. Sentencia T-502 de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara.

(15) En la Sentencia T-292 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, la Corte precisó que: “es importante resaltar que la mora judicial que nuestra Constitución condena es aquella que tiene un origen “injustificado”, según lo determina expresamente el artículo 29”.

(16) En el mismo sentido puede estudiarse la Sentencia T-710 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(17) Ley 270 de 1996, artículo 153-1.

(18) Ley 270 de 1996, artículo 153-2.

(19) Ley 270 de 1996, artículo 153-12.

(20) Ley 270 de 1996, artículo 153-16.

(21)(Sic) T-220 de 2007.

(22) ART. 8º—Garantías judiciales.

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

(23) Caso Motta, fallado el 19/2/91 y caso Ruiz Mates.