SENTENCIA 2006-01554/21733 DE SEPTIEMBRE 28 DE 2016

 

Sentencia 2006-01554/21733 de septiembre 28 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente (E):

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Rad.: 080012331000200601554 01 (21733)

Demandante: Comunicación Celular S.A., Comcel S.A.

Demandado: Municipio de Tubará

Asunto: Impuesto de Industria y Comercio

Bogotá D.C., veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis.

Fallo

La Sala decide el recurso de apelación(1) interpuesto por la demandada contra la sentencia del 28 de febrero de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que en la parte resolutiva dispuso(2):

“1. DECLÁRASE la ilegalidad de la resoluciones 20 del 21 de noviembre de 2005 y 027 del 25 de enero de 2006, expedidas por el Secretario de Hacienda del Municipio de Tubará. Como consecuencia de lo anterior Comcel S.A. no está obliga (sic) al pago de suma alguna por concepto de industria y comercio y el complementario de avisos y tableros (ICA), así como tampoco al pago de sanciones por mora en el pago, no declarar ICA, ni extemporaneidad en la declaración por los años 2000 a 2005”.

Antecedentes

El 22 de abril de 2005, la Secretaría de Hacienda Municipal del municipio de Tubará inició investigación administrativa contra la sociedad Comunicación Celular S.A., Comcel S.A., relacionada con el impuesto de industria y comercio y el complementario de avisos y tableros de los años 2000 a 2005(3).

La mencionada dependencia expidió la Resolución 20 del 21 de noviembre de 2005(4), “Por medio de la cual se ordena y practica una liquidación provisional de aforo (…)”, que determinó el impuesto de industria y comercio y avisos y tableros de los años 2000 a 2005, a cargo de la sociedad demandante, con fundamento en los ingresos declarados en el Distrito de Barranquilla; impuso, además, las sanciones por no declarar y por extemporaneidad por valor de $818.381.000.

El contribuyente interpuso el recurso de reconsideración contra la anterior decisión(5), resuelto desfavorablemente por la Resolución 27 del 25 de enero de 2006(6).

La demanda

La demandante, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó las siguientes declaraciones(7):

“1. Que son nulos los siguientes actos administrativos:

a) La Resolución 20 del 21 de noviembre de 2005, expedida por La Secretaría de Hacienda del municipio de Tubará, por medio de la cual se practicó una liquidación provisional de aforo para determinar los impuestos de industria y comercio y complementarios de avisos y tableros, correspondientes a los años gravables de 2000 a 2005, así como las sanciones por no declarar, mora en el pago y extemporaneidad en la declaración, en cuantía total de $828.381.000.

b) La Resolución 27 del 25 de enero de 2006, expedida por el Secretario de Hacienda del citado municipio, por medio de la cual se decidió el recurso de reconsideración, confirmando en acto administrativo de liquidación del impuesto anteriormente relacionado.

2. Que, como consecuencia de lo anterior, se declare que Comcel, no está obligada al pago al Municipio de Tubará de suma alguna por concepto del impuesto de industria y comercio y complementario de avisos y tableros, así como tampoco al pago de sanciones por mora en el pago, no declarar ICA ni extemporaneidad en la declaración, por los años 2000 a 2005”.

Invocó la violación de los artículos 313 y 338 de la Constitución Política; 195, 196 y 199 del Código de Régimen Político y Municipal y, 634, 342, 643, 742 y 764 del Estatuto Tributario.

Concepto de la violación

Explicó que, entre las actividades de servicios gravadas con el impuesto de industria y comercio y el complementario de avisos y tableros, no está la de telecomunicaciones ni la de telefonía celular, y que si bien las actividades “análogas” pueden ser objeto de imposición, deben incluirse como gravables en el respectivo acuerdo municipal.

Afirmó que el municipio no puede gravar a la sociedad, porque el municipio demandado no determinó como actividades gravadas con el impuesto de industria y comercio las de telefonía celular.

Precisó que el impuesto de industria y comercio recae sobre las actividades gravadas que se realicen en la respectiva jurisdicción municipal, y que la base gravable se liquida sobre el promedio mensual de ingresos percibidos por el contribuyente en la misma jurisdicción.

Relató que la sociedad presta el servicio de telefonía móvil celular mediante la operación de conmutadores o “switchs”, que captan las llamadas que realizan los usuarios y las transmiten a su destino. Que, como la compañía no tiene conmutadores en la entidad territorial demandada, no desarrolla actividades de servicio gravadas en esa jurisdicción municipal.

Dijo que el municipio determinó los ingresos que percibió en el Distrito de Barranquilla, pero no los supuestamente obtenidos en esa jurisdicción, lo que viola la previsión legal que exige que la determinación de los tributos y la imposición de sanciones deben fundarse en los hechos que aparezcan demostrados en el expediente.

Manifestó que el municipio demandado no podía determinar provisionalmente el impuesto por omisión en la presentación de la declaración tributaria, porque la sociedad, al no acreditar la calidad de contribuyente en dicha jurisdicción, no estaba obligado a presentarla.

Señaló que, como la entidad territorial demandada no estaba facultada para liquidar el impuesto a la compañía, no podía concluir que ésta incurrió en conductas sancionables accesorias a la obligación principal de sufragar el tributo.

Contestación de la demanda

El municipio de Tubará se opuso a las pretensiones de la demanda(8).

Alegó que la actora ejerce actividades gravadas en la jurisdicción del municipio de Tubará, en el que están instaladas antenas y otros equipos para la prestación el servicio de telefonía móvil celular.

Indicó que a través de las antenas instaladas se presta el servicio referido, y que las empresas que hacen uso de la interconexión pagan un porcentaje “del costo total de las tarifas pactadas entre ellos”.

Adujo que el servicio de telefonía celular está gravado con el impuesto de industria y comercio, y que si bien el Acuerdo 7 de 1997 no contempla expresamente las actividades gravadas, la normativa superior se refiere a todas las actividades de servicios que se realicen dentro de las respectivas jurisdicciones territoriales.

Que el acuerdo municipal mencionado facultó al municipio para liquidar y cobrar el impuesto de industria y comercio a las empresas que desarrollen actividades comerciales en su jurisdicción, mediante la aplicación de las normas establecidas en el estatuto tributario.

Propuso la excepción de ineptitud sustancial de la demanda, porque, a su juicio, no se individualizó el acto demandado con precisión, y por indeterminación de las normas invocadas como violadas.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Atlántico declaró la ilegalidad de los actos administrativos demandados(9).

Negó la prosperidad de las excepciones de falta de individualización de los actos demandados y de indeterminación sustancial de las normas invocadas, porque la sociedad identificó en debida forma los actos administrativos demandados, y porque en la demanda se identificaron las normas violadas y el concepto de la violación.

Se refirió a la normativa que regula el impuesto de industria y comercio en el municipio de Tubará, y señaló que esa jurisdicción territorial no puede imponer el tributo sobre la actividad de telefonía celular, porque el concejo de ese municipio no estableció, mediante acuerdo, que se tratara de una actividad gravada.

Explicó que de la existencia de actividades “análogas” gravadas con el impuesto de industria y comercio, no se puede interpretar que la alcaldía del municipio demandado sea competente para establecer como actividades sujetas a imposición, aquellas que no estén reguladas en el respectivo acuerdo municipal.

Que la administración tampoco puede determinar oficialmente el impuesto de industria y comercio, con fundamento en las previsiones del Estatuto Tributario, pues sólo aplican a los impuestos del orden nacional.

Argumentó que la Administración no podía aplicar una tarifa soportada en los ingresos obtenidos por la actora en otra jurisdicción, pues con ello se contraría el principio de la doble tributación, que prohíbe gravar doblemente tales ingresos.

Recurso de apelación

El demandado apeló la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico(10).

Argumentó “…que estos impuestos, si tiene derecho el Municipio que represento de cobrarlos porque Comcel está haciendo el uso, El goce y el disfrute del suelo de Tobará (sic) a través de la permanencia de sus antenas y el cual está contemplado en el Acuerdo Municipal 7 de 1997 y se pueden constatar que en la Jurisdicción del Municipio de Tobará (sic), existen instaladas antenas y equipos tecnológicos para el procesamiento de recepción y transmisión de ondas electromagnéticas, sistema de frecuencias por donde transita el servicio público de telefonía movicelular”. (sic).

Alegatos de conclusión

La sociedad demandante reiteró los argumentos de la demanda(11).

El municipio demandado no intervino en esta etapa procesal.

El Ministerio Público guardó silencio.

Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala proveer sobre la legalidad de la Resolución 20 del 21 de noviembre de 2005, y de su confirmatoria, la Resolución 27 del 25 de enero de 2006, expedidas por la Secretaría de Hacienda del municipio de Tubará, que determinaron, con cargo a la sociedad demandante, el impuesto de industria y comercio y el complementario de avisos y tableros de los años 2000 a 2005, y que además impusieron las sanciones por no declarar y por extemporaneidad.

Para ello, debe establecer si la prestación del servicio de telefonía móvil es una actividad gravada con el impuesto de industria y comercio en la jurisdicción del municipio de Tubará, y si por cuenta de las antenas y demás equipos instalados en ese municipio, la sociedad actora es sujeto pasivo del tributo.

Actividades gravadas

La actora argumentó que el servicio de telefonía celular no está gravado con el impuesto de industria y comercio, porque la normativa municipal no estableció que esa actividad era objeto de imposición.

La entidad territorial demandada, por su parte, afirmó que si bien la prestación del servicio de telefonía celular no está expresamente contemplada como actividad gravada en el Acuerdo 7 de 1997, la normativa superior aplicable, al indicar que todas las actividades de servicios que se realicen dentro de las respectivas jurisdicciones territoriales son objeto del impuesto de industria y comercio, incluyó el servicio referido.

El artículo 338 de la Constitución Política(12) autorizó a las corporaciones de elección popular de los niveles nacional, departamental, municipal y distrital, para establecer las “contribuciones fiscales y parafiscales(13)“ necesarias para el cumplimiento de sus fines, siendo la ley, las ordenanzas y los acuerdos el medio previsto para determinar los elementos esenciales del tributo.

Acorde con lo anterior, los artículos 287(14) y 313(15) ibídem facultaron a los concejos municipales para administrar sus recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus propósitos, siempre y cuando el ejercicio de tal atribución se desarrolle dentro del marco constitucional y legal previsto para el efecto.

En el caso del impuesto de industria y comercio, el artículo 32 de la Ley 14 de 1983, compilado por el artículo 195 del Decreto 1333 de 1986, estableció que el tributo recaerá “sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicio que ejerzan o realicen en las respectivas jurisdicciones municipales, directa o indirectamente, por personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos”. (se subraya).

En cuanto a las actividades de servicio gravadas, el artículo 36 ibídem(16) precisó que son “las dedicadas a satisfacer necesidades de la comunidad mediante la realización de una o varias de las siguientes o análogas actividades: expendio de bebidas y comidas; servicio de restaurante, cafés, hoteles, casas de huéspedes, moteles, amoblados, transporte y aparcaderos, formas de intermediación comercial, tales como el corretaje, la comisión, los mandatos y la compra-venta y administración de inmuebles; servicios de publicidad, interventoría, construcción y urbanización, radio y televisión, clubes sociales, sitios de recreación, salones de belleza, peluquerías, portería, servicios funerarios, talleres de reparaciones eléctricas, mecánica, automoviliarias(sic) y afines, lavado, limpieza y teñido, salas de cine y arrendamiento de películas y de todo tipo de reproducciones que contengan audio y vídeo, negocios de montepios y los servicios de consultoría profesional prestados a través de sociedades regulares o de hecho”. (se resalta).

La expresión “o análogas”, a que se refiere el artículo señalado, fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-220 del 16 de mayo de 1996(17), al considerar que, por regla general, todas las actividades comerciales, industriales y de servicios están gravadas con el impuesto de industria y comercio; no obstante aclaró, que a pesar de que esas actividades no son taxativas sino simplemente enunciativas, los municipios son los encargados de calificar los servicios gravados.

Al respecto, el fallo de la Corte Constitucional señaló:

Adviértase cómo el legislador al referirse a las actividades de servicios que deben pagar el impuesto de industria y comercio, hace una enunciación no taxativa de éstas. En consecuencia, la calificación de las actividades “análogas” a las enumeradas en la disposición materia de demanda, que también pueden catalogarse de servicios y, por tanto, obligadas a pagar dicho gravamen, corresponde hacerla a los Concejos Municipales, como ente facultado constitucionalmente para crear impuestos de acuerdo con lo establecido por la ley. (arts. 1º, 287-3, 313-4 y 338 C.N...) (…).

En este orden de ideas la expresión “o análogas”, contenida en el artículo 36 de la Ley 14 de 1983, no viola el principio de legalidad tributaria. El recurso a la analogía previsto en la norma demandada se refiere únicamente a la determinación de otras actividades de servicios que siendo semejantes o similares a las enunciadas expresamente, deben ser objeto del impuesto de industria y comercio. Exigir al legislador que enumere todas las actividades de servicios destinadas a satisfacer las necesidades de la comunidad, para efectos de la imposición de dicho gravamen, sería ilógico e irrazonable.

La utilización por parte del legislador de términos como “similares” o “análogas” en las normas tributarias, no implica necesariamente la indeterminación de los elementos del impuesto, ni conduce de manera inevitable a su inconstitucionalidad. Los hechos gravables, los sujetos activos y pasivos, la base gravable y las tarifas de los impuestos pueden no estar determinados en la respectiva disposición, pero ser perfectamente determinables a partir de una referencia, pauta o directriz contenida en la norma creadora del tributo (…)

En el caso que hoy se demanda, las actividades de servicios análogas a las consagradas por el legislador en el artículo 36 de la ley 14 de 1983, que serían objeto del pago del impuesto de industria y comercio, son claramente determinables, pues ha de tratarse de servicios que guarden similitud o semejanza con los citados en dicha disposición. Y como bien lo afirma el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, “estando señaladas por la ley como materia imponible todas las actividades comerciales, industriales y de servicios, como lo enseña el artículo 32 y calificadas como las califica de industriales, comerciales, o de servicios, la no inclusión en alguno de estos grupos a lo sumo tendría como efecto que se considerara dentro de la norma como 'comercial', pero no escaparía al señalamiento como hecho gravable o materia imponible, como dice la ley”. (se resalta).

Si bien la Corte Constitucional dijo que a los órganos de representación popular del orden municipal les corresponde calificar los servicios “análogos”, frente a los previstos en el artículo 36 de la Ley 14 de 1983, la Sala interpretó que(18) “…si los concejos municipales copian en los acuerdos municipales la definición de servicios que trae esa ley, e incluyen el vocablo “análogos”, las autoridades tributarias pueden aplicar la ley y el acuerdo en los casos particulares y concretos en los que adviertan que hay “servicios análogos”, o mejor, que guardan similitud o semejanza con los previstos en la norma nacional y en la territorial”.

Por lo anterior, la administración puede gravar los servicios considerados como “actividades análogas”, siempre que guarden similitud o semejanza con los relacionados en el artículo 36 de la Ley 14 de 1983(19), y además, en los casos en que los municipios, en el acuerdo respectivo, se limiten a definir de forma general, y en los términos establecidos por el artículo en mención, las actividades de servicios “…sin precisar (…) los actos que quedan comprendidos en tal concepto(20)“.

A partir de las anteriores consideraciones y en lo que interesa al proceso, el artículo 54 del Acuerdo 7 del 30 de enero de 1997 expedido por el Concejo municipal de Tubará, estableció que el hecho generador del impuesto de industria y comercio “Lo constituye las actividades industriales y comerciales y de servicios que se ejerzan o realicen en el Municipio de Tubará, en forma directa o indirecta por personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho, con o sin establecimiento, en forma permanente u ocasional”. (se resalta).

Por su parte, el artículo 57 ejusdem dispuso que son sujetos pasivos del tributo “…las personas naturales o jurídicas o sociedades de hecho, que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios ya sea de forma directa o indirecta, con establecimiento de comercio o sin él, dentro de la jurisdicción del Municipio de Tubará”. (se resalta).

Respecto de las actividades de servicios, el artículo 61 ibídem señaló:

“…son las dedicadas a satisfacer las necesidades de la comunidad, mediante la realización de las siguientes actividades análogas: expendios de bebidas y comidas, restaurantes, cafés, hoteles, casa de huéspedes, salas de billares, buchacaras, moteles, amoblados, transporte terrestre, urbano, aéreo o similar, peajes, aparcaderos, formas de intermediación comercial tales como corretaje, la comisión, los mandatos de la compra-venta y la administración de inmuebles, servicios de clubes sociales, sitios de recreación, salones de belleza, peluquerías, porterías, servicios funerarios, talleres o centros de sincronización, balanceo rectificación de rines, engrases, cambiadores de aceite, lavanderías, limpieza y tintorerías, salas de cine y arrendamiento de películas y de todo tipo de reproducción que contenga audiovisuales, arrendamientos de toda clase de bienes muebles, servicios de clínicas, laboratorios, academias o colegios particulares y los servicios de consultoría profesional prestados a través de sociedades regulares o de hecho”. (Se subraya y resalta).

De igual forma, el artículo 63 del acuerdo señalado indicó que para el caso de “24. Otras actividades no clasificadas”, se aplicaría una tarifa del 7 x 1000.

En esas condiciones, la Sala considera que, a pesar de que el concejo del municipio demandado no estableció de forma expresa que la prestación del servicio de telefonía móvil celular es una actividad gravada con el impuesto de industria y comercio, si gravó las actividades de servicios de forma general, al adoptar la definición de que de éstos hizo el artículo 36 de la Ley 14 de 1983, y al incluir la expresión “análogas”, lo que, además de facultar a la Administración para adelantar los trámites tendientes a determinar las obligaciones sustanciales y formales relacionadas con el tributo en mención, implica que el servicio referido es objeto de imposición en esa jurisdicción territorial.

Sujeto pasivo

Una vez establecido que la prestación del servicio de telefonía móvil celular está gravada con el impuesto de industria y comercio en la jurisdicción del municipio demandado, la Sala debe determinar, si por cuenta de las antenas y demás equipos que la compañía demandante tiene ubicadas en la jurisdicción del municipio demandado, es sujeto pasivo del tributo.

Para ello, la Sala reiterará las condiciones para que el servicio se entienda prestado en una jurisdicción territorial determinada, puestas de presente, entre otras, por la sentencia 22091 del 30 de agosto de 2016(21), al señalar:

• A partir de la definición legal, la Sala precisó que la telefonía móvil celular(22) es un servicio no domiciliario de telecomunicaciones, que se presta en todo el territorio nacional para satisfacer la necesidad de comunicación de los usuarios de ese servicio en el lugar en que se encuentren, mediante la utilización del espacio radioeléctrico.

• Con fundamento en un concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público(23) y en la respuesta a un cuestionario dada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y de la Comunicaciones, explicó el funcionamiento del servicio de telefonía móvil, así: el usuario, al realizar una llamada a través de su dispositivo móvil, se conecta con el dispositivo de red (BTS(24)) más cercano, el cual, mediante un (BSC(25)), envía la información a un conmutador o “switch” (MSC(26)), que ubica al destinatario y le envía la información de la llamada; si éste la recibe, el conmutador conecta la llamada entre el usuario y el receptor y se establece la comunicación (llamada completada) pero, si por lo contrario no la recibe, se considera frustrada la operación, no se entiende prestado el servicio y no se generan ingresos para la empresa prestadora del servicio.

• Indicó que el conmutador o “switch” (MSC), también se encarga del proceso de tasación de la llamada, esto es, de medir su duración, que se empieza a contar desde el momento en que la llamada sea completada; que además, la llamada completada da origen al ingreso bruto que obtiene el operador por la prestación del servicio, y que forma parte de la base de cuantificación del tributo.

• Concluyó que “la comunicación entre usuarios se entiende satisfecha cuando se conmuta la llamada entre el llamante y el llamado, esto es, cuando se establece la conexión, la cual la efectúa el conmutador, que a su vez es el que realiza la tasación del servicio, por lo que el servicio de telefonía móvil celular se entiende prestado en el lugar en el que está instalado el MSC (Mobile Switching Center), denominado también switch, centro de conmutación o conmutador”. (subraya original)

En atención a las anteriores consideraciones, la Sala observa que en el dictamen pericial(27) practicado en la primera instancia, se estableció que la sociedad actora tiene instaladas en el perímetro urbano y rural de la jurisdicción del municipio demandado 5 estaciones bases (BTS) con sus respectivas antenas(28).

No obstante, en la complementación de la prueba pericial adelantada(29), al preguntarse al experto si “en el municipio de Tubará departamento del Atlántico Comcel S.A. tiene un conmutador o switch”, se remitió a la respuesta aportada por el gerente de la Central de Telefonía Móvil de Comcel S.A., en la que informó que en la central de telefonía móvil de “La Cumbre” localizada en la carrera 42F Nº 90-167 del Distrito de Barranquilla, estaba instalado el conmutador o “switch”, en el que “se interconectan los teléfonos móvil y fijos de cualquier operador mencionado con anterioridad, existiendo un tráfico casi permanente entre los operadores de telefonía fija y móvil que se encuentran funcionando en el municipio de Tubará”.

Por lo anterior, es claro para la Sala que la sociedad demandante no es sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio en la jurisdicción del municipio de Tubará, porque no tiene instalados conmutadores o “switch”, que, como se dijo, determinan el lugar en que entiende prestado el servicio de telefonía móvil celular y el lugar de obtención del ingreso gravado. Por lo mismo, no estaba obligado a los deberes sustanciales y formales de declarar y pagar el tributo.

En consecuencia, pero por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia del 28 de febrero de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que declaró la ilegalidad de los actos administrativos demandados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia del 28 de febrero de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, objeto de apelación.

La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen y cúmplase.

Magistrados Martha Teresa Briceño de Valencia, presidente—Hugo Fernando Bastidas Bárcenas—Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

1 Folio 270 del cdno.

2 Folios 257 a 268 del cdno.

3 Dato tomado de la demanda y de los actos administrativos demandados.

4 Folios 25 a 27 del cuaderno de la demanda.

5 Folios 29 a 45 del cdno.

6 Folios 47 a 49 del cdno.

7 Folios 1 al 10 del cdno.

8 Folios 78 al 85 del cdno.

9 Folios 257 a 268 del cdno.

10 Folio 270 del cdno.

11 Folios 283 a 296 del cdno.

12 “Art. 338.- En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos. La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos”.

13 La expresión señalada corresponde a una imprecisión conceptual que hace referencia a los tributos en general.

14 “ART. 287.—Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: (…) 3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”.

15 “ART. 313.—Corresponde a los concejos: (…) 4.- Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales”.

16 Compilado en el artículo 199 del Decreto 1333 de 1986.

17 M.P. Carlos Gaviria Díaz.

18 Sentencia 19960 del 30 de marzo de 2016, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

19 Ver sentencia 18343 del 24 de octubre de 2013, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

20 Sentencia 16684 del 23 de julio de 2009, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

21 C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

22 El artículo 1º de la Ley 37 de 1993 definió el servicio de telefonía móvil celular como un “…servicio público de telecomunicaciones, no domiciliario, de ámbito y cubrimiento nacional, que proporciona en sí mismo capacidad completa para la comunicación telefónica entre usuarios móviles y, a través de la interconexión con la red telefónica pública conmutada (RTPC), entre aquellos, y usuarios fijos, haciendo uso de una red de telefonía móvil celular, en la que la parte del espectro radioeléctrico asignado constituye su elemento principal”.

23 Concepto 237 del 20 de noviembre de 1996 de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

24 Base Transceiver Station, conformada, entre otros, por el dispositivo radiante o “antena”.

25 Base Station Controler, que es “un elemento de red que se encarga de controlar las BTSs de una misma área geográfica.

26 Mobile Switching Center.

27 Folios 115 a 23 del cdno.

28 Barrio El Llano, Kilómetro 76 Autopista al Mar, Urbanización El Santuario, Barrio las Palmeras y Plaza de las Madres.

29 Folios 241 a 246 del cdno.