Sentencia 2006-01561 de septiembre 19 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad. 05001-23-31-000-2006-01561-01

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Actor: Valvanera Arenas Bustamante

Demandado: Contraloría General de Antioquia

Referencia: Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Bogotá, D.C., diecinueve de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: « V. Consideraciones de la Sala

1. Según la potestad que tiene el ad quem para resolver la alzada, de conformidad con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, la Sala se limitará a conocer solamente de los puntos o cuestiones a los cuales se contrae el recurso de apelación, pues los mismos, en el caso del apelante único, definen el marco de la decisión que ha de adoptarse en esta instancia.

2. La apelación presentada por la señora Valvanera Arenas Bustamante, cuestiona el fallo de primera instancia, en lo siguiente:

— Que el a quo debió haber analizado la excepción de inepta demanda desde el momento de la admisión de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y no, en la sentencia recurrida, desconociendo los ordinales segundo y tercero del numeral siete del artículo 85 del Código de Procedimiento Civil.

Al respecto, el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, señala:

“ART. 164.—Excepciones de fondo. En todos los procesos podrán proponerse las excepciones de fondo en la contestación de la demanda cuando sea procedente, o dentro del término de fijación en lista, en los demás casos.

En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada.

Son excepciones de fondo las que se oponen a la prosperidad de la pretensión.

El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la “reformatio in pejus”.

De la norma transcrita, se infiere claramente, que el juzgador en la sentencia definitiva puede decidir sobre cualquier excepción que se encuentre probada.

De manera que el Juez puede reconocer de oficio una excepción, en este caso de inepta demanda, al momento de dictar sentencia. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la norma transcrita es lo suficientemente clara, la Sala desestima el argumento de la apelante, ya que este no tiene asidero jurídico, que lleve a decretar la revocatoria de la providencia de primera instancia.

— Por otra parte, indica que el a quo, confunde su calidad de secuestre con la de sujeto activo del proceso de responsabilidad fiscal en el proceso de jurisdicción coactiva, aplicándole las normas que sobre los actos expedidos en estos procedimientos, impiden el control jurisdiccional contencioso.

De esta manera, expresa que, el a quo, incurrió en contradicciones respecto de las normas aplicables al caso concreto y, además, no indicó cuál sería entonces la jurisdicción competente para desatar la litis.

Al respecto, el a quo aplicó la Ley 42 de 1993, para efectos de declararse inhibido de pronunciarse de fondo sobre el asunto objeto de la litis.

El artículo 94 de la citada ley, dispone:

“ART. 94.—Solo serán demandables ante la jurisdicción contencioso administrativa las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan la ejecución. La admisión de la demanda no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicción” (lo resaltado es ajeno al texto).

Con fundamento en el artículo resaltado, el a quo se abstuvo de estudiar de fondo el problema jurídico planteado por la actora, ya que el auto que fija los honorarios definitivos de la auxiliar de justicia, y el que resuelve rechazar un medio de impugnación por ser improcedente, no son objeto de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pues no corresponden a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

De manera, que al sentir de esta Sala, el a quo no se equivocó en la aplicación de la norma, ya que se encuentra probada de oficio la excepción de inepta demanda contra el auto que fija los honorarios definitivos de la auxiliar de justicia, y el que resuelve rechazar la apelación, precisamente por falta de jurisdicción al no constituir actos administrativos demandables ante lo contencioso administrativo.

Así las cosas, al prosperar esta excepción, la Sala se abstiene de pronunciarse sobre los demás aspectos relacionados en el escrito de apelación.

En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».