Sentencia S2006-01587/46682 de febrero 7 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Exp.: 46.682

Rad.: 150012331000200601587-01

Demandante: Departamento de Boyacá

Demandado: Jorge Sandoval Rodríguez

Naturaleza: Acción de repetición

Bogotá D.C., siete de febrero de dos mil dieciocho.

Temas: Acción de repetición. Hechos anteriores a la vigencia de la Ley 678 de 2001. Requisitos para la procedencia de la acción.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Gobernación de Boyacá, en contra de la sentencia 29 de agosto de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá-Sala 10 de Decisión de Descongestión, la cual será confirmada.

Síntesis

Los pensionados de la Caja de Previsión Social de Boyacá interpusieron acción de grupo en contra de la entidad, con el fin de obtener la indemnización por los daños que les fueron causados por el pago tardío de las mesadas de los meses de junio, julio y agosto de 1999. Mediante sentencia de 2 de junio de 2005, el Consejo de Estado condenó a la entidad demandada a pagar una indemnización colectiva a favor de los demandantes. La entidad dio cumplimiento a la sentencia el 3 de noviembre de 2005, mediante consignación hecha en el Banco Popular, por la suma de $562.291.364,97 y, posteriormente, inició esta acción en contra del señor Jorge Sandoval Rodríguez, en su condición de exgerente de la Caja de Previsión y administrador del Fondo Territorial de Pensiones de Boyacá.

Antecedentes

1. Mediante escrito presentado ante el Tribunal Administrativo de Boyacá, el 2 de mayo de 2006 (fl. 5-12 cdno. 1), el departamento de Boyacá presentó demanda de reparación directa en contra del señor Jorge Sandoval Rodríguez, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

1.1. Que se declare civil y extracontractualmente responsable al doctor Jorge Sandoval Rodríguez, en su condición de exgerente de la Caja de Previsión Social de Boyacá y administrador del Fondo Territorial de Pensiones de Boyacá, por haber obrado dolosamente o con culpa grave cuando retardaron el pago oportuno de las mesadas pensionales de los pensionados del Fondo Territorial de Pensiones del departamento de Boyacá, en los meses de junio, julio y agosto de 1999, conducta que dio lugar a la acción de grupo No. 1999-2382, de Ruperto Miguel Arévalo Mejía y otros, contra la Caja de Previsión Social de Boyacá, adelantada ante el Tribunal Administrativo de Boyacá, el cual emitió fallo que apelado ante el Honorable Consejo de Estado - Sección Tercera-, radicado bajo el Nº 15001233100019992382-01 concluyó con una condena contra la Caja de Previsión Social de Boyacá, hoy en proceso de liquidación, a través de providencias de fechas 2 de junio de 2005 y 27 de julio de 2005.

1.2. Que como consecuencia de lo anterior, se condene al doctor Jorge Sandoval Rodríguez, en su condición de exgerente de la Caja de Previsión Social de Boyacá y administrador del Fondo Territorial de Pensiones de Boyacá a pagar al departamento de Boyacá la suma de quinientos sesenta y dos millones doscientos noventa y un mil trescientos sesenta y cuatro pesos con 97/100 ($562.291.364,97), de conformidad a la respectiva orden de pago adjunta.

1.3. Que la suma antes mencionada se actualice en los términos previstos en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.

1.4. Que se condene en costas a los demandados (sic).

1.5. Que la sentencia que ponga fin a esta acción cumpla los requisitos para que preste mérito ejecutivo.

Las pretensiones anteriores se fundamentan en los hechos señalados de manera expresa en la demanda o que se infieren de la misma:

— Los pensionados de la Caja de Previsión Social de Boyacá interpusieron acción de grupo en contra de la entidad, con el fin de obtener el pago de la indemnización por los daños que les fueron causados por el pago tardío de las mesadas de los meses de junio, julio y agosto de 1999.

— Mediante sentencia de 28 de octubre de 2003, el Tribunal Administrativo de Boyacá se declaró inhibido para decidir las pretensiones de la demanda.

— La decisión fue revocada por el Consejo de Estado, mediante sentencia de 2 de junio de 2005 y, en su lugar, condenó a la entidad a pagar una indemnización colectiva a favor de los demandantes, por $219.877.172,66, por daño emergente, y $342.414.192,31, por lucro cesante.

— El gobernador de Boyacá, mediante Decreto 1687 de 30 de noviembre de 2001, ordenó la supresión y liquidación de la Caja de Previsión Social de Boyacá y dispuso que el Fondo Territorial de Pensiones fuera administrado por la Secretaría de Hacienda del departamento.

— El departamento de Boyacá, como responsable de la liquidación de la Caja de Previsión Social de Boyacá en liquidación, consignó el 3 de noviembre de 2005, en el Banco Popular, la suma de $562.291.364,97, en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia.

— El 2 de mayo de 2006, el departamento de Boyacá demandó en acción de repetición al señor Jorge Sandoval Rodríguez, exgerente de la Caja de Previsión Social, por haber actuado con dolo o culpa grave al retardar el pago oportuno de las mesadas pensionales.

3. En respuesta a la demanda, el señor Jorge Augusto Sandoval Rodríguez se opuso a sus pretensiones (fl. 107-113 cdno. 1), y formuló las excepciones de: ilegitimidad de la acción, ausencia de dolo y culpa grave, prohibición de la entidad de alegar su propia torpeza o culpa y culpa exclusiva del demandante. Como sustento de esas excepciones, manifestó que no le era imputable el retraso en el pago de las mesadas a los pensionados, porque esa mora se produjo por no contar en la Caja de Previsión Social con los recursos necesarios para efectuar dichos pagos, dado que el departamento de Boyacá no había cumplido con el deber de girar a la Caja los recursos necesarios para la cancelación de las pensiones, omisión que, a su vez, se debió a la crisis financiera que afrontaba la entidad territorial para la época de los hechos, derivada de la reducción de los recaudos ordinarios y el incremento de la deuda pública, como consta en la respuesta que dio en las acciones de tutela que los pensionados dirigieron en su contra, justificaciones que, sin embargo, no fueron de recibo para los jueces de esa acción, por considerar que a pesar de la crisis, se estaban atendiendo otras cuentas del departamento, en lugar de dar prevalencia a los derechos constitucionales de las personas beneficiarias de las pensiones.

Concluyó que era contraria a derecho la pretensión del departamento de Boyacá de responsabilizarle por una actuación que le era ajena, imputable, en cambio, a la negligencia y desgreño en el manejo de los recursos públicos por parte del gobernador y del secretario de hacienda de la misma entidad demandante.

4. En la sentencia proferida el 29 de agosto de 2012, el Tribunal Administrativo de Boyacá negó las pretensiones de la demanda (fl. 281-297 cdno. 2), por considerar que de las pruebas que obraban en el expediente no era posible concluir la existencia de dolo o culpa grave en la actuación del demandado al pagar de manera tardía las mesadas pensionales. El mismo asesor jurídico de la época señaló que el departamento pasaba por una crisis económica que originó el retraso en el pago de todas las obligaciones, incluido el traslado de los rubros presupuestales para los fondos de salud, pensiones y cesantías, y agregó que para esa época se presentaron en contra del departamento unas 4.000 tutelas, de las cuales, al menos 100, no pudieron ser atendidas, por lo que se adelantaron sendos incidentes de desacato.

5. Inconforme con la decisión, el departamento de Boyacá interpuso recurso de apelación (fl. 306-311 cdno. 2). Manifestó que, de conformidad con la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, para que haya lugar a imputar responsabilidad al servidor público por los daños sufridos por una entidad al verse obligada a pagar una indemnización, se requiere demostrar que: (i) el funcionario o particular que ejerce funciones públicas actuó con dolo o culpa grave; (ii) la actuación la realizó en su calidad de servidor público con ocasión del servicio; (iii) que esa actuación haya originado la condena contra el Estado, o en razón de la misma, la entidad se haya visto obligada a presentar conciliación o cualquiera otro mecanismo alternativo de solución de conflictos, requisitos que en este caso se cumplen a cabalidad, si se tiene en cuenta que el señor Jorge Sandoval Rodríguez, en su condición de exgerente de la Caja de Previsión Social de Boyacá y, por lo tanto, ordenador del gasto, retardó el pago de las mesadas pensionales, correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de 1999, conducta que dio lugar a la condena impuesta a la entidad en la acción de grupo que los pensionados interpusieron en su contra.

6. Del término concedido en esta instancia para alegar, solo hizo uso la entidad demandante (fl. 322-325 cdno. 2), que reiteró los argumentos expuestos en el escrito de impugnación del fallo.

Consideraciones de la Sala

1. La jurisdicción, competencia y acción procedente.

Dado que la demandante es una entidad pública —el departamento de Boyacá—, el conocimiento de esta acción de repetición corresponde a esta jurisdicción.

Frente a la competencia para conocer las acciones de repetición, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de la corporación ha considerado que(1):

(…) conforme a la jurisprudencia de esta corporación, la Ley 678-01 establece como premisas para la aplicación de la mencionada regla de competencia la existencia de una sentencia condenatoria contra el Estado y el trámite de un proceso previo ante esta jurisdicción, evento en el cual compete conocer de la repetición al juez o al tribunal administrativo ante el que se haya tramitado el proceso de responsabilidad patrimonial(2).

Es decir, que para determinar la competencia en acciones de repetición originadas en procesos que hayan cursado ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, basta acudir en forma exclusiva al principio de conexidad, previsto como principal en el artículo 7º [1] de la Ley 678 de 2001, sin perjuicio del criterio subjetivo de atribución de competencias que para los dignatarios con fuero legal contempla la misma ley ([7] [pár. 1]) y sin que se requiera establecer la cuantía de la demanda, según lo disponían los artículos 132 y 134B del Código Contencioso Administrativo, antes de la entrada en vigencia de la citada ley, por cuanto la aplicación de dichos artículos en estos casos está excluida en razón de que contrarían el factor de conexidad”.

Dado que, en el presente asunto, la sentencia de primera instancia fue proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, el 29 de agosto de 2012, la acción de repetición interpuesta es de competencia de esa corporación, en primera instancia y, en segunda instancia de la Sala, en aplicación del principio de conexidad, según la jurisprudencia que se ha consolidado.

Además, la acción de repetición es la procedente para pretender la declaratoria de responsabilidad patrimonial de los servidores estatales o contratistas, cuya actuación dolosa o gravemente culposa hubiera originado el deber de una entidad estatal de pagar una indemnización a favor de las víctimas de un daño antijurídico, y en este caso, la acción se dirige contra el exgerente de la Caja de Previsión Social de Boyacá, porque según el departamento de Boyacá, la condena que debió pagar a los pensionados de esa entidad se originó en la negligencia o dolo del demandado, de cumplir a cabalidad con su deber de cancelarles las mesadas en forma oportuna.

1.2. La legitimación en la causa.

El departamento de Boyacá se encuentra legitimado en la causa por activa, porque fue la entidad que canceló las sumas objeto de esta acción de repetición, dando cumplimiento a las órdenes proferidas en la acción de grupo que interpusieron los pensionados de la Caja de Previsión Social de Boyacá.

Por su parte, el señor Jorge Sandoval Rodríguez está legitimado en la causa por pasiva, por tratarse del servidor estatal que, según la entidad demanda, fue responsable del daño patrimonial que sufrió con el pago de la indemnización.

1.3. La caducidad.

El 7 de octubre de 2005, la tesorera general del departamento de Boyacá expidió el comprobante de egreso 8170, por $562.291.364,97, con destino a la Defensoría del Pueblo-Fondo para la Defensa de los Derechos Colectivos, correspondientes al “pago de la sentencia del 2 de junio/2005, proferida por el Consejo de Estado contra la Caja de Previsión de Boyacá, pago de la indemnización colectiva por daño emergente y lucro cesante por no pagar a tiempo pensiones” (fl. 65 cdno. 1). Además, obra en el expediente el comprobante único de consignación 37214351 de 3 de noviembre de 2005, del Banco Popular, que corresponde a la consignación hecha por la Gobernación de Boyacá al Fondo para la Defensa de los Derechos Colectivos de la Defensoría del Pueblo, por el mismo valor deducido en la orden de pago (fl. 96 cdno. 1). Por lo tanto, la demanda interpuesta el 2 de mayo de 2006 (fl. 5-12 cdno. 1), lo fue en tiempo, dado que al ejercer este acto no habían transcurrido más de los dos de que trata el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, contados a partir del vencimiento de los dieciocho meses posteriores a la ejecutoria de la sentencia, que era el tiempo con el que contaba la entidad para realizar el pago, según lo previsto en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, tal como quedó establecido en la sentencia C-832 de 2001, proferida por la Corte Constitucional.

2. El problema jurídico.

El problema jurídico del presente asunto se concreta en determinar la responsabilidad patrimonial del señor Jorge Sandoval Rodríguez, en su condición de exgerente de la Caja de Previsión y administrador del Fondo Territorial de Pensiones de Boyacá, por haber pagado las mesadas pensionales correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de 1999, en forma tardía, retraso que obligó a la entidad a cubrir la indemnización reclamada en la acción de grupo por los pensionados del departamento de Boyacá.

3. Análisis del caso.

3.1. En primer término, advierte la Sala que los documentos que se valorarán en esta decisión, fueron allegados al proceso, dentro de la oportunidad pertinente, en original, en copia auténtica y copias simples. Estas últimas gozan de valor probatorio, de acuerdo con el criterio jurisprudencial adoptado por la Sala(3).

3.2. Dado que los hechos que dieron origen a esta acción de repetición se refieren al pago tardío de las mesadas a los pensionados del departamento de Boyacá, durante los meses de junio, julio y agosto de 1999, porque se verificó que estas habían sido pagadas, respectivamente, los días 19 de agosto de 1999, 26 de noviembre de ese mismo año, y 19 de enero de 2000, según consta en la sentencia proferida por la Sección Tercera de la corporación el 2 de junio de 2005 (fl. 73-91 cdno. 1), que declaró administrativamente responsable a la entidad por el pago tardío de dichas mesadas, se advierte que el régimen aplicable para juzgar la conducta del señor Jorge Sandoval Rodríguez, en su condición de exgerente de la Caja de Previsión y administrador del Fondo Territorial de Pensiones de Boyacá, es el previsto por los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo, normas que en su momento previeron en consonancia con el inciso segundo del artículo 86 de la misma codificación, la acción de repetición, y no la Ley 678 de 2001, por no encontrarse vigente para ese momento.

De conformidad con lo establecido en el citado artículo 77, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a la Nación y a las entidades territoriales o descentralizadas, o a las privadas que cumplan funciones públicas, los funcionarios serán responsables de los daños que causen por culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones.

Al tenor de lo previsto por los citados artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo, para que una entidad pública pueda ejercer la acción de repetición, es necesario que se cumplan las siguientes exigencias: (i) que se haya proferido sentencia, o su equivalente, en contra del Estado, en la cual se le condene a reparar un daño antijurídico; (ii) esa condena debe haber sido efectivamente pagada a la víctima del daño, dentro del plazo establecido en la ley, y (iii) el daño debe haberse causado como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente estatal.

Conforme a la jurisprudencia adoptada por la corporación(4), que ahora se reitera, en los preceptos antes mencionados se facultó a la entidad pública condenada en sede judicial, para repetir contra el funcionario que con su conducta dolosa o gravemente culposa hubiera ocasionado la condena. Además, se puso de manifiesto que en el evento de la declaratoria de responsabilidad, la sentencia siempre dispondría que los perjuicios fueren pagados por la entidad, rompiendo con el concepto de la responsabilidad solidaria que traían tanto el Decreto-Ley 150 de 1976, como el Decreto Extraordinario 222 de 1983, referidos exclusivamente al ámbito contractual.

De otro lado, en desarrollo del artículo 90 Superior, la Ley 678 de 2001 se ocupó de regular los aspectos sustanciales de la acción de repetición(5) y al efecto no sólo previó lo relativo al objeto, noción, finalidades y deber de ejercicio de esta acción, sino que además -al tratar el presupuesto del dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del agente- consagró en sus artículos 5º y 6º una serie de definiciones y de “presunciones legales” en las que estaría incurso el funcionario, lo cual por supuesto tiene una incidencia enorme en el ámbito probatorio(6).

A tiempo que reglamentó asuntos procesales como los atinentes a jurisdicción y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, caducidad, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución y las medidas cautelares en el proceso.

Ahora bien, la Sala ratifica(7) que los hechos y actos ocurridos bajo el imperio y vigencia del régimen jurídico precedente a la expedición de la Ley 678 de 2001, potencialmente constitutivos de la acción de repetición contra funcionarios o exfuncionarios o particulares en ejercicio de función pública, tenían un régimen integrado por varias disposiciones que si bien no estaban contenidas en un solo cuerpo normativo, como hoy sucede, permitían exigir la responsabilidad del agente del Estado.

La situación descrita plantea, inevitablemente, un conflicto de leyes en el tiempo derivado de un tránsito normativo para el que el legislador de 2001 no previó medida alguna. Asunto que ha sido ampliamente tratado por la jurisprudencia que tiene determinado que los mismos continúan rigiéndose por la normatividad anterior, sobre todo si se tiene presente que este tipo de procesos supone un estudio de la responsabilidad subjetiva del agente, que impone el respeto del artículo 29 constitucional, que contempla la garantía universal según la cual nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa. Al efecto, la jurisprudencia ha precisado que(8):

Si los hechos o actos que originaron la responsabilidad patrimonial del servidor público, son posteriores a la vigencia de Ley 678 de 2001, para determinar y enjuiciar la falla personal del agente público será aplicable esta normativa en materia de dolo y culpa grave, sin perjuicio de que dada la estrecha afinidad y el carácter “civil” que se le imprime a la acción en el artículo 2 de la misma ley, excepcionalmente se acuda al apoyo del Código Civil y a los elementos que doctrinal y jurisprudencialmente se han estructurado en torno a la responsabilidad patrimonial por el daño, en lo que no resulte irreconciliable con aquella y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (arts. 6º, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política).

Si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la demanda y posterior condena contra la entidad, fueron anteriores a la expedición de la Ley 678 de 2001, las normas aplicables para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta del agente público que es la fuente de su responsabilidad patrimonial frente al Estado.

Por consiguiente, si los hechos o actuaciones que dieron origen a la demanda y su posterior condena, son anteriores a la Ley 678 de 2001, la normatividad aplicable será la vigente al momento de la conducta del agente público, que correspondía a los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo.

De manera que lo relativo a la culpa grave o dolo en la conducta del agente público, se debe estudiar de conformidad con las normas vigentes a la fecha o época en que se presentaron las acciones u omisiones que dieron lugar al fallo contra el Estado y que desencadenó la responsabilidad y el ulterior pago a la víctima del daño.

En cuanto refiere al ámbito procesal, por el contrario, por tratarse de normas de orden público rigen hacia el futuro con efecto general e inmediato y, por lo mismo, prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deban empezar a regir, conforme lo pregona el artículo 40 de la Ley 153 de 1887. De ahí que las nuevas disposiciones instrumentales de la Ley 678 de 2001 se aplican a los procesos iniciados con posterioridad(9).

Finalmente, sobre el alcance de los conceptos de dolo y culpa grave, esta corporación, antes de la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, como ocurre frente a los hechos que aquí se analizan, la cual por su importancia se cita in extenso, señaló(10):

3.3.3.1. En este sentido, cabe precisar brevemente los dos conceptos, dolo y culpa grave, que integran el requisito subjetivo de la acción de repetición.

Sobre la noción de culpa se ha dicho que es la reprochable conducta de un agente que generó un daño antijurídico (injusto) no querido por él pero producido por la omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado que le era exigible de acuerdo a sus condiciones personales y las circunstancias en que actuó(11); o sea, la conducta es culposa cuando el resultado dañino es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. También por culpa se ha entendido el error de conducta en que no habría incurrido una persona en las mismas circunstancias en que obró aquella cuyo comportamiento es analizado y en consideración al deber de diligencia y cuidado que le era exigible.

A propósito de la noción de culpa, la Corte Suprema de Justicia, ha señalado que:

“Es definida la culpa por la doctrina en los siguientes términos: ¨Hay culpa cuando el agente no previó los efectos nocivos de su acto, habiendo podido preverlos o cuando a pesar de haberlos previsto, confió imprudentemente en poderlos evitar.

“La culpa, pues se presenta en dos casos:

“a) Cuando el autor conoce los daños que pueden ocasionarse con un acto suyo pero confió imprudentemente en evitarlos. Esta es la llamada culpa consciente y es desde luego la más grave. Así cuando alguien conociendo los defectos de una máquina, antes de proceder a su reparación la emplea en una actividad en la esperanza de no perjudicar a otro, es responsable de culpa o negligencia consciente en razón del daño causado.

“b) Cuando el autor no prevé el daño que pueda causarse con un acto suyo, pero hubiera podido preverlo, dado su desarrollo mental y conocimiento de los hechos. Aquí se trata de una negligencia o culpa inconsciente. En el ejemplo anterior el no conocer los defectos de una máquina hace al autor responsable de culpa inconsciente, pues una persona prudente debe examinar continuamente los instrumentos que emplea en una determinada actividad.

“Conforme a esta definición, la culpa se condiciona a la existencia de un factor sicológico consistente en no haber previsto un resultado dañoso pudiéndose haber previsto, o en haberlo previsto y haber confiado en poder evitarlo…”(12)

Tradicionalmente se ha calificado como culpa la actuación no intencional de un sujeto en forma negligente, imprudente o imperita, a la de quien de manera descuidada y sin la cautela requerida deja de cumplir u omite el deber funcional o conducta que le es exigible; y por su gravedad o intensidad, siguiendo la tradición romanista, se ha distinguido entre la culpa grave o lata, la culpa leve y la culpa levísima, clasificación tripartita con consecuencias en el ámbito de la responsabilidad contractual o extracontractual, conforme a lo que expresamente a este respecto señale el ordenamiento jurídico.

Precisamente, en relación con la gradación de la culpa el artículo 63 del Código Civil establece que:

“ART. 63.—[Culpa y dolo]. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

“Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.

“Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.

“El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.

“Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.

“El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.”

De la norma que antecede se entiende que la culpa leve consiste en la omisión de la diligencia del hombre normal (diligens paterfamilias) o sea la omisión de la diligencia ordinaria en los asuntos propios; la levísima u omisión de diligencia que el hombre juicioso, experto y previsivo emplea en sus asuntos relevantes y de importancia; y la culpa lata u omisión de la diligencia mínima exigible aún al hombre descuidado y que consiste en no poner el cuidado en los negocios ajenos que este tipo de personas ponen en los suyos, y que en el régimen civil se asimila al dolo.

Respecto de la culpa grave señalan los hermanos Mazeaud, que si bien es cierto no es intencional, es particularmente grosera. “Su autor no ha querido realizar el daño, pero se ha comportado como si lo hubiera querido; era preciso no comprender quod omnes intellgunt para obrar como él lo ha hecho, sin querer el daño”. De acuerdo con jurisprudencia citada por estos autores incurre en culpa grave aquel que ha “…obrado con negligencia, despreocupación o temeridad especialmente graves...” (Derecho Civil, Parte II, vol. II, pág. 110)(13) y agregan que “…reside esencialmente en un error, en una imprudencia o negligencia tal, que no podría explicarse sino por la necedad, la temeridad o la incuria del agente…” (Mazeaud y Tunc, Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil, Delictual y Contractual, Tomo I, Volumen II, pág. 384).

Ahora bien, en cuanto a la segunda modalidad subjetiva con la que se califica la conducta del agente, esto es, el dolo, debe entenderse por tal, aquella conducta realizada por el autor con la intención de generar un daño a una persona o a su patrimonio, o en otra concepción, un comportamiento antijurídico, habiéndoselo representado y adecuado a sus posibilidades, con el fin unívoco de obtener un resultado dañino deseado.

Así pues, dentro de los aspectos integrantes del dolo, nuestra doctrina ha mencionado que “deben estar presentes dos aspectos fundamentales, uno de carácter intelectivo o cognoscitivo y otro de naturaleza volitiva; o en palabras más elementales, para que una persona se le pueda imputar un hecho a título de dolo es necesario que sepa algo y quiera algo; que es lo que debe saber y que debe querer…”(14), de donde los dos aspectos resultan fundamentales, pues el volitivo es el querer la conducta dañina y el cognitivo le entrega al autor aquellos elementos necesarios para desarrollar la conducta de manera tal que logre u obtenga el fin dañino deseado.

De otro lado, en materia civil el doctrinante Arturo Valencia Zea, ha manifestado que:

“…es necesario distinguir entre el dolo contractual (o dolo como vicio del consentimiento) y el dolo extracontractual. El dolo contractual (dolo in contrahendo) es el engaño consciente que uno de los contratantes infiere a otro para inducirlo a la celebración de un contrato (C.C., art. 1515). El dolo extracontractual es el daño causado a otro en forma consciente al margen de un contrato.

“En general, los daños cometidos con dolo, es decir con intención de dañar se denominan delitos civiles (C.C., art 2302, sustituido por el art.34 de la ley 57 de 1887; y los causados con culpa pero sin intención de dañar se denominan cuasidelitos o culpas (C.C., art. 2301)...”(15)

Resulta claro, entonces, que el elemento fundamental del dolo radica en el aspecto volitivo, de manera que obra dolosamente quien conociendo el daño que con su acción u omisión ha de producir, voluntariamente lo provoca(16), es decir, cuando actúa con intención maliciosa de generar un determinado resultado injusto, que se enmarca dentro de una conducta jurídicamente reprochable.

En suma, mientras la culpa es la falta de diligencia o de cuidado en la conducta por imprevisión, negligencia o imprudencia, el dolo como dice Eneccerus “Es el querer un resultado contrario a derecho con la conciencia de infringirse un derecho o un deber”.

A propósito de estas dos nociones con ocasión de la acción de repetición, la Sala se ha pronunciado en los siguientes términos:

“Al no haberse precisado o definido legalmente, de manera específica para efectos de la acción de repetición, los conceptos de ‘culpa grave’ y ‘dolo’, la jurisprudencia (…) acudió inicialmente a la noción recogida y desarrollada por el ordenamiento civil, en cuyo artículo 63 (…) se distingue entre la culpa grave, la culpa leve y la culpa levísima, para efectos de señalar que culpa o negligencia grave es el descuido en que ni siquiera incurrirían las personas negligentes o de poca prudencia en el manejo de sus propios negocios. Así mismo, el aludido artículo 63 precisa que en materia civil esa culpa se equipara al dolo que, a su vez, se concibe como ´la intención positiva de inferir injuria a la persona o a la propiedad de otro”.

“(…).

“En términos generales la doctrina autorizada ha sostenido, que el dolo hace referencia a ´la intención dirigida por el agente del Estado a realizar la actividad generadora del daño´, mientras que la culpa grave tiene que ver con ´aquella conducta descuidada del agente estatal´, causadora del daño que hubiera podido evitarse con la diligencia y cuidado que corresponde a quien debe atender dicha actividad en forma normal”. (…).(17)

Finalmente, las nociones de culpa grave y dolo establecidas en el régimen civil deben ser acompasadas con la órbita funcional del servidor público, de manera que estos aspectos subjetivos de su actuación deba ser analizado y valorado a la luz del principio de legalidad, porque quienes están al servicio del Estado y de la comunidad, responden por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, precepto constitucional previsto tanto en la Carta de 1991 (art. 6º) como la de 1886 (art. 20).

En esos términos, corresponde al juzgador analizar o calificar la conducta del agente público bajo las anteriores nociones de título de culpa grave o dolo para atribuirle responsabilidad, a través de un juicio de valor de su conducta”.

3.3. Pasa entonces la Sala a verificar la ocurrencia de los requisitos de procedibilidad de la acción de repetición, en el caso concreto:

3.3.1. La existencia de una sentencia, o su equivalente, en contra del Estado, en la cual se le condene a reparar un daño antijurídico.

Obra copia de la sentencia proferida por la Sección Tercera de la corporación el 2 de junio de 2005 (fl. 73-91 cdno. 1), mediante la cual se revocó la que fue proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en la cual se inhibió para decidir las pretensiones y, en su lugar, declaró probada de oficio la excepción de pago por parte de la Caja de Previsión Social de Boyacá del valor neto de las mesadas pensionales correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de 1999, porque verificó que estas habían sido canceladas a los pensionados, respectivamente, los días 19 de agosto de 1999, 26 de noviembre de ese mismo año, y 19 de enero de 2000, pero declaró administrativamente responsable a la entidad por el pago tardío de las mismas y la condenó al pago de una indemnización colectiva, por la suma ponderada de las indemnizaciones individuales, así: por daño emergente: $219.877.172,66 y por lucro cesante: $342.414.192,31, suma que debía ser entregada al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria del fallo.

3.3.2. El pago de la condena efectivamente realizado a la víctima del daño, dentro del plazo establecido en la ley.

El 7 de octubre de 2005, la tesorera general del departamento de Boyacá expidió el comprobante de egreso 8170, por $562.291.364,97, con destino a la Defensoría del Pueblo-Fondo para la Defensa de los Derechos Colectivos, correspondientes al “pago de la sentencia del 2 de junio/2005, proferida por el Consejo de Estado contra la Caja de Previsión de Boyacá, pago de la indemnización colectiva por daño emergente y lucro cesante por no pagar a tiempo pensiones” (fl. 65 cdno. 1). Además, obra en el expediente el comprobante único de consignación 37214351 de 3 de noviembre de 2005, del Banco Popular, que corresponde a la consignación hecha por la Gobernación de Boyacá al Fondo para la Defensa de los Derechos Colectivos de la Defensoría del Pueblo, por el mismo valor deducido en la orden de pago (fl. 96 cdno. 1).

Debe aclararse que el pago que correspondía hacer a la Caja de Previsión del Departamento de Santander lo hizo la entidad territorial, porque para la fecha en la cual se profirió la sentencia en la acción de grupo iniciada por los pensionados, dicha Caja había sido liquidada y el departamento había asumido las obligaciones a su cargo.

En efecto, mediante Decreto 1687 de 30 de noviembre de 2001 (fl. 13-21 cdno. 1), el gobernador de Boyacá, en uso de las facultades que le fueron conferidas por la Asamblea Departamental, dispuso la supresión de la Caja de Previsión Social y ordenó su liquidación y, en relación con las obligaciones a cargo de la entidad, se dispuso:

ART. 6º—Traspaso de otros derechos y obligaciones. El Departamento de Boyacá se hará cargo de los derechos y obligaciones durante el proceso de liquidación, atendiendo a los reglamentos que sobre la materia expida el Gobernador y a las decisiones de la junta en cuanto al cronograma de la liquidación y observando en todo momento las conveniencias que para el servicio público aconseje cada decisión sobre la disposición y afectación de los bienes objeto de liquidación.

En todo caso, una vez concluida la liquidación de la entidad, todos sus derechos, obligaciones y archivos pasarán a la Secretaría de Hacienda del Departamento, a través de las dependencias que se establezcan en el reglamento.

Como resultado del proceso de liquidación, deberá establecerse un Fondo de Contingencias para atender las obligaciones que con posterioridad a la fecha de liquidación de que trata el artículo 1º deban ser atendidas por el Departamento de Boyacá, como resultado de las obligaciones transferidas a éste por mandato del presente decreto.

Se dispuso, además, en dicho decreto que el Fondo Territorial de Pensiones del Departamento de Boyacá quedaba adscrito a la Secretaría de Hacienda de la Administración Departamental. El ordenador del gasto del Fondo sería el Gobernador de Boyacá o el funcionario que este delegara.

El Decreto 1687 de 2001 fue reglamentado por el Decreto 455 de 28 de febrero de 2002 (fl. 22-33 cdno. 1), en el cual se estableció que durante el proceso de liquidación, la Caja de Previsión Social de Boyacá sería administrada por la junta liquidadora y un gerente liquidador. Este, elegido por el gobernador del departamento y aquella integrada por el gobernador, el secretario de Hacienda, el director del Departamento Administrativo de Planeación, el gerente del Instituto Seccional de Salud y un delegado del gobernador. Además, se dispuso que la Caja de Previsión Social, en un término de tres meses, debía hacer entregada de los archivos, la base de datos, los documentos, expedientes y demás información a la Secretaría de Hacienda del Departamento de Boyacá, a fin de que esta última entidad elaborara y controlara la nómina de los pensionados del departamento y procediera al reconocimiento y pago de todas las prestaciones de los servidores públicos del departamento de Boyacá afiliados a dichos fondos.

Mediante Decreto 456 de 28 de febrero de 2002 (fl. 34-35 cdno. 1), el Gobernador del departamento de Boyacá delegó en el secretario de Hacienda del departamento la función de administrar y ordenar el gasto del Fondo Territorial de Pensiones de Boyacá.

El 3 de junio de 2003, el gobernador de Boyacá expidió el Decreto 687 (fl. 36-53 cdno. 1), mediante el cual modificó los Decretos 1687 de 2001 y 0455 de 2002, con el fin de adecuar el trámite de liquidación de la Caja de Previsión Social de Boyacá al proceso de liquidación forzosa administrativa de entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, regulado por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

En la Ordenanza 75 de 27 de diciembre de 2004 (fl. 54-56 cdno. 1), la Asamblea de Boyacá facultó al gobernador por el término de 6 meses, para asumir, a partir del 1º de enero de 2005 y, por medio de la Secretaría Hacienda, el proceso de liquidación de la Caja de Previsión Social de Boyacá.

Finalmente, el 27 de febrero de 2004, el gobernador de Boyacá, mediante Decreto 214, modificó el Decretos 687 de 2003 y derogó el Decreto 1307 de 2003, para establecer que el término para liquidar la Caja de Previsión Social de Boyacá sería hasta el 31 de diciembre de 2004.

3.3.3. Que el daño haya sido causado como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente estatal.

Está probado que el señor Jorge Augusto Sandoval Rodríguez desempeñó el cargo de gerente de la Caja de Previsión Social de Boyacá, entre el 21 de junio de 1999 y el 27 de abril de 2000 (fl. 59-60 cdno. 1).

En su calidad de gerente de la Caja de Previsión Social, el señor Sandoval Rodríguez era el ordenador del gasto, según la certificación expedida por el gerente liquidador de esa entidad (fl. 63 cdno. 1).

En este proceso rindió testimonio el señor José Humberto Hernández Garavito (fl. 201-204 cdno. 1), quien manifestó que para la época de ocurrencia de los hechos de que trata esta acción de repetición, se desempeñó como asesor jurídico de la Caja de Previsión Social de Boyacá. Aclaró que el Fondo Territorial de Pensiones de Boyacá administraba las mesadas de los pensionados del departamento, y el gobierno central le asignaba mes a mes los recursos para el pago de las mismas, pero que para el año 1999, la situación de la entidad territorial era bastante precaria, le fue imposible a hacer los giros oportunos al Fondo.

Señaló que, en los años 1999-2000 hubo un retraso entre 10 y 12 mesadas, por lo que los pensionados presentaron aproximadamente 4.000 acciones de tutela, sin contar los múltiples embargos de las cuentas del Fondo que hicieron las IPS que prestaban los servicios de salud a los pensionados y empleados del departamento.

Aclaró que el Fondo de Pensiones funcionaba simplemente como un intermediario entre el departamento y los pensionados y, por lo tanto, aquel solo podía cumplir las obligaciones a su cargo cuando recibía los recursos del departamento, quedando a cargo del gerente de la Caja de Previsión el pago de las mesadas. Aclaró que el señor Jorge Sandoval, mientras se desempeñó como gerente de la caja cumplía a cabalidad sus funciones y que una vez recibía los recursos procedía a pagar en forma oportuna las mesadas de los pensionados.

En relación con los hechos narrados por el testigo, obran en el expediente las sentencias de tutela proferidas: (i) el 7 de octubre de 1999, por la Sala de Decisión 3 del Tribunal Administrativo de Boyacá (fl. 115.-127 cdno. 1); (ii) el 8 de octubre de 1999, por la Sala de Decisión 4 del Tribunal Administrativo de Boyacá (fl. 128-145 cdno. 1); (iii) el 12 de junio de 2000, por la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional (fl. 146-153); y (iv) el 6 de octubre de 1999, por la Sala de Decisión 1 del Tribunal Administrativo de Boyacá (fl. 154-166 c.), mediante las cuales se ampararon los derechos pensionales de los accionantes y, en consecuencia, se ordenó al departamento de Boyacá y a la Caja de Previsión Social de Boyacá, que se pagaran las mesadas pensionales a cargo de esas entidades, de manera oportuna.

De igual manera, el demandante aportó copia de la respuesta dada por el departamento de Boyacá y la secretaría de Hacienda departamental a la acción de tutela instaurada en contra de la entidad por la señora María Teresa Rico Moreno (fl. 167-173 cdno. 1), la cual fue decidida mediante sentencia ya citada de 6 de octubre de 1999, por la Sala de Decisión 1 del Tribunal Administrativo de Boyacá. En dicha respuesta, la entidad tutelada manifestó que se había visto en la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones laborales, en razón del déficit en sus recursos, originado por las innumerables sentencias judiciales proferidas en su contra y por el descenso de las rentas:

Tal como se presenta esta situación, es totalmente imposible para la administración departamental realizar el pago de mesadas pensionales y salarios tal como por tradición se ha hecho, o sea, los primeros días del mes siguiente causado. Aunque se han realizado las diligencias necesarias para obtener el dinero para los pagos oportunos de pensiones y salarios, ha sido totalmente imposible por no contar con la liquidez necesaria para dar cumplimiento a dicha obligación (…).

Aunque somos respetuosos de los fallos de los jueces y de las altas cortes, también somos respetuosos de la ley, por lo tanto, me permito hacer un pequeño comentario frente a la prelación de pagos a la que está obligada la administración pública; el Decreto 359 del 22 de febrero de 1995 por el cual se reglamenta la Ley Estatutaria del Presupuesto (L. 179/94), en su art. 3º expresa: ‘En la elaboración y ejecución del programa anual mensualizado de caja (PAC), los órganos que conforman el presupuesto general de la Nación atenderán prioritaria y oportunamente los pagos para servir la deuda pública, los servicios públicos domiciliarios, los servicios personales, las pensiones y cesantías y las transferencias relacionadas con la nómina”, es decir que de no ceñirse a la ley, se estaría violando.

(…).

Así pues, analizadas las causas del retardo en el pago de las mesadas pensionales, salarios, transferencias a nóminas del sector descentralizado, así como sus posibles soluciones, aunque momentáneas, concluyo que me encuentro ante un imposible, que obedece a una fuerza mayor por la no existencia de liquidez. Para tratar de superar esta iliquidez de manera definitiva, mi gobierno está adelantando el trámite ordenado por el Ministerio de Hacienda para la aplicación del Plan de Ordenamiento Territorial PRET, así mismo se tramita un convenio con el Ministerio de Educación Nacional para el traspaso de docentes departamentales al situado fiscal, gestiones estas ya iniciadas y que espero concluir en los meses siguientes.

Por último, quienes toman esta vía como mecanismo para lograr el pago de sus mesadas pensionales o salarios están induciendo al juzgador en error al hacer creer que la administración departamental ha caído en conductas maliciosas, faltas de gestión, desobligantes, mal intencionadas, etc., todas orientadas a perjudicar a sus servidores públicos. ¿Acaso el gobierno departamental es responsable de la crisis económica que afecta el país?, o es culpable de decrecimiento de las rentas que por concepto de cervezas ha bajado hasta el 40% en algunos meses? Causas estas que han llevado a la administración a la imposibilidad de cumplir con las obligaciones laborales contraídas.

En esas acciones de tutela —se reitera—, el departamento de Boyacá manifestó que el incumplimiento de la obligación de girar a la Caja de Previsión Social de Boyacá los recursos necesarios para el pago de las mesadas pensionales se debía a la grave crisis financiera por la que estaba atravesando la entidad. No obstante, los jueces de tutela consideraron que lo que en realidad estaba ocurriendo era que el departamento había dado prioridad a otros imperativos del gasto público, tales como: el pago de la deuda, la atención de algunos compromisos contractuales, y gastos de funcionamiento, entre otros, subordinando la satisfacción de los derechos de los pensionados, con olvido de que estos tenían rango constitucional prevalente. En este sentido, la Corte Constitucional, mediante sentencia T-680 de 2000 (fl. 126-133 cdno. 1), consideró:

En el presente caso está demostrada la afectación a las condiciones mínimas de los accionantes, y por ello será necesario reiterar la jurisprudencia mencionada, según la cual, excepcionalmente, proceden las tutelas cuando los demandantes se encuentran en circunstancias apremiantes que ameritan la protección del juez por pertenecer a la tercera edad o por hallarse en juego su mínimo vital.

Las dificultades financieras que vive el departamento de Boyacá no constituyen justificación para el incumplimiento en el pago de sus obligaciones laborales, ni lo redimen de la cancelación oportuna de las mesadas pensionales, en tanto estas son el producto de una prestación personal que goza de especial protección por parte del Estado.

En consecuencia, se revocarán las sentencias objeto de revisión y se ordenará a la gobernación de Boyacá que dentro del término de quince (15) días siguientes a la notificación de esta providencia cancele lo adeudado a los demandantes, poniendo de presente que el departamento también podrá hacer uso del mecanismo previsto en el parágrafo segundo de la Ley 549 de 1999, mediante el cual se creó el fondo de pensiones de las entidades territoriales y se dispuso anticipar a estas los recursos que debe girarles la Nación, para que fuesen destinados al pago de las mesadas pensionales atrasadas.

En respuesta al a quo, la tesorera general del departamento de Boyacá certificó que en el archivo documental de esa tesorería se halló la siguiente información: (i) la orden de pago de pago 1330 de 21 de junio de 1999 corresponde al pago de la mesada pensional del mes de junio. El cheque fue girado el 18 de agosto de 1999; (ii) la orden de pago 1889 de 4 de agosto de 1999, corresponde a la mesada pensional del mes de julio. El cheque fue girado en agosto de 1999, y (iii) la orden de pago 1936 de 6 de agosto de 1999, corresponde al pago de la mesada de agosto. El cheque fue girado el 9 de noviembre de 1999. El valor de cada uno de los cheques girados fue de $555.750.000 (fl. 242-243 cdno. 1).

De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, considera la Sala que si bien está demostrado que el departamento de Boyacá canceló a los pensionados de esa entidad las sumas correspondientes a la condena que le fue impuesta en la sentencia proferida por la Sección Tercera de la corporación el 2 de junio de 2005, en la cual se consideró probado que las mesadas correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de 1999, fueron pagadas en forma tardía a los pensionados, también se acreditó que esa tardanza no es imputable al demandado, señor Jorge Sandoval Rodríguez, quien para el momento de esos hechos ocupaba el cargo de gerente de la Caja de Previsión y administrador del Fondo Territorial de Pensiones de Boyacá y, en tal calidad era el ordenador del gasto, porque lo cierto es que el servidor estatal no contaba con los recursos necesarios para dar cumplimiento oportuno a esas obligaciones, en razón, justamente, a que la entidad territorial no le había girado de manera oportuna los recursos, aduciendo razones de tipo fiscal.

En consideración a que el demandado no actuó con dolo o culpa grave al en los hechos que motivaron la acción de grupo como consecuencia de la cual la entidad estatal debió hacer el pago de una indemnización pecuniaria, la Sala confirmará la sentencia impugnada, en la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

3.4. Finalmente, considera la Sala que como la conducta de las partes no puede catalogarse como abiertamente temeraria, sino que constituye el ejercicio del derecho de acceso a la justicia y de defensa, se impone negar la condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 29 de agosto de 2012, por el Tribunal Administrativo de Boyacá-Sala 10 de Decisión de Descongestión.

2. Sin condena en costas.

3. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE la actuación al Tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Stella Conto Díaz Del Castillo, presidenta, ausente con excusa—Ramiro Pazos Guerrero—Danilo Rojas Betancourth.

1 Auto del 18 de agosto de 2009, exp. 11001-03-15-000-2008-00422-00(C), M.P. Héctor Romero Díaz.

2 Original de la cita: Al respecto, ver autos de 11 de diciembre de 2007, exp. 2007 00433 00, C.P. Mauricio Torres Cuervo y de 21 de abril de 2009, exp. 2001 02061 01, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, exp. 25.022, M.P. Enrique Gil Botero. En esa oportunidad se dijo que las copias simples obrantes en el proceso y que surtieran el principio de contradicción tienen plenos efectos probatorios. Claro está salvo: “(…) si se desea acreditar el parentesco, la prueba idónea será el respectivo registro civil de nacimiento o de matrimonio según lo determina el Decreto 1260 de 1970 (prueba ad solemnitatem), o la escritura pública de venta, cuando se busque la acreditación del título jurídico de transferencia del dominio de un bien inmueble (prueba ad sustanciam actus). (…) De modo que, si la ley establece un requisito —bien sea formal o sustancial— para la prueba de un determinado hecho, acto o negocio jurídico, el juez no puede eximir a las partes del cumplimiento del mismo; cosa distinta es si el respectivo documento (v.gr. el registro civil, la escritura de venta, el certificado de matrícula inmobiliaria, el contrato, etc.) ha obrado en el expediente en copia simple, puesto que no sería lógico desconocer el valor probatorio del mismo si las partes a lo largo de la actuación no lo han tachado de falso. Así las cosas, si se desea acreditar el parentesco, la prueba idónea será el respectivo registro civil de nacimiento o de matrimonio según lo determina el Decreto 1260 de 1970 (prueba ad solemnitatem), o la escritura pública de venta, cuando se busque la acreditación del título jurídico de transferencia del dominio de un bien inmueble (prueba ad sustanciam actus)”.

4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de diciembre de 2007, exp. 27.006, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

5 Lo mismo que del “llamamiento en garantía”.

6 Preceptos de suyo más rigurosos que lo previsto en las normas anteriores aplicadas en esta materia (C.C. arts. 63 y 2341).

7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de diciembre de 2007, exp. 27.006, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de diciembre de 2007, exp. 27.006, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

9 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 31 de agosto de 2006, exp. 17.482 y exp. 28.448, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2007, exp. 24.844, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

11 Cita original: La cual coincide en términos generales con el significado que a la palabra suele dársele; así el Diccionario de la Lengua Española (Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, Espasa, Tomo 4, 2001, pág. 482), trae la siguiente definición: Culpa: “F. Imputación a alguien de una determinada acción como consecuencia de su conducta”. 3. Der: Omisión de la diligencia exigible a alguien, que implica que el hecho injusto o dañoso resultante motive su responsabilidad civil o penal”.

12 Corte Suprema de Justicia, Sentencia 2 junio de 1958.

13 Cita original: Cfr. Sentencia de 25 de julio de 1994, exp. 8493, C.P. Carlos Betancur Jaramillo. La jurisprudencia de la Sección antes de la expedición de la Ley 678 de 2001 se apoyó en esta doctrina para precisar el alcance de la culpa grave.

14 Cita original: Alfonso Reyes Echandía, Culpabilidad, Tercera Edición, Editorial Temis, 1998, pág. 43.

15 Cita original: Valencia Zea Arturo, Derecho Civil, Tomo III, Editorial Temis Bogotá Colombia, 1990, pág. 167.

16 Cita original: Alessandri R., Arturo; Somarriva U, Manuel; y Vodanomic H., Antonio, Tratado de la Obligaciones Volumen II, Segunda Edición, Ed. Jurídica de Chile, 2004, pág. 265.

17 Cita original: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 4 de diciembre de 2006, exp. 16887, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.