Sentencia 2006-01699 de noviembre 3 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 25000232600020060169901 (40739)

Consejero Ponente (E):

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Luis Roberto Arenas Vélez

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Referencia: Acción de reparación directa

Contenido: Descriptor: Confirma sentencia de primera instancia - Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado - El derecho a la libertad individual - Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad - Culpa exclusiva de la víctima.

Bogotá, D.C., tres de noviembre del dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

1. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

En relación con la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración”(13).

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(14) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

2. El derecho a la libertad individual.

Dentro del catálogo de derechos contenido en la Constitución Nacional, la garantía de la libertad ocupa un especial e importantísimo lugar, esto es, la posición de derecho fundamental cuya eficacia emerge como el hilo conductor de todo el ordenamiento democrático y vincula a todas las manifestaciones del poder público y, fundamentalmente, al juez de responsabilidad extracontractual del Estado a quien se le impone el velar por la reparación integral de los perjuicios.

Es por esto que la limitación o restricción al derecho de libertad lleva consigo la configuración de un daño antijurídico que, en principio, el ciudadano no está obligado a soportar, en tanto no haya una razón jurídica que imponga tal carga, como es la comisión de una conducta punible, caso en el cual el particular puede ser restringido o privado del ejercicio de la libertad.

3. Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad.  

La responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad en su construcción normativa y jurisprudencial ha pasado por las siguientes etapas:

En la primera etapa se consideró que debía aplicarse la teoría subjetiva o restrictiva, según la cual, esa responsabilidad estaba condicionada a que la decisión judicial de privación de la libertad fuera abiertamente ilegal o arbitraria, es decir, que debía demostrarse el error judicial(15).

También se sostuvo que dicho error debía ser producto “de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso”(16).

Así las cosas, tal declaratoria de responsabilidad procedía porque la privación de la libertad fue ilegal porque la captura se produjo sin que la persona se encontrara en situación de flagrancia o porque se realizó sin orden judicial previa.

Dijo entonces el Consejo de Estado:

“Ella [la sindicada] fue retenida en el curso de la investigación relacionada con el aludido secuestro; y del hecho de que hubiera sido absuelta al final no puede inferirse que fue indebida su retención. La justificación de la medida aparece plausible y nada hace pensar que en ella mediarán circunstancias extralegales o deseos de simple venganza.

“La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual. Y la absolución final que puedan éstas obtener no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención. Este extremo, de tan delicado manejo, requería pruebas robustas y serias y no meras inferencias o conjeturas”(17).

En una segunda etapa, el Consejo de Estado consideró que la privación injusta de la libertad por “error judicial” comprendía casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal,(18)-(19) eventos aquellos en los cuales la víctima debe demostrar lo injusto de su detención toda vez que en los del artículo 414 se presumen:

“En este orden de ideas, fuera de los casos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en los cuales la ley presume que se presenta la privación injusta de la libertad, cuando se pretenda obtener indemnización de perjuicios por esta causa, el demandante debe demostrar que la detención preventiva que se dispuso en su contra fue injusta; y, en tales eventos, habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no será otra que el error jurisdiccional”(20).

En la tercera, que es la que prohíja la Sala actualmente, sostiene que se puede derivar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad, cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria (o preclusión de la investigación), incluyendo el evento del in dubio pro reo, aunque para la privación se hayan cumplido todas las exigencias legales ya que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y rompe con las cargas públicas soportables que una persona en el Estado social de derecho vea limitado su derecho a la libertad para luego resultar absuelto del cargo imputado.

Y es que en un Estado social de derecho la privación de la libertad sólo debería ser consecuencia de una sentencia condenatoria, con el fin de proteger el principio universal de la presunción de inocencia establecido en el artículo 29 de la Constitución.

En consecuencia, se reitera que una vez que el juez de lo contencioso administrativo encuentre probado que el derecho fundamental a la libertad de una persona ha sido vulnerado como consecuencia de una decisión judicial, lo que constituye un daño antijurídico a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, debe ordenar su reparación.

En síntesis, la privación injusta de la libertad no se limita a las hipótesis previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y además no interesa que ella sea intramural, domiciliaria, o consista en restricciones para salir del país o para cambiar de domicilio.

Esta idea vertebral se encuentra expresada como postulado en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 al disponer que “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios,” sin perder de vista que el artículo 70 de esa misma Ley prevé que “[e]l daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

4. Culpa exclusiva de la víctima. 

Pese a lo anterior, no debe olvidarse que aún en estos eventos en que se tiene por probado el daño antijurídico y se constata que el mismo es imputable de manera objetiva a la entidad demandada; previamente a condenar se debe examinar si no existe culpa exclusiva o concurrente de la víctima de la privación injusta, en el acaecimiento de la misma, tal como lo dispone el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, que reza:

“El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

Previamente a verificar la existencia o no de esta causal de exoneración de responsabilidad del Estado, la Sala estima necesario examinar los precedentes constitucionales y de la jurisdicción contencioso administrativa, en relación con el artículo 70 de la ley 270 de 1996.

A propósito de esta disposición, lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-037 de 1996 fue lo siguiente:

“Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (C.P., art. 95-7), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguna, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual “nadie puede sacar provecho de su propia culpa”.

La norma, bajo la condición de que es propio de la ley ordinaria definir el órgano competente para calificar los casos en que haya culpa exclusiva de la víctima, será declarada exequible”.

Transcrita las consideraciones de la Corte Constitucional en relación con este precepto, resulta indispensable puntualizar las conclusiones a las que ha llegado esta Sala en torno a la culpa exclusiva de la víctima como elemento que excluye la responsabilidad del Estado.

“La jurisprudencia de esta corporación ha definido los parámetros con base en los cuales resulta forzoso reconocer que la responsabilidad del Estado no puede quedar comprometida como consecuencia de la actuación de la autoridad pública en el caso concreto, en consideración a que el carácter de hecho causalmente vinculado a la producción del daño no es predicable de aquélla, sino del proceder activo u omisivo de quien sufre el perjuicio. Así pues, en punto de los requisitos para considerar que concurre, en un supuesto específico, el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad administrativa, la Sala ha expresado:

«Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño. Así, la Sala en pronunciamientos anteriores ha señalado:

“… Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción. Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor Mauro Restrepo Giraldo, quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño….”(21).

De igual forma, se ha dicho:

“... para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos:

— Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si el hecho del afectado es la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total. Por el contrario, si ese hecho no tuvo incidencia en la producción del daño, debe declararse la responsabilidad estatal. Ahora bien, si la actuación de la víctima concurre con otra causa para la producción del daño, se producirá una liberación parcial, por aplicación del principio de concausalidad y de reducción en la apreciación del daño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2357 del Código Civil.

— El hecho de la víctima no debe ser imputable al ofensor, toda vez que si el comportamiento de aquella fue propiciado o impulsado por el ofensor, de manera tal que no le sea ajeno a éste, no podrá exonerarse de responsabilidad a la administración (…)”(22)» (resaltado fuera del texto original).

Por otra parte, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder activo u omisivo de aquélla tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. Y ello como quiera que la Sala ha señalado que el hecho de la víctima, como causal de exoneración de responsabilidad o de reducción del monto de la condena respectiva, debe constituir, exclusiva o parcialmente, causa eficiente del perjuicio reclamado, pues de no ser así se estaría dando aplicación a la teoría de la equivalencia de las condiciones, desechada por la doctrina y la jurisprudencia, desde hace mucho tiempo, para establecer el nexo de causalidad”(23).

5. El caso en concreto.

En el sub lite los demandantes pretenden la declaratoria de responsabilidad patrimonial de la Nación - Fiscalía General de la Nación, por los daños y perjuicios materiales y patrimoniales a ellos causados como consecuencia de la privación injusta de la libertad de la que fue víctima el señor Luis Roberto Arenas Vélez, ocurrida desde el 18 de septiembre del año 2003 hasta el 15 de enero de 2004, tiempo en que permaneció detenido en la cárcel nacional Modelo de Bogotá y en su residencia, por orden de la Fiscalía General de la Nación.

Así las cosas, le corresponde a la Sala determinar si hay lugar a imputarle responsabilidad al ente demandado por la privación de que fue objeto el señor Luis Roberto Arenas Vélez, o si por el contrario, se debe confirmar la decisión del A quo que lo exoneró de responsabilidad.

De acuerdo con lo anterior, se encuentra demostrado en el plenario que el señor Luis Roberto Arenas fue escuchado en indagatoria(24) celebrada el ocho (8) de septiembre de 2003, donde reconoció que cobró varios cheques que le fueron girados, uno por $ 57.500.000 fue emitido a su nombre y lo cobró por ventanilla conforme al mandato de su patrón, otro cheque le fue entregado debidamente endosado por quien aparecía como beneficiario y que de igual manera lo cobró por ventanilla entregándole el dinero a quien le pertenecía, y que otro cheque por algo más de $ 50.000.000 el cual fue consignado en una cuenta de ahorro abierta a su nombre en agosto de 2002, con dineros de su patrón e indicó que fue en cumplimiento de instrucciones impartidas por el mismo, quien manejaba la cuenta a través de tarjeta débito y realizaba todas las transacciones.

El señor Luis Roberto Arenas Vélez, fue vinculado a la investigación penal, mediante Resolución(25) del 15 de septiembre de 2003, la Fiscalía General de la Nación - Unidad de Delitos Contra el Orden Económico decretó la detención preventiva sin derecho a excarcelación, al encontrarlo como presunto coautor responsable del delito de fraude procesal en concurso homogéneo y heterogéneo con falsedad material en documento público y estafa agravada y falsedad en documento privado.

Los hechos en que se fundó la investigación penal refirió a la denuncia interpuesta por un ciudadano, dando conocimiento en que realizó la negociación de un apartamento ubicado en la ciudad de Bogotá, una vez acordados los términos del negocio de compraventa del inmueble las partes se dispusieron a la firma de la promesa de compraventa por valor de $ 280.000.000, entregando el comprador como parte de pago la suma de $ 150.000.000 discriminados de la siguiente forma $ 57.500.000 en cheque a favor del señor Luis Roberto Arenas Vélez, un segundo cheque de una entidad bancaria diferente por $ 40.800.000 a favor de una persona pero cobrado por el señor Arenas y una consignación a una cuenta de ahorro la suma de $ 51.700.000 del señor Arenas Vélez, produciendo el retiro de sus fondos en forma inmediata. Se deja ver que el vendedor hizo saber que el bien no registraba ningún gravamen, situación que fue verificada por el comprador a través del certificado de libertad y tradición; el 4 de febrero de 2003 se firmó la escritura pública ante Notaria, lo cual fue seguidamente inscrito, todo transcurrió normal hasta que posteriormente hicieron presencia unos peritos enviados por el Juzgado 27 Civil de Circuito, con el fin de hacerle un avalúo al inmueble a lo que el propietario recibió con extrañeza, pero que al averiguar encontró que en ese despacho judicial existía un proceso ejecutivo hipotecario de un banco, encontrándose el apartamento embargado y que conforme a la denuncia la documentación que fue exhibida era totalmente falsa y como tal el comprador había sido objeto de una estafa.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la actuación del primero (1º) de julio de 2004, calificó el mérito probatorio del sumario respecto al señor Luis Roberto Arenas Vélez, resolviendo precluir la instrucción adelantada, los argumentos que llevaron a precluir la investigación; son en síntesis los siguientes:

“… Al arribo de esta decisión calificatoria, es necesario resaltar como al procesado que nos ocupa, le fue proferida medida de aseguramiento equivalente a detención preventiva encontrándose en este momento disfrutando de libertad provisional y que los cargos que entonces se hicieron en su contra, los mismos que aún pesan pero ya en condición de complica, son el de fraude procesal en concurso homogéneo y heterogéneo con falsedad material en documento público, falsedad en documento privado y estafa agravada. Ellos según decisión obrante al proceso, descansan en el hecho de que se estableció de que algunos de los cheques con los que el comprador pagó el inmueble, fueron cobrados por ARENAS VÉLEZ, específicamente tres de ellos, uno por $ 57.500.000 cobrado por ventanilla, otro por $ 30.000.000 en principio girado a nombre de ANDRÉS ESCOBAR, igualmente a la postre fue cobrado por el mismo ARENAS y el último por suma equivalente a $ 51.700.000 que fuera consignado en cuenta de ahorros del mismo, produciendo el retiro de sus fondos.

Remitámonos ahora a la versión injurada rendida por el sindicado, en procura de conocer cómo se defendió éste de los cargos formulados, que explicación dio sobre ello y lo que es más, para verificar hasta donde sus manifestaciones, ciertamente demuestran la ajenidad del mismo dentro de este complejo desarrollo de hechos. Contó que en efecto se desempeñó como conductor o chofer de confianza de Martín Vera, que éste le pagaba un promedio de $ 20.000 diarios o sea 660.000 mensuales que además de esa función, Martín lo mandaba a que le hiciera “vuelticas”. Al interrogársele sobre si conocía de un negocio entre su patrón y el señor ÁLVARO LEMA, fue muy claro y coherente en referir que en efecto se dio cuenta que entre ellos se efectuaba algún negocio en torno al apartamento de Buganvilla, a donde vio que estos dos ingresaban; y sobre su participación no negó que ciertamente MARTÍN había dado la orden de que uno de los cheques con los que se pagarían el apartamento se hiciera a su nombre y que por tal razón él lo había cobrado y entregado el monto o valor del mismo a MARTÍN, el cual ascendía a la suma de $ 57.500.000. que igualmente su patrón le había ordenado cobrar otro cheque, el cual estaba ya endosado por el beneficiario y al interrogársele sobre cuentas bancarias a su nombre, refiere que en efecto para entonces en forma reciente se había abierto una en DAVIVIENDA de la calle 140 con carrera 8, igualmente por orden de don MARTÍN y que allí se hacían consignaciones que promediaban el millón de pesos, admitiendo que igualmente fue consignado un cheque por valor superior a los cincuenta millones de pesos, que él supone es de la misma plata que había pagado don ÁLVARO…”.

“… Así las cosas estima la instancia que esa participación un tanto indirecta de Arenas en el asunto investigado, solo pudo haber obedecido a la dependencia un tanto laboral que existió entre él y VERA PIÑEROS, al punto que si analizamos las diferentes indagatorias rendidas por los demás procesados quienes ya fueron objeto de calificación, puede advertirse que estas prácticamente nunca se refirieron a su nombre ni menos a que éste hubiera tenido alguna participación de buena o de mala fe, en lo que fue el desenvolvimiento de esa negociación, situación que ratifica más y más, que ésta solo se resumió en haber cobrado los cheques pagados por concepto de la misma, cumpliendo las ordenes de tan mencionado MARTÍN FRANCISCO VERA PIÑEROS. Y es que si nos retrotraemos a la primera salida procesal del implicado, en la que entonces participó como declarante y bajo la formalidad del juramento, allí el ciertamente dijo que su profesión era la de conductor y con estudios únicamente hasta cuarto año de bachillerato circunstancia ésta que la hace más vulnerable o susceptible de desconocer las consecuencias o la responsabilidad que conlleva abrir una cuenta bancaria y el manejo que se le dé a ella, a creer como se dice en lenguaje popular, que el cobrar o consignar un cheque en determinada cuenta bancaria y menos cuando se es titular de ella, constituya infracción a norma penal alguna…”.

De lo anterior se observa que los indicios que constituyó la fiscalía para proferir la medida de aseguramiento y la resolución de acusación contra el actor tuvieron fundamento en las actuaciones y declaraciones de éste, quien manifestó haber permitido el ingreso de dineros a su cuenta y haber accedido al cobro de unos cheques, solo porque su patrón así lo ordenaba, por tanto era a la fiscalía a la que le correspondía probar la ocurrencia del delito y la responsabilidad de éste en su comisión, ello difiere de la responsabilidad que se pretende atribuir al Estado por la privación de la libertad, en la que sí se demostró, según los lineamientos establecidos en la Ley 270 de 1996 citada y el Código Civil, que la conducta del demandante fue determinante para que se adelantara investigación en su contra y sufriera el daño que padeció.

La culpa grave es una de las especies de culpa o descuido, según la distinción establecida en el artículo 63 del Código Civil, también llamada negligencia grave o culpa lata, que consiste en no manejar los negocios con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Culpa esta que en materia civil equivale al dolo, según las voces de la norma en cita.

Valga decir, que de la definición de culpa grave anotada, puede decirse que es aquella en que se incurre por inobservancia del cuidado mínimo que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.

En efecto, no cabe duda que el demandante actuó sin el debido cuidado frente al manejo de sus finanzas que, en los términos del artículo 63 del Código Civil constituye una culpa grave, pues al permitir que en su cuentas fueran depositadas sumas de dineros sin saber su naturaleza, así como el cobro de cheques y permitir que en su cuenta personal fueran consignados dineros provenientes del negocio de la venta de un inmueble afectado por embargo y secuestro derivado de una acción ejecutiva, lo que conllevó a que se iniciara la investigación penal.

De igual forma, no puede dejarse de lado que el actor al permitir dichas consignaciones en su cuenta de ahorro, demuestran una actuación negligente y gravemente descuidada, la cual es para el manejo de los dineros propios, ya que al suscribir el contrato de apertura de cuenta de ahorro con la entidad financiera este cumplió con la política de conocimiento del cliente por parte de la entidad que “(…) permite colaborar con las autoridades de supervisión en la prevención y control de actividades delictivas. Con todo, su ejercicio debe ser razonable y proporcionado, con el objeto de preservar los derechos fundamentales de los usuarios y/o clientes del sistema financiero y, en especial, el derecho al libre acceso a una actividad económica lícita como expresión del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica”(26).

Por tanto, es pertinente precisar que con fundamento en lo expuesto la Fiscalía tenía la obligación de investigar, pues era un hecho notorio que a la cuenta del actor se depositaron unas sumas de dineros, provenientes de la venta de un inmueble de manera ilícita, además, el señor Luis Roberto Arenas Vélez demostró ante la entidad bancaria que éste realizaba actividades licitas lo que le permitió adquirir la cuenta bancaria, la cual iba a manejar con base en el principio de buena fe, conforme al cual, las relaciones entre las entidades bancarias y los usuarios o clientes deben ajustarse a las exigencias éticas de lealtad, honestidad y colaboración recíproca, por lo cual no es absurda dicha investigación, como lo sostiene el demandante, pues de acuerdo con el artículo el artículo 2347 del Código Civil “toda persona es responsable no solo de sus propias acciones sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado”.

De tal forma, no puede desconocerse que el comportamiento inadecuado del actor ocasionó que se le abriera investigación penal y se le dictara la medida de aseguramiento de detención preventiva, por lo que no cabe duda que no es posible atribuirle jurídicamente a la parte demandada el daño irrogado al aquí demandante con ocasión de la privación de su libertad, sino al actuar gravemente culposo de éste, razón por la que se confirmará la providencia apelada.

En tal virtud, se confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el tres (3) de noviembre de 2010, apelada por las razones expuestas en esta providencia.

5. Condena en costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma no se efectuará condena en costas alguna.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia del tres (3) de noviembre de dos mil diez (2010), proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

2. Sin condena en costas.

Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

13 Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

14 “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, Nº 4, 2000, pág. 174.

15 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 1º de octubre de 1992, expediente 10923.

16 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 2 de mayo de 200(sic), expediente 15989.

17 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 25 de julio de 1994, expediente 8666.

18 Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.

19 Decreto 2700 de 1991, artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios.

Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

20 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 17 de noviembre de 1995, expediente 10056.

21 Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sentencia de 25 de julio de 2002, expediente 13744, Actor: Gloria Esther Noreña B.

22 Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sentencia de 2 de mayo de 2002, expediente 13262, Actor: Héctor A. Correa Cardona y otros. Esta tesis ha sido reiterada en varias oportunidades por esta Sala, al respecto véase, entre otras, la Sentencia de 20 de abril de 2005, expediente 15784, C.P. Ramiro Saavedra Becerra y la Sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente 15.463, C.P. Mauricio Fajardo.

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente 15.463, C.P. Mauricio Fajardo. En este sentido véase también la Sentencia de 18 de octubre 2000, expediente 11981.

24 Folios 13-23 pruebas.

25 Folios 24-48, cuaderno pruebas.

26 Corte Constitucional, Sentencia T-468 de 2003.