Sentencia 2006-01767 de abril 12 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “B”

Rad. 25000-23-25-000-2006-01767-01(1855-08)

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez

Actor: Germán Ruiz Silva

Demandado: Procuraduría General de la Nación

Bogotá, D.C., doce de abril de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones.

Problema jurídico

Consiste en determinar si los actos administrativos demandados por medio de los cuales la procuraduría segunda distrital de Bogotá y primera delegada para la vigilancia administrativa le impusieron sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad al señor Germán Ruiz Silva en calidad de curador urbano número 4 de Bogotá, se ajustan o no a la normatividad aplicable.

Actos demandados

1. Resolución de 24 de mayo de 2005 proferida por la procuraduría segunda distrital de Bogotá dentro del expediente 143-107002-2004, que impuso sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad de 5 años para ejercer cargos públicos al señor Germán Ruiz Silva en calidad de curador urbano número 4 de Bogotá (fl.87).

2. Resolución de 16 de septiembre de 2005 proferida por la procuraduría primera delegada-vigilancia administrativa, que confirmó la sanción disciplinaria anterior en razón a que el señor Ruiz Silva incurrió en las conductas descritas en los numerales 9º y 10 del artículo 5° de la Ley 734 de 2002 dado que su actuación en el trámite de licencia de construcción objeto de la queja defraudó normas de carácter imperativo y extralimitó el ejercicio de sus funciones vulnerando el debido proceso de los vecinos interesados y afectados con la actuación (fl.110).

3. Resolución 001 de 26 de septiembre de 2005, proferida por el procurador segundo distrital que “ordena la ejecución de una sanción disciplinaria” consistente en destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el lapso de 5 años al señor Germán Ruiz Silva, curador urbano número 4, de conformidad con los fallos disciplinarios proferidos (fl. 596, cdno. 2).

El artículo 2º de la parte resolutiva del acto administrativo ordena remitir copia del mismo a la Alcaldía Mayor de Bogotá “para los trámites administrativos correspondientes” y a la división de registro y control de la Procuraduría General de la Nación.

De lo probado en el proceso

A folio 182 obra copia del Decreto 918 de 14 de diciembre de 2001 por medio del cual el Alcalde Mayor de Bogotá designó como curador urbano, entre otros, al señor Germán Ruiz Silva por un periodo de cinco años, usando para el efecto la lista de elegibles publicada el 3 de diciembre del mismo año.

El demandante tomó posesión del cargo a través del Acta 303 de 24 de diciembre de 2001 con efectividad a partir del 2 de enero de 2002 (fl.187).

1. Trámite del proceso disciplinario.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 76 y siguientes del Decreto 1052 de 1998, la comisión de veedurías de las curadurías urbanas, a través del secretario técnico, remitió a la Procuraduría General de la Nación la queja presentada por el señor Mauricio Gómez Jaramillo, en calidad de apoderado de la familia Bejarano Gómez, contra la curaduría urbana número 4 de Bogotá.

El oficio fue radicado el 28 de julio de 2004 en la Procuraduría General de la Nación (fl.10, cdno. 2).

La queja se sustentó en el hecho de que el trámite de solicitud y expedición de licencia de construcción para el proyecto “Santa Clara III” se realizó sin vincular a la familia Bejarano Gómez propietaria y residente del predio colindante ubicado en el número 96-51 de la carrera 8a A del barrio Chicó Reservado.

El apoderado de dicha familia afirmó que el proyecto de construcción afecta a dicha familia porque dejaría aislada su propiedad “con un frente de 9 metros por 30 de fondo, contrariando las normas vigentes y causando un perjuicio irremediable, que afectará no solamente el derecho de patrimonio en cuanto a su verdadero valor comercial del predio, sino el desarrollo urbanístico de tan importante sector”. Por lo anterior, solicitó revocar la licencia de construcción y de demolición expedida por la curaduría urbana 4 de Bogotá.

Según registro inicial de averiguación disciplinaria proferido en agosto de 2004 por la procuraduría segunda distrital de Bogotá, la queja o denuncia en contra del curador urbano número 4 de Bogotá señor Germán Ruiz Silva, se sustentó en la supuesta negligencia de este en la notificación del acto administrativo LC-04-4-0333 que hizo incurrir en error a los vecinos del predio colindante. La conducta es “extralimitación e incumplimiento de deberes” (fl. 7, cdno. 2).

La procuraduría segunda distrital de Bogotá, a través de la resolución de 24 de agosto de 2004 ordenó la apertura de investigación disciplinaria en contra del señor Germán Ruiz Silva para determinar la ocurrencia de la conducta y si esta es constitutiva de falta disciplinaria. La decisión anterior le fue notificada al investigado el 20 de octubre de 2004 (fls. 106 y 108, cdno. 2).

El señor Germán Ruiz Silva rindió versión libre y espontánea ante la procuraduría el 18 de febrero de 2005 en la que anexó certificación de contador público sobre manejo de expensas, la constancia de publicación en prensa y el formulario de la solicitud de la licencia de construcción. En relación con la protección del derecho al debido proceso de los vecinos del predio objeto de la licencia el investigado afirmó lo siguiente (fl. 134, cdno. 2):

“La publicación se expide cumpliendo con un requisito legal (sic) y a continuación la licencia se entrega en el convencimiento que el vecino interesado no se ha hecho parte dentro del trámite y en el convencimiento de que no se establece en norma alguna un periodo límite a partir de la publicación para expedir la licencia. Es evidente que un día no se iban a ejercer sus derechos (sic) si durante 6 meses previos del conocimiento del proyecto tampoco los ejercieron”.

La procuraduría segunda distrital de Bogotá, a través de acto proferido el 4 de marzo de 2005, formuló pliego de cargos en contra del demandante por defraudar normas de carácter imperativo y extralimitación de funciones “al no permitir que los vecinos del predio ubicado en la carrera 8a A Nº 96-51 colindantes al predio objeto de la licencia LC-04-0333 intervinieran en el trámite de la misma ni realizar las notificaciones para que interpusieran los recursos de ley” vulnerando el debido proceso y el derecho de defensa (fl. 273, cdno. 2).

Por auto de 20 de mayo de 2005, la procuraduría segunda distrital de Bogotá resolvió el decreto y práctica de pruebas (fl. 309, cdno. 2).

La procuraduría segunda distrital de Bogotá profirió fallo de primera instancia el 24 de agosto de 2005 imponiéndole al señor Germán Ruiz Silva sanción de destitución del ejercicio del cargo de curador urbano número 4 e inhabilidad para ejercer función pública por 5 años (fl. 87).

El demandante fue declarado responsable del único cargo imputado descrito en el artículo 5 numerales 9º y 10 de la Ley 734 de 2002 constitutivo de falta gravísima en razón a que su actuación “dolosa” impidió la actuación de los vecinos colindantes del predio objeto de solicitud de licencia de construcción tramitado por la curaduría urbana número 4.

La procuraduría primera delegada para la vigilancia administrativa a través de acto fechado el 16 de septiembre de 2005 profirió fallo de segunda instancia confirmando la decisión anterior en razón a que se demostró que el disciplinado incurrió en las conductas descritas en los numerales 9º y 10 del artículo 55 de la Ley 734 de 2002 relacionadas con la defraudación de normas de carácter imperativo y extralimitación de funciones (fl.110).

Análisis de la Sala

Teniendo en cuenta que los argumentos expuestos en el recurso de apelación delimitan la segunda instancia procede la Sala al estudio del caso en el siguiente orden: 1. Normas en que se sustentó la licencia de construcción 2. Trámite administrativo adelantado por el curador urbano Germán Ruiz Silva en relación con la licencia de construcción que originó el proceso disciplinario 3. Régimen disciplinario aplicable a los curadores urbanos 4. Estudio de los cargos.

1. Norma aplicada a la Licencia de construcción

El Decreto 1052 de 10 de junio de 1998(1), vigente para la fecha en que se adelantó el trámite administrativo de la licencia de construcción 04-4-0333, fijaba las reglas referentes a licencias de construcción y urbanismo y el ejercicio de la curaduría urbana en los siguientes términos:

“ART. 17. (...) La solicitud de las licencias será comunicada por el curador o la autoridad municipal ante quien se solicite, a los vecinos del inmueble o inmuebles objeto de la solicitud, para que ellos puedan hacerse parte y hacer valer sus derechos. La citación se hará por correo si no hay otro medio más eficaz.

En el acto de citación se dará a conocer el nombre del solicitante de la licencia y el objeto de dicha solicitud.

Si la citación no fuere posible, o pudiere resultar demasiado costosa o demorada, se insertará en la publicación que para tal efecto tuviere la entidad, o en un periódico de amplia circulación local o nacional, según el caso.

PAR.—Si el solicitante de la licencia no fuera el titular de los derechos reales principales del predio o predios objeto de la solicitud, deberá citarse en los términos y para los efectos de este artículo, a quien aparezca como titular de derechos reales.

ART. 18.— (...) Las entidades competentes y los curadores urbanos, según el caso, tendrán un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles para pronunciarse sobre las solicitudes de licencia, contados desde la fecha de la solicitud. Vencidos los plazos sin que las autoridades se hubieren pronunciado, las solicitudes de licencia se entenderán aprobadas en los términos solicitados, quedando obligados el curador y los funcionarios responsables a expedir oportunamente las constancias y certificaciones que se requieran para evidenciar la aprobación del proyecto presentado mediante la aplicación del silencio administrativo positivo. El plazo podrá prorrogarse hasta en la mitad del mismo, mediante resolución motivada, por una sola vez, cuando el tamaño o la complejidad del proyecto lo ameriten.

La invocación del silencio administrativo positivo se someterá al procedimiento previsto en

el Código Contencioso Administrativo.

(...).

ART. 22.— (... ) Los actos de los curadores y los actos administrativos que resuelvan sobre las solicitudes de licencias, serán notificados a los vecinos personalmente por quien haya expedido el acto o por la persona a quien este delegue para surtir la notificación. En el evento que el solicitante de la licencia sea un poseedor, se deberá notificar personalmente el acto que resuelve la solicitud al titular de los derechos reales del bien objeto de la licencia.

Si no hay otro medio más eficaz de informar a los vecinos y al titular de los derechos reales, para hacer la notificación personal se le enviará por correo certificado una citación a la dirección que aquel haya anotado al intervenir por primera vez en la actuación, o en la nueva que figure en comunicación hecha especialmente para tal propósito. La constancia del envío de la citación se anexará al expediente. El envío se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto.

Al hacer la notificación personal se entregará al notificado copia íntegra, auténtica y gratuita de la decisión.

Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) días del envío de la citación, se fijará edicto en lugar público del respectivo despacho, por el término de diez (10) días, con inserción de la parte resolutiva de la providencia.

(...).

ART. 23.— (...) Contra los actos que resuelvan las solicitudes de licencias procederán los recursos de la vía gubernativa, la revocatoria directa y las acciones establecidas en el Código Contencioso Administrativo".

De la normatividad en cita se advierte lo siguiente:

— La solicitud de licencia de construcción debe ser comunicada a los vecinos del inmueble por correo o, si esta no fuere posible, a través de un periódico de amplia circulación local o nacional.

— Los curadores urbanos tienen un plazo de 45 días hábiles para pronunciarse sobre las solicitudes de licencia contados desde la fecha de la solicitud. Vencido este se entenderá que la licencia fue aprobada. El término podrá prorrogarse hasta en la mitad por una sola vez a través de resolución motivada.

— Los actos que resuelven la solicitud de licencia de construcción deben notificarse personalmente a los vecinos dentro de los 5 días siguientes a su expedición. Si esta no fuere posible se hará por citación a través de correo certificado a la dirección indicada en la primera intervención. Si no asiste a la cita dentro de los 5 días siguientes, la notificación se hará a través de edicto fijado en un lugar público del despacho durante 10 días.

— Contra el acto administrativo que defina la solicitud de licencia proceden los recursos de la vía gubernativa.

2. Trámite administrativo dado a la licencia de construcción 04-4-0333.

A folio 188 del cuaderno 2 obra copia del formulario único de solicitud de licencia de construcción diligenciado por la Constructora Rinsagro Ltda. y el señor Héctor Isaza Botero para la realización del proyecto ubicado en la carrera 8a A Nº 96-43 barrio Chicó Reservado de Bogotá.

En el documento se informaron los datos de los vecinos colindantes entre los que se encuentra el señor Jorge Bejarano, ubicado en la carrera 8a A Nº 96-51.

La solicitud de licencia de construcción fue radicada en la curaduría urbana número 4 de Bogotá el 27 de febrero de 2004 bajo el número 044-0377 junto con el recibo de pago del trámite administrativo cancelado en esa curaduría el mismo día (fl.185, cdno. 2).

Por acta de radicación de expediente 04-4-0377 de 27 de febrero de 2004, la curaduría verificó que todos los documentos exigidos para el trámite de solicitud de licencia de construcción hubieren sido allegados incluyendo la relación de los vecinos colindantes que efectivamente se mencionó (fl. 194, cdno. 2).

Por oficio fechado el 27 de febrero de 2004, la profesional de análisis de la curaduría urbana número 4, le comunicó al “propietario(s), poseedor(es) o tenedor(es)” del predio ubicado en la “carrera 8a A 96 51” sobre la solicitud de licencia de construcción para la realización de obra nueva en el predio ubicado en “carrera 8a A 96 43, carrera 8a A 96 21” de Bogotá, con el fin de que ejerciera el derecho de contradicción y defensa (fl.155, cdno. 2).

El documento anterior fue enviado el 2 de marzo de 2004 a través de la empresa Mundial de Correos Express Ltda., sin embargo en el sello no aparecen los datos del destinatario.

A folio 176 del cuaderno 2 obra copia del aviso publicado en el Diario la República el 15 de marzo de 2004, a través del cual el curador urbano número 4 de Bogotá, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 1052 de 1998, informó a los vecinos colindantes de varios predios sobre la solicitud de licencias de construcción con el fin de que se hicieran parte en el trámite administrativo y defendieran sus derechos “(dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación)”. Entre las varias solicitudes de expedición de licencia se relacionó la del predio ubicado en la carrera 8a A 96-43 y carrera 8a A 96-21.

El curador urbano número 4 de Bogotá otorgó la licencia de construcción número 04-4-0333 el 16 de marzo de 2004 con fecha de entrega el 17 de los mismos mes y año, en la modalidad de obra nueva-demolición total para el predio ubicado en la carrera 8a A 96-43 y carrera 8a A 96-21 de la urbanización Chicó Reservado de Bogotá (fl. 71, cdno. 2).

El acto administrativo anterior le fue notificado a la apoderada del solicitante el 17 de marzo de 2004 informándole que contra el mismo procedían los recursos de reposición y apelación ante el director del departamento administrativo de Planeación Distrital que debían interponerse en dicha diligencia de notificación o dentro de los cinco días siguientes (fl.70, cdno. 2).

“Informado el solicitante sobre los recursos que proceden frente a este acto administrativo, el mismo manifiesta que renuncia a los términos que le concede la ley adjetiva, en virtud de lo cual, se entiende que el presente acto queda en firme y ejecutoriado”.

El apoderado de los señores Sara María Gómez viuda de Bejarano, Jaime Bejarano Gómez, Bertha Bejarano de Díaz y Beatriz Bejarano Gómez propietarios de la casa ubicada en la carrera 8a A Nº 96-51, interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación contra el acto administrativo contentivo de la licencia de construcción número 04-0333 a través de escrito radicado en la curaduría urbana el 29 de marzo de 2004 (fl.41, cdno. 2).

En el escrito de sustentación del recurso el apoderado de la familia Bejarano informó que el propietario del predio objeto de la licencia de construcción señor Héctor Isaza Botero tuvo acercamientos con el señor Jorge Enrique Bejarano Gómez como vecino colindante en enero de 2004, con quien se reunió en varias ocasiones para tratar “los inconvenientes que él tenía y que podrían surgir en la aprobación de la licencia de construcción” (fl. 43 cdno. 2).

Agregó que una de esas reuniones se llevó a cabo el 23 de enero de 2004 en las oficinas de la curaduría número 4 de Bogotá representada por la doctora Ada de Acosta con presencia de la familia Bejarano y el señor Héctor Isaza Botero sin llegar a un acuerdo sobre el predio que quedaría con 9 metros de frente “incumpliendo las normas legales existentes” (fl. 46, cdno. 2).

El apoderado de la familia Bejarano agregó que el 22 de marzo de 2004 sus poderdantes observaron que la pancarta que ofrecía el proyecto “Santa Clara III” fue remplazada por un aviso en el que se indicaba el número de la licencia de construcción otorgada para la obra nueva y demolición total.

Por lo anterior, uno de los integrantes de la familia Bejarano se acercó a la curaduría urbana número 4 con el fin de que le informaran por qué no habían sido notificados de la solicitud de la licencia de construcción. Allí le informaron que dicho trámite se llevó a cabo a través de oficio de 27 de febrero de 2004 enviado por correo certificado “pero no había una constancia de recibo”.

El señor Jorge Bejarano indagó en la empresa de mensajería Mundial de Correos sobre el destino de la comunicación anterior enterándose que la misma fue devuelta a la curaduría el 8 de marzo de 2004” por dirección ilocalizable” (fl. 49).

En una nueva visita hecha por el señor Bejarano a la curaduría urbana 4 de Bogotá, el señor Jorge Bejarano “pudo constatar la publicación de un edicto en el Diario La República, de fecha marzo 15 de 2004”, a través del cual se le informaba a los vecinos colindantes sobre la solicitud de expedición de la licencia de construcción para que hicieran valer sus derechos dentro de los 10 días hábiles siguientes.

Concluyó en el escrito de sustentación de los recursos que todo lo expuesto evidencia la violación del debido proceso en que se incurrió al expedir la licencia de construcción número 04-4-0333 en razón a que, según la curaduría, esta quedó ejecutoriada el 17 de marzo de 2004 y el aviso a los vecinos fue publicado el 15 de los mismos mes y año concediendo “10 días hábiles” para hacer valer los derechos.

El curador urbano número 4 de Bogotá, a través de la Resolución 04-4-0491 de 31 de mayo de 2004 rechazó el recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto contra la licencia de construcción número 04-4-0333 de 17 de marzo de 2004 porque fue presentado por “fuera del término legal para ello”. Para sustentar la decisión argumentó lo siguiente (fl.149, cdno. 2):

“Mediante correo certificado se les remitió la comunicación en donde se les informaba de la radicación en esta curaduría de la solicitud de licencia de construcción. Teniendo en cuenta que el envío por correo certificado no tuvo éxito, este despacho, siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 17 del Decreto 1052 de 1998 y el artículo 15 del Código Contencioso Administrativo, publicó en un periódico de amplia (sic) la citación. El término de 10 días establecido en la publicación se debió a un error de transcripción, ya que el Decreto de trámite 600 de 1993 que establecía dicho término, quedó subrogado y derogado por el Decreto-Ley 1052 de 1998, por lo tanto es irrelevante el término aludido por el impugnante ya que ni el decreto especial ni el Código Contencioso Administrativo establecen término alguno.

(...).

Por lo tanto, habiendo conocido el proyecto y no estando de acuerdo con el mismo, lo lógico es que se hubieran constituido como parte dentro del trámite, para que pudieran ejercer su derecho de contradicción y defensa a través de los recursos de la vía gubernativa una vez fueran notificados del acto administrativo. No se puede endilgar a este despacho la falta de diligencia y prudencia de no haberse hecho parte en su debido momento cuando de antemano se conoció el proyecto, por tal motivo esta curaduría se aparta de los argumentos esgrimidos por el recurrente”.

3. Régimen disciplinario aplicable a los curadores urbanos.

El Decreto 1052 de 1998, vigente para la época del proceso disciplinario, establecía en el artículo 35 que los curadores urbanos son particulares encargados de “estudiar, tramitar y expedir licencias de urbanismo o de construcción, a petición del interesado en adelantar proyectos de urbanización o de edificación, en las zonas o áreas del municipio o distrito que la administración municipal o distrital le haya determinado como de su jurisdicción”.

La norma anterior fue derogada por el Decreto 564 de 2006 y en el artículo 65 definió la figura del curador urbano como “un particular encargado de estudiar, tramitar y expedir licencias de parcelación, urbanización, construcción y subdivisión de predios, a petición del interesado en adelantar proyectos de esta índole”.

En la actualidad, el Decreto 1469 de 2010 que derogó la norma anterior, mantiene la definición antes transcrita advirtiendo que “El curador urbano es un particular”.

Teniendo en cuenta lo anterior, el régimen disciplinario aplicable a los curadores urbanos que ejercen función pública, es el dispuesto en la Ley 734 de 5 de febrero de 2002 en razón a que esta, en su artículo 25, incluye como sujetos disciplinables a “los particulares” relacionados en el libro III de dicha norma.

En efecto, la Ley 734 de 2002 a partir del artículo 52 establece el régimen disciplinario aplicable a los particulares que ejercen función pública determinando, entre otros, las inhabilidades, incompatibilidades y “el catálogo especial de faltas imputables a los mismos”.

En relación con el catálogo de faltas disciplinarias imputables a estos particulares el artículo 55 ibídem establece, entre otras, las siguientes:

“Sujetos y faltas gravísimas. Los sujetos disciplinables por este título solo responderán de las faltas gravísimas aquí descritas. Son faltas gravísimas las siguientes conductas:

(...).

9. Ejercer las funciones con el propósito de defraudar otra norma de carácter imperativo.

10. Abusar de los derechos o extralimitarse en las funciones.

(...).

PAR. 1º—Las faltas gravísimas, solo son sancionables a título de dolo o culpa.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 734 de 2002, las sanciones para los particulares por la comisión de faltas disciplinarias son multa, inhabilidad de uno a veinte años y destitución siempre que la prestación de la función pública sea “permanente y la vinculación provenga de nombramiento oficial”.

4. Estudio de los cargos.

El demandante afirma que no desconoció lo dispuesto en los artículos 17 y 22 del Decreto 1052 de 1998 porque la comunicación a los vecinos colindantes sí se realizó y no era obligatorio notificar la decisión definitiva cuando estos no se hacen parte en el proceso administrativo. Para sustentar tal afirmación cita los artículos 35, 44 y 51 del Código Contencioso Administrativo, sobre adopción de decisiones administrativas, notificación de las mismas y recursos que proceden.

En el sub lite se encuentra demostrado que la investigación disciplinaria y consecuente sanción impuesta al señor Germán Ruiz Silva se sustentó en una queja presentada con motivo del trámite administrativo dado a una solicitud de licencia de construcción porque se violó el procedimiento que para tal efecto disponía el Decreto 1052 de 1998.

En efecto, el artículo 17 del decreto en cita, establecía que la solicitud de licencia de construcción debe ser “comunicada” por correo, si no hay un medio más eficaz, a los vecinos colindantes del predio objeto de la licencia para que “puedan hacerse parte y hacer valer sus derechos”.

Las pruebas allegadas al proceso evidencian que el señor Germán Ruiz Silva, curador urbano número 4 de Bogotá, adelantó la solicitud de licencia de construcción radicada el 27 de febrero de 2004 sin agotar previamente la comunicación a los vecinos colindantes a pesar de que la curaduría número 4 tenía conocimiento de que existían diferencias con algunos vecinos (fl.149, cdno. 2).

La omisión al procedimiento de comunicación a los vecinos colindantes resulta evidente si se tiene en cuenta que el demandante afirmó que “el envío por correo certificado no tuvo éxito” y por tal razón procedió a una comunicación publicada en el Diario “La República” el 15 de marzo de 2004 en el que otorgó un término de 10 días hábiles siguientes a la publicación para que los vecinos afectados se hicieran parte en el trámite y defendieran sus derechos.

A pesar de lo anterior, el demandante, desconociendo el término por él concedido, culminó el trámite administrativo expidiendo la licencia de construcción al día siguiente de la publicación, 16 de marzo de 2004, sin dar la oportunidad a los vecinos colindantes de hacerse parte dentro del proceso.

De acuerdo con la norma aplicada al trámite de la licencia de construcción, Decreto 1052 de 1998, es imperativo realizar la comunicación a los vecinos del predio para que ejerzan su derecho de defensa si es del caso y en tal sentido la omisión del procedimiento comporta una violación del debido proceso.

Así, el señor Ruiz Silva en calidad de curador número 4 de Bogotá desconoció la norma en que debía sustentar el trámite administrativo porque si bien es cierto el artículo 17 del Decreto 1052 de 1998 no establece un término para que los vecinos se hagan parte dentro del proceso, el curador, al comunicarles sobre la radicación de la solicitud de la licencia de construcción les concedió 10 días para vincularse.

Lo anterior resulta razonable si se tiene en cuenta que la notificación por publicación en un diario no es inmediata como sí sucede con la notificación personal que en este caso “no tuvo éxito”. En tal sentido, el curador estaba obligado a respetar el término que él mismo concedió para que los vecinos interesados en el trámite administrativo se hicieran parte.

Aunado a lo anterior, se advierte que el curador urbano contaba con un término legal de 45 días hábiles para culminar el trámite administrativo y en tal sentido el término de 10 días que concedió a los interesados en el trámite era perfectamente viable si se tiene en cuenta que la solicitud de licencia se definió en 12 días hábiles.

En consecuencia, el cargo no prospera.

2. Aduce el apelante que no existió pronunciamiento alguno en relación con la legalidad de la Resolución 001 de 26 de septiembre de 2005 a través de la cual la procuraduría segunda distrital ejecutó la sanción de destitución sin tener competencia para ello en razón a que la misma está radicada en el nominador que, en este caso, es el Alcalde Mayor de Bogotá.

Del texto de la Resolución 001 de 26 de septiembre de 2005, visible a folio 596 del cuaderno 2 se advierte que la misma tuvo como fin ordenar “la ejecución” de la sanción disciplinaria de destitución impuesta al señor Ruiz Silva y la inhabilidad para ejercer función pública por el lapso de 5 años, para tal efecto, el artículo segundo de la parte resolutiva del acto administrativo dispuso lo siguiente:

“Remitir: Copia de la presente decisión a la Alcaldía Mayor de Bogotá para los trámites administrativos correspondientes”.

Lo anterior se cumplió a través de oficio radicado en la Alcaldía Mayor de Bogotá el 28 de septiembre de 2005 y fue atendido por dicha entidad a través del Decreto distrital 368 de 2005 “Por el cual se convoca a concurso público de méritos para proveer de manera definitiva las vacantes de los curadores urbanos números 1 y 4 de Bogotá, D.C.” (fls. 562 y 580, cdno. 3).

La decisión de la procuraduría segunda distrital se sustentó en lo dispuesto por el numeral 7º del artículo 172 de la Ley 734 de 2002 que establece lo siguiente:

“Funcionarios competentes para la ejecución de las sanciones. La sanción impuesta se hará efectiva por:

(...).

3. El nominador, respecto de los servidores públicos de libre nombramiento y remoción o de carrera.

(...).

7. La Procuraduría General de la Nación, respecto del particular que ejerza funciones públicas.

PAR.—Una vez ejecutoriado el fallo sancionatorio, el funcionario competente lo comunicará al funcionario que deba ejecutarlo, quien tendrá para ello un plazo de diez días, contados a partir de la fecha de recibo de la respectiva comunicación”.

De la norma en cita se advierte que la Procuraduría General de la Nación tiene la competencia para la ejecución de la sanción disciplinaria cuando la misma recae sobre un “particular” que ejerza función pública, categoría en la que se encontraba el curador urbano Germán Ruiz Silva.

En tal sentido no es de recibo el argumento según el cual era el Alcalde Mayor de Bogotá el que debía ejecutar la sanción por ser el nominador de los curadores urbanos porque, se repite, estos tienen la calidad de particulares y, además, el “nominador” solo es competente para ejecutar las sanciones “respecto de los servidores públicos de libre nombramiento y remoción o de carrera” tal como lo prevé el numeral tercero del artículo 172 de la Ley 734 de 2002.

En tal sentido el cargo no prospera.

3. Afirma que los actos demandados incurren en falsa motivación porque el demandante no violó normas de carácter imperativo, artículos 17 y 22 del Decreto 1052 de 1998.

La procuraduría segunda distrital de Bogotá y la primera delegada para la vigilancia administrativa sustentaron la decisión sancionatoria en la comisión de las faltas disciplinarias “gravísimas” descritas en los numerales 9º y 10(2) del artículo 55 de la Ley 734 de 2002, calificadas a título de dolo, que se refieren al “Desconocimiento de una norma de carácter imperativo y abuso de derechos y extralimitación de funciones”.

Las faltas disciplinarias imputadas se sustentaron en las pruebas allegadas al proceso disciplinario que evidencian la irregularidad en que incurrió el demandante en su calidad de curador urbano número 4 de Bogotá, en el trámite de la licencia de construcción número 04-4-0333 expedida el 16 de marzo de 2004, desconociendo el procedimiento dispuesto en el Decreto 1052 de 1998.

Las razones que motivan la imposición de la sanción disciplinaria al señor Ruiz Silva, se resumen de la siguiente manera:

— Desconoció una norma de carácter imperativo, esto es, el artículo 17 del Decreto 1052 de 1998 que ordena comunicar la solicitud de licencia de construcción a los vecinos colindantes porque si bien intentó la citación personal que resultó fallida y luego acudió a una publicación en un diario de amplia circulación, no se cumplió con el deber que la norma impone, es decir, poner en conocimiento el trámite administrativo.

— Desconoció el término de 10 días que él mismo concedió para que los interesados se hicieran parte dentro del trámite administrativo sin justificación alguna, violando el principio de la confianza legítima de los vecinos colindantes del predio objeto de la licencia.

En relación con el principio de la confianza legítima la Corte Constitucional, en Sentencia T-658 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, advirtió lo siguiente:

“De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, este principio “se aplica como mecanismo para conciliar el conflicto entre los intereses público y privado, cuando la administración ha creado expectativas favorables para el administrado y lo sorprende al eliminar súbitamente esas condiciones. Por lo tanto, la confianza que el administrado deposita en la estabilidad de la actuación de la administración, es digna de protección y debe respetarse”(3).

En este sentido, el principio de confianza legítima se constituye como una proyección de la consagración en nuestra Carta Política del principio de la buena fe consagrado en el artículo 83 de la misma y que debe gobernar la relación entre las autoridades y los particulares”.

En el sub lite, los vecinos colindantes interesados en el trámite de la licencia de construcción confiaron en que tenían 10 días hábiles para intervenir en el proceso, contados a partir del 15 de marzo de 2004, fecha en que se publicó el aviso en el diario.

En este sentido, el término vencía el 30 de marzo de 2004 y el apoderado de la familia interesada interpuso los recursos de vía gubernativa el 29 de marzo de 2004, es decir, dentro del término concedido por el curador, sin embargo, este lo rechazó aduciendo que se presentó en forma extemporánea porque el trámite había culminado el 16 de marzo de 2004 con la expedición de la licencia, trámite en el que no participaron.

— Vulneró el derecho al debido proceso dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de los vecinos colindantes que debían ser comunicados en debida forma del inicio de la actuación administrativa precisamente porque nunca fueron enterados del trámite y en tal sentido no se cumplió con el fin de la norma.

En tal sentido resulta lógico que los vecinos interesados no se hubieren hecho parte dentro del trámite administrativo culminado por el curador urbano el 16 de marzo de 2004 porque lo conocieron con posterioridad.

— Violó el principio de publicidad dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política que fundamenta, entre otros, la “función administrativa” en razón a que desconoció una norma legal y burló el término de 10 días que él mismo concedió en ejercicio de función pública y profirió la licencia al día siguiente de la publicación.

Lo anterior permite concluir que el cargo de falsa motivación tampoco prospera.

Por las razones expuestas, la sentencia apelada que negó las súplicas de la demanda debe ser confirmada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 3 de abril de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda incoada por Germán Ruiz Silva contra la Procuraduría General de la Nación.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión».

(1) Modificado, entre otros, por el Decreto 1600 de 2005.

(2) Desconocimiento de una norma de carácter imperativo y abuso de derechos y extralimitación de funciones.

(3) Cfr. Sentencia SU-360 de 1999, fundamento jurídico 5.