SENTENCIA 2006-01789/45070 DE DICIEMBRE 7 DE 2016

 

Sentencia 2006-01789 de diciembre 7 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Radicación: 05001-23-31-000-2006-01789-01(45070)

Actor: Víctor Fidel Castro Rentería y Otros

Demandado: Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., siete de diciembre de dos mil dieciséis.

Temas: Privación injusta de la libertad – reiteración jurisprudencial – absolución del sindicado porque no cometió el delito / Conciliación judicial –acuerdo parcial sobre la condena – efectos - cosa juzgada.

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la Rama Judicial contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 16 de septiembre de 2011, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:

“Primero: Declárase administrativa y solidariamente(1) responsables a la Nación-Fiscalía General de la Nación [y a la] Nación-Rama Judicial-Consejo Superior de la Judicatura, por el daño antijurídico provocado a los demandantes con la privación injusta de la libertad del señor Víctor Fidel Castro Rentería, ocurrida entre el 12 de agosto de 2002 y el 19 de marzo de 2003 y [d]el 11 de agosto de 2004 [al] 31 de mayo de 2005, en los términos y proporción examinados en el cuerpo de esta providencia.

“Segundo: Condénase a la Nación-Fiscalía General de la Nación [y] a la Nación-Rama Judicial-Consejo Superior de la Judicatura a pagar, solidariamente, en la proporción indicada en la parte motiva, los valores por concepto de los perjuicios causados a los demandantes, así:

“-Por el concepto de perjuicios morales:

“Para Víctor Fidel Castro Rentería, el equivalente [a] 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que a la fecha corresponden a la suma de cuarenta y dos millones ochocientos cuarenta y ocho mil pesos ($42’848.000,00).

“Para sus hijos: Carlos Andrés Castro Chancy, Mariana Castro Chancy y Kevin Duván Castro Chancy el equivalente a setenta (70) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que corresponden a la suma de treinta y siete millones cuatrocientos noventa y dos mil pesos ($37’492.000,00), para cada uno.

“Para Aura Nelly Chancy el equivalente a setenta (70) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que corresponden a la suma de treinta y siete millones cuatrocientos dos mil pesos ($37’492.000,00).

“-Por el concepto de perjuicios materiales (lucro cesante):

“Para Víctor Fidel Castro Rentería, la suma de trece millones setecientos sesenta y tres mil doscientos setenta y siete pesos ($13’763.277).

“-Por el concepto de perjuicios a la familia:

“Para Víctor Fidel Castro Rentería, el equivalente [a] sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que a la fecha corresponden a la suma de treinta y dos millones ciento treinta y seis mil pesos ($32’136.000,00).

“Para sus hijos: Carlos Andrés Castro Chancy, Mariana Castro Chancy y Kevin Duván Castro Chancy el equivalente a setenta(2) (sic) (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que a la fecha representan la suma de veintiséis millones setencientos ochenta mil pesos ($26’780.000,00), para cada uno.

“Para Aura Nelly Chancy Setenta(3) (sic) (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que a la fecha representan la suma de veintiséis millones setencientos ochenta mil pesos ($26’780.000,00), para cada uno.

“Por el concepto de perjuicios a la honra y buen nombre:

“Para Víctor Fidel Castro Rentería, el equivalente [a] 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que a la fecha corresponden a la suma de dieciséis millones sesenta y ocho mil pesos ($16’068.000,00).

“Tercero: CONDÉNASE a la Nación-Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial-Consejo Superior de la Judicatura a ejecutar todas las medidas simbólicas, conmemorativas y pedagógicas que, con el ánimo de lograr revertir el statu quo y la confianza legítima de los demandantes en las instituciones públicas, fueron dispuestas en el cuerpo de este proveído(4).

“Cuarto: NIÉG[UE]NSE las demás súplicas de la demanda.

“Quinto: Conforme a lo dispuesto en el artículo 171 del C.C.A., subrogado por el art. 55 de la Ley 446 de 1998, no se condena en costas (…)”(5).

I. Antecedentes

1. Demanda

El 4 de mayo de 2006, los señores Víctor Fidel Castro Rentería y Aura Nelly Chancy, así como los menores Carlos Andrés Castro Chancy, Mariana Castro Chancy y Kevin Duván Castro Chancy(6), a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda contra la Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se les indemnizaran los perjuicios causados con la privación de la libertad a la que fue sometida la primera de las mencionadas personas, durante los períodos comprendidos entre el 31 de agosto de 2002 y el 12 de febrero de 2003, y desde el 12 de agosto de 2004 hasta el 31 de mayo de 2005, por orden de la Fiscalía 93 Seccional de Medellín y el Juzgado 26 Penal del Circuito de Medellín.

Como consecuencia de lo anterior, los demandantes solicitaron, para cada uno, 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes —smmlv— por perjuicios morales y 300 smmlv por perjuicios a: i) la familia; ii) a la honra y al buen nombre, y por iii) pérdida de oportunidad.

A su vez, el señor Víctor Fidel Castro Rentería pidió $8’583.750 por los salarios dejados de percibir durante el tiempo en el cual estuvo privado de la libertad; además, reclamó la indemnización por lucro cesante futuro que resultara probada en el plenario(7).

1.1. Hechos

Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se narró que, mediante decisión del 27 de agosto de 2001, la Fiscalía General de la Nación inició una investigación de carácter penal, con ocasión de la presencia de grupos insurgentes en el barrio 8 de marzo de Medellín, actuación dentro de la cual ordenó unas interceptaciones telefónicas y la recepción de algunas declaraciones, incluidas las de los señores Nazario Holguín y Emilsen Manco, quienes, en la diligencia de reconocimiento fotográfico realizada en agosto de 2002, señalaron al señor Víctor Fidel Castro Rentería como miliciano, lo que llevó a que se ordenara su captura y el allanamiento de su vivienda, esta última diligencia se adelantó el 10 de agosto de 2002, sin embargo, el implicado no se encontraba presente.

Según lo señalado por los demandantes, una vez enterado de lo anterior, el señor Castro Rentería se presentó ante las autoridades penales, las cuales, el 12 de agosto de 2002, lo privaron de la libertad y, mediante decisión del 31 de agosto del mismo año, ordenaron su detención preventiva en establecimiento carcelario, por considerar que era autor del delito de rebelión.

De conformidad con lo indicado en el escrito inicial, el implicado recuperó la libertad de manera provisional el 12 de febrero de 2003, por vencimiento de términos, y fue acusado por el delito de rebelión el 22 de abril de 2003, lo que implicó que se ordenara nuevamente su captura, la cual se materializó el 12 de agosto de 2004.

De acuerdo con el libelo, el Juzgado 26 Penal del Circuito de Medellín profirió sentencia condenatoria en contra del señor Castro Rentería el 2 de junio de 2003, decisión que fue revocada por el Tribunal Superior de Medellín(8).

2. Contestación de la demanda

2.1. La Fiscalía General de la Nación señaló que el petitum no tenía vocación de prosperidad y que a la parte actora le correspondía probar los hechos invocados en la demanda.

Asimismo, indicó que no incurrió en una falla del servicio, en cuanto ordenó la detención preventiva del implicado con el fin de materializar la función asignada por el artículo 250 de la Constitución Política, esto es, la de investigar las conductas contrarias al derecho penal, para lo cual observó la normativa jurídica que para la época de ocurrencia de los hechos regulaba la procedencia de las medidas de aseguramiento y los elementos materiales probatorios recaudados en debida forma, que daban cuenta de la existencia de indicios de responsabilidad contra el señor Víctor Fidel Castro Rentería(9).

2.2. La Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda, porque los eventuales daños causados con la captura y la imposición de la medida de aseguramiento al demandante, en atención a la estructura del proceso penal, no le eran imputables, pues estas actuaciones se encontraban a cargo de la Fiscalía General de la Nación.

Además, explicó que en el sub lite no incurrió en un error jurisdiccional, toda vez que fue la decisión tomada por el Tribunal Superior de Medellín la que permitió poner fin, de manera favorable, al proceso penal adelantado en contra del señor Víctor Fidel Castro Rentería(10).

3. Alegatos de conclusión

3.1. La parte demandante explicó que la privación de la libertad objeto de las pretensiones resultaba injusta, porque la actuación penal dentro de la cual se ordenó no se tramitó en debida forma, toda vez que: i) las pruebas de cargo no fueron valoradas de conformidad con las reglas de la sana crítica; ii) se adelantaron varias actuaciones sin que se hubiera establecido cuál era la autoridad facultada para conocer de la investigación; iii) no se desataron de manera oportuna las peticiones de libertad provisional; iv) se presentó un vencimiento de términos y vii) no se envió en tiempo el escrito de acusación al juez de la causa(11).

3.2. La Fiscalía General de la Nación señaló que la detención por la que se demandó carecía del carácter de irregular, porque se ordenó en atención a las finalidades propias de las medidas de aseguramiento de carácter penal y con fundamento en las pruebas que permitían inferir que el señor Castro Rentería estaba implicado en los hechos por los que se le investigó(12).

3.3. El Ministerio Público sostuvo que las pretensiones se debían negar, en cuanto las decisiones penales dictadas en contra del señor Víctor Fidel Castro Rentería no eran susceptibles de ser calificadas como arbitrarias, pues obedecieron a la valoración razonable de las pruebas practicadas en debida forma(13).

3.4. La Rama Judicial guardó silencio en esta oportunidad procesal.

4. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 16 de septiembre de 2011(14), declaró patrimonialmente responsables a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial, porque las decisiones por medio de las cuales se le impuso medida de aseguramiento al señor Víctor Fidel Castro Rentería y se emitió condena penal en su contra tuvieron como fundamento un elemento probatorio del cual no era posible deducir indicios de responsabilidad y, de manera consecuente, impedía tenerlo como autor del delito de rebelión, falencias que suponían la materialización de una falla del servicio.

Como consecuencia de lo anterior, el a quo condenó a las demandadas a pagar, “solidariamente” y por un “50%” a cada una, la indemnización pedida por los demandantes por concepto de perjuicios morales y perjuicios a la familia, pero en una cuantía inferior a la solicitada en la demanda.

De otro lado, en los anteriores términos, en la primera instancia se ordenó reconocer: i) 30 smmlv a favor de la víctima directa de la privación por perjuicios a la honra y al buen nombre y ii) $13’763.277 por lucro cesante.

Asimismo, en la primera instancia se dispuso que las demandadas debían dictar a sus funcionarios capacitaciones sobre las implicaciones patrimoniales de la declaratoria de privación injusta de la libertad; además, se les conminó para que en un medio de amplia circulación divulgaran la noticia rectificada de la absolución del ahora demandante.

5. Recursos de apelación

5.1. La Fiscalía General de la Nación, en su escrito de apelación, argumentó que la medida de aseguramiento impuesta al ahora demandante tuvo como fundamento las pruebas practicadas en debida forma.

Asimismo, indicó que, en gracia de discusión, la condena no debía ser asumida por partes iguales, porque la mayor parte de la detención se presentó en la etapa de juzgamiento, la cual se encontraba a cargo de la Rama Judicial.

Finalmente, explicó que no resultaba procedente el reconocimiento de indemnización alguna por perjuicios a la familia y al buen nombre, en cuanto las afectaciones cuya reparación se pretendía se encontraban incluidas dentro de los perjuicios morales y los referentes al daño a la vida de relación(15).

5.2. A juicio de la Rama Judicial, la privación de la libertad del señor Castro Rentería no le resultaba imputable, porque las decisiones por medio de las cuales se le impuso medida de aseguramiento y se le condenó provenían del ente acusador.

Por otro lado, aclaró que la detención del demandante no podía tenerse por injusta, porque, de un lado, su absolución obedeció a la aplicación del principio del in dubio pro reo y, del otro, según los postulados del régimen de responsabilidad aplicable al presente asunto, a la parte demandante le correspondía demostrar la configuración de una actuación arbitraria, carga que no asumió(16).

6. Conciliación en primera instancia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010(17), por medio del cual se adicionó el artículo 43 de la Ley 640 de 2001, el Tribunal Administrativo de Antioquia, previa concesión de los recursos de apelación presentados en contra de la sentencia de primera instancia, convocó a las partes a una audiencia de conciliación, la cual se celebró el 29 de mayo del 2002(18).

En virtud de lo anterior, la Fiscalía General de la Nación y la parte demandante llegaron a un acuerdo conciliatorio sobre el 50% de la condena impuesta en primera instancia, en el entendido de que el ente acusador pagaría el 60% de esta fracción.

Para los fines pertinentes, el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto del 29 de mayo de 2012, aprobó el arreglo logrado y, de manera consecuente, declaró terminado el proceso respecto de la Fiscalía General de la Nación y concedió el recurso de apelación presentado por la Rama Judicial(19).

7. Trámite de segunda instancia

El recurso de apelación presentado por la Rama Judicial se admitió por auto del 28 de septiembre de 2012(20) y, mediante providencia del 6 de noviembre de 2012(21), se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión, sin embargo tanto la demandante, como la demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.

II. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1) prelación del fallo en casos de privación de la libertad; 2) la competencia de la Sala; 3) el ejercicio oportuno de la acción; 4) los parámetros jurisprudenciales acerca de la responsabilidad del Estado por la privación de la libertad; 5) el caso concreto; 6) la indemnización de perjuicios y 7) la procedencia o no de la condena en costas.

1. Prelación de fallo

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al Despacho

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el sub lite el debate versa sobre la privación de la libertad del señor Víctor Fidel Castro Rentería, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en diversas ocasiones, para lo cual ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, por lo que, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.

2. Competencia

A esta Sala, a través del artículo 73 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el

reglamento interno de esta Corporación(22), se le asignó el conocimiento en segunda instancia, sin consideración a la cuantía, de los procesos de reparación directa promovidos en vigencia del Decreto 01 de 1984, cuya causa petendi sea: i) el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) el error judicial o iii) la privación injusta de la libertad(23).

3. Ejercicio oportuno de la acción

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, a la omisión, a la operación administrativa y a la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

En tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(24).

En el presente caso, la parte demandante pretende que se le reparen los perjuicios causados con las decisiones a través de las cuales se restringió el derecho a la libertad del señor Víctor Fidel Castro Rentería, razón por la cual el presupuesto de oportunidad en el ejercicio del derecho de acción se analizará a partir de la regla expuesta.

Pues bien, mediante sentencia del 2 de junio de 2004, el Juzgado 26 Penal del Circuito de Medellín, declaró penalmente responsable, entre otros, al señor Víctor Fidel Castro Rentería por el delito de rebelión, decisión revocada por el Tribunal Superior de Medellín, a través de fallo del 31 de mayo de 2005, cuya ejecutoria, de conformidad con lo previsto en el artículo 187 de la Ley 600 del 2000(25) y según la constancia de notificación obrante a folio 151 del cuaderno 1, tuvo lugar el 28 de junio de 2005.

De este modo, el término para demandar empezó a correr el 29 de junio de 2005 y como la demanda se presentó el 4 de mayo de 2006, cabe concluir que el derecho de acción se ejerció en oportunidad, es decir, dentro de los 2 años siguientes a la ejecutoria de la providencia por medio de la cual se absolvió de responsabilidad penal al señor Víctor Fidel Castro Rentería.

Acerca de los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada a partir de la interpretación y el alcance del artículo 90 de la Constitución Política, del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —Código de Procedimiento Penal— y de la Ley 270 de 1996.

de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada a partir de la interpretación y el alcance del artículo 90 de la Constitución Política, del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —Código de Procedimiento Penal— y de la Ley 270 de 1996.

De manera general la Jurisprudencia de la Sala ha acudido a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado correspondiente que ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que i) el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta no constituía hecho punible, siempre y cuando no hubiere mediado una falla en el ejercicio de la función jurisdiccional en cuyo caso se deberá aplicar un régimen subjetivo de responsabilidad.

De igual forma, de conformidad con la posición mayoritaria, reiterada y asumida por la Sección Tercera del Consejo de Estado se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico, aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal de in dubio pro reo.

Por manera que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado se abre paso el reconocimiento de la obligación a cargo del Estado de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera en su contra la medida de detención preventiva(26).

Todo lo expuesto con antelación se encuentra reiterado en las sentencias de unificación que ha proferido la Sala Plena de la Sección Tercera, así:

En pronunciamiento del 6 de abril de 2011, expediente 21.653, se sostuvo que el Estado es responsable de los daños ocasionados a una persona que es privada injustamente de la libertad y posteriormente es absuelta en virtud de los supuestos previstos en el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal y en la Ley 270 de 1996.

Posteriormente, mediante sentencia proferida el 17 de octubre de 2013, expediente 23.354, se precisó que, además de los supuestos del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal y de la Ley 270 de 1996, también es responsable el Estado por los daños ocasionados en virtud de la privación injusta de la libertad de una persona cuando es absuelta por aplicación del principio in dubio pro reo.

Bajo esta óptica, la Sala procederá al análisis del caso concreto.

5. Caso concreto

5.1. En el presente asunto(27), se encuentran probados los siguientes hechos:

5.1.1. A través de decisión del 27 de agosto de 2001, la Fiscalía General de la Nación decretó la apertura de una investigación previa, con fundamento en la presunta presencia de grupos al margen de la ley en el área metropolitana del Valle de Aburrá(28).

Para los fines pertinentes, el funcionario a cargo de la actuación ordenó la práctica de varias labores de inteligencia, tales como: i) interceptaciones telefónicas; ii) inspecciones judiciales; iii) práctica de testimonios y iv) recepción de denuncias.

5.1.2. El 1º de agosto de 2002, se llevó a cabo la diligencia de ampliación y ratificación de las denuncias presentadas ante la policía judicial por parte de los señores Nazario Holguín Holguín y Emilse Manco(29). En aquella oportunidad, el primero de los mencionados sostuvo que además de los milicianos que inicialmente había señalado, existían otros cuyo nombre y apodo desconocía, pero que estaba en la posibilidad de reconocer a través de su identificación, por medio de álbum fotográfico o mediante fila de personas(30). La segunda persona, indicó que los implicados en los hechos eran los que ella había individualizado en la primera diligencia(31).

5.1.3. El 2 de agosto de 2002, se llevó a cabo una diligencia de reconocimiento fotográfico con la presencia de la señora Gloria Emilse Manco Manco, a quien se le pusieron de presente 103 mosaicos, conformados por 8 fotos, cada uno, dentro de los cuales se encontraba la fotografía del señor Víctor Fidel Castro Rentería, la cual fue reconocida por la compareciente como la de uno de los integrantes del ELN. Al respecto, en la diligencia se dejó constancia de lo siguiente:

“Preguntado: Bajo juramento, sírvase manifestar si dentro de las fotografías que se le ponen de presente, se encuentra alguna correspondiente a quien señala como miembro de las milicias urbanas del ELN (…). Contestó: Es este. Constancia. Procede a señalar, sin ninguna duda, de manera inmediata, la fotografía número 03 del mosaico 30, manifestado que a él le dicen Fidel, no sé si será el nombre o el apodo (…), pertenece a las milicias, pero en el sector del ocho mantiene armas. Constancia: El lugar de la lista que señala el testigo corresponde a Víctor Fidel Castro Rentería (…)”(32).

5.1.4. El 3 de agosto de 2002, la Fiscalía General de la Nación llevó a cabo una segunda diligencia de reconocimiento fotográfico con la presencia del señor Nazario Holguín Holguín, quien, una vez revisados 103 mosaicos, de 8 fotografías cada uno, identificó al señor Víctor Fidel Castro Rentería como miembro del ELN, sin embargo, no es posible establecer las razones por las cuales el compareciente afirmó tal circunstancia, dado que el acta de la audiencia, en lo que a este punto se refiere, se aportó en unas condiciones deficientes que no permiten conocer su contenido(33).

5.1.5. Mediante resolución del 5 de agosto del 2002(34), el ente acusador dio apertura a la etapa de instrucción y ordenó la captura, para efectos de indagatoria, de 63 personas, dentro de las cuales se encontraba el señor Víctor Fidel Castro Rentería, en relación con el cual, además, se ordenó el allanamiento de su domicilio.

5.1.6. El 9 de agosto de 2002, se allanó la residencia del ahora demandante, diligencia que fue atendida por su compañera permanente e hijos, sin embargo, no se encontró elemento alguno que lo vinculara con los hechos objeto de investigación(35).

5.1.7. El 12 de agosto de 2002, en las instalaciones de la SIJIN de Medellín, se capturó al señor Castro Rentería(36) y, el 15 de agosto de la misma anualidad, se le escuchó en diligencia de indagatoria, para lo cual el implicado precisó que no tenía relación con los hechos por los cuales se le estaba investigando y aclaró que su aprehensión se había dado en el momento en el que compareció ante la Fiscalía General de la Nación con el fin de averiguar las razones por las cuales se le estaba buscando y se había allanado su domicilio(37).

5.1.8. Mediante resolución del 31 de agosto de 2002, el ente acusador definió la situación jurídica del señor Castro Rentería, junto con la de otras 21 personas, en el entendido de imponerles medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, por su presunta responsabilidad en el delito de rebelión, la cual, tratándose del demandante, se dedujo de lo señalado por los testigos que lo identificaron en las diligencias de reconocimiento fotográfico(38).

5.1.9. A través de decisión adoptada el 12 de febrero de 2003, se resolvió de manera desfavorable la solicitud de libertad provisional, por vencimiento de términos presentada por, entre otros, el señor Víctor Fidel Castro Rentería(39).

La anterior determinación fue revocada en segunda instancia(40), razón por la cual el actor recuperó su libertad, de marera provisional, el 19 de marzo de 2003, previo otorgamiento de caución prendaria y la suscripción de diligencia de compromiso(41).

5.1.10. El 22 de abril de 2003, una vez se definió la situación jurídica de los otros implicados, la Fiscalía General de la Nación calificó el mérito del sumario, en el entendido de formular acusación contra el demandante y otras 25 personas, por el punible de rebelión, para lo cual, además, ordenó su captura(42).

5.1.11. El Juzgado 26 Penal del Circuito de Medellín, a través de fallo del 2 de junio de 2004, condenó al señor Víctor Fidel Castro Rentería a 6 años de prisión, le impuso multa de $30’900.000 y lo inhabilitó para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un tiempo igual al de la pena principal, toda vez que lo encontró penalmente responsable, a título de dolo, del delito de rebelión(43).

5.1.12. El 11 de agosto de 2004, el señor Víctor Fidel Castro Rentería fue capturado, en virtud de la orden emitida en su contra por el Juzgado 26 Penal del Circuito de Medellín(44) y en la misma fecha fue remitido a la cárcel de Bellavista(45).

5.1.13. El Tribunal Superior de Medellín, mediante sentencia del 31 de mayo de 2005, revocó la sentencia proferida por el Juzgado 26 Penal del Circuito de Medellín en lo relacionado con el señor Víctor Fidel Castro Rentería, entre otros, porque las pruebas recaudadas en el plenario no resultaban suficientes para concluir que el implicado era autor del delito de rebelión. Al respecto, se señaló:

“La única prueba de la que se vale el juzgado de conocimiento para condenar a este procesado es el lacónico señalamiento que hacen los testigos Nazario y Gloria Emilse en las diligencias de reconocimiento fotográfico (fls. 308 y 3666).

“(…).

“No cree la Sala que se pueda proferir una sentencia de condena con el solo reconocimiento fotográfico, pues está visto que los testigos en algunos casos incluso erraron al respecto, muy seguramente por el alto número de implicados.

“Además, no es cierto que sean coincidentes entre ellos. Basta observar que mientras la una sugiere que su accionar se centra en el barrio ‘Ocho de marzo’, el otro se sitúa en el barrio ‘Juan Pablo’ y en el terminal de ‘Santa Lucía’.

“Tampoco existen otros medios de prueba que permitan corroborar sus dichos. Los declarantes no lo mencionaron siquiera en sus denuncias, no siendo cierto lo que afirma el informe de Policía Judicial de julio de 2002 (…), en el sentido de que había sido señalado en las diligencias recepcionadas a Emilse Manco. Menos se refieren a él en las ratificaciones y ampliaciones que rindieron ante la Fiscal investigadora.

“Llama la atención lo anterior, pues si Nazario afirma que es ‘uno que manda mucho la parada allá’, dando a entender que es uno de los cabecillas de las milicias, resulta extraño que no lo hubieran incluido en sus declaraciones, como resulta igualmente extraño que, a pesar de tratarse de un dirigente, como se da a entender, no se le incluyera en otros informes de policía judicial o su nombre no se mencionara para nada en las diálogos telefónicos interceptados por disposición de la Fiscalía.

“(…).

“Con tan débil prueba que tuvo en cuenta el fallador de instancia, no es posible condenar, pues la misma no otorga la certeza de su vinculación con la organización rebelde, por lo que sin otras consideraciones, se revocará la decisión apelada y a su libertad inmediata”(46).

5.2. Valoración probatoria

En este punto, se analizarán las actuaciones desplegadas por la Rama Judicial, dado que la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación fue definida en la primera instancia, al punto de que el ente acusador, se reitera, llegó a un acuerdo conciliatorio con la parte demandante, el cual fue aprobado por el a quo y, de manera consecuente, hizo tránsito a cosa juzgada.

Se encuentra probado que el señor Víctor Fidel Castro Rentería fue privado de la libertad con ocasión de un proceso penal que terminó con decisión absolutoria, la cual, según las consideraciones expuestas por el Tribunal Superior de Medellín, se sustentó en la inexistencia de certeza sobre su responsabilidad por el punible de rebelión, dado que las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación, una vez valoradas de conformidad con las reglas de la sana crítica, resultaban insuficientes para sustentar una condena en su contra.

De este modo, el presente asunto no corresponde a un evento de absolución por duda razonable, como lo sostuvo la Rama Judicial en su recurso de apelación, sino que se trata de uno de aquellos casos en los que el enjuiciado no cometió el punible por el que se le procesó, supuesto que, por regla general y, de conformidad con la jurisprudencia unificada y reiterada de esta Sección, da lugar a la aplicación de un régimen de responsabilidad de carácter objetivo.

En este sentido, aun cuando en su recurso de apelación la Rama Judicial alegó la inexistencia de una falla del servicio, lo cierto es que, tal y como en acápites precedentes se advirtió, cuando la decisión penal definitiva es de carácter absolutoria, ya sea porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, la privación de la libertad de la que fue objeto deviene en injusta y se abre paso a declarar la responsabilidad del Estado por los daños que hubiere causado, sin necesidad de acreditar que la misma haya sido ilegal o arbitraria(47).

Si bien en casos como el analizado, es posible recurrir a un régimen de responsabilidad de carácter subjetivo, ante la necesidad de efectuar un juicio de reproche sobre los actos de la Administración(48), la Sala considera que este no es aplicable al sub lite, toda vez que no se advierte la configuración de un error jurisdiccional, ni de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Ahora, de conformidad con el artículo 26 de la Ley 600 del 2000(49), el ejercicio del ius puniendi para la época de ocurrencia de los hechos se radicaba en la Fiscalía General de la Nación y en la Rama Judicial, de ahí que la primera le hubiera impuesto medida de aseguramiento de detención preventiva al señor Castro Rentería y la segunda, a través de la sentencia dictada por el Juzgado 26 Penal del Circuito de Medellín el 2 de junio de 2004, lo hubiera condenado, entre otros, a 6 años de prisión.

Así las cosas, se concluye que la providencia con fundamento en la cual el ahora demandante estuvo privado de la libertad desde el 11 de agosto de 2004 hasta el 31 de mayo de 2005, inclusive, se profirió en el marco de las competencias asignadas a los jueces penales del Circuito de Medellín, razón por la cual a la Rama Judicial le resulta imputable el daño antijurídico ocasionado a los demandantes durante este lapso, como lo consideró el a quo.

Además, conviene aclarar que al sub lite no se aportaron elementos probatorios que permitan inferir que la sentencia penal proferida por el Juzgado 26 Penal del Circuito de Medellín tuvo como fundamento elementos a través de los cuales, de manera gravemente culposa o dolosa, el implicado hubiese llevado a la autoridad penal a considerar como necesaria y razonable la emisión de condena en su contra.

Pues bien, como la Rama Judicial contribuyó a la materialización de los perjuicios cuya reparación se pretende, la Sala confirmará la sentencia apelada en lo relacionado con su declaratoria de responsabilidad.

Ahora, el a quo declaró solidariamente responsables, por partes iguales, a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial por la privación de la libertad de la que fue objeto el señor Víctor Fidel Castro Rentería.

La condena solidaria decretada en primera instancia implicaba una prerrogativa en favor de la parte demandante, en virtud de la cual podía dirigir el cobro de la acreencia frente a cada una de las demandadas o respecto de una sola, pues cada una de estas debía el total de la obligación, sin perjuicio de que la entidad que efectuara el pago pudiera repetir contra la otra por la parte respectiva, para este caso el 50%(50).

El ente acusador y la parte actora llegaron a un acuerdo conciliatorio sobre el 50% de la condena(51), el cual fue aprobado por el tribunal de primera instancia, a través de providencia del 29 de mayo de 2012(52). Esta situación pone de presente el rompimiento de la solidaridad por pasiva contenida en el fallo de primera instancia, toda vez que la parte demandante, al aceptar la fórmula de arreglo propuesta por la Fiscalía, renunció a la solidaridad de la obligación, de ahí que cada una de las demandadas deba responder de manera independiente por la fracción que le corresponde.

En este estado de cosas, ante la evidencia de que operó el fraccionamiento de la obligación, a la Rama Judicial no se le podrá exigir el pago del total de la condena de primera instancia, sino solo el de la parte que le corresponde, que para el caso concreto asciende al 50% de la condena(53).

6. Liquidación de perjuicios

En este punto, la Rama Judicial no apeló el monto de los perjuicios reconocidos en sede de primera instancia, sin perjuicio de la actualización de las indemnizaciones que no se fijaron en salarios mínimos mensuales legales vigentes, sino en sumas concretas; además, se verificará el cumplimiento del presupuesto de congruencia de la sentencia, el cual, en algunos aspectos, no fue tenido en cuenta por el a quo.

Pues bien, la demanda es el acto procesal en el que se establece el objeto del litigio y, por consiguiente, se fijan, en principio, los límites fácticos y jurídicos dentro de los que se resolverá la controversia, razón por la cual, so pena de vulnerar el principio de congruencia y con ello el derecho de defensa del demandado, el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al presente asunto por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, proscribe la posibilidad de dictar fallos que excedan lo pedido por las partes (ultra petita), que versen sobre asuntos ajenos a lo solicitado (extra petita) o con olvido de los que estas han planteado (citra petita).

En el presente asunto, la parte actora solicitó el reconocimiento de una indemnización equivalente a 100 smmlv por los perjuicios que se le ocasionaron a su honra y buen nombre, pretensión que fue acogida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, sin embargo, en la sentencia apelada no solo se resolvió sobre las pretensiones económicas planteadas por la parte actora, sino que también se pronunció el a quo respecto de otras que no lo fueron, toda vez que se dispuso la adopción de unas medidas reparatorias no indemnizatorias, decisión con la que se excedió el alcance del petitum demandatorio, sin que en el plenario obren elementos probatorios que den cuenta de la existencia de circunstancias especiales que hicieran procedente una decisión con tal alcance, es decir, de carácter mixta, por ser tanto de contenido económico, como inmaterial.

Por consiguiente, la Sala revocará lo relacionado con las medidas no pecuniarias, toda vez que ello no fue solicitado en la demanda, con lo cual se emitió, en ese punto, un fallo ultra petita, aspecto que puefe y debe ser materia de pronunciamiento por parte del juez, así no haya sido materia de apelación(54).

De otro lado, ha de precisarse que la suma reconocida por el Tribunal Administrativo a quo por concepto de “perjuicios a la familia” para: i) Aura Nelly Chancy; ii) Carlos Andrés Castro Chancy; iii) Mariana Castro Chancy y iv) Kevin Duván Castro Chancy, en cuantía de 50 smmlv, para cada uno, se incurrió en una imprecisión en la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, pues para el efecto se señaló que el monto procedente era “Setenta (sic) (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes”, no es menos cierto que en la parte motiva de la decisión se indicó que la suma a pagar eran 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes —smmlv—.

Aunque el anterior reconocimiento no fue materia de apelación por la entidad demandada, la Subsección advierte que tal indemnización “perjuicios a la familia” se reconoció de manera independiente a aquella que se le otorgó a la víctima directa del daño por concepto de vulneración a su honra y buen nombre, cuando lo cierto es que tales derechos se enmarcan dentro de lo que la jurisprudencia actual y unificada de la Sección Tercera de la corporación ha considerado como un mismo rubro del daño, denominado como afectación de bienes y derechos constitucionalmente protegidos(55).

Lo anterior impone que esta Sala modifique en ese punto la sentencia de primera instancia, en el sentido de que los montos que se reconocieron en primera instancia por derechos a la familia, honra y buen nombre, se incluyan en una misma indemnización, bajo la noción de bienes y derechos constitucionalmente protegidos.

En las condiciones analizadas, la suma a pagar a la víctima directa de la privación de la libertad ascenderá a 45 smmlv, mientras que la de cada uno de sus hijos y la de su esposa será de 25 smmlv, teniendo en cuenta la reducción que debe hacerse por la reducción del quantum indemnizatorio ante la conciliación judicial que se celebró entre la parte actora y la Fiscalía General de la Nación.

6.1. Legitimación en la causa por activa 

Pues bien, con fundamento en las máximas de la experiencia y en la jurisprudencia reiterada de la Corporación(56), se presume que las personas sometidas a una medida restrictiva de la libertad sufren perjuicios de carácter moral, que deben ser indemnizados, supuesto que también es predicable de quienes concurren al proceso, debidamente acreditados, en condición de cónyuge, compañero(a) permanente y/o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o civil.

En el presente asunto, se encuentra probada la legitimación del señor Víctor Fidel Castro Rentería, toda vez que fue la persona en contra de la cual: i) se adelantó la investigación penal objeto de la litis; ii) se impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, y iii) se profirió condena penal en primera instancia, consistente en la imposición de una pena de 6 años de prisión, multa de $30’900.000 e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un tiempo igual al de la pena principal, la cual, finalmente, fue revocada en sede de segunda instancia.

Asimismo, se dará por probada la de Carlos Andrés Castro Chancy, Mariana Castro Chancy y Kevin Duván Castro Chancy, porque los registros civiles de nacimiento obrantes de folios 3 a 5 del cuaderno 1, dan cuenta de su condición de hijos del señor Víctor Fidel Castro Rentería.

También se tendrá por acreditada la legitimación de la señora Aura Nelly Chancy, porque, según las pruebas obrantes en el plenario(57), ostentaba la condición de compañera permanente del señor Castro Rentería para la época en la que estuvo privado de la libertad con ocasión de las decisiones adoptadas tanto por la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial.

6.2. Perjuicios materiales

En relación con la indemnización de los perjuicios materiales, en la primera instancia, se ordenó el pago de $13’763.277 a favor de Víctor Fidel Castro Rentería, de los cuales, como antes se precisó, la Rama Judicial debe asumir el 50% - $6’881.638, suma que se actualizará con base en la siguiente fórmula:

valor
 

En las condiciones analizadas, la Rama Judicial pagará al señor Víctor Fidel Castro Rentería la suma de $ 8’437.072, por lucro cesante.

7. Condena en costas

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º: MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 16 de septiembre de 2011, la cual quedará así:

“Primero: DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL, por la privación injusta de la libertad de la que fue víctima el señor Víctor Fidel Castro Rentería.

“Segundo: CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL a pagar, por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero expresadas en salarios mínimos mensuales legales vigentes –smmlv-:

“Para Víctor Fidel Castro Rentería: 40

“Para Aura Nelly Chancy: 35

“Para Carlos Andrés Castro Chancy: 35

“Para Mariana Castro Chancy: 35

“Para Kevin Duván Castro Chancy: 35

“- Tercero: CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL a pagar, por concepto de perjuicios a bienes y derechos constitucionalmente protegidos, las siguientes sumas de dinero expresadas en smmlv:

“Para Víctor Fidel Castro Rentería: 45

“Para Aura Nelly Chancy: 25

“Para Carlos Andrés Castro Chancy: 25

“Para Mariana Castro Chancy: 25

“Para Kevin Duván Castro Chancy: 25

“- Cuarto: CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL a pagarle al señor Víctor Fidel Castro Rentería, por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de ocho millones cuatrocientos treinta y siete mil setenta y dos pesos ($8’437.072).

“- Quinto: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

“- Sexto: Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

“- Séptimo: Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 1995. Las copias destinadas a la parte actora se entregarán al apoderado que ha venido actuando.

“- Octavo: Sin condena en costas.

2º. Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Hernán Andrade RincónMarta Nubia Velásquez RicoCarlos Alberto Zambrano Barrera, aclaró voto

1 Al respecto, el a quo precisó: “La responsabilidad de las entidades demandadas se declarara de manera solidaria en los términos del artículo 2344 del Código Civil, (…) no obstante, para efectos de las restituciones a que haya lugar y de acuerdo con el grado de participación de cada una en la producción del perjuicio indemnizado, (…) la responsabilidad debe establecerse en un 50% a cargo de la Fiscalía General de la Nación y en un 50% para el Consejo Superior de la Judicatura, pues la privación injusta de la libertad se procuró por las dos, como ya se advirtió, en espacios de tiempo más o menos similares” (folio 315, cuaderno de segunda instancia).

2 De conformidad con la parte motiva de la providencia y la suma que se señaló como equivalente en salarios mínimos mensuales legales vigentes SMMLV, el monto a reconocer por este concepto en favor de la compañera permanente y de los hijos de la víctima directa de la privación asciende a 50 SMMLV (folio 316, cuaderno 2). Sobre este punto, el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el acápite de consideraciones, sostuvo: “Se reconocerá por el perjuicio causado a la familia para Carlos Andrés Chancy Castro, Mariana Castro Chancy y Kevin Duván Castro Chancy (hijos) y [para] Aura Nelly Chancy (compañera) el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes (folio 313, cuaderno de segunda instancia).

3 Según lo indicado por el a quo, en el acápite de consideraciones, y la equivalencia en salarios mínimos legales mensuales vigentes, la suma a reconocer a cada uno de los hijos del señor Víctor Fidel Castro Rentería corresponde a la de 50 SMMLV (folio 316, cuaderno de segunda instancia).

4 Sobre este punto, en la parte motiva de la sentencia primera instancia se indicó:
“Se conmina a la Dirección Seccional de Fiscalías de Antioquia, para que en [un] término no superior [a] seis meses (…), imparta cursos de capacitación entre sus Fiscales a fin de que sean instruidos en [el tema] de la responsabilidad del Estado que generan todos los actos que hoy se consideran como ‘privación injusta de la libertad’. Lo mismo deberá hacer el Consejo Superior de la Judicatura, en su Seccional de Antioquia. Al final deberá enviarse, [como] consecuencia, certificación de los cursos impartidos por las entidades condenadas al Tribunal Administrativo de Antioquia, para que haga parte de este expediente.
“De otra parte, las entidades demandadas, también dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia (…), publicarán en un medio de comunicación de amplia circulación, la noticia rectificada de la absolución de Víctor Fidel Castro Rentería, de lo cual también se extenderá constancia con destino a este proceso” (folio 315, cuaderno de segunda instancia).

5 Folios 316-319, cuaderno de segunda instancia.

6 Representados por sus padres, los señores Víctor Fidel Castro Rentería y Aura Nelly Chancy, tal como se infiere de los registros civiles obrantes a folios 3,4 y 5 del cuaderno 1, y del poder aportado con la demanda (folios 1, cuaderno 1).

7 Folios 17 y 18, cuaderno 1.

8 Folios 11-21, cuaderno 1.

9 Folios 44-54, cuaderno 1.

10 Folios 14-36, cuaderno 1.

11 Folios 245-256, cuaderno 1.

12 Folios 257-262, cuaderno 1.

13 Folios 242-244, cuaderno 1.

14 Folios 285-318, cuaderno de segunda instancia.

15 Folios 327-332, cuaderno de segunda instancia.

16 Folios 323-326, cuaderno de segunda instancia.

17 “Artículo 70. Adiciónese un cuarto inciso al artículo 43 de la Ley 640 de 2001, cuyo texto será el siguiente: En materia de lo contencioso administrativo, cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio y contra el mismo se interponga el recurso de apelación, el juez o magistrado deberá citar a audiencia de conciliación, que deberá celebrarse antes de resolver sobre la concesión del recurso. La asistencia a esta audiencia será obligatoria”.

18 Folios 344-346, cuaderno de segunda instancia.

19 Folios 348-351, cuaderno de segunda instancia.

20 Folios 355-359, cuaderno de segunda instancia.

21 Folio 361, cuaderno de segunda instancia.

22 Acuerdo No. 58 de 1999, modificado por los Acuerdos Nos. 55 de 2003, 148 de 2014 y 110 de 2015.

23 Sobre este tema consultar el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

24 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, expediente 13.622, M.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011, expediente 21.801. Al respecto puede consultarse igualmente el auto de 19 de julio de 2010, expediente: 37.410, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

25 “ART. 187.—Ejecutoria de las providencias. Las providencias quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos legalmente procedentes.
“La que decide los recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias, la consulta, la casación, salvo cuando se sustituya la sentencia materia de la misma y la acción de revisión quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente (…) Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-641-02 del 2002,“siempre y cuando se entienda que los efectos jurídicos se surten a partir de la notificación de las providencias”.

26 Sentencias del 4 de diciembre de 2006, expediente: 13.168 y del 2 de mayo de 2007, expediente 15.463, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, reiteradas por esta Subsección en sentencia de mayo 26 de 2011, expediente 20.299, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, entre otras.

27 Con fundamento en las pruebas recaudadas en la primera instancia, las cuales, tratándose de las diligencias penales adelantadas en contra del señor Víctor Fidel Castro Rentería corresponden al expediente del proceso penal, que consta de 14 cuadernos.

28 Folio 3, cuaderno 1 del proceso penal.

29 Conviene aclarar que dentro del expediente penal que se allegó a este proceso no obran las denuncias iniciales a las que se refiere este hecho.

30 Folios 254-256, cuaderno 1 del expediente penal.

31 Folios 257-261, cuaderno 1 del expediente penal.

32 Folio 20, cuaderno 2 del expediente penal.

33 Folio 78, cuaderno 2 del expediente penal.

34 Folios 122-133, cuaderno 2 del expediente penal.

35 Folio 227-228, cuaderno 2 del expediente penal.

36 Folios 129-130, cuaderno 3 del expediente penal.

37 Folios 68-74, cuaderno 4 del expediente penal.

38 Folios 11-56, cuaderno 5 del expediente penal.

39 Folios 134-136, cuaderno 9 del expediente penal.

40 Folios 29-38, cuaderno 10 del expediente penal.

41 Folios 75-76, cuaderno 10 del expediente penal.

42 Folios 1-74, cuaderno 11 del expediente penal.

43 Como fundamento de su decisión, el Juez 26 señaló [se transcribe tal cual aparece en el documento]:

“[P]ara este momento no puede dudarse de la real existencia de un grupo al margen de la ley, cuyo centro de operaciones delictivas lo constituía el sector conocido como Ocho de Marzo (…), [por lo que] nos ocuparemos de determinar si el comportamiento investigado se adecúa al tipo penal de la rebelión, conducta por la que finalmente fueron acusados la totalidad de los hoy enjuiciados (…).
“En lo que tiene que ver con el elemento normativo de ‘empleo de armas’, ningún esfuerzo se requiere para concluir que el mismo se configura en el presente caso. Sobre el particular fueron claros la totalidad de los declarantes que han desfilado a lo largo de esta investigación, dentro de los que se incluyen los investigadores judiciales a cuyo cargo estuvo el adelantamiento de las labores de inteligencia, quienes dan cuenta de la utilización de todo tipo de armas de fuego, para imponer el terror y doblegar la voluntad de los habitantes del sector donde operaba este grupo de personas dedicadas a la comisión de múltiples actividades delictivas. Dentro de este grupo ha de tenerse también en cuenta las manifestaciones hechas por los sindicados José Fernando Restrepo Montoya y Luis Alfonso Romero Arenas, quienes (…) terminaron por reconocer su pertenencia al grupo de milicias del ELN (…).

“Ahora, si bien es cierto, no aflora con nitidez su voluntad de ‘derrocar al Gobierno Nacional’, no ocurre lo mismo en lo que concierne con su deseo de ‘suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente’, hasta el punto de que las autoridades legítimamente constituidas solo se lograba a través de grandes operativos, evidenciándose una ausencia total del Estado (…).

“Se llegó a tal punto, que la comunidad en general debía pagar una especie de impuesto o tributo, denominado comúnmente ‘vacuna’, no solo para garantizar su supervivencia frente al grupo de rebeldes, sino también para que los mismos les brindaran protección, actividades ajenas a los particulares y cuyo ejercicio es monopolio estatal.

“Además de atribuirse facultad impositiva también suprimieron la labor de Fiscales y Jueces, pues el expediente da cuenta de que los cabecillas o mandos mayores eran los encargados de solucionar los conflictos que se presentaban entre los miembros de la comunicad del Ocho de Marzo, llegándose incluso al ‘ajusticiamiento’ de las personas que no comulgaban con sus ideas, como claramente lo expone JOSÉ FERNANDO MONTOYA RESTREPO, quién confesó su vinculación al grupo de milicianos (…).

“Ahora y sobre [los] móviles políticos y fundamentos ideológicos que impulsan esta organización, son muchos los que a largo de esta investigación han sostenido que propendían por el establecimiento de un orden superior y el derrocamiento de las autoridades legítimamente constituidas (…).

“Bajo estas consideraciones, necesario es concluir que ninguna duda se alberga en relación con la tipicidad de la conducta investigada, y por la que finalmente fueron acusados la totalidad de los hoy enjuiciados.

“Ahora y en lo que tiene que ver con la antijuridicidad de dicha conducta, tampoco existe duda [de] que con el comportamiento desplegado por los integrantes de los grupos de milicias del Ocho de Marzo, se lesionó, sin que existiera justa causa para ello, el bien jurídico tutelado por la norma, como lo es el Régimen Constitucional y Legal (…).
“(…).
De la responsabilidad particular de cada uno de los procesados en el delito de rebelión
“(…).
“25. Víctor Fidel Castro Rentería
“(…).

“Reconocimiento fotográfico y/o en fila de personas: Llevada a cabo diligencia de reconocimiento fotográfico, fue señalada la fotografía del señor CASTRO RENTERÍA, como la de uno de los miembros de las milicias urbanas del ELN: ‘a él le dicen FIDEL, no sé si será el nombre o el apodo, ese no cambia, pertenece a las milicias, pero en el sector del Ocho, mantiene armas” (Folio 308).

“También fue señalado, en igual clase de diligencia, por el señor NAZARIO HOLGUÍN HOLGUÍN, quien dijo: ‘De ese sé que mueve mucho la organización allá, ese maneja armas de largo alcance, es uno que manda mucho la parada allá, se localiza por intermediaciones de la terminar de Santa Lucía y Juan Pablo, en ese sector parta baja, no lo he visto uniformado’ (folio 366).

“Otros medios de prueba y diligencias: Al momento de rendir su indagatoria, narra que se presentó voluntariamente antes las autoridades a fin de aclarar su situación, porque considera que no le debe nada a la ley (…).

“Conclusión sobre su responsabilidad penal: Se contrae la prueba incriminatoria que milita en disfavor de CASTRO RENTERÍA, a los señalamientos efectuados por NAZARIO HOLGUÍN HOLGUÍN y GLORIA EMILSE MANCO MANCO, quienes al unísono y de manera coherente apuntan hacia la fotografía de ese sindicado, para afirmar que se trata de uno más de los milicianos del ELN que operaban en el sector del Ocho de Marzo, siendo coincidentes ambos al momento de sostener que lo han visto en poder de armas de fuego.

“Dada la convergencia y uniformidad de los señalamientos que se mantuvieron firmes a lo largo del investigativo, se anuncia la emisión de fallo adverso a los intereses de este procesado, máxime que uno de los testigos lo señala como FIDEL, pues al menos así le dicen, y que ambos declarantes dan cuenta de algunas de las actividades que le corresponde ejecutar como integrante del multicitado grupo (…)” (folios 60-66 y 194-196, cuaderno 13 del expediente penal).

44 Folio 4063-4065, cuaderno 13 del expediente penal.

45 Folio 4066, cuaderno 13 del expediente penal.

46 Folios 195-197, cuaderno 1.

47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2011. M.P. Ruth Stella Correa Palacio, expediente 24653.

48 En este sentido la Sección se pronunció en sentencia del 23 de agosto de 2010, radicación: 40060, C.P. Enrique Gil Botero, en los siguientes términos:

“No obstante, en aquellos eventos en que pese a configurarse la causal de absolución penal permitiera enmarcar el estudio de la responsabilidad patrimonial bajo un régimen de carácter objetivo pero en el proceso contencioso administrativo quedó acreditada la existencia de una falla del servicio, se impone la declaratoria de la misma en aras de emitir un juicio de reproche y, de paso, permitir a la administración que, identificada la irregularidad cometida, analice la conveniencia de iniciar la acción de repetición contra los funcionarios que dieron origen a la condena pecuniaria.
“No significa lo anterior que la Sala esté fijando un régimen subjetivo de responsabilidad en materia de privación injusta de la libertad sino que, se insiste, la perspectiva objetiva o subjetiva (culpabilística) dependerá en cada caso concreto de los motivos de absolución o preclusión criminal; sin embargo, cuando la falla del servicio sea evidente y palmaria en el proceso contencioso será imprescindible advertir su existencia y, por lo tanto, acoger la responsabilidad sin ambages por esa circunstancia (…)”.

49 “Artículo 56. La acción penal corresponde al Estado y se ejerce por la Fiscalía General de la Nación durante la etapa de la investigación y los jueces competentes durante la etapa del juzgamiento; la Corte Suprema de Justicia adelanta la investigación y el juzgamiento en los casos contemplados en la Constitución Política. El Congreso ejerce la acción penal excepcionalmente” (Se resalta).

50 En relación con la solidaridad pasiva, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, M.P. Ruth Stella Correa Palacio, expediente 38341, se pronunció en los siguientes términos:

“[L]a solidaridad pasiva es uno de los más eficaces medios para asegurar la satisfacción de una deuda, en tanto confiere al acreedor la facultad de perseguir la totalidad de su crédito de varios patrimonios de los deudores solidarios y por ende dentro de los efectos que rigen esa relación externa con el acreedor, se encuentran, entre otros, los siguientes:

“i.)- El acreedor puede dirigirse contra todos los deudores solidarios conjuntamente, o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, para exigir la totalidad de la deuda, sin que ninguno de éstos le pueda oponer el beneficio de división o el fraccionamiento de la responsabilidad en el pago de la prestación, de conformidad con lo previsto en el artículo 1571 del Código Civil (…).

“ii.)- El acreedor, en consecuencia, es libre de demandar a todos los obligados de manera simultánea o sucesiva, hasta la satisfacción íntegra de la deuda, pues cuando demanda a uno o a varios no pierde el derecho para perseguir a los demás por el saldo insoluto (art. 1572 c.c.);

“iii.)- El acreedor puede renunciar a la solidaridad respecto de uno o de todos los deudores solidarios, de manera expresa o tácita, en este último caso como cuando, por ejemplo, demanda el acreedor a alguno de los codeudores por su cuota solamente y no se reserva la solidaridad de la obligación, aunque no extingue la acción contra los otros deudores, por toda la parte del crédito que no haya sido cubierta por el deudor a cuyo beneficio se renunció la solidaridad; si el acreedor consiente la división de la deuda se entiende extinguida la solidaridad (art. 1573 c.c.), aunque respecto de los ya devengados y no los futuros cuando lo debido es una pensión periódica (art.1574 c.c.);

“iv.)- El pago total realizado por uno de los deudores extingue la obligación y favorece a los demás, dado que no podría el acreedor seguir demandado en tantas oportunidades como deudores existan al encontrarse satisfecha su prestación; así como el pago parcial les beneficia, pues podrá perseguir a los deudores pero con descuento del valor recibido (…).

“De otra parte, aun cuando en virtud de la solidaridad cualquiera de los deudores debe cumplir toda la prestación frente al acreedor (relación externa), entre los deudores la deuda se encuentra dividida (relaciones internas). De ahí que, por lo que corresponde a las relaciones internas entre los deudores, quien ha pagado la deuda al acreedor o la ha extinguido por alguno de los medios equivalentes al pago, queda subrogado en la acción del acreedor con todos sus privilegios y seguridades, pero limitada respecto de cada uno de los codeudores a la parte o cuota que tenga este codeudor en la deuda (…)”.

51 En el entendido de que la Fiscalía General de la Nación pagaría el 60% de esta fracción.

52 Folios 348-351, del cuaderno 2.

53 En ese mismo sentido se pronunció esta Subsección, de manera reciente, en sentencias de 23 de noviembre de 2016, expedientes 44.894 y 45.863.

54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 14 de marzo de 2013, exp. 26.078 M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez, reiterada en fallo de 11 de junio de 2014, exp. 27.636, M.P. Dr Hernán Andrade Rincón (E), entre otras providencias de la Sala.

55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de unificación jurisprudencial de 28 de agosto de 2014, expediente 32.988 M.P. Dr. Ramiro Pazos Guerrero.

56 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de: i) 14 de marzo de 2002, M.P. Germán Rodríguez Villamizar, radicación 12076, ii) 23 de septiembre de 2015, M.P. Hernán Andrade Rincón, radicación 36575; iii) 2 de diciembre de 2015, radicación 37936 y iv) 10 de febrero de 2016, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, radicación 39159, entre otras.

57 Hecho que se da por probado con los testimonios de los señores: i) Jorge Walter Agualimpia Mosquera; ii) Teresita de Jesús Monsalve Chancy; iii) Yolanda de las Mercedes Hernández Alvarado (folios 235-239, cuaderno 1).

58 IPC vigente a la fecha de esta providencia. Se precisa que se toma el IPC de noviembre, habida cuenta de que no se ha publicado el de diciembre, toda vez que ello se hace mes vencido.

59 IPC vigente a la fecha de la sentencia de primera instancia, esto es, el 16 de septiembre de 2011.