Sentencia 2006-01815 de mayo 27 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Radicación: 73001-23-31-000-2006-01815-01 (34.927)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: José Antonio Martínez y otros

Demandado: Municipio de Roncesvalles

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintisiete de mayo de dos mil quince.

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 7 de noviembre de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, en la que se negaron las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1. El 28 de agosto de 2006, a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, los señores José Antonio Martínez (actuando en nombre propio y en representación de sus hijos menores Anlly Mileidi y José Alejandro Martínez López) y Dany Esther López solicitaron que se declarara la responsabilidad patrimonial del municipio de Roncesvalles (Tolima) por los perjuicios ocasionados con las lesiones sufridas por el primero de ellos, al recibir una descarga eléctrica, en hechos ocurridos el 4 de septiembre de 2004, en esa localidad.

Solicitaron que, en consecuencia, se condenara a pagarles, por concepto de perjuicios morales, 1.000 gramos de oro para cada uno y, por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante $ 259’000.000.

Como fundamento de sus pretensiones, narra la demanda que, el 4 de septiembre de 2004, el señor José Antonio Martínez se desempeñaba como ayudante de técnico electricista, esto es, del señor Robinson Aníbal López Martínez, con quien cumplían las órdenes de la Alcaldesa de Roncesvalles de realizar unas instalaciones eléctricas en el alumbrado público del “casco urbano de la Inspección de Santa Elena”, cuando fueron alcanzados por un cable de alta tensión.

Como consecuencia de dicho accidente, el señor López Martínez perdió la vida y José Antonio Martínez sufrió graves lesiones que lo imposibilitaron de por vida para laborar.

Cuando este último acudió ante la Alcaldesa a solicitarle el reconocimiento correspondiente por su invalidez, aquélla le manifestó que no contaba con el presupuesto para pagarle y que, en consecuencia, le tocaba demandar (fls. 102 y 103, cdno. 1).

2. La demanda fue admitida mediante auto del 30 de agosto de 2006, providencia notificada en debida forma a la parte demandada y al Ministerio Público (fl. 111, cdno. 1).

3. El apoderado del municipio de Roncesvalles contestó la demanda extemporáneamente (fl. 117, cdno. 1).

4. Mediante auto del 24 de noviembre de 2006, se abrió el proceso a pruebas y, el 20 de septiembre de 2007, se corrió traslado para alegar de conclusión y rendir concepto (fls. 126, 127 y 152, cdno. 1).

5. En el término del traslado para presentar alegatos de conclusión, el apoderado de la parte demandante reiteró lo expuesto en la demanda, a lo que agregó que el régimen jurídico de imputación es el objetivo, como quiera que el daño alegado fue producido en el desarrollo de una actividad peligrosa, como lo es la conducción de energía eléctrica, de tal manera que basta la materialización del riesgo creado por la administración para que el daño resulte imputable a ella.

Insistió en la responsabilidad del demandado, dada su confesión al no contestar la demanda (fls. 153 a 156, cdno. 1).

Por su parte, el apoderado del municipio sostuvo que no son ciertas las afirmaciones de la demanda acerca de que: i) el ente territorial estuviera haciendo mantenimiento de las redes eléctricas del corregimiento de Santa Elena, ii) el señor José Antonio Martínez laboraba para el municipio de Roncesvalles (antes, durante, ni después del accidente), iii) el señor Robinson Aníbal López Martínez (patrón de José Antonio Martínez) laboraba para el municipio de Roncesvalles.

Aseguró que la infraestructura eléctrica del Tolima, en todos sus municipios, pertenece a Enertolima y que para hacer cualquier cambio o arreglo en la misma debe contarse con permiso de esta empresa.

Manifestó que se configuró la eximente de responsabilidad del culpa exclusiva de la víctima, como quiera que los señores José Antonio Martínez y Robinson Aníbal López Martínez decidieron subirse, por su propia cuenta y riesgo, a poner una bombilla del alumbrado público y, adicionalmente, lo hicieron sin tener en cuenta las mínimas medias de seguridad y sin precaver el riesgo que ello representaba.

Aseveró que, al no existir relación laboral ni contractual entre el municipio y los afectados con el accidente ocurrido el 4 de septiembre de 2004, el daño no le resulta imputable. Lo anterior, en virtud de que no existe ninguna prueba al respecto, ni de sus labores, ni de contratos de trabajo, ni de órdenes de trabajo que, de existir, tendrían que aparecer reflejadas en los gastos, los pagos realizados a contratistas y los certificados de disponibilidad presupuestal, información que se encuentra sistematizada en ese ente territorial (fls. 157 a 162, cdno. 1).

II. Sentencia de primera instancia

La sentencia del 7 de noviembre de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, negó las pretensiones de la demanda con fundamento en que no se acreditó que el señor José Antonio Martínez tuviera vinculación laboral o contractual con el municipio de Roncesvalles.

Sostuvo que no se acreditó que, al momento de la ocurrencia del accidente, aquél estuviera prestando sus servicios personales al municipio por disposición de la alcaldesa; por el contrario, los testigos coinciden al afirmar que éste laboraba bajo las órdenes de Robinson Aníbal López Martínez, quien tampoco tenía relación alguna con el ente territorial.

Manifestó que las afirmaciones de la demanda carecen de respaldo probatorio (fls. 165 a 172, cdno. ppal.).

III. Recurso de apelación

En el término dispuesto por la ley, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia anterior, con fundamento en que se encuentra suficientemente probada, con los testimonios obrantes en el proceso, la relación existente entre el señor José Antonio Martínez y el municipio de Roncesvalles al momento de los hechos, como quiera que dan cuenta de que, el 4 de septiembre de 2004, aquél se encontraba prestado sus servicios de ayudante de técnico electricista, al haber sido contratado por la Alcaldesa de esa localidad para el desarrollo de una actividad riesgosa, como lo es la conducción de energía eléctrica.

Sostuvo que, como en este caso el régimen aplicable es el objetivo del riesgo excepcional, basta la realización del riesgo creado por la administración para que el daño le resulte imputable y, en consecuencia, hay lugar a declarar la responsabilidad del demandado por los perjuicios ocasionados a los demandantes con las lesiones del señor Martínez (fls. 179 a 186, cdno. ppal.).

IV. Trámite en segunda instancia

El recurso de apelación se concedió el 26 de noviembre de 2007 y, el 29 de febrero de 2008, se admitió en esta Corporación (fls. 188 y 192, cdno. ppal.).

En el término del traslado común para presentar alegatos de conclusión, las partes y el Ministerio Público guardaron silencio (fl. 195, cdno. ppal.).

V. Consideraciones

Competencia

Las normas de asignación de competencia que rigen la actuación se encuentran previstas en la Ley 446 de 1998, de allí que, para que el asunto pueda ser tramitado en segunda instancia, la cuantía del proceso debe exceder de $ 204’000.000. Como quiera que la pretensión de mayor valor corresponde a $ 259’000.000, reclamada por perjuicios materiales, se concluye que esta Corporación es competente para conocer del recurso interpuesto.

Oportunidad de la acción

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa caduca al cabo de 2 años, contados a partir del día siguiente al del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

Como en el presente asunto los actores pretenden la declaratoria de responsabilidad del demandado por las lesiones que sufrió el señor José Antonio Martínez, como consecuencia de una descarga eléctrica cuando se encontraba cambiando unas bombillas del alumbrado público en el corregimiento de Santa Elena del municipio de Roncesvalles, en hechos ocurridos el 4 de septiembre de 2004, se tendrá en cuenta esta fecha a efectos de contar el término de caducidad.

Así y conforme al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la caducidad de la acción operaba el 5 de septiembre de 2006; como la demanda se presentó el 28 de agosto de 2006, se interpuso dentro del término.

El caso concreto

1. El 4 de septiembre de 2004, en la vereda Aguas Claras del municipio de Roncesvalles, el señor José Antonio Martínez sufrió un accidente originado por una descarga eléctrica, por lo que fue trasladado al centro de salud de la localidad, según la historia clínica de la que se destaca (se transcribe tal cual obra en el expediente):

“Paciente que hace +/- 4 Horas presento trauma en cráneo después de haber presentado caída de +/- 7 metros por descarga eléctrica. Desde entonces paciente estupuroso y signos vitales débiles recibió reanimación por Promotora”(1).

Al día siguiente, fue remitido a un nivel de atención superior, esto es, al Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, con el siguiente diagnóstico de ingreso:

“INGRESO- Principal: INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA…

RELACIONADO 1: SÍNDROME DE HIPERTENSIÓN ENDOCRANEANA…

RELACIONADO 2: TEC SEVERO…

RELACIONADO 3: EDEMA CEREBRAL…

RELACIONADO 4: FRACTURA TABLA ÓSEA…

RELACIONADO 5: ELECTROCUSIÓN…

RELACIONADO 6: ESTADO POST REANIMACIÓN…

RELACIONADO 7: POP CRANEOTOMÍA DRENAJE HEMATOMA EPIDURAL Y REPARO DURAL”(2).

De la historia clínica registrada en ese centro asistencial se destaca:

“PACIENTE CON CUADRO CLÍNICO OCURRIDO EL DÍA DE AYER, CONSISTENTE EN TRAUMA CRÁNEO ENCEFÁLICO SEVERO AL CAERSE DESDE ALTURA APROXIMADA DE 7 METROS, POSTERIOR A DESCARGA ELÉCTRICA CON POSTERIOR PÉRDIDA DE LA CONCIENCIA, ES ATENDIDO EN HOSPITAL DE RONCES VALLE (sic) DONDE REMISIÓN INFORMA QUE RECIBIÓ REANIMACIÓN POR PROMOTORA DE SALUD, NO SE CONSIGNA SI HUBO ASISTOLIA O PARO RESPIRATORIO … SE REMITE A HFLLA DONDE ENCUENTRAN PACIENTE ESTUPOROSO … SE REALIZA TAC DONDE SE ENCUENTRA HEMATOMA EPIDURAL CON EFECTO DE MASA, SE DECIDE REALIZAR PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO DE CRANEOTOMÍA CON DRENAJE DE HEMATOMA Y REPARO DURAL … SE TRASLADA EN SU POP MEDIATO A UCI … OJO DERECHO CON EQUIMOSIS, IMPOSIBLE VALORAR OJO POR EDEMA … PIEL CON QUEMADURAS GRADO II PROFUNDO A NIVEL DE DORSO Y SOBRE EL ANTEBRAZO IZQUIERDO ….

“(…)

“CONCEPTO: PACIENTE CRÍTICO QUE DEBE MANEJARSE EN UCI Y CONTINUAR SOPORTE VENTILATORIO POR 48 HORAS ADICIONALES MIENTRAS EL EDEMA CEREBRAL SE RESUELVE”(3).

El paciente permaneció en el Hospital Federico Lleras hasta el 14 de septiembre siguiente, de donde egresó con el mismo diagnóstico de ingreso, esto es:

“DX DE EGRESO - Principal: INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA…

RELACIONADO 1: SÍNDROME DE HIPERTENSIÓN ENDOCRANEANA…

RELACIONADO 2: TEC SEVERO…

RELACIONADO 3: EDEMA CEREBRAL…

RELACIONADO 4: FRACTURA TABLA ÓSEA…

RELACIONADO 5: ELECTROCUSIÓN…

RELACIONADO 6: ESTADO POST REANIMACIÓN…

RELACIONADO 7: POP CRANEOTOMÍA DRENAJE HEMATOMA EPIDURAL Y REPARO DURAL”(4).

Posteriormente, el 12 de febrero de 2007, la Dirección Regional Sur - Seccional Tolima del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses le realizó un informe técnico médico legal de lesiones no fatales(5), en el que consta:

“CONCLUSIÓN: MECANISMO CAUSAL: Contundente. Incapacidad médico legal: DEFINITIVA. CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS. SECUELAS MÉDICO LEGALES: Deformidad fisica (sic) que afecta el cuerpo, de carácter permanente,; (sic) Perturbación funcional de órgano la (sic) locomoción de carácter permanente”.

Así mismo, en el dictamen 11-151-2007(6) rendido el 26 de junio de 2007 por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Tolima consta que la pérdida de la capacidad laboral del señor Martínez fue del 44.04%, en los siguientes términos:

“DESCRIPCIÓN PORCENTAJE

DEFICIENCIA 22.79

DISCAPACIDAD 7.50

MINUSVALÍA 13.75

TOTAL 44.04”.

2. Verificada así la existencia del daño, se abordará el análisis de imputación tendiente a establecer si el mismo es atribuible o no a la entidad pública demandada, como lo alegan los actores.

Lo pretendido en este caso es que se declare la responsabilidad del municipio de Roncesvalles por las lesiones sufridas por el señor José Antonio Martínez, el 4 de septiembre de 2004, al recibir una descarga eléctrica, cuando se desempeñaba como ayudante de técnico electricista durante la instalación de unas bombillas del alumbrado público en Santa Elena, jurisdicción de ese municipio, puesto que —según la demanda— esa labor fue encomendada directamente por la Alcaldesa municipal.

Sobre las circunstancias de ocurrencia de los hechos, en escrito del 16 de septiembre de 2004 el Inspector de Policía de Santa Elena (Roncesvalles) hizo constar que (se transcribe tal cual obra en el expediente):

“Qué (sic) el señor Robinson Anibal (sic) Lopez Martinez (sic) … se encontraba operando instalaciones Electricas (sic) del alumbrado público en el casco urbano de la inspección de Santa Elena Roncesvalles.

“Doy fé que el señor en mención se encontraba desarrollando una labor encomendada por la administración de dicho municipio; (sic) sufriendo un accidente violento con cables de alta tensión, resultando lesionado en el mismo accidente el señor José Martinez (sic) quién (sic) desempeñaba la labor de ayudante.

“Los hechos ocurrieron el 4 de septiembre de 2004 a las 2:30 pm. Como consecuencia fatalde (sic) dicho accidente falleció el señor Robinson Anibal (sic) Lopez (sic) Martinez (sic)”(7).

Al respecto, también obran los testimonios de varias personas, rendidos el 21 de febrero de 2007 en este proceso contencioso administrativo. Al responder a la pregunta de en qué actividad y para quién trabajaba el señor José Antonio Martínez para la fecha de los hechos, los testigos dijeron:

“Ese día estaban instalando una farola en la plaza de Santa Elena, justamente contratados por la Alcaldía Municipal”(8) (Aníbal Castañeda Rodríguez).

“Para esa fecha estaba trabajando para el municipio de Roncesvalles, instalando unas lámparas para el corregimiento de Santa Elena”(9) (Jamir Amariles Méndez).

“El (sic) se encontraba trabajando en Santa Elena para esa fecha que fue el accidente, arreglando unas lámparas de la luz, para el municipio”(10) (Sebastián Villa Morales).

“Para el 04 de septiembre de 2004 él se encontraba en Santa Elena instalando unas lámparas del alumbrado público, que la Alcaldesa de aquí de Roncesvalles le había mandado a (sic) instalar allá y en esa época yo era la presidenta de la junta de acción comunal y ellos llegaron y me buscaron a mi (sic) y me dijeron que iban de parte de la Alcaldesa a instalar unas lámparas en el alumbrado público, iba él con el señor ROBINSON LÓPEZ, también iba JOSÉ JAVIER JIMÉNEZ inspector de la localidad y el concejal HERNANDO CARDONA o REINOSO y yo lo que les dije fue que si a eso los habían mandado, que se fueran a trabajar”(11) (María Judith Ballesteros Sánchez).

Ahora bien, a la pregunta de si sabían que José Antonio Martínez laboraba como ayudante del fallecido señor Robinson Aníbal López, quien era el técnico electricista, dijeron:

“Si (sic) se (sic) y me consta que JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ era el ayudante del finado ROBINSON ANÍBAL LÓPEZ en trabajos de electricidad, incluso el día del accidente a mi (sic) me tocó auxiliarlos con otras personas que lo levamos (sic) al puesto de salud”(12) (Aníbal Castañeda Rodríguez).

“Si (sic) señora, me consta que JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ le trabajaba como ayudante al señor ROBINSON LÓPEZ en trabajaos (sic) de electricidad”(13) (Jamir Amariles Méndez).

“Si señora JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ le ayudaba al técnico electricista que era ROBINSON LÓPEZ”(14) (Sebastián Villa Morales).

“… si (sic) ellos trabajaban en socia (sic)”(15) (Leonardo Morales Moncada).

A la pregunta concreta de si el día del accidente el señor José Antonio Martínez prestaba sus servicios como electricista a la alcaldía de Roncesvalles, por haber sido contratado por la Alcaldesa para realizar unas instalaciones eléctricas en el alumbrado público, dijeron:

“Si (sic), a mi (sic) me consta que él estaba ese día en Santa Elena trabajando en las labores de ayudante de electricidad del señor ROBINSON LÓPEZ, contratados por la Alcaldía de aquí”(16) (Aníbal Castañeda Rodríguez).

“Si señora, me consta que él estaba haciendo ese trabajo”(17) (Jamir Amariles Méndez).

“Si si (sic), eso si (sic) me consta porque incluso cuando les prestaron los primeros auxilios los pasaron por mi casa”(18) (Sebastián Villa Morales).

“Si (sic), si (sic) se encontraba haciendo las instalaciones porque había sido enviado por ella [alude a la Alcaldesa]”(19) (María Judith Ballesteros Sánchez).

Con lo anterior se encuentra acreditado que, en efecto, el 4 de septiembre de 2004, el señor José Antonio Martínez laboraba como ayudante del técnico electricista Robinson Aníbal López y que, al momento del accidente, estaban cambiando unas bombillas del alumbrado público de Santa Elena, en jurisdicción del municipio de Roncesvalles, es decir, se encontraban desarrollando una actividad peligrosa; así mismo, está probado que en ese accidente perdió la vida el señor López (técnico electricista) y resultó lesionado el principal de los acá demandantes.

Aunque no obra prueba documental de que haya existido una vinculación laboral o contractual entre alguno de los dos afectados en el accidente y el municipio de Roncesvalles, todos los testigos —incluida la presidenta de la junta de acción comunal de la época— y el Inspector de Policía de Santa Elena son coincidentes y coherentes en afirmar que estos dos señores (López y Martínez) fueron designados por la Alcaldesa de la localidad para realizar dicha actividad, situación que debe tenerse como cierta en la medida en que no fue cuestionada por el ente territorial demandado.

Es del caso precisar que, a diferencia de lo afirmado por la parte demandante, no se pueden tener por acreditados los hechos de la demanda por el sólo hecho de que la demandada no la contestó, porque, si bien es cierto que esa circunstancia constituye un indicio en su contra, ello no es plena prueba de la responsabilidad.

Sobre el particular, la Sala dijo:

“‘en los casos de responsabilidad patrimonial del Estado, no existe tarifa legal; no obstante, al proceso deben allegarse las pruebas suficientes del hecho imputable a la administración, del daño y del nexo causal. Si bien el artículo 95 del Código de Procedimiento Civil establece que la falta de pronunciamiento de la entidad demandada puede ser considerado como un indicio grave en su contra, lo cierto es, (sic) que éste (sic) indicio, por sí solo, no constituye plena prueba, porque como la norma lo indica se trata de un elemento indiciario que debe ser valorado en conjunto con el material probatorio que obre en el proceso. No basta la ausencia de defensa de la demandada en un proceso para tener por demostrado el hecho de la administración y la relación de causalidad entre él y el daño cuya indemnización se reclama’(20).

“Cabe agregar que la Sala, en relación con las omisiones en que incurren las entidades públicas en desarrollo de un proceso judicial, ha precisado que el juez no puede deducir responsabilidad de la entidad porque ello equivaldría a darle a tal inasistencia el tratamiento de una confesión de responsabilidad y con ello se desconocería el mandado del artículo 199 del Código de Procedimiento Civil(21).

“Con fundamento en todo lo anterior la Sala concluye que i) la parte actora tenía la carga de probar los elementos determinantes de la responsabilidad contractual del INPEC; ii) los demandantes desatendieron esa carga legal porque no probaron siquiera la existencia del contrato que se invocó como fuente de las obligaciones que se afirmaron incumplidas por el INPEC; y que iii) esta omisión de la parte actora conduce a que se denieguen las súplicas de la demanda, conforme lo hizo el Tribunal a quo en la sentencia apelada”(22).

De todo lo anterior, la Sala encuentra acreditado que: i) el señor José Antonio Martínez laboraba como ayudante del técnico electricista Robinson Aníbal López, ii) el 4 de septiembre de 2004, ambos se encontraban desarrollando una actividad peligrosa, esto es, cambiando unas bombillas del alumbrado público de la localidad, por encargo de la Alcaldesa y iii) como consecuencia de una descarga eléctrica, Robinson Aníbal López falleció y José Antonio Martínez resultó lesionado.

Entonces, como están acreditadas las lesiones sufridas por el principal de los demandantes y que éstas ocurrieron durante el desarrollo de una actividad peligrosa por cuenta del municipio de Roncesvalles, las mismas resultan imputables a este último.

En efecto, para que pueda atribuirse responsabilidad a la administración bajo el título objetivo de riesgo excepcional —como lo expone el apoderado de los demandantes en el recurso de apelación—, es necesario que se materialice un riesgo al que ella haya expuesto a sus funcionarios, empleados, contratistas o particulares, según el caso, con ocasión del desarrollo de actividades peligrosas, tales como el uso de armas de fuego, la conducción de vehículos automotores o la conducción de energía eléctrica. En este caso, se acreditó que el municipio le encargó al principal de los aquí demandantes y a Robinson Aníbal López el desarrollo de la actividad que ejecutaban al momento del accidente, lo que implicó la materialización del riesgo al que la entidad estatal demandada los expuso.

Sobre el particular, la Sección Tercera de esta Corporación dijo:

“En relación con los daños causados con armas de fuego, energía eléctrica o la conducción de vehículos automotores, la Sala ha aplicado el régimen de responsabilidad objetiva, con fundamento en el riesgo que crea quien explota la actividad, que sólo se exonera si acredita la existencia de una causa extraña.

“(…).

“En relación con estos riesgos que genera la conducción de energía eléctrica se advierte que su conocimiento es común, es decir, en general las personas conocen su existencia y las medidas mínimas de protección que deben observar para evitar el daño. En caso de que esas medidas no se observen, los daños son imputables a las víctimas parcial o totalmente según las circunstancias.

“(…).

“Considera la Sala que de estas pruebas se puede concluir que el señor Arturo Miguel Sierra Pérez falleció por electrocución cuando estaba instalando unas lámparas para el alumbrado público en el colegio del municipio de San Marcos.

“Sin embargo, se desconoce la razón por la cual se produjo el hecho, es decir, si se debió a imprudencia de la víctima al manipular los cables eléctricos; o a la falta de su patrono al no suministrarle los elementos de seguridad necesarios para realizar la labor; o si se trató de un caso fortuito; o a una falla del servicio de la empresa que prestaba el servicio de energía por no suspenderlo para realizar la instalación de las lámparas o por no haber adoptado las medidas de orden técnico necesarias para controlar el riesgo que representaba la conducción de energía, de acuerdo con los reglamentos respectivos.

“En estas circunstancias y en aplicación de la teoría del riesgo, que como ya se señaló establece que en los eventos en los cuales se produce un daño como consecuencia de una actividad peligrosa, como lo es la conducción de energía eléctrica, el beneficiario de la actividad debe responder por éste…

“(…).

“En síntesis, por haber intervenido en la producción del daño una actividad peligrosa, como lo es la conducción de energía eléctrica, que en el caso concreto era explotada por la Electrificadora de Sucre, dicha entidad es responsable por haber creado el riesgo y como ésta no acreditó la existencia de una causa extraña como la culpa exclusiva de la víctima o de un tercero, o la fuerza mayor, deberá responder por los daños causados a los demandantes”(23).

Entonces, como en el presente caso el municipio de Roncesvalles fue el creador del riesgo y no demostró la existencia de alguna causa extraña, se impone concluir que las lesiones sufridas por el señor José Antonio Martínez son imputables al mismo; en consecuencia, habrá lugar a revocar la sentencia apelada.

Liquidación de perjuicios

Perjuicios morales

Por las lesiones sufridas por el señor José Antonio Martínez (pérdida de su capacidad laboral del 44.04%) concurrieron al proceso, además de él, Anlly Mileidi Martínez López y José Alejandro Martínez López (en calidad de hijos)(24) y Dany Esther López (en calidad de compañera permanente)(25).

Pues bien, según la jurisprudencia de la Sala, en los eventos en los que una persona resulta lesionada y estas lesiones resultan imputables al Estado, ello puede desencadenar la indemnización de perjuicios morales.

En ese orden de ideas y acatando lo dispuesto en la sentencia de unificación jurisprudencial en materia de reconocimiento y liquidación de perjuicios morales en caso de lesiones, proferida el 28 de agosto de 2014 por la Sección Tercera de esta Corporación(26), se condenará al municipio de Roncesvalles a pagarle al señor José Antonio Martínez y a sus familiares cercanos, por concepto de perjuicios morales, 80 salarios mínimos para cada uno, así:

José Antonio Martínez (lesionado) 80 smlmv

Dany Esther López (compañera permanente) 80 smlmv

Anlly Mileidi Martínez López (hija) 80 smlmv

José Alejandro Martínez López (hijo) 80 smlmv

Perjuicios materiales

Lucro cesante

Aunque no se demostró el valor de los ingresos de señor José Antonio Martínez, advierte la Sala que, para el momento en que sufrió las lesiones, aquél era una persona en edad productiva y, por lo mismo, con capacidad de ejercer una actividad laboral que le permitiera recibir por lo menos un salario mínimo; por tanto, la Sala liquidará el perjuicio material teniendo en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente para la época del accidente (2004), es decir, la suma de $ 358.000, valor que se actualizará a la fecha de esta sentencia, así:

Vp = Vh Índice Final

Índice Inicial

Donde Vp: valor presente de la suma a actualizar.

Vh: valor a actualizar ($ 358.000).

Índice final: índice de precios al consumidor del mes anterior a la fecha de esta sentencia (en este caso se toma el de abril de 2015).

Índice inicial: índice de precios al consumidor, a la fecha de las lesiones, esto es, septiembre de 2004.

Aplicando la fórmula:

Vp = $ 358.000 121,63

79,75

Vp = $ 546.000,50

Como quiera que la actualización arroja un valor inferior al del salario mínimo vigente al momento de esta sentencia, esto es, al de 2015, se tendrá este último ($ 644.350), más el 25% por prestaciones sociales ($ 161.087), esto es, $ 805.437 como ingreso, valor al que se le saca el 44.04%, esto es, la pérdida de la capacidad laboral sufrida por el demandante, para un valor final de $ 354.714,45 como ingreso base de liquidación.

Entonces, el lucro cesante consolidado se calcula desde el momento del daño (sep./2004), hasta el mes anterior al de esta sentencia (abr./2015), esto es, 127 meses.

Así, pues, la liquidación del lucro cesante para la víctima se hará con base en la fórmula:

S = Ra (1+ i)n – 1

i

Donde “Ra” es el ingreso mensual actualizado, “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses indicado anteriormente (127).

Aplicando la fórmula:

S = $ 354.714,45 (1+ 0.004867)127 - 1

0.004867

S= $ 62’141.451,47

El lucro cesante futuro se calcula desde la fecha de esta sentencia (mayo/2015) hasta lo que resta de la vida probable de la víctima al momento del accidente, esto es, de 42,42 años (509,04 meses), menos el lucro cesante consolidado (127 meses), para un total de 382,04 meses.

Para su liquidación, se aplicará la fórmula matemático – actuarial utilizada por la jurisprudencia para el efecto, la cual se expresa en los siguientes términos, donde “i” es una constante y “n” corresponde al período recién mencionado, equivalente a 382,04 meses:

S = Ra (1+ i)n - 1

i (1+ i) n

S = $ 354.714,45 (1+ 0.004867)382,04 - 1

0.004867 (1+ 0.004867) 382,04

S = $ 61’478.831,58

Para un total de $ 123’620.283,05, por concepto de lucro cesante (consolidado y futuro), a favor del señor José Antonio Martínez.

Costas

En consideración a que no se evidencia temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstiene de condenarlas en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Revócase la sentencia del 7 de noviembre de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima. En su lugar:

1. Declárase la responsabilidad patrimonial del municipio de Roncesvalles, por las lesiones que el señor José Antonio Martínez sufrió el 4 de septiembre de 2004, en esa localidad.

2. Condénase al municipio de Roncesvalles a pagar, por concepto de perjuicios morales, los valores que pasan a indicarse a las siguientes personas:

José Antonio Martínez (lesionado) 80 smlmv

Dany Esther López (compañera permanente) 80 smlmv

Anlly Mileidi Martínez López (hija) 80 smlmv

José Alejandro Martínez López (hijo) 80 smlmv

3. Condénase al municipio de Roncesvalles a pagar, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante (consolidad y futuro), la suma de $ 123’620.283,05, a favor del señor José Antonio Martínez.

4. Dése cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Para tal efecto, el Tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

5. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Hernán Andrade Rincón—Carlos Alberto Zambrano Barrera.

1 Folio 20, cuaderno 1.

2 Folio 25, cuaderno 1.

3 Folios 27 y 32, cuaderno 1.

4 Folio 25, cuaderno 1.

5 Folios 1 y 2, cuaderno 2.

6 Folios 17 a 21, cuaderno 2.

7 Folio 98, cuaderno 1.

8 Folio 10, cuaderno 2.

9 Folio 11, cuaderno 2.

10 Folio 12, cuaderno 2.

11 Folio 13, cuaderno 2.

12 Folio 10, cuaderno 2.

13 Folio 11, cuaderno 2.

14 Folio 12, cuaderno 2.

15 Folio 8, cuaderno 2.

16 Folio 10, cuaderno 2.

17 Folio 11, cuaderno 1.

18 Folio 12, cuaderno 2.

19 Folio 13, cuaderno 2.

20 Sentencia del 10 de noviembre de 2005 proferida por la Sección Tercera, Consejo de Estado, expediente 27324.

21 Auto del 10 de junio de 1993 proferido por la Sección Tercera, Consejo de Estado, expediente 8389.

22 Sentencia del 11 de agosto de 2010 de la Sección Tercera, Consejo de Estado, expediente 18499.

23 Sentencia del 15 de agosto de 2002, expediente 14357, M.P. Ricardo Hoyos Duque.

24 Calidades acreditadas con los registros civiles de nacimiento de los mismos, obrantes en folios 99 y 100, cuaderno 1.

25 Calidad acreditada con los testimonios de los señores Leonardo Morales Moncada, Aníbal Castañeda Rodriguez, Jamir Amariles Méndez, Sebastián Villa Morales y María Judith Ballesteros Sánchez, obrantes de folios 8 a 14, cuaderno 2.

26 Expediente 31172, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.