Sentencia 2006-01854 de mayo 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Radicación: 520012331000 2006-01854-01

Número interno: 36.299

3-RD-730-2014

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Demandante: John Jairo Moreno Delgado y otros

Demandado: La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Asunto: Apelación sentencia de reparación directa

Bogotá, D.C., doce de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia del Consejo de Estado.

El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto citado en referencia, comoquiera que se trata de los recursos de apelación presentados contra la sentencia proferida en primera instancia(2) por el Tribunal Administrativo de Nariño.

2. Prelación de fallo(3).

En la actualidad la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al despacho del correspondiente Magistrado Ponente.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en el artículo 16(4), permite decidir sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe solo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el tema objeto de debate dice relación con las lesiones padecidas por el señor John Jairo Moreno Delgado mientras se encontraba prestando su servicio militar obligatorio, como soldado regular.

Respecto del tema antes referido, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en relación con lo cual ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada(5).

3. Ejercicio oportuno de la acción de reparación directa.

Se encuentra que para el presente asunto los hechos que ocasionaron la lesión al señor Jhon Jairo Moreno Delgado ocurrieron el 27 de noviembre de 2005 y, por lo tanto, la demanda se formuló dentro los dos años siguientes al hecho que habría dado origen a la presunta responsabilidad del ente demandado, comoquiera que se presentó el 11 de diciembre de 2006.

4. Material probatorio susceptible de ser valorado.

Dentro de los documentos allegados resulta relevante destacar los siguientes:

— Copia simple, aportada por la entidad demandada, de la historia clínica del señor Jhon Jairo Moreno Delgado, expedida por la dirección de sanidad del Ejército Nacional en la cual se consignó la siguiente información (fls. 1 a 94, cdno. 2).

“... Fecha: Noviembre 28 2005

Hora: 00+05

HC: 15816272

Cuenta: 1720898

Nombre: Jhon Jairo Moreno

Edad: 24 años

Procedente: La Hormiga Putumayo

MC: “Accidente de tránsito”

EA: Paciente con cuadro clínico de 18 horas de evolución de accidente de tránsito siendo pasajero de camión Kodiak, presenta trauma contundente en muslo y pierna derechos con posterior dolor, deformidad severa en pierna y muslo derecho, gran edema y limitación funcional ...”.

“(...).

“... Extremidades: Miembro inferior derecho con deformidad severa y edema en muslo derecho, actitud en abducción y rotación externa. Pierna derecha con edema y deformidad, crepito en tercio distal de la misma, lesión puntiforme en pie con equimosis, perfusión distal adecuada.

“(...).

“... Resumen de historia clínica.

Paciente con cuadro clínico de 17 horas de evolución de accidente de tránsito siendo pasajero de camión Kodiak, presenta trauma contundente en muslo y peroné derechos, con posterior dolor, deformidad severa en pierna, gran edema y limitación funcional...”.

— Dictamen emitido por la junta regional de calificación de invalidez de Nariño, el día 11 de febrero de 2008, por medio del cual se le determinó al señor Jhon Jairo Moreno Delgado un porcentaje del 41.55% como porcentaje de la pérdida de capacidad laboral, según los siguientes términos (fls. 155 y 156, cdno. 1):

“... 4. Antecedentes laborales del calificado

4.1. Antecedentes de exposición laboral

Ocupación: Fuerzas Armadas

Nombre empresaCargoA M
Ejército NacionalSoldado regular0 0

5. Fundamentos de la calificación.

5.1. Relación de documentos.

Epicrisis o resumen de la historia clínicaHistoria clínica
Examen o pruebas paraclínicasValoración por especialistas

5.2. Diagnóstico motivo de calificación.

Otros traumatismos de la pierna - Especificados.

5.3. Exámenes o diagnóstico e interconsultas pertinentes para calificar

Examen

Concepto de ortopedia Hospital Militar Central...”.

“(...).

“7. Porcentaje de la pérdida de capacidad laboral

% Total 41.55...”.

“(...).

“8. Clasificación del origen

Enfermedad: Profesional...”.

— Original del informe técnico médico legal de lesiones no fatales, elaborado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dirección regional suroccidente - Seccional Nariño, sede Pasto, en el cual se consignó (fls 159 y 160, cdno. 1):

“... Examinado hoy 1º de abril de 2008 a las 9:58 horas en primer reconocimiento médico legal. Anamnesis: Refiere que el 27 de noviembre de 2005 sufrió accidente de tránsito, el vehículo automotor en el cual se desplazaba como pasajero, en una misión oficial, se volcó, presentando politraumatismo, hechos sucedidos en La Hormiga Putumayo, recibió atención médica en el Hospital Militar Central de Bogotá durante 20 días, reingresando posteriormente debido a la presencia de convulsiones permaneció hospitalizado durante 15 días. Estudiamos las historias clínicas anexas, una de las cuales vista a folios 80 a 123 y otra sin foliar, se registra el ingreso el 28 de noviembre de 2005 después de sufrir accidente de tránsito, mediante estudios Rx se confirman fracturas de fémur, tibia y peroné derechos, por lo cual se le practicó estabilización de las fracturas con tutores externos, luego osteosíntesis del fémur, presenta como complicaciones una necrosis avascular. Lesión parcial del nervio peroneo y osteomielitis de la cadera con artrosis y acortamiento del miembro inferior derecho y otra complicación de una convulsión febril, por lo cual recibe tratamiento específico con la especialidad respectiva. Dichas lesiones a fecha actual y después de dos años y cuatro meses, se encuentran cicatrizadas. Al examen. Presenta: deambulación con apoyo en un bastón; cicatriz quirúrgica, deprimida, hipercrómica de 14 x 1.5 cms en la cara lateral del muslo derecho, con secreción purulenta debido a una infección ósea denominada osteomielitis; cicatrices irregulares hipercrómicas de 5 x 0.5 cms localizada en la cara lateral del mismo muslo, por debajo de la anterior; en la parte posterior del muslo en su tercio distal, se parecía un abultamiento blando renitente de 11 x 7 cms, que corresponde a un cúmulo de secreción purulenta, cicatriz hipercrómica plana de 5 x 4.5 cms en la cara medial del tercio distal de la pierna derecha, se aprecia asimetría por acotamiento del miembro inferior derecho.

Conclusión: Mecanismo causal: Contundente. Incapacidad médico legal: Definitiva. Ciento cuarenta (140) días. Secuelas legales: Deformidad física que afecta el cuerpo, de carácter permanente: Perturbación funcional del órgano de la locomoción de carácter permanente y perturbación psíquica, de carácter a definir, mediante valoración por psiquiatría forense. La cita deberá solicitarse previamente...” (resaltados y subrayas de la Sala).

— Copia simple, aportada por la entidad demandada, de un documento denominado “Atención de urgencias”, expedido por el Hospital Fronterizo La Dorada el 27 de noviembre de 2005, según el cual (fls. 159 y 160, cdno. 1):

“... Anamnesis, examen físico y evolución

Paciente con cuadro

27-11-2005 5:00

Paciente soldado quien viajaba en camión con compañeros cuando se volcó, sufriendo trauma craneoencefálico sin pérdida de la conciencia sufre además trauma en miembro inferior derecho cuadro de 1 hora de evolución.

IDX: 1. Trauma muslo derecho, posible fractura femoral

2. Fractura abierta tibia derecha.

3. Trauma cráneo encefálico leve”.

— Original de una constancia expedida por el Ejército Nacional, Batallón Especial Energético y Vial 9 “General José María Gaitán, en el cual se plasmó (fl. 177, cdno. 1):

“... Que el señor Moreno Delgado Jhon Jairo C.C. 15816272 fue soldado regular perteneciente al cuarto contingente de 2004 (4-c-2004) orgánico del Batallón Especial Energético y Vial 9, incorporado el 17 de agosto de 2004 y fue licenciado el 11 de agosto de 2006 por termino de servicio militar cumplido” (resaltados y subrayas de la Sala).

— Copia auténtica del acta de la junta médica laboral 19505, expedida por el Ejército Nacional, dirección de sanidad, en la cual se señaló:

“... VI. Conclusiones

A. Diagnóstico positivo de las lesiones o afecciones:

1) Durante actividades del servicio por accidente de tránsito sufre trauma en miembro inferior derecho y cara valorado y tratado quirúrgicamente por ortopedia fisiatría, que deja como secuela: A) acortamiento de 3 cm. B) necrosis avascular de la cadera derecha con artrosis de la misma. C) osteomielitis crónica fémur derecho. D) callo óseo doloroso tibia derecha. E) lesión parcial severa nervio peroneo común miembro inferior derecho.

B. Clasificación de las lesiones o afecciones y calificación de capacidad psicofísica para el servicio.

Invalidez

No apto - para actividad militar.

C. Evaluación de la disminución de la capacidad laboral.

Le produce una disminución de la capacidad laboral del setenta y seis punto sesenta y siete por ciento (76.67%).

D. Imputabilidad del servicio.

Lesión: Ocurrió en el servicio por causa y razón del mismo...”.

— Copia auténtica del informativo administrativo por lesiones personales 28, expedido por el Ejército Nacional, Batallón Plan Especial Energético y Vial 9., el 27 de noviembre de 2005, según el cual (fls. 210, cdno. 1):

“... Concepto del comandante

De acuerdo al informe presentado por el señor SS. Luis Fernando García Valencia Comandante del Pelotón Legionario Especial, el día domingo 27 de noviembre a las 03:40 horas se inicia misión táctica “Palco 2”, en desplazamiento táctico motorizado con línea de partida desde la Base Militar de La Hormiga hasta la vereda El Maizal jurisdicción de La Dorada Putumayo, desde donde se iniciaría una infiltración hasta la vereda El Sábalo lugar que de acuerdo a informaciones se encuentra un grupo de terroristas integrantes de las ONT-FARC.

Siendo aproximadamente las 04:05 horas, al llegar sobre la entrada al casco urbano de La Dorada frente a la cancha de fútbol, el vehículo Kodiak de placas BIB 883 conducido por el SLP. Jiménez Murcia José Alfredo quien se desplazaba en la retaguardia a una velocidad de 30 a 40 Km/, según versión del conductor del vehículo afectado, al tratar de frenar se le bloqueó la dirección, el vehículo intento salirse de la carretera, al parecer, porque la vía se encontraba lisa y al tratar de recobrar el control del vehículo este hizo un trompo quedando en sentido contrario a la dirección en que se movilizaba. En el giro salieron expulsados algunos soldados entre los cuales se encontraba el SLR. Moreno Delgado Jhon Jairo el cual al caer y como consecuencia del golpe sufrió fractura de la pierna derecha y una herida facial, fue atendido inicialmente en el Hospital de La Dorada y posteriormente remitido al hospital del Puerto Asís y de allí al hospital militar.

Circunstancias de la novedad: Imputabilidad: De acuerdo al Decreto 1796 del 2000, artículo 24, literal B la lesión sufrida por el señor SLR. Moreno Delgado Jhon Jairo ocurrió en el servicio por causa y razón del mismo” (resaltados y subrayas de la Sala).

5. Caso concreto.

De conformidad con el material probatorio allegado al proceso se encuentra acreditado el hecho dañoso sufrido por los demandantes, consistente en las lesiones físicas padecidas por el señor Jhon Jairo Moreno Delgado como consecuencia del accidente del cual fue víctima, lo cual le generó una pérdida de la capacidad laboral mientras prestaba su servicio militar obligatorio.

A juicio de la Sala, el aludido daño le resulta atribuible a la entidad demandada, bajo un régimen de daño especial, teniendo en cuenta que para la época de los hechos el señor Jhon Jairo Moreno Delgado era un soldado conscripto, razón por la cual se creó un desequilibrio en las cargas públicas que provino de la imposición legal consistente en la obligación de incorporarse a las Fuerzas Armadas, y fue mientras cumplía con esa carga impuesta que se produjo su lesión.

Al respecto, la Sala reitera la diferencia que existe entre el vínculo que se crea para el Estado frente a los soldados conscriptos y la relación que surge para con los soldados voluntarios o profesionales; en los primeros —soldados conscriptos— el vínculo surge debido al cumplimiento del deber constitucional de defensa de la soberanía y la independencia de las instituciones públicas, el cual no detenta carácter laboral alguno, en tanto que en el caso de los segundos (soldados profesionales) el ligamen se establece en virtud de una relación legal y reglamentaria consolidada a través del correspondiente acto administrativo de nombramiento y la consiguiente posesión del servidor o de la relación contractual creada mediante la suscripción de un contrato laboral.

Por lo tanto, a diferencia de los soldados profesionales, que ingresan en forma voluntaria a las filas del ejército con el fin de prestar un servicio a cambio de una contraprestación y que gozan de una protección integral de carácter salarial y prestacional, los soldados conscriptos se ven impelidos a hacerlo por la imposición de una carga o gravamen especial del Estado. Así pues, los conscriptos no gozan de protección laboral predeterminada frente a los riesgos a los cuales se les somete en cumplimiento de su cometido constitucional, por cuanto la ley tan solo les reconoce algunas “prestaciones”, las cuales de ningún modo pueden catalogarse como laborales y tampoco se asimilan al régimen a for fait previsto por la ley para los soldados profesionales.

Ahora bien en cuanto al título de imputación aplicable a los daños causados a soldados conscriptos, la Sala ha establecido que los mismos pueden ser i) de naturaleza objetiva —tales como el daño especial o el riesgo excepcional—, y ii) por falla del servicio, siempre y cuando de los hechos y de las pruebas allegadas al proceso se encuentre acreditada la misma.

Sobre el particular, la jurisprudencia de la Sección, en reciente oportunidad(6), puntualizó:

“Atendiendo a las condiciones concretas en las que se produjo el hecho, la Sala ha aplicado en la solución de los casos, los distintos regímenes de responsabilidad. Así, ha decidido la responsabilidad del Estado bajo el régimen de daño especial cuando el daño se produjo como consecuencia del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas(7); el de falla probada cuando la irregularidad administrativa produjo el daño y, el de riesgo cuando este proviene o de la realización de actividades peligrosas o de la utilización de artefactos que en su estructura son peligrosos; pero, en todo caso, ha considerado que el daño no será imputable al Estado cuando se haya producido por culpa exclusiva de la víctima, por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un tercero, por rompimiento del nexo causal. En providencia de 2 de marzo de 2000, dijo la Sala:

“... demostrada la existencia de un daño antijurídico causado a quien presta el servicio militar, durante el mismo y en desarrollo de actividades propias de él, puede concluirse que aquel es imputable al Estado. En efecto, dado el carácter especial de esta situación, por las circunstancias antes anotadas, es claro que corresponde al Estado la protección de los obligados a prestar el servicio militar y la asunción de todos los riesgos que se creen como consecuencia de la realización de las diferentes tareas que a ellos se asignen. No será imputable al Estado el daño causado cuando este haya ocurrido por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un tercero o de la víctima, eventos cuya demostración corresponderá a la parte demandada”(8) (resaltados adicionales).

En consecuencia, frente a los perjuicios ocasionados a soldados regulares, en la medida en que su voluntad se ve doblegada por el imperium del Estado, al someterlos a la prestación de un servicio que no es nada distinto a la imposición de una carga o un deber público, resulta claro que la organización estatal debe responder, bien porque frente a ellos el daño provenga de i) un rompimiento de las cargas públicas que no tenga la obligación jurídica de soportar el soldado; ii) de un riesgo excepcional que desborda aquel al cual normalmente estaría sometido, y que puede tener origen en el riesgo de la actividad o en el riesgo de la cosa, o iii) de una falla del servicio, a partir de la cual se produce el resultado perjudicial(9).

Así mismo, en relación con los conscriptos, el principio iura novit curia determina que el juzgador debe verificar si el daño antijurídico resulta imputable o atribuible al Estado con fundamento en uno cualquiera de los títulos de imputación antes mencionados; además, no debe perderse de vista que, en tanto la administración pública imponga el deber de prestar el servicio militar, debe garantizar la integridad psicofísica del soldado en la medida en que se trata de una persona que se encuentra sometida a su custodia y cuidado, pues en determinadas situaciones lo pone en una posición de riesgo, lo cual, en términos de imputabilidad, significa que debe responder por los daños que le sean irrogados en relación con la ejecución de la carga pública.

Respecto de la responsabilidad derivada de las obligaciones de especial sujeción que asume el Estado frente a los conscriptos, esta Sala, en providencia del 15 de octubre del 2008(10), sostuvo:

“Además de lo anterior, se reitera, que el Estado frente a los conscriptos (...) adquiere no solo una posición de garante al doblegar, en ambos casos, su voluntad y disponer de su libertad individual para un fin determinado, sino que de igual manera, el Estado entra en una relación de especial sujeción que lo hace sujeto responsable de los posibles daños que puedan padecer aquellos.

En conclusión, en cada caso concreto en los cuales se invoque la existencia de una causa extraña por parte de la entidad demandada, es necesario analizar los detalles de tiempo, modo y lugar en que se produjo el daño, por cuanto es posible que el Estado haya contribuido co-causalmente a la generación del mismo, específicamente, al situar al conscripto en la situación de riesgo, o bien por una ruptura de la igualdad ante las cargas públicas o por una falla del servicio.

No se puede, por consiguiente, afirmar de manera simple y llana, que la sola constatación de la existencia de una aparente causa extraña como origen o fuente material o fenomenológica, en relación con los daños ocasionados a conscriptos o reclusos, es suficiente para que estos sean considerados como no atribuibles —por acción u omisión— a la administración pública. Se requiere, además, en estos eventos, que la entidad demandada acredite que su actuación no contribuyó en la producción del daño, motivo por el cual no le es imputable fáctica o jurídicamente. Lo puntualizado, en la medida en que es posible que la causa directa, inmediata y material del daño sea la actuación de un tercero o de la propia víctima, pero tal resultado perjudicial tenga una relación mediata con el servicio que estaba desplegando el soldado conscripto, motivo por el cual la entidad no puede desprenderse de su responsabilidad, por cuanto también puede serle endilgable jurídicamente el daño”.

Lo anterior no obsta para que en este tipo de situaciones opere la causa extraña en sus diversas modalidades, como causal exonerativa de responsabilidad, casos en los cuales, como resulta apenas natural, la acreditación de la eximente deberá fundarse en la demostración de todos y cada uno de los elementos constitutivos de la que en cada caso se alegue: fuerza mayor, hecho exclusivo de la víctima o hecho exclusivo de un tercero, según corresponda; por consiguiente, no es procedente afirmar de manera simple y llana que la sola constatación de la existencia de una aparente causa extraña como origen o fuente material o fenomenológica, en relación con los daños ocasionados a soldados conscriptos, resulte suficiente para que estos puedan considerarse como no atribuibles —por acción u omisión(11)— a la administración pública(12).

Al respecto, esta Sala ha establecido:

“De ahí que el demandado inicial no pueda exonerarse parcialmente de responsabilidad, a pesar de que exista un tercero también jurídicamente responsable de indemnizar los perjuicios, pues los dos han concurrido a la causación de los mismos, entendiendo, se insiste, que la anotada concurrencia no significa que físicamente participen los dos, sino que desde el punto de vista de la causalidad adecuada y de la imputabilidad jurídica, tanto el tercero como el demandado sean instrumentos activos y/o jurídicamente llamados a responder por la producción del daño. Cosa distinta es que el demandado que ha pagado la totalidad de la indemnización judicialmente ordenada se subroga, por virtud de la solidaridad misma, en todos los derechos que la víctima directa tendría contra los demás responsables de la causación del daño. En ese orden de ideas, el demandado podrá o mejor, en su condición de entidad pública gestora de los intereses generales, deberá repetir contra el tercero o terceros que han contribuido a producir el daño”(13) (resaltados adicionales).

Así pues, en cada caso concreto en el cual se invoque la existencia de una causa extraña por parte de la entidad demandada, deberán analizarse las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales se hubiere producido el daño, por cuanto es posible que el Estado haya contribuido causalmente a la generación del mismo.

En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que tales eximentes de responsabilidad tengan plenos efectos liberadores respecto de la responsabilidad estatal, resulta necesario que la causa extraña sea la causa exclusiva, esto es única, del daño y que, por tanto, constituya su raíz determinante.

Pues bien, del material probatorio antes relacionado se tiene acreditado que:

— El señor John Jairo Moreno Delgado fue incorporado al Ejército Nacional como soldado regular el día 17 de agosto de 2004 y licenciado el día 11 de agosto de 2006.

— El día 27 de noviembre de 2005 se ordenó el desplazamiento táctico motorizado del pelotón del cual hacía parte el soldado regular John Jairo Moreno Delgado, desde la Base Militar de la Hormiga, hasta la vereda El Maizal, esto con el fin de proteger la vereda el Sábalo, lugar en el cual se tenía información acerca de la presencia de integrantes de las FARC.

— El vehículo en el cual se desplazaban los soldados a cumplir la misión encargada, al tratar de frenar se le bloqueó la dirección, lo cual ocasionó que hiciera un giro y que salieran expulsados algunos de los soldados, entre los cuales se encontraba el hoy demandante John Jairo Moreno Delgado, quien como consecuencia del golpe sufrió fracturas en el fémur, la tibia y el peroné de la pierna derecha, así como una lesión parcial del nervio peroneo y osteomielitis de la cadera con artrosis y acortamiento del miembro inferior derecho, lo cual le ocasionó una pérdida de su capacidad laboral.

En ese orden de ideas, la Sala encuentra acreditada la existencia de un hecho dañoso, así como el nexo causal entre este y la prestación del servicio militar obligatorio por parte del señor John Jairo Moreno Delgado, razón por la cual la entidad demandada resulta administrativa y patrimonialmente responsable por los daños ocasionados a la parte actora.

Finalmente, la Sala no puede pasar por alto el hecho de que en el recurso de apelación la entidad demandada señaló que en el proceso no se acreditó que el vehículo en el cual era transportado la víctima directa del daño era oficial.

Al respecto conviene aclarar que al margen de que no esté probado que el vehículo era oficial, lo que sí está probado es que él era un soldado regular y que al momento en que se ocasionó el daño, él estaba prestando su servicio militar obligatorio.

6. Indemnización de perjuicios.

6.1. Perjuicios morales.

En cuanto a los daños causados por las lesiones que sufre una persona, la Sala reitera que estas dan lugar a la indemnización de perjuicios morales, no obstante que su tasación dependa, en gran medida, de su gravedad y su entidad. En algunas ocasiones las respectivas lesiones no alcanzan a tener una entidad suficiente para alterar el curso normal de la vida o de las labores cotidianas de una persona, de suerte que su indemnización debe ser menor, por manera que la cuantificación de los perjuicios morales que se causen en virtud de unas lesiones personales, la debe definir el juez en cada caso, en forma proporcional al daño sufrido.

Es lo común, lo esperable y comprensible, que los seres humanos sientan tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afecciones cuando ven disminuidas su salud y sus facultades físicas, especialmente cuando la lesión sufrida ocurre como consecuencia de un hecho imprevisible para la víctima.

Ahora bien, la Sala considera importante precisar que en el expediente obra una copia auténtica del acta de la junta médica laboral 19505 expedida por el Ejército Nacional, dirección de sanidad, el día 9 de julio de 2007, en la cual se determinó que las lesiones ocasionadas al señor John Jairo Moreno Delgado le produjeron una disminución de su capacidad laboral del 76.67%, así como un dictamen pericial elaborado por la junta regional de calificación de invalidez de Nariño, en el cual se estableció que el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral de la víctima directa del daño era de un 41.55%.

Al respecto, resulta necesario señalar que la Sala acogerá el porcentaje de disminución de la pérdida laboral que determinó la junta regional de calificación de invalidez de Nariño, por cuanto este fue solicitado por la propia parte demandante como prueba en el libelo introductorio, con el fin de que “determinen en forma exacta el grado de incapacidad laboral que en la actualidad presente dicho joven. También informen previo examen físico y mental como se produjo dicha lesión, si la lesión produjo algún tipo de incapacidad laboral en qué porcentaje”.

A lo anterior se añade que la referida prueba pericial se practicó con todos los requisitos que establece la ley para su validez, esto es se decretó en el auto de pruebas (fl. 68, cdno. 1), y se corrió traslado del mismo (fl. 162, cdno. 1) sin que hubiere sido objeto de solicitud alguna de aclaración, adición u objeción por parte de los sujetos procesales intervinientes en este proceso.

Dicho peritazgo se realizó con base en el historial clínico del paciente, el tiempo que transcurrió desde el hecho dañoso hasta cuando se practicó la prueba, razón por la cual lleva a establecer en realidad cuál fue el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral de la víctima directa del daño.

Así mismo, cabe resaltar que el dictamen elaborado por la junta regional de calificación de invalidez de Nariño, se practicó cuando la víctima directa del daño pudo recuperar su salud y transcurrido un tiempo en donde la persona ha ido mejorando y mostrando una superación de sus deficiencias; en ese sentido éste dictamen está llamado a marcar la pauta y a determinar con mayor exactitud cuánto fue en realidad la disminución de la capacidad laboral de la víctima directa del daño.

De conformidad con lo anterior, en el proceso se acreditó que el señor John Jairo Moreno Delgado sufrió fracturas en el fémur, la tibia y el peroné de la pierna derecha, así como una lesión parcial del nervio peroneo y osteomielitis de la cadera con artrosis y acortamiento del miembro inferior derecho, lo cual le produjo una pérdida de su capacidad laboral del 41.55%, razón por la cual se encuentra probado el perjuicio moral padecido por la víctima directa del daño y, por lo tanto, se le reconocerá una indemnización equivalente a 85 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Ahora bien, respecto del grupo familiar que demandó por la incapacidad laboral del señor John Jairo Moreno Delgado, integrado por sus padres y hermanos, se allegaron los siguientes medios de prueba: i) copia auténtica de los registros civiles de nacimiento de los actores Julián Andrés Moreno Delgado, Sergio Alberto Moreno Delgado, José Luis Moreno Delgado, Johana Marcela Moreno Delgado, Juan Carlos Moreno Delgado y Denis Sair Moreno Delgado (hermanos) y ii) copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor John Jairo Moreno Delgado, el cual demuestra que es hijo de los también demandantes José Marino Moreno Zamudio y Luz Mireya Delgado Castillo (fls. 22 a 28, cdno. 1, respectivamente).

En consecuencia, se encuentra acreditado el parentesco de los mencionados actores para con la víctima directa del daño, en su condición padres y hermanos, razón por la cual cuentan con legitimación en causa por activa y además son beneficiarios de la indemnización —a título de perjuicios morales— por la lesión ocasionada a su ser querido.

Así las cosas, se modificará en este punto la sentencia de primera instancia y se les reconocerá o los actores José Marino Moreno Zamudio y Luz Mireya Delgado Castillo (padres), un monto equivalente a 85 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos y para los señores Julián Andrés Moreno Delgado, Sergio Alberto Moreno Delgado, José Luis Moreno Delgado, Johana Marcela Moreno Delgado, Juan Carlos Moreno Delgado y Denis Sair Moreno Delgado (hermanos), la suma equivalente a veintitrés punto cinco (42.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno.

6.2. Perjuicios materiales.

6.2.1. Lucro cesante.

El tribunal de primera instancia condenó en abstracto a la entidad demandada a pagar al ahora demandante por concepto de lucro cesante consolidado y futuro, una suma de dinero equivalente a la disminución del 76.78% de su capacidad laboral, liquidación realizada a partir del salario mínimo legal mensual vigente para el 11 de agosto de 2006, cuando el demandante fue licenciado del Ejército Nacional por finalización del servicio militar, multiplicado por su esperanza de vida, de acuerdo con las tablas de la autoridad competente.

Al respecto conviene precisar que la Subsección cuenta con competencia amplia para resolver el presente asunto por cuanto las dos partes intervinientes en este proceso presentaron recurso de apelación; en ese sentido se modificará la sentencia de primera instancia y se condenará en concreto a la entidad demandada, por cuanto en el expediente existen los elementos suficientes para cuantificar el perjuicio ocasionado en la modalidad de lucro cesante a favor de la víctima directa del daño.

En efecto, se encuentra demostrado, con fundamento en los testimonios de los señores Upercio Minda Castillo, Jorge Narváez Moreno, Jhon Ener Córdoba Castillo y Jorge Narváez Moreno, que el señor Moreno Delgado desarrollaba actividades productivas relacionadas con la agricultura.

Indemnización debida o consolidada:

Se tomará como base el salario mínimo legal vigente para la época en la cual el señor John Jairo Moreno Delgado terminó la prestación de su servicio militar obligatorio, sin perjuicio de adoptar el del presente año 2014, siempre que el primero resulte inferior —una vez actualizado a valor presente— al salario mínimo vigente al año 2014, por razones de equidad(14).

FS2006-01854
 

Toda vez que el valor actualizado es inferior al salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de esta providencia, se liquidará el lucro cesante con aplicación de esta última suma ($ 616.000), previo incremento del 25% ($ 154.000), por concepto del factor prestacional, lo que determina un ingreso base de liquidación de: $ 770.000; la incapacidad que se le dictaminó al actor fue de 41.55%, razón por la cual el salario base de liquidación es de $ 319.935 (Ra).

En donde:

FS22006-01854
 

S = Es la indemnización a obtener;

Ra = En este caso corresponde al salario mínimo legal mensual vigente al año 2006(15).

Entonces:

Ra = $ 319.935.

I = Interés puro o técnico: 0.004867

N = Número de meses que comprende el período indemnizable(16).

FS32006-01854
 

S = $ 38.422.806.

Total indemnización debida = $ 38.422.806

Indemnización futura:

Para la fecha de ocurrencia de los hechos, el demandante tenía 24 años de edad y, por ende, una probabilidad de vida adicional de 55.1 años(17), equivalentes a 661.2 meses, de los cuales se descontará el período consolidado (94.8 meses), lo cual arroja un total de 566.4 meses.

La indemnización futura se calculará con base en la siguiente fórmula:

FS42006-01854
 

En donde:

S = Es la indemnización a obtener

Ra = $ 319.935

I = Interés puro o técnico: 0.004867

Reemplazando, se tiene que:

FS52006-01854
 

S = $ 61.533.156

Total indemnización futura = $ 61.533.156

Total perjuicios materiales: $ 99.955.962

Así las cosas se modificará la sentencia de primera instancia y se reconocerá por lucro cesante, a favor del señor John Jairo Moreno Delgado, la suma de $ 99.955.962.

6.2.2. Daño emergente.

Comoquiera que en la demanda no se solicitó la indemnización por tal concepto, no se realizará pronunciamiento alguno al respecto.

6.3. Daño a la salud.

Al respecto resulta necesario precisar que mediante sentencia del 19 de julio de 2000 se reformuló el concepto de daño fisiológico por el de daño a la vida de relación, oportunidad en la cual se sostuvo:

“[E]l daño extrapatrimonial denominado en los fallos mencionados “daño a la vida de relación”, corresponde a un concepto mucho más comprensivo, por lo cual resulta ciertamente inadecuado el uso de la expresión perjuicio fisiológico, que, en realidad, no podría ser sinónima de aquella, ni siquiera en los casos en que este daño extrapatrimonial —distinto del moral— es consecuencia de una lesión física o corporal. Por esta razón, debe la Sala desechar definitivamente su utilización. En efecto, el perjuicio aludido no consiste en la lesión en sí misma, sino en las consecuencias que, en razón de ella, se producen en la vida de relación de quien la sufre(18) (resaltados adicionales).

Más adelante, según lo refleja la sentencia proferida el 15 de agosto de 2007(19), la Sala abandonó dicha denominación y se refirió al perjuicio por la alteración grave de las condiciones de existencia, en los siguientes términos:

“En esta oportunidad la Sala aprovecha para, en aras de precisión y rigor en la nomenclatura, dejar de lado el nomen que hasta ahora se ha venido utilizando —en ocasiones de manera inadecuada o excesiva— para acudir al concepto de daño por alteración grave de las condiciones de existencia, el cual ofrece mayor amplitud que el anterior y abarca no solo la relación de la víctima con el mundo exterior, sino, de manera más general, esos cambios bruscos y relevantes a las condiciones de una persona en cuanto tal y como expresión de la libertad y el albedrío atributos esenciales a la dignidad humana principio fundante del Estado social de derecho colombiano y de su ordenamiento jurídico, según consagra el artículo 1º de la Constitución Política.

En la citada sentencia del 19 de julio de 2000 se dijo, refiriéndose al daño a la vida de relación social que “[p]ara designar este tipo de perjuicio, ha acudido la jurisprudencia administrativa francesa a la expresión alteración de las condiciones de existencia, que, en principio y por lo expresado anteriormente, parecería más afortunada. No obstante, considera la Sala que su utilización puede ser equívoca, en la medida en que, en estricto sentido, cualquier perjuicio implica, en sí mismo, alteraciones en las condiciones de existencia de una persona, ya sea que estas se ubiquen en su patrimonio económico o por fuera de él”.

Resulta ahora pertinente recoger estos planteamientos para señalar que si bien es cierto que la expresión relativa a la alteración de las condiciones de existencia resulta ser más compresiva y adecuada, mal podría pensarse, desde la perspectiva de la responsabilidad del Estado, que todo perjuicio, de cualquier carácter y magnitud, comporte necesaria y automáticamente una alteración a las condiciones de existencia jurídicamente relevante.

Sobre el particular la doctrina ha señalado, precisamente, que “para que se estructure en forma autónoma el perjuicio de alteración de las condiciones de existencia, se requerirá de una connotación calificada en la vida del sujeto, que en verdad modifique en modo superlativo sus condiciones habituales, en aspectos significativos de la normalidad que el individuo llevaba y que evidencien efectivamente un trastocamiento de los roles cotidianos, a efectos de que la alteración sea entitativa de un perjuicio autónomo, pues no cualquier modificación o incomodidad sin solución de continuidad podría llegar a configurar este perjuicio, se requiere que el mismos tenga significado, sentido y afectación en la vida de quien lo padece”(20).

Por su parte, en la doctrina francesa se ha considerado que los llamados troubles dans les conditions d’éxistence(21) pueden entenderse como “una modificación anormal del curso de la existencia del demandante, en sus ocupaciones, en sus hábitos o en sus proyectos”(22) o “las modificaciones aportadas al modo de vida de los demandantes por fuera del mismo daño material y del dolor moral”(23).

El reconocimiento de indemnización por concepto del daño por alteración grave de las condiciones de existencia es un rubro del daño inmaterial —que resulta ser plenamente compatible con el reconocimiento del daño moral—, que, desde luego, debe acreditarse en el curso del proceso por quien lo alega y que no se produce por cualquier variación menor, natural o normal de las condiciones de existencia, sino que, por el contrario, solamente se verifica cuando se presenta una alteración anormal y, por supuesto, negativa de tales condiciones”.

Tal como se analizó anteriormente, la Sala había considerado que cuando se trata de lesiones que producen alteraciones físicas que afectan la calidad de vida de las personas, éstas tienen derecho al reconocimiento de una indemnización adicional a la que se reconoce por el perjuicio moral; es decir, el reconocimiento de esta clase de perjuicios no debe limitarse a los casos de lesiones corporales que producen alteraciones orgánicas, sino que debe extenderse a todas las situaciones que alteran de manera grave las condiciones habituales o de existencia de las personas(24).

Finalmente, la Sala cambió de nuevo la denominación de dicho perjuicio por el de daño a la salud, tal y como lo señaló mediante la providencia de 14 de septiembre de 2011, en la cual se puntualizó lo siguiente:

“Se adopta el concepto de daño a la salud, como perjuicio inmaterial diferente al moral que puede ser solicitado y decretado en los casos en que el daño provenga de una lesión corporal, puesto que el mismo no está encaminado al restablecimiento de la pérdida patrimonial, ni a la compensación por la aflicción o el padecimiento que se genera con aquel, sino que está dirigido a resarcir económicamente —comoquiera que empíricamente es imposible— una lesión o alteración a la unidad corporal de la persona, esto es, la afectación del derecho a la salud del individuo”(25).

En el presente caso, se reitera, el actor resultó lesionado como consecuencia de la prestación de su servicio militar obligatorio, lesión que le produjo una incapacidad laboral del 41.55%, lo cual evidencia que sufrió un daño a la salud y, por lo tanto, se modificará la sentencia de primera instancia y se reconocerá a favor del señor John Jairo Moreno Delgado el equivalente a 81 SMLMV.

7. Condena en costas.

Comoquiera que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Modificase el numeral segundo de la sentencia recurrida, esto es la dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño, el día 26 de septiembre de 2008, el cual quedará así:

“SEGUNDO: CONDENAR, como consecuencia de la declaración anterior, a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, a pagar a los demandantes o a quien sus intereses represente, a título de indemnización las siguientes cantidades de dinero:

Por perjuicios morales.

A favor del lesionado Jhon Jairo Moreno Delgado una suma de dinero equivalente a 81 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la ejecutoria del presente fallo.

A favor de los señores José Moreno Samudio y Luz Mireya Delgado Castillo, en calidad de padres del lesionado, para cada uno, una suma de dinero equivalente a 81 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la ejecutoria del presente fallo.

A favor de cada uno de los señores Denis Sair Moreno Delgado, Juan Carlos Moreno Delgado, Johana Marcela Moreno Delgado, José Luis Moreno Delgado, Sergio Alberto Moreno Delgado y Julian Andrés Moreno Delgado, en calidad de hermanos menores del lesionado, una suma de dinero equivalente a 40.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la ejecutoria del presente fallo.

Perjuicios materiales

Lucro cesante

A favor del señor Jhon Jairo Moreno Delgado, como indemnización por concepto de lucro cesante consolidado y futuro la suma de $ 99.955.962.

Daño a la salud

A favor del señor Jhon Jairo Moreno Delgado, como indemnizado por concepto de perjuicio fisiológico o a la vida de relación, una suma de dinero equivalente a 81 salarios mínimos legales vigentes a la ejecutoria del presente fallo.

2. CONFIRMAR en lo demás, el fallo apelado.

3. Sin condena en costas.

4. CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

5. EXPÍDANSE a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

6. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente a su tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) La cuantía del proceso supera la exigida para que esta corporación pueda conocer en segunda instancia de un proceso de reparación directa, de conformidad con el Decreto 597 de 1988, teniendo en cuenta que la demanda se presentó en el año 2000 y la cuantía del proceso se estimó en la suma equivalente a 550 SMLMV.

(3) De conformidad con el acta de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado 9 del 25 de abril de 2013.

(4) “ART. 16.—Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996 el siguiente:

“ART. 63A.—Del orden y prelación de turnos. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible>.

“(...).

“Igualmente, las salas o secciones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura podrán determinar motivadamente los asuntos que por carecer de antecedentes jurisprudenciales, su solución sea de interés público o pueda tener repercusión colectiva, para que los respectivos procesos sean tramitados de manera preferente.

Los recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, cuya resolución íntegra entrañe solo la reiteración de jurisprudencia, podrán ser decididos anticipadamente sin sujeción al orden cronológico de turnos.

“Las salas especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las salas o las secciones del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; las salas de los tribunales superiores y de los tribunales contencioso-administrativos de distrito podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia; para el efecto, mediante acuerdo, fijarán periódicamente los temas bajo los cuales se agruparán los procesos y señalarán, mediante aviso, las fechas de las sesiones de la Sala en las que se asumirá el respectivo estudio” (resaltados y subrayas fuera del texto original).

(5) En este sentido, para solo mencionar algunos, la Sala ha proferido los siguientes fallos, de reciente expedición, en relación con los cuales se ha consolidado la Jurisprudencia actual en cuanto a los presupuestos necesarios para que se configure la responsabilidad del Estado por los daños causados a los conscriptos:

— Subsección A: Sentencia del 15 de septiembre de 2011, Expediente 20196, M.P. Hernán Andrade Rincón; Sentencia del 28 de julio de 2011, Expediente 27741, M.P. Hernán Andrade Rincón; sentencia del 21 de febrero de 2011, Expediente 16484, M.P. Gladys Agudelo Ordoñez; sentencia del 26 de mayo de 2011, Expediente 38152; sentencia del 7 de marzo de 2012, Expediente 23116.

— Subsección B: Sentencia del 9 de abril de 2012, Expediente 20532, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo; sentencia del 29 de marzo de 2012, Expediente 21978, M.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia del 12 de abril de 2012, Expediente 22537, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo; sentencia del 10 de marzo de 2011, Expediente 19159, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

— Subsección C: Sentencia de septiembre 14 de 2011, Expediente 19031, M.P. Enrique Gil Botero; sentencia del 1º de febrero de 2012, Expediente 20131, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz; sentencia del 14 de septiembre de 2011, Expediente 38222, M.P. Enrique Gil Botero; sentencia del 27 de febrero de 2013, Expediente 25334, M.P. Jaime Orlando Santofimio.

(6) Al respecto, consultar por ejemplo, Consejo de Estado, S.C.a., Sección Tercera, sentencias del 30 de julio de 2008, Expediente 18725, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y del 15 de octubre de 2008, Expediente 18586, C.P. Enrique Gil Botero.

(7) En sentencia de 10 de agosto de 2005, Expediente 16205, la Sala al resolver la demanda instaurada con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios causados por las lesiones sufridas por un soldado, quien en cumplimiento de la orden proferida por su superior jerárquico, de realizar un registro de área en horas de la noche, al saltar un caño se cayó y golpeó contra una piedra, consideró: “... la causación de los daños material, moral y a la vida de relación tienen sustento, en este proceso, en el actuar de la administración de sometimiento del soldado conscripto a una carga mayor a la que estaba obligado a soportar, cuando en el cumplimiento de la misión conferida a él por el Comandante del Escuadrón B de Contraguerrillas de registro del área general del municipio de Paz de Ariporo dentro del servicio y con ocasión de él, se tropezó cayendo contra la maleza, lesionándose el ojo derecho”.

(8) Expediente 11401.

(9) Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, sentencia del 15 de octubre de 2008, Expediente 18586, C.P. Enrique Gil Botero.

(10) Ibídem.

(11) Si se tiene en cuenta que la comprensión mayoritaria —aunque deba darse cuenta de la existencia de pareceres discrepantes— niega que las omisiones puedan ser causa, en un sentido estrictamente naturalístico u ontológico, de un resultado, como lo han señalado, por vía de ejemplo, Mir Puig y Jescheck, de la siguiente manera: ― resulta imposible sostener que un resultado positivo pueda haber sido causado, en el sentido de las ciencias de la naturaleza, por un puro no hacer (ex nihilo nihil fit) ‖ (énfasis en el texto original), sostiene aquel; ― La causalidad, como categoría del ser, requiere una fuente real de energía que sea capaz de conllevar un despliegue de fuerzas, y ello falta precisamente en la omisión (― ex nihilo nihil fit) ‖, afirma este. Cfr. Mir Puig, Santiago, Derecho Penal. Parte General, 5ª edición, Reppertor, Barcelona, 1998, p. 318 y Jescheck, Hans-Heinrich, Tratado de Derecho Penal. Parte General, Bosch, Barcelona, 1981, p. 852, Apud Mir Puigpelat, Oriol, La responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria, cit., pp. 241-242.

Sin embargo, la tantas veces aludida distinción categorial entre causalidad e imputación permite explicar, precisamente, de forma mucho más coherente que si no se parte de la anotada diferenciación, la naturaleza del razonamiento que está llamado a efectuar el juez de lo contencioso administrativo cuando se le llama a dilucidar si la responsabilidad del Estado debe quedar comprometida como secuela no ya de una actuación positiva, sino como consecuencia de una omisión de la entidad demandada, pues aunque se admita que dicha conducta omisiva fenomenológicamente no puede dar lugar a la producción de un resultado positivo —de un daño—, ello no significa, automáticamente, que no pueda generar responsabilidad extracontractual que deba ser asumida por el omitente. Pero esa cuestión constituirá un asunto no de causalidad, sino de imputación.

Y es que en los eventos en los cuales la conducta examinada es una acción, para que proceda la declaratoria de responsabilidad resulta menester que exista relación de causalidad entre ella y el resultado, lo cual no es suficiente porque debe añadirse que este sea jurídicamente atribuible o imputable a aquella; pero, como señala Mir Puigpelat.

“... cuando la conducta es, en cambio, una omisión, la relación de causalidad no es solo insuficiente, sino, incluso, innecesaria (...). Y existirá imputación del resultado cuando el omitente tenía el deber jurídico de evitar el resultado lesivo, poseyendo la acción —debida— omitida capacidad para evitarlo. En el momento de comprobar esta última cuestión (la capacidad evitadora de la acción omitida) se examina si existe relación de causalidad entre la acción omitida y el resultado producido. Pero obsérvese bien: no es una relación de causalidad entre la omisión y el resultado, sino entre la acción (que, a diferencia de la omisión, sí tiene eficacia causal) no realizada y el resultado; y, además, es una causalidad meramente hipotética, entre una acción imaginada que no ha llegado a producirse y un resultado efectivamente acontecido. Los problemas fundamentales que se plantean, pues, en sede de omisión (y que son problemas de imputación), son la determinación de cuándo existe el deber jurídico de evitar el resultado (en definitiva, la determinación de cuándo se encuentra la administración en posición de garante de la víctima) y la concreción del grado de capacidad evitadora del resultado que exigimos a la acción omitida, partiendo de valoraciones normativas, para imputar el resultado a la omisión”. Cfr. Mir Puigpelat, Oriol, La responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria, cit., pp. 242-244.

(12) Sentencia del 15 de octubre de 2008. Expediente 18586, M.P. Enrique Gil Botero.

(13) Sentencia de 26 de marzo de 2008, Expediente 16530.

(14) Ver sentencia de 7 de abril de 2011, Expediente 19.256, entre muchas otras decisiones.

(15) Dado que el resultado de actualizar a valor presente el salario mínimo legal vigente para el año 2006 ($ 408.000) arroja una cifra inferior ($ 543.003) a la del salario mínimo legal vigente para 2014 ($ 616.000), habrá de adoptarse este último como base para calcular la renta actualizada.

(16) Desde la fecha en que el señor John Jairo Moreno delgado terminó la prestación de su servicio militar (ago./2006) hasta la fecha de la presente sentencia (mayo/2014).

(17) Resolución 1555 del 30 de julio de 2010, proferida por la Superintendencia Financiera.

(18) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2000, Expediente 11.842, M.P. Alier Hernández.

(19) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia AG-385 de agosto 15 de 2007, actor: Antonio María Ordóñez Sandoval.

(20) Gil Botero, Enrique. Temas de responsabilidad extracontractual del Estado, Ed. Comlibros, Tercera Edición, 2006, p. 98.

(21) Navia Arroyo Felipe. Del daño moral al daño fisiológico, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2000, p. 78.

(22) Chapus René. Responsabilité publique et responsabilité privée. Les influences réciproques des jurisprudences administrative et judicial, citado por Juan Carlos Henao, El Daño, análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en Derecho colombiano y francés, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, p. 252.

(23) Paillet Michel. La Responsabilidad Administrativa, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2001, o. 278.

(24) Cf. Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia de 1º de noviembre de 2007, expediente 16.407, reiterada recientemente en la sentencia del 13 febrero de 2013; Expediente 26.030.

(25) Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia de 14 de septiembre 2011, Expediente 19.031, M.P. Enrique Gil Botero.