Sentencia 2006-01860/48621 de julio 7 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 25000-23-26-000-2006-01860-01(48621)

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Sánchez Luque

Actor: Jorge Eliécer Corredor Wilches

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Referencia: Acción de reparación directa (apelación sentencia)

Temas: Copias simples-Valor probatorio. Privación de la libertad por preclusión de la investigación por in dubio pro reo-Daño especial. Perjuicios morales-Aplicación de criterios de sentencias de unificación. Perjuicio moral-Se infiere del vínculo parental o marital. Daño emergente-Pago de honorarios de abogado defensor. Daño a la vida de relación-Se niega porque no fue pedido en la demanda sino en los alegatos de conclusión

Bogotá, D.C., siete de julio de dos mil dieciséis.

La Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, de acuerdo con la prelación dispuesta en sesión de 25 de abril de 2013(1), decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia del 29 de mayo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró la falta de legitimación en la causa por activa de Jorge Alexander Corredor Valderrama y negó las pretensiones de la demanda.

Síntesis del caso

El demandante fue detenido preventivamente sindicado del delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes y se decretó la preclusión de la investigación en aplicación del principio de in dubio pro reo. Califica la privación de la libertad de injusta.

Antecedentes

I. Lo que se demanda

El 16 de agosto de 2006 Jorge Eliécer Corredor Wilches, Nury Valderrama Meneses, Yuli Carolina Corredor Valderrama, Jorge Alexander Corredor Valderrama, Wilfran Eliécer Corredor Valderrama, en su nombre y en representación de la menor María Fernanda Corredor Castillo; Diógenes Corredor, Marco Aurelio Corredor Wilches, Eduardo Corredor Wilches, Luz Marina Corredor Wilches, Myriam Sthella Corredor Wilches, Franklin Eduardo Corredor Wilches, Edgar Enrique Corredor Wilches, Héctor Corredor Wilches, William Corredor Wilches y Henry Corredor, formularon demanda de reparación directa contra la Nación-Fiscalía General de la Nación para que se le declarara patrimonialmente responsable de los perjuicios sufridos con ocasión de la privación de la libertad de Jorge Eliécer Corredor Wilches, entre el 28 de septiembre de 2004 y el 16 de marzo de 2005.

Solicitaron 1.000 SMLMV para cada uno de los demandantes, por perjuicios morales; $ 3.438.355 por lo dejado de percibir durante el tiempo de la detención por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante y $ 3.000.000 por los honorarios pagados al abogado que lo asistió en el proceso penal, en la modalidad de daño emergente.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que Jorge Eliécer Corredor fue capturado cuando se desempeñaba como guardián de la Cárcel Distrital de Bogotá sindicado de tráfico y porte de estupefacientes agravado y la fiscalía delegada ante los jueces penales del circuito de Bogotá dictó en su contra medida de aseguramiento de detención preventiva.

Adujo que como la fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá revocó la medida de aseguramiento y precluyó la investigación, se le causó un daño antijurídico por la injusta y prolongada detención.

II. Trámite procesal

El 21 de noviembre de 2006 se admitió la demanda y se ordenó su notificación a las entidades demandadas y al Ministerio Público. En el escrito de contestación de la demanda, la Nación-Fiscalía General de la Nación, al oponerse a las pretensiones, señaló que durante la investigación no se presentaron irregularidades y que como la medida de aseguramiento fue revocada en virtud del principio de in dubio pro reo, no se puede afirmar que la detención fue injusta.

El 13 de julio de 2009 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. La parte demandante reiteró lo expuesto y solicitó adicionalmente los perjuicios a la vida de relación pues a pesar de no haberlos solicitado en la demanda, se causaron. La Nación-Fiscalía General de la Nación reiteró lo expuesto.

El Ministerio Público conceptuó que la privación de la libertad no fue injusta porque obedeció a serios indicios que en su momento se establecieron en su contra y se ajustó a los presupuestos legales para imponer la medida de aseguramiento.

El 29 de mayo de 2012, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió la sentencia impugnada, en la que negó las pretensiones de la demanda porque se demostró que la resolución que impuso medida de aseguramiento se basó en los indicios establecidos en la ley y las actuaciones de la fiscalía fueron conformes a derecho.

La parte demandante interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 1º de agosto de 2013 y admitido el 26 de septiembre de 2013.

El recurrente esgrimió que la fiscalía cometió un error al dictar la medida de aseguramiento y la resolución de acusación por cuanto no valoró correctamente las pruebas que obraban en el proceso. Agregó que la legitimación en la causa por activa de Jorge Alexander Corredor Valderrama estaba acreditada.

El 24 de octubre de 2013 se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. Las partes reiteraron lo expuesto y el Ministerio Público guardó silencio.

Consideraciones

I. Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal, según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006.

El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996(2).

Acción procedente

2. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, tal y como ocurre en este caso que se refiere a hechos imputables a la administración de justicia (C.N., art. 90 y CCA, art. 86).

Caducidad

3. El término para formular pretensiones, en sede de reparación directa, de conformidad con el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo es de 2 años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, la omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

En los eventos de privación injusta de la libertad, la Sección Tercera ha sostenido que el cómputo de la caducidad inicia a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia absolutoria, pues solo a partir de ese momento la víctima tiene conocimiento de la antijuricidad del daño(3).

La demanda se interpuso en tiempo —ago. 16/2006— porque el demandante tuvo conocimiento de la antijuricidad del daño reclamado desde el 11 de marzo de 2005, fecha en que quedó en firme la resolución de preclusión de la investigación a su favor(4).

Legitimación en la causa

4. Jorge Eliécer Corredor Wilches, Nury Valderrama Meneses, Yuli Carolina Corredor Valderrama, Jorge Alexander Corredor Valderrama, Wilfran Eliécer Corredor Valderrama, María Fernanda Corredor Castillo; Diógenes Corredor, Marco Aurelio Corredor Wilches, Eduardo Corredor Wilches, Luz Marina Corredor Wilches, Myriam Sthella Corredor Wilches, Franklin Eduardo Corredor Wilches, Edgar Enrique Corredor Wilches, Héctor Corredor Wilches, William Corredor Wilches y Henry Corredor Wilches son las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, ya que el primero es el sujeto pasivo de la investigación penal y los demás conforman su núcleo familiar.

El tribunal declaró la falta de legitimación en la causa por activa de Jorge Alexander Corredor Valderrama, al estimar que no se acreditó su condición de perjudicado.

La Sala revocará esta decisión pues el señor Corredor Valderrama sí demostró su calidad de perjudicado, con copia auténtica de su registro civil de nacimiento que da cuenta que actúa en calidad de hijo de Jorge Eliécer Corredor Wilches (fl. 105, cdno. 1) y además el tribunal de primera instancia lo reconoció como parte demandante mediante providencia de 20 de marzo de 2007 (fls. 107-108, cdno. 1).

La Nación-Fiscalía General de la Nación está legitimada en la causa por pasiva, pues fue la entidad encargada de la investigación del señor Jorge Eliécer Corredor Wilches en el proceso penal que se le siguió.

II. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la preclusión de la investigación con fundamento en el principio del in dubio pro reo, torna en injusta la privación de la libertad.

III. Análisis de la Sala

Hechos probados

5. Las copias simples serán valoradas, toda vez que la Sección Tercera de esta corporación, en fallo de unificación(5), consideró que tenían mérito probatorio.

6. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

6.1. El 10 de septiembre de 2004, la unidad de reacción inmediata de la fiscalía seccional 279 abrió investigación penal en contra de Jorge Eliécer Corredor Wilches por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, según da cuenta copia auténtica de dicha providencia (fl. 71, cdno. 3).

6.2. El 21 de septiembre de 2004, la fiscalía seccional 266 definió la situación jurídica de Jorge Eliécer Corredor Wilches y decretó medida de aseguramiento de detención preventiva, por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, según da cuenta copia auténtica de dicha providencia (fls. 18-21, cdno. 2). Esta decisión fue confirmada por la misma fiscalía al conocer del recurso de reposición, según da cuenta copia auténtica de la providencia de 14 de octubre de 2004 (fls. 44-48, cdno. 2) y por la fiscalía delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al conocer del recurso de apelación, según da cuenta copia auténtica de la providencia de 29 de noviembre de 2004 (fls. 49-54, cdno. 2).

6.3. El 28 de septiembre de 2004, el señor Corredor fue capturado según dan cuenta el acta de derechos del capturado de la unidad de vida e integridad personal de la dirección seccional del cuerpo técnico de investigación de la fiscalía (fl. 120, cdno. 3) y el certificado original expedido por la directora seccional CTI de Bogotá conforme al cual Jorge Eliécer Corredor Wilches ingresó esa fecha a la sala de paso del CTI de Bogotá (fl. 170, cdno. 2).

6.4. El 8 de octubre de 2004, el señor Corredor fue recluido en el establecimiento carcelario de Chiquinquirá, según da cuenta el certificado original, expedido por el director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Chiquinquirá (fl. 156, cdno. 2).

6.5. El 27 de diciembre de 2004, la fiscalía seccional 266 calificó el mérito del sumario y profirió resolución de acusación en contra de Jorge Eliécer Corredor Wilches por el mismo delito, según da cuenta copia auténtica de dicha providencia (fls. 88-93, cdno. 2).

6.6. El 11 de marzo de 2005, la fiscalía delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al conocer del recurso de apelación en contra de la providencia que profirió resolución de acusación, revocó la medida de aseguramiento y precluyó la investigación, según da cuenta copia auténtica de dicha providencia (fls. 102-115, cdno. 2).

6.7. El 16 de marzo de 2005 el señor Corredor fue puesto en libertad, según da cuenta el certificado original expedido por el director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Chiquinquirá (fl. 156, cdno. 2).

6.8. Jorge Eliécer Corredor Wilches es cónyuge de Nury Valderrama Meneses; padre de Yuli Carolina Corredor Valderrama, Jorge Alexander Corredor Valderrama y Wilfran Eliécer Corredor Valderrama; abuelo de María Fernanda Corredor Castillo; hijo de Diógenes Corredor; hermano de Marco Aurelio Corredor Wilches, Eduardo Corredor Wilches, Luz Marina Corredor Wilches, Myriam Sthella Corredor Wilches, Franklin Eduardo Corredor Wilches, Edgar Enrique Corredor Wilches, Héctor Corredor Wilches, William Corredor Wilches y Henry Corredor Wilches, según dan cuenta copia auténtica de los registros civiles de matrimonio y de nacimiento allegados al proceso (fls. 84-95 y 105, cdno. 1 y fls. 7 y 16, cdno. 2).

La privación de la libertad fue injusta porque se precluyó la investigación por in dubio pro reo

7. El daño antijurídico está demostrado porque el señor Jorge Eliécer Corredor Wilches estuvo privado de su derecho fundamental a la libertad personal, desde el 28 de septiembre de 2004 hasta el 16 de marzo de 2005 [hechos probados 6.3 y 6.7]. Es claro que la lesión al derecho de la libertad personal genera perjuicios que los demandantes no estaban en la obligación de soportar.

8. La privación injusta de la libertad como escenario de responsabilidad está regulada en la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, en el artículo 68 que establece que quien haya sido privado de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.

La jurisprudencia(6) tiene determinado, a partir de una interpretación del artículo 90 de la Constitución Política, que cuando una persona privada de la libertad sea absuelta (i) “porque el hecho no existió”, (ii) “el sindicado no lo cometió”, o (iii) “la conducta no constituía hecho punible”, se configura un evento de detención injusta en virtud del título de imputación de daño especial, por el rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas. A estas hipótesis, la Sala agregó la aplicación del in dubio pro reo(7), con fundamento en la misma cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado del artículo 90 C.N.(8).

La privación de la libertad en estos casos se da con pleno acatamiento de las exigencias legales, pero la expedición de una providencia absolutoria, pone en evidencia que la medida de aseguramiento fue injusta y la persona no estaba obligada a soportarla.

Si el procesado es exonerado por cualquier causa distinta de las mencionadas, la reparación solo procederá cuando se acredite que existió una falla del servicio al momento de decretarse la medida de aseguramiento, es decir, que no se cumplían los requisitos legales para la restricción de la libertad(9).

La Sala ha sostenido que en todos los casos es posible que el Estado se exonere con la acreditación de que el daño provino de una causa extraña, esto es, que sea imputable al hecho determinante y exclusivo de un tercero o de la propia víctima en los términos del artículo 70 de la Ley 270 de 1996.

9. Ahora bien, el fundamento de la absolución penal del señor Corredor fue la aplicación del principio de in dubio pro reo.

En efecto, al demandante le fue dictada medida de aseguramiento de detención preventiva y resolución de acusación con fundamento en un indicio grave de responsabilidad penal, pues fue capturado en flagrancia cuando se encontraba desempeñando su labor como guardián de la Cárcel Distrital, por habérsele incautado unos estupefacientes que tenía en su casillero [hecho probado 6.2 y 6.5].

Sin embargo, en la resolución de preclusión de la investigación a su favor por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes en circunstancias de agravación, se concluyó que no existió certeza sobre la responsabilidad del sindicado, pues hubo duda de si las sustancias estupefacientes encontradas en el compartimento de Jorge Eliécer Corredor Wilches le pertenecían o si fueron puestas por una tercera persona. Así lo puso de relieve la providencia al indicar:

En el caso concreto la fiscalía incurrió en gravísimos vicios de valoración probatoria, pues los elementos de juicio recopilados durante la investigación generan una convicción completamente adversa a la que arribó la primera instancia (...).

Surge entonces un interrogante, el cual a esta altura de la investigación no encuentra ninguna respuesta: ¿En verdad la droga incautada en el compartimiento o locker asignado a Jorge Eliécer Corredor Wilches era de su propiedad o dolosa o dañinamente un tercero la colocó allí? Ninguno de los cuestionamientos anteriores puede darse por cierto, pero las circunstancias narradas por los testigos mencionados y otros elementos de prueba que pasan a analizarse, generan duda sobre la responsabilidad de sindicado (...).

En concreto lo único que obra en contra del sindicado es el hecho de haberse hallado en su locker las sustancias decomisadas, no obstante, tal situación lo único que demuestra es la existencia de una conducta antijurídica, pero de ella no se desprende con suficiente entidad la responsabilidad del sindicado, de allí que la flagrancia a la que hace referencia el fiscal de instancia, ha de interpretarse conforme con todas las pruebas que se recopilaron durante la investigación, el acto como tal solo orienta y puede eventualmente fincar la responsabilidad pero, si existen mejores elementos de prueba que armonizados jurídicamente y cotejados (...) pueden (...) arrojar conclusiones adversas, estos deben valorarse en su sentido jurídico.

De manera pues que, cierto es que en el compartimiento asignado a Corredor Wilches se halló droga, pero cierto es también que en el transcurso de la investigación no se pudo comprobar que fuera él y nadie más que él, no solo quien la colocó allí, sino especialmente que la misma le perteneciera.

En estas condiciones, aceptada por esta instancia la duda probatoria que está más allá de lo razonable, para convertirse en absoluta, habida razón que no se evidencia qué prueba podría variar la situación hasta ahora planteada, lo jurídico es revocar la acusación apelada, así como la medida de aseguramiento (fls. 102-116, cdno. 2).

Así las cosas, como la preclusión de la investigación del demandante fue con fundamento en el principio del in dubio pro reo, el título de imputación aplicable al caso es el objetivo de daño especial, pues según las consideraciones en las que se fundamentó la providencia que ordenó la libertad, no se pudo demostrar la culpabilidad del encausado. En otras palabras, se mantuvo incólume la presunción de su inocencia, lo que torna en injusta la privación de su libertad.

En tal virtud, el daño es imputable a la Nación-Fiscalía General de la Nación y, por ello, se revocará la sentencia apelada.

Indemnización de perjuicios

10. La demanda solicitó el reconocimiento de 1000 SMLMV a favor de cada uno de los demandantes por concepto de perjuicios morales.

Recientemente, la Sección Tercera unificó sus criterios de indemnización de perjuicios morales en los eventos de privación injusta de la libertad(10).

En esta providencia se trazaron unos parámetros de guía para la tasación del daño moral de acuerdo a factores como la duración de la privación de la libertad y el grado de parentesco de los demandantes en relación con la víctima directa. Estos derroteros quedaron consignados en el siguiente cuadro:

 Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertadVíctima directa, cónyuge o compañero(a) permanente y parientes en el 1º de consanguinidadParientes en el 2º de consanguinidadParientes en el 3º de consanguinidadParientes en el 4º de consanguinidad y afines hasta el 2ºTerceros damnificados
Término de privación injusta en meses 50% del porcentaje de la víctima directa35% del porcentaje de la víctima directa25% del porcentaje de la víctima directa15% del porcentaje de la víctima directa
 SMLMVSMLMVSMLMVSMLMVSMLMV
Superior a 18 meses10050352515
Superior a 12 e inferior a 18904531,522,513,5
Superior a 9 e inferior a 128040282012
Superior a 6 e inferior a 9703524,517,510,5
Superior a 3 e inferior a 6502517,512,57,5
Superior a 1 e inferior a 33517,512,258,755,25
Igual e inferior a 1157,55,253,752,25

La Sala ha sostenido(11) que en los eventos en los cuales se demuestra que el demandante es padre, hermano, hijo o cónyuge de la víctima el perjuicio moral se infiere del vínculo parental o marital existente entre los demandantes y la persona víctima del hecho.

Jorge Eliécer Corredor Wilches fue privado de la libertad durante un período de 5,18 meses [hecho probado 6.3 y 6.7] y está acreditada la calidad de cónyuge, hijos, padre, hermanos y nieta de los demás demandantes [hecho probado 6.8].

Demostrada la relación de parentesco, con base en los criterios arriba expuestos, se concederán 50 SMLMV a la víctima directa, 50 a su cónyuge, 50 para cada uno de sus hijos, 50 para su padre, 25 para su nieta y 25 para cada uno de sus hermanos.

11. La parte demandante solicitó el reconocimiento de los perjuicios a la vida de relación en los alegatos de conclusión de primera instancia y en el recurso de apelación.

La Sala no tendrá en cuenta esta petición por cuanto no fue solicitada con la demanda. En efecto, los perjuicios que se alegan deben formularse en la demanda en los términos del numeral 2º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, pues esto constituye el petitum.

12. La demanda solicitó el reconocimiento del daño emergente a favor de la víctima directa, por los gastos del abogado que lo asistió en el proceso penal.

La jurisprudencia ha sostenido(12) que en los eventos en los cuales se solicita el pago por honorarios de abogado, debe probarse la defensa en el proceso penal y el pago por los servicios prestados.

El abogado Harold Paternina Pérez ejerció la defensa del señor Corredor en el proceso penal, pues asistió a la audiencia de indagatoria (fls. 142-145, cdno. 2), interpuso recurso de apelación contra la resolución que impuso medida de aseguramiento de detención preventiva (fls. 32-43, cdno. 2) y presentó la apelación contra la resolución de acusación (fls. 94-100, cdno. 2).

Para demostrar el monto de los honorarios pactados, la parte demandante aportó una constancia expedida por el abogado Paternina Pérez, que da cuenta que recibió del señor Corredor la suma de $ 3.000.000 por los honorarios como apoderado en el proceso penal (fl. 17, cdno. 2).

La Sala condenará por estos prejuicios, ya que se encuentra acreditado dicho pago mediante la constancia de pago de honorarios por el valor mencionado, documento original allegado al proceso por la parte demandante. Esta suma será actualizada de conformidad con la siguiente fórmula:

2006-01860F1
 

Donde:

Vp = Valor presente

Vh = Valor histórico

Índice final a la fecha de esta sentencia: 132,58 (junio de 2016)

Índice inicial al momento de la fecha de la certificación del pago de honorarios: 87,34 (agosto de 2006)

Vp = $ 3.000.000 132,58 (junio de 2016)(13) _

87,34 (agosto de 2006)

VP = $ 4.553.927

13. La demanda solicitó la suma de $ 3.438.355 por lucro cesante a favor de Jorge Eliécer Corredor Wilches, por concepto de los recargos de trabajo nocturno y festivo dejados de percibir durante el tiempo de reclusión.

Está acreditado que el señor Corredor fue suspendido de su cargo de guardián de la cárcel con ocasión de la detención preventiva, según da cuenta la Resolución 663 de 14 de septiembre de 2004 de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor (fls. 158-159, cdno. 2) y que fue reintegrado y se ordenó el pago de los salarios, primas y prestaciones dejados de percibir por cuanto se precluyó la investigación penal a su favor, mediante Resolución 353 de la misma autoridad (fls. 127-128, cdno. 2).

Comoquiera que al señor Corredor se le reconocieron los salarios dejados de percibir y que no se puede determinar si efectivamente hubiere laborado horas extras y festivos, la reclamación por los recargos nocturnos y festivos será negada pues se trata de un asunto hipotético del cual no se tiene ninguna certeza.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 29 de mayo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y en su lugar se dispone:

1. DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Nación-Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad de que fue objeto Jorge Eliécer Corredor Wilches.

2. CONDÉNASE a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar, por concepto de daños morales, la suma equivalente en pesos a cincuenta (50) SLMLM para Jorge Eliécer Corredor Wilches, Nury Valderrama Meneses, Yuli Carolina Corredor Valderrama, Jorge Alexander Corredor Valderrama, Wilfran Eliécer Corredor Valderrama y Diógenes Corredor; y veinticinco (25) SLMLM para María Fernanda Corredor Castillo, Marco Aurelio Corredor Wilches, Eduardo Corredor Wilches, Luz Marina Corredor Wilches, Myriam Sthella Corredor Wilches, Franklin Eduardo Corredor Wilches, Edgar Enrique Corredor Wilches, Héctor Corredor Wilches, William Corredor Wilches y Henry Corredor Wilches.

3. CONDÉNASE a la Nación-Fiscalía General de la Nación- a pagar a Jorge Eliécer Corredor Wilches, por concepto de daño emergente, la suma de cuatro millones quinientos cincuenta y tres mil novecientos veintisiete pesos $ 4.553.927.

4. NIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda.

5. CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

6. En firme este fallo, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Jaime Orlando Santofimio Gamboa—Guillermo Sánchez Luque.

1 Según el Acta 10 de la Sala Plena de la Sección Tercera.

2 El Consejero Ponente de esta decisión, aunque no comparte, sigue el criterio jurisprudencial contenido en el auto del 9 de septiembre de 2008, Rad. 34.985, proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con arreglo al cual conforme al artículo 73 de la Ley 270 de 1996 esta corporación conoce siempre en segunda instancia de estos procesos, sin consideración a la cuantía de las pretensiones. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 36.146.

3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 2 de febrero de 1996, Rad. 11.425. Criterio reiterado en sentencias del 13 de septiembre de 2001, Rad. 13.392. y del 14 de febrero de 2002, Rad. 13.622.

4 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Decreto 2700 de 1991.

5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad se encuentran consignados en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 26.984.

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, Rad. 15.463.

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 diciembre de 2006, Rad. 13.168 y sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, Rad. 23.354.

8 El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015 Rad. 36.146.

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril de 2010, Rad. 18.960.

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad. 36.149.

11 Cfr. Consejo de Estado Sección Tercera las sentencias del 17 de julio de 1992, Rad. 6.750; del 16 de julio de 1998, Rad. 10.916 y del 27 de julio de 2000, Rad. 12.788 y Rad. 12.641.

12 Cfr. Consejo de Estado Sección Tercera las sentencias del 8 de junio de 2011, Rad. 19.576, C.P. Ruth Stella Correa y sentencia del 12 de mayo de 2011, Rad. 20.569, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

13 Estos factores corresponden a los índices de precios al consumidor que pueden ser consultados en el Banco de la República: http://www.banrep.gov.co/es/ipc.