Sentencia 2006-01892/40772 de mayo 24 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Expediente: 40772

Radicado: 250002326000200601892 01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Belén Prieto y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Naturaleza: acción de reparación directa

Bogotá, D. C., veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

III. Competencia

7. La Sala es competente para resolver el sub júdice, iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en atención a la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y además, fijó en cabeza de los tribunales administrativos la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía(3).

8. De otro lado, se tiene que el presente proceso versa sobre la privación injusta de la libertad a la que se vieron expuestos algunos de los demandantes, motivo por el cual, no obstante haber ingresado al despacho para fallo el día 14 de agosto de 2012 (fl. 184, c. ppal.), este puede ser de conocimiento de la Sala de Subsección. Lo anterior, toda vez que mediante acuerdo de la Sala Plena de la Sección Tercera, contenido en el Acta Nº 10 del 25 de abril de 2013, se dispuso lo siguiente:

La sala aprueba que los expedientes que están para fallo en relación con (i) privación injusta de la libertad, (ii) conscriptos y (iii) muerte de personas privadas de la libertad, podrán fallarse por las subsecciones, sin sujeción al turno, pero respetando el año de ingreso al Consejo de Estado.

9. Conviene precisar que como la parte actora no impugnó la decisión del a quo, en observancia del principio de la non reformatio in pejus contemplado en el artículo 31 de la Constitución Política(4), explicado en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil(5), el estudio en esta instancia implicará establecer la responsabilidad de la entidad apelante y, si es el caso, sin agravar la condena impuesta a su cargo –pues se mejoraría la situación de quien no apeló–, verificar que la indemnización de perjuicios decretada fue apropiada.

IV. Hechos probados

10. De conformidad con las pruebas incorporadas al expediente, las cuales son susceptibles de valoración probatoria porque fueron aportadas en cumplimiento de los presupuestos procesales, los hechos que dan lugar a la presente actuación se pueden presentar de la siguiente forma:

10.1. El 8 de octubre de 2002 la Fiscalía Delegada ante el C.T.I. de Cundinamarca, conforme a lo dispuesto en el artículo 331 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 del 2000), decretó apertura de instrucción con el fin de verificar la autoría de varios individuos en los delitos de rebelión y concierto para delinquir. Para ello, se dispuso el allanamiento y registro de múltiples inmuebles, en los que se procedería a dar captura a los indiciados. La resolución en cuestión indicó:

Así las cosas, y como quiera que del contenido de los informes del C.T.I., los cuales reposan en el expediente y la declaración del señor ROA, existen fundados motivos que hacen inferir al despacho que en los inmuebles antes descritos se encuentran armas de corto y largo alcance, al parecer pertenecientes a las FARC, y las capturas de las personas arriba indicadas, se procede a ordenar los allanamientos y registros de los precitados inmuebles.

(…)

Se observarán las precauciones de rigor y se levantará un acta de todo cuanto se realice, al igual que se determinará la retención de las personas y elementos a que haya lugar (copia de la resolución, fls. 66-68, c. 3).

10.2. La Unidad de Fiscalía Delegada ante los Jueces Especializados del Circuito de Bogotá, Sub-Unidad de Terrorismo Despacho 21, mediante proveído fechado el 24 de octubre de 2002, resolvió la situación jurídica de, entre otros, Belén Prieto, Jesús Arturo Rodríguez Medina, Hugo García Cantor y Hugo Hernando Fonseca Serrano, individuos capturados en la diligencia de allanamiento y registro previamente ordenada. Para el efecto, les impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva como presuntos autores responsables del punible de rebelión(6). Textualmente, como fundamento, se consignó en la referida providencia lo siguiente:

Bajo este orden de ideas, cotejada la relación fáctica con la narración ofrecida en los informes de la policía judicial del C.T.I. y el testimonio del señor Octavio Roa García, quien fuera miembro de las milicias de las FARC, y quien actualmente se encuentra inscrito en el plan gubernamental para subversivos reinsertados, tiene según sus manifestaciones, conocimiento absoluto y directo de dicha organización, sus integrantes, sus cuadros de operaciones y acciones delictivas, sus cuadros de mando, toda su estructura interna, cómo funcionan, los métodos utilizados para financiarse, tales como el hurto, la extorsión, y secuestros, cómo realizaban los homicidios, finalmente el reconocimiento que hizo de las fotografías de algunos de los integrantes de estas bandas; las injuradas de los incriminados, en las que reconocen a algunos de sus compinches argumentando que son vecinos y amigos de infancia, niegan el reconocimiento de otros, como también invocan total ajenidad y desconocimiento de los hechos, situación esta que el despacho comprende, puesto que se encuentra haciendo uso de su legítimo derecho a no incriminarse, de allí que las manifestaciones por ellos efectuadas como tácticas defensivas son perfectamente logíbles (sic) dentro del campo de la controversia procesal, es un medio de defensa que tiene toda persona que se le sindica de algún tipo penal, pero que sus negativas de ninguna manera los exonera de su responsabilidad en la consumación de las conducta endilgadas.

Así las cosas, es evidente e irrefutable que la materialidad o aspecto objetivo del hecho punible acá investigado, está plenamente demostrado en el paginario, pues los informes de la policía judicial del C.T.I. unidos a la prueba testimonial recaudada, es suficiente en dicho sentido, los cuales se encuentran reseñados en el acápite correspondiente, con los cuales hasta esta etapa procesal, se demuestra sin dubitación alguna la existencia de la conducta punible que motivó la acción penal y la responsabilidad penal que presuntamente recae en contra de los aquí incriminados (copia del proveído, fls. 208-220, c. 3).

10.3. El 8 de enero de 2003 la Fiscalía Tercera Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Funza, Cundinamarca, resolvió revocar la medida de aseguramiento impuesta en contra de Belén Prieto y otro(7), para disponer inmediatamente su libertad. Esto tras advertir lo siguiente:

Todas las anteriores consideraciones, nos llevan a restar ostensiblemente la credibilidad que se le otorgó a la declaración de Roa García para edificar –principalmente con base en su dicho– la medida de aseguramiento, pues si se ha desvirtuado que “Cocolo” sea el que monopoliza el comercio de las bebidas (gaseosas y cerveza) en el municipio de Apulo, que decir de los señalamientos vagos e imprecisos que Roa García hace de los otros sindicados, como auxiliadores de la guerrilla de las FARC, en los que de ninguna manera precisa cuál o cuáles son concretamente las actividades –obviamente ilícitas– que cada uno ha ejecutado para contribuir a la causa del grupo subversivo, situación aunada –repetimos– a que en sus casas de habitación no les fue hallado elemento alguno (tales como armas, propaganda, prendas de uso privativo, etc.) que nos lleven a otorgarle credibilidad al dicho del informante.-

Por otra parte, si analizamos el dicho del capitán Alejandro Robayo Rodríguez, hallamos con curiosidad que no precisa tampoco la especifica actividad subversiva de los sindicados, pues no aporta ninguna afirmación concreta que permita establecer cómo o en qué actividades directas o indirectas han contribuido, terminando por remitirse a la información suministrada por Roa García como fundamento para solicitar la captura de los procesados.

Si bien es cierto la defensa depreca que se reponga la resolución por medio de la cual se negó la revocatoria de la detención de sus prohijados, no menos lo es que las pruebas que dejan sin asidero la mencionada medida, fueron allegadas al plenario con posterioridad, situación que no impide aceptar que le asiste la razón al impugnante en cuanto a que estas comprometen seriamente la credibilidad del testimonio que fuera la piedra angular de la medida de aseguramiento, por lo que esta delegada declarará la revocatoria de la medida de aseguramiento de detención preventiva proferida en contra de Carlos Antonio Barrera Prieto y Belén Prieto, por las razones expuestas; en consecuencia, se ordena su libertad inmediata, para lo cual se librará la correspondiente orden de libertad ante el centro de reclusión respectivo. (Copia de la decisión, fls. 140-146, c. 5).

10.4. La mencionada autoridad judicial, en la misma fecha en que adoptó la anterior resolución, procedió también a revocar la medida de detención que había decretado en contra de, entre otros, los señores Hugo Hernando Fonseca Serrano, Hugo García Cantor y Jesús Arturo Rodríguez Medina. Lo anterior, tras considerar lo siguiente:

Tales análisis jurídico-probatorios, fundados en pruebas legalmente allegadas al proceso con posterioridad a la medida de aseguramiento, amén de los consignados en providencia de esta misma fecha, son los que invitamos a la defensa a considerar, nos llevan a predicar que el valor probatorio dado a la declaración del señor Roa García ha sido totalmente sustraído de su contexto intrínseco y extrínseco, como lo ha sido la aseveración de que “Cocolo” sea quien monopoliza y manipula las bebidas gaseosas y la cerveza en Apulo.

Somos contundentes en pregonar que todas las pruebas allegadas luego de la situación jurídica han ido minando en forma paulatina la credibilidad del dicho de Roa García, al punto que este se derrumba, pues en lugar de existir elementos de juicio que nos lleven a respaldar sus sindicaciones, ha ocurrido todo lo contrario; cada vez, vemos más lejos que los cargos que ha efectuado se concreten, que se haya demostrado que en verdad los sindicados han llevado a cabo actos que puedan tildarse sin reservas como de rebelión.

Hasta ahora no hallamos prueba alguna que robustezca las superficiales aseveraciones del reinsertado, el rumbo de la investigación nos ha llevado a poner en tela de juicio sus señalamientos imprecisos y ambiguos, al punto que creemos que no solo los sindicados defendidos por el Dr. Camargo Salamanca, o los prohijados del Dr. Castillo Castro, sean los únicos que deben ser cobijados por la revocatoria de la medida de aseguramiento, pues si tenemos en cuenta que la base fundamental de la medida era el dicho de Roa García, ante la indivisibilidad del testimonio, no podemos darle credibilidad a unas partes y a otras no.

Tampoco existe ningún otro elemento de juicio que permita predicar que la situación de los demás sindicados sobre los que pesa medida de aseguramiento sea diferente a la de quienes ahora se les revoca la detención, razón por la que con fundamento en el artículo 363 del C.P.P., de oficio, se revocará la medida de aseguramiento impuesta a los demás procesados; en consecuencia se ordena su libertad inmediata, para lo cual se librará la correspondiente orden ante el centro de reclusión respectivo. (Copia de la decisión, fls. 148-154, c. 5).

10.5. A través de resolución adoptada el 6 de octubre de 2003, la Fiscalía 03 Seccional, Unidad Especial Delitos contra la Administración Pública, Justicia y otros de Cundinamarca, además de imponer nuevamente medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de Belén Prieto, Hugo Hernando Fonseca Serrano, Hugo García Cantor, Jesús Arturo Rodríguez Medina y otros, los acusó formalmente como autores responsables del punible de rebelión. Para emitir la referida determinación, la autoridad judicial argumentó lo siguiente:

Es evidente que tal situación es la que permite darle mayor credibilidad al dicho de Octavio Roa García, porque nadie como él conoce la región donde opera el irregular grupo, solo él puede decir con suficientes argumentos quiénes pertenecen a la organización insurgente y quiénes no, de ahí que el señalamiento claro, directo e indubitable que hace sobre los procesados, de ser miembros de las milicias urbanas de las FARC, genere la credulidad suficiente para tenerlo como testigo de cargo, valorable e invaluable para los fines de esta investigación.

(…)

Se insiste, lo evidente y lo probado es que el testigo fue guerrillero y a partir de tan privilegiada posición, narró exclusivamente lo que le consta. Es decir tenía relación directa con el objeto percibido y materia de imputación, esa inmediación entre el objeto percibido y su narración es justamente lo que permite darle plena credibilidad.

Pero es más, todos los informes y lo anunciado encuentra amplio respaldo en los testimonios de Daniel De Los Ángeles Vega Sandoval investigador del CTI, Alejandro Robayo Rodríguez, capitán del Ejército laborando en el Batallón Colombia, pues estos pacientemente adelantaron pesquisas, dialogaron con la comunidad y fueron recogiendo datos de los nombres y de las actividades que adelantaban algunas personas que habitan el municipio de Apulo y colaboran de una u otra forma con la guerrilla. Cada uno de estos de manera circunstanciada, clara, coherente y lógica señalan en forma directa a los procesados como autores de la conducta punible acá investigada, no atentan contra la lógica o la experiencia, por el contrario su relato evidencia la real existencia de lo narrado. De ahí que también se tenga como prueba testimonial creíble y válida para los fines de esta investigación.

En conjunto, analizando los informes de policía judicial y los testimonios de Octavio Roa García, persona reinsertada, y los de Daniel De Los Ángeles Vega Sandoval y Alejandro Robayo Rodríguez, a los procesados se les imputan los siguientes hechos:

(…)

(…) Belén Prieto –Alias la Negra– progenitora del anterior y de quien se dice lidera las milicias urbanas de Apulo, es la encargada de recoger los valores de las extorsiones y quien en su casa guarda armas y propaganda subversiva. Que no es denunciada por los habitantes de dicho municipio por razones de seguridad y por temor a una retaliación.

(…) Hugo Hernando Fonseca Serrano –Alias Chocas– se le señala como miliciano, quien participó en los procesos extorsivos a Tito Marañón y a la familia Duartes quienes poseen el supermercado Duarte, como también la familia Ortiz González y asiste a reuniones en sectores rurales con la comandancia el frente 42.

(…) Hugo García Cantor –Alias Chimbilá– Se le enrostra ser colaborador y quien sirve como contacto o mediador en los pagos de extorsiones y es el que lleva a las víctimas hasta el punto de encuentro con la subversión. Lo han visto en reuniones con otros terroristas de las FARC entre ellas una del 24 de enero de 2002 en Tocaima.

(…)

(…) Jesús Arturo Rodríguez Medina –conocido como Chucho Polvorín– tiene unas canchas de tejo. Es mencionado por Octavio Roa García como una persona que transporta a guerrilleros y lo identifica apenas como Chucho Polvorín. Su nombre es suministrado por Duvan Herney Cantor Rivas y Rafael Ernesto Ávila Vega, cuando aseguran que Jesús Arturo Rodríguez Medina es la persona que se conoce como Chucho el Polvorín. Se dice del mismo que participa en reuniones con otros terroristas de la guerrilla entre ellas una celebrada el 24 de enero de 2002 en Tocaima.

(…)

Habiéndose deslindado individualmente el tipo de cargos que se les formulan a los indagados dentro de estas sumarias, se ocupa ahora el despacho, en determinar el grado de responsabilidad que se le puede atribuir a cada uno de estos respecto de los hechos que se escrudiñan.

Siguiendo el orden en que se mencionaron anteriormente los implicados, es del caso, determinar el compromiso que se le pueda enrostrar a Carlos Antonio Barrera Prieto, a quien se le conoce más como Cocolo y a su progenitora Belén Prieto, personas estas que como puede columbrarse, del material decisorio acopiado se aprecia cómo se encuentran seriamente comprometidos en la ilicitud que se investiga, pues fuera de los diversos informes rendidos por las autoridades como el C.T.I. de Cundinamarca, del informe de Batalla del Ejército Nacional, del informe de la Policía Nacional - Estación de Apulo, se tiene igualmente el testimonio de Octavio Roa García, donde se les mencionan como personas ampliamente ligadas con labores de subversión, pues como que son las que lideran y manejan las milicias del municipio de Apulo, son las personas encargadas del manejo de las finanzas provenientes de las extorsiones y cobro de vacunas en el municipio, y son las encargadas de la distribución de propaganda subversiva.

(…)

Como puede verse, las acusaciones no son fortuitas, sino que surgen producto de labores investigativas y de testimonios como el de Roa García persona que se convierte en pieza fundamental, pues entra a señalarlos como personas con nexos con la guerrilla, actos que conoció detalladamente cuando también hizo parte del frente 42 de las FARC, y del Capitán del Ejército Alejandro Robayo Rodríguez, quien pacientemente adelantó labores que lo llevó a concluir cómo estas personas evidentemente están al servicio de la insurgencia y cumplen funciones de suma importancia para la ejecución de actividades delictuosas que estos grupos alzados en armas realizan.

En lo que tiene que ver con Hugo Hernando Fonseca Serrano, alias Chocas, sus actividades al servicio de la insurgencia quedaron ampliamente al descubierto con los asertos de Octavio Roa García y su ampliación donde lo señala como un miliciano activo de la guerrilla, quien participó activamente en algunos procedimientos extorsivos de personas del municipio a favor del frente 42, y se reúne en diálogos con terroristas de dicho grupo insurgente. Este como los anteriores, aparece mencionado en las órdenes del Ejército y en el informe rendido por la Policía Nacional acantonada en Apulo donde se le menciona con nombre propio y alias como parte integrante de dicha organización al margen de la ley.

(…)

Hugo García Cantor conocido como Chimbilá, se le conoce también como un miembro activo a favor de la guerrilla como miliciano, pues de igual manera ha participado en extorsiones como a Tito Marañón y a la familia Duarte, colaboró en un secuestro, es el contacto o mediador en el pago de las extorsiones y se encarga de llevar a las víctimas hasta el punto de encuentro con la guerrilla, asiste a reuniones con líderes de la guerrilla. Estas acusaciones no son inventiva del despacho, sino que afloran en los diversos informes que hoy se tienen en la foliatura penal y del dicho de Roa García, quien asegura que estuvo con esta persona en diversas oportunidades cuando fue parte integrante de las FARC y le colaboraba cuando estuvo al mando de las milicias en Apulo. Como puede apreciarse, son muchas las circunstancias, declaraciones e indicios que han surgido en su contra y que lo entrar a incriminar y a señalar como miliciano de dicho grupo insurgente.

(…)

Jesús Arturo Rodríguez Medina, alias Chucho el Polvorín, se dice que tiene unas canchas de tejo donde acuden los guerrilleros, se encarga del transporte de los mismos, comercia con munición para estos, participa en reuniones con otros terroristas y cumple actividades como miliciano. Es mencionado por Roa García como miliciano y en los informes de las autoridades investigativas aparecen descritas las funciones que adelanta al interior del movimiento subversivo, labores que como puede apreciarse están orientadas a favorecer y colaborar al frente 42 lo cual lo involucra abiertamente en el delito que se ventila.

(…)

Si ello es así, indefectiblemente debemos de predicar que contra estas personas se colman las exigencias mínimas que demanda el artículo 397 del Estatuto de Enjuiciamiento Criminal, para proferir en contra de los mismos resolución acusatoria, para que de esta manera entren a responder por sus reprochables actos en juicio criminal y, para que sea así, luego del delante de la etapa de juicio, sean objeto de reproche penal y reciban el castigo correspondiente representado en una sentencia condenatoria y de esta forma, la sociedad aprecie que actuar contrario a la Ley no reporta más que sanciones penales.

(…)

En consecuencia, al ser comprendidas las cosas de la manera como se destacó con precedencia, se debe entrar a imponer nuevamente medida de aseguramiento en contra de estos, precisamente por el punible de rebelión indicado en el artículo 467 del actual Código Penal, y así lo haremos mediante esta resolución judicial, pues ciertamente la responsabilidad penal de estas personas, se encuentra seriamente comprometida en estas sumarias (copia de la resolución, fls. 954-976, c. 6).

10.6. Efectuado el trámite procesal correspondiente, el Juzgado Penal del Circuito de La Mesa, Cundinamarca, por medio de fallo emitido el 27 de julio de 2004, absolvió a Belén Prieto(8), Hugo Hernando Fonseca Serrano(9), Hugo García Cantor(10), Jesús Arturo Rodríguez Medina(11) y otros del cargo de rebelión elevado en su contra. Consecuencialmente, previa constitución de garantía prendaria y suscripción de compromiso, decretó su libertad provisional. La decisión benefactora de la inocencia de los procesados concluyó:

Pero lo más importante que han demostrado estas pruebas de descargo es que al contrario de lo informado hasta ahora por Roa García, era más bien él quien se dedicaba a extorsionar a diversos ciudadanos en Apulo, pues de ello dan cuenta (ahora sí con toda precisión) el exadministrador de la droguería Acuña de Apulo Manuel Bermúdez Galeano, quien no dudó en sindicarlo bajo juramento de haberle pedido 100 millones a sus patrones y de haberlo llevado por diversos parajes en donde finalmente no le mostró a ningún uniformado, para luego terminar desterrándolo del municipio. Acusación que es corroborada también por el sentenciado Orjuela Capera, quien a pesar de tal condición presentó un relato creíble y coherente con el del otro declarante citado y que permite ver que la verdad de los hechos fue que Roa García como colaborador de la guerrilla era quien extorsionaba a algunos comerciantes de Apulo, y que posiblemente al verse descubierto por sus superiores optó por la entrega y consecuente delación no de sus cabecillas sino de personas de la población civil y con vínculos estables con la comunidad. Esta versión de Orjuela Capera además termina coincidiendo con lo que indicó el funcionario del C.T.I. William Alberto Castillo Pinto, en cuanto a que los reinsertados comentaban que Roa García se había evadido con una plata del negro Antonio.

También como hemos visto se desmintió al único testigo por parte de funcionarios y exfuncionarios y comerciantes de Apulo, quienes al unísono dicen de los encartados que son ciudadanos de bien, con nexos familiares y laborales con la comunidad y con actividades lícitas que toda la vida han desarrollado en su pueblo. Testimonios estos a los que el Juzgado otorga credibilidad por provenir de servidores públicos y de personas con trayectoria y buena reputación en la localidad, y que sí se han presentado en distintas oportunidades a certificar el conocimiento que tienen de los hoy detenidos, al contrario de los inexistentes e indeterminados informantes o testigos de cargo que nunca aportaron pruebas para soportar los señalamientos del reinsertado.

Téngase también en cuenta que en los allanamientos que se hicieron el día de la masiva captura en Apulo, a los sindicados no se les encontró ningún elemento que los comprometiera con actividades subversivas, muy a pesar de que Roa García los señalaba como tenedores de armas, municiones, uniformes y propaganda subversiva. Nada de ello tenían en su poder, pudiéndose colegir que en efecto no tienen comprometimiento en los cargos que se les hacían.

La revisión en detalle de la presente investigación, permite al Juzgado advertir que este es un ejemplo desafortunado de lo que no debe ser una labor de policía judicial. La prudencia, la experticia y el respeto por los derechos y garantías fundamentales enseñan que una investigación se debe cimentar antes que nada en el acopio responsable de pruebas que permitan desde un primer momento la consolidación de cargos criminales, y no proceder primero a la captura de los ciudadanos y luego sí a la investigación, cuando sabido es que en delitos como el que acá se investigaba una vez detenidas las personas difícil resulta ya adelantar las labores de investigación y verificación que debían haberse hecho en la indagación previa.

No pueden menoscabarse los derechos humanos y las garantías fundamentales de los ciudadanos, adelantándose procedimientos de capturas masivas e indiscriminadas por el afán de mostrar unos supuestos resultados que el Estado demanda en estos momentos. Ni salir presurosos ante los señalamientos de los desertores sin primero indagar sobre sus reales motivaciones, sus oscuros intereses o sobre quiénes son los destinatarios de su dedo acusador.

No porque una persona haya sido efectivamente miembro así sea de bajo rango de los grupos guerrilleros, queda investido automáticamente de la potestad de señalar indiscriminadamente a quien él quiera tildar de guerrillero, terrorista, miliciano, paramilitar, etc. Es obligación de los jueces verificar en cada caso cuál es el real soporte y cuáles los medios de prueba legales que permitan darle una base seria y cierta a estos señalamientos, pues de no hacerlo se puede abrir paso la injusticia y la arbitrariedad respecto de personas de reconocidos vínculos con la sociedad y cuyo único error es residir en las zonas donde se desarrolla el conflicto armado que vive el país y en las que muchas veces el Estado nunca antes de la masiva captura había hecho otro tipo de presencia.

Conclusión necesaria de todo el análisis precedente será la de pregonar que en el caso bajo estudio se demostró que no existe la prueba exigida por el artículo 232 del C.P.P., esto es, la que conduzca a la certeza de la ocurrencia de la conducta punible y mucho menos de la responsabilidad del procesado. En verdad lo que se evidenció en el sub - examine fue que el único testigo de cargo no tiene credibilidad a la luz de la sana crítica del testimonio. Que los informes de Policía Judicial carecen de valor probatorio por mandato legal y jurisprudencial y porque toda la prueba aportada por la defensa sí demostró que los acusados no están incursos en el delito de rebelión sino que son miembros de la población civil de Apulo, con vínculos con la comunidad y con ocupaciones y residencia por muchos años en dicha población.

En suma, no existe en este caso prueba alguna que permita soportar una sentencia de condena contra los encartados, debiendo por el contrario proceder a su absolución por el cargo que les edificó el ente acusador, ordenando de paso su libertad provisional al tenor de lo dispuesto en el artículo 365-3 del C.P.P. Con ello el despacho acoge los juiciosos planteamientos del Ministerio Público el que con similares argumentos solicitó la sentencia absolutoria, así como también de los representantes de la defensa que abogaron por sus clientes en igual sentido y orientando su análisis en similar línea argumentativa a la utilizada por el juzgado (copia de la sentencia, fls. 1686-1722, c. 8).

10.7. “Jesús Arturo Rodríguez Medina, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 11.450.178 expedida en Apulo, Cundinamarca, fue capturado el nueve (9) de octubre de dos mil dos (2002) dentro del sumario Nº 58.462 que se adelantó en la Unidad de Fiscalía Delegada ante los Jueces Especializados del Circuito de Bogotá, Sub Unidad de Terrorismo, despacho Nº 21, por el delito de rebelión, profiriéndose en su contra el 21 de octubre del mismo año medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva. // Por resolución del ocho (08) de enero de 2003, se dispuso revocar la medida de aseguramiento impuesta a Rodríguez Medina, y en consecuencia se ordenó su libertad inmediata, la cual se hizo efectiva el nueve (09) de enero de dos mil tres (2003). // Posteriormente, mediante decisión del seis (06) de octubre de 2003, se profirió resolución de acusación en contra del citado Jesús Arturo Rodríguez Medina, ordenándose en consecuencia librar la correspondiente orden de captura, sin que esta se hubiera hecho efectiva. // Tales diligencias fueron recibidas en [ese] despacho y radicadas bajo el Nº 001-2004, donde el veintisiete (27) de julio de 2004 se profirió sentencia de carácter absolutorio en favor de Rodríguez Medina y otros. La mencionada decisión quedó legalmente ejecutoriada el 24 de agosto del mismo año” (certificación auténtica expedida el veintiséis (26) de abril de dos mil seis (2006) por el Juzgado Penal del Circuito de La Mesa, Cundinamarca, fl. 2, c. 2).

10.8. “Hugo García Cantor, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 16´259.175 expedida en Palmira, Valle, fue capturado el nueve (9) de octubre de dos mil dos (2002) dentro del sumario Nº 58.462 que se adelantó en la Unidad de Fiscalía Delegada ante los Jueces Especializados del Circuito de Bogotá, Sub Unidad de Terrorismo, Despacho Nº 21, por el delito de rebelión, profiriéndose en su contra el 21 de octubre del mismo año medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva. // Por resolución del ocho (08) de enero de 2003, se dispuso revocar la medida de aseguramiento impuesta a GARCÍA CANTOR, y en consecuencia se ordenó su libertad inmediata, la cual se hizo efectiva el nueve (09) de enero de dos mil tres (2003). // Posteriormente, mediante decisión del seis (06) de octubre de 2003, se profirió resolución de acusación en contra del citado Hugo García Cantor, ordenándose en consecuencia librar la correspondiente orden de captura, la cual se hizo efectiva el ocho (08) de octubre de dos mil tres (2003). // Tales diligencias fueron recibidas en [ese] despacho y radicadas bajo el Nº 001-2004, donde el veintisiete (27) de julio de 2004 se profirió sentencia de carácter absolutorio, ordenándose la libertad inmediata de García Cantor, haciéndose efectiva el veintinueve (29) de julio de dos mil cuatro (2004). La mencionada decisión quedó legalmente ejecutoriada el 24 de agosto del mismo año” (certificación auténtica expedida el veintiséis (26) de abril de dos mil seis (2006) por el Juzgado Penal del Circuito de La Mesa, Cundinamarca, fl. 3, c. 2).

10.9. “Hugo Hernando Fonseca Serrano, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 11´450.576 expedida en Apulo, Cundinamarca, fue capturado el nueve (9) de octubre de dos mil dos (2002) dentro del sumario Nº 58.462 que se adelantó en la Unidad de Fiscalía Delegada ante los Jueces Especializados del Circuito de Bogotá, Sub Unidad de Terrorismo, Despacho Nº 21, por el delito de rebelión, profiriéndose en su contra el 21 de octubre del mismo año medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva. // Por resolución del ocho (08) de enero de 2003, se dispuso revocar la medida de aseguramiento impuesta a Fonseca Serrano, y en consecuencia se ordenó su libertad inmediata, la cual se hizo efectiva el nueve (09) de enero de dos mil tres (2003). // Posteriormente, mediante decisión del seis (06) de octubre de 2003, se profirió resolución de acusación en contra del citado Hugo Hernando Fonseca Serrano, ordenándose en consecuencia librar la correspondiente orden de captura, la cual se hizo efectiva el cuatro (04) de enero de dos mil cuatro (2004). // Tales diligencias fueron recibidas en [ese] despacho y radicadas bajo el Nº 001-2004, donde el veintisiete (27) de julio de 2004 se profirió sentencia de carácter absolutorio, ordenándose la libertad inmediata de Fonseca Serrano, haciéndose efectiva el veintinueve (29) de julio de dos mil cuatro (2004). La mencionada decisión quedó legalmente ejecutoriada el 24 de agosto del mismo año” (certificación auténtica expedida el veintiséis (26) de abril de dos mil seis (2006) por el Juzgado Penal del Circuito de La Mesa, Cundinamarca, fl. 4, c. 2).

10.10. “Belén Prieto, identificada con la C.C. Nº 41.495.094, expedida en Bogotá, fue capturada el nueve (9) de octubre del año dos mil dos (2.002), dentro del sumario Nº 58.462 que se adelantó en la Unidad de Fiscalía Delegada ante los Jueces Especializados del Circuito de Bogotá, Sub Unidad de Terrorismo, despacho Nº 21 por el delito de rebelión, profiriéndose en su contra el veintiuno (21) de octubre del mismo año, medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva. // Mediante Resolución de fecha ocho (08) de enero del dos mil tres (2.003), se dispuso revocar la medida de aseguramiento impuesta a Belén Prieto, y en consecuencia se ordenó su libertad inmediata, la cual se hizo efectiva el nueve (09) de enero de dos mil tres (2.003). // Posteriormente mediante decisión fechada seis (06) de octubre de dos mil tres (2.003), se dictó resolución de acusación en contra de Belén Prieto, y en consecuencia ordenó librar la correspondiente orden de captura, la cual se hizo efectiva el veintisiete (27) de febrero del dos mil cuatro (2004). // Estas diligencias fueron recibidas en [ese] despacho judicial y se su avocó conocimiento el veinte (20) de enero del dos mil cuatro (2.004) y radicada bajo el Nº 001-2004, en donde el veintisiete (27) de julio del dos mil cuatro (2.004) se profirió sentencia de carácter absolutorio, ordenando la libertad inmediata de Belén Prieto, haciéndose efectiva el treinta (30) de julio del dos mil cuatro (2004). La mencionada decisión quedó legalmente ejecutoriada el veinticuatro (24) de agosto del mismo año” (certificación auténtica expedida el quince (15) de mayo de dos mil seis (2006) por el Juzgado Penal del Circuito de La Mesa, Cundinamarca, fl. 1, c. 2).

10.11. Hugo García Cantor y Doris Romero de García contrajeron matrimonio civil ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Apulo, Cundinamarca, desde el año mil novecientos ochenta (1980) (copia de la partida de matrimonio autenticada el 26 de enero de 2006 por la Registraduría Municipal del Estado Civil de Cundinamarca, fl. 6, c. 2).

10.12. Yohandry Mayerly y Leidy Catherine Fonseca Moreno son hijas de María Moreno Rozo y Hugo Hernando Fonseca Serrano (copia simple y auténtica de los registros civiles de nacimiento, fl. 30, 31, c. 2).

10.13. María Moreno Rozo, para el asunto de la referencia, se advierte como compañera permanente del señor Fonseca Serrano. Lo anterior, con fundamento en los siguientes hechos y aspectos indicadores: i) la existencia de hijas en común de la pareja (supra párr. 10.12), ii) el documento auténtico –no controvertido de falso por la entidad demandada– contentivo de la partida parroquial de matrimonio celebrado el 13 de octubre de 1990 entre la nombrada y Hugo Hernando Fonseca Serrano (expedido el 27 de septiembre de 1994, fl. 7, c. 2)(12), y iii) la circunstancia de que en el desarrollo del proceso penal se tenía como cierto que el señor Fonseca Serrano estaba “casado con hijos”(13).

V. Problema jurídico

11. Procede la Sala a determinar si en el caso bajo análisis resulta imputable al Estado el daño ocasionado a Belén Prieto, Jesús Arturo Rodríguez Medina, Hugo García Cantor y Hugo Hernando Fonseca Serrano por la privación de la libertad que debieron padecer, con ocasión de la investigación penal adelantada en su contra por la Fiscalía General de la Nación y la posterior absolución, debidamente ejecutoriada, decretada por el Juzgado Penal del Circuito de La Mesa, Cundinamarca.

VI. Análisis de la Sala

12. De conformidad con los elementos de prueba obrantes en el expediente, se encuentra probado el daño causado a los demandantes, comoquiera que está debidamente acreditado que Belén Prieto, Jesús Arturo Rodríguez Medina, Hugo García Cantor y Hugo Hernando Fonseca Serrano estuvieron vinculados a una investigación penal como posibles autores responsables del delito de rebelión, en el marco de la cual se ordenaron sus capturas, que se hicieron efectivas, y se les dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva.

13. En lo atinente al régimen de responsabilidad aplicable al presente caso, para la Sala es claro que la absolución del proceso adelantado en contra de los individuos mencionados se produjo porque estos no cometieron la conducta punible por la que se les procesó –rebelión–. Ciertamente, es innegable que la inocencia de los ahora accionantes en reparación se preservó incólume ante la escasez probatoria que demostrara su condición de rebeldes, dado que, tal y como lo advirtió el Juzgado Penal del Circuito de La Mesa, Cundinamarca (supra párr. 10.6), a los informes de policía judicial no se les podía atribuir valor probatorio –artículo 50 de la Ley 504 de 1999(14)– y, adicionalmente, el testimonio de cargo existente se advertía parcializado.

14. Habiéndose determinado lo anterior, se debe precisar que el fundamento legal de la responsabilidad a cargo del Estado por daños causados con ocasión de la privación injusta de la libertad estaba constituido por el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, que disponía:

Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiese sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

15. En interpretación de dicho artículo, el criterio de esta corporación en relación con la responsabilidad que le asiste al Estado por los casos de injusta privación de la libertad, es el siguiente:

En este orden de ideas, se señala que de manera unánime, la Sala ha adoptado el criterio conforme al cual quien hubiera sido sometido a medida de aseguramiento de detención preventiva, pero finalmente hubiera sido exonerado de responsabilidad mediante sentencia absolutoria definitiva o su equivalente(15), con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, tiene derecho a la indemnización de los perjuicios que dicha medida le hubiera causado, sin necesidad de acreditar que la misma fue ilegal, errada, o arbitraria, dado que en dicha norma el legislador calificó a priori la detención preventiva como injusta.

En otros términos, cuando en la decisión penal definitiva favorable al sindicado, el juez concluye que las pruebas que obran en el expediente le dan certeza de que el hecho no existió, o de que de haber existido, no era constitutivo de hecho punible, o de que el sindicado no fue el autor del mismo, la medida de aseguramiento de detención preventiva que en razón de ese proceso se le hubiera impuesto deviene injusta y por lo tanto, habrá lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que la misma le hubiera causado, tanto al sindicado, como a todas las demás personas que demuestren haber sido afectadas con ese hecho, sin que para llegar a esa conclusión, en los precisos términos del último aparte de la norma citada, se requiera realizar ninguna otra indagación sobre la legalidad de la medida de aseguramiento que le fue impuesta a aquél(16).

16. Bajo estos lineamientos, en los casos desarrollados por la jurisprudencia de esta Corporación señalados con anterioridad y aún en el evento en el que la absolución a favor del procesado es producto de la aplicación del principio de in dubio pro reo(17), no es necesario probar que la autoridad judicial incurrió en algún tipo de falla; al damnificado le basta con acreditar que contra él se impuso una medida privativa de su libertad en el trámite de un proceso judicial, que culminó con una decisión favorable a su inocencia y que le causó un daño con ocasión de la detención. Con esa demostración, surge a cargo del Estado la obligación de indemnizar los daños sufridos.

17. Sin embargo, advierte la Sala que la Constitución de 1991 no privilegió ningún título de imputación particular, sino que le adjudicó al juez el deber de aplicar el que considerara pertinente, según las particularidades de cada caso. Así lo ha dicho la Sala Plena de la Sección Tercera de esta corporación:

En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación. En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia(18).

18. Adicionalmente, la Sala también ha tenido la oportunidad de señalar que en los casos en los que el régimen aplicable es el objetivo, al alegarse o ser evidente la ocurrencia de una falla en el servicio, se desplaza el análisis del asunto a dicha perspectiva de la responsabilidad(19). En este sentido se reitera que(20):

La ubicación preponderante del régimen subjetivo de responsabilidad del Estado obedece a que: (i) “… la forma más frecuente de inferir daños a terceros, se da precisamente por el incumplimiento de los deberes y obligaciones que recaen sobre las autoridades estatales y la violación o desconocimiento de la normatividad legal y los reglamentos que establecen el marco de sus actuaciones”(21); (ii) la declaración judicial de que ha habido en un caso concreto una falla del servicio cumple una función de diagnóstico acerca de lo que fue la actuación de la administración; (iii) como consecuencia del reproche y de la sanción a la específica actuación estudiada, en atención a la función pedagógica que compete a las autoridades judiciales, el título de imputación de falla del servicio constituye una admonición para que hacia el futuro se eviten actuaciones que sean susceptibles de condena por parte de las autoridades judiciales; (iv) para efectos de la acción de repetición que se podría ejercer con posterioridad en relación con los funcionarios comprometidos, la falla del servicio constituye el título de imputación que mayor claridad brinda acerca de la actuación que se habrá de juzgar.

19. Por ello, a pesar de que el a quo resolvió aplicar directamente un criterio objetivo, la Sala, ante la impugnación elevada por la Fiscalía respecto a su responsabilidad, estudiará la obligación indemnizatoria que le asiste desde un título de imputación de carácter subjetivo, por encontrar que esta incurrió en una falla del servicio.

20. En primer lugar, es preciso recordar que la Constitución Política de Colombia consagró el derecho a la libertad personal en los siguientes términos: “[t]oda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley” –artículo 28–. En cuanto a la libertad de locomoción, se pronunció de la siguiente manera: “[t]odo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia” –artículo 24–.

21. En el mismo sentido, el artículo 7º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos –aprobada mediante la Ley 74 de 1968– señala que: “[n]adie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes y por las leyes dictadas conforme a ellas”.

22. De conformidad con las normas antedichas, esta corporación ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la primacía del derecho a la libertad en el marco de un Estado social de derecho, en el sentido de sostener que este es el referente central sobre el cual se sostienen los demás derechos y principios consagrados en la carta:

Después de la vida, el derecho a la libertad constituye fundamento y presupuesto indispensable para que sea posible el ejercicio de los demás derechos y garantías de los que es titular el individuo. No es gratuito que, en el catálogo de derechos fundamentales contenido en el capítulo 1 del título II de la Constitución Política, inmediatamente después de consagrar el derecho a la vida –artículos 11 y 12– se plasme el derecho a la libertad. La garantía de la libertad es, a no dudarlo, el principal rasgo distintivo entre las formas de Estado absolutistas, totalitarias y el Estado de derecho. En palabras del profesor Antonio Enrique Pérez Luño,

«... una vez superadas las formas estatales absolutistas y totalitarias, en las que se da un status subiectionis en el que no existen libertades, aparece un status libertatis en el que se reconoce un ámbito de autonomía, una esfera de no agresión o injerencia del poder en la actividad de los particulares»(22).

Por tanto, la centralidad del principio-derecho a la libertad, en el seno de todo Estado constitucional, democrático y de derecho, lo constituye en verdadero valor fundante de la organización política misma, con incidencia tanto en la concepción de los demás derechos inherentes a la condición humana, como en la configuración de la manera de ser y de proceder de las autoridades públicas. El profesor Peces-Barba Martínez lo hace ver con claridad:

«La libertad es el referente central para fundamentar los derechos y, (...) tanto la igualdad como la seguridad y la solidaridad, tienen que identificarse y definirse en relación con ella (...) esa libertad como forma de convivencia social se diversifica en principios de organización y de interpretación o producción normativa y en derechos fundamentales. Los principios de organización expresan la influencia o son consecuencia de la libertad en la estructura de poder del Estado y de la administración, y los derechos fundamentales en las atribuciones de estos a sujetos de derechos (...), con el fin de que puedan realizar por sí mismos los comportamientos en la vida social y en relación con el poder que les conduzcan a la moralidad. El núcleo inicial de la libertad homogeiniza a los principios de organización en cuanto a sus fines, aunque los diversifique en cuanto a los medios.

(...)

La libertad es el referente central, clave de bóveda del fundamento de los derechos humanos, al que apoyan, completan y matizan los otros valores, igualdad, seguridad jurídica y solidaridad. Esa importancia capital deriva de su conexión con los fines últimos del hombre, expresados en la moralidad, y con su posibilidad para ofrecer un ámbito de comunicación para el intercambio de razones sobre los fines y objetivos»(23) (subraya la Sala). (Resaltado del texto)(24).

23. Ahora bien, a pesar de lo expuesto, el derecho a la libertad es susceptible de ser limitado para garantizar intereses constitucionales de mayor relevancia. No obstante, en razón de su cardinal importancia, la Constitución exige de forma categórica que dicha limitación se haga únicamente en los casos previstos de antemano por la ley y con riguroso cumplimiento de las formalidades establecidas para el efecto.

24. En materia penal, además de la pena de prisión prevista ante la comisión de un delito, el ordenamiento jurídico autoriza, como medida cautelar, la imposición de la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva. Así, el artículo 355 de la Ley 600 del 2000, vigente para la fecha de los hechos discutidos en el asunto de la referencia, dispone que esta procede para “(…) garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, la ejecución de la pena privativa de la libertad o impedir su fuga o la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir o deformar elementos probatorios importantes para la instrucción, o entorpecer la actividad probatoria”.

25. Cabe advertir que su uso es estrictamente excepcional, pues así lo señala expresamente el artículo 9º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “[t]odo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta (…) La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo”.

26. Sobre el alcance que debe dársele a la detención preventiva, la Corte Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en los siguientes términos:

4.4.3. La concepción de la detención preventiva vinculada a fines, parte de los principio[s] de afirmación de la libertad y de la interpretación restrictiva de las normas que autorizan su limitación. Su carácter instrumental, impone al aplicador incorporar valoraciones que atiendan criterios de necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad en la decisión que restringe la libertad con fines meramente precautelativos (art. 295 C.P.P.). De tal manera que ninguna medida de aseguramiento se puede producir al margen de una valoración sobre su necesidad, establecida a partir de alguno de los fines que constitucionalmente le son adscritos.

4.4.4. La exigencia de justificación de una medida de aseguramiento con base en cualquiera de las finalidades constitucionalmente admisibles, se convierte así mismo en un mecanismo de salvaguarda del principio de presunción de inocencia, del cual se deriva la proscripción de toda prolongación injustificada de una detención preventiva, de tal manera que se convierta en un cumplimiento anticipado de la pena. Así lo señaló la Corte al declarar que: “Los artículos 29 de la Constitución y 9º del Pacto internacional de derechos civiles y políticos impiden que, con base en simples indicios, se persista en la prolongación de la detención luego de un cierto lapso que de ninguna manera puede coincidir con el término de la pena ya que siendo ello así desvirtuaría el carácter eminentemente cautelar de la detención preventiva que terminaría por convertirse en un anticipado cumplimiento de la pena y se menoscabaría el principio de presunción de inocencia(25)”.

Si bien la Corte ha declarado la compatibilidad de la detención preventiva con el principio de presunción de inocencia(26), ha destacado también la necesidad de su justificación en fines y razones que sean constitucionalmente admisibles. Al respecto ha indicado que: “[P]ara que proceda la detención preventiva no sólo es necesario que se cumplan los requisitos formales y sustanciales que el ordenamiento impone, sino que se requiere, además, y con un ineludible alcance de garantía, que quien haya de decretarla sustente su decisión en la consideración de las finalidades constitucionalmente admisibles para la misma”(27)-(28).

27. En cuanto a los requisitos específicos para su imposición, el Código de Procedimiento Penal exige que la Fiscalía General de la Nación, en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, se encuentre imputando un delito cuya pena mínima de prisión exceda de 4 años, que sea alguno de los delitos previstos taxativamente en el artículo 357 ibídem, o que el sindicado ya estuviese condenado mediante sentencia ejecutoriada por otro delito que tuviera pena de prisión.

28. Adicionalmente se requiere que (i) “(…) aparezcan por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso” y (ii) que la prueba no indique que “(…) el imputado pudo haber actuado en cualquiera de las causales de ausencia de responsabilidad”.

29. Si bien el Código de Procedimiento Penal no establece de forma explícita el significado de indicio grave, la Corte Suprema de Justicia ha definido dicho concepto de la siguiente forma:

La connotación de levedad o gravedad del indicio no corresponde a nada distinto al control de su seriedad y eficacia como medio de convicción que en ejercicio de la discrecionalidad reglada en la valoración probatoria realiza el juez, quien después de contemplar todas las hipótesis confirmantes e infirmantes de la deducción establece jerarquías según el grado de aproximación a la certeza que brinde el indicio, sin que ello pueda confundirse con una tarifa de valoración preestablecida por el legislador. Se trata de una simple ponderación lógica que permite al funcionario judicial asignar el calificativo de grave o vehemente al indicio contingente cuando el hecho indicante se perfila como la causa más probable del hecho indicado; de leve cuando se revela solo como una entre varias causas probables y podrá darle menguada categoría de levísimo cuando deviene apenas como una causal posible del hecho indicado(29).

30. En el caso concreto, tras realizar un análisis detallado de las pruebas que sirvieron a la Fiscalía General de la Nación para dictar la medida privativa de la libertad, no solo en el momento en que se resolvió la situación jurídica de los procesados, sino cuando esta se impuso nuevamente al realizarse la calificación del mérito sumarial, advierte la Sala que dichas actuaciones se produjeron sin observancia de los requisitos establecidos en la normatividad procesal penal vigente para el efecto, circunstancia que implica que aquella fue injusta e ilegal(30).

31. Efectivamente, de conformidad con lo expuesto en la resolución que impuso la medida de aseguramiento y en la decisión que acusó formalmente a los procesados, determinando esta última nuevamente su detención, la Fiscalía General de la Nación manifestó contar con los presupuestos requeridos a efectos de proceder en esa forma, específicamente adujo, para la primera, detentar dos indicios graves de la responsabilidad de Belén Prieto, Hugo Hernando Fonseca Serrano, Hugo García Cantor y Jesús Arturo Rodríguez Medina en la comisión del delito de rebelión; y, para la segunda, argumentó poseer los medios de convicción necesarios con el fin de entender demostrada la ocurrencia del hecho –la condición de rebeldes de los enjuiciados–(31), “pruebas” estas en las cuales sustentó las medidas adoptadas, a saber: (i) el testimonio del reinsertado de las FARC Octavio Roa García y ii) la existencia de diversos informes de policía judicial (supra párr. 10.2, 10.5).

32. Encuentra la Sala que, así como realmente nunca existió el aludido segundo indicio grave de responsabilidad requerido para decretar la medida de aseguramiento en contra de los procesados en el momento en que se resolvió su situación jurídica, tampoco era válida su consecución cuando se calificó el mérito del sumario. Esto por cuanto, sumado a que obraba una única prueba en el expediente, cual era el testimonio del desmovilizado, siendo inviable considerar los informes de policía judicial como medios de convicción válidos por expresa disposición legal –artículo 50 de la Ley 504 de 1999(32)–, el acervo probatorio de cargo existente ciertamente nunca sufrió variación alguna entre una y otra actuación –resolución de situación jurídica y formulación de acusación–.

33. Así las cosas, las autoridades judiciales pertenecientes a la Fiscalía General de la Nación que conocían del asunto penal, tanto para imponer la medida de aseguramiento en el momento en que se resolvió la situación jurídica de los procesados, como cuando los acusó formalmente –decretando nuevamente la orden de detención–, inobservaron, según la normativa procesal penal vigente para ese momento, los presupuestos necesarios a efectos de ordenar la privación de la libertad de Belén Prieto, Hugo Hernando Fonseca Serrano, Hugo García Cantor y Jesús Arturo Rodríguez Medina, por lo que se advierte que la entidad incurrió en una falla del servicio.

34. A juicio de la Sala, se insiste, está claramente demostrado que no estaban dados los requisitos legalmente exigidos para proferir en contra de los ahora accionantes en reparación, y en dos (2) oportunidades, medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, comoquiera que el material probatorio obrante en el expediente penal, que fue relacionado para tal fin, era completamente insuficiente. Por ello, se concluye, en igual sentido en que lo explicitó el Juzgado Penal del Circuito de La Mesa, Cundinamarca (supra párr. 10.6), que en la investigación objeto de cuestionamiento las unidades de la Fiscalía involucradas cometieron serias irregularidades constitutivas de una falla del servicio (supra párr. 10.2, 10.5), circunstancia que hace injusta la privación de la libertad que sufrieron Belén Prieto, Hugo Hernando Fonseca Serrano, Hugo García Cantor y Jesús Arturo Rodríguez Medina, y lo que a su vez compromete en este caso la responsabilidad del Estado.

35. Inclusive, se advierte que la conducta de los actores no puede catalogarse como determinadora de la producción del daño demandado o, como se ha considerado en términos civiles(33), contraria al deber de “(…) manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios(34)”. Lo anterior, por cuanto palmariamente, además de convivir en un territorio determinado y de mantener buenas relaciones con sus conciudadanos, ninguna actuación reprochable ejercieron como para considerar que el daño antijurídico ocasionado –privación de la libertad–, era una carga que debían soportar.

36. Habida cuenta de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, emitió sentencia que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, entonces la Sala pasa a verificar la liquidación de los perjuicios realizada por el a quo, con la debida precisión, como ya se indicó, que pueden variarse los montos de la condena decretada sin desmejorar la situación de la entidad apelante.

VII. Perjuicios materiales

37. Por concepto de lucro cesante, se solicitó a favor de Belén Prieto, Hugo Hernando Fonseca Serrano, Hugo García Cantor y Jesús Arturo Rodríguez Medina una indemnización atinente al monto del dinero dejado de percibir por cada uno de ellos durante el periodo de detención individualmente soportado. El tribunal, fundado en el hecho de que los accionantes ejercían actividades comerciales lícitas de forma previa a su detención, pero se desconocía el salario que devengaban, accedió a lo pretendido, liquidando la prestación correspondiente conforme al salario mínimo vigente al momento del fallo y de acuerdo a la fórmula establecida por esta corporación (a Belén Prieto por ocho punto uno (8.1) meses, a Hugo Hernando Fonseca Serrano por nueve punto ochenta y tres (9.83) meses, a Hugo García Cantor por trece (13) meses y a Jesús Arturo Rodríguez Medina por tres (3) meses).

38. A juicio de la Sala, toda vez que los privados de la libertad se encontraban en edad productiva para el momento de su detención –2002–, pues tenían entre 41 y 51 años de edad (supra notas al pie Nº 8 a 11), la indemnización por este concepto es procedente. Ahora, en lo referente al quantum de la misma, se advierte que como ahora no puede considerarse un periodo superior de tiempo en la liquidación del perjuicio o un salario distinto –mayor– al utilizado por el a quo –pues ello implicaría infringir el principio de la non reformatio in pejus–, entonces respecto a Belén Prieto, Hugo Hernando Fonseca Serrano y Jesús Arturo Rodríguez Medina, en tanto el periodo indemnizado fue el que efectivamente estuvieron privados de la libertad (Belén Prieto: ocho punto uno (8.1) meses(35), Hugo Hernando Fonseca Serrano: nueve punto ochenta y tres (9.83) meses(36), y Jesús Arturo Rodríguez Medina: tres (3) meses(37)), corresponde únicamente actualizar las sumas decretadas con base en la siguiente fórmula:

Actualización de la renta:

FORMULASI
 

Ra=Renta actualizada a establecer
Rh=Rentas históricas, 1) $ 4 244 292,26; 2) $ 1 552 531,71; y 3) 5 172 624,32
Ipc (f)=Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 136,76, que es el correspondiente a marzo de 2017 –último conocido–.
Ipc (i)=Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir 104,59, que es el que correspondió al mes de agosto de 2010, mes en el cual se dictó la sentencia de primera instancia.

Ra = $ 4 244 292,26 136,76= $ 5 549 760,11 (Belén Prieto)

104,59

Ra = $ 1 552 531,71 136,76= $ 2 030 062, 50 (Jesús Arturo Rodríguez Medina)

104,59

Ra = $ 5 172 624, 32 136,76= $ 6 763 630, 39 (Hugo Hernando Fonseca Serrano)

104,59

39. En cuanto a la liquidación del perjuicio decretado a favor de Hugo García Cantor, se evidencia que el periodo indemnizado fue superior al que le correspondía. En efecto, a pesar de que en el plenario se encontraba acreditado que la detención por él padecida se extendió por doce punto siete (12.7) meses(38), el tribunal accedió a indemnizar trece (13) meses de lucro cesante. Por este motivo, como no se puede desmejorar la situación del único apelante, en este caso la Fiscalía, pero sí hacer menos gravosa su carga, se procederá a liquidar nuevamente el aludido perjuicio por el término correcto, teniendo en cuenta el salario utilizado por el a quo –$ 515 000–, para luego proceder a la actualización del valor obtenido, que finalmente se reconocerá a favor del mencionado privado de la libertad.

40. Teniendo en cuenta el periodo de doce punto siete (12.7) meses de privación de la libertad, se calculará el lucro cesante con base en la siguiente fórmula:

S = Ra (1+ i)n - 1

i

S = $ 515 000 x (1+0,004867)12,7-1

0,004867

S = $ 6 729 991,87

Actualización:

Ra= $ 6 729 991,87 136,76= $ 8 800 016,14 (Hugo García Cantor)

104,59

VIII. Perjuicios morales

41. La sentencia de primera instancia reconoció los perjuicios morales causados a la totalidad de los demandantes como consecuencia de la detención injusta padecida por Belén Prieto, Hugo Hernando Fonseca Serrano, Hugo García Cantor y Jesús Arturo Rodríguez Medina (supra párr. 3.2).

42. Como en el marco del recurso de apelación presentado resulta viable verificar si la condena impuesta en contra de la entidad demandada fue adecuada, se confirmará si la misma es ajustada al criterio jurisprudencial que estableció:

Ahora bien, en los casos de privación injusta de la libertad se reiteran los criterios contenidos en la sentencia de 28 de agosto de 2013, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativa –Radicación 25.022– y se complementan los términos de acuerdo con la evolución jurisprudencial de la Sección Tercera en los términos del cuadro que se incorpora a continuación:

TABLASI
 

Así pues, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de establecer los parámetros para cuantificar la indemnización por perjuicios morales derivados de la privación injusta de la libertad de un ciudadano, teniendo en cuenta para el efecto el período de privación de tal derecho fundamental y el nivel de afectación, esto es de cercanía afectiva entre la víctima directa del daño y aquellos que acuden a la Justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas, según el gráfico antes descrito(39).

43. De acuerdo con lo citado, como en este caso la detención mínima, la de Jesús Arturo Rodríguez Medina, se prolongó injustificadamente durante 3 meses, la menor indemnización que le correspondería a las víctimas directas y sus parientes en el primer nivel sería la suma equivalente a 50 S.M.L.M.V., tal como se estipuló para los casos en que la detención es “superior a 3 e inferior a 6” meses.

44. Toda vez que la totalidad de los accionantes acreditaron la calidad en que comparecieron al proceso y, por tanto, la legitimación para reclamar el menoscabo moral padecido(40)-(41), así como es evidente que la indemnización decretada en primera instancia a favor de estos resulta en todos los casos inferior a la que sería procedente para este tipo de eventos, entonces debe confirmarse dicho monto, puesto que, al ser la entidad demandada la única apelante, no se podrá hacer más gravosa su situación en virtud del principio non reformatio in pejus.

IX. Costas

45. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, como en este caso, ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se condenará en este sentido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR, por las razones expuestas, la sentencia proferida el 26 de agosto de 2010 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, la cual quedará así:

1. DECLÁRESE patrimonial y extracontractualmente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación por los perjuicios ocasionados a los demandantes a causa de la injusta privación de la libertad de la que fueron sujetos Belén Prieto, Hugo Hernando Fonseca Serrano, Hugo García Cantor y Jesús Arturo Rodríguez Medina.

2. Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar las siguientes sumas de dinero bajo el título de indemnización de perjuicios:

Perjuicios materiales:

— A Belén Prieto, la suma de cinco millones quinientos cuarenta y nueve mil setecientos sesenta pesos con once centavos ($ 5 549 760,11), por concepto de lucro cesante.

— A Jesús Antonio Rodríguez Medina, la suma de dos millones treinta mil sesenta y dos pesos con cincuenta centavos ($ 2 030 062, 50), por concepto de lucro cesante.

— A Hugo García Cantor, la suma de ocho millones ochocientos mil dieciséis pesos con catorce centavos ($ 8 800 016,14), por concepto de lucro cesante.

— A Hugo Hernando Fonseca Serrano, la suma de seis millones setecientos sesenta y tres mil seiscientos treinta pesos con treinta y nueve centavos ($ 6 763 630, 39), por concepto de lucro cesante.

Perjuicios morales:

— A Belén Prieto, la suma equivalente a diez salarios mínimos legales mensuales vigentes (10 S.M.M.L.V.).

— A Jesús Arturo Rodríguez, la suma equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (5 S.M.M.L.V.).

— A Hugo García Cantor, la suma equivalente a veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes (20 S.M.M.L.V.).

— A Hugo Hernando Fonseca Serrano, la suma equivalente a diez salarios mínimos legales mensuales vigentes (10 S.M.M.L.V.).

— A Doris Romero de García, en calidad de cónyuge del señor Hugo García Cantor, la suma equivalente a diez salarios mínimos legales mensuales vigentes (10 S.M.M.L.V.).

— A María Moreno Rozo, en calidad de compañera permanente del señor Fonseca Serrano, la suma de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (5 S.M.M.L.V.), por concepto de daño moral sufrido.

— A Leidy Catherine Fonseca Moreno, en calidad de hija del señor Fonseca Serrano, representada por sus padres, la suma de dos punto cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (2.5 S.M.M.L.V.).

— A Yohandry Mayerly Fonseca Moreno, en calidad de hija del señor Fonseca Serrano, representada por sus padres, la suma de dos punto cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (2.5 S.M.M.L.V.).

3. Sin condena en costas.

4. Por Secretaría, EXPÍDANSE copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien acredite estar actuando como apoderado judicial dentro del proceso.

5. Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

6. Ejecutoriada la presente sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de primera instancia para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

3 Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C. P. Mauricio Fajardo Gómez, Expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

4 “Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. // El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”.

5 “Competencia del superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
(…)”.

6 Decisión que fue objeto de impugnación pero que, en segunda instancia, fue confirmada íntegramente el 15 de enero de 2003 por la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca (copia del proveído, fls. 1818-1823, c. 9).

7 Específicamente el señor Carlos Antonio Barrera Prieto, individuo a favor de quien, por los mismos hechos discutidos en el proceso de la referencia, fue proferida sentencia que accedió parcialmente a las súplicas indemnizatorias que elevó (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, fallo de 29 de abril de 2015, Exp. 200500897 01 (39530), C. P. Hernán Andrade Rincón).

8 “nacida en Apulo el 7 de enero de 1951”.

9 “nacido en Apulo (Cundinamarca) el 4 de octubre de 1961”.

10 “nacido en Apulo (Cundinamarca) el 6 de septiembre de 1957”.

11 “nacido en Apulo el 29 de Julio de 1955”.

12 Pieza procesal que si bien no tiene la aptitud de demostrar el vínculo que en su contenido refiere -de cónyuges entre Hernando Fonseca Serrano y María Moreno Rozo-, puesto que en los términos del Decreto 1260 de 1970 tal calidad debe constar en el registro del estado civil respectivo (documento que se extraña en el plenario), de esta sí se puede inferir, analizada junto a los otros medios de convicción reseñados, el ánimo de convivencia permanente que existía entre los nombrados.

13 Afirmación contenida en el fallo absolutorio proferido el 27 de julio de 2004 por el Juzgado Penal del Circuito de La Mesa, Cundinamarca (fl. 1688, c. 8).

14 “En ningún caso los informes de la Policía Judicial y las versiones suministradas por informantes tendrán valor probatorio en el proceso”.

15 [18] “A juicio de la Sala, el derecho a la indemnización por detención preventiva debe ser el mismo cuando el proceso termine no sólo por sentencia absolutoria, sino anticipadamente por preclusión de la investigación (art. 443) o auto de cesación de procedimiento (art. 36), por cuanto éstas son decisiones equivalentes a aquélla para estos efectos. Ver, por ejemplo, sentencia de 14 de marzo y 4 de mayo de 2002, Exp. 12.076 y 13.038, respectivamente, y de 2 de mayo de 2002, Exp. 13.449”.

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2011, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.

17 Al respecto ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de octubre de 2013, Exp. 23346, M. P. Mauricio Fajardo Gómez.

18 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2012, Exp. 21515, C. P. Hernán Andrade Rincón.

19 En este sentido ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 29 de octubre del 2012, Expediente 25044, C. P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia del 8 de febrero del 2011, Expediente 22135, C. P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia del 28 de abril de 2010, Expediente 18646, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 8 de febrero del 2012, expediente 22744, C. P. Danilo Rojas Betancourth.

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de mayo de 2010, Expediente 18380, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.

22 [8] “Perez Lúño, Antonio Enrique, Los derechos fundamentales, sexta edición, Tecnos, Madrid, 1995, p. 174”.

23 [9] “Peces-Barba Martínez, Gregorio, Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General, Universidad Carlos III de Madrid-Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1995, pp. 217 y 226”.

24 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, Exp. 13168, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.

25 [15] “Sentencia C- 301 de 1993”.

26 [16] “Sentencia C-774 de 2001”.

27 [17] “Sentencia C-774 de 2001, M.P., Rodrigo Escobar Gil”.

28 Corte Constitucional, Sala Plena de Decisión, Sentencia C-318 de 9 de abril de 2008, Exp. D-6941, M. P. Jaime Córdoba Triviño. Cabe señalar que si bien dicha sentencia se refiere a la constitucionalidad de la Ley 906 de 2004 y no a la Ley 600 del 2000, sus consideraciones son, mutatis mutandis, aplicables al presente asunto.

29 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 8 de mayo de 1997, Exp. 9858, M. P. Jorge Aníbal Gómez Gallego.

30 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de agosto de 2010, Exp. 18.891, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.

31 Esto, según explicó, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 397 y 398 del Código de Procedimiento Penal, los cuales, en su tenor literal, establecían: “[a]rtículo 397. Requisitos sustanciales de la resolución de acusación. El Fiscal General de la Nación o su delegado dictarán resolución de acusación cuando esté demostrada la ocurrencia del hecho y exista confesión, testimonio que ofrezca serios motivos de credibilidad, indicios graves, documento, peritación o cualquier otro medio probatorio que señale la responsabilidad del sindicado.
Artículo 398. Requisitos formales de la resolución de acusación. La resolución de acusación tiene carácter interlocutorio y debe contener: // 1. La narración sucinta de la conducta investigada, con todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que la especifiquen. // 2. La indicación y evaluación de las pruebas allegadas a la investigación.
3. La calificación jurídica provisional. // 4. Las razones por las cuales comparte o no, los alegatos de los sujetos procesales”.

32 “En ningún caso los informes de la Policía Judicial y las versiones suministradas por informantes tendrán valor probatorio en el proceso”.

33 A los cuales necesariamente se debe acudir. En ese sentido, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 30 de abril de 2014, Exp. 2001-01145 (27414), C. P. Danilo Rojas Betancourth.

34 Artículo 63 del Código Civil.

35 Del 9 de octubre de 2002 al 9 de enero de 2003, y desde el 27 de febrero de 2004 hasta el 30 de julio de la misma anualidad (supra párr. 10.10).

36 Del 9 de octubre de 2002 al 9 de enero de 2003, y desde el 4 de enero de 2004 hasta el 29 de julio de la misma anualidad (supra párr. 10.9).

37 Del 9 de octubre de 2002 al 9 de enero de 2003 (supra párr. 10.7).

38 Del 9 de octubre de 2002 al 9 de enero de 2003, y desde el 8 de octubre de 2003 hasta el 29 de julio de 2004 (supra párr. 10.8).

39 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 2002-02548 (36149), C. P. (E) Hernán Andrade Rincón.

40 Puesto que, que de acuerdo a las reglas de la experiencia, del parentesco se infiere el sentimiento de pena por la detención propia y la del familiar cercano. Para el reconocimiento del daño moral, la parte demandante tiene el deber mínimo de probar su existencia (artículo 177 C.P.C.), y la prueba de parentesco constituye un indicio para derivar la afectación moral. Al respecto se ha señalado: “Para la Sala es razonable inferir la existencia de un daño moral sufrido por una persona que, como el señor Juan Alberto Caicedo, ha sido privada de su libertad. Igualmente, la Sala tiene establecido que si se acredita el nexo de parentesco entre dos personas, también es posible inferir el perjuicio padecido indirectamente por una persona, debido al daño irrogado a un ser querido como víctima directa del actuar lesivo de la administración” (sentencia del 12 de mayo de 2011, Exp. 18902, C. P. Danilo Rojas Betancourth).

41 Belén Prieto, Hugo Hernando Fonseca Serrano, Hugo García Cantor y Jesús Arturo Rodríguez Medina bajo la calidad de víctima directas –privados de la libertad–; Doris Romero de García como cónyuge del señor García Cantor (supra párr. 10.11), Leidy Catherine Fonseca Moreno y Yohandry Mayerly Fonseca Moreno como hijas del señor Serrano Fonseca (supra párr. 10.12), y María Moreno Rozo bajo la calidad de compañera permanente del mencionado individuo (supra párr. 10.13).