Sentencia 2006-01952 de marzo 12 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 08001-23-31-000-2006-01952-01(17734)

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Actor: Sociedad Transcom Colombia S.A.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Bogotá, D.C., doce de marzo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «3. Consideraciones de la Sala

Le corresponde a la Sala establecer si los actos administrativos que modificaron la liquidación privada del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2001 de la demandante se ajustan a derecho.

Para el efecto, y conforme con el recurso de apelación, la Sala verificará si se violaron los artículos 705, 706, 714 y 779 del estatuto tributario. Concretamente se establecerá i) Si la inspección tributaria practicada en el proceso de determinación se realizó conforme con los requisitos del artículo 779 del estatuto tributario; ii) Si con la práctica de la inspección tributaria se suspendió el término para notificar el requerimiento especial, en los términos del artículo 706 estatuto tributario; iii) Si el requerimiento especial se notificó dentro del término señalado en el artículo 705 estatuto tributario y, iv) Si la declaración privada del impuesto por el año gravable 2001, presentada por la demandante, adquirió firmeza en los términos del artículo 714 estatuto tributario

El artículo 714 del estatuto tributario dispone que las declaraciones tributarias adquieren firmeza si dentro de los 2 años siguientes a la fecha del vencimiento para declarar, no se ha notificado requerimiento especial.

Por su parte, el artículo 705 del mismo ordenamiento preceptúa que la administración deberá notificar el requerimiento especial, como requisito previo de la liquidación, “a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar”, en los eventos en que la declaración tributaria haya sido presentada oportunamente.

El artículo 706 señala que el anterior término se suspenderá, en el caso que se practique inspección tributaria de oficio, por el término de tres meses, contados a partir de la notificación del auto que la decrete(1).

El artículo 779 del estatuto tributario indica que la inspección tributaria debe decretarse mediante auto que indique los hechos materia de la prueba y los funcionarios comisionados para adelantarla, el cual debe notificarse al interesado por correo o personalmente, y que es a partir de este momento que se inicia la diligencia. También señala que de la diligencia debe levantarse un acta en la que se incluyan todos los hechos y pruebas examinados y los resultados obtenidos, la fecha de cierre de la investigación y que debe ser suscrita por los funcionarios que adelantaron la diligencia.

En la inspección tributaria, la administración verifica la exactitud de las declaraciones y el cumplimiento de las obligaciones formales, y establece la existencia de hechos gravables. Para el efecto, constata de manera directa los hechos que interesan en determinado proceso, verifica su existencia, características y demás circunstancias de tiempo, modo y lugar, y en desarrollo de esta prueba puede decretar todos los demás medios probatorios autorizados por la ley, previa la observancia de las ritualidades que les sean propias.

En el caso en examen se encuentran probadas las siguientes situaciones:

— La sociedad Transcom Colombia S.A. presentó extemporáneamente la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2001, el día 30 de julio de 2002. Es decir que, conforme con el artículo 705 estatuto tributario, la DIAN tenía hasta el día 30 de julio de 2004 para notificar el requerimiento especial a la demandante.

— El día 26 de julio de 2004, la DIAN expidió el auto de inspección tributaria 20632004000225, en virtud del cual se comisionó a los funcionarios Stella Moreno de Martínez, Maribel Esther Molina Herrera y Ramón Alberto Ariza Ariza, para llevar a cabo la diligencia. El acto fue firmado por el funcionario Ramón Alberto Ariza Ariza, profesional en ingresos públicos II, y se notificó por correo a la demandante el mismo día.

— Con ocasión del auto que ordenó la inspección, la funcionaria Stella Moreno realizó las labores que demandaban el desarrollo de la diligencia. Prueba de ello son las siguientes actuaciones desplegadas:

El 29 de julio de 2004, la funcionaria le recibió declaración juramentada al señor Alfredo Vega Catalán, asistente contable de Transcom S.A., quien ante la pregunta “puede usted suministrar los libros de contabilidad, anexos de la declaración y demás documentos para respectiva inspección en renta y ventas año gravable 2001”, respondió: “sí puedo suministrarlos pero por ser información de años anteriores requiero el tiempo que me otorga la ley para poder buscarla en los archivos de la compañía”.

El 30 de julio de 2004, la DIAN emitió el requerimiento ordinario 20632004000270, en el que se le solicitó a la sociedad demandante información contable y financiera relacionada con la declaración de renta del año gravable 2001. Para allegar la información le otorgó un plazo de 15 días calendario siguientes a la notificación del requerimiento (ago. 3/2004).

El día 12 de octubre de 2004, la funcionaria Stella Moreno suscribió el acta de visita de inspección tributaria, en la que dejó constancia de lo siguiente:

“El 29 de julio de 2004, se inició la visita de inspección tributaria arriba citada con el fin de verificar la exactitud de la declaración de renta año gravable 2001, establecer la existencia de hechos gravados o no y verificar el cumplimiento de las obligaciones formales.

En el lugar de la diligencia, en las instalaciones de la sociedad Transcom de Colombia E.U., hoy Transcom Colombia S.A. vía 40 Nº 76-296, la funcionaria comisionada fue atendida por el señor Alfredo Vega Catalán, en calidad de contador de la sociedad, a quien se le explicó el motivo de la visita y se le solicitó los libros de contabilidad y demás documentos soportes, quien manifestó que en el momento no podía suministrar tal información. Acto seguido se le informó al contador que su información iba a ser tomada bajo la gravedad de juramento de conformidad con los artículos 172 y 182 del Código Penal. (…), la presente acta fue firmada por el declarante y la funcionaria comisionada y se anexa al expediente a folio 6.

11. Basados en la declaración obtenida del contribuyente investigado, el día 30 de julio de 2004, se profirió requerimiento ordinario 20632004000270 notificado por correo como consta en planilla 2576 de agosto 3 de 2004, solicitándole la siguiente información:

(…).

12. En varias ocasiones la funcionaria comisionada se acercó a las instalaciones de la empresa y fue atendida por el vigilante porque en el departamento de contabilidad no se encontraba ningún empleado, mucho menos el contador y en comunicación telefónica el contador manifestó que se encontraba haciendo un seminario, se estableció una cita para el día 20 de septiembre y tampoco se encontró en la empresa, nuevamente se llamó por teléfono, contestó el celador diciendo que se encontraba en la ciudad de Santa Marta, como se puede observar, no hubo oportunidad para realizar la visita de inspección tributaria.

13. Mediante oficio 8002063 I 4496 de fecha 2004/01/10, se solicita a la división de documentación tributaria certificar a la fecha si el contribuyente Transcom Colombia S.A. NIT 802.012.035 9 dio respuesta a los requerimientos ordinarios 270 de fecha 2004/07/30, planilla 2576 del 3 de agosto de 2004. También se le solicita suministrar fotocopia de la declaración de renta año gravable 2001, (…).

14. El jefe de la división de documentación tributaria mediante oficio 80-02-023-I-595 de fecha 5 de octubre de 2004 dio respuesta al oficio antes mencionado informando que de conformidad con la solicitud se precisa que el sistema de correspondencia Sidoc, a la fecha, no aparece correspondencia recibida entre el 30/07/2004 hasta el 30/09/2004 sobre el contribuyente Transcom Colombia S.A., así mismo adjunta fotocopia de la declaración solicitada”.

Conforme con lo anterior, se hacen las siguientes precisiones:

El tribunal estableció que el auto de inspección tributaria 20632004000225 fue proferido por un funcionario que no tenía competencia para el efecto, lo que conllevó a tener la inspección tributaria como no practicada.

Para la parte actora, el funcionario que profirió el auto que decretó la inspección tributaria no tenía competencia legal para el efecto. Sin embargo, no aportó prueba alguna para soportar su afirmación.

Para la Sala, por el contrario, el auto de inspección tributaria sí fue proferido por funcionario competente, toda vez que en el expediente reposa la Resolución 5146 del 18 de junio de 2004 (fls. 419 y 420), que acredita que el entonces Director General de la DIAN le designó funciones de jefe de la división de fiscalización tributaria de la administración de impuestos nacionales de Barranquilla al señor Ramón Alberto Ariza Ariza, profesional en ingresos públicos II.

La anterior designación atiende lo preceptuado en el artículo 688 del estatuto tributario, que establece la facultad del jefe de la unidad de fiscalización para proferir todos los actos de trámite necesarios en los procesos de determinación de impuestos, dentro del que se encuentra incluido el auto de inspección tributaria. Adicionalmente, se encuentra facultado para comisionar a funcionarios de la misma unidad para realizar las visitas, investigaciones, verificaciones, cruces, requerimientos y demás actuaciones preparatorias de los actos de competencia del jefe de dicha unidad.

Por lo tanto, no existe la falta de competencia que advirtió el tribunal.

De otra parte, la Sala estima que, en los términos del artículo 706 estatuto tributario, se presentó la circunstancia que dio origen a la suspensión del término para notificar el requerimiento especial, consistente en la notificación del auto que decretó la inspección tributaria, la que, según coinciden las partes, se dio el día 26 de julio de 2004.

Adicionalmente, también se evidencia que en virtud de la labor encomendada a los funcionarios comisionados para la inspección, la funcionaria Stella Moreno realizó una visita a las instalaciones de la demandante el día 29 de julio de 2004, con el fin de verificar la realidad de los hechos económicos de la compañía en relación con el impuesto de renta del año gravable 2001. Prueba de ello es que la visita fue atendida por el señor Alfredo Vega Catalán, asistente contable de la misma.

En ese orden, con ocasión de lo anterior, la DIAN tenía hasta el día 30 de octubre de 2004 para notificar a la sociedad Transcom Colombia S.A. el requerimiento especial. Como el requerimiento especial 20632004000202 del 22 de octubre de 2004 fue notificado a la parte actora el día 25 de octubre de 2004, se tiene que la notificación no fue extemporáneo y, en consecuencia, no operó la firmeza de la declaración privada del impuesto sobre la renta del año 2001, como equivocadamente lo consideró el tribunal.

Ahora bien, el hecho de que la inspección tributaria no haya sido realizada por los tres funcionarios que fueron comisionados para el efecto no resulta suficiente para considerar que se tenga por no practicada, como equivocadamente lo concluyó el tribunal. Esto, porque de la lectura del artículo 779 estatuto tributario no se desprende tal interpretación; ya que en todos los casos en que se lleve a cabo una “inspección tributaria”, deberá dejarse constancia de la misma en un “acta”, que deberá ser suscrita por los funcionarios que realizaron las actividades necesarias para su fin y no por la totalidad de los que fueron comisionados para el efecto.

Las anteriores circunstancias son suficientes para concluir que sí se suspendió el término para notificar el requerimiento especial citado, que la notificación del requerimiento fue oportuna y que la declaración privada del impuesto de renta del año 2001 no adquirió firmeza.

De otra parte, el tribunal consideró que el representante legal de la sociedad demandante debió concurrir a la diligencia de exhibición de los libros de contabilidad que realizó la DIAN, conforme con el artículo 133 del Decreto 2649 de 1993.

Sin embargo, para la Sala lo anterior no era necesario, toda vez que si bien el citado artículo 133 dispone que la exhibición de libros debe realizarse en presencia del propietario de la empresa o de la persona que este hubiere designado expresamente para el efecto, en el caso en examen no era necesario verificar esta circunstancia, toda vez que en ningún momento existió, como tal, una exhibición material de los libros.

No obstante, a pesar de la exigencia del artículo 133 ib., en el expediente no aparece prueba alguna que acredite que el señor Vega actuó motu proprio.

En ese orden, como las razones que invocó el tribunal para declarar la nulidad de los actos acusados fueron improcedentes, se revocará la sentencia en ese sentido, y, en consecuencia, la Sala se pronunciará sobre los cargos de la demanda que no fueron analizados por el tribunal.

Primer cargo. Notificación extemporánea del requerimiento especial, firmeza de la declaración privada y prescripción de la facultad sancionatoria.

Según la sociedad demandante, la facultad sancionatoria de la DIAN prescribió en el momento en que la declaración privada del impuesto sobre la renta del año 2001 adquirió firmeza, y como consecuencia de la notificación extemporánea del requerimiento especial.

Sin embargo, como anteriormente se concluyó que la notificación del requerimiento especial 20632004000202 del 22 de octubre de 2004 fue oportuna y que la declaración privada del impuesto de renta del año 2001, presentada por la demandante, no adquirió firmeza, la Sala estima que el argumento de prescripción de la facultad sancionatoria pierde su peso.

Por lo tanto, el cargo no prospera.

Segundo cargo. Falta de realización de la inspección tributaria por causas imputables a la administración, inexistencia del acta de la inspección.

Reiteró que la inspección tributaria que fue ordenada mediante el auto de inspección tributaria 20632004000225 del 26 de julio de 2004 no fue practicada en debida forma, toda vez que de los 3 funcionarios que fueron comisionados para su realización, solo compareció la funcionaria Stella Moreno de Martínez a las instalaciones de la empresa.

También dijo que el hecho de que el acta de la inspección tributaria no haya sido suscrita por todos los funcionarios que fueron comisionados, “configuró un grave incumplimiento de los requisitos de forma (…) contemplados en la normatividad tributaria”. Añadió que el documento denominado por la DIAN como “acta de visita de inspección tributaria” no puede asimilarse al acta de inspección a que alude el artículo 779 estatuto tributario.

Para la Sala el cargo no prospera, por las siguientes razones:

Como se dijo anteriormente, el hecho de que la inspección tributaria no haya sido realizada por los tres funcionarios que fueron comisionados para el efecto, no resulta suficiente para considerar que no se tenga por no practicada. Esto, porque de la lectura del artículo 779 estatuto tributario no se desprende tal interpretación, ya que en todos los casos en que se lleve a cabo una “inspección tributaria”, deberá dejarse constancia de la misma en un “acta”, que deberá ser suscrita por los funcionarios que realizaron las actividades necesarias para su fin y no por la totalidad de los que fueron comisionados para el efecto.

Finalmente, la Sala considera que el acta que se levantó de la inspección tributaria reunió los requisitos del artículo 779 estatuto tributario, pues contiene: los hechos, las pruebas, el fundamento en que se sustenta y la fecha y la firma de quienes adelantaron la inspección.

No prospera el cargo.

Tercer cargo. Ausencia de valor probatorio de ciertas afirmaciones hechas por la DIAN y de los documentos denominados “declaración juramentada” del señor Alfredo Vega y del “Requerimiento ordinario 206320040002669”.

Para la sociedad demandante, los hechos en que se fundamentaron los actos acusados no fueron probados por la DIAN.

Sostuvo que la declaración jurada del señor Alfredo Vega Catalán no puede ser tenida como prueba, porque el estatuto tributario no la señala como medio de prueba y porque no reunió los requisitos del artículo 228 del Código de Procedimiento Civil. También, porque en el momento de su recepción no se le advirtió al declarante sobre el derecho que le asiste de no declarar contra sí mismo. Igualmente estimó que el requerimiento ordinario no tiene relación alguna con la inspección tributaria y que, por tanto, tampoco podía ser tenido como prueba.

Indicó que la DIAN no probó las supuestas visitas y llamadas que realizó al domicilio de la sociedad, con el fin de adelantar la inspección tributaria.

Para la Sala, el cargo no prospera por las siguientes razones:

El artículo 746 del estatuto tributario prescribe que “se consideran ciertos los hechos consignados en las declaraciones tributarias, en las correcciones a las mismas o en las respuestas a requerimientos administrativos, siempre y cuando que sobre tales hechos, no se haya solicitado una comprobación especial, ni la ley la exija”.

La norma citada consagra una presunción legal que admite prueba en contrario o mejor a demostrar como cierto el hecho declarado, una vez así se lo exija la autoridad tributaria. En consecuencia, los hechos que el contribuyente refleja en la declaración privada o en la que la corrige, así como los que manifieste con ocasión de la respuesta a los requerimientos de la administración gozan de presunción de certeza(2). Sin embargo, el contribuyente está obligado a demostrar “el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”(3), o mejor, a demostrar los hechos que expuso como ciertos en las declaraciones tributarias.

Las autoridades tributarias están dotadas de facultades de fiscalización e investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales [E.T., art. 684], y por eso, más allá de probar la certeza, veracidad o la realidad de los hechos declarados por el contribuyente en las declaraciones privadas, las facultades de fiscalización e investigación se deben orientar a verificar el cumplimiento de los presupuestos que la ley dispone para legitimar el tributo declarado(4).

Pero, la carga probatoria que tienen las autoridades tributarias no merma o limita la que le corresponde a los contribuyentes. De hecho, en materia tributaria opera, de manera relativa, la carga dinámica de la prueba, en el entendido de que es el contribuyente el que se encuentra en posición privilegiada para probar el hecho económico declarado y, por lo tanto, está en condiciones de allegar la prueba respectiva del hecho controvertido y alegado por la autoridad tributaria(5).

Lo anterior concuerda, incluso, con lo previsto en los artículos 786 a 791 del estatuto tributario, en cuanto consagran la obligación de los contribuyentes de probar determinados hechos. Así mismo, con el artículo 745 del estatuto tributario en cuanto dispone que las dudas provenientes de vacíos probatorios existentes en el momento de practicar las liquidaciones o de fallar los recursos, deben resolverse, si no hay modo de eliminarlas, a favor del contribuyente cuando este no se encuentre obligado a probar determinados hechos de acuerdo con las normas del Capítulo I del Título VI del estatuto tributario.

En ese contexto, los hechos declarados por el contribuyente deben estar respaldados por pruebas que, luego, se controvierten con otras que presente la administración tributaria, o simplemente con la valoración de las mismas, o con la simple subsunción de los hechos probados por el contribuyente, en los presupuestos previstos en la ley para otorgar un derecho o imponer una obligación tributaria (comprobación).

La dinámica de la actividad probatoria y la carga dinámica de la prueba garantizan el derecho de defensa, como objetivo principal del principio de correspondencia”(6).

En el caso en examen, la liquidación oficial de revisión modificó la declaración del impuesto de renta del año 2001, al encontrar pasivos, deducciones y retenciones que no fueron declaradas, al tiempo que impuso sanción por no enviar información. Para el efecto, la administración solicitó a la demandante la comprobación de los hechos declarados, con ocasión de la práctica de la inspección tributaria y del requerimiento ordinario de información.

Sin embargo, la sociedad demandante no atendió el requerimiento ordinario de información ni suministró la información que se le solicitó en la visita que realizó la funcionaria de la DIAN el día 29 de julio de 2004, en el domicilio de la sociedad. De estos hechos da constancia la declaración jurada que rindió el señor Alfredo Vega Catalán, asistente contable de la sociedad demandante, que fue la persona que atendió la inspección tributaria.

Adicionalmente, culminada la práctica de la inspección, la DIAN profirió el requerimiento especial 20632004000202 del 22 de octubre de 2004, el que tampoco fue respondido por la parte actora.

Finalmente, con el recurso de reconsideración que interpuso la sociedad contra la liquidación oficial que se acusa, tampoco aportó prueba que acreditara los hechos declarados en el denuncio de renta del año gravable 2001 y que desvirtuara la glosa propuesta por la DIAN.

Lo anterior evidencia que la demandante en ninguna etapa del proceso administrativo, ni en esta instancia, probó la información registrada en la declaración privada, ni allegó prueba alguna respecto de los hechos controvertidos y alegados por la DIAN, a pesar de corresponderle hacerlo.

Por el contrario, la DIAN, en ejercicio de las facultades de fiscalización que le otorga la ley, desplegó su actividad probatoria mediante la práctica de una inspección tributaria, que implicó no solo la realización de visitas al domicilio de la sociedad demandante, sino también el requerimiento de cierta información que nunca fue suministrada. La administración siempre procuró garantizar el derecho de defensa de la parte actora, le otorgó oportunidades para probar no solo los hechos económicos declarados, sino también los discutidos por la DIAN. De tal manera que no puede la demandante alegar la violación del derecho de defensa que le asiste.

Ahora bien, en lo que respecta a la eficacia de la declaración jurada, se pone de presente que, por el contrario, este documento presume como cierto el hecho de que para el momento en que la funcionaria de la DIAN realizó la visita, la demandante no suministró los libros contables y la información documental relacionada con la declaración de renta discutida que le fue solicitada; circunstancia que no fue desvirtuada por la parte actora.

Así mismo, no es cierto que el requerimiento ordinario de información del 30 de julio de 2004 no tenga relación alguna con la finalidad de la inspección tributaria ordenada por la DIAN, toda vez que, según se desprende del contenido del mismo, la información que le solicitó a la demandante se relacionaba con el impuesto sobre la renta del año 2001.

Se reitera que la inspección tributaria es un medio de prueba que implica el examen directo por parte del fisco de lugares, personas, cosas o documentos, para establecer la existencia de hechos gravables, sus características y demás circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y en su práctica se involucran otros medios de prueba como la inspección contable, los testimonios, el requerimiento de información, etc., sin que pueda tomarse de manera aislada cada uno de ellos.

La Sala no encuentra que con la declaración juramentada que se le recibió al señor Vega Catalán se haya violado el derecho al debido proceso de la empresa, toda vez que, conforme con el artículo 750 del estatuto tributario, las informaciones rendidas bajo juramento por terceros ante la oficina de impuestos se tienen como prueba testimonial.

En efecto, como lo afirmó la demandante, en este tipo de prueba se aplica la prohibición consagrada en el artículo 33 de la Constitución Política, según el cual: “Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”. Así mismo, son aplicables las normas previstas en el Código de Procedimiento Civil para el interrogatorio de parte, esto es, que la declaración será bajo la gravedad de juramento, previas las advertencias de ley y demás ritualidades previstas para la recepción de este medio de prueba en el artículo 208 ibídem; así como las que se señalan en los artículos 213 a 219 ibídem, para la declaración de terceros, referidas a las excepciones del deber de testimoniar, las inhabilidades absolutas y relativas del testigo, los testigos sospechosos, la tacha del testigo, la petición y limitación del testigo.

Para el caso de la declaración que cuestionó la parte actora, la Sala no encuentra que se haya violado la prohibición del artículo 33 de la Constitución, en la medida en que el hecho declarado no implicó una declaración en contra del declarante o contra alguna de las personas que señala la disposición.

Igualmente, no se evidencia la violación del artículo 228 del Código de Procedimiento Civil, relativo a las reglas que se deben seguir en la práctica de un interrogatorio de parte, toda vez que la declaración jurada que tomó la DIAN no constituye en sí un verdadero interrogatorio, con las rigurosidades que señala dicho artículo. Esto, porque la finalidad de dicha declaración no se encauzó a establecer hechos determinados o alguna circunstancia de tiempo, modo o lugar. Por el contrario, con esta actuación, propia del desarrollo de una inspección tributaria, se pretendió dejar constancia sobre una situación particular, que en el caso consistía en la imposibilidad de la sociedad demandante de suministrar los libros de contabilidad en el momento de la visita.

En todo caso, la demandante no aportó elemento probatorio alguno que desvirtuara lo anterior. Por el contrario, se limitó a hacer una serie de afirmaciones sin sustento alguno. No prospera el cargo.

Hechas las anteriores consideraciones, la Sala concluye que los actos demandados no violaron los artículos 705, 706, 714 y 779 del estatuto tributario y 29 de la Constitución Política.

Finalmente, en lo que concierne a la pretensión de nulidad del requerimiento especial 20632004000270 del 30 de julio de 2004, la Sala confirmará la decisión del tribunal que resolvió inhibirse de pronunciarse sobre el mismo, toda vez que, como reiteradamente lo ha dicho esta sección, el requerimiento es un acto de trámite que no crea una situación jurídica de carácter particular; y, por ende, no es susceptible de control judicial.

En ese orden, la Sala confirmará el numeral primero de la sentencia y revocará los numerales segundo y tercero de la sentencia apelada, para, en su lugar, negar las demás pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE el numeral primero de la sentencia apelada.

2. REVÓCANSE los numerales segundo y tercero de la sentencia apelada, por las razones esgrimidas en la parte considerativa de esta providencia. En su lugar NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

3. RECONÓCESE personería para actuar en representación de la UAE DIAN a la abogada María Cristina Arias Hernández, en los términos del poder que le fue otorgado.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase».

(1) Al respecto, esta sección, en reiteradas oportunidades, ha considerado que ante la claridad del texto de la disposición, no cabe interpretación distinta a la de que el término de notificación del requerimiento especial se suspende “a partir de la fecha de la notificación del auto que la decrete” por un lapso fijo de 3 meses, no prorrogable, pero tampoco sujeto a disminución. Entre otras, puede consultarse la sentencia del 26 de marzo de 2009, Exp. 16727, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(2) “www.rae.es Certeza. (De cierto). 1. f. Conocimiento seguro y claro de algo. 2. f. Firme adhesión de la mente a algo conocible, sin temor de errar.

(3) Código de Procedimiento Civil. Artículo 177. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.

(4) Palao Taboada, citado por Juan Zornoza Pérez, afirma que la actividad de la administración en los procedimientos tributarios es “una actividad de comprobación y no de prueba en sentido técnico”[6], resaltando así que cuando la administración aplica las normas tributarias y exige el cumplimiento de las obligaciones correspondientes, no prueba los hechos que justifican el dictado del acto de liquidación, sino que comprueba que han tenido lugar los presupuestos que lo legitiman, por lo que en el procedimiento administrativo solo podría hablarse de “prueba en sentido impropio”[7]. Juan Zornoza Pérez. La prueba en el Derecho Tributario. Trigésimas Jornadas Colombianas de Derecho Tributario. Tomo II.

(5) la carga dinámica de la prueba conlleva que “la parte que se encuentre en posición privilegiada para probar un hecho debe allegar la prueba respectiva… la carga de la prueba se traslada a la parte a que se encuentra en condiciones de aportar los medios al proceso” “Prueba judicial, Escuela judicial Rodrigo Lara Bonilla”.

La Sección Tercera del Consejo de Estado ha precisado que “El principio de la carga dinámica de la prueba se presenta como una excepción a la regla general según la cual, quien alega, prueba; la excepción que este principio consagra consiste precisamente en que el deber de probar un determinado hecho o circunstancia se impone a la parte que se encuentre en mejores condiciones de hacerlo, aun cuando no lo haya alegado o invocado. Este principio se plantea como una solución para aquellos casos en los que el esclarecimiento de los hechos depende del conocimiento de aspectos técnicos o científicos muy puntuales que solo una de las partes tiene el privilegio de manejar. En síntesis, la aplicación del principio de la carga dinámica está condicionada al criterio del juez y supone la inversión de la carga de la prueba para un caso concreto”. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Bogotá, D.C., tres (3) de mayo de dos mil uno (2001). Radicación: 05001-23-31-000-1992-1670-01(12338). Actor: Gladys Arango de Fernández y otro.

(6) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Bogotá, D.C., diez (10) marzo de dos mil once (2011). Radicación: 25 000 2327 000 2005 01946 01. Nº interno: 17075. Demandante: Filmtex S.A. Demandado: UAE DIAN.