Sentencia 2006-01968 de enero 26 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Expediente 76001233100020060196801 (17318)

Magistrado Sustanciador:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Demandante: Servicio de terapia renal Cruz Roja Ltda.

Demandado: UAE DIAN

FALLO

Bogotá, D.C., veintiséis de enero de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación presentado por las partes, corresponde a la Sala examinar la legalidad de la liquidación oficial de revisión 900002 de 2004 y de la Resolución 50662005000014 de 2005, actos administrativos relacionados con el impuesto de renta del año 2001 de la sociedad demandante.

Como ambas partes han apelado, la Sala resolverá sin limitación el recurso propuesto, en los términos del artículo 357 Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión del artículo 267 Código Contencioso Administrativo. En concreto, se debe resolver:

i) Si las pruebas aportadas por la actora respaldan las deducciones que desconoció la DIAN en los actos demandados, por valor de $ 263’088.000. Por igual, si se cumplen los requisitos del artículo 107 E.T. para reconocer tales deducciones.

ii) Si las retenciones en la fuente desconocidas por la DIAN pueden demostrarse con las pruebas aportadas por la demandante.

iii) Si hay lugar a mantener la sanción por no enviar información.

Cuestión preliminar

Previo a resolver el fondo del asunto, la Sala debe pronunciarse sobre la solicitud de audiencia pública de la parte demandante, con el objeto “dilucidar puntos de hecho y de derecho relevantes (que) podrían no estar suficientemente claros” y, además, porque “el tribunal habría incurrido en errores de apreciación y que el recurso de apelación interpuesto por la demandada no hace nada distinto que ahondar en la confusión oficial”.

El artículo 147 Código Contencioso Administrativo(4) faculta al Consejo de Estado y a los tribunales administrativos para que, a solicitud de parte, decreten audiencias para aclarar puntos de hecho o de derecho que interesen en el proceso. La solicitud de audiencia, dice la norma, debe presentarse en el término de traslado para alegar de conclusión y antes de que el proceso ingrese al despacho del magistrado sustanciador para dictar sentencia.

Si bien la petición de la audiencia pública es oportuna, por cuanto se formuló en el término para alegar de conclusión, la Sala estima que en el presente caso no es procedente decretarla, en la medida en que no se advierte que existan cuestiones de hecho o de derecho que deban aclararse. En consecuencia, resulta innecesaria la práctica de la audiencia pedida.

Cuestión de fondo. Hechos relevantes

Son relevantes para desatar el recurso de apelación los siguientes hechos:

1. El 8 de abril de 2002, Cruz Roja Ltda. presentó la declaración de renta del año 2001, identificada con el Nº 90000007488881 y registró saldo a favor de $ 198’143.000(5).

2. El 21 de agosto 2002, la demandante solicitó la devolución de $ 198’143.000, que registró como saldo a favor en la declaración de renta de 2001.

3. Mediante Resolución 1813 del 1º de octubre de 2002, la administración de impuestos de Cali ordenó la devolución del saldo a favor, pero envió el expediente al programa postdevoluciones para que se verificara la procedencia de la devolución ordenada.

4. Por auto de apertura 50632003004858 de 2003, la administración de impuestos de Cali inició la investigación, dentro del programa postdevoluciones, por el impuesto de renta 2001(6).

5. Mediante auto 50632003000161 del 17 de octubre 2003, la administración de impuestos de Cali ordenó inspección tributaria a las instalaciones de la sociedad actora para verificar las retenciones y las deducciones correspondientes al impuesto de renta de 2001(7).

6. Con oficio sin fecha ni número, la administración de impuestos de Cali dijo que, en cumplimiento de lo dispuesto en la diligencia de inspección tributaria, la sociedad contribuyente debía aportar “copia de las facturas o documentos soportes que certifiquen las retenciones en la fuente efectuadas” del año 2001. Inexplicablemente, en dicho oficio aparece una constancia de que se recibió “Laboratorios Baxter S.A.”, el 24 de marzo de 2004(8).

7. El 30 de marzo de 2004, la administración de impuesto de Cali profirió el requerimiento especial 50632004000090 del 30 de marzo de 2004 y propuso(9):

• Desconocer $ 521’779.000, correspondientes a retenciones en la fuente, porque no se encontraban debidamente probadas.

• Rechazar $ 263’088.000, correspondientes a deducciones originadas en el pago de honorarios por asesoría.

• Imponer sanción por no enviar información, por valor de $ 39’243.000.

Además, reliquidó la renta líquida y gravable (RA y RE) y la fijó en $ 1.200’753.000; tasó el impuesto de renta en $ 420’264.000, y determinó un saldo a pagar de $ 455’077.000.

8. Previa contestación del requerimiento especial(10), la división de liquidación de la administración de impuestos y aduanas nacionales de Cali profirió la liquidación oficial de revisión 900002 del 30 de noviembre de 2004, en la que se reiteraron las modificaciones propuestas en el requerimiento especial(11).

9. La demandante interpuso recurso de reconsideración(12). Mediante Resolución 50662005000014 del 16 de diciembre de 2005, la división jurídica de la administración de impuestos y aduanas nacionales de Cali confirmó la decisión contenida en la liquidación oficial de revisión(13).

Conforme con los hechos relatados, la Sala examinará el caso concreto.

I. De la deducción rechazada, por valor de $ 263’088.000

Antes de examinar la procedencia de las deducciones rechazadas por la DIAN, la Sala debe realizar las siguientes precisiones conceptuales.

El artículo 107 E.T.(14) establece que son deducibles las expensas realizadas durante el período gravable en el desarrollo de cualquier actividad productora de renta, siempre que tengan relación de causalidad y sean necesarias y proporcionadas, de acuerdo con cada actividad.

Pues bien, por relación de causalidad debe entenderse la conexidad que existe entre el gasto (causa), realizado en cualquier actividad generadora de renta por el contribuyente durante el año o período gravable, con la actividad generadora de renta. La conexidad se mide por la injerencia (nexo) que tiene el gasto en la actividad productora de renta (efecto).

Nótese que el artículo 107 E.T. no exige que a instancia del gasto se genere un ingreso, lo que exige es que tenga relación de causa y efecto, pero no como gasto - ingreso, sino como gasto - actividad. Por eso, la Sala considera que la injerencia que tiene el gasto puede probarse con el ingreso obtenido, pero esa no necesariamente es la única prueba de la injerencia, si por tal se entiende la acción de “Entremeterse, introducirse en una dependencia o negocio”(15). Dicha injerencia puede probarse con cualquier otro medio de prueba que permita tener certeza en el efecto logrado.

Por supuesto, esa circunstancia de hecho hace más complejo el reconocimiento de las deducciones a favor de los contribuyentes, porque la prueba, en cada caso, le correspondería aportarla a quien pretende hacerla valer.

En cuanto a la necesidad, hay que decir que el adjetivo “necesario”, conforme con la acepción gramatical, implica “Que [algo] se ha[ga] y ejecut[e] por obligación, como opuesto a voluntario y espontáneo”(16). Las expensas son necesarias cuando se requieren para el desarrollo de la actividad productora de renta.

La proporcionalidad, por su parte(17), exige que exista conformidad o proporción de la erogación tanto con el ingreso como con los costos y gastos de la empresa, como elementos relacionados entre sí.

Ahora bien, tanto la necesidad como la proporcionalidad deben medirse con criterio comercial y, para el efecto, el artículo 107 E.T. dispone dos parámetros de análisis. El primero, que la expensa sea de las normalmente acostumbradas en cada actividad. El segundo, que la ley no limite la expensa como deducible.

Respecto del primero, habida cuenta de que el parámetro de comparación depende de la actividad que desarrolle la empresa y de las expensas que realicen las empresas que desarrollen la misma actividad, este es un asunto de hecho que amerita ser probado y, por lo tanto, la dificultad en este punto radica en la prueba que deberá acreditar el interesado en demostrar el derecho a la deducción. La prueba, entonces, se debe encauzar a demostrar que es una “costumbre normal” hacer la erogación. Pero, además, se deberá probar que es forzosa, pues la costumbre no anula la calidad de necesaria de la expensa.

Las expensas que se hacen por mandato de la ley no pueden confundirse con la costumbre, como “Hábito, modo habitual de obrar o proceder establecido por tradición o por la repetición de los mismos actos y que puede llegar a adquirir fuerza de precepto”(18). Lo forzoso puede devenir del cumplimiento de obligaciones legales, del cumplimiento de obligaciones empresariales(19) o de la costumbre mercantil(20), pero en cualquiera de esos casos debe probarse.

Por tanto, la expensa será deducible si cumple el criterio de necesidad en cualquiera de las circunstancias descritas.

Ahora bien, el artículo 771-2 E.T.(21). establece que la para la procedencia de los costos o deducciones se requerirán las facturas o documentos equivalentes que cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 617 [lits. b), c), d), e), f) y g)] y 618 E.T.(22).

El artículo 771-2 se demandó ante la Corte Constitucional, por cuanto el demandante interpretó que el artículo vulneraba el derecho de defensa. Según el actor, la norma limitaba a “un solo medio de prueba la facultad probatoria del contribuyente al pretender controlar el cumplimiento de requisitos formales como las facturas de terceros a través del traslado de su control a los contribuyentes receptores, so pena del rechazo in limine de los costos”.

La Corte Constitucional declaró exequible la norma en el entendido de que la factura es un mecanismo de control de la evasión tributaria y una prueba idónea, para demostrar la existencia de los costos y gastos. Por lo tanto, para la Corte, la factura se exige para que la DIAN compruebe, por una parte, la veracidad de las transacciones económicas y, por otra, que esas transacciones se hayan realizado con el cumplimiento de las formalidades legales.

La Corte también consideró que cuando el artículo 771-2 E.T. exige la presentación de la factura, esa medida podría implicar una restricción a la libertad probatoria(23). Que, sin embargo, esa restricción podría estar justificada constitucionalmente porque sirve como medio para verificar la veracidad y la realidad de las transacciones económicas de los contribuyentes.

De la sentencia citada, sin embargo, no se infiere que la Corte haya dicho que la autoridad tributaria y el juez, según el caso, debían valorar la factura por el sistema de la tarifa legal probatoria(24). Y lo anterior es así, puesto que, aunque se presente una factura con el lleno de los requisitos legales, ese documento, per se, no otorga el derecho a la deducción o al reconocimiento del impuesto descontable. Como lo dijo la Corte en la sentencia citada, “la finalidad de la norma (...) consiste en establecer con certeza la existencia y transparencia de las transacciones económicas que dan lugar a los descuentos por costos y deducciones, así como definir los impuestos descontables, y con ello acreditar su legalidad a fin de fortalecer la lucha contra la evasión”.

De manera que cuando el contribuyente aporta la factura con el lleno de los requisitos legales, esa factura, como documento probatorio, no supedita a la administración tributaria o al juez a reconocer el costo, gasto o deducción. Por el contrario, esa prueba le permite a la autoridad tributaria, o al juez, comprobar la veracidad de los hechos contenidos en la factura, tales como la existencia del proveedor y, por ende, la existencia de la transacción económica incorporada en el título y, para el efecto, hay absoluta libertad probatoria.

Lo que realmente establece el artículo 771-2 es que la factura, como documento, es un medio de prueba para la procedencia de los costos y deducciones. En consecuencia, es un documento ad probationem que se exige por ley como prueba necesaria(25), puesto que las facturas que cumplen los requisitos previstos en los artículos 617 y 618 E.T. son pruebas que, por ley, deben cumplir ciertas formalidades. Cumplidas tales formalidades, las facturas son prueba de la cuantía que los contribuyentes declaran en el denuncio tributario como costos y deducciones.

Si se llegara a probar que las facturas son falsas, porque el negocio jurídico que les da origen no existió, por ejemplo, es claro que tales pruebas, apreciadas en sana crítica, no tendrán la virtud de probar los costos y las deducciones que pretenda hacer valer el contribuyente.

En el caso concreto, la DIAN rechazó las deducciones, por valor de $ 263’088.000 y dijo, en síntesis, que la asesoría prestada por RTS Colombia Ltda. no estaba respaldada con el contrato ni con otros documentos que dieran cuenta de la ejecución del contrato y del tipo de asesoría prestada. Que las facturas que aportó no demostraban la “razonabilidad” del gasto y que, por ende, no podía aceptarse la deducción.

La demandante, a su turno, alega que las facturas aportadas demuestran plenamente el monto de las deducciones registradas en la declaración de renta del año 2001, en los términos que establece el artículo 771-2 E.T. Que la legislación tributaria no exige que la asesoría deba probarse con otro tipo de documentos.

Para la Sala, las facturas aportadas por la actora sirven para demostrar la deducción aquí cuestionada, pues, como se vio, el artículo 771-2 E.T. permite que las deducciones se prueben con las facturas o documentos equivalentes que cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 617 y 618 ibídem. Siendo así, aunque la DIAN podía pedir documentos diferentes para verificar la existencia del hecho económico, lo cierto es que, en principio, las facturas son el medio probatorio conducente, pertinente y útil para probar la deducción.

En el expediente se encuentran las facturas que dan cuenta del servicio de asesoría que le prestó a la actora la sociedad RTS Colombia Ltda., así:


Factura Nº

Fecha

Valor

Folio
Cumple
Requisitos
000657030-11-2001$ 1’740.00054
000656930-11-2001$ 20.184.00055
000638530-11-2001$ 1’740.00056
000639630-11-2001$ 20.184.00057
000627930-10-2001$ 1’740.00058
000627830-10-2001$ 20.184.00059
000614330-09-2001$ 1’740.00060
000614230-09-2001$ 20.184.00061
000600730-08-2001$ 20.184.00062
000699430-08-2001$ 1’740.00063
000589430-07-2001$ 20.184.00064
000588430-07-2001$ 1’740.00065
000583530-06-2001$ 20.184.00067
000582530-06-2001$ 1’740.00068
000573330-06-2001$ 20.184.00069
000571930-05-2001$ 1’740.00070
000566230-04-2001$ 1’740.00071
000563930-04-2001$ 20.184.00072
000559030-04-2001$ 20.184.00073
000558030-03-2001$ 1’740.00074
000542928-02-2001$ 1’740.00075
000513928-02-2001$ 20.184.00076
000528831-2001-2001$ 20.184.00077
000527431-2001-2001$ 1’740.00078

Total $ 263’088.000 

 

Adicionalmente, la demandante aportó el contrato de prestación de servicios suscrito con RTS Colombia Ltda., que da cuenta de la existencia del negocio jurídico y, por ende, de la existencia de la transacción económica que da lugar a los costos aducidos.

En esa medida y habida cuenta de que las facturas cumplen con los requisitos de ley y el contrato no fue tachado de falso, la Sala examinará, seguidamente, si se cumplen con los requisitos previstos en el artículo 107 E.T. para que puedan aceptarse como deducción en el impuesto de renta del año 2001.

La sociedad demandante adujo que el gasto tenía relación de causalidad con la actividad productora de renta porque eran regularmente utilizados por la compañía. Que el gasto era necesario porque el gasto se hizo para “la consecución de nuevos clientes (y que eso) ayuda a mejorar el recaudo de ingreso, establece acuerdos de pago, procura una mejor situación financiera para la compañía, etc.”. Que el gasto, además, cumplía con el requisito de proporcionalidad, aun en el evento en que el gasto se midiera respecto de los ingresos que se obtienen, porque “Cruz Roja durante el año 2001 obtuvo ingresos por valor de $ 7.538.968.000 y el gasto por servicio administrativo y financiero asciende a $ 263.088.000 lo que equivale al 0.03%, porcentaje este mínimo en relación con los ingresos obtenidos durante dicho año”.

Pues bien, para definir si la citada expensa tienen relación de causalidad con la actividad productiva de la empresa, si son necesarias y proporcionales, lo primero que precisa la Sala es que el objeto social de la sociedad Servicio de Terapia Renal Cruz Roja Ltda., es “La prestación de servicios de salud, médicos y terapéuticos, especialmente en el área de la nefrología, tales como consulta, manejo de terapias de diálisis, hemodiálisis, diálisis peritoneal, trasplante de riñón y demás tratamientos renales y la administración de centros o unidades dedicadas a las actividades mencionadas anteriormente”(26).

Para la Sala, es indudable que el gasto en que incurrió la demandante tiene relación con la actividad productora de renta, en la medida de que la sociedad RTS Colombia Ltda. es una sociedad que ofrece servicios de asesoría administrativa, financiera y jurídica a las empresas que prestan servicios médicos en el área de la nefrología(27). Tampoco cabe duda de que esa asesoría incide positivamente en la actividad productora de renta, pues, como acertadamente lo dijo la actora, permite la consecución de nuevos clientes y la disminución de costos en el desarrollo de la actividad de la compañía.

En efecto, en el cuaderno de antecedentes administrativos(28) se encuentra el contrato de prestación de servicios que corrobora la injerencia positiva de la asesoría en la actividad productora de renta, pues RTS se comprometía a prestar soporte de mercadeo, soporte en el área clínica, asesoría en el área legal y asesoría en el área de recursos humanos. Veamos:

“Objeto. El contratista (RTS Colombia Ltda.) se obliga frente al contratante (Servicio de terapia renal Cruz Roja Ltda.) a prestarle asistencia profesional y técnica en las áreas del soporte tecnológico de los bienes y equipos que el contratista utiliza para la prestación de los servicios que constituyen su objeto social, asesoría legal, asesoría financiera, asesoría contable, asesoría médica en protocolos médicos, asesoría en el manejo de recursos humanos y selección de personal. Cláusula tercera: Alcance del objeto. En desarrollo del convenio el contratista prestará al contratante sus servicios así: A) Soporte en mercadeo: 1. Asesoría en las propuestas u ofertas a las EPS, IPS, ARS y demás entidades del sistema de seguridad social, respecto de los servicios ofrecido; 2. Asesoría en la elaboración de portafolio de servicios; 3. Creación y posicionamiento de la imagen corporativa; 4. Desarrollo de plan estratégico de mercadeo; 5. Coordinación y seguimiento en programas de construcción y/o remodelación; 6. Elaboración de catálogos y material de difusión de los servicios de la unidad renal. B) Soporte en el área clínica: 1. Asesoría en el control de calidad del área clínica; 2. Asesoría en planeación y diseño de planta física y/o remodelación de la unida renal; 3. Educación clínica continuada para nefrólogos, enfermeras, nutricionistas, trabajadoras sociales (sic) y psicologas (sic); 4. Desarrollo de estrategias para mejorar la información que se maneja en el área clínica; 5. Apoyo técnico en la operación de softwar (sic) clínico; 6. Control en la calidad de agua y su proceso. C) Asesoría en el área legal: 1. Asistencia jurídica en reuniones de juntas de socios y/o directivas: 2. Asesoría en trámites legales ante entidades públicas y privadas; 3. Elaboración de documentos legales necesarios para el desarrollo de las operaciones de la sociedad; 4. Revisión de contratos; 5. Emisión de conceptos legales. D) Asesoría en el área de recursos humanos: 1. Selección de personal a nivel administrativo: 2. Apoyo en la selección de cualquier otro cargo que por diferentes razones se requiera; 3. Evaluación permanente de costos laborales; 4. Evaluación laboral de creación o redistribución de turnos de atención de pacientes; 5. Asesoría permanente a la gerencia de la sociedad en trámites administrativos legales de tipo laboral; 6. Asesoría en el manejo disciplinario; 7. Elaboración de clima organizacional (sic) de la sociedad para tomar las acciones conducentes a desarrollar planes de mejoramiento; 8. Elaborar, actualizar y administrar la escala salarial a fin de que la compensación de los empleados esté acorde con el mercado. E) Asesoría en el área financiera y contable: 1). Asesoría en el cumplimiento de las disposiciones que reglamentan la contabilidad en Colombia; 2). Asesoría en la búsqueda de hacer eficiente el manejo de los recursos disponibles de la sociedad; 3). Capacitación en las áreas financiera y contable al personal que labora en tales áreas; 4). En general asesoría en la gestión económica de la sociedad”.

Ese tipo de asesoría, sin duda, está relacionada con el objeto social de la entidad demandante. Aunque, se repite, el contrato no era la única prueba para demostrar la deducción reclamada, lo cierto es que corrobora la incidencia positiva en la actividad productora de renta.

Para la Sala, no incide en la aceptación de la deducción el hecho de que el contrato de asesoría no se hubiera aportado cuando lo pidió la DIAN, pues lo cierto es que si bien eso debe examinarse, en principio, como un indicio en contra del contribuyente, lo cierto es que ese indicio no se opone a que el contribuyente acredite después los costos y deducciones que pretende hacer valer, en los términos del artículo 781 E.T.(29).

Ante la carencia de la prueba, es razonable que el artículo 781 citado disponga que cuando el contribuyente allegue posteriormente esa prueba y la alegue “a su favor”, deba valorarse, pero sin olvidar que existe un indicio en contra. En estricto sentido, la norma no restringe que la prueba se presente con posterioridad. Tan es así que la norma permite que el contribuyente pueda acreditar “plenamente” los correspondientes costos, deducciones, descuentos y pasivos.

La Sala, entonces, respalda parcialmente el argumento del a quo. Empero, no es verdad que a la deducción reclamada por la actora deba disminuirse el valor del impuesto sobre las ventas discriminado en las facturas, como lo creyó el a quo, pues lo cierto es que ese valor hace parte del mayor valor del costo o del gasto cuando el contribuyente no puede llevar el impuesto sobre las ventas como descontable, como ocurrió en el caso concreto, pues la actora no es responsable del IVA porque presta servicios excluidos(30).

Por ende, no ha lugar a descontar el IVA del valor reconocido como deducción.

Prospera el cargo propuesto por la parte demandante. Procede la deducción, por valor de $ 263’088.000.

II. De las retenciones en la fuente, por valor de $ 521’896.000

Lo primero que conviene precisar es que la retención en la fuente es un mecanismo anticipado de recaudo del impuesto, que recae sobre los pagos o abonos en cuenta susceptibles de constituir ingreso tributario para el contribuyente y cuya finalidad principal es garantizar que el recaudo se realice en el mismo período en que se causa.

Ahora bien, el artículo 374 E.T. prevé que el “impuesto retenido será acreditado a cada contribuyente en la liquidación oficial del impuesto sobre la renta y complementarios del correspondiente año gravable, con base en el certificado que le haya expedido el retenedor”.

El artículo 381 E.T.(31), por su parte, establece que cuando se trate de retenciones en la fuente diferentes a las originadas en la relación laboral, o legal y reglamentaria, el certificado de retenciones deberá describir:

a. El año gravable y la ciudad en que consignó la retención;

b. La identificación y la dirección del agente retenedor;

c. La identificación de la persona a la que se le practicó la retención;

d. El valor total y el concepto del pago sujeto a retención;

e. La cuantía y el concepto de la retención en la fuente, y

f. La firma del pagador o agente retenedor.

Según el parágrafo primero de ese artículo, las personas sometidas a retención en la fuente podrán sustituir el certificado de retención por el original o copia o fotocopia de la factura o documento equivalente, en los casos que el obligado no lo hubiera expedido, pero siempre que cumplan con los requisitos de esa misma norma.

Es decir, la factura o documento equivalente sustituye al certificado de retención siempre que cumpla tanto los requisitos de los artículos 617 y 618 como los del 381 E.T. Es necesario, entonces, que en la factura o documento equivalente aparezca identificado el año gravable y el lugar donde se consigna la retención; el monto total y el concepto del pago, y el valor y concepto de la retención practicada. Todo eso para que exista certeza de que la retención se practicó en debida forma y para que pueda aceptarse como descuento del impuesto de renta.

En el caso particular, la Sala debe decidir si las retenciones en la fuente están probadas con los documentos que aportó la sociedad demandante. O si, como lo alegó la DIAN, “los documentos aportados por la actora no han permitido identificar los ingresos y conceptos objeto de retención”.

Para mayor entendimiento, la Sala se pronunciará respecto de las pruebas con las que se pretende sustituir el certificado de retención en el orden propuesto en la demanda.

a. De las retenciones en la fuente, cuyos certificados de retención se aportaron

Con la demanda(32) la actora aportó los siguientes certificados de retención en la fuente:

Valor retenidoCuaderno principal folio
$ 7’869.282,00110
$ 1’320.961,00110
$ 234.294,00111
$ 205.931,00111
$ 3’166.976,00112
$ 13’467.063,00112
$ 818.169,00113
$ 1’111.854,00113
$ 526.458,00114
$ 962.316,00114
$ 950.847,00114
$ 355.387,00114
$ 97.263,00114
$ 2’934.236,00114
$ 7’917.000,00115
$ 610.683,00116
$ 15’567.567,00116
$ 805.836,00117
$ 809.827,00118
$ 14.530,00119
$ 287.540,00120
$ 17.170,00121
$ 51.511,00121
$ 2’665.134,00122
$ 80.250,00123
$ 46.824,00124
$ 7’556.716,00125
$ 18’580.717,00125
$ 2’020.409,00126
$ 372.468,00126
$ 3’157.220,00127
$ 28’237.949,00127
$ 18’364.897,00128
$ 394.764,00129
$ 2’314.783,00130
$ 2’000.000,00131
$ 525.494,00132
$ 1’782,923,00132
$ 1’188.762,00133
$ 572.492,00133
$ 13’126.921,00134
$ 353.100,00135
$ 3’679.564,00136
$ 3’544.694,00136
$ 3’089.544,00137
$ 90.144,00138
$ 2.640,00139
$ 39.425,00139
$ 9.200,00140
$ 124.134,00140
$ 4’045.995,00141
$ 44’866.394,00141
$ 18’927.239,00142 vto.(33)
$ 35.862,00144
$ 243.123,00144
$ 316.924,00145
$ 12.878,00145
$ 51.512,00146
$ 8.585,00147
$ 12.878,00147
$ 241.433,00148
$ 198.800,00149
$ 242’985.492,00Total

 

La Sala aceptará la retención en la fuente por valor de $ 242’985.492,00 en cuanto los certificados de retención aportados cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 381 citado y, por ende, son plena prueba de las retenciones practicadas.

b. De las retenciones en la fuente que se pretenden demostrar con documentos diferentes a los certificados de retención

La demandante aportó una serie de pruebas para sustituir el certificado de retención en la fuente.

Frente a tales pruebas la Sala se pronuncia así:

1. La demandante aportó copia de “la facturación en el año 2001 donde se relaciona el valor total de la facturación (sic) por un valor de $ 8.043.448 y el valor de la retención en la fuente practicada sobre ese ingreso”(34).

También aportó la certificación del contador general de la Unión Temporal Red Nacional de Servicios de Terapia Renal, que dice(35):

“a. Que de acuerdo a registros contables no auditados a 31 de diciembre de 2001, el siguiente es el resumen de ingresos y gastos generados en la ejecución de contrato de prestación (sic) de servicios de salud entre RTS Limitada actuando en representación de la Unión Temporal ‘Red Nacional de Servicios de Terapia Renal’ y Cajanal.

Facturado aNº de facturaFechaConcepto
período de
facturación
Valor del servicio facturado por cuenta de la clínica renal
Cajanal
2185
2242
2192
2193
Dic-2001
Dic-2001
Dic-2001
Dic-2001
Ago-2001
Sep-2001
Sep-2001
Oct-2001
2,361,212
3,363,744
1,211,833
1,146,648
Total   8,083.437

 

b. la presente certificación se expide para dar cumplimiento al acuerdo de conformación de unión temporal para contratar con Cajanal, suscrito en el mes de abril de 2000, para ser entregado a STR Cruz Roja Ltda. NIT 805.006.345-3, y no deberá ser utilizado para ningún otro proposito (sic).

...”.

Sin embargo, tales pruebas dan cuenta de las retenciones que se practicaron a RTS Limitada, mas no demuestran las practicadas a la sociedad Cruz Roja Ltda., como integrante de la Unión Temporal Red Nacional de Servicios de Terapia Renal.

Por lo tanto, no está probada la retención en la fuente que la actora pretende descontar del impuesto de la renta del año 2001.

2. La demandante también aportó los siguientes documentos:

— El “resumen de la facturación del año 2001 donde se relaciona el valor total de la facturación de $ 301.215.617 y el valor en la retención en la fuente practicada sobre ese ingreso”. Aportó las copias de las facturas de los servicios prestados a Servicios Occidental de Salud S.A. SOS(36).

— El “resumen de la facturación del año 2001 donde se relaciona el valor total de la facturación por un valor $ 13.387.933 y el valor en la retención en la fuente practicada sobre ese ingreso”. Aportó las copias de las facturas de los servicios prestados a Coosalud(37).

— El “resumen de la facturación del año 2001 donde se relaciona el valor total de la facturación por un valor $ 22’237.300 y el valor en la retención en la fuente practicada sobre ese ingreso”. Aportó la copia de las factura de los servicios prestados a Comcaja(38).

— El “resumen de la facturación del año 2001 donde se relaciona el valor total de la facturación por un valor $ 34.799.802 y el valor en la retención en la fuente practicada sobre ese ingreso”. Aportó las copias de la factura de los servicios prestados a Medisanitas S.A.(39).

— El “resumen de la facturación del año 2001 donde se relaciona el valor total de la facturación por un valor $ 144.535.935 y el valor en la retención en la fuente practicada sobre ese ingreso”. Aportó las copias de las facturas de los servicios prestados a Coomeva(40).

— “Documentos que acreditan ingresos facturados por valor total de $ 3.339.167.962 en el año 2001, a través de la unión temporal advertida de la cual mi representada era solo un partícipe más y las retenciones en la fuente descontadas por mi representada”. Aportó también certificado del contador general de la Unión Temporal Red Nacional de Servicios de Terapia Renal(41).

Para respaldar las retenciones, la sociedad Cruz Roja Ltda. alegó que las facturas y los documentos equivalentes sustituían el certificado de retención porque cumplían con los requisitos previstos en los artículos 617 y 618 E.T. Y que, por esa razón, tales facturas no debían cumplir los requisitos del artículo 381 ibídem, que solo están previstos para el certificado de retención.

Como ya se dijo, la factura o documento equivalente sustituye el certificado de retención únicamente cuando se cumplen los requisitos de los artículos 617, 618 y 381. No basta que se cumplan las exigencias propias de las facturas, pues es necesario que se identifique el año gravable y el lugar donde se consigna la retención; el monto total y el concepto del pago, y el valor y concepto de la retención practicada.

En el caso particular, si bien las facturas aportadas cumplen con los requisitos de los artículos 617 y 618 E.T., lo cierto es que no cumplen con los del artículo 381 y, por tanto, no pueden sustituir el certificado de retención que debieron expedir los agentes retenedores.

En cuanto al certificado expedido por el contador general de la Unión Temporal Red Nacional de Servicios de Terapia Renal, con el que se pretende demostrar las retenciones practicadas por el servicio prestado al ISS, la Sala advierte que en dicho certificado no se discriminan las retenciones realizadas a Cruz Roja Ltda. En consecuencia, ni siquiera el certificado aportado tiene la entidad de probar la retención reclamada.

La carga de demostrar el monto de la retención corresponde al contribuyente que pretende que se le descuente en el impuesto de renta del año 2001. La demandante no puede aportar una serie de documentos contables para que la administración o el juez administrativo infieran, deduzcan, que se le practicaron las retenciones reclamadas.

No prospera el argumento de la parte actora.

Por lo tanto, no está probada la retención en la fuente que la actora pretende descontar del impuesto de la renta del año 2001.

III. De la sanción por no enviar información

En este punto, la Sala debe determinar si hay lugar a mantener la sanción por no enviar información.

La DIAN sancionó a la actora porque, según dijo, en la diligencia de inspección tributaria requirió información que no fue entregada. La demandante, en cambio, alegó, en concreto, que entregó la información, pero que fue devuelta por el funcionario de la DIAN “que tenía a cargo el expediente”. Que, además, la DIAN interrumpió el plazo de 15 días que otorgó para entregar la información, esto es, propuso la sanción sin que se hubiera vencido el plazo.

Las pruebas del proceso dan cuenta de que no existe un requerimiento formal de información que la sociedad actora se hubiera negado a atender. Así mismo, contra lo dicho por la DIAN, en el acta de la diligencia de inspección tributaria no se menciona ningún requerimiento formal de información que de lugar a imponer la sanción de que trata el artículo 651 E.T.(42). En efecto, en el acta de inspección tributaria solo se dejó constancia de que ni la deducción ni las retenciones aquí cuestionadas estaban debidamente probadas, mas no se menciona la existencia de un requerimiento formal de información.

Ahora bien, la DIAN pretendió que el oficio sin fecha ni número que se encuentra en el folio 86 del cuaderno de antecedentes se asimilara a un requerimiento ordinario de información. Sobre el particular, baste decir que esa simple manifestación de requerir información para que el contribuyente aporte “copia de las facturas o documentos soportes que certifiquen las retenciones en la fuente efectuadas” no es un requerimiento porque ni siquiera se otorgó plazo y, además, inexplicablemente, aparece una constancia de que se entregó el 24 de marzo de 2004 a “Laboratorios Dexter S.A.”, pero no a la sociedad actora.

En todo caso, de aceptarse que es un requerimiento formal de información, es cierto, como lo alegó la actora, que, de conformidad con el artículo 261 de la Ley 223 de la Ley 223 de 1995(43), el término mínimo que tienen los contribuyentes para atender los requerimientos de información que formula la administración tributaria es de 15 días. Por tanto, en el requerimiento especial la DIAN no podía incluir la sanción por no enviar información porque no se había cumplido el término mínimo para aportarla. En efecto, el oficio mencionado se recibió el 24 de marzo de 2004 y el 30 de marzo del mismo año ya se formulaba requerimiento especial en el que se proponía la sanción por no enviar información.

Prospera el cargo y, por ende, ha lugar a levantar la sanción.

IV. Conclusión

Por lo anterior, la Sala confirmará parcialmente la sentencia apelada, en cuanto anuló parcialmente los actos demandados. Empero, a título de restablecimiento del derecho, practicará una nueva liquidación del impuesto de renta del año 2001, correspondiente a la demandante, en la que se acepten: la deducción por valor de $ 263’088.000, y las retenciones en la fuente por valor de $ 242’985.492 y se levante la sanción por no enviar información, así:

Liquidación impuesto de renta 2001

ConceptosReng.Liq. privadaLiq. DIANLiq. cons. est.
Pasivos no monetarios AA - - -
Patrimonio líquido AB 127.947.000 127.947.000 127.947.000
Depreciación, amortización, agotamiento AC 7.442.000 7.442.000 7.442.000
Cifra de control 1 SS 135.389.000 135.389.000 135.389.000
Activos fijos AJ 18.037.000 18.037.000 18.037.000
Otros activos no monetarios AL 2.930.000 2.930.000 2.930.000
Disminución patrimonio líquido AM 14.359.000 14.359.000 14.359.000
Cifra de control 2 ST 35.326.000 35.326.000 35.326.000
Efectivo, bancos, ctas. bcos. invers. mobiliarias ctas. cobrar PA 217.543.000 217.543.000 217.543.000
Derechos fiduciarios PK 67.255.000 67.255.000 67.255.000
Cuentas por cobrar clientes PM 5.514.855.000 5.514.855.000 5.514.855.000
Cuentas por cobrar otras PQ 691.670.000 691.670.000 691.670.000
Ctas. por cobrar accionistas y compañías vinculadas EO 199.819.000 199.819.000 199.819.000
Inventarios PC 79.610.000 79.610.000 79.610.000
Activos fijos depreciables, amortizables, intangibles y agotables EU 282.073.000 282.073.000 282.073.000
Menos: depreciación acumulada PE 120.654.000 120.654.000 120.654.000
Otros activos PF 34.048.000 34.048.000 34.048.000
Total patrimonio bruto PG 6.966.219.000 6.966.219.000 6.966.219.000
Cuentas por pagar proveedores OA 2.733.477.000 2.733.477.000 2.733.477.000
Cuentas por pagar compañías vinculadas y acciones o socios OB 1.653.036.000 1.653.036.000 1.653.036.000
Pasivo laboral OW 55.584.000 55.584.000 55.584.000
Préstamos por pagar sector financiero OC 68.280.000 68.280.000 68.280.000
Impuestos, gravámenes y tasas OX 366.898.000 366.898.000 366.898.000
Otros pasivos OI 90.338.000 90.338.000 90.338.000
Total pasivo PH 4.967.613.000 4.967.613.000 4.967.613.000
Total patrimonio líquido PI 1.998.606.000 1.998.606.000 1.998.606.000
Total patrimonio líquido negativo PL - - -
Servicios, honorarios y comisiones IS 7.538.968.000 7.538.968.000 7.538.968.000
Intereses y rendimientos financieros IC 30.005.000 30.005.000 30.005.000
Otros ingresos distintos de los anteriores IE 64.032.000,00 64.032.000 64.032.000
Total ingresos brutos IV 7.633.005.000 7.633.005.000 7.633.005.000
Menos: devoluciones, descuentos y rebajas IR 57.085.000 57.085.000 57.085.000
Total ingresos netos IG 7.575.920.000 7.575.920.000 7.575.920.000
Costos de venta (para sistema permanente) CV 4.929.568.000 4.929.568.000 4.929.568.000
Total costos CT 4.929.568.000 4.929.568.000 4.929.568.000
Más: comisiones, honorarios y servicios CE 284.633.000 284.633.000 284.633.000
Salarios y prestaciones y otros pagos laborales (incluidos apor. parafisc.) DC 145.348.000 145.348.000 145.348.000
Intereses y demás gastos financieros nacionales DF 8.941.000 8.941.000 8.941.000
Depreciación, amortización, agotamiento DP 150.474.000 150.474.000 150.474.000
Otras deducciones (servicios, arrend., etc.) CX 1.119.291.000 856.203.000 1.119.291.000
Total deducciones DT 1.708.687.000 1.445.599.000 1.708.687.000
Renta líquida del ejercicio GJ 937.665.000 1.200.753.000 937.665.000
Compensación por pérdidas GK - - -
Renta líquida RA 937.665.000 1.200.753.000 937.665.000
O pérdida líquida RB - - -
Renta presuntiva RC 98.928.000 98.928.000 98.928.000
Total rentas exentas ED - - -
Renta líquida gravableRE 937.665.000 1.200.753.000 937.665.000
Ingresos susceptibles de constituir ganancia ocasionalGA - - -
Impuesto sobre renta gravableLA 328.183.000 420.264.000 328.183.000
Impuesto neto de renta LC 328.183.000 420.264.000 328.183.000
Impuesto recuperado LL - - -
Total impuesto neto de renta LN 328.183.000 420.264.000 328.183.000
Total imp. a cargo/imp. generado por operaciones grav. FU 328.183.000 420.264.000 328.183.000
Rendimientos financieros MC 1.918.000 - -
Honorarios, comisiones y servicios MY 519.779.000 - 242.985.000
Otros conceptos MI 199.000 - -
Total retenciones año gravable GR 521.896.000 - 242.985.000
Menos: saldo fvr. sin sol. dev. o comp./saldo fvr. pers. fls. ant. GN - - -
Menos: anticipo por el año gravable GX 4.430.000 4.430.000 4.430.000
Más: anticipo por el año gravable siguiente FX - - -
Más: sanciones VS - 39.243.000 -
Total saldo a pagar HA - 455.077.000 80.768.000
O total saldo a favor HB 198.143.000 - -
Renglón CX: otras deducciones     1.119.291.000
Valor aceptado por la DIAN   856.203.000 
Más: Deducciones aceptadas por Cons. Es.: Honorarios por asesoría financiera 263.088.000 
Renglón DT: Total deducciones    1.708.687.000
Valor aceptado por la DIAN   1.445.599.000 
Más: Honorarios por asesoría financiera aceptadas por el Cons. Estado  263.088.000 
Renglón GJ: Renta líquida del ejercicio    937.665.000
Renglón IG: Total ingresos netos   7.575.920.000 
Menos: Renglón CT: Total costos   4.929.568.000 
Menos: Renglón DT: Total deducciones   1.708.687.000 
Renglones RA y RE: Renta líquida y renta líquida gravable  937.665.000
Renglón LA: Impuesto sobre renta gravable   328.183.000
Renglón RE: Renta líquida gravable   937.665.000 
Por tarifa  35% 
Renglones LC, LN y FU: Imp. neto renta, total imp. neto renta y total imp. a cargo 328.183.000
Renglón GR: Total retenciones año gravable   242.985.000
Valor aceptado por la DIAN   -  
Más: Valor aceptado por el Consejo de Estado   242.985.000 
Renglón VS: Sanciones   39.243.000 El C.E. la levanta
Por no enviar información    
Renglón GR: Total retenciones año gravable   521.779.000 
Renglón CX: Otras deducciones   263.088.000 
Base para aplicar sanción   784.867.000 
Porcentaje de sanción  5% 
Renglón HA: Total saldo a pagar    80.768.000
Renglón FU: Total impuesto a cargo   328.183.000 
Menos: Renglón GR: Total retenciones año gravable   242.985.000 
Menos: Renglón GX: Anticipo por el año gravable   4.430.000 

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Confírmanse los numerales 1º y 3º de la sentencia apelada, por las razones expuestas.

Modifícase el numeral 2º de la sentencia apelada. En su lugar, a título de restablecimiento del derecho, se liquida nuevamente el impuesto de renta de 2001, en la forma prevista en las páginas 34-36 de la sentencia.

Reconócese personería a la abogada Ana Isabel Camargo Ángel, como apoderada de la DIAN, conforme con el poder otorgado.

Reconócese personería al abogado Pedro Enrique Sarmiento Pérez, como apoderado de la sociedad demandante, en los términos de la sustitución de poder presentada.

Cópiese, notifíquese, y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.»

(4) ART. 147.—En todo proceso es potestativo del Consejo de Estado y de los tribunales administrativos conceder audiencias públicas, por petición de alguna de las partes, para dilucidar puntos de hecho o de derecho.

Las audiencias deberán solicitarse en el término de traslado para alegar de conclusión y efectuarse antes que el proceso entre al despacho del ponente para sentencia.

La audiencia se celebrará con las partes que concurran; cada una de ellas podrá hacer uso de la palabra por una vez durante treinta minutos, pero el presidente de la Sala o Sección puede, prudentemente, prorrogar este plazo. Las partes que hayan intervenido podrán presentar un resumen escrito de sus alegaciones orales, dentro de los tres (3) días siguientes al de la audiencia.

En la audiencia se podrá proferir la sentencia, para lo cual se decretará un receso de hasta dos (2) horas. En este caso la sentencia se notificará en estrados, estén o no presentes las partes.

(5) Folio 32, cuaderno de antecedentes.

(6) Folio 13, cdno. a.

(7) Folio 14, cdno. a.

(8) Folio 86, cdno. a.

(9) Folios 88-104, cdno. a.

(10) Folios 158-177, cdno. a.

(11) Folios 670-691, cdno. a.

(12) Folios 722-743, cdno. a.

(13) Folios 755-770, cdno. a.

(14) ART. 107.—Las expensas necesarias son deducibles. Son deducibles las expensas realizadas durante el año o período gravable en el desarrollo de cualquier actividad productora de renta, siempre que tengan relación de causalidad con las actividades productoras de renta y que sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada actividad.

La necesidad y proporcionalidad de las expensas debe determinarse con criterio comercial, teniendo en cuenta las normalmente acostumbradas en cada actividad y las limitaciones establecidas en los artículos siguientes.

(15) DRAE. Injerir 4. prnl. Entremeterse, introducirse en una dependencia o negocio.

(16) DRAE. 2. adj. Que se hace y ejecuta obligado por otra cosa, como opuesto a voluntario y espontáneo

Sobre la necesidad la doctrina también ha dicho que “implica que la partida debe requerirse para el desarrollo de la actividad propia del negocio o de la actividad correspondiente”. Se ha dicho que “Para saber si un costo o gasto es necesario, debe contraponerse con lo meramente útil o provechoso. De no ser así, no habría costo ni gasto innecesario puesto que cualquier partida puede ser útil para el empresario” Op. cit. 37.

(17) DRAE. 1. f. Conformidad o proporción de unas partes con el todo o de cosas relacionadas entre sí.

(18) DRAE. Definición de costumbre.

(19) Obligaciones derivadas del contrato social o de constitución de la empresa y que se deben cumplir para sacarla adelante, para hacerla productiva y rentable y, por supuesto, para mantener esa productividad y rentabilidad.

(20) La costumbre mercantil se entiende como el conjunto de usos o prácticas de los comerciantes que cumplen los requisitos para entenderse como tal. Para que tenga plenos efectos, debe probarse, en los términos de los artículos 8º y 9º C. Co., y 190 CPC.

(21) ART. 771-2.—Procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables. <Artículo adicionado por el artículo 3º de la Ley 383 de 1997. El nuevo texto es el siguiente:> Para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, se requerirá de facturas con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales b), c), d), e), f) y g) de los artículos 617 y 618 del estatuto tributario.

Tratándose de documentos equivalentes se deberán cumplir los requisitos contenidos en los literales b), d), e) y g) del artículo 617 del estatuto tributario.

Cuando no exista la obligación de expedir factura o documento equivalente, el documento que pruebe la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones o impuestos descontables, deberá cumplir los requisitos mínimos que el Gobierno Nacional establezca.

PAR.—En lo referente al cumplimiento del requisito establecido en el literal d) del artículo 617 del estatuto tributario para la procedencia de costos, deducciones y de impuestos descontables, bastará que la factura o documento equivalente contenga la correspondiente numeración.

(22) En lo pertinente, las normas vigentes para la época de los hechos decían:

ART. 617.—Requisitos de la factura de venta. Para efectos tributarios, la expedición de factura a que se refiere el artículo 615 consiste en entregar el original de la misma, con el lleno de los siguientes requisitos:

(...).

b. Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.

c. Apellidos y nombre o razón social del adquirente de los bienes o servicios, cuando este exija la discriminación del impuesto pagado, por tratarse de un responsable con derecho al correspondiente descuento.

d. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta.

e. Fecha de su expedición.

f. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados.

g. Valor total de la operación.

(...).

Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los literales a), b), d) y h), deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o máquinas registradoras, con la impresión efectuada por tales medios se entienden cumplidos los requisitos de impresión previa. El sistema de facturación deberá numerar en forma consecutiva las facturas y se deberán proveer los medios necesarios para su verificación y auditoría.

(...).

ART. 618.—Obligación de exigir factura o documento equivalente. A partir de la vigencia de la presente ley los adquirentes de bienes corporales muebles o servicios están obligados a exigir las facturas o documentos equivalentes que establezcan las normas legales, al igual que a exhibirlos cuando los funcionarios de la administración tributaria debidamente comisionados para el efecto así lo exijan.

(23) Sentencia C-733 de 2003. Dijo la Corte: “Ahora bien, para alcanzar el objetivo propuesto y evitar o al menos disminuir la evasión tributaria y el contrabando, el legislador emplea un mecanismo idóneo como es el requerimiento de la factura con ciertos requisitos, que si bien podría implicar alguna restricción a la libertad probatoria, estaría justificada por la consecución del fin anteriormente señalado, cuyo respaldo constitucional ya fue explicado”.

(24) El sistema de tarifa legal suponía “sujetar al juez a reglas abstractas preestablecidas, que le señalan la conclusión que forzosamente debe aceptar en presencia o por la ausencia de determinados medios de prueba”. Devis Echandía, Hernando, Compendio de derecho procesal, Pruebas Judiciales, Tomo III, ed. ABC, Santafé de Bogotá, 1998, página 33, citado por López Banco, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Pruebas. Tomo III. Dupre Editores, Bogotá, D.C. Colombia. 2001.

(25) El profesor Hernando Devis Echandía manifiesta que “Existen dos clases de documentos ad probationem: los que sirven de medio probatorio pero sin que la ley los exija y los que son exigidos como prueba necesaria. (…)”. Hernando Devis Echandía. Compendio de Derecho Procesal, Tomo II, Pruebas Judiciales. Octava Edición. Editorial ABC- Bogotá 1984.

Jairo Parra Quijano, por su parte, explica que “Teniendo en cuenta la finalidad que con él se persigue, el documento desempeña tres funciones distintas: una de carácter extraprocesal, otra de carácter procesal y, finalmente, una legitimatoria.

Sobre la función de carácter extraprocesal, el autor explica que “Para la existencia de ciertos actos jurídicos, la ley impone que su celebración se efectúe acudiendo a la prueba documental. (…) En otras ocasiones, solo se utiliza el escrito para probar la existencia del acto, sea porque legalmente se halle establecida la prohibición de utilizar la prueba testimonial para demostrar la existencia de obligaciones de determinado valor o como simple medida de seguridad (documentos llamados ad solemnitatem o ad sustantiam actus, en el primer caso, y ad probationem, en el segundo).

También dice el autor que cuando en un proceso determinado es necesario probar un hecho del que exige documento, para efectos procesales y probatorios, el documento puede aportarse al proceso para crearle al juez la certeza sobre la existencia de esa situación fáctica.

Por último, dice el autor que en la función legitimatoria, “(...) el documento legitima el derecho del que lo posee, a reclamar lo que este representa. Es el caso de los títulos valores, los cuales son documentos necesarios para ejercer el derecho literal y autónomo que de él resulta”. Jairo Parra Quijano. Tratado de la prueba judicial. Los documentos. Tomo III. Segunda Edición. Ediciones Librería del Profesional.

(26) Folios 4-6 del cuaderno principal.

(27) Según el DRAE, la nefrología es la rama de la medicina que se ocupa del riñón y de sus enfermedades.

(28) Folios 605-609, cdno. a.

(29) ART. 781.—La no presentación de los libros de contabilidad será indicio en contra del contribuyente. El contribuyente que no presente sus libros, comprobantes y demás documentos de contabilidad cuando la administración lo exija, no podrá invocarlos posteriormente como prueba en su favor y tal hecho se tendrá como indicio en su contra. En tales casos se desconocerán los correspondientes costos, deducciones, descuentos y pasivos, salvo que el contribuyente los acredite plenamente. Únicamente (sic) se aceptará como causa justificativa de la no presentación, la comprobación plena de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito.

La existencia de la contabilidad se presume en todos los casos en que la ley impone la obligación de llevarla.

(30) De conformidad con el artículo 488 E.T., “Solo otorga derecho a descuento, el impuesto sobre las ventas por … servicios … que, de acuerdo con las disposiciones del impuesto a la renta, resulten computables como costo o gasto de la empresa y que se destinen a las operaciones gravadas con el impuesto sobre las ventas”.

Por igual, de conformidad con el artículo 476 ibídem, los servicios médicos están excluidos del impuesto sobre las ventas.

(31) ART. 381.—Certificados por otros conceptos. Cuando se trate de conceptos de retención diferentes de los originados en la relación laboral, o legal y reglamentaria, los agentes retenedores deberán expedir anualmente un certificado de retenciones que contendrá:

a. Año gravable y ciudad donde se consignó la retención.

b. Apellidos y nombre o razón social y NIT del retenedor.

c. Dirección del agente retenedor.

d. Apellidos y nombre o razón social y NIT de la persona o entidad a quien se le practicó la retención.

e. Monto total y concepto del pago sujeto a retención.

f. Concepto y cuantía de la retención efectuada.

g. La firma del pagador o agente retenedor.

A solicitud de la persona o entidad beneficiaria del pago, el retenedor expedirá un certificado por cada retención efectuada, el cual deberá contener las mismas especificaciones del certificado anual.

PAR. 1º—Las personas o entidades sometidas a retención en la fuente podrán sustituir los certificados a que se refiere el presente artículo, cuando estos no hubieren sido expedidos, por el original, copia o fotocopia auténtica de la factura o documento donde conste el pago, siempre y cuando en él aparezcan identificados los conceptos antes señalados.

PAR. 2º—El Gobierno Nacional podrá eliminar la obligación de expedir el certificado de retenciones a que se refieren éste y el artículo anterior, creando mecanismos automáticos de imputación de la retención que lo sustituyan.

(32) Anexo k.1.

(33) Valor que, según el certificado de retención, corresponde a la proporción que pagó la sociedad Servicio de Terapia Renal Cruz Roja Ltda. como integrante de la Unión Temporal Red Nacional de Servicio de Terapia Renal.

(34) Folios 151-157, cdno. p.

(35) Folio 153, cdno. p.

(36) Folios 159-166, cdno. p.

(37) Folios 168-172, cdno. p.

(38) Folios 174-181, cdno. p.

(39) Folios 183-184, cdno. p.

(40) Folios 186-229, cdno. p.

(41) Folios 231-276, cdno. p.

(42) Que, en lo pertinente, dice: “ART. 651.—Sanción por no enviar información. Las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria así como aquellas a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas, que no la suministren dentro del plazo establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en la siguiente sanción: (...)”.

(43) ART. 261.—Cuando se hagan requerimientos ordinarios o solicitudes de información por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o de las administraciones, el plazo mínimo para responder será de quince días calendario.