Sentencia 2006-01982 de julio 19 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: expediente 2006-01982

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Recurso de apelación contra la sentencia de 20 de marzo de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Actor: José Andrés Rojas Villa

Bogotá, D.C., diecinueve de julio de dos mil siete.

Se decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por el actor contra la sentencia de 20 de marzo de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se denegó la pérdida de investidura solicitada.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

En este caso está probado dentro del proceso que los demandados ostentan la calidad de concejales del municipio de Girardot (Cundinamarca) para el actual período constitucional (fl. 11).

La controversia gira en torno de establecer si los demandados incurrieron o no en la violación del régimen de conflicto de intereses, dentro del trámite del proyecto de acuerdo a través del cual se hicieron modificaciones al Acuerdo 29 de 2000, contentivo del plan de ordenamiento territorial de Girardot.

Para dilucidarla, cabe tener en cuenta lo siguiente:

La Sala Plena de esta corporación, en numerosos pronunciamientos, ha tenido oportunidad de precisar el alcance de la causal en estudio, con ocasión de los procesos de pérdida de investidura de congresistas que con apoyo en la misma se han promovido, y cuyo conocimiento le fue atribuido en única instancia por la Carta Política (arts. 183, num. 1º, y 184) y la Ley 144 de 1994.

De tales pronunciamientos se extrae que dicha causal solo se configura ante la posibilidad de un interés directo, particular y concreto del parlamentario, en este caso, de los concejales, en el asunto objeto de estudio, frente al cual tienen poder de decisión, en razón de sus funciones (sent. ago. 4/94, exp. AC-1433, actora: Claudia Lucía Florez Montoya).

De igual manera, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido, que el interés que puede generar conflicto con el asunto de que se trate debe ser directo, al punto de que el efecto que pueda tener sobre las personas relacionadas en el artículo 70 de la Ley 136 de 1994, resulte inmediato, sin consideración a circunstancias o elementos externos a la decisión y que se produzca de forma especial, particular y concreta, respecto de las mismas, ya sea en su beneficio o en su perjuicio y que no obstante esa situación no se manifieste el impedimento en cualquiera de las dos etapas por las que atraviesa un proyecto, es decir, en la de debate o en la de votación.

En este caso, conforme consta a folios 136 a 142 del cuaderno de pruebas, contra el concejal William Alberto Grimaldo Vergara se instauró acción popular por vulnerar el derecho colectivo al espacio público, al instalar publicidad exterior visual durante la campaña electoral, pues no registró los avisos ni cumplió con las dimensiones de los mismos.

Según obra a folio 113, ibídem, contra el concejal Eudes Moncada Pinilla se instauró acción popular por contaminación visual y del medio ambiente debido a un mural instalado con propaganda alusiva a su aspiración electoral.

A folios 237 a 247, ibídem, obra el Acta 12 de 17 de febrero de 2006, que da cuenta, entre otros asuntos, de la existencia para segundo debate del Proyecto de Acuerdo 3 de 2006, de la cual la Sala se permite destacar dos circunstancias:

La primera, que en el artículo cuarto del proyecto se aduce que “La publicidad política se someterá a la reglamentación nacional que sobre ella se otorgue”, es decir que, como lo advirtió el a quo, en relación con este tema, que es el que constituye el objeto de las acciones populares a que se hizo mención anteriormente, el concejo municipal no adoptó decisión alguna, sino que se atuvo a lo dispuesto en la ley.

La segunda, que a folio 8 de dicha acta (fl. 244 del expediente), se lee que el concejal William Grimaldo expresó que se abstenía de votar porque en ese momento se encontraba demandado en un juzgado de la ciudad por el tema en estudio; y a folio 246 del expediente obra la constancia que se dejó en la referida acta, de que también el concejal Eudes Moncada Pinilla se abstuvo de votar “con argumentación de conflicto de intereses artículo 70 de la Ley 136 de 1994”.

Ahora, estima la Sala que la publicidad política, en la medida en que puede implicar una forma de utilización de los usos del suelo y en determinado momento afectar el patrimonio ecológico, no resulta extraña al manejo de los asuntos que deben asumir los concejos, sino todo lo contrario, es de su resorte, según las voces del artículo 313, numerales 7º y 9º de la Constitución Política.

Por ello, en este caso es irrelevante la existencia de acciones populares contra los concejales demandados, máxime si la única norma del proyecto de acuerdo que guarda relación directa con tal publicidad es el artículo cuarto, el cual, como ya se dijo, se limitó a deferir el tema a lo regulado en la ley.

De aceptarse, en gracia de discusión, que esa regulación per se puede conllevar un interés y que, por ende, debe manifestarse un impedimento, se llegaría al absurdo de sostener que en el mismo estarían incursos todos los concejales, pues estos utilizan dicho medio en sus campañas electorales.

Estima la Sala que en temas como el aquí analizado tiene cabida la excepción prevista en el artículo 48, numeral 1º, de la Ley 617 de 2000, a cuyo tenor: “... No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general”, pues toda la comunidad en general está interesada en la debida reglamentación de los usos del suelo.

Así pues, debe confirmarse la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 19 de julio de 2007».

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