SENTENCIA 2006-02026/41175 DE DICIEMBRE 5 DE 2016

 

Sentencia 2006-02026 de diciembre 5 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN “B”

Expediente: 41.175

Radicación: 250002326000200602026 01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Demandante: Hilda María Moreno Vanegas y otros.

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional.

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., cinco de diciembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

III. Competencia

6. El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto en razón del grado jurisdiccional de consulta consagrado en el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, dado que la cuantía de la condena supera aquella exigida para el efecto —300 smlmv— al momento de proferir la sentencia de primera instancia(2), contra la cual no fue interpuesto oportunamente recurso alguno por las partes.

6.1. Sobre el alcance del grado jurisdiccional de consulta, la Sala recuerda que éste debe surtirse respecto de todo aquello que fue desfavorable a la entidad estatal condenada(3), por lo que en tal sentido surge a su favor la observancia de la non reformatio in pejus, dado el alcance otorgado por el legislador a la consulta en estos casos.

IV. El ejercicio oportuno de la acción

7. De conformidad con lo previsto en el artículo 136 del C.C.A., la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente “del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos”.

7.1. En cuanto a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, advierte la Sala que ésta se interpuso dentro de los dos (2) años que establece el numeral 8° del artículo 136 del C.C.A., toda vez que la responsabilidad administrativa que se demanda se originó con la muerte del señor Luis Antonio Ramírez Jiménez ocurrida el 28 de septiembre de 2004, luego de un intercambio de disparos entre miembros de la Policía Nacional y delincuentes, y la demanda de reparación fue interpuesta el 27 de septiembre de 2006 (f. 39 vto c. ppl), por lo que resulta oportuna.

V. Validez de los medios de prueba

8. A propósito de las pruebas que militan en el proceso, la Sala considera necesario precisar que éstas, en su totalidad fueron solicitadas oportunamente por la parte actora, debidamente decretadas por el a quo y arribadas en su mayoría por diversas dependencias de la entidad demandada, por lo que en cuanto a estas últimas será valorado plenamente su contenido en atención a la presunción de veracidad y autenticidad que les otorgan los artículos 252 y 264 del C.P.C., al emanar tales documentos de una autoridad pública en ejercicio de sus funciones. Por la misma razón, gozan de validez probatoria las pruebas documentales aportadas por la Clínica San Pedro Claver, consistentes en la historia clínica de la atención suministrada en dicha entidad al señor Luis Antonio Ramírez Jiménez; y por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien allegó tanto el protocolo de necropsia como el informe balístico practicado en torno a los hechos que convocan la presente causa.

9. De conformidad con lo establecido en el artículo 178 del C.P.C., se valorarán las documentales útiles y conducentes(4) aportadas en originales y copia auténtica por la parte actora junto con la demanda -registros civiles y certificado laboral del causante-, comoquiera que luego de su decreto no fueron controvertidas en modo alguno por la contraparte a fin de enervar el alcance de su contenido.

10. Ahora, es del caso precisar, que las pruebas documentales trasladadas del proceso disciplinario P-DETIS-2004-121, adelantado contra el subintendente Miguel Rincón Castañeda y el patrullero Iván Cepeda Zamudio por la muerte del señor Luis Antonio Ramírez Jiménez, podrán valorarse plenamente sin necesidad de ratificación por cuanto fueron solicitadas por la parte actora y practicadas en el proceso primigenio con citación o audiencia de la parte contra quien se aducen —en la medida en que fueron precisamente recaudadas por la oficina de control interno disciplinario de la Policía Nacional—, por lo que cumplen los requisitos previstos en el artículo 185 del C.P.C. para tal fin(5).

10.1. Asimismo, podrán ser tenidas en cuenta como pruebas las versiones libres rendidas dentro de dicho proceso por los policías implicados en los hechos analizados, en atención al criterio recientemente adoptado por esta subsección mediante sentencia de 26 de noviembre de 2015(6), en virtud del cual, dichas piezas probatorias, pese a recaudarse sin el apremio del juramento como lo exige el artículo 227 del C.P.C., pueden ser valoradas en aras de establecer la verdad de los hechos —fin último de cualquier proceso judicial—, siempre y cuando: “i) se advierta que son indispensables para realizar un análisis integral del caso, ii) coincidan con lo acreditado a través de otros medios de convicción, iii) hayan sido tenidas en cuenta como medios de prueba en los procesos en los cuales fueron recaudadas y no hayan sido desestimadas por presiones indebidas o vulneración a derechos fundamentales; condiciones a las que se agrega el que, cuando se trate de una versión de quien es parte en el proceso, sólo podrá valorarse, en concordancia con la finalidad del interrogatorio de parte, lo que es susceptible de confesión”, presupuestos que concurren en el presente caso y que habilitan su apreciación con los limites allí establecidos. 

11. Serán igualmente valoradas las copias de la investigación previa que, con ocasión de los hechos aquí discutidos adelantó la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con lo expresado en la materia en sentencia de unificación del 11 de septiembre de 2013 proferida por esta Sección(7), por cuanto se trata de pruebas practicadas por una entidad que representa igualmente a la Nación, evento en el cual se entienden satisfechos los requisitos de validez señalados en el artículo 185 del C.P.C.

11.1. En punto de lo anterior cabe precisar que esta sección ha expresado, de manera reiterada y uniforme que las pruebas trasladadas que no reúnan los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, es decir, que no hubieren sido solicitadas expresamente por la parte contra la cual se aducen o no hubieren sido practicadas con audiencia de aquélla en el proceso primigenio, no pueden ser valoradas en el proceso contencioso administrativo(8). Sin embargo, también ha dicho que, en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas en otro proceso es solicitado por ambas partes, dichas pruebas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo convalidándose por la simultaneidad de su solicitud, aun cuando hayan sido practicadas sin la citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original o sin su ratificación en el presente, al considerarse que en tales casos resulta contrario a la lealtad procesal que se solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio pero que, posteriormente, en el evento de resultar desfavorable a los intereses de alguna de las partes, ésta invoque las formalidades legales para su inadmisión.

11.2. Al margen de lo anterior, en el presente caso, pese a que las pruebas allegadas por la Fiscalía General de la Nación fueron solicitadas únicamente dentro del presente proceso por la parte actora, y la entidad accionada -Policía Nacional- no las solicitó o adhirió como prueba, ni fundamentó defensa alguna a su favor apoyándose en ellas, lo cierto es que deben ser tenidas en cuenta en la medida en que fueron practicadas por otra entidad que hace parte de la Nación, de donde resulta irrazonable exigir su ratificación o negar su valoración, toda vez que fueron recaudadas con audiencia de la misma persona jurídica, sin que la entidad accionada en algún momento hubiere controvertido su contenido dentro del presente proceso.

11.3. El criterio adoptado por la Sala de Sección al respecto se concretó en los siguientes términos:

En síntesis, para la Sala es viable apreciar una declaración rendida por fuera del proceso contencioso administrativo, sin audiencia de la parte demandada o sin su citación, cuando se cumpla con el trámite de ratificación, o cuando por acuerdo común entre las partes —avalado por el juez— se quiso prescindir del aludido trámite. Esto último puede manifestarse como lo dispone el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil —verbalmente en audiencia o presentando un escrito autenticado en el que ambas partes manifiesten expresamente que quieren prescindir de la ratificación—, o extraerse del comportamiento positivo de las partes, cuando los mismos indiquen de manera inequívoca que el querer de éstas era prescindir de la repetición del interrogatorio respecto de los testimonios trasladados, lo que ocurre cuando ambos extremos del litigio solicitan que el testimonio sea valorado, cuando la demandada está de acuerdo con la petición así hecha por la demandante, o cuando una parte lo solicita y la otra utiliza los medios de prueba en cuestión para sustentar sus alegaciones dentro del proceso.

12.2.18. Ahora bien, en los casos en donde las partes guardan silencio frente a la validez y admisibilidad de dichos medios de convicción trasladados, y además se trata de un proceso que se sigue en contra de una entidad del orden nacional, en el que se pretenden hacer valer los testimonios que, con el pleno cumplimiento de las formalidades del debido proceso, han sido recaudados en otro trámite por otra entidad del mismo orden, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de afirmar que la persona jurídica demandada —la Nación— es la misma que recaudó las pruebas en una sede procesal diferente, lo que implica que, por tratarse de testimonios recopilados con la audiencia de la parte contra la que se pretenden hacer valer en el proceso posterior, son plenamente admisibles y susceptibles de valoración, según la interpretación más estricta que pueda hacerse de las formalidades establecidas en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, según las cuales la ratificación de las declaraciones juramentadas trasladadas sólo es necesaria “… cuando se hayan rendido en otro [proceso], sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior…”.

12.2.19. La anterior regla cobra aún mayor fuerza si se tiene en cuenta que, en razón del deber de colaboración que les asiste a las diferentes entidades del Estado(9), a éstas les es exigible que las actuaciones que adelanten sean conocidas por aquellas otras que puedan tener un interés directo o indirecto en su resultado, máxime si se trata de organismos estatales que pertenecen al mismo orden, de tal manera que las consecuencias de una eventual descoordinación en las actividades de los estamentos del Estado, no puede hacerse recaer sobre los administrados, quienes en muchas ocasiones encuentran serias dificultades para lograr repetir nuevamente dentro del proceso judicial contencioso administrativo aquellas declaraciones juramentadas que ya reposan en los trámites administrativos que han sido adelantados por las entidades correspondientes(10).

12. Finalmente, se aclara que los informes de policía allegados respecto de los hechos materia de este proceso, son medios de prueba que podrán ser apreciados únicamente para establecer la veracidad de los hechos ocurridos, más no en cuanto a las valoraciones, afirmaciones subjetivas o conjeturas allí contenidas, pues se trata de manifestaciones escritas emanadas de quien eventualmente podría ver comprometida su responsabilidad —en el caso del informativo rendido por el subintendente Miguel Castañeda Rincón— o de documentos emanados de la entidad demandada, elaborados sin la participación de las personas que hoy demandan la indemnización de perjuicios, respecto de los cuales ha dicho la Corte Constitucional, con ocasión del análisis de exequibilidad del artículo 50 de la Ley 504 de 1999(11), lo siguiente:

2.2.19. Negación de valor probatorio a los informes de policía judicial.

El art. 50 incorpora un inciso final al art. 313 del C.P.P., en el sentido de señalar que en ningún caso los informes de la Policía Judicial y las versiones suministradas por informantes tendrán valor probatorio en el proceso.

La mencionada disposición se ajusta plenamente a la Constitución, en la medida en que no le asigna valor probatorio a los mencionados informes y versiones, por tratarse de actuaciones extraprocesales no controvertidas por las personas a las cuales se podían oponer dentro del proceso.

Si el legislador al diseñar las reglas del debido proceso conforme al artículo 29 de la Constitución puede determinar cuáles son los medios de prueba admisibles, igualmente está facultado para que en ciertos casos pueda disponer que un determinado instrumento probatorio no es idóneo dentro de un proceso. Sin embargo, entiende la Corte que dicha facultad no puede utilizarse en forma arbitraria, irracional y desproporcionada, sino que debe obedecer a una finalidad constitucional legítima.

En la sentencia C-038/96(12), al revisar la constitucionalidad del artículo 3º de la Ley 190 de 1995, halló inadmisible la finalidad de la ley destinada a neutralizar un medio probatorio, con el fin de precaver eventuales condenas judiciales. Dijo la Corte:

“No cabe duda de que el régimen probatorio (práctica, valoración y apreciación de las pruebas, medios probatorios, requisitos sustanciales y requisitos procesales aplicables a la aportación de las pruebas etc.), en general, se libra a la voluntad del legislador. No obstante, el sistema que se establezca no puede desconocer la garantía del debido proceso y el respeto y protección de los restantes bienes y derechos constitucionales.”

“4. Una pretensión pública subjetiva que integra el derecho al debido proceso es la de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en contra (C.P., art. 29). A este respecto, las limitaciones legales relativas a la conducencia o admisibilidad de un medio específico de prueba, sólo resultan admisibles si persiguen un fin constitucional y las restricciones que entrañan son razonables y proporcionales en relación con el mismo y las consecuencias que de éste se derivan.”

“5. La finalidad de la ley —neutralizar un medio probatorio con el fin de precaver eventuales condenas judiciales en los procesos laborales—, viola la Constitución. La finalidad del Estado es la de proteger y garantizar los derechos de las personas (C.P. art. 2º) y ello no se logra ocultando la verdad que puede judicialmente establecerse mediante el acceso a sus archivos. El Estado y sus agentes, deben velar y defender los bienes e intereses del Estado. Para ello, sin embargo, no es necesario obstaculizar la correcta administración de justicia —que, por el contrario, debe ser secundada en su tarea—, privándola por ministerio de la ley de elementos probatorios que pueden ser útiles y relevantes a la hora de aplicar el derecho.”

En el presente caso la finalidad buscada por el legislador es legítima, pues tiene su fundamento en el art. 29 de la Constitución que consagra la presunción de inocencia, la cual solamente puede ser destruida cuando se incorporan legal y regularmente al proceso pruebas que el sindicado está en la posibilidad de controvertir.

Los informes de la policía si bien muchas veces revelan situaciones objetivas que han verificado sus agentes, en otras, son producto de indagaciones con terceros, muchas veces indeterminados, que estructuran conjeturas o apreciaciones que materialmente no son idóneas para fundar una prueba; pero en todo caso en su producción no intervienen las personas sindicadas que pueden verse afectadas por ellos.

El legislador ha descartado el valor probatorio de dichos informes sobre la base de conveniencias políticas, que él libremente ha apreciado, como podrían ser la unilateralidad de éstos, la de evitar que los funcionarios que deban juzgar se atengan exclusivamente a éstos y no produzcan otras pruebas en el proceso, en aras de la búsqueda de la verdad real, con desconocimiento de los derechos de los sindicados. Por ello la Corte, en ejercicio del control constitucional, no se encuentra en condiciones de cuestionar dichas consideraciones políticas, pues ello corresponde a la competencia y libertad del legislador para diseñar la norma jurídica procesal.

Sin embargo, lo anterior no obsta para que el funcionario judicial competente pueda, a partir de dichos informes, producir dentro del proceso la prueba que se requiera para establecer la realidad y veracidad de los hechos que son relevantes en éste, la cual naturalmente puede ser controvertida por el sindicado. Pero se anota que lo que dicho funcionario puede valorar es la prueba producida regularmente dentro del proceso, más no los mencionados informes(13).

12.1. En el anterior orden de ideas, los aludidos informes de policía serán apreciados con las salvedades que se consignan en la sentencia de constitucionalidad antes citada, y las afirmaciones contenidas en aquéllos se tendrán por ciertas sólo en cuanto las mismas se encuentren respaldadas por otros medios probatorios que obren en el plenario.

V. Hechos probados

13. Con base en las pruebas recaudadas en el proceso contencioso administrativo valoradas en su conjunto, se tienen como ciertos los hechos que a continuación se relacionan, dada su utilidad y conducencia para la decisión del presente asunto.

14. Los registros civiles aportados por la parte actora, dan cuenta de las siguientes relaciones de parentesco:

14.1. El señor Luis Antonio Ramírez Jiménez contrajo matrimonio religioso con la señora Hilda María Moreno Vanegas el 4 de diciembre de 1982, de cuya relación fueron procreados Hilda Jannet, Oscar, Irma Teresa y Luis Antonio Ramírez Moreno, tal como aparece acreditado en el registro civil de matrimonio y los registros civiles de nacimiento allegados con el escrito de demanda (f. 40 a 45 c. pruebas), de donde en el presente caso se encuentra plenamente acreditado la calidad de cónyuge de la accionante y de los hijos del causante anteriormente relacionados.

14.2 Las declaraciones de las señoras María Julia Suavita, María Luz Mila Oquendo, María Antonia Camacho y Lucila Sánchez de Romero rendidas dentro del presente proceso (f. 31 a 34 vto. c. pruebas), dan cuenta de manera uniforme de la buena relación existente entre el señor Luis Antonio Ramírez Moreno e Hilda María Moreno Vanegas, y de éste con sus hijos, refiriendo con claridad y precisión el impacto y afectación emocional sufrida por el núcleo familiar con ocasión del deceso de su cónyuge y progenitor, respectivamente, dado el grado de unidad que existía entre ellos.

15. El gerente del establecimiento comercial “Comidas Barichara” con NIT 80.415.323-7, certificó a través de documento fechado del 21 de septiembre de 2006, que el señor Luis Antonio Ramírez Jiménez, trabajó a su servicio “con contrato a término indefinido por el tiempo comprendido entre el 18 de septiembre de 1984 y el 28 de septiembre de 2004 fecha en la que falleció, lo cual da un tiempo de servicios de veinte (20) años y once (11) días. Su último sueldo devengado fue de $358.000 (...) con un auxilio de transporte de $41.600 (...) mensuales para un total de $399.000”. Tal como consta en la certificación laboral allegada, dicho establecimiento se encuentra ubicado en la carrera 31 nº 25-29 de la ciudad de Bogotá D.C. (f. 46 c. pruebas).

16. Del registro civil de defunción aportado (f. 5 c. pruebas), así como del protocolo de necropsia allegado por el Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses (f. 23 a 29 c. pruebas), se extrae que el señor Luis Antonio Ramírez Jiménez, de 59 años de edad, falleció en la Clínica San Pedro Claver el 28 de septiembre de 2004, por una “laceración cerebral secundaria a un traumatismo craneoencefálico por herida de proyectil de arma de fuego. La distancia del disparo en el orificio de entrada es larga, con un rango igual o superior a 1.50 metros. El proyectil recuperado en el cadáver es calibre 38 Especial, disparado por revolver de igual calibre”, corroborándose como manera y causa de la muerte “homicidio por arma de fuego”.

17. El 20 de mayo de 2009, la Policía Metropolitana de Bogotá informó con destino a este proceso —previo requerimiento—, que los dos miembros de la entidad que participaron en los hechos ocurridos el 27 de septiembre de 2004 fueron el subintendente Miguel Rincón Castañeda y el patrullero Iván Alejandro Cepeda Zamudio, remitiendo copia de sus extractos de hoja de vida, de donde se extrae que los mismos, para tal fecha se encontraban en servicio activo, y contaban el primero, con más de 10 años de servicios policiales dado que ingresó a la institución el 18 de mayo de 1992, y el segundo con dos años de antigüedad en tanto su vinculación a la misma ocurrió el 1º de octubre de 2002 (f. 136 y 141 c. pruebas).

17.1 Pese a ser requerida insistentemente la certificación del tipo de arma que éstos portaban el día de los hechos, la entidad castrense hizo caso omiso de ello, relevándose de cumplir con dicha carga procesal (f. 80-83, 98, 101-103 c. ppl. y 35, 36, 116, 117 y 122 c. pruebas).

18. El 28 de septiembre de 2008, el subintendente Miguel Rincón Castañeda, con visto bueno del sargento Viceprimero Fabio Cepeda Patiño -comandante de zona-, rindió “Informe de novedad” dirigido al comandante de la estación de policía de Teusaquillo, respecto de los hechos ocurridos el día anterior, así (f. 123 c. pruebas):

Respetuosamente me permito informar a mi mayor, la novedad ocurrida el día de ayer 27/09/04 en donde se presentó un caso de hurto modalidad “fleteo” a eso de las 19:05 horas aproximadamente, en esos momentos la patrulla con indicativo seguridad seis uno (1) quienes nos encontrábamos patrullando por el barrio Gran América en la camioneta Mazda B2600 de siglas 04-5556 integrada por el subintendente RINCON CASTAÑEDA MIGUEL y patrullero ZAMUDIO CEPEDA IVAN hicimos una estacionaria en la carrera 32 Nº 25-10 establecimiento de razón social Mercatodo, con el fin de entrevistarnos con su propietario (Testigo de los hechos) señor HENRY ALDANA AGUILAR C.C. 3’191.923 de Susa/Cundinamarca, de 38 años, Comerciante, residente en la Car. 38 Nº 22b-85, teléfono No. 6 085949, el cual al tomar contacto con él nos invitó a tomar un tinto y a la vez recibir información de personas sospechosas lo mismo que vehículos que deambulan por el sector ya que esta persona es una gran colaboradora con la Policía y está afiliado a la Red de Cooperantes. Estando en esta diligencia fue llamado el señor Patrullero ZAMUDIO por una señora residente del sector, manifestándole que había una moto sospechosa en la esquina de la calle 26 con carrera 32, al dirigirse hacia la carrera 32 a la altura de la calle 25 para verificar la información, venían en ese momento desplazándose tres sujetos montados en una motocicleta de color blanco de alto cilindraje sentido Norte-Sur alertándome rápidamente, pero cuando iba saliendo y los delincuentes al notar la presencia del policial abrieron fuego contra su humanidad respondiendo de la misma manera contra la agresión anotando que siempre la línea de fuego fue realizada contra los tripulantes de la moto que se desplazaban hacia el sur por la carrera 32, estos hechos se presentaron en la esquina de la carrera 32 con calle 25 a las 19:18 horas cuando se reportó a la central para solicitar el respectivo apoyo Policial y en donde los delincuentes siguieron el recorrido hacia el sur por toda la carrera 32 siendo perseguidos por la misma patrulla tomando la calle 22F de lo cual a pesar de la ventaja que nos llevaban alcanzamos a ver que tomaron la carrera 35 hacia la Av. Américas en donde se nos perdieron de vista desconociendo si se metieron en contra vía por la misma Avenida Américas o se bajaron los otros dos sujetos y el de la motocicleta siguió solo, se realizó una inspección por todo el sector con las demás patrullas de apoyo sin encontrar a los delincuentes ya que los disparos realizados por los policiales siempre fueron contra estas personas y en el sentido sur hacia donde se estaban desplazando estos delincuentes desconociendo si alguno fue alcanzado por las balas.

Posterior a estos hechos fue reportado por la central de radio que en la calle 26 con carrera 32 se encontraba una persona lesionada por arma de fuego el señor LUIS ANTONIO RAMIREZ JIMENEZ C.C. No 17’183.932 de Bogotá, de 59 años de edad, residente en la calle 67 Nº 7-620, teléfono 2 330956 quien salía de trabajar del Restaurante Barichara y se encontraba esperando el transporte urbano en este sitio con su compañera de trabajo la señora NANCY NAVARRO MAY C.C. 31’666.598 de Bogotá, de 47 años de edad, residente en la calle 49 sur Nº 14-96, teléfono 3 675108, el cual presentaba una herida (impacto de bala) a la altura de la frente con orificio de salida en la parte trasera, por lo cual fue trasladado en la camioneta de la policía de siglas 04-5556 hasta el Hospital San Pedro Claver en donde le prestaron los primeros auxilios y hasta el día de este informe se encontraba estable, la herida que presenta el citado señor fue causada por los delincuentes al momento del cruce de disparos con los policiales ya que ellos en la huida siempre dispararon hacia el Norte sitio donde se encontraba la persona herida y los policiales ya que el recorrido para huir fue hacia el sur por la carrera 32 a coger la calle 22F. Lo anterior por cometerle el hurto al señor JOSE ALFREDO JIMENEZ MARTINEZ C.C. Nº 80’051.248 de Bogotá, de 24 años de edad, estado civil Unión libre, residente en la carrera 22 Nº 63-90, teléfono 7 156304, quien había retirado la suma de $3’500.000 mil pesos del Banco de Bogotá sucursal Santa Isabel, ya que había sido comisionado por la empresa Distribuidora de Mantenimiento y Aseo DISMACOL LTDA para hacer la transacción Comercial y quien era acompañado del señor GABRIEL BERNAL CARO C.C. No. 19’468.615 de Bogotá, de 40 años de edad, residente en la Transversal 106 No. 76-15, teléfono No. 2 271536 y quien labora en la empresa como auxiliar contable, describiendo a los sujetos así: Uno de ellos de contextura gruesa, de 25 a 27 años aproximadamente, tés trigueña, cabello corto, cejas semipobladas, vestía pantalón jeans, chaqueta ancha azul oscura, zapato tenis sin más datos, portaba un arma al parecer por la descripción un revólver desconociendo el calibre. El otro era de 65 kilos aproximadamente, tés blanca, de 25 a 30 años de edad, tenía barbilla, vestía jeans claro y chaqueta verde, portaba un arma de la cual no hay características. Para conocimiento de mi Mayor se hizo una inspección ocular en el sitio de los hechos y se encontró rastros de aceite del lugar donde se realizó el intercambio de disparos (CA 32 X CL 25) y el recorrido que realizó la motocicleta, lo mismo que se encontraron rastros de impactos de bala realizados por los sujetos en la viga ocasionando rotura del vidrio del portón y una ojiva tirada en el piso en la Carrera 32 Nº 25-10 Lavaseco de razón social KATLIN, propietaria GLORIA AMADO ORTIZ C.C. No. 41’718.867 de Bogotá de 49 años de edad, residente en la Carrera 40 Nº 23-40, teléfono No. 2 691749 (quien es testigo de los hechos), de la misma manera hay otro rastro de impacto de bala en la misma nomenclatura pero por la calle 25 portón principal del establecimiento de razón social MERCATODO y el impacto de bala que presenta la camioneta marca Mazda B2600 de siglas 04-5556 placa OBE 686 en el costado Izquierdo del vidrio panorámico, para lo cual anexamos fotografías del sitio en donde ocurrieron los hechos y sitios donde impactaron las ojivas disparadas por los delincuentes. De la misma manera está como testigo el señor vigilante de cuadra GUILLERMO CORREA MALATESTA C.C. Nº 4’238.910 de Boyacá, de 30 años de edad, estado civil casado, profesión vigilante, residente en la carrera 72b Nº 65-14, teléfono Nº 7 192519, quien realizó turno de 24 horas recibiendo el día 27/09/04 a las 08:00 horas y entregando el día 28/09/04 a las 08:00 horas y fue quien se dio cuenta del hurto del dinero pero manifiesta que no reaccionó ya que él no portaba arma sino un bastón de madera.

Se anexa la ojiva recolectada para ser cotejada y determinar una de las armas utilizadas por los delincuentes, se realizó inspección ocular hacia el sitio de disparos de los policías y no se encontró rastro ni daño alguno por lo que se presume que impactaron en los delincuentes y la misma motocicleta utilizada para cometer el hurto. Según versiones recolectadas por las patrullas del sector en ese mismo hecho participó un vehículo de color azul marca Chevrolet CORSA del cual no hay más características, quien (sic) era tripulado por dos sujetos los cuales tomaron por la carrera 32 hacia la calle 26 sentido Occidente Oriente y se desconoce si en la huida también realizaron disparos ya que ellos participaron por donde estaba la persona herida.

Apoyaron caso patrullas con indicativo seguridad seis dos, verde trece cuatro, soledad uno y soledad tres. (…).

Lo anterior para conocimiento de mi Mayor y fines pertinentes.

ANEXO: Seis (6) fotografías del lugar de los hechos, una ojiva, un plano de ubicación.

18.1. El informe anterior, en cuanto a los hechos relatados se encuentra conforme a la anotación efectuada en el libro de población de la Unidad de Policía-Corferias Móvil 6, en donde en la misma fecha se registró lo ocurrido de manera idéntica, narración igualmente reiterada por los uniformados en la versión libre rendida ante la oficina de control interno de la Policía Nacional (f. 161, 164 y 175 c. pruebas).

19. Mediante oficio de 23 de febrero de 2010, la oficina de Control Interno Disciplinario de la Policía Nacional, remitió con destino a este proceso copia de la investigación disciplinaria P-DETIS-2004-121, adelantada contra el SI Miguel Rincón Castañeda y el PT Iván Cepeda Zamudio, por los hechos ocurridos el 27 de septiembre de 2004 “en donde (...) resultó herido el señor Luis Antonio Ramírez quien se encontraba como transeúnte cerca, siendo trasladado a la Clínica San Pedro Claver donde falleció el día 280904 a las 20:45” (fls. 151 y 152 c. pruebas), de cuyas actuaciones se extrae:

19.1. El 2 de noviembre de 2004, el grupo de Control Interno Disciplinario dictó auto de apertura a indagación preliminar con ocasión de los hechos que se presentaron el 27 de septiembre de 2004 en donde resultó lesionado el señor Luis Antonio Ramírez Jiménez, quien posteriormente falleció, a fin de verificar si la actuación de los policiales constituyó falta disciplinaria, por lo que dispuso escucharles en versión libre y recaudar las declaraciones de los vecinos del sector, testigos de los hechos ocurridos.

19.2. Rindió declaración dentro de la investigación preliminar el señor Henry Orlando Aldana Aguilar, dueño del establecimiento MERCATODO en donde se encontraban los policías al momento de los hechos y tenían parqueado el vehículo en el que se transportaban, quien manifestó respecto de lo sucedido:

Yo soy muy amigo de la policía, no solo de ellos sino de más patrullas, entonces siempre las patrullas pasan frente a mi negocio y de vez en cuando les invito alguna gaseosita o tintico…ese día ellos pasaban y se bajaron de allí de la patrulla, entonces yo les invite a tomar un perico y entraron al establecimiento y los estaba atendiendo cuando una señora grito en la calle y salió el PT. ZAMUDIO, el más sardino hacia la parte de afuera y la patrulla la tenía frente al negocio la puerta queda hacia el sur, y en ese momento pasó una moto con unos tipos bandidos…y empezaron a disparar ellos contra los policías que estaban uno afuera del negocio y otro estaba dentro de mi negocio y al momento que estos sujetos dispararon contra los policías el cabo RINCON salió hacia afuera y hubo un cruce de disparos…y huyeron…esos bandidos arrancaron a mil, llevaban los fierros en la mano.

19.3. Obra además la declaración de la señora Gloria Cecilia Amado Ortiz, propietaria de la lavandería ubicada en una de las esquinas en donde acaecieron los hechos, quien relató al respecto:

Nosotros tenemos un negocio en la carrera 32 con calle 25, cerré a las 7:00 de la noche, me dirigía hacia el sitio de mi residencia, cuando iba en la esquina escuché los disparos, volteé a mirar y vi que provenían de una moto que pasaba por la esquina en ese momento…en la esquina del supermercado estaba la patrulla policial, supongo que les estaban disparando a ellos. PREGUNTADO: Manifiéstele al despacho si usted vio o tuvo conocimiento que a raíz del cruce de disparos que hubo entre los policías SI. RINCON CASTAÑEDA y PT. ZAMUDIO CEPEDA, con los delincuentes hubiera habido alguna persona lesionada por arma de fuego. CONTESTÓ: si eso supe pues eso me contaron al día siguiente. PREGUNTADO: Manifiéstele al despacho si por estos hechos usted tuvo algunos daños materiales, si es así diga cuales. CONTESTÓ: Al día siguiente encontré un proyectil dio contra el muro y rompió el vidrio de la lavandería que tengo. PREGUNTADO: Manifiéstele al despacho si las fotografías que se le ponen de presente y que obran a folio 17 y 18 del expediente, corresponden a las tomadas en la entrada de su casa y el daño que el proyectil causó a la puerta de su lavandería. CONTESTÓ: si esas son, y ese fue el daño material que me causaron.

19.4. Finalmente, rindió testimonio el señor José Alfredo Jiménez Martínez, una de las víctimas del hurto que perpetraron los delincuentes, previo al intercambio de disparos con la policía, de cuya declaración se extrae:

Yo salí de la oficina más o menos a las 4:30 P.M. a cambiar un cheque a la sucursal del Banco de Bogotá….ingresé al banco hice la fila para cambiar el cheque, a este le hacía falta el sello…Salí a llamar a la oficina para que llevaran el sello...y regresé al banco nuevamente a hacer la fila….cambiamos el cheque, este era por valor de tres millones quinientos mil pesos, salimos nos dirigimos a la camioneta de la empresa para regresar a la oficina, aproximadamente eran las 6:30 P.M,….parquee la camioneta, se bajó mi compañero y de inmediato le cayó un tipo apuntándole en la cabeza yo me baje y a mí también me cayó uno apuntándome en el pecho, detrás de la camioneta estaba una moto con otro apuntándonos, primero esculcaron a mi compañero como no le encontraron el dinero me esculcaron a mí, llevándose mi dinero y mi celular, salieron de inmediato los dos tipos para la moto y emprendieron la huida, nosotros ingresamos a la empresa a comunicarle a nuestro jefe lo sucedido, cuando escuchamos unos disparos, como a los cinco minutos que escuchamos los disparos salimos a la calle todos los de la oficina a mirar que había ocurrido cuando en la esquina de la calle 26 con 32 había un señor tendido en el piso con herida de bala en la cabeza, de inmediato llegó la policía le comentamos lo sucedido y como a los 15 minutos llegó la patrulla que se había enfrentado con los ladrones, recogieron al herido y se lo llevaron ahí para la San Pedro Claver y regresaron los agentes de la patrulla a escuchar lo sucedido… PREGUNTADO: Manifiéstele al despacho según la fotografía que obra a folio 23, si fue ahí donde se observa la camioneta roja que le cometieron a usted el hurto, y en la misma, si es la esquina donde apareció la persona herida. CONTESTÓ: Si, ese fue el sitio donde cometieron el robo e incluso en esa camioneta fue con la que llegué ese día con el dinero, y en esa esquina fue donde apareció la persona herida.

19.5. Obran dentro del proceso disciplinario fotos que dan cuenta de los impactos de bala en el vidrio panorámico de la camioneta de la policía en la que se movilizaban el subintendente Miguel Rincón Castañeda y el patrullero Iván Cepeda Zamudio de siglas 04-5556, en la puerta del establecimiento comercial MERCATODO en el que éstos se encontraban, y al interior del lavaseco “Katlin” aledaño, en donde se recolectó uno de los proyectiles (fls. 167 a 174 c. pruebas), registros fotográficos plenamente identificados por los deponentes propietarios de dichos establecimientos durante su intervención en la investigación disciplinaria.

19.6. El 7 de junio de 2005, la oficina de Control Interno Disciplinario de la Policía Nacional profirió auto 045 en el que concluyó a partir del anterior acervo probatorio, que no se advertía en el actuar de los uniformados transgresión alguna al reglamento de disciplina y ética de la Policía Nacional, pues éstos se encontraban cumpliendo cabalmente las funciones encomendadas y reaccionaron adecuadamente ante los disparos de los delincuentes contra la patrulla, señalando además que: “tampoco les asistiría responsabilidad por el herido a bala que resultó en el lugar de los hechos, toda vez que se presentó un intercambio de disparos con los facinerosos, por lo que sería temerario entrar a realizar acusaciones al respecto. Así las cosas, es claro que la actuación de los uniformados estuvo supeditada a las funciones erogadas por la Constitución Política de Colombia, de acuerdo a lo expuesto en su artículo 2º inciso 2…, sin que se hubiere presentado ninguna anormalidad por parte de los uniformados”, por lo que decretó el archivo definitivo de la investigación disciplinaria n.° 1600/2004, adelantada contra el SI Miguel Rincón Castañeda y el PT Iván Cepeda Zamudio, por los hechos ocurridos el 27 de septiembre de 2004.

20. El 14 de octubre de 2004, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, rindió informe de balística (f. 20 c. pruebas), en el que determinó que el proyectil recuperado durante la necropsia fue disparado por un arma de fuego tipo revólver de calibre 38 Especial, sin que se hubiere allegado arma a fin de efectuar el cotejo respectivo:

Informe de balística - Sala de necropsias 

Nombre Occiso: Ramirez Jimenez Luis Antonio Fecha de Necropsia: 2004/09/29

Autoridad: Fiscal 313 Uri centro

Lugar y fecha hechos: Bogotá, D.C. 2004/09/28

Descripción de elementos recuperados en necropsia y/o remitidos con acta de inspección de cadáver (…)

Distancia de disparo en region anatomica desprovista de prendas de vestir: 

  1. Orificio de entrada: Región anatómica. Fronto facial izquierda
 

Causado por proyectil: Carga única

Hallazgos microscópicos 

Anillo de limpieza y/o contusión: Si

Análisis químico 

Sulfodifenilamina (Lunge): Negativo

Distancia de disparo: Larga distancia. Igual o superior a 1,50 m.

Conclusiones 

El proyectil Nº 1 recuperado durante la necropsia fue disparado por un arma de fuego tipo revólver de igual calibre (.38 Especial) e igual estriado. (Resaltado del documento)

20.1. En punto de lo anterior, debe precisarse que ni en el informe de balística transcrito, ni en el decurso de la investigación disciplinaria, se estableció de quién provino el impacto que acabó con la vida del señor Luis Antonio Ramírez Jiménez, de donde se resalta que la determinación de tal situación no fue posible dentro del presente proceso dado que la entidad demandada, pese a ser requerida insistentemente (ver supra 17.1), omitió certificar el tipo de arma que portaban los policiales Rincón Castañeda y Cepeda Zamudio el día de los hechos.

21. La historia clínica allegada por la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, encargada del archivo de la Unidad Hospitalaria Clínica San Pedro Claver (f. 93 a 110 c. pruebas), da cuenta de que el señor Luis Antonio Ramírez Jiménez fue llevado a las instalaciones por un agente de policía, a las 17:30 p.m. del 27/09/04, gravemente herido por proyectil de arma de fuego “en la región frontal izquierda con orificio de entrada y de 3 cm. de salida, con exposición de masa encefálica”, cuyo diagnóstico inicial fue “trauma craneoencefálico de moderado a severo”; quien falleció al día siguiente a las 8:45 p.m., al presentar “paro cardiorespiratorio por compromiso de su estado neurológico”, según se extrae de dichos documentos.

22. Del análisis de las pruebas anteriormente relacionadas, se extraen como hechos probados que el 27 de septiembre de 2004, en la ciudad de Bogotá D.C., el señor Luis Antonio Ramírez Jiménez, luego de cumplir con su jornada laboral en el establecimiento “Comidas Barichara” ubicado en la carrera 31 Nº 25-29, se dirigía hacia su casa, por lo cual se encontraba tomando transporte en la esquina de la calle 26 con carrera 32 en compañía de su compañera de trabajo la señora Nancy Navarro, cuando en medio de una confrontación armada entre 2 miembros de la Policial Nacional —subintendente Miguel Rincón Castañeda y el patrullero Iván Cepeda Zamudio— y delincuentes comunes que segundos antes habían perpetrado un hurto a empleados de una empresa ubicada en la misma cuadra, fue impactado en la región frontal izquierda por un proyectil de arma de fuego calibre 38 Especial, desplomándose gravemente herido; luego de lo cual, fue trasladado a la Clínica San Pedro Claver en el vehículo de la Policía Nacional que tenían asignado los agentes involucrados, en donde fue diagnosticado con trauma craneoencefálico de moderado a severo, falleciendo al día siguiente dada la gravedad de la lesión que le fue propinada.

VI. Problema jurídico

23. Corresponde a la Sala establecer si tal como lo señaló el a quo, la muerte del señor Luis Antonio Ramírez Jiménez y el daño ocasionado a sus familiares -en este caso su cónyuge e hijos- es imputable a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, o si por el contrario, se encuentra configurada alguna causal eximente de responsabilidad, toda vez que como lo establece el artículo 184 del C.C.A, el grado jurisdiccional de consulta se entiende siempre interpuesto a favor de la entidad demandada o del representado por curador ad litem, previsión que admite los mismos límites de competencia establecidos para el apelante único, por lo cual no podrá agravarse en esta instancia la condena impuesta a la parte demandada, en aplicación de la garantía procesal de la non reformatio in pejus.

24. Para emitir un pronunciamiento de fondo frente al asunto sub iudice, previa determinación de la existencia del daño cuya indemnización reclaman los demandantes, la Sala tendrá que dar solución a los siguientes interrogantes:

25. En primer lugar, deberá determinarse el régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto, en la medida en que el señor Luis Antonio Ramírez Jiménez murió por proyectil de fuego en el marco de un intercambio de disparos entre agentes de la Policía Nacional y unos delincuentes que pretendían atacarlos.

26. En respuesta al anterior interrogante se dirá, que comoquiera que en la demanda se alega la existencia de una falla del servicio por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes implicados en los hechos ocurridos el 27 de septiembre de 2004, la Sala deberá estudiar si en el presente proceso se demostró tal situación, lo que implicaría la existencia de un defecto en la prestación del servicio, que debe ponerse de presente en aras del papel pedagógico que cumplen las sentencias del Consejo de Estado frente al ejercicio de las funciones públicas encomendadas a los diferentes organismos del Estado.

27. Definido lo anterior, la Sala analizará si en el caso bajo de análisis, la responsabilidad de la Policía Nacional está excluida por el hecho de un tercero, en tanto se implicó la acción de delincuentes que previamente habían hurtado un dinero en la modalidad de fleteo.

VII. Análisis de la Sala

28. En lo que tiene que ver con el daño, la Sala considera que el mismo se encuentra plenamente demostrado en el proceso, comoquiera que del acervo probatorio se estableció que el día 27 de septiembre de 2004 a las 7:15 p.m. el señor Luis Antonio Ramírez Jiménez fue impactado por proyectil de arma de fuego, en medio del intercambio de disparos que se dio entre unos delincuentes y miembros de la Policía Nacional; quien, por la gravedad de las lesiones, murió al día siguiente en la Clínica San Pedro Claver.

29. En punto de lo anterior, se acreditó además el vínculo matrimonial vigente que el fallecido Luis Antonio Ramírez Jiménez tenía con la señora Hilda María Vanegas Moreno, y el parentesco con sus hijos: Luis Antonio Ramírez Moreno, Óscar Ramírez Moreno, Hilda Jannet Ramírez Moreno e Irma Teresa Ramírez Moreno, todos mayores de edad para el momento de los hechos, según se extrae de los registros civiles aportados.

30. Ahora, se encuentra demostrado, de acuerdo con los testimonios rendidos en el decurso procesal (f. 31 a 34 vto. c. pruebas), que la muerte del señor Luis Antonio Ramírez Moreno implicó una situación de congoja y dolor tanto para su esposa como para sus hijos, por la estrecha relación y armonía de la que disfrutaban, y por tratarse de un núcleo familiar muy unido (ver supra 14.2).

31. La afectación material en este caso, que corresponde al lucro cesante que se acreditó con la certificación laboral del señor Luis Antonio Ramírez Moreno, se radica en cabeza de la señora Hilda María Vanegas Moreno únicamente, toda vez que sólo ella demostró su dependencia económica respecto del fallecido, lo que se extrae de las declaraciones rendidas por las señoras María Luzmila Oquendo de Acevedo, María Antonia Camacho y Lucila Sánchez de Romero, quienes señalaron que el fallecido era la persona que mantenía el hogar y procuraba todo lo necesario para su esposa (f. 33 y 34 vto. c. pruebas).

31.1. Las demás consideraciones relacionadas con el lucro cesante serán expuestas en el acápite de liquidación de perjuicios, en caso de ser procedente una declaración de responsabilidad a cargo de la entidad demandada.

32. En cuanto al régimen de responsabilidad aplicable, como se señaló al principio, en tanto se aduzca por la parte actora una falla cometida por la administración pública, debe analizarse el caso bajo la óptica del régimen de responsabilidad subjetiva pues, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, en estos eventos es necesario que el Consejo de Estado ponga en evidencia los errores cometidos por la administración en ejercicio de sus actividades, con el objetivo de que se fijen pautas para que tales yerros no tengan nueva ocurrencia. Al respecto dijo la Sección Tercera en la sentencia del 8 de julio de 2009:

Dado que la muerte del señor Germán Eduardo Giraldo Agudelo se produjo como consecuencia de las heridas que le fueron causadas con arma de fuego de dotación oficial, durante un operativo policivo, para decidir la responsabilidad del Estado debe tenerse en cuenta que el criterio jurisprudencial vigente en relación con el título de imputación bajo el cual deben ser decididas las demandas interpuestas con el fin de obtener la reparación de los daños causados en ejercicio de actividades peligrosas, es el de responsabilidad objetiva por riesgo excepcional, de acuerdo con el cual al demandante le basta acreditar que la actividad peligrosa fue la causa del daño cuya reparación solicita, en tanto que la entidad para exonerarse, deberá demostrar la existencia de una causa extraña como la culpa exclusiva de la víctima.

Esto siempre que no se invoque en la demanda el régimen de falla del servicio, caso en el cual se estudia la responsabilidad bajo ese título de imputación, de una parte, porque el mismo es aplicable aún tratándose de daños causados con ocasión de actividades peligrosas, y de otra, porque de esa manera se cumple con la función consustancial a la jurisprudencia contencioso administrativa de identificar las falencias que se presentan en el ejercicio de la actividad administrativa, con el propósito de que: (i) la definición para un caso concreto se convierta en advertencia para la administración con el fin de que ésta procure evitar la reiteración de conductas anormales y (ii) esa decisión sirva para trazar políticas públicas en materia de administración(14).

33. Se observa que en la demanda la parte actora afirma que el deceso de su esposo y padre respectivamente, tuvo lugar en una actuación irresponsable, imprudente y extralimitada por parte de los policías involucrados en los hechos, toda vez que dispararon indiscriminadamente sin precaver sus consecuencias respecto de personas inocentes que transitaban en el sector (f. 13 párr. 2 c. ppal), por lo que se analizará si la reacción de los policías al utilizar sus armas de dotación fue desproporcionada frente a los hechos acaecidos, configurándose la falla del servicio aducida

34. De acuerdo con lo anterior, esta Subsección ha señalado que en el contexto expuesto, para que surja la responsabilidad patrimonial a cargo de la entidad demandada “no basta con poner en evidencia que el daño se produjo por un agente de la administración o con un instrumento autorizado por el Estado como es un arma de dotación oficial, sino que, además, es indispensable demostrar que la actividad desplegada por los agentes tuvo una relación directa y próxima con el servicio, y en tal caso, preguntarse si estuvo inmersa en una infracción funcional”(15).

35. El contexto expuesto por la parte actora, en el que se afirma el uso indiscriminado y desproporcionado de las armas de dotación oficial de los policiales que se vieron implicados en los hechos, lo que contribuyó potencialmente a la muerte del señor Luis Ramírez Jiménez, obliga a revisar el marco jurídico que regula el uso de la fuerza por parte de militares y policías, es decir, aquellos eventos en los que el ordenamiento habilita su uso y lo considera conforme a derecho, a fin de establecer si se configuró la presunta falla.

36. El Código Nacional de Policía —Decreto 1355 de 1970—, señala que la policía se encuentra instituida para “proteger a los habitantes del territorio colombiano en su libertad y en los derechos que de ésta se derivan, por los medios y con los límites estatuidos en la Constitución Nacional, en la ley, en las convenciones y tratados internacionales, en el reglamento de policía y en los principios universales del derecho”, por lo que corresponde a ésta “la conservación del orden público a través de la prevención y eliminación de las perturbaciones de la seguridad, de la tranquilidad y la moralidad públicas”, autorizándose para ello el empleo de la fuerza, solo cuando sea estrictamente necesario bajo los eventos tipificados en el artículo 29 del mismo ordenamiento así:

a. Para hacer cumplir las decisiones y órdenes de los jueces y demás autoridades;

b. Para impedir la inminente o actual comisión de infracciones penales o de policía;

c. Para asegurar la captura del que debe ser conducido ante la autoridad;

d. Para vencer la resistencia del que se oponga a orden policial que deba cumplirse inmediatamente;

e. Para evitar mayores peligros y perjuicios en caso de calamidad pública;

f. Para defenderse o defender a otro de una violencia actual e injusta contra la persona, su honor y sus bienes;

g. Para proteger a las personas contra peligros inminentes y graves.

37. En igual sentido, el artículo 30 ibídem, modificado por el artículo 109 del Decreto 522 de 1971, dispuso que para preservar el orden público, la policía emplearía solo los medios autorizados por la ley o reglamento y escogería siempre, entre los eficaces, aquellos que causen el menor daño a la integridad de las personas y de sus bienes, precisando que los mismos no podrían ser utilizados más allá del tiempo indispensable para el mantenimiento del orden o su restablecimiento.

38. En cuanto a los instrumentos internacionales que han definido las condiciones o eventos en los que se considera legítimo el uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas de un Estado, esta Sala precisó en sentencia de 29 de marzo de 2014(16), que pese a carecer de efecto vinculante en el ámbito nacional, pueden observase como criterios orientadores al respecto, dada su vocación axiológica o normativa, al señalar:

Al respecto, se ha expedido la declaración de Naciones Unidas denominada Los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, la cual si bien no tienen carácter estrictamente vinculante —razón por la cual se los denomina “derecho blando” o “soft law”—, gozan de cierta relevancia jurídica y práctica en el ámbito internacional y nacional en tanto disposiciones de dicha naturaleza exhiben “una clara e inequívoca vocación axiológica o normativa general”(17) y sirven como “criterios auxiliares de interpretación de los tratados internacionales sobre derechos humanos”(18).

12.6. Los referidos Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley(19) comprenden, entre otros, el de licitud (principio n° 9), según el cual los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en los siguientes casos:

i. En defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves;

ii. Con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida;

iii. Con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad; o

iv. Para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida.

12.7. Adicionalmente, la Resolución 14 de 1990 de Naciones Unidas que adopta y desarrolla estos principios(20), establece que cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley:

i. Se identificarán como tales y darán una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo que al dar esa advertencia se pusiera indebidamente en peligro a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se creara un riesgo de muerte o daños graves a otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso;

ii. Utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego; podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten insuficientes o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto (principio de necesidad);

iii. Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga (principio de proporcionalidad);

iv. Reducirán al mínimo los daños y lesiones, y respetarán y protegerán la vida humana;

v. Procederán de modo que se presten, lo antes posible, asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas;

vi. Procurarán notificar lo sucedido, a la menor brevedad posible, a los parientes o amigos íntimos de las personas heridas o afectadas; y

vii. Comunicarán el hecho inmediatamente a sus superiores.

39. Bajo los eventos anotados, se entiende legítimo el uso de la fuerza, último recurso al que deben acudir los agentes del Estado para el cumplimiento de sus deberes legales y constitucionales, de donde primordialmente habrán de acudir a aquellos medios coercitivos que representen un menor daño para la integridad de las personas, comoquiera que es su deber fundamental la protección de su derecho a la vida(21).

40. Bajo las anteriores preceptivas, la Sala considera que la Policía Nacional no actuó de forma reprochable ni desproporcionada ante las circunstancias que rodearon lo hechos ocurridos el 27 de septiembre de 2004, en los que lamentablemente perdió la vida el ciudadano Luis Antonio Ramírez Jiménez, por cuanto la actuación de los policiales que se vieron involucrados se enmarca dentro de los parámetros expuestos en los que se habilita legítimamente el uso del arma de dotación oficial que les es asignada.

41. En efecto, de las pruebas arribadas al expediente es claro para la Sala que el intercambio de disparos suscitado el día 27 de septiembre de 2004, alrededor de las 7:10 p.m., no obedeció a una acción deliberada de los policiales Rincón Castañeda y Zamudio Cepeda, ni a un operativo a cargo de la Policía Nacional, sino al hostigamiento repentino emprendido por parte de delincuentes que minutos antes había delinquido, tal como lo afirma el testigo José Alfredo Jiménez Martínez en su declaración al interior de la investigación disciplinaria adelantada (ver supra. 19.4), quien indicó que minutos antes de escuchar la detonación de las armas fue víctima del hurto del dinero que acababa de retirar para la empresa en la que laboraba y que se encuentra ubicada en la misma cuadra en la que ocurrieron los hechos.

42. La declaración del señor Jiménez Martínez identifica a tres delincuentes que portaban armas de fuego, las cuales fueron utilizadas encañonándolos para someterlos al punto de entregar el dinero y sus pertenencias, lo que pone de manifiesto la peligrosidad de los mismos por encontrarse armados, por el delito consumado al instante y por su superioridad numérica respecto de los 2 policiales implicados en los hechos.

43. Ahora, tanto del informe de policía del 28 de septiembre de 2004 —el cual merece plena credibilidad respecto del desarrollo de los hechos más no en cuanto a los juicios de valor y afirmaciones que en torno a la trayectoria de los disparos e imputación de la muerte del señor Luis Antonio Ramírez Jiménez expresa, toda vez que el decurso de los mismos coincide con la narración realizada por los tres testigos—, como de la testimonial rendida por el señor Henry Orlando Aldana -propietario del establecimiento en el que se encontraban los policías, y por ende testigo directo de los hechos-, se observa que fueron abordados por una señora que reportó con premura la presencia de una moto extraña en el sector, desplazándose el patrullero Iván Zamudio Cepeda para verificar la situación, trayecto en el que sorpresivamente los delincuentes arremetieron en su contra disparándole, lo que motivó su respuesta armada y el apoyo en las mismas condiciones de su compañero, el subintendente Miguel Rincón Castañeda, quien inmediatamente salió a responder el ataque perpetrado contra ellos.

44. Se infiere además de tales declaraciones y del informe aludido, que para el momento en que fueron atacados por los delincuentes, los agentes desconocían el hurto perpetrado por éstos minutos antes, hecho punible que vinieron a relacionar posteriormente al indagar acerca de lo sucedido con los testigos y residentes del sector, y que explica la reacción de los malhechores ante la presencia de la Policía. También se encuentra demostrado que en el momento en el que se cometió el asalto al señor José Alfredo Jiménez Martínez y su compañero, los criminales no utilizaron sus armas más que para amedrentarlos, a partir de lo cual emprendieron la huida en una motocicleta; lo que descarta que el origen de los disparos se hubiere dado en el contexto mismo del hurto perpetrado, y confirma que los proyectiles fueron dirigidos específicamente contra los dos miembros de la Policía que se ubicaron casualmente en la esquina, situación que se corrobora con los registros fotográficos que militan en el expediente como prueba trasladada, en donde se observan impactos en la puerta del negocio Mercatodo en donde se encontraban, y en el panorámico del vehículo en el que se movilizaban.

45. Sin duda el ataque de que fueron víctimas los policías, ubica la actuación de los mismos en los supuestos que definen el uso legítimo de las armas, bajo el contenido de los literales f) y g) del artículo 29 del Código Nacional de Policía, toda vez que la acción de los delincuentes puso en peligro directamente sus vidas e integridad física de manera inminente, así como la de los transeúntes del sector, e incluso, del propietario del establecimiento comercial en el que se encontraban, en la medida en que abrieron fuego indiscriminadamente en procura de no ver frustrado el ilícito cometido por la presencia de la Fuerza Pública.

46. Así las cosas, dado lo intempestivo de la actuación criminal ocurrida y la intensidad de la misma al ser usadas indiscriminadamente contra la vida de los policías armas de fuego, no podía esperarse o exigirse una acción persuasiva o de menor intensidad a la efectuada, razón por la que se desvirtúan las afirmaciones de la parte demandante en procura de demostrar el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional, como causa de la muerte del señor Luis Antonio Ramírez Jiménez.

47. Es importante resaltar que en el presente caso no logró demostrase que la herida que ocasionó la muerte del señor Ramírez Jiménez haya sido causada con el arma de dotación oficial del subintendente Miguel Rincón Castañeda o del patrullero Iván Zamudio Cepeda, pues para ello habría sido necesario confrontar el proyectil extraído de su cuerpo durante la necropsia con el arma asignada a cada uno de ellos, prueba que no fue posible obtener por la deliberada omisión de la entidad accionada (ver supra 17.1 y 20.1); sin embargo lo que sí está plenamente demostrado es que su muerte se produjo por la lesión recibida en la frente en medio del intercambio de disparos entre la fuerza pública y los criminales, situación que como quedó establecido no se dio por el hecho mismo del hurto consumado, sino con posterioridad al mismo, para repeler la presencia de la policía, lo que arrojó como resultado el impacto con arma de fuego en la humanidad del esposo y padre de los demandantes, quien en medio de la confrontación se desplomó repentinamente a causa del disparo intempestivamente recibido, cuya trayectoria, tal como lo determinó el informe de balística, fue a larga distancia (ver supra 17).

48. Las conclusiones que se extraen del acervo probatorio allegado llevan a la Sala a descartar la falla del servicio como título jurídico de imputación en el sub iudice en ausencia de una conducta o actuación irregular imputable a la Policía Nacional respecto de los hechos ocurridos el 27 de septiembre de 2004.

49. No obstante, la ausencia de falla en el servicio en estos casos no puede llevar automáticamente a la exoneración de responsabilidad estatal, por cuanto el nuevo orden constitucional impone analizar el daño antijurídico desde la óptica de las víctimas, quienes hayan soportado un daño que no se encontraban obligadas a asumir. Así, por virtud de ello, en la medida en que un daño se ocasione en medio de una actuación lícita, desplegada por miembros de las fuerzas armadas, en cumplimiento de su deber funcional, ésta Sección ha considerado en diversos pronunciamiento y de manera uniforme(22), que el Estado se encuentra llamado a responder patrimonialmente dada la necesidad de dar cumplimiento a los postulados constitucionales de solidaridad y equidad —fundamento de la imputación jurídica en estos casos—, tal como se señaló entres otras sentencia del 3 de mayo de 2007(23):

En situaciones como la estudiada el principio constitucional de solidaridad adquiere eficacia indirecta, en cuanto sirve como inspirador de la lectura y concretización de las funciones estatales, así como eficacia directa, pues funge como fundamento primordial del criterio de imputación del caso en estudio. De esta forma, la idea de solidaridad, en cuanto principio constitucional que sirve como fundamento del daño especial, debe inspirar una lectura del mismo que cumpla con el contenido que se deriva de un Estado Social, esto es, que aplique criterios de igualdad real y justicia material en sus distintas instituciones, entre ellas la de la responsabilidad estatal.

En resumen, el utilizar el daño especial como criterio de imputación en el presente caso implica la realización de un análisis que, acorde con el artículo 90 Const., tome como punto de partida el daño antijurídico que sufrió la niña Angélica María Osorio; que asuma que el daño causado, desde un punto de vista jurídico y no simplemente de las leyes causales de la naturaleza, se debe entender como fruto de la actividad lícita del Estado; y, que, por consiguiente, concluya que es tarea de la administración pública, con fundamento en el principio de solidaridad interpretado dentro del contexto del Estado social de derecho, equilibrar nuevamente las cargas que, como fruto de su actividad, soporta en forma excesiva uno de sus asociados, alcanzando así una concreción real el principio de igualdad.

50. La imputación jurídica en estos casos no se encuentra ligada a la demostración de que el daño fue ocasionado directamente por la acción de un agente del estado o con un arma de dotación oficial, pues existen eventos en los cuales, bajo la teleología atrás anotada, el Estado deberá entrar a reparar los perjuicios sufridos por los individuos pese a que ningún reproche merezca su actuación siempre que el daño irrogado ostente características de anormalidad y especialidad, esto es, en cuanto exceda los sacrificios que se imponen a todos las personas y en su causación intervenga una actividad estatal, tal como se expresó en sentencia de 7 de abril de 1994(24):

Así las cosas, la Sala concluye que no hay prueba que permita establecer quién disparó el arma que lesionó a la menor. La confusión que se presentó en el enfrentamiento donde hubo fuego cruzado, no permite saber si fue la Policía o la guerrilla la que lesionó a la menor, sin que exista la posibilidad de practicar una prueba técnica sobre el proyectil por cuanto éste salió del cuerpo de la menor. Pero lo que sí no ofrece ninguna duda es que la menor sufrió un daño antijurídico que no tenía por qué soportar, en un enfrentamiento entre fuerzas del orden y subversivos y si bien es cierto aquellas actuaron en cumplimiento de su deber legal, la menor debe ser resarcida de los perjuicios sufridos por esa carga excepcional que debió soportar; por consiguiente, la decisión correcta fue la tomada por el a-quo, en virtud de la cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

50. En punto de lo anterior, en sentencia de 8 de agosto de 2002, esta Sección precisó(25):

En síntesis, son imputables al Estado los daños sufridos por las víctimas cuando éstos excedan los sacrificios que se imponen a todos las personas y en su causación interviene una actividad estatal.

En este régimen el hecho del tercero exonerará de responsabilidad a la administración sólo cuando sea causa exclusiva del daño, es decir, cuando éste se produzca sin ninguna relación con la actividad administrativa. Pero no la exonerará cuando el daño se cause en razón de la defensa del Estado ante el hecho del tercero, porque si bien esa defensa es legítima, el daño sufrido por las víctimas ajenas a esa confrontación es antijurídico, en cuanto éstas no tenían el deber jurídico de soportar cargas superiores a las que se imponen a todos los demás asociados. (...).

Y todo esto sin importar quién sea el autor material del daño que se cause durante la confrontación, es decir, si durante un enfrentamiento armado entre agentes estatales y un grupo al margen de la ley, por ejemplo, se causa una lesión a un particular ajeno a esa confrontación, para efectos de establecer la responsabilidad del Estado no es necesario que la lesión haya sido causada por uno de sus agentes.

51. De acuerdo con lo expuesto, hay lugar a imputar responsabilidad bajo el título de daño especial cuando: i) se ocasiona un daño en medio de una actuación lícita del Estado, en el marco de una acción desplegada por sus agentes, en cumplimiento de un deber funcional; y ii) cuando el daño irrogado a alguna persona o grupo de personas, ostente características de anormalidad y especialidad por exceder los sacrificios que se imponen a la generalidad, eventos en los que resulta irrelevante determinar el causante directo del daño por cuanto la obligación indemnizatoria que vincula al Estado, proviene del imperativo de protección a la víctima, en aplicación de los principios de justicia y equidad, que emanan de la configuración filosófica de la Carta Política.

52. Ahora, bajo el régimen referido, como eximente de responsabilidad puede darse el hecho de un tercero, el cual liberará a la administración sólo cuando sea causa exclusiva del daño, es decir, cuando este se produzca sin ninguna relación con la actividad administrativa. Sin embargo, no la exonerará cuando el daño se cause en razón de la defensa del Estado ante el hecho del tercero, porque si bien esa defensa es legítima, el daño sufrido por las víctimas —ajenas a esa confrontación— es antijurídico, por lo que entraña un claro rompimiento de las cargas públicas que normalmente debían soportar.

53. En consecuencia, en el presente caso, acreditado como está que la muerte del señor Luis Antonio Ramírez Jiménez fue causada por un proyectil de arma de fuego, en medio del intercambio de disparos entre dos miembros de la Policía Nacional, en ejercicio de sus funciones y delincuentes que atentaron contra la humanidad de los primeros como blanco inminente de su acción armada, se configuran la totalidad de elementos que imponen la condena al Estado bajo el título de imputación de daño especial analizado, sin que exista causal exonerativa de responsabilidad, en la medida en que la lesión ocasionada -causa eficiente de la muerte del ciudadano Luis Antonio Ramírez Jiménez-, se dio en medio de la defensa desplegada por los policías ante el hecho de un tercero.

54. Por todo lo anterior, la Sala confirmará la providencia consultada, en cuanto accedió a las pretensiones de la demanda bajo esta misma óptica, y procederá a estudiar la indemnización de perjuicios reconocida por el a quo de conformidad con el petitum de la demanda y lo probado en el proceso.

VIII. Liquidación de perjuicios

55. Perjuicios morales.

55.1 Por perjuicios morales en la sentencia de primera instancia se condenó a la entidad demandada a pagar una suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la señora Hilda María Moreno Vanegas, en su calidad de cónyuge del señor Luis Antonio Ramírez Jiménez, teniendo en cuenta que es el sujeto que mayor grado de intensidad sufre por el deceso de la persona.

55.2 A favor de quienes acreditaron ser hijos del señor Luis Antonio Ramírez Jiménez, fue reconocida la suma de 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes, al considerar que no se allegaron mayores elementos probatorios que permitieran al fallador superar dicho monto.

55.3 La condena así determinada, será confirmada en esta instancia sin abordar el análisis que implicaría la observancia del criterio jurisprudencial vigente en cuanto a la definición de los perjuicios morales ocasionado por la muerte en relaciones paterno filiales, toda vez que al efectuarlo se transgrediría el límite de competencia que impone en estos casos el conocimiento del grado jurisdiccional de consulta, el cual se entiende surtido a favor de la entidad demandada, sin que pueda agravarse la condena impuesta en su contra, lo que ocurriría en este caso de aplicarse la sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014 en punto de ello(26).

56. Perjuicios materiales.

56.1 Revisada la condena impuesta, encuentra la Sala que el tribunal condenó a la entidad demandada a pagar la suma de $85.838.150,30 por concepto de lucro cesante en los componentes de indemnización consolidada e indemnización futura o anticipada, reconocidos a favor de la cónyuge supérstite, al considerar su dependencia económica del causante, para cuya liquidación tuvo en cuenta de acuerdo con la certificación laboral allegada el salario mínimo legal mensual vigente al momento de la condena, descontando del mismo el porcentaje del 25% correspondiente a sus gastos personales, lo que arrojó de acuerdo a la expectativa de vida del fallecido la suma anteriormente señalada, suma que será confirmada bajo el límite de competencia anteriormente aludido, en la medida en que una nueva liquidación impondría la inclusión de los haberes que por concepto de prestaciones sociales hubiere recibido el señor Luis Antonio Ramírez Jiménez, en razón de la vinculación formal que acreditó como empleado del establecimiento comercial “Comidas Barichara”, con una antigüedad de 20 años, 11 meses de servicios.

57. Actualización de la condena.

57.1 Finalmente es del caso realizar la actualización de la condena reconocida en primera instancia para lo cual se tendrá en cuenta la siguiente fórmula:

final
 

En donde:

Ra:Valor actualizado a obtener

Rh:Valor reconocido.

Ipc (f):Último índice de precios conocido (noviembre de 2016)

Ipc (i):Índice de precios inicial (marzo de 2011)

Fecha de la providencia consultada: marzo de 2011.

final final
 

57.2 Así se modificará la sentencia consultada para conceder a favor de la señora Hilda María Moreno Vanegas la suma de ciento seis millones cuatrocientos cincuenta y dos mil doscientos ochenta y siete pesos con 49 centavos m/cte ($106,452,287.49) por los perjuicios materiales que sufrió en la modalidad de lucro cesante, con la muerte de su esposo.

58. No pasa la Sala por alto en este caso, la renuencia de la entidad accionada a dar cumplimiento a los requerimientos efectuados con insistencia por el Tribunal en procura de esclarecer los hechos que dieron lugar a la presente acción y garantizar el acceso a la administración de justicia, retardando sin justificación alguna la superación de la etapa probatoria (ver supra 17.1 y 20.1), en detrimento de la parte demandada y de la función judicial misma asignada, razón por la que, sin perjuicio del alcance del grado jurisdiccional de consulta se exhortará a la Policía Nacional, para que implemente procedimientos internos en los que se deje un registro preciso, claro e inequívoco, anexo a los informes de novedad, de las armas utilizadas y accionadas en operativos o actuaciones policiales, con anotación de los agentes que las portaban, máxime en cuanto existan lesionados en medio de tales hechos. Asimismo para que dirija una circular institucional al personal adscrito a dicha entidad, en el que se ponga en conocimiento dicho procedimiento y se ordene a los funcionarios respectivos el cabal cumplimiento de los requerimientos judiciales de manera completa, detallada y oportuna, con el control de términos respectivos, en correspondencia con su deber institucional de colaboración con la justicia.

IX. Costas

58. No hay lugar a la imposición de costas, en la medida en que no se demostró su causación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 392 numeral 9º del C.P.C., aplicable por remisión normativa del artículo 171 del C.C.A.

En mérito de lo expuesto, la Sección Tercera –Subsección “B”- de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

MODIFÍQUESE la sentencia proferida 17 de marzo de 2011 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió a las súplicas de la demanda, la cual quedará así:

Primero. Declarar administrativamente responsable a la Nación- Ministerio de Defensa-Policía Nacional, por los daños y perjuicios causados a Hilda María Moreno Vanegas, Luís Antonio Ramírez Moreno, Oscar Ramírez Moreno, Hilda Janneth Ramírez Moreno e Irma Teresa Ramírez Moreno, con la muerte de Luís Antonio Ramírez Jiménez, ocurrida en circunstancias de tiempo y lugar consignadas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Condenar a la Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional a pagar a Hilda María Moreno Vanegas, la suma de ciento seis millones cuatrocientos cincuenta y dos mil doscientos ochenta y siete pesos con 49 centavos m/cte ($106, 452,287.49) por los perjuicios materiales que sufrió en la modalidad de lucro cesante, con el deceso de su cónyuge el señor Luis Antonio Ramírez Jiménez.

Tercero. Condenar a la Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional a pagar a Hilda María Moreno Vanegas, la suma de cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes para el momento de la ejecutoria de esta sentencia, por concepto de daño moral.

Cuarto. Condenar a la Nación -Ministerio de Defensa- Policía Nacional a pagar a Luís Antonio Ramírez Moreno, la suma de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes para el momento de la ejecutoria de esta sentencia, por concepto de daño moral.

Quinto. Condenar a la Nación -Ministerio de Defensa- Policía Nacional a pagar a Oscar Ramírez Moreno, la suma de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes para el momento de la ejecutoria de esta sentencia, por concepto de daño moral.

Sexto. Condenar a la Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional a pagar a Hilda Janneth Ramírez Moreno, la suma de cincuenta (50) salarios mínimos legales vigentes para el momento de la ejecutoria de esta sentencia, por concepto de daño moral.

Séptimo. Condenar a la Nación -Ministerio de Defensa- Policía Nacional a pagar a Irma Teresa Ramírez Moreno, la suma de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes para el momento de la ejecutoria de esta sentencia, por concepto de daño moral.

Octavo. EXHORTAR a la Policía Nacional, para que: 1) Implemente procedimientos internos en los que el personal de la institución a quienes se encuentren asignadas armas de dotación oficial, manejen un registro claro e inequívoco -anexo en todo caso a los informes de novedades- de las armas y munición utilizadas y accionadas en operativos o actuaciones policiales, con total claridad acerca de quienes las portaban, máxime en cuanto existan lesionados en medio de tales hechos, 2) Dirija una circular institucional en la cual se comunique lo anterior, y se ordene a los funcionarios correspondientes el cabal cumplimiento de los requerimientos judiciales, de manera completa, detallada y oportuna, junto con el control de términos respectivos.

Noveno. Sin condena en costas.

Décimo. Por secretaría EXPÍDANSE copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien acredite estar actuando como apoderado judicial dentro del proceso.

Ejecutoriada la presente sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de primera instancia para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 Auto del 8 de Septiembre del 2005, Expediente 30094, Sección Tercera del Consejo de Estado, C. Ponente: Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez

2 En efecto, comoquiera que el salario mínimo legal mensual vigente en 2011 era de $ 535.600, el total de la condena exigido para que procediera el grado jurisdiccional de consulta era de $ 160.680.000, por lo que en el presente caso, en la medida en que la decisión del a quo excedió dicha suma, al proferirse condena por un total de 460 s.m.l.m.v., se habilita el conocimiento de la consulta remitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

3 Artículo 184. Consulta. <Subrogado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998> Las sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instancia a cargo de cualquier entidad pública que exceda de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales o que hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no fueren apeladas. Las sentencias que impongan condena en abstracto sólo serán consultables junto con el auto que las liquide, en los eventos del inciso anterior. En los asuntos contenciosos de carácter laboral, solamente se consultarán las sentencias dictadas en primera instancia que impongan condena a cargo de la entidad pública, cuando de la respectiva actuación se deduzca que la demandada no ejerció defensa alguna de sus intereses.
La consulta se tramitará y decidirá previo traslado común por cinco (5) días para que las partes presenten sus alegatos por escrito y se entenderá siempre interpuesta a favor de las mencionadas entidades o del representado por curador ad litem. El agente del Ministerio Público, antes del vencimiento del término aquí previsto podrá solicitar traslado especial que se concederá, sin necesidad de auto que así lo disponga, por el término de cinco (5) días, contados a partir de la entrega del expediente que se efectuará una vez concluido el traslado común. La providencia sujeta a consulta no quedará ejecutoriada mientras no se surta el mencionado grado. (se resalta)

4 Artículo 178. Rechazo in limine. Las pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso y el juez rechazará in limine las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifestaciones superfluas.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, sentencia de 14 de abril de 2010, rad. 05001-23-31-000-1993-00588-01 (17805).

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, rad. 36170, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Danilo Rojas Betancourth, rad. n.º 20.601.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, sentencia de 14 de abril de 2010, Rad. 05001-23-31-000-1993-00588-01(17805).

9 Tal como lo ordena el artículo 113 de la Constitución Política al decir que “Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”.

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Danilo Rojas Betancourth, sentencia de 11 de septiembre de 2013, rad. 20.601.

11 “Por la cual se derogan y modifican algunas disposiciones del Decreto 2700 de 1991…” El texto de la norma es el siguiente: “Artículo 50. El artículo 313 del Código de Procedimiento Penal tendrá un inciso final del siguiente tenor:// En ningún caso los informes de la Policía Judicial y las versiones suministradas por informantes tendrán valor probatorio dentro del proceso”.

12 [8] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

13 Corte Constitucional, sentencia C-392 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009, Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio, radicación n.º 05001-03-26-000-1993-00134-01(16974.

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de mayo de 2014, Consejero Ponente: Ramiro Pazos Guerrero, radicación n.º 05001-23-31-000-2000-4596-01 (29882).

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 27 de marzo de 2014, Consejero Ponente: Ramiro Pazos Guerrero, radicación n.º 05001-23-31-000-1999-02493-01 (31611).

17 [39] CASTRO, Luis Manuel. “Soft law y reparaciones a víctimas de violaciones de derechos humanos: Reflexiones iniciales”, en Rodrigo Uprimny (coord.), Reparaciones en Colombia: Análisis y propuestas. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2009. p. 66, citada por la sentencia de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, septiembre 11 de 2013, rad. 20601, C.P. Danilo Rojas Betancourth (considerando 24.3).

18 [40] Corte Constitucional, sentencia C-872 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

19 [41] “Los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” fueron adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.

20 [42] http://www.sedena.gob.mx/pdf/der_hums/bibliografia/PBUF.pdf consultado el 4 de marzo de 2014.

21 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de julio 27 de 2000, rad. 12.788, citada por la sentencia de 14 julio de 2004 de la Sección Tercera, rad. 14902, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. “…si bien es cierto que el Estado puede hacer uso legítimo de la fuerza y por lo tanto, recurrir a las armas para su defensa, esta potestad sólo puede ser utilizada como último recurso, luego de haber agotado todos los medios a su alcance que representen un menor daño. Lo contrario implicaría legitimar el restablecimiento del orden en desmedro de la vida y demás derechos fundamentales de las personas.”

22 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de abril de 2012, rad. 21.515, M.P. Hernán Andrade Rincón.

23 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de mayo de 2007, rad. 16695, M.P. Enrique Gil Botero.

24 Consejo de Estado. Sección Tercera, rad. 9261.

25 Consejo de Estado. Sección Tercera. Expediente 10952 M.P. Ricardo Hoyos Duque.

26 Consejo de Estado. Sección Tercera, rad. 26.251, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.