SENTENCIA 2006-02046/43831 DE MARZO 15 DE 2017

 

Sentencia 2006-02046 de marzo 15 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Proceso número:05001233100020060204601 (43831)

Demandante: Nación – Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional

Demandado: Juan Carlos Socota Corredor

Acción:Repetición

Bogotá, D.C., quince de marzo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

1. Presupuestos procesales de la acción

1.1. Jurisdicción y procedencia de la acción

En relación con la competencia de esta corporación para desatar la controversia, se tiene que el proceso tiene vocación de doble instancia y corresponde al Consejo de Estado el conocimiento de la apelación de la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

En efecto, frente a la competencia para conocer las acciones de repetición, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de la corporación ha considerado que:

(…) conforme a la jurisprudencia de esta corporación, la Ley 678-01 establece como premisas para la aplicación de la mencionada regla de competencia la existencia de una sentencia condenatoria contra el Estado y el trámite de un proceso previo ante esta Jurisdicción, evento en el cual compete conocer de la repetición al juez o al tribunal administrativo ante el que se haya tramitado el proceso de responsabilidad patrimonial(1).

Es decir, que para determinar la competencia en acciones de repetición originadas en procesos que hayan cursado ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, basta acudir en forma exclusiva al principio de conexidad, previsto como principal en el artículo 7 [1] de la Ley 678 de 2001, sin perjuicio del criterio subjetivo de atribución de competencias que para los dignatarios con fuero legal contempla la misma Ley ([7] [pár. 1]) y sin que se requiera establecer la cuantía de la demanda, según lo disponían los artículos 132 y 134B del C.C.A., antes de la entrada en vigencia de la citada ley, por cuanto la aplicación de dichos artículos en estos casos está excluida en razón de que contrarían el factor de conexidad”(2) (Negrillas fuera de texto).

En el presente asunto, fue el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, quien profirió, el 26 de noviembre de 2002(3), el auto aprobatorio de la conciliación prejudicial surtida ante la Procuraduría 30 Judicial Administrativa entre los señores Marisol Vargas Tabares y Francisco José Salazar Cardona quienes actuaron en nombre propio y en representación de sus hijos menores Lizeth Andrea, Lizbed Ayadid, Duvan Arlex, Eixon Yesid y Dicson Yamid Salazar Vargas, así como María de Jesús Tabares y Francisco Luis Vargas García y la Nación – Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional, proveído que no fue impugnado(4).

Así las cosas, esta Corporación cuenta con competencia para conocer, en segunda instancia, del presente litigio, dado que la acción de repetición se inició ante el mismo Tribunal Administrativo que conoció del trámite aprobatorio de la conciliación prejudicial, en aplicación del principio de conexidad, según la jurisprudencia consolidada de esta Corporación.

1.2. Asunto previo: Normatividad aplicable

La Sala advierte que los hechos debatidos en este proceso tuvieron lugar el 20 de febrero de 2002, a raíz de la muerte del menor Alejandro José Salazar Vargas, al ser atropellado por un vehículo de propiedad del Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, conducido por uno de sus miembros en ejercicio de sus funciones, suceso que ocurrió en vigencia de la Ley 678 de 2001(5), razón por la cual la mentada norma se aplicará tanto en aspectos sustanciales como procesales.

1.3. Caducidad de la acción y acreditación del pago

La caducidad de la acción es un fenómeno jurídico en virtud del cual el titular de una acción pierde la facultad de acudir ante la jurisdicción, por no haber ejercido su derecho dentro del término que señala la ley para ese efecto. Así, para que opere dicho fenómeno deben concurrir dos supuestos: i) El transcurso del tiempo y ii) el no ejercicio de la acción.

Para el caso de la acción de repetición, el artículo 11 de la Ley 678 de 2001, en concordancia con el numeral 9 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, establece lo siguiente:

La de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total(6) efectuado por la entidad.

Cuando el pago se haga en cuotas, el término de caducidad comenzará a contarse desde la fecha del último pago, incluyendo las costas y agencias en derecho si es que se hubiere condenado a ellas(7).

“PAR.—La cuantía de la pretensión de la demanda de repetición se fijará por el valor total y neto de la condena impuesta al Estado más el valor de las costas y agencias en derecho si se hubiere condenado a ellas, del acuerdo conciliatorio logrado o de la suma determinada mediante cualquier otro mecanismo de solución de conflictos, sin tomar en cuenta el valor de los intereses que se llegaran a causar.

Sobre el mencionado artículo, cabe precisar que conforme a lo expuesto por la Corte Constitucional en Sentencia C-832 de 2001, existen dos momentos a partir de los cuales empieza a contarse el término de dos años para impetrar la acción, esto es: 1) A partir del día siguiente a aquél en el cual se hubiere efectuado el pago efectivo de la condena impuesta en una sentencia y 2) desde el día siguiente al vencimiento del plazo de 18 meses consagrado en el inciso 4º del artículo 177 del C.C.A., previsto para la que la entidad pública cumpla la obligación indemnizatoria que le ha sido impuesta.

La Corte Constitucional en la referida sentencia, al analizar el tema de la caducidad en la acción de repetición del artículo 11 de la Ley 678 de 2001, declaró la exequibilidad condicionada de la expresión “contado a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad”, bajo el presupuesto que:

(...) el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previstos en el artículo 177 inciso 4º del Código Contencioso Administrativo.

En consecuencia, la entidad accionante a partir de la ejecutoria de la sentencia por la cual fue declarada patrimonialmente responsable —o el auto que apruebe la conciliación—, cuenta con 18 meses para pagar las condenas impuestas en su contra, de manera que una vez vencido este plazo comenzará a computarse el término para el ejercicio oportuno de la acción de repetición; en su defecto, si la entidad pública cancela las condenas impuestas en su contra dentro de los 18 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, el término de caducidad de la acción comenzara a contarse a partir de la fecha efectiva de dicho pago. Al respecto, el Consejo de Estado al referirse al pronunciamiento de la Corte Constitucional, consideró(8):

Como puede apreciarse, la Corte señaló que el plazo máximo que tiene la entidad para efectuar el pago respectivo se encuentra establecido en el artículo 177 del C. C. A., según el cual la entidad pública cuenta con 18 meses para cancelar las condenas impuestas en su contra, de manera que una vez vencido ese término comenzará a computarse el término para el ejercicio oportuno de la acción de repetición. Sobre el particular la Corte Constitucional precisó:

Se tiene, pues, que uno de los requisitos de la acción de repetición es el pago de la condena que haya sufrido la Administración, y por consiguiente, resulta razonable que se haya fijado el momento en que se realiza ese acto jurídico como punto de partida para computar el término de caducidad.

Por otra parte, contrariamente a lo que afirma el demandante, la entidad no puede, a su arbitrio, determinar el momento definitivo del pago, ya que el cumplimiento de esa obligación se encuentra sujeto a estrictas normas presupuestales (...).

Por su parte, en desarrollo del mandato constitucional, el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo prevé, que en el evento de ser condenada la Nación, una entidad territorial o una descentralizada al pago de una suma de dinero, el agente del ministerio público frente a la respectiva entidad, debe dirigirse a los funcionarios competentes para que incluyan en sus presupuestos, partidas que permitan sufragar las condenas. En concordancia con lo anterior, será causal de mala conducta por parte de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos, pagar las apropiaciones para el cumplimiento de las condenas más lentamente que el resto.

Prevé también el citado artículo que dichas condenas serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho meses después de su ejecutoria, y devengarán intereses moratorios. La Corte, al examinar la constitucionalidad del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo afirmó que “[a] menos que la sentencia que impone la condena señale un plazo para el pago —evento en el cual, dentro del mismo se pagarán intereses comerciales—, los intereses moratorios se causan a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia, sin perjuicio de la aplicación del término de dieciocho meses (18) que el precepto contempla para que la correspondiente condena sea ejecutable ante la justicia ordinaria”(9)….

De lo anterior se infiere, que como en razón del principio de legalidad del gasto público (artículos 345 y 346 de la Constitución), el Estado no puede, a diferencia de los particulares, disponer inmediatamente de sus recursos para el cumplimiento de las condenas a su cargo, la ley razonablemente le ha otorgado un plazo de dieciocho meses para realizar los trámites para el pago de las mismas, so pena de sanciones disciplinarias a los funcionarios que no procedan de acuerdo con el trámite anteriormente explicado.

Por lo tanto, el Estado cuenta con un término preciso para efectuar el respectivo trámite presupuestal para efectos de cancelar el monto de la condena judicial por los perjuicios causados a los particulares.

En síntesis es viable afirmar, que el plazo con que cuenta la entidad para realizar el pago de las sentencias de condena en su contra, no es indeterminado, y por lo tanto, el funcionario presuntamente responsable, objeto de la acción de repetición, no tendrá que esperar años para poder ejercer su derecho de defensa.

Así las cosas, el término para intentar la acción, empieza a correr a partir de la fecha en que se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previstos en el artículo 177 inciso 4º del Código Contencioso Administrativo.

En el sub lite, se tiene que la entidad demandante persigue el reintegro del pago total de la obligación por la que concilió, por lo que es necesario analizar cuándo se produjo la conciliación y dicho pago, pues, como fue expuesto, es a partir de estos dos elementos que se verifica el presupuesto procesal del ejercicio oportuno de la acción (esto es, dependiendo de si el pago se hizo antes o después de los 18 meses de que trata el artículo 177 del C.C.A, así se realizará el conteo de la caducidad).

En el caso bajo estudio, con el fin de acreditar el pago efectivo, reposan en el plenario los siguientes documentos:

i) Resolución 1383 de 23 de diciembre de 2003, por medio de la cual la Secretaria General del Ministerio de Defensa Nacional da cumplimiento a unas sentencias y conciliaciones (fls. 90-97, c. ppal 1).

ii) Certificación expedida por la Tesorera principal del Ministerio de Defensa Nacional por la cual hace constar:

“Que la Resolución 1383 del 23 de diciembre de 2003, fue cancelada al señor Jorge Alonso Turbay, identificado con cédula de ciudadanía 71611911, con el comprobante de egreso 402 del 18 de febrero de 2004, por valor de $115.876.629.oo abonado en la cuenta corriente 02304362961 de Bancolombia el 20 de febrero de 2004. (...)” (fl. 19, c. ppal).

iii) Documento titulado “relación pago de sentencias 2004” del 16 de marzo de 2004, sin constancia de quien lo suscribe, mediante el cual se indica que la obligación contenida en la resolución No. 1383 del 23 de diciembre de 2003 a favor de Francisco L. Vargas García y otros se encuentra cancelada (fl. 18, cdno. ppal 1).

Es preciso resaltar que los documentos aportados al plenario fueron elaborados por la entidad demandante, y con ellos pretende acreditar el pago de la suma impuesta en el auto aprobatorio de conciliación, cuyo reembolso exige a través de la acción de repetición.

A su vez, debe distinguirse que el fundamento de apelación se contrae a ratificar la acreditación del pago de la condena como requisito de procedencia de la acción de repetición, en tanto el a quo consideró que el mismo no se encontraba rendido.

En tal sentido, para determinar la oportunidad de la acción resulta imprescindible verificar si en el presente evento la parte demandante acreditó el pago de la indemnización cuyo reintegro reclama a través de repetición.

El recurrente sostiene que dada la particularidad de la transacción efectuada en este caso para pagar la condena, no es procedente exigir documento en el que se acredite la aceptación de los beneficiarios en relación con el pago de la indemnización. A su vez estimó que la resolución 1383 de 2003, mediante la cual se dio cumplimiento a la providencia que aprobó la conciliación, dispuso que el pago de la indemnización debía producirse a través de consignación a la cuenta corriente o de ahorros de conformidad con certificado aportado e información registrada en el SIIF.

En consonancia resaltó que el SIIF es un sistema a través del cual se adoptó la implementación de pagos con abono en cuenta a los diferentes beneficiarios de las entidades de la administración central y con tal propósito, el registro de los beneficiarios y cuentas para abonos, es una de las operaciones con mayor grado de responsabilidad por cuanto el “SIIF emite un archivo que reúne la llave-documento de identidad/cuenta bancaria –para cada beneficiario registrado, de manera que se puede remitir a validación directa en el sistema financiero”.

Concluyó con base en lo anterior que, si el a quo consideró no acreditado el pago de la indemnización, debido a la ausencia de documento suscrito por el beneficiario del pago, al haberse hecho el mismo por transferencia electrónica a la cuenta del apoderado de los beneficiarios, resulta válido. Además, el funcionario de la entidad que certifica la realización de la transferencia electrónica es quien tiene bajo su responsabilidad cada una de las transacciones y obligaciones financieras y contables de la entidad demandante.

Con el objeto de determinar la acreditación del requisito de pago de la condena impuesta como elemento de procedencia de la acción de repetición y la oportunidad de la demanda presentada en su ejercicio, procede la Sala a abordar los fundamentos de apelación invocados por la entidad recurrente.

Conforme se ha indicado, la normatividad civil exige como prueba del pago, el documento que provenga del deudor donde manifieste expresamente que recibió a satisfacción la prestación debida u otro medio del que se pueda afirmar con plena certeza que el pago fue efectivamente recibido por el beneficiario.

La entidad demandante sostiene que no puede exigirse en este caso documento de aceptación de pago emanado de los beneficiarios de la indemnización, toda vez que la resolución que dio cumplimiento al auto aprobatorio de conciliación dispuso el pago a través de consignación a cuenta corriente o de ahorros, el cual se produjo por transferencia electrónica.

Se encuentra acreditado que mediante resolución 1383 del 23 de diciembre de 2003, la Secretaria General del Ministerio de Defensa Nacional dio cumplimiento a sentencias y conciliaciones, entre las cuales se incluyó la “conciliación efectuada el 22 de octubre de 2002 en la Procuraduría 30 Judicial Administrativa y aprobada mediante auto de fecha 26 de noviembre de 2002 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, demandante Francisco L. Vargas y otros, ejecutoriada el 2 de diciembre de 2002.”. Respecto de esta conciliación se reconoció por indemnización una suma total de $115.876.629,oo, que sería cancelada “mediante consignación al doctor Jorge Alonso Turbay Ceballos, identificado con cédula de ciudadanía 71.611.911 de Medellín, en la cuenta corriente o de ahorros de conformidad con certificado aportado e información registrada en el SIIF” (fls. 12 a 17 c.ppal).

La entidad certificó a través de constancia expedida por la tesorera principal del Ministerio de Defensa Nacional que la resolución 1383 de 2003, fue cancelada “al señor Jorge Alonso Turbay, identificado con cédula de ciudadanía 71611911, con el comprobante de egreso 402 del 18 de febrero de 2004, por valor de $115.876.629.oo abonado en la cuenta corriente 02304362961 de Bancolombia el 20 de febrero de 2004” (fl. 19 cdno. ppal).

También se encuentra demostrado que el doctor Jorge Alonso Turbay Ceballos fungió como apoderado judicial de los convocantes en el trámite de conciliación prejudicial adelantado ante la Procuraduría Judicial delegada en lo contencioso administrativo (fls. 5 y 6, cdno. ppal) y la constancia de ejecutoria del auto proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia que aprobó la conciliación indica que los poderes conferidos por los convocantes al abogado Jorge Alonso Turbay Ceballos se encontraban vigentes para la fecha de su expedición (constancia expedida el 12 de diciembre de 2002 f. 11 c.ppal).

Puede colegirse, de las pruebas relacionadas, que la entidad dispuso la consignación de la indemnización a cuenta de ahorros o cuenta corriente perteneciente al apoderado de los beneficiarios. En este caso, la entidad certificó a través de su tesorería que la indemnización se abonó en cuenta corriente de Bancolombia el 20 de febrero de 2004.

Debe precisar la Sala que para la acreditación del pago, no se exige exclusivamente paz y salvo o manifestación expresa del pago por parte de los beneficiarios de la condena. Sin embargo, sí es carga de la entidad demandante en repetición, la acreditación en estricto sentido de su afirmación de pago, por cualquiera de los medios probatorios admisibles.

De lo anterior se deriva, que si la entidad certifica a través de su tesorería haber efectuado el pago mediante transacción financiera, le corresponde acreditar este movimiento de efectivo.

A la luz del artículo 1386 del Código de Comercio, para el caso de los depósitos en cuenta corriente, constituye plena prueba de la consignación el recibo de depósito expedido por el banco(10).

De otra parte, argumenta el recurrente que el acto administrativo a través del cual la entidad dispuso el cumplimiento de la conciliación base de repetición, determinó que el pago de la condena debía realizarse a través de consignación a cuenta corriente o de ahorros, de conformidad con certificado aportado e información registrada en el SIIF.

A manera de ilustración sostuvo que al haberse adoptado por el Ministerio de Defensa Nacional el sistema integrado de información financiera SIIF, la operación de pago de las condenas judiciales se desarrolla con mayor grado de responsabilidad, en tanto existe total certeza del beneficiario y la coincidencia con la cuenta a la que se deposita el pago, por cuanto se garantiza una validación directa en el sistema financiero.

Frente a esta argumentación, deviene pertinente citar la definición del sistema integrado de información financiera SIIF contenida en el artículo 8º de la Ley 298 de 1996:

ART. 8º—Sistema integrado de información financiera. El Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF, es un conjunto integrado de procesos automatizados, de base contable, que permite la producción de información para la gestión financiera pública.

A su vez, el Decreto 178 de 2003(11), define al SIIF como “una herramienta modular automatizada que integra y estandariza el registro de la información financiera, propicia una mayor eficiencia en el uso de los recursos de la Nación y brinda información oportuna y confiable”(12). Igualmente el artículo 8º del citado decreto, señala que la información registrada en el sistema tiene carácter oficial y es fuente válida para:

a) El desarrollo de los procesos operativos relacionados con la gestión de apropiaciones, la ejecución presupuestal de ingresos y de gastos, la aprobación y administración del Programa Anual Mensualizado de Caja, PAC, la tramitación de las órdenes de pago para el abono en cuenta a través del Sistema de Cuenta Única Nacional y la gestión contable;

b) La presentación de informes de seguimiento presupuestal;

c) La evaluación financiera de la Inversión Pública y el control de resultados que realicen las autoridades públicas;

d) La generación de información contable básica y la obtención de los estados contables requeridos por la Contaduría General de la Nación;

e) La obtención de los informes requeridos por las entidades de control.

De lo anterior se deduce, que el sistema integrado de información financiera SIIF, en un sentido amplio, es una herramienta de control de la gestión financiera de las entidades estatales cuyo objetivo principal es que la información allí registrada sirva como insumo para el desarrollo de tareas propias de la ejecución presupuestal, la tramitación de órdenes de pago, la gestión contable y la presentación de informes de índole presupuestal, financiero y contable.

La Sala no discute que a través del sistema de integrado de información financiera SIIF se adelanten procesos rigurosos de control que en el manejo de recursos públicos le correspondan a la entidad, no obstante, el hecho de que la entidad haya implementado el SIIF en el pago de sus obligaciones no riñe con la exigencia de acreditación del mismo, como elemento de procedencia de la acción de repetición en este caso.

Sin perjuicio de lo anterior, debe considerarse que la misma entidad con la certificación expedida por la tesorería hizo constar que el pago efectivo de la indemnización se produjo con el comprobante de egreso 402 del 18 de febrero de 2004, abonado en la cuenta corriente perteneciente al apoderado de los beneficiarios. En este caso, la entidad certificó a través de su tesorería que la indemnización se abonó en cuenta corriente de Bancolombia el 20 de febrero de 2004.

No esconoce la Sala la responsabilidad de los funcionarios de la entidad que certifican el pago, contrario sensu ha considerado la Sección Tercera de esta corporación(13) frente al carácter de documento público que ostenta la certificación expedida, lo siguiente:

Se advierte, además, que respecto a los comprobantes de egreso obra la firma y número de cédula del beneficiario del pago. Esta circunstancia, permite señalar que se cumplieron los requisitos y presupuestos de la acción de repetición, sin embargo, es necesario precisar que las órdenes de pago suscritas por el ordenador del gasto, o el secretario, o el director o el jefe de presupuesto de la entidad pública, constituyen documentos públicos, vinculantes, que contienen y reflejan la propia manifestación de voluntad de la entidad condenada, en el sentido de hacer constar el cumplimiento de la condena.

Esta clase de documentos, en la medida en que fueron emanados por funcionarios de la entidad pública, ostentan la condición de documentos públicos, en los términos del artículo 251 del C.P.C., al señalar que “documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención”.

De otro lado, el numeral 2 del artículo 262 del C.P.C.(14) refuerza la condición de las respectivas órdenes de pago, aun cuando la norma en su literalidad haga referencia a los “directores de otras oficinas públicas”, toda vez que si se interpreta la disposición en concordancia con el artículo 251 ibídem, es claro que las certificaciones suscritas por otros funcionarios del nivel directivo de las entidades u oficinas públicas –sin que necesariamente tenga que ser el director, presidente o gerente de la misma–, revisten la condición de documento público y, en consecuencia, devienen perfectamente apreciables a lo largo del proceso en la forma y alcance precisados en el artículo 264 de la misma codificación procesal civil, cuando expresamente señala:

“Los documentos públicos hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza.”(15)

Como se desprende de lo anterior, resulta incuestionable la fuerza probatoria, en cuanto al pago de la condena se refiere, de las órdenes suscritas por el ordenador del gasto, el secretario, el director o el jefe de presupuesto de la entidad. Lo anterior, máxime si el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto, de conformidad con sus funciones, se encuentran a cargo de las finanzas de la entidad, concretamente, del recaudo y pago de los derechos y obligaciones de la misma.

Aunado a lo anterior, lo cierto es, que tratándose de entidades públicas en las cuales el comprobante de pago reviste la condición de certificado, expedido por el funcionario con competencia para ello, independientemente al hecho de que no sea el director de la respectiva entidad, le es innegable la condición de documento público, puesto que a través del mismo un servidor público, en ejercicio de su cargo, hace constar la satisfacción de la prestación.

(...).

Es así como desde la perspectiva del derecho privado, resultaría inadmisible y sin lógica alguna que la parte deudora elaborara un documento en el cual certificara la existencia del pago por ella efectuado a favor del deudor, ya que, tal y como se desprende de los postulados desarrollados, éste carecía de todo valor probatorio, en la medida en que el mencionado documento no tendría los efectos de un documento público y, adicionalmente, no emana de la persona idónea (el acreedor) para demostrar que la obligación fue saldada.

Ahora bien, no sucede lo propio con las certificaciones proferidas por una entidad pública, a través de un funcionario competente para ello, puesto que son otorgadas por él, en ejercicio de su cargo o con su intervención y, por lo tanto, dan fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que las autoriza.

Así las cosas, al margen de la discusión acerca de la textura abierta de la norma contenida en el numeral 2º del artículo 262 del C.P.C., existe suficiente basamento en los artículos 251 y 264 ibídem, para arribar a la conclusión de que la certificación de pago, elaborada y suscrita por los funcionarios públicos que tienen a su cargo el manejo financiero y contable de la entidad, es prueba suficiente de que la obligación fue satisfecha y, por ende, se encuentra extinta(16).

Ahora bien, en relación con la acreditación del pago, no existe en el ordenamiento jurídico una disposición legal que establezca para su prueba, un requisito ad sustantiam actus (ad solemnitatem) o ad probationen, motivo por el que se cuenta, en principio, con plena libertad probatoria para acreditar su efectivo cumplimiento, salvo la limitación que establece el artículo 232 del C.P.C., esto es, que “cuando se trate de probar obligaciones originadas en contrato o convención, o el correspondiente pago, la falta de documento o de un principio de prueba por escrito, se apreciará como un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto…”.

Ahora bien, en el caso decidido por la Sala, se reitera, existen documentos públicos, que son indicativos de la demostración del pago, comoquiera que la acción de repetición no define una relación entre acreedor y deudor en los términos fijados en el artículo 1757 del Código Civil(17), sino que propende por el restablecimiento del patrimonio público cuando ha sido afectado a causa de una condena originada en una conducta ejecutada con dolo o culpa grave por parte de un funcionario, ex servidor público o agente estatal(18), motivo por el cual los parámetros probatorios y la rigurosidad para la demostración del pago en asuntos de naturaleza civil o comercial, no pueden hacerse extensivos a una acción que, al margen de los aspectos técnicos de la prueba del pago, permite la recomposición del patrimonio estatal cuando ha sido afectado por una condena u otra forma de terminación de un conflicto que originó una erogación del tesoro público.

En ese orden de ideas, frente a la prueba del pago operan plenamente los sistemas de libertad probatoria y sana crítica, por lo que será cada juez quien establezca, con fundamento en la lógica de lo razonable, si de los medios de convicción que obran en el proceso de repetición se desprende la demostración de la extinción de la obligación principal(19).

Encuentra la Sala que a la certificación expedida por la tesorera principal del Ministerio de Defensa Nacional debe dársele pleno valor probatorio para acreditar el pago de la condena impuesta por la jurisdicción contencioso administrativa, acorde con los razonamientos expuestos en precedencia, en tanto emanó de la entidad pública a través de funcionario competente y contra el documento no se formuló tacha alguna.

Acreditado el pago de la condena que originó la presente acción de repetición, frente a la oportunidad para formularse se tiene que el pago se produjo el 20 de febrero de 2004 – dentro de los 18 meses que contaba la entidad para asumir la indemnización a partir de la ejecutoria del auto aprobatorio de conciliación-, de manera que el término de caducidad corrió hasta el 21 de febrero de 2006, por lo que al haberse presentado la demanda el 13 de febrero de 2006, se interpuso oportunamente.

1.4. La legitimación en la causa

Las partes se encuentran legitimadas, toda vez que el demandante, Nación-Ministerio de Defensa Nacional es la entidad pública que fue condenada a la reparación patrimonial por un daño antijurídico que le fue imputable y el accionado es el agente a quien ella endilga la conducta dolosa o gravemente culposa que desencadenó dicha condena(20).

II. Problema jurídico

El problema jurídico consiste en establecer si se deducen o no los presupuestos para la procedencia de la acción de repetición en contra de Juan Carlos Socotá Corredor y la declaración de responsabilidad patrimonial del mismo frente al Estado, por los hechos a que se refiere el presente proceso.

III. Análisis de la Sala

Al tenor de lo previsto por los citados artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo, para que una entidad pública pueda ejercer la acción de repetición, se deben presentar las siguientes condiciones de aplicación de estos preceptos: (i) La condena al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular; (ii) el pago efectivo a la víctima del daño y (iii) la conducta dolosa o gravemente culposa del agente como factor determinante de la condena.

Reitera la Sala que los hechos analizados en el presente evento se presentaron en vigencia de la Ley 678 de 2001, normativa que se ocupó de regular los aspectos sustanciales de la acción de repetición(21) y al efecto no sólo previó lo relativo al objeto, noción, finalidades y deber de ejercicio de esta acción, sino que además —al tratar el presupuesto del dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del agente— consagró en sus artículos 5º y 6º una serie de definiciones y de “presunciones legales” en las que estaría incurso el funcionario, lo cual por supuesto tiene una incidencia enorme en el ámbito probatorio(22).

A tiempo que reglamentó asuntos procesales como los atinentes a jurisdicción y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, caducidad, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución y las medidas cautelares en el proceso.

Evaluación de las condiciones de procedencia de la acción de repetición en el sub lite

Previo a resolver el fondo del asunto, la Sala estima procedente señalar que se valoraran las pruebas trasladadas de la investigación penal (cuaderno anexo expediente penal) y de la investigación disciplinaria seguida por el Ejército Nacional en contra del demandado (cuaderno anexo expediente disciplinario), por cuanto su recaudo se decretó de oficio y en momento alguno se solicitó la ratificación de las mismas. En consecuencia, teniendo en cuenta que las partes tuvieron pleno conocimiento de esas actuaciones y no formularon reparos, se valorarán en esta instancia sin otra consideración, claro está, con las limitaciones que la sección ha establecido para este tipo de pruebas(23).
De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso en punto de los elementos de la responsabilidad objeto de estudio, se tiene lo siguiente:

Primer presupuesto: Obligación de la entidad pública de reparar un daño antijurídico

El primer presupuesto para que haya lugar a la procedencia de este medio de control consiste en que el Estado se haya visto compelido a la reparación de un daño antijurídico, por virtud de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. Circunstancia que está acreditada en el plenario.

En efecto, se encuentra demostrado que la entidad pública demandante fue declarada patrimonialmente responsable mediante providencia del 26 de noviembre de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que aprobó la conciliación prejudicial celebrada entre los señores Marisol Vargas Tabares y Francisco José Salazar Cardona, en nombre propio y en representación de sus hijos menores Liseth Andrea, Lizbed Ayadid, Duvan Arley, Eicson Yesid y Dicson Yamid Salazar Vargas; así como María de Jesús Tabares y Francisco Luis Vargas García y el Ministerio de Defensa Nacional, donde se accedió al reconocimiento de indemnización por perjuicios morales y materiales ocasionados con la muerte del menor Alejandro José Salazar Vargas. Esta providencia condenó, en consecuencia, a pagar el equivalente en pesos a la cantidad de 600 gramos oro a Marisol Vargas Tabares, madre del menor, y 600 gramos oro a Francisco José Salazar Cardona padre del menor; para los cinco hermanos del menor el equivalente a 285 gramos para cada uno, y para María de Jesús Tabares Cardona y Francisco Luis Vargas García en su condición de abuelos del menor 285 gramos oro para cada uno, además por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente un millón cien mil pesos.

Así consta en las copias aportadas al proceso de dicha providencia (f. 7 a 10 c. 1). Providencia que quedó ejecutoriada el día dos de diciembre de 2002, según constancia secretarial (f. 11 c. principal).

Segundo presupuesto: El pago efectivo a la víctima del daño

La segunda condición de aplicación de los mandatos que gobiernan la materia es la prueba del pago de la condena impuesta a la entidad pública en una providencia judicial en su contra y con base en la cual se sustenta la acción de repetición incoada. Presupuesto que también se configura en el sub lite como se analizó en precedencia.

Tercer presupuesto: La conducta dolosa o gravemente culposa del agente

Además de los dos presupuestos anteriormente analizados, es menester acreditar que la actuación del agente —que originó la condena contra el Estado— es imputable a título de dolo o de culpa grave.

Sobre el alcance de dichos conceptos la Sala, a partir de lo prescrito por el artículo 63 del C.C., la doctrina y la jurisprudencia tienen determinado que la “culpa” es la conducta reprochable de un agente que generó un daño antijurídico, no querido por él, pero que se desencadena por omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado, al no prever los efectos nocivos de su acto o, cuando habiéndolos previsto, confió imprudentemente en poder evitarlos.

Y reviste el carácter de “culpa grave” aquel comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, al paso que el dolo es asimilado a la conducta realizada con la intención de generar un daño a una persona o a su patrimonio.

Debe precisarse que en sede de repetición la responsabilidad del agente sólo puede predicarse en la medida en que se comprueba su actuación dolosa o gravemente culposa.

Ahora bien, al juez de la acción de repetición le corresponde evaluar la conducta del agente público a la luz de las nociones de culpa grave o dolo para determinar si hay lugar a atribuirle responsabilidad, a través de un juicio de valor de su conducta.

Al descender estas consideraciones al caso que se estudia, se tiene que de conformidad con el acervo probatorio allegado al proceso se acreditó que el accionado actuó con culpa grave.

— En efecto, está acreditado que el demandado, Juan Carlos Socotá Corredor, en su condición de capitán del Ejército Nacional, al conducir un vehículo automotor mientras se encontraba en estado de embriaguez, causó la muerte del menor José Alejandro Salazar Vargas y lesiones al menor Dicson Yamid Salazar Vargas, según da cuenta el informe de accidente de tránsito rendido el 21 de febrero de 2002 con destino a la Secretaría de Tránsito de la Ceja (Antioquia), en el que se relata:

El presente para informarle de un accidente ocurrido el día 20 de febrero a eso de las 18:40 horas, en la vía La Ceja La Unión, kilómetro 2 aproximadamente, donde el vehículo tipo campero particular de placas OKA617, conducido por el señor Juan Carlos Sogotá (sic) identificado con la cédula número 79.569.506, de 32 años, residente en el batallón Juan del Corral, ubicado en la vía Guarne Medellín, teléfono 5300057. Dicho vehículo atropelló a las siguientes personas: María Jesús Tabares Cardona de 62 años, Marisol Vargas Tabares de 33 años, Helda Lucía Vargas Tabares de 31 años, Nora Emilse Vargas Tabares de 30 años, Lisbed Ayadid Salazar Vargas de 11 años, Yony Arley Gutiérrez Vargas de 07 años, David Muñoz Vargas de 04 años, María Camila Gutiérrez Vargas de 04 años, Dicson Yamid Salazar Vargas de 03 años, todos lesionados y José Alejandro Salazar Vargas de 02 años, quien falleció.

Cuando llegué al lugar de los hechos el vehículo se encontraba a varios metros delante de donde ocurrió el accidente, orillado a un lado de la vía, frente a la Unidad de Servicios Comfama. El conductor se encontraba fuera del vehículo, en aparente estado de embriaguez, al frente del vehículo a cincuenta centímetros se encontraba como aparece en el croquis, un coche de bebé, donde según versiones de su progenitora eran trasladados el occiso José Alejandro Salazar Vargas y Dicson Yamid Salazar Vargas, lesionado.

Posteriormente se elaboró el croquis en el sitio donde quedó el vehículo. Luego se trasladó el conductor al hospital en donde se le practicó la prueba de alcoholemia y se dejó a disposición de la Policía, junto con el vehículo.

Después me dirigí nuevamente al sitio donde ocurrió el accidente y constaté una huella de frenado de 17 metros con 70 centímetros en el carril derecho viniendo de la Unión hacia La Ceja, más adelante otra huella de frenado de un metro con treinta centímetros y partes de vidrio de la farola derecha del automotor. En una vivienda frente a donde ocurrió el accidente había tres bicicletas de propiedad de las personas que fueron atropelladas, las cuales se depositaron en el parqueadero de la veinte.

El vehículo de placas OKA617, marca chevrolet, tipo campero, particular, de color rojo perlecente, perteneciente al Ministerio de Defensa Nacional Ejército Nacional, presenta los siguientes daños: hundimiento en el capot parte delantera derecha, farola delantera derecha quebrada, rayones en el bomper delantero parte derecha, guardabarro delantero lado derecho hundido, rayón en la puerta y guardabarro trasero del lado derecho, placa delantera torcida, el bomper delantero presenta un golpe en el lado izquierdo, la llanta delantera lado derecho presenta un tallón. (fl. 15-16 cuaderno anexo expediente penal).

— A su vez, de las pruebas aportadas al proceso disciplinario iniciado en contra de Juan Carlos Socotá Corredor, por el Comandante del Grupo de Caballería Mecanizado 4 Juan del Corral, se colige que para el 20 de febrero de 2002, el señor Socotá Corredor era capitán del Ejército Nacional y “orgánico del Grupo de Caballería Mecanizado 4 Juan del Corral” (certificación de calidad militar expedida el 3 de abril de 2002 (fl. 11 anexo expediente disciplinario).

— Mediante oficio 0221/BR4-GMJCO-S2-INT-252 del 20 de febrero de 2002, allegado al expediente disciplinario, el Suboficial de la Sección Segunda del Grupo de Caballería Mecanizado 4 “Juan del Corral” rindió informe de los hechos ocurridos el 20 de febrero de 2002, por el cual comunicó:

“Con el presente me permito informar al señor Teniente Coronel, Comandante Grupo de Caballería Mecanizado No. 04 “Juan del Corral”, sobre los hechos sucedidos el día 20 de febrero del año 2002, cuando me encontraba cumpliendo actividades relacionadas con documentación de resultados operacionales en el municipio de La Unión (Ant) y donde se presentó un accidente de tránsito que involucró al señor Capitán Juan Carlos Socota Corredor, oficial S-2 de la Unidad. Al respecto relato los hechos así:

Aproximadamente a las 12:15 horas de día 20-FEB-02, el señor CT.Socota me imparte la orden de acompañarlo hasta el municipio de La Unión con el fin de grabar y tomar fotografías de los cadáveres de los dos bandidos del ELN dados de bajo (sic) por tropas de la Unidad en la región de Mesopotamia-Alto Guayaquil y estar presente en el trámite de levantamiento de cadáveres por parte de la Inspectora de Policía. Salimos inmediatamente en el vehículo Vitara asignado a la sección llevando la cámara fotográfica y filmadora; aproximadamente a las 13:10 horas llegamos al Municipio de La Unión y acto seguido nos dirigimos a la casa de la señora Inspectora de Policía quien se encontraba almorzando y mi capitán le informó que ya estaba el área asegurada con tropa para que el personal de la funeraria saliera a recoger los cadáveres; el personal de la funeraria alisto vehículo y salieron a realizar lo pertinente.

(...).

Llegamos a la Funeraria aproximadamente a las 15:00 horas, dialogando con el propietario por espacio de media hora mientras llegaban los cadáveres, estos llegaron y salimos para la funeraria llamando a la Inspectora para lo pertinente. Se empezó la diligencia de levantamiento estando el señor CT. Socota presente en el procedimiento el cual termino a las 16:30 horas; en ese instante el señor CT.Socota sale en el vehículo con la Inspectora a realizar en limpio las actas de levantamiento y yo me quede en el cementerio esperándolo hasta aproximadamente las 18:00 horas; hora en la que llegó mi Capitán con los documentos y venia tomado, ya que se le sentía olor a aguardiente.

Ante esta situación hable con el señor SV. Solano y entre los dos le dijimos a mi Capitán que se encontraba muy tomado y que era mejor que entregara las llaves del carro para yo llevarlo, el señor Capitán respondió que él estaba bien y que podía manejar sin problemas, saliendo inmediatamente en el vehículo y dejándonos al sargento Solano y a mí en el parque con los otros vehículos, ante esto embarcamos la tropa y yo me vine conduciendo la camioneta que había sido decomisada a las Autodefensas.

En el trayecto de regreso hacia la Unidad, estuve pendiente con el fin de ubicar el vehículo Vitara donde venía mi Capitán y llegando al municipio de la Ceja aproximadamente a las 19:00 horas nos encontramos una aglomeración de gente; indagando con el SV. Solano decían que un vehículo rojo había atropellado unas personas, aproximadamente a 200 metros más adelante, nos encontramos el vehículo Vitara, estaba La Ponal y el Tránsito municipal realizando indagaciones y pruebas y se encontraba mi Capitán Socota con el personal de la Policía. Inmediatamente verificamos y la PONAL nos informo (sic) que el vehículo había atropellado una señora y dos niños, de los cuales uno ya había muerto. (…)” (fl. 20 a 21 anexo expediente disciplinario).

— El sargento viceprimero Jairo Herney Solano Garzón rindió informe en relación con los hechos ocurridos el 20 de febrero de 2002 (fl. 19 anexo expediente disciplinario), ratificado a través de declaración rendida en la actuación disciplinaria adelantada en contra del capitán Juan Carlos Socota Corredor, en la que afirmó:

“Preguntado: Sírvase manifestar si el informe que se le pone de presente fue suscrito por usted y si el contenido es cierto. Se deja constancia de que se le pone de presente el informe inicial de la investigación. Contesto. Sí es mi firma y el contenido es cierto. Preguntado: A qué se refiere usted en su informe cuando manifiesta que el Capitán Socota estaba un poco mal y que por eso le dijo al sargento primero Martínez que debería manejar él. Contesto: Bueno, yo antes de ese día de llegar al sitio donde se encontraba mi capitán Socota y el sargento primero Martínez, estaba en la salida de la unión en un sector de la bomba esperando que cumplieran la misión asignada mi capitán por parte de mi coronel, ya que la orden de mi coronel era de estar en ese sector montando retén con la contraguerrilla Dardo 4, eran aproximadamente las 18:00 horas del 20 de febrero cuando me devolvía a buscar a mi capitán y al sargento Martinez al pueblo encontrándolos en un sector donde venden comida, llegue a ahí y le dije a mi capitán Socota y le dije que la orden era que teníamos que salir lo más pronto de ese sector, fue cuando noté un poco como problemas como para hablar, entonces le dije a mi capitán que si había tomado trago que era mejor que mi sargento Martínez manejara, entonces él me contestó que él estaba bien, que no estaba borracho, no le dije nada más y él procedió a subirse al vitara y se vino adelante y mi sargento primero Martínez procedió a venirse conmigo ya que tenía una camioneta que había decomisado con un material de las torres caídas y un material de comunicaciones que había cogido en una caleta en un sector de una finca en la Unión; le dije a mi primero Martínez que si él se venía con nosotros se viniera en la camioneta manejándola y fue cuando procedimos a salir hacia el grupo Juan del Corral a las 19:00 horas aproximadamente del 20 de febrero de este año. Preguntado: Diga si usted vio cuando el Capitán Socota se subió al carro vitara a manejarlo el día 20 de febrero del corriente año para regresar a la Unidad y en caso afirmativo cuál era su estado. Contesto: Yo lo vi subir, lo vi que caminó normal hacia el carro y no le vi que viniera culebriando el carro ni nada, iba a una distancia de cincuenta metros. Preguntado: Sabe usted si él llegó bien, sin novedad o contratiempo a la unidad en cumplimiento de la orden del coronel. Contesto: No, tuvo una novedad en el camino, cuando yo llegue (sic) hacia el municipio de la Ceja, antes de llegar unos doscientos metros había un grupo de personas en un sector que estaban como quejándose, lamentándose, fue cuando paré y pregunté que que era lo sucedido, fue cuando me contestaron un grupo de personas la mayoría señoras que había pasado un carro rojo y los había atropellado, fue cuando procedí a llevar este personal en estos vehículo militares a hacer un acercamiento al hospital, grande fue mi sorpresa más adelante cuando vi el vitara rojo de la sección segunda que iba conducido por mi capitán Socota detenido por la policía, el cual pregunte al policía encargado la situación (sic) y me correspondió que mi capitán había atropellado a unos peatones que se dirigían al sector de la Ceja, aproximadamente a unos cinco minutos llegó la patrulla de la policía con mi capitán Socota, lo vi allí en la patrulla y lo llevaron detenido, en ese momento llamé a mi coronel informándole lo ocurrido y me dio la orden de que estuviera ahí y me diera cuenta de los hechos sucedidos el cual le pregunté a la teniente de la policía me informó lo sucedido y lo cual le dije que hablara con mi coronel y mi coronel dio la orden de que nos fuéramos y que dejáramos a mi capitán en la policía. (…)” (fls. 8-9 anexo expediente disciplinario).

— Por su parte, se adelantó investigación penal decidida por el Juzgado Penal del Circuito de La Ceja (Antioquia), que contó con los siguientes elementos de convicción que evidencian la ocurrencia de los hechos, en el presente evento:

a. En declaración rendida por el señor Diego Alberto Giraldo Suarez, relató frente al conocimiento de los hechos ocurridos el 20 de febrero de 2002, lo siguiente:

Preguntado: díganos bajo juramento si conoce al Capitán del Ejército Juan Carlos Socota Corredor en caso cierto cuánto hace y en razón de qué? Contestó: Lo conocí el día del accidente de los niños que después me comentaron, lo conocí porque dieron de baja a dos guerrilleros en La Unión, eso fue el jueves pasado o el miércoles de la semana pasada, lo conocí en la funeraria, por el mismo hecho de que yo entierro a los guerrilleros o sea la alcaldía me comisiona a mí para que yo haga el servicio exequial, entonces él tenia que ir a la Funeraria mia por documentación y ahí fue donde lo conocí, ese día fue que lo conocí porque fue la primera vez que lo ví. Preguntado: En cuantas ocasiones habló usted con el Capitán ese día y a qué se dedicaron? Contestó: estuvimos toda la tarde juntos, nos dedicamos a las diligencias de esos levantamientos y todo lo que es relacionado con eso y con la Inspectora, la inspectora estuvo un rato no más en el levantamiento, ya después tomamos licor eso sí es así. Preguntado: a qué horas comenzaron a ingerir licor y en donde?. Contesto: serían por ahí las tres de la tarde cuando empezamos ahí en la funeraria, después en la Fogata que es un restaurante de la Unión, allá también tomamos.- Preguntado: qué cantidad de licor ingirió cada uno? Contestó: no sé, siempre tomamos, nos tomamos por ahí un litro de aguardiente. (…) Preguntado: a qué horas se despidió el capitán de usted? .- Por ahí a las seis de la tarde que fue que se montó al carro y salió en dirección hacia acá.- Preguntado: como lo notó usted- cuando ya se vino en esta dirección, es decir, estaba ebrio? Contestó: siempre estaba muy prendido digo yo, caminaba mal, hablaba normal precisamente fuimos al restaurante La Fogata a comer algo aver (sic) si se componía un poquito, yo le dije que fuera a comer algo para que se compusiera.- Preguntado: El capitán se encontraba con alguien más?. Contestó: sí, andaba con el Sargento Martínez, Martínez se tomaría uno si acaso, casi no tomó, pero también tomó. (…) Preguntado. Usted observó al capitán conducir el vehículo? CONTESTO: Sí, lo hacía regular. Preguntado. Conoce el motivo por el que el Sargento Martínez no se vino con el Capitán en el mismo carro? Contesto: porque el Capitán llegó y se montó y arrancó. (…)” (fl. 47 anexo expediente penal).

b. María de Jesús Tabares Cardona en su condición de testigo presencial de los hechos y víctima del accidente de tránsito, declaró frente a las circunstancias del suceso:

El día 20 de febrero del presente año veníamos de una finca, nos paramos al frente de un poste de emergencia que hay empezando la recta de serye para arriba, nos paramos en la manguita a esperar que Elda Lucia que había quedado de ir a encontrarnos, ella llegó y paramos a esperar que ella sacara la niña del coche para montarla en la bicicleta, ya había sacado la niña del coche y la estaba subiendo a la bicicleta, yo no se más, nosotros estábamos dando la espalda cuando yo sentí un golpe en el hombro izquierdo y el carro siguió sobándome duro el carro como que me empujaba a mi y tumbaba a la otra gente apenas me rastrillaba con el espejo que tiene al lado y todo el carro hasta que terminó, yo apenas veía que iba tumbando a una por una, cuando menos pensé era estaban las muchachas en el suelo y los niños no se veían por ningún lado, solo alcance a ver una rueda del coche tirada a un lado de la carretera pero al mismo lado donde estábamos nosotros, yo no ví cuando se llevó el coche arrastrando, yo sentí o ví que el carro daba curvas bregando a salir de la manguita y era acelerando y eso era como folmando (sic) películas, solo se eso. Yo me puse a buscar a los niños y no los encontré por ninguna parte, yo gritaba como loca por ahí venían detrás de nosotros dos jinetes no sé cómo se llaman, los señores se tiraron del caballo y dijo por qué este hijuetantas les tiró el carro encima y yo les pedí ayuda que no nos dejaran ahí tiradas, yo viendo a las muchachas sin sentido y los niños perdidos les pedí ayuda y uno de ellos salió detrás del carro y por ahí a los cinco minutos se vino el otro a ayudarle, yo seguí buscando a esos niños y todo carro que pasaba yo les decía que siguieran un carro que se me habían llevado un coche con dos niños y ya empezó a llegar gente, llegó uno de los jinetes y me dijo que estuviera tranquila que ya lo habían detenido en la Unidad deportiva y yo le decía que si sabía de los niños pero no me contestaba nada, ya como que un señor me dijo que por allá habían recogido dos niños y que los habían llevado para el hospital y en esas llegaron unos soldados y me dijeron que quien nos había atropellado que si había sido un carro rojo y yo les dije que sí pero que no sabía qué clase de carro era. (…) Preguntado: Sírvase decir si ustedes vieron el carro. Contesto: No lo vimos, es que cuando menos pensé fue el golpe y tipo bregando a salirse. Nosotros estábamos dando la espalda, estábamos de frente hacia el pueblo. (…) Preguntado: Usted en algún momento vio el conductor del vehículo. Contesto: Yo no lo vi en ningún momento. Preguntado: Qué personas resultaron lesionadas. Contesto: Las dos muchachas, o sea Marisol y Elda Lucia y los niños en algunas partes del cuerpo pero no graves. A mí me dio el golpe en el hombro izquierdo. No tengo nada de fracturas. Preguntado: A qué horas ocurrieron los hechos. Contestó. A las seis y media de la tarde. (…)” (fls. 52 a 53 anexo expediente penal).

c. El médico oficial del Hospital de La Ceja (Antioquia) certificó en primer reconocimiento médico legal al señor Juan Carlos Socota Corredor:

“El 20 de febrero de 2002, a las 09:15 de la noche se realizó primer reconocimiento médico legal al señor Juan Carlos Socota, de 30 años de edad, residente en el Batallón Juan del Corral, identificado con cédula de ciudadanía número 79.569.506 de Bogotá. Paciente que es traído por oficiales de policía para realizarse examen médico legal de embriaguez por estar involucrado en accidente de tránsito ocurrido hoy hacia las 18:50 horas. Dice haber consumido tres (3) cervezas. RxS: no refiere. AP: Sin relevancia. Al examen: Tranquilo, colaborador. TA: 120/70, FC: 120 por minuto, FR: 16 por minuto, ojos inyección conjuntival, nistagmus horizontal. Boca: Halitosis alcohólica leve. Tórax: RsRsCs normales. Abdomen: Normal. Miembros: Normal. Neurológico: Disartria discreta, marcha tendente. Por los hallazgos durante la prueba técnica se determina estado de embriaguez grado I. (…) (resaltado fuera de texto original) (fl. 30 anexo expediente penal).

— El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses- Unidad Local de Rionegro en comunicación del 25 de febrero de 2002 remitió a la Secretaria de Transporte y Tránsito de La Ceja (Antioquia) el resultado de la prueba de alcoholemia practicada al señor Juan Carlos Socotá que arrojó un porcentaje de 193 miligramos por ciento (193 MG%) en la muestra de sangre analizada (fl. 73 cuaderno anexo expediente penal)

— El médico oficial del Hospital de La Ceja (Antioquia) en acta de necropsia 02.012 practicada al cadáver del menor Alejandro José Salazar Vargas concluyó las causas del deceso: “Por los hallazgos anteriores se deduce que la muerte de quien en vida se llamó Alejandro José Salazar Vargas, fue consecuencia de trauma cráneo encefálico severo el cual produjo shock neurogénico, evento de naturaleza mortal. Se estima una expectativa de vida de más o menos sesenta y dos (62) años más bajo condiciones de salud normales. Muerte instantánea 18:50 horas.”. Refiere el acta de necropsia que las circunstancias de la muerte de acuerdo con el levantamiento se relacionan con accidente de tránsito (fls. 57 a 58 anexo expediente penal).

— Mediante sentencia proferida el 4 de abril de 2002, debidamente ejecutoriada el 4 de junio de 2002, el Juzgado Penal del Circuito de La Ceja (Antioquia), aceptó la solicitud de sentencia anticipada formulada por el procesado Juan Carlos Socotá Corredor, “por haberlo encontrado penalmente responsable en calidad de autor material del concurso de delitos de homicidio culposo agravado y varias lesiones personales culposas agravadas, donde resultaran ofendidos el menor Alejandro José Salazar Vargas y otros”, y lo condenó a la pena principal de 42 meses de prisión, multa de veinticinco salarios mínimos legales mensuales vigentes y la privación del derecho a conducir vehículos automotores por el término de tres años.

Las consideraciones de la providencia referida indican:

(...) La certeza de los hechos punibles está debidamente acreditada: el homicidio con el acta de levantamiento de cadáver y el protocolo de necropsia, y las lesiones personales con los reconocimientos médicos aportados. Sobre la responsabilidad del incriminado obra su propia confesión aunque cualificada, y los testimonios de las mismas ofendidas quienes narran como el automotor conducido por el militar se les fue encima sin razón aparente, amén de la declaración del señor José Baltazar Arenas que observó cuando el vehículo arrastraba durante un largo trayecto el cochecito con los bebés.

No existe ninguna duda que al momento de la ocurrencia de los hechos el conductor se encontraba en avanzado estado de embriaguez pues así se desprende no sólo de la prueba clínica realizada en el hospital, sino también del examen de alcoholemia que arrojó un resultado de 193mgs% en sangre, pues aunque el médico que revisó a Socota Corredor solo habla de un primer grado de alicoramiento, eso se explica porque dicho examen se realizó más de dos horas después de la ocurrencia de los hechos, cuando el organismo tuvo la oportunidad de liberar gran cantidad de alcohol por medio de líquidos corporales.

Tampoco hay duda que ese estado de alicoramiento fue determinante para la ocurrencia de los acontecimientos, requisito exigido por el artículo 110 #1 del Código Penal para que proceda la agravante en mención, pues si bien es cierto que no a todas la personas les afecta por igual el alcohol, Socota Corredor no se encontraba en la mejor situación para conducir esa tarde, toda vez que por haber ingerido aguardiente demasiado rápido los tragos lo habían “cogido”, tal como lo narra su compañero de ingesta de ese día, Diego Albeiro Giraldo Suárez, al responder la pregunta de cómo lo notó antes de tomar camino a La Ceja: “Siempre estaba como muy prendido digo yo, caminaba mal, hablaba normal, precisamente fuimos al restaurante “La Fogata” a comer algo a ver si se componía”, también manifiesta este testigo haberlo observado conduciendo el carro de manera “regular”.

Además, no es cierto como lo afirma el sindicado en su injurada que sólo alcanzó a ingerir unos pocos tragos porque Giraldo Suárez lo desmiente al afirmar que habían tomado aproximadamente un litro de aguardiente y que la ingesta comenzó a eso de las tres de la tarde hasta aproximadamente las seis.

Fue precisamente ese estado de alicoramiento el que no le permitió a Socotá detener el vehículo inmediatamente después de arrojar al suelo a las personas que caminaban por la manga, sino que apresuradamente tomó nuevamente el carril y siguió su camino sin percatarse siquiera que llevaba enredado en las llantas delanteras del vehículo un cochecito de bebé donde viajaban dos pequeños, víctimas inocentes de su infracción al deber objetivo de cuidado. Actúo (sic) de manera imprudente este conductor porque sin estar en las mejores condiciones para tomar el volante, de manera totalmente irresponsable por decir lo menos, salió en dirección al Batallón Juan del Corral a donde tenía órdenes de regresar temprano y en el camino arrolló al grupo de paseantes que caminaban por el prado que hacía las veces de berma, en fila india, y no amontonados por el pavimento como lo dijo en su indagatoria.

No existe ninguna justificación para el comportamiento del capitán Juan Carlos Socotá, pues sus superiores lo habían comisionado para que coordinara las labores de levantamiento de cadáver de unos insurgentes, no para que celebrara con licor el resultado positivo de las labores del ejército. Este oficial dedicó una parte de la tarde a esas funciones, y el resto a ingerir aguardiente de manera acelerada precisamente por las órdenes que tenía de regresar temprano al batallón, por eso los tragos le hicieron un efecto tan fuerte, y fueron los causantes de los resultados ya conocidos en el proceso.

Tampoco hay evidencia de que alguna falla mecánica del vehículo haya sido causa concurrente del accidente, el mismo sindicado y uno de los militares que lo acompañaban dan fe que el carro estaba recién salido del taller después de una reparación de motor. Además, según lo narra Socota en su injurada antes de emprender la marcha hacia La Unión revisó su sistema de frenos, llantas, agua, aceite encontrándolo en condiciones óptimas. (fl. 1 a 14 anexo 2).

— La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Antioquia mediante providencia del 21 de mayo de 2002, confirmó la sentencia condenatoria pero modificó la pena de prisión a 26 meses y 20 días, redujo al mismo término la privación del derecho a la conducción de vehículos automotores, y de la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Además suspendió la ejecución de la pena privativa de la libertad por un periodo de 27 meses (fl. 15 a 22 anexo 2).

— También está demostrado que el Comando del Grupo de Caballería Mecanizado n.º 4 Juan del Corral del Ejército Nacional profirió fallo disciplinario, el 8 de agosto de 2002, ejecutoriado el 13 de agosto de 2002, por el cual sancionó con separación absoluta de las Fuerzas Militares al ex capitán Juan Carlos Socotá Corredor, por los hechos ocurridos el 20 de febrero de 2002, al haber incurrido en faltas graves contra el régimen disciplinario de las Fuerzas Militares, descritas en el artículo 57 numerales 8 y 27 del decreto 1797 de 2000: “provocar o dar lugar a accidentes terrestres, aéreos marítimos o fluviales por descuido, negligencia o falta de previsión”, “concurrir o encontrarse en el servicio en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estimulantes o estupefacientes”; e incurrir en falta gravísima contemplada en el artículo 56 numeral 7 del decreto 1797 de 2000: “comandar o formar parte de tripulación aérea, marítima, fluvial o terrestre o cuando se desempeñe comisión de orden público, en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias sicotrópicas que produzcan dependencia física o psíquica.

La motivación expuesta por la autoridad disciplinaria para decidir la sanción, refirió:

(...) Fundamentos de existencia del hecho

El día 20 de febrero de 2002, en la vía que del Municipio de La Ceja conduce al Municipio de La Unión, Sector de las Lomitas, el vehículo de placas OKA617, conducido por el señor Capitán Juan Carlos Socotá Corredor, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 79.569.506, atropelló y (sic) a Maria De Jesús Tabares Cardona, Helda Lucia Vargas Tabares, Nora Emilse Vargas Tabares y a los menores Lisbed Ayadid Salazar Vargas, Yony Arley Gutierrez Vargas, David Muñoz Vargas, María Camila Gutierrez Vargas, Dicson Yamid Salazar Vargas, ocasionándoles lesiones personales y a Jose Alejandro Salazar Vargas quien falleció.

Síntesis de prueba recaudada

Prueba testimonial:

Es de evidenciar en el proceso, como prueba fundamental y contundente, de los copiosos testimonios que obran dentro de la investigación para determinar la posible violación a las normas disciplinarias testimonios rendidos por el Sargento Viceprimero Solano Garzón Jairo quien manifestó que: “Le dije a mi capitán que si había tomado trago que era mejor que mi sargento Martínez manejara” el Sargento Primero Willian Martínez Parra, manifestó que: “Aproximadamente a las 18:00 horas, hora en que llegó mi capitán con los documentos, venía tomado, ya que se le sentía olor a aguardiente”. Enunciando claramente sobre la verdad de los hechos donde se concluye que lo ocurrido fue un accidente de tránsito, debido al estado de embriaguez en que se encontraba el Ex –capitán.

Prueba documental

De igual forma es clara la evidencia documental aportada al proceso por parte del Grupo de Caballería Mecanizado no. 4 Juan del Corral, de la cual se recauda lo siguiente: 1) Violación a las normas de tránsito, proferida por la Secretaría de Tránsito Municipal de La Ceja, por medio de la Resolución 029 de Abril 12 de 2002 en la cual se resuelve el proceso contravencional conforme a las normas del Código Nacional de Tránsito y el Decreto Ley 1344 de 19670 (sic), considerando que: “Con relación a los hechos es evidente la irregularidad en que ocurrió (sic) el señor Socota Corredor, al tomar la determinación de conducir un vehículo automotor en un avanzado estado de embriaguez, tal y como lo demuestra la prueba científica practicada para determinar el nivel de alcohol etílico en el torrente sanguíneo, que arrojó un total de ciento noventa y tres miligramos por ciento (193 MG%), en la muestra de sangre analizada. El consumo de licor produce efectos como la lentitud de reflejos reducción de la visibilidad de la noción de las distancias y velocidad, dificultad para concentrarse, sueño, etc. Por lo que ha de considerarse la embriaguez como la causa fundamental para que ocurriera el accidente, pues han coincidido en afirmar las personas que tuvieron oportunidad de declarar, que los peatones se encontraban afuera de la calzada de la zona verde, manga como lo dijeron textualmente. Otra falta grave atribuible al señor conductor es el hecho de no haberse detenido oportunamente a pesar de la gravedad del accidente y a que continuó con unos menores enredados en la transmisión delantera. No es convincente para el despacho la justificación del conductor de que trató de frenar pero el vehículo no le respondió, pues algunas de las implicaciones en el hecho, y los testigos presenciales, afirman que antes por el contrario el carro una mayor velocidad después de arrollar a los peatones: Sor Elena Vargas Tabares a folio 42… “Voltió (sic) la dirección y arrancó a mil”… Nora Emilse Vargas Tabares a folio 45…” Después de que nos tumbó si salió a pura velocidad”…, Nelson Fernando Bedoya A folio 49…” Venia por hay (sic) a unos setenta kilómetros por hora, cuando los atropelló inmediatamente aumentó su velocidad a más o menos cien kilómetros por hora”…José Isarael Cardona Ospina a folio 53… Después de que atropelló a la gente siguió más o menos a unos setenta kilómetros por hora…”

“El señor Juan Carlos Socota Corredor fue declarado responsable del accidente ocurrido en el presente caso y además incurrió en las infracciones tipificadas en los artículos 178 #4, por no portar la licencia de tránsito o la fotocopia autenticada de la misma; artículo 179#4 conducir vehículo automotor sin el correspondiente seguro obligatorio, artículo 178 #16, por no llevar consigo la licencia de conducción y en el artículo 181 #9, conducir un vehículo en estado de embriaguez, que fue la causa del accidente”.

En prueba documental de Medicina Legal se aporta que la prueba de alcoholemia arrojó un total de ciento noventa y tres miligramos por ciento (193%).

En prueba documental Fallo del Juzgado Penal del Circuito de La Ceja, proferido en abril 4 de 2002, encontró penalmente responsable en calidad de autor material del concurso de delitos de homicidio culposo agravado y varias lesiones personales culposas agravadas.

En el proceso de la referencia está demostrada objetivamente la falta, y se tiene en cuenta la confesión, que el ex Capitán presenta ante la fiscalía de La Ceja acogiéndose a la sentencia anticipada, se tiene la prueba objetiva de la alcoholemia, indicios graves, documentos y además existen testimonios que ofrecen serios motivos de credibilidad para la aplicación de una sanción que constituye responsabilidad objetiva y personal disciplinaria del señor Juan Carlos Socota Corredor. (f. 60 a 63 anexo expediente disciplinario).

— A su vez, mediante Resolución 029 del 12 de abril de 2002, la Secretaria de Tránsito del Municipio de La Ceja, decidió proceso contravencional de tránsito en el que declaró responsable del accidente ocurrido el día 20 de febrero de 2002, en la vía que de La Ceja conduce al municipio de La Unión sector de Las Lomitas, al señor Juan Carlos Socota Corredor, con cédula de ciudadanía No. 79.569.506, por haber violado los artículos 181, numeral 9º y 178 numeral 4º del Código Nacional de Tránsito, se sancionó con multa y la suspensión de la licencia de conducción por el término de seis meses.

Las consideraciones que sirvieron de soporte a la Secretaría de Tránsito para adoptar la decisión sancionatoria señalan:

De los copiosos testimonios que obran dentro de la investigación para determinar la posible violación a las normas de tránsito, se han determinado las características del vehículo clase campero, marca Chevrolet, línea vitara, modelo 1997, de placas OKA 617, color rojo e individualizado al conductor del mismo: Juan Carlos Socota Corredor, con cédula de ciudadanía 79.569.506.

Con relación a los hechos es evidente la irregularidad en que incurrió el señor Socotá Corredor, al tomar la determinación de conducir un vehículo automotor en un avanzado estado de embriaguez, tal y como lo demuestra la prueba científica practicada para determinar el nivel de alcohol etílico en el torrente sanguíneo, que arrojo un total de ciento noventa y tres miligramos por ciento (193MG%) en la muestra de sangre analizada. El consumo de licor produce efectos como la lentitud de reflejos, reducción de la visibilidad, pérdida de noción de las distancias y velocidad, dificultad para concentrarse, sueño, etc. Por lo que ha de considerarse la embriaguez como la causa fundamental para que ocurriera el accidente, pues han coincidido en afirmar las personas que tuvieron oportunidad de declarar que los peatones se encontraban afuera de la calzada sobre la zona verde, manga, como lo dijeron textualmente.

Otra falta grave atribuible al señor conductor es el hecho de no haberse detenido oportunamente a pesar de la gravedad del accidente y a que continuó con unos menores enredados en la transmisión delantera; no es convicente (sic) para el despacho la justificación del conductor de que trató de frenar pero el vehículo no le respondió; pues algunas de las implicadas en el hecho, y los testigos presenciales, afirman que antes por el contrario el carro tomó una mayor velocidad después de arrollar a los peatones: Sor Elena Vargas Tabares a folio 42: “Voltió la dirección y arrancó a mil”; Nora Emilsen Vargas Tabares a folio 44: “Siguió a pura velocidad”; “después de que nos tumbó si salió a pura velocidad” (folio 45); Nelson Fernando Bedoya a folio 49: “Venía por ahí a unos sesenta kilómetros por hora, cuando los atropelló inmediatamente aumentó su velocidad a más o menos cien kilómetros por hora”; José Israel Cardona Ospina a folio 53: “Después de que atropelló a la gente siguió más o menos a unos setenta kilómetros por hora”.

El señor Juan Carlos Socota Corredor incurrió en las infracciones tipificadas en los artículos 178 numeral 4º por no portar la licencia de tránsito o fotocopia autenticada de la misma; artículo 179, numeral 4º, conducir vehículo automotor sin el correspondiente seguro obligatorio, artículo 178, numeral 16, por no llevar consigo la licencia de conducción y en el artículo 181, numeral 9, conducir un vehículo en estado de embriaguez, que fue la causa del accidente. (fls. 165 a 172, cdno. ppal segunda instancia)

Con base en el material probatorio referido, es posible establecer en esta sede de repetición que la conducta del agente estatal hoy demandado que generó un daño antijurídico, si bien no querido por él, se desencadenó por una evidente omisión del deber objetivo de cuidado, al no prever los efectos nocivos de conducir un vehículo automotor asignado para el desempeño de sus funciones como oficial del Ejército Nacional, en estado de embriaguez.

Y la Sala no duda en calificar dicho proceder como una conducta temeraria, ya que denota un descuido mayúsculo del agente estatal en el desarrollo de una actividad peligrosa como es catalogada la conducción de vehículos, que hubiera podido evitarse con la diligencia y cuidado que corresponde atender este tipo de actividades.

Su proceder configuró una manifiesta imprudencia que se materializó en el accidente de tránsito provocado el 20 de febrero de 2002 y causó el deceso del menor José Alejandro Salazar Vargas. Como lo evidencian las pruebas aportadas al plenario el entonces agente estatal fue descuidado en sentido grave en el cumplimiento de sus funciones y por lo mismo la condena impuesta a la Nación, por la cual se repite, fue fruto de su actuar gravemente culposo.

Causa determinante del daño antijurídico por el que el Estado tuvo que indemnizar en virtud de la providencia condenatoria a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional, fue la conducta gravemente culposa del demandado, quien actuó en forma imprudente al conducir en estado de embriaguez, el vehículo que causó el accidente de tránsito y el consecuente fallecimiento del menor José Alejandro Salazar Vargas, sin que se observe que para descargar esa responsabilidad patrimonial que le incumbe al hoy accionado de reintegrar la suma indemnizatoria pagada por la entidad pública a los familiares del menor fallecido con su accionar imprudente, haya probado en este juicio que no le es atribuible ninguna responsabilidad.

El agente estatal en primer lugar no debió ingerir bebidas alcohólicas mientras estaba en ejercicio de sus funciones, menos aún, emprender una actividad como la conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol, que trajo el lamentable resultado respecto del cual se originó la condena base de repetición.

Se erige así en responsable directo y personal que dio origen, por su actuar gravemente culposo, a la disminución patrimonial del Estado y –por ende- pesa sobre él la obligación reparatoria correspondiente.

Por otro lado, no encuentra la Sala demostrada justificación alguna para el proceder del entonces capitán del Ejército Nacional, en este caso, la conducción del vehículo oficial asignado encontrándose en estado de embriaguez, situación que devino en el accidente de tránsito ocurrido y causó el daño invocado en sede de reparación directa, por cuyo caso fue condenado el Estado y hoy se persigue la repetición correspondiente.

En efecto, no obra en el proceso ningún medio de convicción que haya sido aportado en orden a eximir al entonces agente estatal de la responsabilidad patrimonial por el pago de las condenas que originan la acción de repetición.

Por lo anterior, se colige que la muerte del menor José Alejandro Salazar Vargas fue fruto del actuar gravemente culposo de Juan Carlos Socota Corredor, y que la condena impuesta a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional en providencia del 26 de noviembre de 2002 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que aprobó la conciliación prejudicial celebrada entre el Ministerio y los familiares del menor fallecido, en consecuencia, le es imputable al entonces agente del Estado, quien infringió clara y abiertamente el deber que sobre él pesaba de emprender la conducción de vehículos en óptimas condiciones.

Aunado a lo anterior, en el asunto sub examine se encuentra acreditado que el demandado fue declarado penalmente responsable del delito de homicidio culposo, igualmente fue sancionado disciplinariamente al haber incurrido en faltas graves y gravísimas contra el régimen disciplinario de las Fuerzas Militares (artículo 57 numerales 8 y 27 y 56 numeral 7 del decreto 1797 de 2000), y mediante proceso contravencional de tránsito por haber violado los artículos 181, numeral 9 y 178 numeral 4 del Código Nacional de Tránsito vigente para la época de los hechos. Debe precisar la Sala que opera igualmente la presunción de culpa grave prevista por el artículo 6º de la Ley 678 de 2001(24), según la cual, se presume que la conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando existe una violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho, como en este caso fue declarado por las autoridades correspondientes.

Cuantificación de la condena

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 78 del CCA, vigente y aplicable a la época de los hechos, el funcionario está llamado a responder “en todo o en parte” por virtud de la condena de la entidad estatal. Quiere ello decir que habrá que evaluarse si su proceder concurre con alguna acción u omisión del Estado, acreditada en el plenario, que derive en una cuantificación menor al total de la condena.

En el sub lite la entidad demandante se vio obligada a pagar la suma de $115.876.629 para dar cumplimiento a la providencia del 26 de noviembre de 2002 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que aprobó la conciliación prejudicial celebrada entre el Ministerio de Defensa Nacional y los familiares del menor Alejandro José Salazar Vargas, fallecido a consecuencia del accidente de tránsito causado por el capitán del Ejército Nacional Juan Carlos Socota Corredor, el 20 de febrero de 2002.

Sin embargo, como dicho monto corresponde a la sumatoria del capital ($91.847.329,40) más los intereses pagados ($24.029.299,60), sólo se tendrá en cuenta el capital, pues la mora de la entidad no puede ser imputable al hoy accionado(25). Monto que será actualizado a la fecha de esta sentencia.

Lo cual arroja la suma de:

rafinal
 

Toda vez que la grave imprudencia del capitán Juan Carlos Socota Corredor fue la única causa material de la muerte del menor Alejandro José Salazar Vargas, como se encuentra acreditado en el plenario y en tanto no medió una causa distinta imputable a la entidad demandante Ministerio de Defensa Nacional se impondrá el 100% de la condena a cargo del demandado.

La condena prevista se pagará a plazos, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 678 de 2001(26). Para el efecto, sin perjuicio de la facultad conferida en la misma disposición para fijarlo, se insta a la entidad para que lo convenga con el accionado en audiencia de conciliación citada con tal propósito.

De no ser posible convenirlo directamente, cualquiera fuere la causa, el pago a plazos, se hará la primera cuota dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia y el saldo final no podrá superar el plazo de los dos años desde la ejecutoria.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓQUESE la sentencia proferida el 20 de enero de 2012, por el Tribunal Administrativo de Antioquia y en su lugar se dispone:

Primero. DECLÁRASE la responsabilidad personal del entonces Capitán del Ejército Nacional Juan Carlos Socota Corredor identificado con la cédula de ciudadanía 79.569.506 de Bogotá, que con su conducta gravemente culposa causó la condena del Estado a la reparación patrimonial del daño.

Segundo. CONDÉNASE al entonces Capitán del Ejército Nacional Juan Carlos Socotá Corredor identificado con la cédula de ciudadanía 79.569.506 de Bogotá, en materia de acción de repetición por los perjuicios causados al Estado por culpa grave en la suma de ciento setenta y tres millones ochocientos cincuenta y dos mil treinta pesos con sesenta y seis centavos ($173.852.030,66), a favor de la Nación–Ministerio de Defensa Nacional.

Tercero: NIÉGANSE las demás súplicas de la demanda.

Cuarto: Las partes, podrán llegar a un acuerdo de pago, en audiencia de conciliación citada para el efecto. De lo contrario, el pago a plazos, se hará la primera cuota dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia y el saldo final no podrá superar el plazo de los dos años desde la ejecutoria.

Quinto: DESE cumplimiento al numeral 2º del artículo 115 del C. de P.C-, para el efecto se dejará constancia que solamente la primera copia prestará mérito ejecutivo.

Sexto: SIN CONDENA en costas.

Séptimo: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 Original de la cita: Al respecto, ver autos de 11 de diciembre de 2007, Exp. 2007 00433 00, C.P. doctor Mauricio Torres Cuervo y de 21 de abril de 2009, Exp. 2001 02061 01, C.P. doctor Mauricio Fajardo Gómez.

2 Auto de 18 de agosto de 2009, exp. 11001-03-15-000-2008-00422-00(C); M.P. Dr. Héctor Romero Díaz.

3 Fl. 7-10 c. ppal 1.

4 El artículo 181 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 58 de la Ley 446 de 1998 refiere que son apelables, entre otros los autos que aprueben o imprueben las conciliaciones prejudiciales o judiciales.

Así mismo, cabe indicar que al momento en que se dictó el auto aprobatorio de la conciliación (26 de noviembre de 2002) aún no habían entrado a operar los juzgados contenciosos administrativos.

5 El artículo 31 de la Ley 678 de 2001 señala la vigencia de dicha ley a partir del momento de su publicación en el Diario Oficial, la cual se surtió el 4 de agosto de 2001.

6 Cabe indicar que mediante proveídos del 8 de febrero de 2012, Exp. 39.206; 12 de febrero de 2014, Exp. 39.796; 27 de enero de 2016 Exp. 35.894 y 24 de febrero de 2016, Exp. 36310 M.P. Hernán Andrade Rincón, esta Corporación ha señalado que es factible la repetición por el pago de las sumas que la entidad canceló, así esta no sea la totalidad de la deuda. En la última providencia citada se indicó:

(…) resulta procedente ejercitar la acción con la pretensión de repetición incluso cuando el pago efectuado por la administración no se corresponda con el total al que haya sido obligada, pero, por obvias razones, en dicho evento solamente se podrá repetir por los valores efectivamente cancelados //. Este entendimiento no pugna con lo actualmente establecido en nuestro ordenamiento, en relación con el trámite a seguir para la realización de los estudios pertinentes, en punto a valorar la procedencia de la acción de repetición por parte de los Comités de Conciliación de las entidades públicas, toda vez que, si bien se dispone que el ordenador del gasto remita al día siguiente del “pago total” el correspondiente acto administrativo y sus antecedentes al respectivo Comité, nada impide que haga lo propio respecto del pago parcial, igualmente dispuesto a través de acto administrativo // En consecuencia, frente a los valores que no se hubieren cancelado, el término de caducidad no se verá afectado por el recobro que se pretenda de lo que sí se pagó y habrá de estarse a un diferente tratamiento de conformidad con la ley.

7 La Corte Constitucional mediante Sentencia C-394 de 2002. M.P. Álvaro Tafur Gálvis, declaró a propósito del inciso primero estarse a lo resuelto en la Sentencia C-832 de 2001 y condicionó en el mismo sentido la exequibilidad del inciso segundo.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 8 de julio de 2009, Exp. 22120.

9 Corte Constitucional. Sentencia C-188 de 1999. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

10 “Artículo 1386: “Constituye plena prueba de la consignación en cuenta corriente el recibo de depósito expedido por el banco (...)”.

11 Por el cual se dictan algunas disposiciones sobre el manejo de recursos públicos y la aplicabilidad del sistema integrado de información financiera SIIF Nación.

12 Artículo 2º

13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 9 de septiembre de 2013, exp. 25361, M.P. Enrique Gil Botero.

14 ART. 262.—Certificaciones. Tienen el carácter de documentos públicos:
“(…) 2. Las certificaciones que expidan los directores de otras oficinas públicas, sobre la existencia o estado de actuaciones o procesos administrativos.
“(…)”.

15 Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia ha puntualizado: “Precisamente, debe recordarse que de conformidad con el artículo 264 del C. de P.C., los documentos públicos, sean estos escrituras públicas u otros instrumentos provenientes de funcionarios del Estado en ejercicio de sus funciones, como certificaciones o actuaciones judiciales o administrativas, gozan de valor probatorio con fuerza suficiente para dar certeza en cuanto al hecho de haber sido otorgados, su fecha, el lugar donde se celebraron o elaboraron, quiénes intervinieron en el acto, su contenido y las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza.” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, sentencia de 5 de diciembre de 2005, exp. 1995-0170, M.P. Edgardo Villamil Portilla.

16 “La evidencia, más que la abundancia de los datos probatorios, se produce por la intimidad del nexo que los reúne y por la facilidad de aprehensión de la vinculación, en forma que permita valorar el hecho en modo rápido y seguro, y casi dominarlo… La prueba evidente, manifiesta, podría calificarse de prueba intuitiva, porque una prueba semejante permite a aquel que la debe valorar, captar la verdad con rapidez, con inmediata percepción y juicio y, por tanto, sin esfuerzo, sin vacilación, condensando en un solo acto de pensamiento el procedimiento que se desarrolla a través de un gran número de nexos intermedios, aunque la demostración particularizada de la verdad tenga lugar más tarde.” Brichetti, Giovanni “La evidencia en el derecho procesal penal”, Ed. Ediciones Jurídicas Europa – América, Buenos Aires, Pág. 42 y 61.

17 “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta”.

18 “Pero las pruebas, como exactamente se ha señalado, en su origen y en su esencia íntima dependen más de la lógica que de la ley… No sólo deben ser valorados en su conjunto los datos probatorios singulares, sino que debe evitarse el error de aceptar por verdaderas las conclusiones que se derivan de una sola fuente probatoria, descuidando tomar en examen y valorar las otras fuentes…” BRICHETTI, Giovanni Ob. Cit., pág. 7,42.

19 “Dentro de este sistema [el de sana crítica] el calificador es también el juez, pero ya no movido por su conciencia, por su convicción moral, simplemente, sino por su discernimiento, su raciocinio, su análisis crítico, su apoyo en la ciencia y en la técnica, en la lógica dialéctica, en las reglas de la experiencia. Entra, pues, en juego su capacidad razonadora, su personalidad, su ilustración general. Está obligado a motivar sus decisiones, a fundamentarlas racionalmente, y por ello entran en juego todos esos factores.” Rodríguez, Gustavo Humberto “Curso de Derecho Probatorio”, Ed. Ediciones Librería del Profesional, Bogotá D.C., pág. 97.

20 La vinculación del demandado con el Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional está acreditada con certificación de la calidad de militar, expedida por el Grupo de Caballería Mecanizado No. 4 Juan del Corral, en la cual hizo constar que el Capitán Juan Carlos Socotá Corredor, para la fecha de los hechos, 20 de febrero de 2002, era orgánico del Grupo de Caballería Mecanizado No. 4 Juan del Corral del Ejército Nacional (fl. 5 cuaderno anexo expediente disciplinario)

21 Lo mismo que del “llamamiento en garantía”.

22 Preceptos de suyo más rigurosos que lo previsto en las normas anteriores aplicadas en esta materia (artículos 63 y 2341 del Código Civil).

23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 11 de septiembre de 2013, exp. 20601, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

24 ART. 6º—Culpa grave. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones.
Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas:
1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.

25 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de mayo de 2014, exp. 42.660, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

26 ART. 15.—Ejecución en caso de condenas o conciliaciones judiciales en acción de repetición. En la sentencia de condena en materia de acción de repetición la autoridad respectiva de oficio o a solicitud de parte, deberá establecer un plazo para el cumplimiento de la obligación.
Declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-484 de 2002 “Que para el pago de una obligación impuesta en una condena se conceda un plazo por el juez, no quebranta la Constitución pues ella no establece en ninguna de sus normas que las obligaciones de suyo deban ser siempre puras y simples, y exigibles de manera inmediata. Al contrario, en ese punto es clara la libertad de configuración por parte del legislador que bien puede disponer que las obligaciones se encuentren sujetas a modalidades, una de las cuales es el plazo, con el objeto, en este caso concreto, de obtener el reembolso de lo pagado inicialmente por el Estado, dándole la oportunidad al servidor público de cancelar la obligación toda, íntegra, aunque no sea en un instante único, lo que, como se ve no vulnera el precepto constitucional del artículo 90 de la Carta, sino que sencillamente es una manera autorizada por el legislador para que la obligación se extinga, lo que es distinto a condonarla. Así las cosas, el inciso primero del artículo 15 lejos de lesionar la Constitución se aviene a ella”.