Sentencia 2006-02221 de mayo 5 de 2011 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Expediente 050012331000020060222101 (18169)

Magistrado Sustanciador:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Calzado Omega y Grulla S.A. contra la DIAN

Asunto: apelación auto que negó amparo de pobreza

Bogotá, D.C., cinco de mayo de dos mil once.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto del 5 noviembre de 2009, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó el amparo de pobreza pedido.

Antecedentes

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la sociedad Calzado Omega Grulla S.A., mediante apoderado judicial, demandó los siguientes actos administrativos.

Requerimiento especial 110632003000146 del 2 de febrero de 2004, proferido por el jefe de la división de fiscalización tributaria de la Administración de Impuestos Nacionales de Medellín.

Liquidación oficial de revisión 110642004000136 del 25 de octubre de 2004, expedida por la división de liquidación de la Administración de Impuestos Nacionales de Medellín, que modificó la declaración privada del impuesto de renta del año gravable de 2001.

Resolución 110662005000008 de 13 de febrero de 2005, proferida por el jefe de la división jurídica tributaria de la misma entidad, que confirmó la anterior resolución.

Mediante auto del 18 de septiembre de 2006, el Tribunal Administrativo de Antioquia, entre otras cosas, admitió la demanda y ordenó a la sociedad demandante que prestara caución por la suma equivalente al 10% del valor discutido en la demanda. Para tal efecto, concedió el término de 15 días y aclaró que la caución podía consistir en una garantía (real o en dinero) o que podía otorgarse una póliza de una compañía de seguros o de una entidad de crédito.

La actora interpuso recurso de reposición contra la anterior decisión y alegó que, conforme lo ha establecido esta corporación, no estaba obligada a otorgar la caución.

El tribunal, mediante auto del 29 de marzo de 2007, resolvió el recurso de reposición y concluyó que la obligación de prestar caución no es un requisito previo a la admisión de la demanda, sino que se fijó para garantizar el pago de la obligación tributaria que se cuestiona en sede jurisdiccional.

Con auto del 11 de octubre de 2007, el a quo decretó la perención del proceso, porque, después de resuelto el recurso de reposición, el proceso permaneció inactivo por más de seis meses por la falta de impulso procesal de la parte demandante.

La parte actora presentó recurso de apelación y adujo que el tribunal no había resuelto ni notificado la decisión en que se decidiera el recurso de reposición interpuesto contra el auto admisorio. Que al no estar en firme tal auto no tenía ninguna obligación procesal pendiente por cumplir.

Esta Sala, con auto del 3 de septiembre de 2008(1), revocó el auto apelado, por cuanto se presentó un error en la notificación del auto que resolvió el recurso de reposición interpuesto por la demandante. Que como se computaron mal los seis meses no había lugar a la perención del proceso.

En cumplimiento de lo ordenado por esta corporación, el 12 de mayo de 2009, se notificó el auto que resolvió el recurso de reposición presentado por la parte demandante(2).

El 3 de agosto de 2009, la parte demandante pidió que se concediera amparo de pobreza, habida cuenta de que no se encontraba en capacidad económica de prestar la caución del 10% del valor discutido en la demanda(3). Para sustentar la solicitud, aportó el balance general y el estado de resultados con corte a 31 de diciembre de 2008.

Auto apelado

Con auto del 5 de noviembre de 2009, el Tribunal Administrativo de Antioquia negó el amparo de pobreza. Dijo el a quo que, según el artículo 163 del Código de Procedimiento Civil, los efectos del amparo de pobreza se surten hacia el futuro y que, por ende, la sociedad demandante estaba obligada a constituir la caución, por cuanto fue ordenada antes de que solicitara dicho amparo.

El a quo, además, aclaró que el 10% de la caución fijada debía calcularse de $ 291’509.700, que correspondía al valor discutido por la demandante. Que, además, la caución podía consistir en un CDT, en un depósito judicial, en una garantía bancaria, prendaria o hipotecaria, o en cualquier otro medio que garantizara el cumplimiento de la obligación tributaria en discusión.

Recurso de apelación

La sociedad demandante apeló e insistió en que no estaba en condición de sufragar los gastos que implicaba otorgar la caución ordenada por el a quo.

Dijo que se desconoció la “realidad comercial que implica la consecución de una póliza de garantía bancaria o de compañía de seguros”, ya que no solo se exigía el pago de una prima, sino la constitución de un CDT o encargo fiduciario por la cifra a garantizar, esto es $ 291.509.700, generando un costo económico demasiado elevado que atenta contra la gratuidad de la justicia” y que limita el acceso a la administración de justicia.

Que, además, tanto el balance general como el estado de resultados (con corte a 31 de diciembre de 2008) demostraban la real capacidad económica de la empresa y la imposibilidad de pagar la caución fijada.

Manifestó, por último, que no es cierto que el amparo de pobreza solo cubriera los gastos que se causaran después de la solicitud, por cuanto el artículo 163 del Código de Procedimiento Civil debía interpretarse en un sentido restrictivo y que, por lo tanto, de concederse el amparo, la demandante quedaba relevada de pagar la caución en cuestión.

Consideraciones

La Sala negará el amparo de pobreza, habida cuenta de que las pruebas aportadas no son conducentes para acreditar la difícil situación económica a que alude la actora, por las razones que pasan a exponerse.

El amparo de pobreza es una figura del ordenamiento procesal civil regulada en los artículos 160 a 167 del Código de Procedimiento Civil y que resulta aplicable en materia de lo contencioso administrativo por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo.

Con dicha figura se busca garantizar no solo la igualdad real entre las partes, sino el derecho de acceso a la administración de justicia de las personas que no cuentan con los recursos necesarios para asumir los gastos que surgen en el trámite de un proceso judicial.

El artículo 160 del Código de Procedimiento Civil establece que se concederá amparo de pobreza a la persona que no se encuentre en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia existencia y la de las personas a las que, por ley, debe alimentos.

Una lectura inicial de tal artículo llevaría a concluir que el beneficio del amparo de pobreza está previsto únicamente para las personas naturales. No obstante, esta Sala(4) ha admitido la procedencia del amparo de pobreza para las personas jurídicas, cuya situación económica les impida cumplir con las cargas procesales de tipo económico.

Esas dificultades económicas, en todo caso, deben ser graves al punto que, de cumplirse la carga procesal pecuniaria, se afectaría o se pondría en grave riesgo la sostenibilidad financiera de la empresa. Esto es, los simples apuros económicos no son per se razón suficiente para conceder el beneficio del amparo de pobreza a las personas jurídicas, pues solo las situaciones de extrema gravedad económica debidamente acreditadas hacen procedente dicho beneficio a favor de las personas jurídicas.

De ahí que a la persona jurídica le corresponda probar, por medio de los estados financieros actualizados, que se encuentra en una crítica situación económica y que, por ende, no puede cumplir con las cargas procesales pecuniarias, porque se vería afectada de manera grave la sostenibilidad financiera de la compañía. Al juez, por su parte, le compete examinar las pruebas con las que se pretenda demostrar la difícil condición económica de la empresa y determinar si existe una situación de extrema necesidad, que le impida a la persona jurídica cumplir con las cargas procesales monetarias.

En el caso particular, la empresa demandante alegó que no tiene el dinero suficiente para constituir la caución ordenada por el a quo en el auto admisorio de la demanda.

Dijo que en la práctica comercial para conseguir una póliza se exige no “solo pagar una prima, sino la constitución de un CDT o encargo fiduciario por la cifra a garantizar, esto es, los $ 291.509.700”. Que debe concederse el amparo de pobreza, por cuanto con el balance general y con el estado de resultados de la sociedad (con corte a 31 de diciembre de 2008) estaba probada no solo la difícil situación económica, sino la imposibilidad de otorgar la caución en cuestión.

Esta Sala ha sido del criterio de que los estados financieros actualizados son la prueba idónea y eficaz para demostrar la imposibilidad de cumplir con las cargas procesales pecuniarias impuestas por el juez(5). Esos estados financieros, en todo caso, para ser valorados como pruebas, deben cumplir con los requisitos legales. Así, por ejemplo, el artículo 33 del Decreto 2649 de 1993 establece que son estados financieros certificados aquellos firmados por el representante legal, por el contador público que los hubiere preparado y por el revisor fiscal, si lo hubiere(6).

En ese orden, lo primero que conviene precisar es que la empresa Calzado Omega está constituida como una sociedad anónima, que es una sociedad por acciones, y que, por lo tanto, de conformidad con el artículo 203 del Código de Comercio(7), está obligada a tener revisor fiscal. Esto es, para que los estados financieros puedan valorarse como prueba deben estar certificados por el representante legal, por el contador público y por el revisor fiscal.

Sin embargo, las pruebas aportadas no pueden valorarse, por cuanto no cumplen con los requisitos legales y, por ende, no son pruebas idóneas ni eficaces para demostrar la difícil situación económica y la imposibilidad de cumplir con la carga procesal (caución) a que alude la demandante. Esto es, los estados financieros aportados no están autorizados ni certificados por el revisor fiscal, conforme lo exige el mencionado artículo 33 del Decreto 2649 de 1993, y, por ende, no pueden valorarse para determinar la situación económica de la empresa.

Las razones anteriores son suficientes para confirmar el auto apelado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,

RESUELVE:

1. CONFÍRMASE el auto apelado, por las razones expuestas.

2. DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en la sesión de la fecha.

Magistrados: Martha Teresa Briceño de Valencia—Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez—Hugo Fernando Bastidas Bárcenas—William Giraldo Giraldo.

(1) M.P. (e) Héctor Romero.

(2) La fecha de notificación de dicho auto fue verificada en la página web de la rama judicial.

(3) La actora citó el auto de esta sección del 19 de abril de 2007, expediente 16377, en el que se aceptó la procedencia del amparo de pobreza para personas jurídicas.

(4) Ver, entre otros, el auto del 5 de julio de 2007, Exp. 16438.

(5) Según el artículo 19 del Decreto 2649 de 1993, “Por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia”, la importancia de los estados financiero radica en que “son el medio principal para suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los registros de un ente económico. Mediante una tabulación formal de nombres y cantidades de dinero derivados de tales registros, reflejan, a una fecha de corte, la recopilación, clasificación y resumen final de los datos contables”.

(6) ART. 33.—Estados financieros certificados y dictaminados. Son estados financieros certificados aquellos firmados por el representante legal, por el contador público que los hubiere preparado y por el revisor fiscal, si lo hubiere, dando así testimonio de que han sido fielmente tomados de los libros.

Son estados financieros dictaminados aquellos acompañados por la opinión profesional del contador público que los hubiere examinado con sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas.

(7) ART. 203.—Deberán tener revisor fiscal:

1) Las sociedades por acciones;

2) Las sucursales de compañías extranjeras, y

3) Las sociedades en las que, por ley o por los estatutos, la administración no corresponda a todos los socios, cuando así lo disponga cualquier número de socios excluidos de la administración que representen no menos del veinte por ciento del capital.