Sentencia 2006-02301 de noviembre 8 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

Expediente: 76001233100020060230101 (43.644)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actores: Sandra Liliana Almanza Villa y otros

Demandados: Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación - Ministerio del Interior y de Justicia

Asunto: Reparación directa

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por los demandantes contra la sentencia del 18 de noviembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.

Bogotá, D.C., noviembre ocho de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Cumplido el trámite procesal correspondiente, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 18 de noviembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.

2.1. Prelación de fallo(2). 

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para proferir fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en el orden cronológico en que pasaron los expedientes al despacho. No obstante, la Ley 1285 de 2009, en el artículo 16, permite decidir, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de la jurisprudencia”.

En el presente asunto, el tema objeto de debate se refiere a la privación injusta de la libertad que debió padecer la señora Sandra Liliana Almanza Villa, tema sobre el cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en las que ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.

2.2. Competencia.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia y con el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta corporación el 9 de septiembre de 2008(3), de las acciones de reparación directa relacionados con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los tribunales administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado, sin tener en cuenta la cuantía del proceso.

2.3. Oportunidad de la acción.

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos(4), la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena, por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

En los eventos en los que se alega la privación injusta de la libertad como fuente del daño indemnizable(5), esta corporación ha sostenido de manera reiterada que el cómputo de la caducidad de la acción de reparación directa inicia desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y/o la providencia absolutoria queda ejecutoriada —lo último que ocurra—(6).

En el asunto sub examine, se encuentra acreditado que, mediante sentencia del 14 de diciembre de 2005, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Buga exoneró de responsabilidad a la señora Sandra Liliana Almanza Villa (fls. 322 a 345, cdno. 1B), decisión que cobró ejecutoria el 19 de diciembre de ese mismo año (fl. 346, cdno. 1B), por lo que la demanda de reparación directa debió instaurarse, a más tardar, el 20 de diciembre de 2007; por lo tanto, como esto último ocurrió el 12 de junio de 2006 (fls. 3 a 40, cdno. 1), no hay duda de que aquélla se interpuso dentro del término de ley.

2.4. Privación injusta de la libertad.

En cuanto a los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y alcance del artículo 90 de la Constitución Política, del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —anterior Código de Procedimiento Penal— y de la Ley 270 de 1996.

Bajo este escenario, se aplica el régimen objetivo de responsabilidad y se impone la declaración de ésta en todos los eventos en los cuales quien ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación en su favor, cuando en el proceso que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que: i) el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió o iii) la conducta era atípica.

De igual forma, la posición mayoritaria de la Sección Tercera del Consejo de Estado contempla la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva en aquellos eventos en los cuales se aplica, dentro del proceso penal respectivo, el principio universal de in dubio pro reo(7).

Así, pues, aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e, incluso, así se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que, si se da alguna de las causales recién mencionadas o se estructura una falla en el servicio, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados, siempre que quien demande no tenga el deber jurídico de soportarlos.

Bajo este panorama, la Sala procederá a estudiar, de acuerdo con el material probatorio aportado al proceso, si existe responsabilidad por los daños causados a los actores, con ocasión de la privación de la libertad de la señora Sandra Liliana Almanza Villa.

2.5. El caso concreto.

Se encuentra acreditado que, con ocasión de la detención del ciudadano español Raúl Enrique García Benito el 11 de septiembre de 2004, en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, de Palmira, quien portaba en su equipaje sustancias prohibidas (fls. 1, 2, cdno. de pbas. 1A), la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación preliminar, por el delito de narcotráfico (fl. 22, cdno. de pbas. 1A).

Al momento de rendir descargos, el capturado manifestó que se dedicaba a tramitar documentos para colombianos residentes en España y que, además, “ejercía la mensajería en forma de encomiendas” hacia ese mismo país, para lo cual contaba con la colaboración de varias personas en Bogotá y Tuluá, entre ellas, la señora Sandra Liliana Almanza Villa, quien, según dijo aquél, fue la que le entregó las encomiendas en las que se encontró la droga (fl. 2, cdno. 1B).

El 20 de octubre de 2003, la citada señora rindió testimonio en la Fiscalía General de la Nación y explicó que trabajaba para el señor García Benedicto enviando encomiendas a España, pero que nada tenía que ver en los hechos en los que él fue capturado (fls. 151 a 164, cdno. 1 A).

El 26 de diciembre de 2003, la Fiscalía libró orden de captura contra la señora Almanza Villa, quien se presentó voluntariamente ante ese organismo el 16 de enero de 2004, donde se hizo efectiva dicha medida (fl. 272, cdno. 1 A). Este mismo día aquélla día rindió indagatoria (fls. 275 a 280, cdno. 1 A).

El 23 de enero de 2004, la Fiscalía resolvió su situación jurídica con medida de aseguramiento de detención preventiva, por el delito de narcotráfico, medida que fue sustituida por detención domiciliaria (fls. 1 a 11, cdno. 1 B), previo el pago de una caución de $ 200.000 y la suscripción de un acta compromisoria, en la que la encartada se obligó a: i) informar cualquier cambio de residencia, ii) observar buena conducta y iii) comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigila el cumplimiento de la pena, cuando fuera requerida para ello (fls. 13 y 23, cdno. 1 B).

El 6 de agosto de 2004, la Fiscalía precluyó la investigación a favor de la sindicada, por cuanto no existían pruebas suficientes para calificar el mérito del sumario con resolución de acusación (fls. 162 a 178, cdno. 1 B).

La anterior decisión fue recurrida por el Ministerio Público (fls. 178 a 187, cdno. 1B) y, mediante providencia del 22 de octubre de 2004, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cali la revocó y, en su lugar, acusó a la señora Almanza Villa ante los jueces penales (fls. 196 a 209, cdno. 1 B).

El 11 de octubre y el 23 de noviembre de 2005 se realizó la audiencia de juzgamiento (fls. 292 a 320, cdno. 1 B) y, el 14 de diciembre de ese mismo año, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Buga la exoneró de responsabilidad, por cuanto la sindicada no cometió el delito imputado, tanto que la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Público solicitaron, en la audiencia de juzgamiento, tal exoneración; al respecto, la citada providencia sostuvo:

“Por ello, a la luz de los preceptos enunciados en el artículo 232.2 del Código de Procedimiento Penal la conducta investigada está revestida de las condiciones de tipicidad y antijuricidad exigidas por el artículo 9º del Código Penal, pero no de culpabilidad (….), por cuanto el Estado no consiguió probar que SANDRA LILIANA ALMANZA VILLA tuviera conocimiento de la ilicitud y quisiera su realización” (se resalta) (fl. 339, cdno. 1B).

Así las cosas y conforme a reiterada jurisprudencia de esta corporación en torno al tema(8), resulta por completo desproporcionado pretender que se le exija a la citada señora que asuma, como si se tratase de una carga pública que todos los administrados deben asumir en condiciones de igualdad, la privación de su libertad.

Por consiguiente y teniendo en cuenta las circunstancias fácticas descritas, se impone concluir que los demandantes no están en la obligación de soportar el daño que el Estado les irrogó y que éste debe calificarse como antijurídico, lo cual determina la consecuente obligación a cargo de la Fiscalía General de la Nación de indemnizar o resarcir los perjuicios causados, toda vez que ésta fue la que profirió las decisiones y medidas que restringieron la libertad de la señora Almanza Villa.

En casos como éste, no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados, en el asunto sub júdice. En cambio, a la parte accionada le corresponde demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se ha dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiere entenderse configurada una causal de exoneración: fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima(9), las cuales no fueron acreditadas en el plenario.

Así las cosas, dado que no se advierte la presencia de causa extraña alguna que rompa el nexo de causalidad entre la actuación de la fiscalía y los daños causados con la privación injusta de la libertad que afectó a la señora Sandra Liliana Almanza Villa, se revocará la sentencia del 18 de noviembre de 2011.

Teniendo en cuenta que las decisiones y medidas que afectaron a la citada señora fueron proferidas únicamente por la Fiscalía General de la Nación, es obvio que la Rama Judicial y el Ministerio del Interior y de Justicia no están llamados a responder por los hechos objeto de debate, por lo que la Sala negará las pretensiones formuladas en su contra.

III. Indemnización de perjuicios

3.1. Perjuicios morales.

Por la privación de la libertad de la señora Sandra Liliana Almanza Villa concurrieron al proceso, además de ésta, Stephane Echeverri Almanza, Juan Camilo Grisales Almanza, Juan Carlos Grisales Marín y Santiago Enrique Villa Montoya (fl. 30, cdno. 1).

Se encuentra acreditado, según las declaraciones de Gonzaga López Moreno (fls. 35 y 36, cdno. 1 pbas.), Darío Oscar Cuervo Agudelo (fls. 37 y 38, cdno. 1 pbas.), María Fabiola Ramírez Cuervo (fls. 39 y 40, cdno. 1 pbas.) y María Luisa López Arana (fls. 41 y 42, cdno. 1 pbas.), rendidas el 15 y 16 de septiembre de 2009 ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tuluá, en cumplimiento del despacho comisorio ALOT-2301-00 del 22 de julio de 2009, librado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que Juan Carlos Grisales Marín es el compañero permanente de Sandra Liliana Almanza Villa.

Está demostrado, asimismo, según los registros civiles de nacimiento visibles a folios 4 y 6 del cuaderno 1, que Juan Camilo Grisales Almanza y Stephane Echeverri Almanza son hijos de Sandra Liliana Almanza Villa.

Por su parte, el señor Santiago Enrique Villa Montoya, quien compareció al proceso alegando la calidad de abuelo de la señora Almanza Villa, no demostró el parentesco con esta última; sin embargo, los testigos citados dos párrafos atrás sostuvieron que aquél sufrió con la detención que afectó a la sindicada y, por consiguiente, es claro que acreditó encontrarse legitimado para demandar, a título de tercero damnificado.

Se demostró, igualmente, que la señora Almanza Villa estuvo privada de la libertad entre el 16 de enero de 2004 y el 16 de diciembre de 2005 (fl. 356, cdno. 1 B), esto es, durante 690 días (23 meses). De esos 690 días, 7 (0,23 meses) fueron en centro carcelario, y los 683 restantes (22,76 meses), en prisión domiciliaria.

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que, en casos de detención domiciliaria o en establecimientos carcelarios, se presume el dolor moral, la angustia y aflicción de la víctima directa del daño(10); asimismo, dicho dolor se presume respecto de sus seres queridos más cercanos, conforme a las reglas de la experiencia, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades(11); además, la Sala Plena de la Sección Tercera, en sentencia del 28 de agosto de 2014 (exp. 36.149)(12), sugirió una guía para la liquidación de este perjuicio inmaterial, que toma como parámetro el tiempo que duró la detención.

Asimismo, la jurisprudencia de esta Subsección ha manifestado que, con el fin de calcular el monto indemnizatorio por perjuicios morales, se debe tener en cuenta qué tipo de medida afectó a la víctima, esto es, si se trató de una privación de la libertad en establecimiento carcelario, detención domiciliaria o si se le impuso una privación jurídica de la misma, pues la indemnización a reconocer frente a una persona que ha sufrido la restricción de su libertad en establecimiento carcelario no será la misma que se le deba reconocer a quien, pese a padecer una restricción de su libertad, no la soportó allí; así, en los casos en que dicha medida se cumple en un centro carcelario, la indemnización será del 100%, mientras que en los casos de privación jurídica de la libertad, ésta deberá reducirse en un 50%(13).

En sentencia del 1º de agosto del año que avanza (exp. 39.747), esta Subsección complementó lo dispuesto en la sentencia citada en el pie de página 13 y sostuvo que, en los casos en que la privación de la libertad se cumple en el domicilio, el monto a indemnizar debe reducirse en un 30%.

Ahora, en los casos en que concurran distintas medidas preventivas de privación de la libertad, esto es, privación física y/o domiciliaria y/o jurídica, se deberá cuantificar de manera separada cada período, teniendo en cuenta las reducciones atrás anotadas; pero, si la privación de la libertad se produjo en un centro carcelario y es superior a 18 meses y concurren, a la vez, otras modalidades de restricción de ese derecho fundamental, “no hay lugar a la referida reducción del quantum indemnizatorio, como quiera que en tales eventos ya se cumple con el límite temporal fijado en la unificación jurisprudencial para acceder a la suma sugerida como máximo a reconocer por concepto de perjuicios morales derivados de la privación injusta de la libertad”(14).

En el presente caso, como se dejó dicho atrás, dado que la señora Almanza Villa estuvo privada de la libertad 7 días (0,23 meses), en un centro carcelario y 683 días (22,7 meses), en su propio domicilio, la Sala condenará a la demandada a pagar 3,5 smlmv(15), por los días de reclusión en un centro carcelario, y 70 smlmv(16), por el resto de días que estuvo en privación domiciliaria, para un total a indemnizar de 73,5 smlmv.

En consecuencia, la Fiscalía General de la Nación deberá pagar 73,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada una de las siguientes personas: Sandra Liliana Almanza Villa (víctima directa), Stephane Echeverri Almanza (hija), Juan Camilo Grisales Alamanza (hijo) y Juan Carlos Grisales Marín (compañero permanente), así como 11,02 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para el señor Santiago Enrique Villa Montoya.

3.2. Perjuicios materiales.

— Lucro cesante

Los actores solicitaron lo que la señora Sandra Liliana Almanza Villa dejó de percibir durante el tiempo que estuvo privada de la libertad, toda vez que, para entonces, desarrollaba una actividad lucrativa que le reportaba ingresos mensuales de $ 1’500.000, más un 25%, por prestaciones sociales (fls. 31 y 34, cdno. 1).

Según las declaraciones de Gonzaga López Moreno y María Fabiola Ramírez de Cuervo, citadas en la página 13 de este fallo, la señora Almanza Villa trabajaba desde la casa enviando encomiendas y, además, era estilista, actividades en las que ganaba, según el primero de ellos, $ 1’500.000 (fl. 36, cdno. 1 pbas.) y, según la segunda, entre $ 1’200.000 y $ 1’500.000.

Para la Sala, lo dicho por los citados testigos, por sí solo, sin otros elementos de juicio que respalden lo afirmado, no ofrece certeza en torno a los ingresos percibidos por la víctima, pues aquéllos no explicaron la razón de su dicho, esto es, no dijeron porqué les constaba lo asegurado, a lo cual se suma que el primero indicó un monto preciso de lo que supuestamente devengaba la señora Almanza Villa, mientras que la segunda indicó un valor aproximado de tales ingresos, lo cual impide tener certeza acerca de lo que la actora devengaba realmente en tales actividades, de modo que, para calcular el lucro cesante reclamado, se tendrá en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente en la época en que se produjo la restricción de la libertad (ene. 1º/2004), esto es, $ 358.000(17).

Aplicando la fórmula utilizada para actualizar la renta, se tiene que la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica ($ 358.000), multiplicada por la cifra que arroje dividir el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta sentencia por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en que la señora Almanza Villa fue privada de la libertad.

Sin título4
 

Puesto que la suma anterior es inferior al valor del salario mínimo legal mensual vigente en este año, esto es, $ 689.455, se tendrá en cuenta este último, aumentado en un 25%, por concepto de prestaciones sociales ($ 172.363,75), para un total a tener en cuenta en la indemnización de $ 861.818,75.

El lucro cesante se liquidará teniendo en cuenta el período consolidado, es decir, el tiempo durante el cual la señora Almanza Villa estuvo privada de la libertad, esto es, 690 días (23 meses). No se tendrá en cuenta el lapso en que, según las estadísticas, tarda una persona en Colombia para conseguir trabajo o acondicionarse a una actividad laboral (8.75 meses), por cuanto aquélla ejercía una actividad independiente y, además, no obra prueba alguna en el plenario que acredite que la citada señora hubiera tenido dificultad para conseguir trabajo después de quedar en libertad.

Así, pues, la liquidación del lucro cesante para la señora Almanza Villa se hará con base en la fórmula:

Sin título5
 

Donde “i” es una constante (0.004867) y “n” corresponde al período consolidado, es decir, 23 meses:

Sin título6
 

S = $ 20’920.083,02

3.3. Daño a bienes constitucionalmente protegidos, denominado por los actores como “alteración a las condiciones normales de vida”.

Los actores solicitaron 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para la víctima directa del daño (fl. 32, cdno. 1).

Sobre el particular, es indispensable manifestar que este tipo de perjuicio ha sido objeto de estudio por la Sala en diversas oportunidades; en efecto, en la sentencia del 19 de julio de 2000 (exp. 11.842) se reformuló el concepto del perjuicio fisiológico por la de daño a la vida de relación y allí se precisó que éste “corresponde a un concepto mucho más comprensivo, por lo cual resulta ciertamente inadecuado el uso de la expresión perjuicio fisiológico”, de modo que “debe la Sala desechar definitivamente su utilización”.

Posteriormente, la Sala abandonó la denominación de “daño a la vida de relación” y se refirió al perjuicio por la alteración grave de las condiciones de existencia, bajo el entendido de que, cuando se trata de lesiones que producen alteraciones físicas que, a su vez, afectan la calidad de vida de las personas, éstas tienen derecho al reconocimiento de una indemnización adicional a la que se reconoce por el perjuicio moral, por lo que aquél no debe limitarse a los casos de lesiones corporales que producen alteraciones orgánicas, sino que debe extenderse a todas las situaciones que alteran de manera grave las condiciones habituales o de existencia de las personas(18).

Luego, en sentencia del 14 de septiembre de 2011, la Sala dijo:

“(…) que la tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de ‘daño corporal o afectación a la integridad psicofísica’ y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta corporación(19).

Por último, en sentencia de unificación de jurisprudencia del 28 de agosto de 2014 (exp. 32.988), la Sala dijo que se trata de un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a bienes o derechos constitucionales y convencionales, que (se trascribe textualmente):

“… se repara principalmente a través de medidas de carácter no pecuniario: se privilegian por excelencia las medidas reparatorias no indemnizatorias; sin embargo, en casos excepcionales cuya reparación integral, a consideración del juez, no sean suficientes, pertinentes, oportunas o posibles podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria hasta 100 SMLMV…” (se resalta).

Así las cosas, al realizar la adaptación correspondiente a la comentada línea jurisprudencial, es claro que la indemnización pedida por “alteración de las condiciones normales de vida” encuadra perfectamente en lo que hoy la jurisprudencia de esta misma Sala reconoce o identifica como parte de los bienes constitucionalmente protegidos.

Los testigos referidos en la página 13 de este fallo señalaron que la privación injusta de la libertad que afrontó la señora Sandra Liliana Almanza Villa impactó fuertemente su núcleo familiar, pues dicha situación produjo cambios rotundos en la armonía y tranquilidad del hogar que afectaron significativamente la estabilidad familiar (fls. 35 a 40, cdno. 1 pbas.).

Entonces, al observar que el núcleo familiar de la señora Almanza Villa resultó afectado con ocasión de la restricción de la libertad que ésta padeció, la Sala considera que, para este caso, resulta pertinente privilegiar la medida reparatoria no pecuniaria, de modo que es procedente y oportuno ordenar a la Fiscalía General de la Nación que, a fin de resarcir el perjuicio causado a la citada señora, divulgue en su página web la presente sentencia, la cual deberá permanecer publicada en dicha página y para tal propósito por el término de tres (3) meses.

3.4. Condena en costas.

Teniendo en cuenta que no se dan los supuestos previstos por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, ya que no se demostró que alguna de las partes hubiera actuado temerariamente, la Sala se abstendrá de imponer costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 18 de noviembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar, se dispone:

a) DECLÁRASE responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de la señora Sandra Liliana Almanza Villa.

b) CONDÉNASE a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar, por concepto de perjuicios morales, 73,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada una de las siguientes personas: Sandra Liliana Almanza Villa (víctima directa), Stephane Echeverri Almanza (hija), Juan Camilo Grisales Almanza (hijo) y Juan Carlos Grisales Marín (compañero permanente), así como 11,02 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para Santiago Enrique Villa Montoya.

c) CONDÉNASE a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, veinte millones novecientos veinte mil ochenta y tres pesos con dos centavos ($ 20’920.083,02), a favor de la señora Sandra Liliana Almanza Villa.

d) ORDÉNASE a la Nación - Fiscalía General de la Nación que, a fin de reparar el daño causado a los bienes constitucionalmente protegidos, divulgue, a través de su página web, la presente sentencia, la cual deberá permanecer publicada en dicha página y para tal propósito por el término de tres (3) meses.

e) NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

f) Sin condena en costas.

g) DESE cumplimiento a los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; para tal efecto, el tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

h) Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

2 De conformidad con el acta 9 del 25 de abril de 2013, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

3 Expediente 2008 00009.

4 Ley 446 de 1998.

5 Si bien los actores alegaron en la demanda que se configuró un error judicial, lo cierto es que, como se verá más adelante, el daño que los afectó devino como consecuencia de la privación injusta de la libertad de la señora Almanza Villa.

6 Entre otros, sentencias del 14 de febrero de 2002 (exp. 13.622) y del 11 de agosto de 2011 (exp. 21.801).

7 Tesis que el suscrito ponente de esta providencia no comparte.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 16 de julio de 2015 (exp. 38.112), del 30 de marzo y del 31 de agosto de 2016 (exps. 41.1.47 y 43.376).

9 Al respecto, pueden consultarse las sentencias del 8 de julio de 2009 (exp. 17.517), 15 de abril de 2011 (exp. 18.284) y 26 de mayo de 2001 (exp. 20.299), proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado.

10 Entre otras, sentencia del 14 de marzo de 2002 (exp. 12.076).

11 Sentencia del 20 de febrero de 2.008 (exp. 15.980).

12 “Ahora bien, sin que de manera alguna implique un parámetro inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, la Sala formula las siguientes reglas que sirven como guía en la tasación del perjuicio moral de la víctima directa en escenarios de privación injusta de la libertad: i) en los casos en que la privación sea superior a 18 meses, se reconozca la suma de 100 SMMLV; ii) cuando supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 SMMLV; iii) si excedió los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 SMMLV, iv) si fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 SMMLV, v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 SMMLV, vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 SMMLV, y vii) finalmente, si la detención no supera un mes, la reparación se podrá tasar en el equivalente a 15 SMMLV, todo ello para la víctima directa —se insiste— y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados.
“Se reitera, los anteriores parámetros objetivos sirven como norte, guía o derrotero a efectos de que se garantice el principio de reparación integral del artículo 16 de la Ley 446 de 1998, y los principios de igualdad material y dignidad humana, para lo cual el juez al momento de la valoración del daño moral es preciso que motive con suficiencia las circunstancias de tiempo, modo y lugar por las cuales se reconoce el respectivo perjuicio”.

13 Al respecto, ver sentencia del 9 de marzo de 2016, expediente 34.554, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.

14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de septiembre de 2016, expediente 42.533.

15 Monto que resulta de dividir 15 smlmv, siguiendo lo dispuesto en la tabla, en 30 días y el resultado de esta operación multiplicado por 7, número de días que permaneció en un centro carcelario.

16 Según la tabla y los parámetros jurisprudenciales, 22,76 meses de privación de la libertad corresponden a 100 smlmv, los cuales, reducidos en un 30%, se obtiene 70 smlmv.

17 Decreto 3770 del 26 de diciembre de 2003.

18 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 1º de noviembre de 2007 (exp. 16407).

19 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 14 de septiembre 2011 (exp. 19031).