Sentencia 2006-02327 de junio 7 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: expediente 2006-02327

Consejero Ponente:

Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

Recurso de apelación contra la sentencia de 5 de febrero de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Actor: Diego Mauricio Medina Dulcey

Bogotá, D.C., siete de junio de dos mil siete.

Se decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la Procuradora Quinta Judicial Administrativa contra la sentencia de 5 de febrero de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que denegó la solicitud de pérdida de investidura de los concejales del municipio de Tocancipá, señores Clara Sarmiento, Uriel Pardo Olarte, Campo Elías Báez Tinjacá, Jesús Antonio Cetina Papagayo, Ciro Alfredo Clavijo Méndez, Mauricio Guativa Moreno, Luis Orlando Infante Clavijo, Luis Eduardo Mambuscay López, Hugo Muñoz Mira y Jorge Andrés Porras Vargas, para el periodo 2004-2007.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

La inconformidad que plantea la apelante se circunscribe únicamente a impetrar la pérdida de investidura del presidente del Concejo Municipal de Tocancipá, señor Uriel Pardo Olarte, en cuanto, como ordenador del gasto, incurrió en la causal de indebida destinación de dineros públicos, al haber contratado con una agencia de viajes la capacitación de los concejales para los días 25 a 27 de septiembre de 2004 en la ciudad de Santa Marta, la cual no tiene como objeto social la organización de seminarios de capacitación, por lo que no podía celebrarse con ella el contrato en mención, además de que tampoco podía tenerse como prueba la certificación que dio el conferencista acerca del seminario taller dictado a los concejales por no haberse celebrado con este el contrato en mención.

Es decir, que en este caso a la Sala le corresponde pronunciarse únicamente frente a los aspectos antes reseñados, pues los motivos de inconformidad de la señora agente del Ministerio Público, plasmados en el escrito contentivo del recurso, solo hacen alusión a ellos, por lo que no resulta pertinente entrar a reestudiar lo relativo a la capacitación de los servidores públicos; su modalidad (formal e informal) y el trámite que dentro del presupuesto del municipio de Tocancipá, para la vigencia fiscal del año 2004, se le dio al contrato cuestionado, dado que resulta claro que las elucubraciones y conclusiones que hizo el a quo al respecto, no son objeto de controversia.

Precisado lo anterior, la Sala advierte lo siguiente:

En el certificado de existencia y representación legal, emanado de la Cámara de Comercio de Bogotá, visible a folios 26 a 27, se afirma que la empresa Agencia de Viajes y Turismo Yeti Tours Ltda., tiene como objeto social programar, organizar y promover planes y celebrar toda clase de actos operacionales o contratos que tengan relación directa con las actividades que integran el objeto principal.

Lo anterior pone de presente que en dicho objeto está comprendido no solo el turismo, sino, también, los viajes y estos incluyen diversidad de aspectos, tales como negocios, estudio, etc. De ahí que no resulta acertado considerar que el objeto social de la referida agencia solo puede estar circunscrito a la recreación.

Una empresa especializada en viajes y turismo está en capacidad de suministrar tiquetes, conseguir hoteles y organizar la logística que se requiere para satisfacer las necesidades de los viajeros en los distintos lugares a los cuales deba desplazarse. De ahí que, como ya se resaltó, el desarrollo del objeto social también supone la celebración de actos, operaciones y contratos que se relacionen con las actividades a realizar en el viaje de que se trate.

Por esta razón, el presidente del Concejo Municipal de Tocancipá, señor Uriel Pardo Olarte, no incurrió en irregularidad alguna al celebrar el contrato de prestación de servicios 04 de 2004 con la Agencia de Viajes y Turismo Yeti Tours Ltda. para la organización del seminario taller de capacitación; amén de que conforme al documento visible a folios 66 a 67 del cuaderno 2, aportado con la contestación de la demanda, que no ha sido tachado ni redargüido de falso, el taller de capacitación denominado “concejos de alto rendimiento”, se llevó a cabo en las instalaciones del salón de conferencias del Hotel Decamerón durante los días 25 a 27 de septiembre de 2004, lo que significa que los dineros objeto del contrato se destinaron para el fin de capacitación en él previsto y que esta autorizado por la ley.

En consecuencia, debe confirmarse la sentencia apelada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de junio de 2007.

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