Sentencia 2006-02635 de noviembre 6 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Ref.: Exp. 080012331000200602635 01

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Recurso de apelación contra la sentencia de 27 de agosto de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico

Actor: Dilia Rosa Caicedo Moscote

Bogotá D.C. seis de noviembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

1. Según la potestad que tiene el ad quem para resolver la alzada, de conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso(2), la Sala se limitará a conocer solamente de los puntos o cuestiones a los cuales se contrae el recurso de apelación, pues los mismos, en el caso del apelante único, definen el marco de la decisión que ha de adoptarse en esta instancia.

2. La entidad recurrente cuestiona el fallo de primera instancia, esencialmente, por lo siguiente:

(i) Como primera medida, invoca la causal de nulidad prevista en el artículo 140 numerales 8º y 9º del Código de Procedimiento Civil, por haberse omitido la integración del litis consorcio necesario con respecto al Colegio Inmobiliario de Barranquilla. Al efecto, indica que este debió intervenir en el proceso para defender sus derechos como responsable solidario del avalúo en los términos del artículo 11 del Decreto 1420 de 1998.

Asimismo, solicita que en esta instancia se evalúe lo referente a la ineptitud de la demanda por no haberse señalado en esta una causal específica de nulidad contra los actos acusados de las indicadas en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo.

(ii) En lo que respecta a los motivos concretos de controversia frente a la sentencia apelada, manifiesta que en esta no se debió declarar la nulidad y ordenar el restablecimiento del derecho en los términos que allí se advierten, por cuanto el dictamen pericial practicado en el proceso judicial no cuenta con los soportes fácticos ni jurídicos suficientes para desvirtuar el aportado por la administración. Al efecto, relata todas las falencias en él encontradas para concluir que el mismo no refleja el valor del inmueble expropiado.

Agrega que el a quo no evaluó el dictamen rendido en el proceso, sino que se limitó a aceptarlo como cierto por el simple hecho de que no fue controvertido por la entidad demandada.

4. Cuestión previa.

En atención a que la entidad recurrente formula sendos planteamientos que de prosperar impedirían la procedibilidad del estudio de fondo materia de litis, debe la Sala, necesariamente, abordar el estudio de los mismos comenzando por la solicitud de nulidad elevada en esta instancia, para continuar con la excepción de inepta demanda también propuesta para ser objeto de evaluación en la alzada.

Pues bien, en lo que hace a la causal de nulidad invocada por no haberse integrado el litis consorcio necesario frente al Colegio Inmobiliario de Barranquilla, como entidad que emitió el avalúo, y respecto del perito que lo efectuó, se advierte que esta no prospera toda vez que en aplicación del artículo 83 del CPC(3), la integración litisconsorcial que reclama la recurrente no es, en el presente caso, de aquellas que imposibilitan la adopción de la decisión de fondo del asunto materia del proceso. En efecto, la norma dispone lo siguiente:

“ART. 83.—Litisconsorcio necesario e integración del contradictorio. Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, no fuere posible resolver de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez en el auto que admite la demanda ordenará dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado.

En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez dispondrá la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los citados el mismo término para que comparezcan. El proceso se suspenderá durante el término para comparecer los citados.

Si alguno de los citados solicitare pruebas en el escrito de intervención, el juez resolverá sobre ellas; si las decretare, concederá para practicarlas un término que no podrá exceder del previsto para el proceso, o señalará día y hora para audiencia, según el caso.

Cuando alguno de los litisconsortes necesarios del demandante no figure en la demanda, podrá pedirse su citación acompañando la prueba de dicho litisconsorcio, efectuada la cual, quedará vinculado al proceso” (resaltado fuera de texto).

Nótese que aun cuando el artículo 11 del Decreto 1420 de 1998(4), citado por la recurrente, prevé la existencia de responsabilidad solidaria entre la entidad que solicite el avalúo y el perito que lo realice, la causal de nulidad derivada de los numerales 8º y 9º del artículo 140 ibídem(5) no se configura, al haber contado el a quo con los elementos probatorios que le permitían adoptar la decisión judicial de mérito sin vulnerar el derecho de defensa a las partes.

En efecto, la Sala observa que el tribunal bien pudo confrontar el dictamen oficial presentado por Edubar S.A. con el practicado en el proceso judicial, para dilucidar si este último contaba con los soportes fácticos y jurídicos tendientes a desvirtuar el avalúo de la administración. Ahora, asunto diferente, es que el juez se hubiere limitado a adoptar su decisión en función de la actividad procesal asumida por las partes, en el sentido de otorgarle valor al peritaje practicado en el proceso, simplemente porque no fue objetado por la contraparte sin adelantar examen alguno sobre la razonabilidad del mismo.

De este modo, se recalca que los elementos requeridos para emitir la sentencia de mérito se hallaban al alcance del fallador, lo cual implica que la ausencia del litisconsorte reclamado por el recurrente no esté llamado a viciar el proceso de nulidad, dado, según se anotó, que ello no impedía adoptar la decisión de fondo.

Así las cosas, es de acotar que atendiendo a principios como los de celeridad y economía procesal, la Sala no ha de acceder a reconocer una nulidad que resultaría inoficiosa habida cuenta de que la causal invocada, consistente en la no integración del litisconsorcio necesario, es más que superada atendiendo a lo expuesto en el artículo 83 del CPC(6), por las razones anteriormente anotadas.

Por otro lado, la solicitud referente a que se reconozca la ineptitud de la demanda por no contener esta cargos concretos de nulidad contra los actos acusados en los términos del artículo 84 del CCA, no es de recibo en la alzada, toda vez que tal planteamiento bien pudo esgrimirse como excepción previa al contestar la demanda en los términos del artículo 97 del CPC(7), aplicable en el procedimiento contencioso administrativo por remisión expresa del artículo 267 del CCA(8). Al respecto, conviene recordar que el recurso de apelación no se erige en una oportunidad procesal dirigida a exponer las excepciones o reparos procedimentales que pudieron ser abordados en la primera instancia, con el propósito de procurar un eventual fallo inhibitorio.

5. Establecido lo anterior, procede la Sala a evaluar el fondo de la controversia planteada en el recurso de apelación, la cual se centra, en estricto sentido, en verificar si el dictamen pericial practicado en el proceso es lo suficientemente valedero para desvirtuar el avalúo oficial. En este punto, el a quo le resta veracidad a dicho avalúo por estimar que el dictamen pericial practicado en el proceso arroja una suma diferente como valor comercial del inmueble, el cual, al no haber sido objetado por la Administración merece ser reconocido, y por ende, ordena el reconocimiento de un valor indemnizatorio distinto del ofrecido en los actos acusados.

Así las cosas, es de considerar que el avalúo oficial aportado por Edubar S.A., RT VAL PC 037 01(9) realizado por la corporación Colegio de Barranquilla, contemplado en el documento “informe consolidado avalúo corporativo del inmueble” arrojó un valor comercial de $24.856.200.

En el texto del avalúo se expone la identificación del sector, el cual es comercial y ubicado en el centro de la ciudad; su infraestructura vial, la reglamentación urbanística del sector(10), el aspecto jurídico del mismo, en el que se indica como su destino actual el de servir como local comercial. En el aparte de las características generales del predio se señala que el área del terreno afectada es de 20.09 mts2, de conformidad con su área privada de 53.04 mts2. Asimismo, se describe la propiedad, las especificaciones técnicas de la misma y las características de la construcción. En cuanto a la metodología aplicada para el avalúo se hace alusión al método de investigación para hallar el valor mts2 del terreno (sic), el que a su turno refiere a la comparación de mercado, el valor residual y el costo de reposición. Se hace, igualmente, referencia al valor catastral, el cual se señala en $22.897.000 y en últimas la tabla valorativa que arroja el resultado final se expone así:

ÍtemCantidad m2Vr./Unit.Vr./total
Terreno20.09$503.015.00$10.105.571
Construcción53.04$278.103.86$14.750.629
Terraza   
Patio   
Total predio  $24.856.200

La anterior descripción general con respecto al avalúo oficial, fundamentó el precio indemnizatorio ofrecido y pagado a la demandante(11).

Procede ahora la Sala a establecer si el avalúo decretado y practicado en el proceso judicial está llamado a desvirtuar el anteriormente descrito, acudiendo para el efecto, a los parámetros establecidos por el artículo 241 del CPC(12), sobre la apreciación del dictamen y a las normas aplicables en materia de avalúos, como la Resolución 762 del IGAC. En este punto, cabe recalcar lo puntualizado por esta Sección(13), en el sentido que correspondía a la parte demandante probar que el valor comercial del inmueble calculado por la corporación Colegio Inmobiliario de Barranquilla a instancias de Edubar S.A., no cumple con los parámetros y criterios expuestos en el Decreto 1420 de 1998 y que, por tanto, no indemnizó de manera justa y plena los perjuicios causados con la expropiación.

Pues bien, el avalúo obrante con el anterior propósito correspondió al decretado por el Tribunal mediante auto de 11 de septiembre de 2007(14), y para el cual se nombró al contador público Luis Fernando Molina Acero, quien, según indica el auto referenciado, podrá apoyarse en un profesional especializado si a ello hubiere lugar (arquitecto o ingeniero civil) (sic).

Así, al evaluar el avalúo ordenado por el tribunal, según las instrucciones que al efecto prevé el artículo 241 del CPC, antes referenciado, es del caso comenzar por la apreciación de las calidades del perito para proferir el dictamen solicitado. En este punto se observa que el señor Luis Fernando Molina Acero, nombrado y posesionado para dicho cargo, ejerce la profesión de contador público y afirma, según expone en su dictamen, hallarse inscrito como perito auxiliar de la justicia.

Frente a la actividad profesional del perito, la Sala advierte que su calificación como contador público no es por si sola suficiente para realizar el avalúo de inmuebles, pues es claro que en esa materia se requiere un conocimiento técnico más específico, que supera los conocimientos propios de la contaduría pública, según se deriva de lo expuesto en el artículo 3º del Decreto 1420 de 1998, al señalar:

“ART. 3º—La determinación del valor comercial de los inmuebles la harán, a través de un avalúo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que haga sus veces o las personas naturales o jurídicas de carácter privado registradas y autorizadas por las lonjas de propiedad raíz del lugar donde se ubiquen los bienes objeto de la valoración” (resaltado fuera de texto).

Así las cosas, no obra en el expediente prueba alguna que demuestre que el contador público posesionado cuente con una preparación técnica que certifique su experticia como avaluador inmobiliario, ni que se halle autorizado para el efecto por la corporación Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla o que cuente con una acreditación similar, como sería, por ejemplo, su inscripción en una agremiación calificada para el efecto, que permita inferir su idoneidad para ejercer el cargo del que tomó posesión en el proceso(15).

Además, es de resaltar que el a quo tuvo conocimiento de la ineptitud del contador público nombrado y posesionado para emitir el respectivo avalúo, por cuanto se lee en el auto que decreta la prueba que el perito puede apoyarse en un profesional especializado(16) si a ello hubiere lugar (arquitecto o ingeniero civil). En concordancia con ello, en el texto del dictamen bajo estudio se expresa lo siguiente(17):

“(...) el caso que nos ocupa se refiere a la valoración de un inmueble urbano, en tal razón me apoyo en el concepto técnico ingeniero civil y perito avaluador de bienes José Miguel Molina Acero, identificado con la T.P. Nº 082020217978 Atlántico y registro nacional de avaluador Nº 07-306 (sic)”.

Obsérvese que dada la ausencia de conocimiento técnico por parte del contador posesionado para el efecto, este acudió, según lo permitió el tribunal, a un ingeniero civil llamado José Miguel Molina Acero, de quien no obra en el expediente un documento como título universitario o tarjeta profesional que lo acredite como tal, existiendo tan solo una copia de su tarjeta de matrícula en el registro nacional de avaluador(18) (sic). De ahí que respecto de este profesional no consten tampoco pruebas lo suficientemente valederas de las que se infiera su idoneidad profesional para rendir el concepto del que se deriva el dictamen pericial.

Ahora, para la Sala no es de recibo admitir el que un concepto, como el anunciado por el contador público, que procura hacer las veces del dictamen pericial en el que se ha de fundamentar el juez para valorar la respectiva prueba y adoptar una decisión judicial de fondo, sea proferido por un profesional distinto del que tomó posesión para desempeñar el cargo, pues tal proceder vulnera abiertamente lo preceptuado por el numeral 3º del artículo 236 del CPC(19), aplicable por remisión expresa del artículo 267 del CCA, y cuyo tenor dispone:

“ART. 236.—Petición, decreto de la prueba y posesión de los peritos.

Para la petición, el decreto de la prueba y la posesión de los peritos, se observarán las siguientes reglas:

(...).

3. Los peritos al posesionarse deberán expresar bajo juramento que no se encuentran impedidos; prometerán desempeñar bien y fielmente los deberes de su cargo, y manifestarán que tienen los conocimientos necesarios para rendir el dictamen. El juez podrá disponer que la diligencia de posesión tenga lugar ante el comisionado” (resaltado fuera de texto).

Nótese que el ingeniero civil que emitió el supuesto concepto técnico que soporta el dictamen pericial, quien a su vez, firmó el respectivo peritaje(20), no ostenta la calidad de perito posesionado en el proceso y por ende respecto de dicho profesional no fue posible verificar las condiciones requeridas para ejercer tal cargo, las cuales se constatan precisamente en la diligencia formal de posesión, como son la ausencia de impedimentos, el juramento sobre el desempeño cabal de su gestión, y el contar con los conocimientos necesarios para desarrollar el respectivo peritaje, según se deriva de la norma transcrita.

Lo anotado permite acotar que los profesionales que manifiestan rendir el susodicho dictamen, y que además estampan su firma en el mismo, no cuentan con las calidades requeridas para el efecto, pues por un lado, según se anotó, la mera profesión de contador público, respecto del perito posesionado para el cargo, no es apta para emitir un avalúo inmobiliario; y por el otro, el profesional que rindió el concepto materia del dictamen no se hallaba jurídicamente habilitado en el proceso para el efecto, habida cuenta de que no fue nombrado ni posesionado como perito avaluador en los términos ordenados legalmente, a lo que se agrega que tampoco existe un soporte valedero que acredite su profesión de ingeniero civil.

Ahora, si se admitiera en gracia de discusión que resulta procedente evaluar el concepto rendido por el ingeniero referenciado, se observa que el mismo no reposa en el expediente, por lo que en este punto le asiste razón a la entidad recurrente al señalar que no existe un soporte que otorgue validez a las afirmaciones expuestas en el dictamen pericial practicado en el proceso.

Por otro lado, cabe adicionar que el dictamen pericial al que con claro desatino le otorga valor el a quo, no contempla el método utilizado para llevar a cabo el avalúo en los términos de la Resolución IGAC 762 de 1998(21), al no ser posible identificar, por ejemplo, la fuente de la cual se deriva el precio asignado al metro cuadrado del lote en $500.000 y al metro cuadrado de construcción en $999.104, pues allí se alude a la “normatividad urbana vigente al momento de la expropiación” y a una entidad llamada “Construdata”(22) sin indicar en qué normas se estipula el mencionado valor ni la naturaleza u objeto de la institución invocada. Por tanto, resulta evidente que el avalúo en cuestión no cuenta con la mínima potencialidad de restarle mérito al aportado por la administración, en la medida en que el particular no cumplió con su carga procesal de desvirtuarlo como le correspondía en los términos expuestos en reiterada jurisprudencia de esta Sección, según se señaló en líneas anteriores(23).

Lo anotado otorga razones más que suficientes para revocar la sentencia apelada sin que resulte necesario adentrarse en la continuación del examen del dictamen en comento, dada su evidente invalidez como avalúo del inmueble expropiado. En su lugar, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. DENIÉGUESE la solicitud de nulidad procesal, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

2. REVÓQUESE la sentencia recurrida en apelación.

3. DENIÉGUENSE las pretensiones de la demanda.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(2) Antes, artículo 357, CPC.

(3) En similar sentido se halla regulada la materia en el artículo 61 del CGP, cuyo tenor establece:

Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado.

En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez dispondrá la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los citados el mismo término para que comparezcan. El proceso se suspenderá durante dicho término.

Si alguno de los convocados solicita pruebas en el escrito de intervención, el juez resolverá sobre ellas y si las decreta fijará audiencia para practicarlas.

Los recursos y en general las actuaciones de cada litisconsorte favorecerán a los demás. Sin embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en litigio solo tendrán eficacia si emanan de todos.

Cuando alguno de los litisconsortes necesarios del demandante no figure en la demanda, podrá pedirse su vinculación acompañando la prueba de dicho litisconsorcio” (resaltado fuera de texto).

(4) “La entidad privada a la cual se le solicite el avalúo y la persona que lo adelante, serán solidariamente responsables por el avalúo realizado de conformidad con el la ley”.

(5) “ART. 140.—El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

(...).

8. Cuando no se practica en legal forma la notificación al demandado o a su representante, o al apoderado de aquel o de este, según el caso, del auto que admite la demanda o del mandamiento ejecutivo, o su corrección o adición.

9. Cuando no se practica en legal forma la notificación a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas de deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público en los casos de ley”.

Es de anotar que esta disposición legal equivale a lo dispuesto actualmente en el artículo 133 numeral 8º del CGP.

(6) Equivalente al artículo 61 del CGP.

(7) “Limitaciones de las excepciones previas y oportunidad para proponerlas. El demandado, en el proceso ordinario y en los demás en que expresamente se autorice, dentro del término de traslado de la demanda podrá proponer las siguientes excepciones previas:

(...).

7. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones (...)” (resaltado fuera de texto).

Esta disposición legal equivale a lo dispuesto en el artículo 100 numeral 5º del CGP.

(8) Sobre el tema, se cita la sentencia de esta Sección de 19 de junio de 2014, Exp. 2007 00123, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno.

(9) Folios 236 y siguientes del cuaderno 1 del expediente.

(10) Plan de Ordenamiento Territorial POT, Decreto 154 del 6 de septiembre del 2000, Plan Parcial Centro Decreto 114 del 27 de julio de 2005.

(11) A folio 261 del cuaderno principal del expediente obra comprobante de pago por expropiación por vía administrativa a favor de la demandante, emitido por Fiduciaria del Valle S.A. y cuya copia fue remitida al Tribunal Administrativo del Atlántico (Nº de folio ilegible en el expediente).

(12) Equivalente al artículo 232 del CGP.

(13) Léase la sentencia de 27 de octubre de 2011, Exp. 2005-00027-01., M.P. María Claudia Rojas Lasso.

(14) Folio 228 del cuaderno principal del expediente.

(15) Al respecto, léase la sentencia de esta Sección de 10 de marzo de 2011, Exp. 2004-03941-01, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno.

(16) Folio 227 del cuaderno principal del expediente.

(17) Folio 322 ibídem.

(18) Folio 357 ibídem.

(19) Equivalente al artículo 230 del CGP.

(20) Folio 326 del cuaderno principal del expediente.

(21) La resolución alude a los métodos de comparación o de mercado, capitalización de rentas e ingresos, costo de reposición, residual, entre otras instrucciones para realizar los avalúos.

(22) Folio 323 ibídem.

(23) Léanse, además, las sentencias de esta Sección de 12 de junio de 2014, Exp. 200300476, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno, 26 de junio de 2013, Exp. 2005-00735-01, con ponencia del mismo magistrado.